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miércoles, 3 de agosto de 2022

Las fotocopias de documentos no son documentos idóneos para fundar la revisión de los hechos probados de una sentencia laboral.


Como señala la doctrina de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, por todas Sentencia del TS de 25 de enero de 2005, "...constante doctrina de esta Sala expresiva de que la revisión de hechos probados -de singular importancia, en cuanto la resultancia fáctica constituye la base indispensable para el examen del derecho aplicable- exige los siguientes requisitos (por todas, las sentencias del TS de 4 de febrero de 1998 y 17 de septiembre de 2004):

1º.- Fijar qué hecho o hechos han de adicionarse, rectificarse o suprimirse, sin que en ningún caso bajo esta delimitación conceptual fáctica puedan incluirse normas de derecho o su exégesis.

2º.- Citar concretamente la prueba documental o pericial que, por sí sola, demuestre la equivocación del juzgador, de una manera manifiesta, evidente y clara.

3º.- Precisar los términos en que deben quedar redactados los hechos probados y su influencia en la variación del signo del pronunciamiento.

4º.- Necesidad de que la modificación del hecho probado haga variar el pronunciamiento de la sentencia, pues, en otro caso, devendría inútil la variación.

Según reiterada doctrina, para que pueda prosperar la revisión de hechos de la sentencia es preciso, que los documentos o pericias en que se sustenta la revisión de los hechos (únicas pruebas hábiles a tal efecto, según el artículo 193 b de la LRJS) pongan de manifiesto el error de manera clara, evidente, directa y patente, de forma contundente e incuestionable, sin necesidad de acudir a conjeturas, suposiciones o argumentaciones más o menos lógicas, naturales y razonables; debiendo tenerse en cuenta que no todo documento es idóneo para fundar la revisión fáctica, sino aquel que, reuniendo las características antes descritas, presente las necesarias condiciones de ser fehaciente y de contenido indiscutible, condiciones que no reúnen las fotocopias de documentos, tal como tiene establecido reiterada doctrina jurisprudencial (Sentencias del Tribunal Supremo de 2 de noviembre de 1990, 25 de febrero de 1991 y 23 de marzo de 1994)...".

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lunes, 1 de agosto de 2022

Falta de legitimación activa del demandante en la reclamación derivada de accidente de circulación ante la falta de acreditación de su condición de beneficiario y de la condición de heredero tras el fallecimiento de su hijo.

 

La sentencia de la Audiencia Provincial de Teruel, sec. 1ª, de 12 de julio de 2017, nº 69/2017, rec. 90/2017, confirma que existe falta de legitimación activa del demandante en la reclamación derivada de accidente de circulación ante la falta de acreditación de su condición de beneficiario y de la condición de heredero tras el fallecimiento de su hijo.

En este caso, el actor junto con su esposa, son los padres del fallecido, que era soltero y sin descendencia, además de ser herederos legales.

Pero la parte apelante, como beneficiario respecto a la cobertura "los accidentes individuales", no aportó la documentación que le era exigible, concretamente, la copia del testamento y, en su caso, la copia de la declaración notarial o judicial de herederos, puesto que no ha aportado el documento que según su ley personal acredita fehaciente su condición de herederos legales, en cuanto que aporta un extracto del Registro de herencia y no el certificado de herencia.

Además, el riesgo producido está excluido de la cobertura del seguro pues el conductor fallecido conducía sin permiso de conducción en vigor.

A) Hechos.

La parte demandante, hoy apelante, formuló demanda reclamando como beneficiario, la indemnización por el fallecimiento de su hijo en accidente de tráfico el 19 de agosto de 2014, cuando conducía el vehículo asegurado por la demandada, en virtud de póliza nº NUM000, entre cuyas coberturas figuraba la de 30.703,35 euros por fallecimiento.

La sentencia objeto del recurso de apelación desestima la demanda por falta de legitimación activa fundada en la falta de acreditación de la condición de heredero del demandante y su cónyuge de acuerdo con la legislación aplicable conforme a la póliza y a su ley personal, la ucraniana, así como por exclusión de la cobertura del riesgo asegurado, en cuanto que el conductor fallecido conducía sin permiso de conducir en vigor.

B) Motivos del recurso.

La parte apelante sostiene frente a la sentencia de instancia que queda acreditada su condición de beneficiario del seguro de vida, con independencia de su condición de heredero, pues la póliza señala como beneficiario del seguro de vida por orden de prelación, el cónyuge, descendientes, ascendientes y herederos legales, salvo que se hayan designado oros beneficiarios. En este caso, el actor junto con su esposa, son los padres del fallecido, que era soltero y sin descendencia, además de ser herederos legales.

Res pecto a la falta de cobertura de la póliza, invoca que el permiso de conducir había sido devuelto a su conductor tras el cumplimiento de la pena impuesta por el Juzgado de lo Penal, por lo que este se encontraba en vigor, con independencia de no haber realizado el curso legalmente exigido.

C) Valoración de la prueba.

1º) El Tribunal no aprecia los argumentos que sostiene la parte apelante.

Respecto al primer motivo de impugnación, a la vista de la demanda y de la sentencia, apreciamos que la parte apelante introduce variación del objeto del proceso, en cuanto que ya no basa su reclamación en su condición de heredero, sino en la relación contractual entre él mismo y la aseguradora al ser el tomador del póliza, introduciendo confusión en las coberturas de la póliza de seguro concertadas, siendo dos diferentes coberturas, la cobertura "los accidentes individuales", destinado a la persona que conduce y ocupantes, siendo exigible al beneficiario la presentación de la documentación exigida por la póliza y que no ha sido aportada conforme razona la sentencia, y la cobertura "vida tomador", como garantía complementaria consistente en un seguro de vida para el tomador, que es a su vez el apelante, y no el conductor, y que obviamente no ha fallecido, por lo que esta cobertura no es objeto de la presente reclamación.

Por tanto, como acertadamente expresa la sentencia recurrida, la parte apelante, como beneficiario respecto a la cobertura "los accidentes individuales", no aportó la documentación que le era exigible, concretamente, la copia del testamento y, en su caso, la copia de la declaración notarial o judicial de herederos, puesto que no ha aportado el documento que según su ley personal acredita fehaciente su condición de herederos legales, en cuanto que aporta un extracto del Registro de herencia y no el certificado de herencia.

2º) Por el apelante, como segundo motivo de impugnación, se argumenta que el permiso de conducir había sido devuelto a su conductor tras el cumplimiento de la pena de privación del permiso de conducir por un año, 4 meses y 2 días, impuesta por el Juzgado de lo Penal, cuya fecha de finalización era el 2-8-2011, por lo que el permiso se encontraba en vigor.

La cuestión controvertida es determinar si a la fecha del accidente objeto de las presentes actuaciones, es decir 19 de Agosto de 2014, el conductor Sr. Teodulfo tenía o no el permiso de conducir en vigor y por tanto si podía o no podía conducir.

Como correctamente fundamenta la sentencia apelada, y tal y como consta en el atestado de la Policía local, existía la imposibilidad legal de conducir el vehículo al no haber realizado el curso, lo cual también se certifica en el oficio remitido por la Jefatura provincial de Tráfico de Teruel.

La controversia constituye una cuestión jurídico resuelta por la legislación vigente, concretamente por la Disposición Adicional Decimotercera del Real Decreto legislativo 1990/12827 RDLeg.339/1990 de 2 de marzo 1990 por el que se aprueba la Ley de Seguridad Vial, que dispone:

"Disposición Adicional Decimotercera. Obtención del permiso o licencia de conducción cuando su titular haya sido condenado por sentencia penal con la privación del derecho a conducir.

1. El titular de una autorización administrativa para conducir que haya perdido su vigencia de acuerdo con lo previsto en al art. 47 del Código Penal , al haber sido condenado por sentencia firme a la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a dos años, podrá obtener, una vez cumplida la condena, una autorización administrativa de la misma clase y con la misma antigüedad, de acuerdo con el procedimiento establecido en el art. 63.7 para la perdida de vigencia de la autorización por la pérdida total de los puntos asignados.

El permiso que se obtenga dispondrá de un saldo de 8 puntos.

2. Si la condena es inferior a dos años, para volver a conducir, únicamente deberá acreditar haber superado con aprovechamiento el curso de reeducación y sensibilización vial al que hace referencia el primer párrafo del citado art. 63.7".

Y, el artículo 63.7 del Real Decreto legislativo 1990/12827 RDLeg.339/1990 de 2 de marzo 1990 por el que se aprueba la Ley de Seguridad Vial, dispone:

"7. El titular de una autorización para conducir, cuya pérdida de vigencia haya sido declarada como consecuencia de la pérdida total de los puntos asignados, podrá obtener nuevamente un permiso o licencia de conducción de la misma clase de la que era titular, transcurridos los plazos señalados en el apartado anterior, previa realización y superación con aprovechamiento de un curso de sensibilización y reeducación vial y posterior superación de las pruebas que reglamentariamente se determinen”.

Por lo tanto, según la legislación vigente el Sr. Teodulfo no estaba habilitado legalmente para conducir vehículos a la fecha del accidente objeto de las presentes actuaciones tal y como fundamenta la sentencia dictada, lo que supone una falta de cobertura de la póliza de acuerdo con la delimitación del riesgo que existe en la misma, lo cual necesariamente conlleva la desestimación del recurso y la confirmación de la Sentencia dictada.

D) No es aplicable la doctrina de los actos propios a la aseguradora.

Respecto a la doctrina de los actos propios, la apelante invoca que la aseguradora asumió las consecuencias derivadas del siniestro acaecido al dar cobertura a los gastos del sepelio, alegando que la intervención de Santa Lucía, S.A, lo fue por consecuencia de un acuerdo o pacto que puede tener con Pelayo, de modo que no puede aplicar una causa excluyente de cobertura para una cobertura, como la tramitación del sepelio, y no para otra, como es la indemnización por muerte del conductor.

A la vista de las consideraciones contenidas en los fundamentos precedentes, habiendo sido acreditada tanto la falta de legitimación activa como la exclusión de cobertura, este motivo de impugnación carece de virtualidad suficiente.

Además, en el oficio cumplimentado por Funeraria del Priorat Ribera Tierra Alta S.L., se hace constar los servicios prestados por la misma y la facturación de los mismos, no lo fue a Pelayo, Mutua de Seguros, sino a Santa Lucía, S.A. e incluso se remite la factura abonada por la citada entidad en su día; por lo tanto, no fue la aseguradora quien asumió el pago de los gastos de sepelio.

Asimismo, la cobertura por gastos del sepelio es una cobertura diferente (páginas 72 y siguiente del condicionado general de la póliza) y se encuentra dentro de la cobertura de " La Asistencia en Viaje", cuya delimitación del riesgo es diferente de la establecida para el Seguro de Accidentes individuales.

Añadir a ello que dada la fecha en que se prestaron dichos servicios, no consta que la aseguradora tuviera conocimiento del contenido del atestado realizado por la Policía Local y de la falta de permiso de conducir en vigor del conductor, por lo que no cabe aplicar la doctrina de los actos propios, en cuanto que no se da una inequívoca asunción de las consecuencias del siniestro con pleno conocimiento de sus circunstancias.

En consecuencia, procede desestimarse el recurso de apelación, y como consecuencia confirmar la sentencia recurrida.

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Las discrepancias en la valoración del activo de una herencia realizada por los contadores no pueden dar lugar a la acción de complemento o adición de la partición regulada en el art. 1079 del Código Civil, conforme a la doctrina del Tribunal Supremo.

 

La sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, sec. 1ª, de 4 de abril de 2022, nº 280/2022, rec. 557/2019, establece que las discrepancias en la valoración del activo de una herencia realizada por los contadores no pueden dar lugar a la acción de complemento o adición de la partición regulada en el art. 1079 del Código Civil, conforme a la doctrina del Tribunal Supremo.

El TS delimita el ámbito de aplicación de la acción de rescisión de la partición de la herencia, acción de complemento de la partición y acciones dirigidas a proteger la legítima.

Es indudable que la sentencia de la AP recurrida contradice la doctrina del Supremo cuando afirma que la acción de adición o complemento ejercitada al amparo de lo dispuesto en el art. 1079 CC permite no sólo la adición de bienes o valores, sino también la revisión de valoraciones pues, como recoge la doctrina del Tribunal Supremo, las discrepancias en la valoración del activo no pueden dar lugar a la acción de complemento o adición de la partición regulada en el art. 1079 del CC.

El artículo 1079 del CC, en efecto, significa una excepción a la regla que impone la rescisión por lesión, y su tenor, como ha dicho la Sentencia del TS de 16 de mayo de 1997, conduce a su interpretación literalista, en el sentido de que se está refiriendo a la omisión que, en su caso, se padezca en la correspondiente partida de la partición.

Un bien de escasa importancia puede ser adicionado a la liquidación, pero una discusión sobre una valoración debe ser llevado a la lesión ultra dimidium del artículo 1074 del Código Civil si supera los límites de ésta. Así lo expresa la sentencia del TS de 12 diciembre 2005 que no permite aplicar la cuestión del valor económico a la adición del artículo 1079 del CC, que se inspira en el principio de favor partitionis.

El artículo 1079 del Código Civil establece que:

"La omisión de alguno o algunos objetos o valores de la herencia no da lugar a que se rescinda la partición por lesión, sino a que se complete o adicione con los objetos o valores omitidos".

A) Objeto del procedimiento y resumen de antecedentes relevantes.

1º) El demandante, al amparo del art. 1079 del CC, ejercitó acción para que se completara y rectificara la partición de la herencia de su madre realizada por los contadores, por entender que se habían omitido bienes y además que la valoración de los incluidos había sido incorrecta.

La demanda fue desestimada en primera instancia por considerar la juzgadora que ninguna de las pretensiones quedaba amparada por la acción ejercitada: la de omisión, por la importancia de los bienes que se decían omitidos; la de rectificación, por no ser aplicable el art. 1079 CC a una errónea valoración de los bienes.

La Audiencia estima el recurso de apelación del actor, limitado a la solicitud de rectificación de la partición en una concreta cuestión, y declara que la partición debe ser adicionada.

2º) La Audiencia estima el recurso de apelación y expresamente declara que es "pertinente la adición al cuaderno particional de fecha 25/2/11 de la nuda propiedad de parte de las acciones donadas al actor por su madre, con su traslado a la colación a realizar por tal legatario, condenando a las demandadas a pasar por la reducción del importe a colacionar por dicho actor en la suma de 116.236,05 euros, más los intereses legales de la misma desde aquella fecha, todo ello sin imposición especial de las costas de ambas instancias a parte alguna".

Por lo que se refiere a la cuestión de la determinación de la acción que se ejercita y las razones por las que se estima, afirma la sentencia de la Audiencia en sus fundamentos de derecho segundo y tercero:

"Segundo. Es de indicar que, en efecto, por más que se insista en ello, la acción desplegada parece acomodarse mejor a la del art. 1079 que a la del art. 1074, ambos del CC, puesto que, en definitiva, no se sugiere la incorporación a esas operaciones de bien alguno, sino la adecuada valoración de uno de esos bienes, precisamente las acciones, sin que quepa duda alguna que cuanto se pide acarrearía un nuevo cálculo, pues el importe de lo colacionable por el legatario de esa concreta cosa (las acciones) se vería así alterado, siendo tal cuestión la fundamental del juicio y, por ende, de este tramo de apelación del mismo.

"Pero basta leer la propia demanda para apreciar que ya en su página 2 expresa el actor que solicita sea completada en los términos expuestos, con invocación del art. 1079 y no de otro precepto. En tal sentido no es que deba esperarse a cuanto las pruebas determinen con arreglo al art. 217 de la LEC, sino que ya inicialmente la petición de sentencia se acomoda a cuanto permite la acción descrita por esa norma.

"Es de destacar así mismo que en el suplico se reitera que debe completarse la partición con el valor omitido, aunque ciertamente se haga dimanar de esa omisión la causación de una disfunción en la legítima, de ahí que se pida también la rectificación consecuente con aquella inidónea valoración de las 900 acciones societarias y la indemnización derivada de esta realidad.

"Todo ello lleva a afirmar que, efectivamente, aun sin mencionarlo expresamente, el actor trata de conseguir una rescisión que le favorezca, luego se apoya también en el texto del art. 1074 CC, pero es de apreciar, como las demandadas desde el principio adujeron, que la acción allí definida tiene un plazo de caducidad, el del art. 1076 CC, tiempo superado desde la fecha de la escritura de partición hasta la promoción de la demanda. Debe aseverarse abiertamente que cuanto se pide en esa demanda ha de tener encaje en la acción del art. 1079, cuya caducidad es bien distinta a la anterior, de ahí que haya sido tildada la posición actora como de enmascaradora del normal cauce procesal al estar el mismo imposibilitado por razones temporales.

"El juez a quo lo tuvo claro y al término de su fundamentación jurídica escribió que la acción que corresponde no se ejercitó en la demanda, de ahí la desestimación de la misma que alcanza.

"Muchas han sido las referencias jurisprudenciales que se han vertido durante el curso del litigio, mas no resulta ocioso refrescar la opinión reiterada del TS al respecto de ese posible encaje de lo aquí impetrado en el ámbito de aplicación del tan referido art. 1079 CC.

"Muy conocido es el criterio consistente en la inspiración de esa norma en el principio de conservación o del favor partitionis, de ahí que haya de presumir válida cualquier partición mientras no se demuestre una causa de nulidad (así en S. de 18/7/05, entre otras muchas). Mas igualmente el Alto Tribunal realizó una interpretación amplia en Ss. de 26/2/79 y 27/6/95, estableciendo que debe atenderse al espíritu y no solo a la redacción de la propia norma, de suerte que puede abarcar ésta "no solo el supuesto de omisión de cosas en el inventario o en la partición, sino también cuando la omisión alcance a valoraciones, o cuando las efectuadas en el cuaderno particional redunden en perjuicio del principio de igualdad que debe presidir la formación de los lotes, siempre que la lesión o perjuicio no llegue a la cuarta parte".

"Es en la defectuosa valoración de las acciones o del derecho de nuda propiedad sobre las mismas en el que asienta su reclamación el Sr. Nazario, entendiendo, curiosamente, sobrevalorado respecto de él tal bien colacionable, ello sin necesidad de que se rescinda la operación testamentaria.

"Bien conoce el Tribunal la tendencia jurisprudencial a realizar una hermenéutica literalista del tan nombrado art. 1079 CC, pero es de ver que en el supuesto enjuiciado el actor demanda conforme a los arts. 399 de la LEC y 888 (sic) del propio CC en búsqueda de una justa respuesta judicial a la situación en que queda tras obligársele a colacionar por más cantidad que la correspondiente a los valores que recibió en donación, habiéndose acreditado que en verdad no se tuvo en cuenta por los contadores partidores que una parte (12%) de lo recibido de la empresa Saint Gobain Point P. España SA por la adquisición de ciertas acciones fue a parar a la persona donante y no a él. Su legítima, por muy estricta que fuese por voluntad de quien testó, fue integrada por la propiedad de unas acciones, pero sólo lo correspondiente a la nula propiedad de las mismas le fue entregado, de ahí que las cuentas mal operadas supongan ciertamente un error particional, conectando con una laxa interpretación de la norma sustantiva la posibilidad sugerida de adicionar, no otro bien, sino el bien en su justa cuantía, siempre dentro, como igualmente se ha justificado, del porcentaje de 1/4 legalmente establecido.

"Asiste la razón al apelante cuando indica que no otra vía le queda que la desde el principio auspiciada, pues, debe insistirse en ello, la posible acción por lesión se encontraba caducada al formularse su demanda.

"Y la conveniencia de aplicar el principio pro actione ya se contempló en esta materia de valoración por el TS en la citada S. de 27/6/95, que conoció de una resolución de esta AP de Murcia. Y antes, en 26/11/74 ya habló ese Tribunal de la posibilidad de atender a casos de error de cómputo, no solo los de nulidad del art. 1081 del propio CC, sino otros, como el representado por el error sustancial cometido por el testador al valorar sus propios bienes, si bien ese defecto incide en su avalúo y no en la pertinencia o no de incluir los mismos valores (acciones), algo aquí indiscutido. También parecen adherirse a esa laxa interpretación del precepto la S. del TS referida en primer término, "salvo que se haya operado con olvido de las formalidades esenciales", cual no es el caso ahora escrutado. Se trata, pues, no de una rescisión, sino de la práctica de una partición adicional, presuponiéndose que los bienes omitidos (irregularmente incluidos en este supuesto) no sean de importancia Ss. del TS de 13/3/03, 18/7/05, 12/6/08, pues en ese caso habría que hablar de nulidad (Ss. de 11/12/02 y 19/10/09. Esto es así en virtud de la atención al principio de favor partitionis ya aludido ( S. de 20/1/12).

"Tercero. Hora es de aplicar tal legislación y su deriva jurisprudencial al específico supuesto en esta alzada analizado, siendo de reiterar que las reglas del vigente onus probandi son las alojadas en el art. 217 de la LEC.

"La definitiva petición del actor parece justa, esto es, debe colacionar según lo recibido por su legítima, y no más. Si existe error respecto de lo que le fue donado, ese error se trasladará a lo que ha de ingresar al caudal hereditario junto con los demás legitimarios.

"Volvamos sobre los documentos n.º 5 y 6 de la demanda. Se expresa allí que al demandante corresponden 900 acciones y luego se indica que el valor de la nula propiedad de las mimas asciende a 44.839.622 pesetas. El pleno dominio de ellas alcanza a 58.613.886 pesetas. Luego D. Nazario colacionó por ellas como si hubiese obtenido su íntegra propiedad, anidando en esto la divergencia todavía litigiosa. En efecto, en la página 42 del cuaderno particional se colacionan por aquél en tal concepto 1.452.232,60 euros.

"La empresa adquirente de las acciones, ya nombrada, las compra por un precio total, sin que los auditores pudiesen suponer la irregularidad que asumían, pues no se percataron de que lo entendido como colacionable apuntaba a ese precio global y no a la indicada nuda propiedad. El reconocimiento de la diferencia entre lo alcanzado como colacionable y lo legalmente colacionable constituye, en suma, la causa petendi del presente pleito, siempre con referencia a esta segunda instancia.

"Tal realidad es la que propicia la alineación de la Sala con la tesis de aplicación amplia y no literal, es decir, laxa, del art. 1079 del CC, lo que supondría, pues, además de que definitivamente se considere al actor legitimado para demandar, que se le otorgue la razón en la materia que sustenta su recurso de apelación. Y es que son admisibles las cuentas que al respecto de lo aportable se efectúan en el tramo correspondiente del escrito impugnatorio. Se alcanza inferencia así sobre la verdad consistente en que los contadores colacionaron al apelante el pleno dominio de las 900 acciones de Vera Meseguer SA recibidas, no siendo esto lo que su madre le donó.

"Hay que afirmar que no es cierto que este tema de alzada sea novedoso, pues basta la lectura completa de la demanda para apreciar que fue uno de los allí tratados, siendo de aseverar igualmente que el juez a quo desestimó todas las pretensiones al entender que no eran encausables por la norma sustantiva elegida como apoyo de las mismas, más aceptando la legitimación activa del Sr. Nazario, sin que ese extremo de la sentencia haya sido impugnado por las demandadas y aquí apeladas. No se han vulnerado, por tanto, los arts. 412 y 456 de la ley de enjuiciar, como se aclara por cuanto se escribe en los folios 18 y 19 (y después se referencia de nuevo) del propio escrito inicial del procedimiento".

B) Doctrina del Tribunal Supremo.

1º) El Supremo estima el recurso de casación, pues la sentencia de la AP recurrida basa su decisión en una interpretación del art. 1079 CC que es contraria a la doctrina de la sala.

2º) Para la resolución del recurso debemos partir de las siguientes consideraciones referidas a la acción de rescisión de la partición ( art. 1074 CC), acción de complemento de la partición ( art. 1079 CC) y las acciones dirigidas a proteger la legítima.

i) El legitimario que recibe menos de lo que le corresponde por legítima puede pedir su complemento con independencia de la cuantía de la lesión. Por lo que se refiere a las acciones dirigidas a proteger la legítima, en la sentencia 419/2021, de 21 junio, recordábamos:

"Conforme al art. 815 CC, "el heredero forzoso a quien el testador haya dejado por cualquier título menos de la legítima que le corresponda, podrá pedir el complemento de la misma".

"A la vista de los antecedentes de la norma y de la interpretación del sistema (arts. 814, 815, 817, 819, 820.1.ª, 851 CC), aun cuando el art. 815 CC expresamente no lo dice, doctrina y jurisprudencia ( sentencias 863/2011, de 21 de noviembre, y 502/2014, de 2 de octubre, además de las citadas por la sentencia recurrida de 4 de junio de 1991 y 7 de julio de 1995) entienden que el legitimario puede, en primer lugar, aminorar el contenido económico del título de heredero (acción de suplemento o de complemento); en su defecto, los legados (acción de reducción de legados) y, en último lugar, las donaciones (acción de reducción de donaciones).

La acción de suplemento, por tanto, necesariamente debe dirigirse contra los herederos (o contra la comunidad hereditaria antes de la partición)".

ii) El legitimario tiene un interés indiscutible en que las operaciones de valoración de los bienes hereditarios, de computación e imputación, se realicen correctamente, porque a través de ellas puede conocerse si las adjudicaciones que se le realicen por los contadores son suficientes para cubrir su legítima.

iii) Esta sala ha admitido que, además de las acciones dirigidas a proteger la legítima y dirigidas a obtener lo que falta para completar su legítima, el legitimario cuya legítima se haya visto lesionada como consecuencia de la errónea valoración de los bienes por parte de los contadores partidores, dispone de la acción rescisoria por lesión a que se refiere el art. 1074 CC.

Sobre el particular, la sentencia del TS de 31 de mayo de 1981 declaró:

"(...) teniendo presente aquella línea directriz que procura evitar la nulidad de las particiones cuando se trata de lesión subsanable mediante la pertinente y justa rectificación ( sentencia de 30 de abril de 1958) o procediendo a la indemnización del perjuicio, es obligado concluir que el agravio al contenido económico de la legítima deberá ser combatido como ineficacia por razón de su rescindibilidad, y en este sentido tiene declarado la sentencia del TS de 30 de marzo de 1968 que frente al contador testamentario y a las operaciones particionales realizadas puede el heredero forzoso ejercitar la acción de nulidad por falsedad o por vicios concurrentes, y en el evento de lesión de sus intereses, la de rescisión aunque la lesión de la legítima no exceda de la cuarta parte, en atención al respeto que en todo caso merece esa cuota como institución que es de derecho necesario y por lo tanto de rigurosa inviolabilidad -arts. 813, 815, 816 y 1056, párr. 1.º- y a la obvia consideración de que el comisario viene facultado por el causante para dividir los bienes de la herencia, pero en manera alguna para alterar los actos dispositivos contenidos en el testamento, cual acontecerá si merma con las adjudicaciones la porción legitimaria respetada por el testador".

iv) La acción de rescisión por lesión está sometida al plazo de caducidad de cuatro años ( art. 1076 CC). Son los coherederos demandados los que disponen de la posibilidad de optar entre la indemnización del daño (en numerario o en las mismas cosas en que resultó el perjuicio) o consentir que se haga una nueva partición ( art. 1077 CC).

v) Para el caso de que hayan quedado fuera de la partición objetos o bienes de la herencia, el art. 1079 CC permite que se complete o adicione la partición. Es decir, que si hay bienes que se han omitido procede una partición complementaria, acción que no estaría sujeta a plazo (art. 1965 CC).

vi) Es doctrina consolidada de la Sala de lo Civil del TS es que la acción de rescisión por lesión de la partición prevista en el art. 1074 CC comprende la errónea valoración de los bienes distribuidos o adjudicados. De acuerdo con esta jurisprudencia, las meras discrepancias en la valoración del activo no dan lugar a la acción de complemento o adición de la partición regulada en el art. 1079 CC ( sentencia 1.333/2006, de 21 de diciembre).

La sentencia del TS nº 947/2005, de 12 de diciembre, declaró:

"Este tratamiento restrictivo de la invalidez, afirmado por gran número de Sentencias, como la STS de 31 de octubre de 1996, que se refiere a las STS de 15 de junio de 1982 o 25 de febrero de 1969, entre otras, impone resolver las atribuciones mal valoradas por vía de rescisión, y las omisiones de bienes o valores por el camino de la adición o complemento de la partición.

(...) El artículo 1079 del CC, en efecto, significa una excepción a la regla que impone la rescisión por lesión, y su tenor, como ha dicho la Sentencia de 16 de mayo de 1997 (con precedentes, entre otras muchas, en las de 19 de junio de 1978, 22 de febrero de 1994, 12 de noviembre de 1996, en una línea que sigue en la Sentencia de 18 de julio de 2005), conduce a su interpretación literalista, en el sentido de que se está refiriendo a la omisión que, en su caso, se padezca en la correspondiente partida de la partición recayente en alguna de las dos realidades que aparecen diferenciadas en el precepto: objetos materiales o corpóreos y valores o títulos o derechos de indiscutible naturaleza inmaterial, y por esa razón al hablar de "valores" no se refiere al "aspecto cuantitativo de valoración de del bien" o defecto de su avalúo (expresiones de la sentencia citada). Y ello aunque en alguna ocasión (Sentencias del TS de 27 de junio de 1995, de 26 de noviembre de 1974) se contengan referencias a los problemas de valoración, que se han de explicar por relación con los específicos supuestos planteados, como sucede en la primera de las citadas, que resolvió la cuestión litigiosa suscitada al haberse omitido determinados bienes pertenecientes al caudal relicto".

Con posterioridad, la sentencia del TS nº 350/2015, de 16 de junio, afirma:

"Un bien de escasa importancia puede ser adicionado a la liquidación, pero una discusión sobre una valoración debe ser llevado a la lesión ultra dimidium del artículo 1074 si supera los límites de ésta. Así lo expresa la sentencia del TS de 12 diciembre 2005 que no permite aplicar la cuestión del valor económico a la adición del artículo 1079, que se inspira en el principio de favor partitionis".

C) Conclusión del Supremo.

1º) La aplicación de la anterior doctrina determina que estimemos el primer motivo del recurso de casación y, al asumir, la instancia, desestimemos el recurso de apelación interpuesto por el actor y, con ello, su demanda, de acuerdo con lo que decimos a continuación.

En el presente caso, el juzgador de instancia y el tribunal de apelación, ante la falta de claridad de la demanda del actor luego apelante, se han visto en la necesidad de analizar cuál era la acción ejercitada, atendiendo a la argumentación esgrimida, a la fundamentación jurídica invocada y a lo suplicado en los escritos de la demanda y de la apelación.

En las dos instancias se ha entendido que el actor ejerce la acción del art. 1079 del CC. La sentencia del juzgado, a la vista de que la única acción ejercitada es la del art. 1079 CC y que ninguna de las pretensiones del actor tiene cabida en ese precepto, desestima la demanda. En el recurso de apelación, el actor reduce el objeto del litigio a la valoración de la donación que le hizo su madre de la nuda propiedad de 900 acciones de la sociedad Vera Meseguer, S.A. (con los matices que luego diremos) y la sentencia recurrida concluye que el art. 1079 CC fundamenta la acción del actor y ampara su pretensión de que se le indemnice por haber recibido menos de lo que le correspondía como legítima. La Audiencia se refiere al art. 1079 CC, pero al mismo tiempo, a la vista de lo argumentado por el apelante en sus escritos habla de rescisión (art. 1074 CC), de protección de la legítima y de "omisión de bienes" (art. 1079 CC), equiparando a la omisión la "irregular inclusión de bienes" que según entiende se habría dado en este caso al incluir como donada la propiedad cuando solo se donó la nuda propiedad, y termina declarando la procedencia de la "adición al cuaderno particional de fecha 25/2/11 de la nuda propiedad de parte de las acciones donadas al actor por su madre, con su traslado a la colación a realizar por tal legatario, condenando a las demandadas a pasar por la reducción del importe a colacionar por dicho actor en la suma de 116.236,05 euros, más los intereses legales desde aquella fecha".

Es indudable que la sentencia recurrida contradice la doctrina de la sala cuando afirma que la acción de adición o complemento ejercitada al amparo de lo dispuesto en el art. 1079 CC permite no sólo la adición de bienes o valores, sino también la revisión de valoraciones pues, como ya hemos expuesto, las discrepancias en la valoración del activo no pueden dar lugar a la acción de complemento o adición de la partición regulada en el art. 1079 CC.

Por esta razón, la sentencia recurrida debe ser casada y, al asumir la instancia, por las mismas razones que estimamos el recurso de casación desestimamos el recurso de apelación del actor.

2º) En su oposición al recurso de casación, la parte recurrida sostiene que la sentencia no corrige el valor que los contadores dieron a las acciones (para lo que, según reconoce ahora, no sería aplicable el art. 1079 del CC).

Lo cierto, sin embargo, es que el actor recurrido ha planteado un problema de valoración, incluso cuando en la apelación varió su argumentación para defenderlo.

En efecto, aun admitiendo que fuera verdad que los contadores valoraron la propiedad plena de las acciones y no la nuda propiedad, el problema nunca sería de omisión de bienes.

Buena muestra de ello es lo paradójico que resulta el fallo de la sentencia recurrida que, al estimar la acción del art. 1079 CC, no solo se refiere a la "adición" a la partición de la nuda propiedad de las acciones donadas, cuando es evidente que la nuda propiedad no fue omitida, sino que además, como consecuencia de esa "adición" lo que ordena es que se reduzca el valor de una donación que se computó a efectos del cálculo de la legítima y luego de la correspondiente imputación en la legítima del actor.

3º) La parte recurrida sostiene además en su oposición al recurso de casación que la sentencia corrige el perjuicio sufrido por el actor, dado que su acción se basaba en el art. 1079 CC en relación con el art. 818 CC.

Es verdad que las alusiones a la defensa de la legítima del actor están presentes en la decisión de la sentencia recurrida, y que tanto en la demanda como en la apelación el actor aludió a lo que le faltaba para completar su legítima. Sin embargo, ello no respalda la tesis del demandante.

En primer lugar, porque en su recurso de apelación expresamente dijo que se reservaba el ejercicio de la acción de complemento de la legítima para otro procedimiento. Y, sobre todo, porque no es posible dictar un pronunciamiento dirigido a corregir una supuesta lesión de la legítima atendiendo a un aspecto concreto de la partición y sin valorar todo lo que haya podido recibir el legitimario, tanto a título de donación como en la partición realizada por los contadores o en los actos de distribución adicionales llevados a cabo por los propios interesados (en el caso, según las demandadas, con intervención del viudo de la causante, se repartieron después de la muerte de la madre unos activos opacos que no hicieron públicos en el momento de la partición por razones fiscales, al tratarse de fondos que se encontraban en el extranjero).

Con independencia de las ambigüedades de la demanda sobre la acción ejercida, fue el propio actor, al reducir el objeto litigioso en la apelación, quien dejó fuera de debate y análisis toda cuestión referida a los bienes que según las demandadas habría recibido (los fondos extranjeros que en la demanda dijo que se habían omitido, pero que según las demandadas se repartieron después entre los tres hermanos, incluido el actor) y a los bienes que él mismo reconoce que se la adjudicaron en la partición (la nuda propiedad de las participaciones de VMP Mis Hijos y Yo, S.L., valorada en 822.893,92 euros, y a la que el actor, como él mismo reconoce, renunció voluntariamente con intención de que se le adjudicaran otros bienes).

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