No concurre intromisión ilegítima en el derecho al honor si existe prueba inequívoca de que el deudor recibió el requerimiento de pago previo a la inclusión en el fichero de solvencia patrimonial por parte del acreedor.

 

La sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, sec. 1ª, de 1 de diciembre de 2021, nº 832/2021, rec. 5863/2020, confirma que no concurre intromisión ilegítima en el derecho al honor si existe prueba inequívoca de que el deudor recibió el requerimiento de pago previo a la inclusión en el fichero de solvencia patrimonial por parte del acreedor. 

El art. 38 RPD no exige (ni lo hacía tampoco antes de las sentencias de la Sala Tercera del TS de 15 de julio de 2010) para la inclusión de los datos, que la existencia previa de una deuda cierta, vencida, exigible y que haya resultado impagada, sea antes declarada judicialmente. 

A) Resumen de antecedentes. 

1. Don Justo interpuso una demanda contra Caixa Popular Caixa Rural, Sociedad Coop. de Crédito V en la que solicitó se dictara sentencia: a) declarando que la demandada había vulnerado su derecho al honor al haberlo inscrito indebidamente en el fichero Experian-Badexcug y violado la legislación en materia de protección de datos; b) condenándola: (i) a dar de baja y cancelar sus datos en el fichero; (ii) a indemnizarle en la cantidad de 20 000 € por daño moral; (iii) a pagar los intereses devengados al tipo legal desde la interpelación judicial; (iv) y a satisfacer las costas del proceso. 

En la demanda alegó que el 18 de julio de 2012 se constituyó una hipoteca en garantía de un préstamo que la demandada le había concedido por importe de 113 000 euros; que en mayo de 2017 la demandada interpuso una demanda de ejecución hipotecaria reclamando la suma de 118 696 euros de principal e intereses no satisfechos, más 17 804 euros por intereses y costas; que con anterioridad y sin mediar comunicación alguna ya había sido incluido en el fichero Experian-Badexcug desde el 20 de noviembre de 2016 a instancia de la demandada; que no solo se opuso a la demanda alegando, además, el carácter abusivo de las cláusulas hipotecarias, sino que, al mismo tiempo, se dirigió a la entidad Experian, fichero Badexcug, comunicando la existencia del litigio con la demandada y solicitando la cancelación de sus datos, así como al Banco de España ante el que interpuso una reclamación que se resolvió en el sentido de mantener bloqueada la información mientras se tramitaba el proceso; que no obstante discrepar de la deuda y haber solicitado la cancelación de los datos tanto al fichero, directamente, como a través de la reclamación ante el Banco de España, la demandada hizo caso omiso, por lo que sus datos permanecieron en aquel, salvo dos períodos de tiempo en los que fueron cancelados tras las gestiones que realizó; que la demandada le remitió una carta el 29 de Agosto de 2018 reclamándole el pago de 116 916,64 euros por el préstamo hipotecario, lo que pone de manifiesto la incerteza de la deuda al exigírsele un año después de presentada la demanda de ejecución una cantidad diferente a la que era objeto de esta, indicándosele, además, que nuevamente volvía a constar en el fichero de morosos, todo ello a pesar de que la deuda se halla judicializada; y que la evidente vulneración de su derecho al honor trae como consecuencia la indemnización por el daño moral ocasionado, cuya existencia se presume ope legis por la sola existencia de la intromisión ilegítima, y que considera apropiado valorar en la cantidad de 20 000 euros. 

2. La sentencia de primera instancia desestimó la demanda e impuso las costas al demandante. 

El juzgado argumentó: (i) que existía una deuda cierta, vencida y exigible, y que así lo había reconocido el propio demandante al declarar en el acto del juicio que había pagado las cuotas del préstamo hasta un determinado momento en que había dejado de hacerlo, interponiéndose la demanda de ejecución; resultando lo mismo, al propio tiempo, del hecho de que se hubiese despachado la ejecución, por ser presupuesto necesario para ello que la deuda sea por cantidad determinada, líquida, y esté vencida y sea exigible; (ii) que al oponerse a la ejecución despachada, el demandante no había cuestionado la cantidad que se le reclamaba, limitándose a alegar la existencia de cláusulas abusivas, lo que rechazó el juzgado, primero, y la Audiencia, después, al resolver el recurso de apelación; coincidiendo, también, ambos órganos judiciales, en que el demandante no tenía, en el contrato de préstamo, la condición de consumidor, sino la de profesional; (iii) y que el demandante había sido requerido de pago previamente, tal y como resultaba de las comunicaciones cuya copia se adjuntaba, bajo los núms. 1 a 12, con el escrito de contestación; no pudiéndose aceptar el alegato negando su recepción, dado que no existía constancia alguna de su devolución o falta de entrega y, además, porque tal queja había dado lugar a la apertura de un expediente por la Agencia Española de Protección de Datos que, finalmente, se había archivado al no advertirse una vulneración normativa en materia de protección de datos, lo que permitía presumir que la demandada también había cumplido este requisito. 

3. Interpuesto recurso de apelación por el demandante, la Audiencia dictó sentencia desestimándolo e imponiendo las costas de la alzada al recurrente. 

En la sentencia, la Audiencia dice, en primer lugar, que acepta los fundamentos de la sentencia de primera instancia, porque la revisión del material probatorio obrante en autos conduce a una conclusión coincidente con la sentada en la resolución recurrida. 

A continuación argumenta, en relación con el principio de calidad de los datos, que lo planteado por el demandante-recurrente se circunscribe a la denuncia que expuso para oponerse a la ejecución en relación con la existencia de cláusulas abusivas en el contrato de préstamo, y que sustentar en dicha denuncia la apreciación de que la deuda, por ilíquida, resulta incierta, es manifiestamente infundado a la luz de la sentencia de esta sala de 25 de abril de 2019, puesto que dicha excepción tan solo puede ser alegada por consumidores y usuarios, condición que el demandante-recurrente no tiene. 

Añadiendo que fue el propio demandante el que reconoció la existencia de la deuda; que para la inclusión de los datos en el fichero de "morosos" no resulta necesaria una condena judicial previa; y que las discrepancias expuestas sobre las cantidades objeto de reclamación resultan irrelevantes, puesto que dichas cantidades reflejan la deuda existente en cada momento que varía en función de los pagos que se hacen o de los vencimientos de nuevas cuotas que se van produciendo. 

Por último, y en relación con el requerimiento previo de pago, la Audiencia anota que también se ha producido. Y frente a la alegación de que no consta la recepción de las comunicaciones remitidas por la demandada, señala: (i) que consta en autos que no han sido devueltas por correos; (ii) que el domicilio al que se remitieron, aunque no era el que figuraba en la escritura de préstamo, sí era el señalado por el demandante, a efectos de notificaciones, en las comunicaciones que remitió a Experian y al Banco de España, así como el reflejado en su solicitud de justicia gratuita; (iii) y que la propia Agencia Estatal de Protección de Datos se pronunció al respecto, entendiendo que el requerimiento previo de pago sí se había llevado a cabo. 

B) Motivos del recurso. Alegaciones de la recurrida y del Fiscal. Decisión de la sala de lo Civil del Tribunal Supremo. 

1º) El recurrente dice: (i) que su inclusión en el fichero, el 20 de noviembre de 2016, "se llevó a cabo incluso antes de que se iniciara el procedimiento hipotecario en el que se reclamó la deuda, contra la cual se formuló oposición, y que con independencia de que posteriormente se estimara o no la citada oposición por no ser comerciante el deudor [...] en el momento de su inclusión [...] en el fichero la deuda no era cierta, vendida y exigible, cuanto menos en su cantidad, y por tanto la inclusión en el fichero de morosos resultaría ilegítima por falta de certeza y exactitud de la deuda por cuanto que la misma estaba siendo objeto de controversia, cuanto menos en su cuantía"; (ii) que "tampoco resultan exactos los datos remitidos al fichero cuando en agosto de 2018 se estaba declarando en la base de morosidad una deuda de 116.000 euros, inferior a la de 118.000 de principal reclamada en la demanda ejecutiva"; (iii) y que "[l]a sentencia objeto de recurso de casación reconoce la existencia de discrepancias entre las cantidades que figuraban en el fichero, justificándolo en que la deuda variaba según se abonara cantidad alguna o fueran venciendo nuevas cuotas" y dicha afirmación contraviene la doctrina contenida en las sentencias del TS nº 114/2016, de 1 de marzo, y 174/2018, de 23 de marzo. 

2º) La primera de las objeciones que formula el recurrente carece de sentido. Si la controversia a la que alude se expresó en su oposición a la ejecución y esta se inició con posterioridad a la inclusión de sus datos en el fichero, sostener que dicha inclusión "resultaría ilegítima por falta de certeza y exactitud de la deuda por cuanto que la misma estaba siendo objeto de controversia", no tiene ninguna lógica, dado que la inclusión se produjo antes de que la deuda se controvirtiera. Cosa distinta es, que una vez controvertida esta, los datos que ya habían sido incluidos en el fichero, en vez de cancelarse o rectificarse, se mantuvieran. 

Tampoco cabe establecer una relación de necesidad entre la oposición a la ejecución y la falta de certeza y exactitud de la deuda. Tal y como señalamos en la sentencia del TS nº 245/2019, de 25 de abril, que la Audiencia invoca de forma pertinente y aplica de forma correcta, que no se puedan incluir datos personales en los denominados "ficheros de morosos" por razón de deudas inciertas, dudosas no pacíficas o sometidas a litigio, "[n]o significa que cualquier oposición al pago de una deuda, por injustificada que resulte, suponga que la deuda es incierta o dudosa, porque en tal caso la certeza y exigibilidad de la deuda se dejaría al exclusivo arbitrio del deudor, al que le bastaría con cuestionar su procedencia, cualquiera que fuera el fundamento de su oposición, para convertir la deuda en incierta [...]". 

Y ocurre que, en el presente caso, lo planteado por el recurrente para oponerse a la ejecución, la existencia de cláusulas abusivas en el contrato de préstamo no estaba justificado, porque no podía ser considerado consumidor y, por lo tanto, invocar tal causa de oposición, cuyo estudio se consideró inadmisible, primero, por el juzgado ejecutor, y después por la Sala de Apelación que, al resolver el recurso interpuesto contra la misma, confirmó su resolución. Siendo esto lo que consigna la Audiencia en la sentencia recurrida y lo que le lleva, siguiendo nuestra doctrina, a considerar "manifiestamente infundado que la deuda sea incierta, por ilíquida al alegar en el proceso de ejecución hipotecaria excepciones únicamente oponibles por consumidores y usuarios". 

Señala también la Audiencia que no es necesaria la condena judicial como requisito previo para la inclusión de los datos en el fichero de "morosos". Y ciertamente, el art. 38 RPD no exige (ni lo hacía tampoco antes de las sentencias de la Sala Tercera del TS de 15 de julio de 2010) para la inclusión de los datos, que la existencia previa de una deuda cierta, vencida, exigible y que haya resultado impagada, sea antes declarada judicialmente. En las sentencias 114/2016, de 1 de marzo y 740/2015, de 22 de diciembre, ya dijimos que "[n]o es necesario que exista una sentencia que declare la existencia, cuantía y exigibilidad de la deuda para que los datos personales del deudor puedan ser comunicados a un registro de morosos". 

Por último, y como también establece la sentencia recurrida, que acepta los fundamentos y da por reproducidas las consideraciones de la dictada en primera instancia, es el propio recurrente el que reconoce la existencia de la deuda, declarando que había pagado las cuotas del préstamo hasta un determinado momento en el que había dejado de hacerlo. Lo que permite sostener no solo la certeza del dato incluido, sino también su pertinencia en cuanto indicativo de la insolvencia del demandado entendida como imposibilidad o negativa infundada a pagar la deuda, lo que también resulta necesario, cuando se trata de la inclusión en los registros de morosos, para satisfacer las exigencias del principio de calidad de los datos (Sentencia del TS nº 174/2018, de 23 de marzo). 

3º) Las objeciones segunda y tercera tampoco desvirtúan el razonamiento de la Audiencia cuando descarta la incerteza de la deuda por no permanecer inalterada en su cuantía desde la inclusión del recurrente en el fichero, o reducirse la base de morosidad declarada en agosto de 2018 respecto de la deuda reclamada con anterioridad en la demanda ejecutiva. 

No siendo la foto fija y debiendo ser reflejo las cifras de la deuda existente en cada momento, su variación no tiene por qué extrañar. 

Tampoco cabe deducir la incerteza de la deuda del simple hecho de no coincidir los 116 916 euros objeto de reclamación en agosto de 2018 con los 118 696 que lo fueron, por principal e intereses, en la demanda de ejecución presentada en mayo de 2017, es decir, más de un año antes. 

Por último, de forma diferente a lo que el recurrente sostiene, lo afirmado por la Audiencia no contradice, sino que respeta lo establecido por las sentencias del TS nº 114/2016, de 1 de marzo, y 174/2018, de 23 de marzo, de las que resulta tanto la exigencia de la actualización de los datos, de lo que necesariamente se sigue que estos no tienen por qué ser inmutables, sino que pueden y deben, cuando sea necesario actualizarlos, sufrir cambios, como su pertinencia, establecida en el presente caso a partir de lo declarado, como ya hemos señalado, por el propio recurrente. 

4º) La premisa en la que se funda el motivo, que no se ha constatado que la carta de requerimiento llegara al demandante, altera la base fáctica de la sentencia recurrida, que considera, en sentido contrario, habiendo el hecho permanecido en pie al desestimarse el recurso extraordinario por infracción procesal, que el recurrente sí fue requerido de pago previamente. 

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