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domingo, 3 de julio de 2022

Requisitos para el ejercicio del derecho de retracto por el arrendatario de una vivienda o local de negocio al amparo de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964.

  

El ejercicio del derecho de retracto por el arrendatario de un piso o local de negocio al amparo de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964, exige para su estimación:

1º) Que se trate de una venta o cesión solutoria de vivienda o de local de negocio, sobreentendiéndose que tal venta o cesión han de ser válidas en derecho por no adolecer de vicios y reunir todos los requisitos legales para su validez.

2º) Que se ejercite la acción por el arrendatario, carácter que ha de tener en el momento de producirse la transmisión onerosa o al hacerse efectivo extrajudicialmente el derecho de retracto; debiendo además el arrendatario ocupar realmente el piso o local (Sentencia del TS de 17 de mayo de 1954), ya que no debe concederse tal derecho a quien con sus propios actos está demostrando con el no uso, que no le es necesaria la vivienda o local (Sentencias del TS de 6-6-1959; 3-3-1965; 29-1 y 14-2-1966; 27-3-1967; 25-3 y 9-61969 y 3-12-1970).

3º) Que la acción se ejercite dentro del plazo legal, treinta días a partir de la notificación fehaciente al arrendatario de las condiciones esenciales de la venta, notificación que no es necesaria cuando se pruebe el conocimiento cabal completo por el retrayente de la operación de venta , así como de todas las condiciones esenciales; habiéndose señalado por el T. Supremo entre los casos en que no se da aquella necesidad, cuando se da por notificado de un modo expreso o tácito, a vía de ejemplo, por haber pagado las rentas al nuevo propietario (Sentencias del TS de 15 de marzo de 1968 o 5 de enero de 1969) o sabido por cualquier conducto.

4º) El retrayente habrá de reembolsar al comprador el precio de la venta y además los gastos del contrato y cualquier otro pago legítimo hecho para la venta y los gastos necesarios y útiles hechos en la cosa vendida.

5º) El retrayente ha de serlo de toda la finca transmitida, de modo que cuando el arrendador enajena una porción de finca mayor que la que el arrendatario tiene arrendada, no resulta posible el derecho de retracto, pues debe existir aquella identidad entre la finca arrendada y vendida salvo el caso contemplado en el art. 47 de la L.A.U 1964, ya que si se procede a la venta de pisos o locales agrupados, y por un solo precio se otorgará el retracto y se hará por el precio que realmente corresponde al piso objeto del mismo , dentro del global fijado en la escritura para todos los vendidos, enseñando la doctrina jurisprudencial (SSTS de 4-11-1988; 17-2-1961; 14-5-1969; 5-1-1981; 26-5-1988, entre otras), cómo la prevención establecida en aquel precepto en relación con el art. 48 de la LAU 1964 se halla encaminada a combatir el "frau legis" mediante confabulación impeditiva del retracto a través y por medio de la arbitraria suma de locales o viviendas arrendadas , no constituyendo el concepto de agrupación si lo vendido es la totalidad de la finca que forma una unidad patrimonial, aunque venga ocupada por varios arrendatarios, y las precitadas viviendas tengan o puedan tener accesos independientes con sus propios límites y servicios, y así lo ha entendido también la Audiencia Provincial de Valencia en sentencias de 5-7-2003, 23-3-90, 12-3-91, 22-6-93, 19-6-95 y 17-10- 96, haciéndose eco de la constante jurisprudencia del Tribunal Supremo al respecto, y así sentencias de 22-10-04, 23-3-90, 12-3-91, 22-6-93, 19-6-95 y 17-10-96 entre otras, señalando concretamente la S.T.S. de 5 de julio de 2003 "según reiterada doctrina jurisprudencial (sentencias de 25 y 27 de abril de 1994 , 31 de enero de 1992 y 7 de febrero de 1991) ha de negarse el ejercicio de los derechos de adquisición preferente que establecían los artículos 47, 48 y concordantes de la LAU 1964 -vigente en el momento que la presente contienda se ha promovido- a quien no ostente un derecho arrendaticio sobre la totalidad del inmueble transmitido, cuando éste constituye una unidad patrimonial del que el demandante solamente detente, como inquilino o arrendatario, una de sus partes integrantes."

En definitiva, se muestra de acuerdo la doctrina, tanto científica como jurisprudencial, que el derecho de retracto no nacía para el inquilino de un piso o el arrendatario de un local de negocio sujeto a la LAU 1964 en el caso de venta o dación en pago del edificio completo en que el piso o local está integrado.

Por su parte, el número 7 del artículo 25 de la vigente Ley de Arrendamientos Urbanos de 24 noviembre de 1994, expresa que no habrá lugar a los derechos de tanteo o retracto cuando la vivienda arrendada se venda conjuntamente con las restantes viviendas o locales propiedad del arrendador que formen parte de un mismo inmueble, ni tampoco cuando se vendan de forma conjunta por los distintos propietarios a un mismo comprador la totalidad de los pisos y locales del inmueble.

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No cabe fijar una pensión compensatoria temporal si la esposa no presenta una justificación suficiente de la merma de las oportunidades laborales y económicas que hayan quedado frustradas por razón del vínculo matrimonial y el cuidado de la familia.

 

La sentencia de la Audiencia Provincial de Cantabria, sec. 2ª, de 20 de junio de -2022, nº 325/2022, rec. 926/2021, declara que no cabe fijar una pensión compensatoria temporal si la esposa no presenta una justificación suficiente de la merma de las oportunidades laborales y económicas que hayan quedado frustradas por razón del vínculo matrimonial y el cuidado de la familia.

Además, de que la esposa tiene reconocida desde el 4 de febrero de 2011 una incapacidad permanente total por importe líquido de 632,89 euros (en el año 2020) y 14 pagas y percibe una ayuda pública de 387,64 euros (desde el año 2018) por su hijo Maximino.

A) Circunstancias condicionantes de la decisión de la Sala.

1. El matrimonio se celebró el 5 de julio de 2008 y en 2008 nacieron los hijos menores Inés y Maximino.

En la actualidad, la madre tiene 49 años.

2. El padre es autónomo y se encuentra de alta en el RETA en la actividad de albañilería sin empleados a su cargo. Adquirió una furgoneta para el desarrollo de su trabajo, además de una motocicleta, tras la ruptura de la convivencia. Al final del año 2019 tenía una cuenta de titularidad exclusiva en el Banco Santander, S.A., por importe de 30.247,49 euros, y en otra de titularidad compartida la cantidad de 19.881,38 euros. En la cuenta del BBVA a su nombre consta múltiples apuntes sucesivos de ingresos y transferencias en su favor y cargos por pagos con tarjeta, sobre todo, en gasolineras, supermercados y restaurantes.

Durante los meses de mayo de 2020 a abril de 2021 (en agosto, dos ingresos) consta ingresada bancariamente para alimentos de sus hijos la cantidad de 300 euros mensuales.

Los menores acuden a un colegio público.

3. La madre tiene reconocida desde el 4 de febrero de 2011 una incapacidad permanente total por importe líquido de 632,89 euros (en el año 2020) y 14 pagas y percibe una ayuda pública de 387,64 euros (desde el año 2018) por su hijo Maximino.

B) Pensión compensatoria temporal.

1º) Sobre la oportunidad de fijar una pensión compensatoria, tiene declarado el Tribunal supremo (por todas, las sentencias del TS de 16 de julio de 2013 y 12 de julio de 2014), como ha recordado este tribunal en sus sentencias de 15 de enero de 2016 y 13 de noviembre de 2018, que:

<< El artículo 97 del Código Civil exige que la separación o el divorcio produzcan un desequilibrio económico en un cónyuge, en relación con la posición del otro, para que surja el derecho a obtener la pensión compensatoria. En la determinación de si concurre o no el desequilibrio se deben tener en cuenta diversos factores, como ha puesto de relieve la STS nº 864/2010, de Pleno, de 19 enero. La pensión compensatoria, declara, "pretende evitar que el perjuicio que puede producir la convivencia recaiga exclusivamente sobre uno de los cónyuges y para ello habrá que tenerse en consideración lo que ha ocurrido durante la vida matrimonial y básicamente, la dedicación a la familia y la colaboración con las actividades del otro cónyuge; el régimen de bienes a que han estado sujetos los cónyuges en tanto que va a compensar determinados desequilibrios, e incluso, su situación anterior al matrimonio para poder determinar si este ha producido un desequilibrio que genere posibilidades de compensación. De este modo, las circunstancias contenidas en el artículo 97.2 del Código Civil tienen una doble función:

a) Actúan como elementos integrantes del desequilibrio, en tanto en cuanto sea posible según la naturaleza de cada una de las circunstancias.

b) Una vez determinada la concurrencia del mismo, actuarán como elementos que permitirán fijar la cuantía de la pensión. A la vista de ello, el juez debe estar en disposición de decidir sobre tres cuestiones:

a) Si se ha producido desequilibrio generador de pensión compensatoria.

b) Cuál es la cuantía de la pensión una vez determinada su existencia.

c) Si la pensión debe ser definitiva o temporal">>.

2º)  Recordábamos en nuestra reciente sentencia de 13 de junio de 2022 que la fijación con carácter temporal del establecimiento de la pensión busca colocar al cónyuge perjudicado por la ruptura del vínculo matrimonial en una situación de potencial igualdad de oportunidades laborales y económicas, a las que habría tenido de no mediar el vínculo matrimonial, razón por la cual para su fijación, cuantificación y determinación del tiempo de percepción concurren factores numerosos, destacando los que enumera el art. 97 CC.

Y decíamos que, como es de reiterada jurisprudencia, estos factores o circunstancias tienen la doble función de actuar como elementos integrantes del desequilibrio, en tanto en cuanto sea posible según la naturaleza de cada una de las circunstancias, y, una vez determinada la concurrencia del mismo, la de actuar como elementos que permitirán fijar la cuantía de la pensión (STS de 19 de enero de 2010, de Pleno [RC n° 52/2006 ], luego reiterada en SSTS de 4 de noviembre de 2010 [RC n° 514/2007 ] y 14 de febrero de 2011 [RC n° 523/2008 ]). Insistimos, también operan estos factores para poder fijarla con carácter temporal, pues permiten valorar la idoneidad o aptitud del beneficiario para superar el desequilibrio económico en un tiempo concreto y alcanzar la convicción de que no es preciso prolongar más allá su percepción por la certeza de que va a ser factible la superación del desequilibrio.

3º) En definitiva, como explica la STS nº 418/2020, de 13 de julio, citando las STS núm. 120/2020, de 20 de febrero y nº 245/2020, de 3 junio, respecto de la extensión temporal de la pensión compensatoria debe destacarse que:

"1) El establecimiento de un límite temporal para su percepción, además de ser tan solo una posibilidad para el órgano judicial depende de que con ello no se resienta la función de restablecer el equilibrio que le es consustancial, siendo ésta una exigencia o condición que obliga a tomar en cuenta las específicas circunstancias del caso.

2) Que para fijar la procedencia, cuantía y duración temporal de la pensión compensatoria es necesario atender a los factores a los que se refiere el art. 97 del CC.

3) Que, a tales efectos, la función judicial radica en valorar la idoneidad o aptitud del beneficiario/a para superar el desequilibrio económico en un tiempo concreto, y, alcanzar la convicción de que no es preciso prolongar más allá su percepción.

4) Tal juicio prospectivo o de futuro deberá de llevarse a efecto con prudencia, ponderación y con criterios de certidumbre o potencialidad real determinada por altos índices de probabilidad.

5) El plazo, en su caso, habrá de estar en consonancia con la previsión racional y motivada de superación del desequilibrio".

4º) Tomando en consideración los antecedentes de orden jurídico y, sobre todo, fáctico, como hacíamos en la precitada resolución de este tribunal, tampoco ahora entendemos viable la fijación de una pensión compensatoria.

No creemos que se haya presentado el motivo básico que permite la fijación de la pensión, cual es, que quede constatado un efectivo desequilibrio económico producido en uno de los cónyuges por motivo del divorcio. Insistimos en que el objetivo es que pueda restablecerse el equilibrio, pero no lograr una garantía vitalicia de sostenimiento, perpetuar el nivel de vida del que venían disfrutando los litigantes durante el matrimonio o lograr la equiparación patrimonial. La función de reequilibrio se aleja tanto de la mera prestación alimenticia como de la puramente indemnizatoria, pues el desequilibrio que debe tratar de neutralizarse implica que el cónyuge que se hace merecedor de la pensión se encuentre en peor situación económica de la existente durante el matrimonio y que ha de resultar de la comparación entre las condiciones económicas de cada uno, antes y después de la ruptura.

Y, en el caso, las fuentes de caudal y medios de cada cónyuge se mantienen aparentemente estables antes y después de la ruptura, pues no olvidemos que el esposo ha sido siempre albañil autónomo con unos ingresos francamente difíciles de determinar y la esposa lleva más de diez años cobrando su prestación pública por su incapacidad que empezó a recibir a los tres años de contraer matrimonio. Al punto que no podemos estimar con mínima seguridad que la ruptura le ha colocado ante un eventual empeoramiento de su situación económica -considerando la ayuda pública que recibe por su hijo Imanol y la prestación alimenticia de su esposo, sin perjuicio de mantener el uso de la vivienda familiar- pero sobre todo no nos encontramos ante la necesidad de colocar al cónyuge perjudicado por la ruptura en una situación de potencial igualdad de oportunidades laborales y económicas, a las que habría tenido de no existir el vínculo matrimonial, pues el desequilibrio objeto de compensación con la pensión -en palabras de la STS de 20 de febrero de 2014- tiene su razón en la pérdida de derechos económicos o legítimas expectativas por parte del cónyuge desfavorecido por la ruptura por consecuencia de una mayor dedicación a la familia.

No presentada una justificación suficiente de la merma de las oportunidades laborales y económicas de la esposa que hayan quedado frustradas por razón del vínculo matrimonial y el cuidado de la familia.

En consecuencia, se estima el recurso del esposo y se acuerda dejar sin efecto la pensión compensatoria temporal acordada.

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sábado, 2 de julio de 2022

Es accidente laboral el fallecimiento de un abogado mientras practicaba deporte en el gimnasio que la empresa paga a sus directivos porque la parada cardiorrespiratoria de actor se produjo en tiempo y lugar de trabajo.

 

La sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sec. 3ª, de 27 de abril de 2022, nº 382/2022, rec. 262/2022, reconoce como accidente laboral el fallecimiento de un abogado mientras practicaba deporte en el gimnasio que la empresa paga a sus directivos porque la parada cardiorrespiratoria de actor se produjo en tiempo y lugar de trabajo; existe la presunción de laboralidad que no se desvirtúa por el hecho de que hubiera podido presentar algún síntoma en días anteriores, ni por la existencia de "una probable afectación isquémica crónica".

La presunción de laboralidad que alberga el artículo 115.3 LGSS, desde luego, puede contrarrestarse, pero no ignorarse o neutralizarse con una mera suposición o hipótesis.

Nuestra doctrina presta especial importancia al momento en que aparecen los síntomas de la dolencia; si concurren los presupuestos para que opere la laboralidad se mantiene esta calificación, aunque la crisis real acaezca con posterioridad.

La presunción no se excluye porque se haya acreditado que el trabajador padeciera la enfermedad con anterioridad o porque se hubieran presentado síntomas antes de iniciarse el trabajo, porque lo que se valora a estos efectos no es, desde luego, la acción del trabajo como causa de la lesión cardiaca, lo que no sería apreciable en principio dada la etiología común de este tipo de lesiones. Lo que se valora es la acción del trabajo en el marco del artículo 115.2.f) LGSS como factor desencadenante de una crisis, que es la que lleva a la situación de necesidad protegida; y esta posible acción del trabajo se beneficia de la presunción legal del art. 115.3 y no puede quedar excluida solo por la prueba de que la enfermedad se padecía ya antes; pues, aunque así fuera, es la crisis y no la dolencia previa la que hay que tener en cuenta a efectos de protección.

A) Legislación y doctrina.

El artículo 156 de la Ley General de la Seguridad Social establece en su apartado 1 que "Se entiende por accidente de trabajo toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena." Y en su apartado 3 que "Se presumirá, salvo prueba en contrario, que son constitutivas de accidente de trabajo las lesiones que sufra el trabajador durante el tiempo y en el lugar del trabajo”.

Siendo doctrina constante de nuestro Tribunal Supremo la reiterada en su sentencia de 20-03-2018, nº 325/2018, rec. 2942/2016, que, enjuiciando un supuesto como el presente, dice así:

"Por mandato legal, se reputa accidente laboral la enfermedad surgida en el tiempo y lugar de trabajo; esa presunción no se destruye por el simple hecho de haber padecido molestias en momentos o fechas anteriores al infarto; en tal sentido SSTS 18 diciembre 2013 (rec. 726/2013) y 8 marzo 2016 (rec. 644/2015).

La presunción de laboralidad no decae como consecuencia de que el trabajador afectado por la lesión cardiovascular tuviera antecedentes de tipo cardíaco o coronario, o de tabaquismo o hiperlipemia. Así lo sostienen numerosas SSTS como las de 20 octubre 2009 (rec. 1810/2008), 23 noviembre 1999 (rec. 2930/1998), 26 abril 2016 (rec. 2108/2014).

Se considera contingencia profesional ocurrida en el tiempo y lugar de trabajo el infarto de miocardio acaecido a un oficial mecánico en la ruta seguida para la reparación de un automóvil de la empresa por encargo del empresario; en esos términos puede verse la STS 11 julio 2000 (rec. 3303/1999).

Para que juegue la presunción debe haber comenzado la actividad laboral, lo que o sucede por el mero hecho de que se esté en el centro de trabajo; en tal sentido, por todas, SSTS 6 octubre 2003 (rec. 3911/2002) y 20 diciembre 2005 (rec. 1945/2004).

Pero la presunción despliega sus efectos si el accidente (infarto de miocardio) sobreviene en el vestuario y antes del inicio de la jornada de trabajo, pero después de haber fichado y mientras el trabajador se proveía obligatoriamente del equipo de protección individual; así lo expone la STS 4 octubre 2012 (rec. 3402/2011).

La presunción de laboralidad queda desvirtuada si el trabajador padece un aneurisma cerebral congénito que se rompe en los vestuarios de la empresa, produciéndole una incapacidad temporal, unido al hecho de que aún no había llegado a realizar esfuerzo o actividad que pudiera entenderse como causa del suceso; en tales términos, SSTS de 3 noviembre 2003 (rec. 4078/2002) o STS de 16 diciembre 2005 (rec. 3344/2004).

Se presume accidente laboral el shock volémico secundario, sobrevenido en tiempo y lugar de trabajo, sin que existan antecedentes médicos de enfermedades en el trabajador; en tal sentido STS de 15 junio 2010 (rec. 2101/2009).

Se presume accidente de trabajo la muerte producida por embolia pulmonar, cuando el trabajador se dirigía a su casa desde el trabajo en el que ya se había encontrado indispuesto; en tal sentido STS 14 marzo 2012 (rec. 4360/2010).

En resumen: la necesidad de aquilatar los elementos fácticos presentes en un episodio cardiovascular al igual que en otras cuestiones similares, dificulta la contradicción entre sentencias, pero no la impide. A tal efecto venimos considerando suficiente que concurra la similitud de los hechos relevantes, sin exigir una milimétrica coincidencia de factores sobre tipo de dolencia, edad, rasgos biológicos, actividad desarrollada, etc. 

Nuestra doctrina presta especial importancia al momento en que aparecen los síntomas de la dolencia; si concurren los presupuestos para que opere la laboralidad se mantiene esta calificación, aunque la crisis real acaezca con posterioridad.

B) Consideraciones específicas.

1º) En línea con la doctrina expuesta, lo relevante del caso es que estamos ante una muerte por lesión cardiovascular que se produce, fatalmente, mientras el fallecido realiza actividades físicas en el gimnasio; ha terminado su horario matinal de trabajo, pero mientras desarrollaba el mismo han aparecido síntomas de la dolencia.

2º) Los dos casos comparados reúnen la necesaria similitud: se trata de episodios o dolencias que surgen durante el horario de trabajo, que no llegan a culminar sino cuando ha terminado la jornada.

En ambos supuestos concurren particulares circunstancias laborales que podían influir en el desencadenamiento de la dolencia dadas sus características de accidente cerebro vascular.

Las sentencias comparadas llegan a soluciones distintas respecto a la naturaleza del origen de la contingencia, declarando la referencial el carácter de accidente de trabajo de la contingencia litigiosa, en tanto que la recurrida desestima la pretensión.

3º) La STS invocada para el contraste en esta ocasión también sirve como indicativa del método a seguir para realizar la comparación. Lo relevante es que en los dos casos aparecen episodios cardíacos que se inician en horario de trabajo, aunque se desencadenen y se produzca la crisis cardíaca fuera del mismo, llegando las sentencias a soluciones contradictorias. Lo decisivo es que en ambos casos se produce dicho accidente una vez finalizado el trabajo y encontrándose el trabajador fuera del centro de trabajo.

4º) Interesa dejar constancia de que no estamos valorando secuelas o alcance de dolencias, sino tan solo precisando si lo acaecido se subsume en las categorías de accidentes laborales con arreglo a las previsiones de la LGSS y de la doctrina que las interpreta.

C) Doctrina del Tribunal Supremo sobre lesiones cardiacas.

Son dos los principales obstáculos que el caso examinado plantea para que sobre el mismo pueda proyectarse la presunción de laboralidad. Primero: el causante padece cardiopatía isquémica y se le ha realizado un triple bay-pass. Segundo: la sentencia recurrida considera que la muerte surge como consecuencia del esfuerzo realizado en el gimnasio.

Sobre ambas cuestiones interesa recordar lo que hemos sostenido en anteriores y similares ocasiones. La STS nº 363/2016 de 26 abril (rec. 2108/2014) resume la doctrina que debemos aplicar al caso:

a). - La presunción "iuris tantum" del art. 115.3 LGSS se extiende no sólo a los accidentes, sino también a las enfermedades, pero ha de tratarse de enfermedades que por su propia naturaleza puedan ser causadas o desencadenadas por el trabajo, sin que pueda aplicarse la presunción a enfermedades que "por su propia naturaleza excluyan una etiología laboral" (SSTS 22/12/10 -rcud 719/10 -; 14/03/12 -rcud 4360/10 -; 18/12/13 -rcud 726/13 -; y 10/12/14 -rcud 3138/13 -).

b). - La presunción ha operado fundamentalmente en el ámbito de las lesiones cardíacas, en el que, aunque se trata de enfermedades en las que no puede afirmarse un origen estrictamente laboral, tampoco cabe descartar que determinadas crisis puedan desencadenarse como consecuencia de esfuerzos o tensiones que tienen lugar en la ejecución del trabajo (STS 14/03/12 -rcud 4360/10 -.

c).- La doctrina ha sido sintetizada con la "apodíctica conclusión" de que ha de calificarse como AT aquel en el que "de alguna manera concurra una conexión con la ejecución de un trabajo, bastando con que el nexo causal, indispensable siempre en algún grado, se dé sin necesidad de precisar su significación, mayor o menor, próxima o remota, concausal o coadyuvante", debiendo otorgarse dicha calificación cuando no aparezca acreditada la ruptura de la relación de causalidad entre actividad profesional y el hecho dañoso, por haber ocurrido hechos de tal relieve que sea evidente a todas luces la absoluta carencia de aquella relación (reproduciendo jurisprudencia previa a la unificación de doctrina, Sentencias del TS de 09/05/06 -rcud 2932/04 -; 15/06/10 -rcud 2101/09 -; y 06/12/15 -rcud 2990/13 -).

d).- El hecho de que la lesión tenga etiología común no excluye que el trabajo pueda ser factor desencadenante, por ser "de conocimiento común que el esfuerzo de trabajo es con frecuencia un factor desencadenante o coadyuvante en la producción del infarto de miocardio" (STS de 27/12/95 -rcud 1213/95 -); aparte de que "no es descartable una influencia de los factores laborales en la formación del desencadenamiento de una crisis cardiaca", ya que "las lesiones cardiacas no son por sí mismas extrañas a las relaciones causales de carácter laboral" (STS de 14/07/97 -rcud 892/96 -) (SSTS 27/02/08 -rcud 2716/06 -; y 20/10/09 -rcud 1810/08 -).

e). - Para destruir la presunción de laboralidad a que nos referimos es necesario que la falta de relación lesión/trabajo se acredite de manera suficiente, bien porque se trate de patología que por su propia naturaleza excluya la etiología laboral, bien porque se aduzcan hechos que desvirtúan dicho nexo causal (reiterando constante doctrina anterior, SSTS 20/10/09 -rcud 1810/08 -; 18/12/13 -rcud 726/13 -; y 10/12/14 -rcud 3138/13 -).

f).- Como hemos destacado recientemente, la presunción legal del art. 115.3 de la LGSS entra en juego cuando concurren las dos condiciones de tiempo y lugar de trabajo, "lo que determina, por su juego, que al demandante le incumbe la prueba del hecho básico de que la lesión se produjo en el lugar y en tiempo de trabajo; más con esa prueba se tiene por cierta la circunstancia presumida y quien se oponga a la aplicación de los efectos de la presunción tendrá que demostrar la falta de conexión entre el hecho dañoso y el trabajo" (STS de 03/12/14 -rcud 3264/13-).

D)  Resolución del recurso.

1º) Hechos probados: virtualidad de la presunción de laboralidad.

Tiene razón la Mutua impugnante cuando recuerda que el recurso casacional es inhábil para instar la revisión o valoración de los hechos probados. Por ello, prescindiendo de valoraciones, interesa recordar el contenido del HP quinto, donde se relata lo acaecido el día del fallecimiento.

1º) El causante "acude al trabajo" el día en que fallece.

2º) Dentro de su actividad (es Abogado de la empleadora) se explica que "acude a la Notaría".

3º) En la propia Notaría manifiesta no encontrarse bien.

4º) Regresa a su despacho.

5º) Algunas compañeras "lo vieron mal".

6º) Pese a lo anterior se desplaza a la sede de la empresa en la que estaba gestionando la venta de un buque y tenía reuniones al efecto.

7º) Sus compañeros aprecian que se encuentra sudoroso y pálido.

8º) Los mismos compañeros le recomiendan que acuda al gimnasio que la empresa abona a sus directivos.

9º) Mientras practica deporte, sobre las 13 horas, fallece a causa de cardiopatía isquémica.

A la vista de cuanto antecede, aplicando la doctrina de la sentencia referencial, hemos de considerar que ha operado la presunción de laboralidad. Los datos expuestos revelan que el accidente cardio vascular del trabajador se inicia mientras se encuentra en pleno desarrollo de su trabajo: en la Notaría, en las dependencias de su empresa, inmediatamente antes y después de trasladarse a otro lugar para impulsar una operación de compraventa. Es cierto que la dolencia solo se exterioriza con toda su virulencia cuando se encuentra en el gimnasio. Pero, al haber acaecido la lesión cerebral en tiempo y lugar de trabajo, entra en juego la presunción establecida en el artículo 115.3 de la LGSS. Dicho precepto dispone que "Se presumirá, salvo prueba en contrario, que son constitutivos de accidente de trabajo las lesiones que sufra el trabajador durante el tiempo y en el lugar de trabajo".

La coetaneidad entre el momento de la muerte y la práctica del deporte impide que juegue la presunción de laboralidad. Pero es que estamos ante un supuesto de dolencia arrastrada, que ha nacido con carácter profesional porque se detecta en lugar y tiempo laborales. Con arreglo a la doctrina que hemos expuesto en el Fundamento anterior (acogida por la sentencia de contraste) ese carácter laboral no desaparece por el hecho de que el trabajador haya culminado su actividad laboral y solo posteriormente se desencadene el fatal desenlace. 

Recordemos también la doctrina de la sentencia referencial:

La presunción no se excluye porque se haya acreditado que el trabajador padeciera la enfermedad con anterioridad o porque se hubieran presentado síntomas antes de iniciarse el trabajo, porque lo que se valora a estos efectos no es, desde luego, la acción del trabajo como causa de la lesión cardiaca, lo que no sería apreciable en principio dada la etiología común de este tipo de lesiones. Lo que se valora es la acción del trabajo en el marco del artículo 115.2.f) LGSS como factor desencadenante de una crisis, que es la que lleva a la situación de necesidad protegida; y esta posible acción del trabajo se beneficia de la presunción legal del art. 115.3 y no puede quedar excluida solo por la prueba de que la enfermedad se padecía ya antes; pues, aunque así fuera, es la crisis y no la dolencia previa la que hay que tener en cuenta a efectos de protección.

2º) Deducciones: no destruyen la presunción legal.

La presunción del artículo 115.3 LGSS puede contrarrestarse mediante la prueba en contrario. Como se ha expuesto arriba, a tal fin ha de acreditarse la ruptura del nexo de causalidad que la Ley presume. La Mutua expone, con brillantez, su línea argumental: aunque operase la referida presunción (como acabamos de exponer) habrá de entenderse desvirtuada porque la sentencia recurrida sostiene que la muerte se produce debido a "las exigencias físicas" de la práctica deportiva.

Digamos ya que no coincidimos con el referido enfoque de la entidad impugnante y que consideramos erróneo el modo en que la sentencia recurrida alcanza su conclusión.

La sentencia recurrida, sin alterar los hechos probados, pone en duda que el comienzo de los síntomas se produjera durante el trabajo y aventura que pudieron comenzar antes. Se trata de una suposición, opuesta tanto a la crónica judicial cuando al juego del precepto legal que alberga la presunción. Los HHPP dan cuenta de que en la Notaría y en el propio lugar de trabajado el sujeto presenta síntomas de hallarse trastornado, manifestándolo así él mismo. Numerosas sentencias, que la referencial resume, vienen explicando que:

Para excluir esa presunción se requiere prueba en contrario que evidencie de forma inequívoca la ruptura de la relación de causalidad entre el trabajo y la enfermedad y para ello es preciso que se trate de enfermedades que "no sean susceptibles de una etiología laboral o que esa etiología pueda ser excluida mediante prueba en contrario", precisándose a estos efectos que, en principio, "no es descartable una influencia de los factores laborales en la formación del desencadenamiento de una crisis cardíaca".

La sentencia recurrida atribuye a las "exigencias físicas" de la actividad deportiva el fallecimiento. Más allá de la afirmación de que haya sucedido de tal modo, no vemos en sus razonamientos (desde luego, tampoco en los inalterados HHPP de la sentencia del Juzgado) la explicación de esa afirmación, opuesta al carácter presuntivo de la hipótesis contraria. Aquí hemos de recordar que el posterior agravamiento de una patología laboral es, precisamente, un accidente de tal clase. El artículo 115.2.g) considera accidente de trabajo las consecuencias del accidente que resulten modificadas en su naturaleza, duración, gravedad o terminación, por enfermedades intercurrentes, que constituyan complicaciones derivadas del proceso patológico determinado por el accidente mismo o tengan su origen en afecciones adquiridas en el nuevo medio en que se haya situado el paciente para su curación.

La expresa presunción de la LGSS sobre laboralidad del accidente acaecido en tiempo y lugar de trabajo, el mantenimiento de esa calificación cuando se agravan tales afecciones y el tenor de nuestra doctrina impiden que pueda considerarse acertada la posición sostenida por la sentencia recurrida, que opone una deducción propia a lo anterior. La presunción de laboralidad que alberga el artículo 115.3 LGSS, desde luego, puede contrarrestarse, pero no ignorarse o neutralizarse con una mera suposición o hipótesis.

Aunque ello resulta indiferente, lo cierto es que incluso las circunstancias en que el trabajador fallece no aparecen del todo desprendidas de laboralidad: no acude a un lugar cualquiera de esparcimiento (sino al gimnasio del Club Financiero, que la empleadora subvenciona a sus directivos). Tampoco parece que la motivación de su práctica sea fundamentalmente deportiva o lúdica, sino más bien terapéutica. El breve relato fáctico sugiere que acomete el ejercicio físico, sugerido por las personas que comprueban sus problemas de salud, precisamente para intentar recuperar la normalidad.

Todo ello, lejos de destruir la presunción de laboralidad, viene a reforzar el origen profesional de la dolencia aquí examinada."

3º) Doctrina conforme a la cual hemos de concluir que, constando acreditado que la parada cardiorrespiratoria de actor se produjo en tiempo y lugar de trabajo, existe la presunción de laboralidad que no se desvirtúa pro el hecho de que hubiera podido presentar algún síntoma en días anteriores, ni por la existencia de "una probable afectación isquémica crónica", tal y como indica el diagnóstico del Hospital Gregorio Marañón, que también dice que sobre la misma se produjo una "miocardiopatía de estrés", por lo que ocurriendo ésta cuando estaba en su puesto de trabajo, hemos de estimar el recurso por tratarse de un accidente laboral conforme a la normativa y jurisprudencia que hemos expuesto.

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El derecho del perjudicado a obtener la reparación in natura es preferente sobre la indemnizatoria pero siempre que ello sea posible.

 

La sentencia de la Audiencia Provincial de Palencia, sec. 1ª, de 8 de marzo de 2021, nº 152/2021, rec. 215/2020, declara que los recurrentes tienen derecho a ser resarcidos en los perjuicios sufridos por una mala ejecución de los trabajos que en su día encomendaron a la constructora responsable del daño y ya lo sea por vía del art. 1258 CC, y la indebida ejecución del contrato de arrendamiento de obra inicialmente suscrito, o lo sea por vía del art. 1902 CC, pues ambos preceptos son citados como fundamento de la pretensión de resarcimiento ejercitada en la demanda.

Aunque, a juicio de esta Sala, la responsabilidad se asentaría en el contrato de obra defectuosamente ejecutado que determinó el daño cuya reparación ahora se solicita.

El derecho del perjudicado a obtener la reparación in natura es preferente sobre la indemnizatoria, pero siempre que ello sea posible (Sentencias del TS de 2 de diciembre de 1994 y 13 de mayo de 1996).

1º) Dadas las características del edificio dañado por el incendio y la forma en que se divide su propiedad, es evidente que no puede resarcirse a una parte en dinero y a la otra mediante la ejecución de reparación de las obras necesarias, esto es, en especie. Estamos ante un edificio que forma una unidad estructural y como tal con elementos comunes indivisibles (portal de acceso, escaleras, cubierta, paredes, vigas...). Como consecuencia de ello, el derecho al resarcimiento no cabe que sea diferenciado según el interés de cada propietario, máxime cuando la obra física, de ejecutarse, afectaría necesariamente a elementos propios de la parte que habría sido indemnizada (así sucedería con la cubierta o las paredes o elementos de la construcción que necesariamente se verían afectados por la ejecución de la obra, aunque lo fuera solo de la parte relativa a un propietario).

Esta imposibilidad de ejecución de forma distinta para cada propietario también se desprende de los propios informes periciales que obran en autos. Así, la Sra. Dolores (perito de los ahora recurrentes) destaca en su informe que "se plantea la reposición de la cubierta afectada de todo el edificio ya que no es factible reparar solo el tramo que cubre las viviendas del peticionario”. En igual sentido, el Sr. Alfredo (perito de la otra parte demandante) hace constar que la reconstrucción afectaría no solo a la parte de su cliente "sino de la caja de escaleras común y por la que se accede a las viviendas...así como la cubierta de la totalidad del inmueble. El informe pericial emitido por el Sr. Antón a propuesta de la entidad aseguradora demandada considera directamente inadmisible la solicitud de reconstrucción del inmueble siniestrado.

Es por ello que, esta Sala entiende que no puede estimarse la reparación in natura que se solicita por los recurrentes en su recurso (como antes lo hicieron en su demanda), entendiendo, en consecuencia, que lo procedente es conceder una indemnización equivalente por daños y perjuicios, tal y como se ha establecido respecto de la otra parte demandante y sin que hacerlo así suponga incurrir en incongruencia alguna respecto de lo pedido.

2º) En este sentido considera una larga jurisprudencia que el derecho del perjudicado a obtener la reparación in natura es preferente sobre la indemnizatoria, pero siempre que ello sea posible (Sentencias del TS de 2 de diciembre de 1994 y 13 de mayo de 1996). Ese presupuesto de posibilidad de cumplimiento es lo que ha llevado a esa misma jurisprudencia a considerar que en aquellos supuestos en los que el perjudicado haya pretendido infructuosamente la reparación de los defectos constatados, sin lograrlo, ya sea por imposibilidad o por incumplimiento del obligado, se acuda a la aplicación del principio indemnizatorio ya que responde a la protección del interés más fundado en derecho, (Sentencias del TS de 7 de mayo de 2002 y nº 707/2005 de 27 de septiembre).

En igual sentido se ha considerado que cuando el cumplimiento de lo pactado es rigurosamente imposible, se ha de traducir en indemnización por equivalencia, que cabe dentro de la petición alternativa contenida, en su caso, en la demanda y que en este pleito tiene cabida en la pretensión alternativa "para el caso de incumplimiento de la obligación de hacer por parte de los demandados", en la que se solicita "se faculte a los demandantes a ejecutar dichas obras a costa de los demandados, conforme a los artículos 706 y demás concordantes de la LEC", pues en esta pretensión puede considerarse implícito el resarcimiento económico (en los términos de los arts. 1098, 1101 CC y 706 LEC).

Así pues, es posible la indemnización sustitutoria por los daños y perjuicios causados por el incendio (en análogo sentido, sentencia del TS nº 250/1991 de 4 de abril), sin que pueda objetarse incongruencia extra petita o fuera de lo pedido ni ultra petita pues siendo la congruencia "la exigencia derivada de la necesaria conformidad que ha de existir entre la sentencia y las pretensiones que constituyen el objeto del proceso, existe allí donde la relación entre estos dos términos, fallo y pretensiones procesales, no está sustancialmente alterada" (Sentencias del TS de 11 de febrero de 2010; 21 de enero de 2010; 607/2012 de 16 de octubre), situación que sería la que se produce en el presente caso.

3º) En consecuencia, no siendo posible la reparación in natura, ni por razones materiales (el tejado y resto de elementos comunes son únicos), ni por norma jurídica (como cuando se imponen reparaciones exclusivas en especie y nunca en metálico), es perfectamente admisible la fijación de una indemnización por equivalencia en metálico.

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Los tipos de acciones de protección al comprador frente al incumplimiento del vendedor reguladas en el Código Civil y la acción por vicios ocultos.


El Código Civil establece diferentes acciones de protección al comprador frente al incumplimiento del vendedor.

El consumidor y usuario en caso de disconformidad del producto tiene reconocidos los siguientes derechos frente al vendedor, todos ellos compatibles, además, con una reclamación por los daños y perjuicios que se le hayan ocasionados; (1º) la reparación, (2º) la sustitución, (3º) la rebaja en el precio y (4º) la resolución del contrato.

Las acciones por defectos o vicios ocultos (arts. 1484 y ss. del CC) que reconocen al comprador el derecho a desistir del contrato (acción redhibitoria ) o la reducción o rebaja del precio (quanti minoris), e incluso a la indemnización de perjuicios en el supuesto de que el vendedor actúe de mala fe (art. 1486 del Código Civil); las acciones resolutorias por incumplimiento contractual (arts. 1124 del CC y la doctrina jurisprudencial del aliud pro alio) y la acción de indemnización consecuente al incumplimiento (art. 1101 del CC); acciones sometidas a un diferente régimen jurídico y a diferentes plazos de prescripción y caducidad.

El consumidor podrá optar, a su elección, entre la rebaja en el precio o la resolución del contrato, en caso de que no pudiera exigirse la reparación o sustitución y, en los casos en que solicitada ésta, no se hubiera llevado a cabo en un plazo razonable, o sin mayores inconvenientes para el consumidor y usuario. Ahora bien, no se podrá optar por la resolución si la disconformidad es de escasa importancia.

La rebaja del precio será proporcional a la diferencia entre el valor que el producto hubiera tenido en el momento de la entrega (de haber sido conforme con el contrato) y el valor que el producto entregado tenía en el momento de dicha entrega.

La existencia de vicios ocultos determina un quebranto del equilibrio de prestaciones establecido por las partes, y la idea de lesión es fundamental para abordar la cuestión. A la vez la existencia de vicios ocultos implica un error en el comprador, aunque las acciones de saneamiento no están concebidas en nuestro sistema como remedio por un vicio del consentimiento, sino como solución a un problema de insatisfacción del interés del comprador consecuencia de la existencia del defecto.

La doctrina sobre los vicios o defectos ocultos, contenida, entre otras, en las sentencias del TS de 17 octubre de 2005, de 29 de mayo de 2005 o en la STS de 18 de junio de 2010, señala que el éxito de la acción requiere los siguientes requisitos:

1) el vicio ha de ser oculto, es decir, no conocido ni fácilmente reconocible por el comprador por la simple contemplación de la cosa, teniendo en cuenta las condiciones que concurran en el mismo, de tal forma que se exime de responsabilidad al vendedor si el comprador es un perito que, por razón de su oficio o profesión, debía fácilmente conocerlo.

2) El vicio ha de ser preexistente a la venta, sin que se responda de los defectos sobrevenidos, pues la cosa ha de entregarse en el estado en que se hallaba al perfeccionarse el contrato (artículo 1468 del Código Civil). De ahí que el comprador debe probar no sólo la existencia del vicio, sino también que existía al tiempo de la perfección del contrato.

3) El vicio ha de ser grave; se requiere que el defecto entrañe cierta importancia, es decir, únicamente se tendrá en cuenta, respecto a la cosa vendida, "si la hacen impropia para el uso a que se la destina, o si disminuyen de tal modo este uso que, de haberlos conocido el comprador, no la habría adquirido o habría dado menos precio por ella" (artículo 1484 del Código Civil).

4) La acción ha de ejercitarse dentro del plazo legal señalado en el art. 1490 del Código Civil. No concurriendo en el presente caso todos los presupuestos indicados, la acción no podía prosperar, pues como indica la recurrente, aún en el caso de admitir que la avería proviene de una fisura interna de la culata que se habría generado con posterioridad a la primera reparación y de forma imprevista, debido a un defecto de fabricación o diseño que limitó su vida útil, no está acreditado que los graves daños aparecidos fueran inevitables y no consecuencia de una utilización inadecuada del vehículo.

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viernes, 1 de julio de 2022

A efectos del computo del plazo de caducidad de la acción de despido no cabe computar ni el día en que se interpone la conciliación, ni aquél en que se lleva a cabo.

 

La sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, sec. 1ª, de 8 de junio de 2022, nº 531/2022, rec. 4927/2019, afirma que la conciliación laboral previa tiene una naturaleza especial, compleja e híbrida, no puramente administrativa.

A efectos del cómputo del plazo de caducidad de la acción de despido, la conciliación administrativa produce la suspensión de dicho plazo tras la presentación de la papeleta de conciliación, pero se reanuda el cómputo tras la celebración de dicho acto o bien transcurridos quince días hábiles desde la indicada presentación.

Tras presentarse la demanda de conciliación queda suspendido el plazo y éste se reanuda tras celebrarse el acto o, ni no ha sucedido entonces, tras transcurrir quince días hábiles a partir de la presentación.

A) Antecedentes y términos del debate.

1º) En el procedimiento por despido solo se debate si la acción estaba caducada por haberse presentado la demanda fuera de plazo. Se trata de cuestión directamente relacionada con la aplicación de los artículos 59.3 ET y 65.1 LRJS. De ahí que, por más que resulte inusual, parezca conveniente comenzar por el examen detallado de tales preceptos.

El artículo 59.3 ET prescribe que "el ejercicio de la acción contra el despido o resolución de contratos temporales caducará a los veinte días siguientes de aquel en que se hubiera producido. Los días serán hábiles y el plazo de caducidad a todos los efectos".

El artículo 65.1 LRJS establece que "La presentación de la solicitud de conciliación o de mediación suspenderá los plazos de caducidad e interrumpirá los de prescripción. El cómputo de la caducidad se reanudará al día siguiente de intentada la conciliación o mediación o transcurridos quince días hábiles, excluyendo del cómputo los sábados, desde su presentación sin que se haya celebrado".

Asimismo, interesa recordar los términos del artículo 45.1 LRJS: "Cuando la presentación de un escrito esté sujeta a plazo, podrá efectuarse hasta las quince horas del día hábil siguiente al del vencimiento del plazo en el servicio común procesal creado a tal efecto o, de no existir éste, en la sede del órgano judicial".

2º) Mediante su sentencia 33/2019 de 24 enero el Juzgado de lo Social nº 30 de Madrid estima la demanda y declara que ha habido un despido improcedente.

Respecto de la alegada excepción de caducidad, expone que sumados los días hábiles que median entre el cese y la papeleta (seis) más los discurridos a partir del fracaso de la conciliación y la presentación de la demanda (once) no se ha superado el plazo de veinte días.

3º) Mediante su sentencia 792/2019 de 21 octubre la Sección Quinta de la Sala de lo Social del TSJ de Madrid desestima el recurso de suplicación interpuesto por la empleadora. Expone que cuando la papeleta de conciliación se presentó (4 septiembre) habían transcurrido siete días hábiles; a su vez, desde el 2 de octubre (fracasada avenencia) hasta el 18 median otras doce jornadas computables. El total (19), en consecuencia, comporta que no hay caducidad. Tras citar los mismos preceptos que el recurso considera infringidos y apuntar al día de la presentación de la papeleta de conciliación afirma que "el acto de conciliación se celebró el 2 de octubre de 2018, y hasta esta fecha el plazo estuvo suspendido".

B) Doctrina sobre la conciliación administrativa.

La cuestión suscitada está íntimamente entroncada con la naturaleza propia de la conciliación administrativa. La STS 913/2016 sintetiza así sus conclusiones:

1º) Cuando se cuestiona la idoneidad del órgano ante el que se presenta el escrito preprocesal instando la conciliación hemos advertido que ha de hacerse con arreglo a la legislación administrativa. De ahí la validez del escrito presentado ante un órgano autonómico cuando el servicio de conciliación administrativa está transferido y de ahí también que el plazo de caducidad para demandar por despido quede suspendido desde el mismo momento en que se interpone la papeleta de conciliación en la oficina postal constando fehacientemente la fecha de ello.

2º) La inserción del procedimiento administrativo de conciliación en el proceso laboral justifica el juego simultáneo de bloques normativos diversos.

Nuestra doctrina descarta la filiación puramente administrativa o puramente procesal del trámite de conciliación. Los problemas que se han suscitado no han encontrado su solución postulando el carácter estrictamente administrativo del requisito y, por tanto, la exclusiva validez de las previsiones contenidas en el bloque normativo correspondiente. Tampoco, pese a venir exigida en una norma procesal, la solución ha estado en la exclusiva validez de las previsiones contenidas en la Ley procesal.

La mixtura ontológica de la preceptiva conciliación administrativa que analizamos explica que se permita la presentación del escrito inicial con arreglo a la legislación propia del procedimiento administrativo, pero con los efectos previstos en la regulación procesal. La singular naturaleza de la conciliación administrativa así lo exige.

3º) Muestra también de esa naturaleza especial, compleja, no puramente administrativa, de la conciliación laboral en materia de despido y del propio plazo de caducidad y su incidencia en las vicisitudes de la conciliación previa, es el hecho de que ese plazo previsto en el artículo 59.3 ET, en el artículo 103.1 LRJS, se regulase en la propia norma procesal, lo que impregna ese trámite de ciertas características propias, que lo alejan de una posible naturaleza puramente administrativa y ajena al proceso laboral.

4º) La proyección de garantías procesales no desvirtúa la naturaleza híbrida de la conciliación. No solo operan respecto de la conciliación los efectos específicamente previstos para ella en las leyes procesales, como la limitación del tiempo durante el cual queda suspendido el plazo de caducidad en la acción de despido, sino que su naturaleza preprocesal inclina a extenderle algunas de las garantías propias del acceso a la jurisdicción, puesto que también está en juego la tutela judicial.

Así, cuando nuestra doctrina proyecta la garantía del art. 135 LEC sobre la conciliación no lo hace porque entienda que el trámite ha perdido su carácter administrativo, sino porque, manteniéndolo, estamos ante una cuestión afectante al acceso a la jurisdicción y debe operar la regla específica que lo facilita.

5º) Especificidad del trámite. Por más que ello pueda comportar ciertas dudas nos encontramos ante una institución híbrida, que obliga a armonizar reglas propias del procedimiento administrativo con previsiones de carácter procesal. Como hemos afirmado, este trámite preprocesal se presenta al intérprete jurídico profundamente impregnado de principios y valores procesales de características propias.

C) Incidencia de la conciliación administrativa en el cómputo de la caducidad.

Las SSTS 913/2016 de 27 octubre (rcud. 3754/2016) y 350/2022 de 19 abril (rcud. 460/2020) han concluido que, a efectos del cómputo del plazo de caducidad, se produce la suspensión del plazo tras la presentación de la papeleta de conciliación, pero se reanuda el cómputo tras la celebración de dicho acto o transcurridos quince días hábiles desde la indicada presentación.

Elementales razones de seguridad jurídica e igualdad en la aplicación del Derecho abocan a que sea esa la solución aplicada al caso, por lo que conviene recordar sus líneas argumentales.

A) Con arreglo a doctrina tradicional, a efectos del plazo de caducidad examinado no cabe computar ni el día en que se interpone la conciliación, ni aquél en que se lleva a cabo.

B) Por ministerio de la Ley la suspensión del cómputo de la caducidad tiene una duración limitada en el tiempo, sometida a dos diferentes parámetros, de tal manera que se tomará como referencia el que primero acontezca de los dos. Así, de acuerdo con el art. 65.1 LRJS el cómputo de la caducidad se reanuda bien al día siguiente de intentada la conciliación, bien transcurridos quince días hábiles -concretamente, al día siguiente hábil de esos quince días hábiles- desde la presentación de la solicitud de conciliación si ésta no se hubiera intentado con anterioridad.

El primero constituye un plazo indeterminado, en la medida en que no es posible conocer a priori el día en que la conciliación será intentada, mientras que el segundo es un plazo absoluto e inamovible, pues este plazo de quince días no se ampliará ni siquiera en el caso de que la solicitud de conciliación requiera de subsanación, para lo que se le habrá concedido un plazo al solicitante que, de esta manera, se solapa con el de la suspensión de la caducidad de la acción.

C) En ambos casos, no habrá de computarse en el plazo el mismo día de la presentación de la demanda. Este plazo de quince días hábiles desde la presentación de la papeleta de conciliación, sin que ésta se haya celebrado, implica que el cómputo de la caducidad se reanuda a partir del siguiente día sin esperar a que se celebre el acto conciliatorio y sin que una celebración posterior de éste implique la suspensión retroactiva del plazo que ya se reanudó.

D) Resolución.

1º) Unificación doctrinal.

Por las razones expuestas, debemos reiterar que la doctrina acertada para resolver la cuestión suscitada concuerda con la referencial y ya acuñada por esta Sala: A) De la específica ontología que posee la conciliación administrativa deriva que se haya limitado el tiempo durante el cual queda suspendido el plazo de caducidad en la acción de despido. B) No puede entenderse suspendido, sin tope o límite, el transcurso de tal plazo de caducidad hasta que se celebra el acto instado, sino que a partir del 15º día (hábil) se reanuda su decurso.

En suma: para computar el plazo de caducidad de la acción de despido, tras presentarse la papeleta de conciliación queda suspendido el mismo; se reanuda tras celebrarse tal acto o, si no ha sucedido entonces, tras transcurrir quince días hábiles desde la indicada presentación.

2º) Consideraciones sobre el caso.

A) La sentencia recurrida entiende que, si se celebra el acto de conciliación, sea cual sea la fecha de ello, hay que reanudar el cómputo del plazo a partir del día siguiente de celebrarse ese trámite.

Sin embargo, de conformidad con el artículo 65.1.in fine LRJS y nuestra doctrina, lo cierto es que el plazo de caducidad vuelve a discurrir si han pasado quince días hábiles desde que se presenta la solicitud de conciliación sin que se haya celebrado. Tiene razón el recurso cuando combate la doctrina aplicada por la sentencia recurrida.

B) Que sea acertada la solución procesal de la sentencia referencial, en el presente caso, no puede abocar a una maquinal estimación de lo querido por la mercantil recurrente. La caducidad posee unos perfiles singulares y ha de controlarse de oficio, al tiempo de aplicarse con escrupulosa observancia de las reglas existentes.

Se trata de operación en la que debe extremarse la atención, como lo demuestra, por ejemplo, que un simple cómputo del tiempo que media entre el despido y la presentación de la papeleta ya haya dado lugar a dos respuestas judiciales divergentes en este procedimiento: seis (Juzgado) o siete (Sala de TSJ).

C) Aplicando la doctrina reseñada los datos concurrentes (incuestionados y comprobables en los propios autos), resulta lo siguiente:

* El despido se produce el día 24 de agosto de 2018 (viernes).

* Los cinco días hábiles de la semana siguiente (desde el 27 al 31) discurren sin que haya reacción frente al mismo.

* También ha de contarse el día tres de septiembre (lunes), pero no el cuatro (martes) en que se formaliza la solicitud para intentar la conciliación.

Por lo tanto, en el momento de presentar el escrito conciliatorio (fecha que no se contabiliza) hay seis días transcurridos y quedan catorce.

D) Durante los siguientes quince días hábiles siguientes (5 al 25 de septiembre) está paralizado el cómputo, pero no se celebra el previsto acto de conciliación. En consecuencia, se reactiva el cómputo durante las restantes fechas hábiles de septiembre (26, 27, 28).

Por lo tanto, al finar el mes de septiembre son nueve las jornadas que debemos tomar en consideración a los efectos ahora examinados.

E) Como la demanda solo se presenta el 18 de octubre, también forman parte del cómputo las jornadas previas hábiles de ese mismo mes: cinco fechas en la semana que comienza el 1 (lunes); cuatro fechas en la semana que debuta el día 8 (por la festividad del 12); tres días de la semana iniciada el 15 (lunes).

F) Por tanto: cuando se presenta la demanda el jueves 18 de octubre (a temprana) hora han transcurrido ya 21 días hábiles y ni siquiera es posible aplicar la excepcional regla del artículo 45.1 LRJS y preceptos concordantes.

La acción ha caducado y así debiera haberlo apreciado la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social, con desestimación de la demanda y absolución de la mercantil contra la que se dirige.

3º) Estimación del recurso.

Las razones y argumentos que acabamos de reiterar abocan a la estimación del recurso formalizado por la empresa. Conforme al artículo 228.2 LRJS "Si la sentencia del Tribunal Supremo declarara que la recurrida quebranta la unidad de doctrina, casará y anulará esta sentencia y resolverá el debate planteado en suplicación con pronunciamientos ajustados a dicha unidad de doctrina, alcanzando a las situaciones jurídicas particulares creadas por la sentencia impugnada".

A la vista de los términos en que ha discurrido el procedimiento (Fundamento Primero) y de la forma en que debe darse respuesta al debate suscitado procede estimar lo pedido por la mercantil empleadora en su recurso de suplicación. De ese modo, también debemos privar de eficacia a la sentencia del Juzgado de lo Social y desestimar la demanda.

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domingo, 26 de junio de 2022

La doctrina del Tribunal Supremo establece que el prestamista sí puede resolver el contrato de préstamo en caso de incumplimiento grave y esencial del prestatario.

 

La sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, sec. 1ª, de 6 de junio de 2022, nº 465/2022, rec. 4554/2018, declara que la doctrina del Tribunal Supremo establece que el prestamista sí puede resolver el contrato de préstamo en caso de incumplimiento grave y esencial del prestatario.

La sentencia del pleno del TS nº 432/2018, de 11 julio, sentó como doctrina que es posible resolver el contrato de préstamo cuando el prestatario incumple de manera grave o esencial las obligaciones asumidas que sean relevantes para las partes, como la de devolver el capital en ciertas cuotas o abonar los intereses remuneratorios pactados.

A) Antecedentes.

El litigio causante del presente recurso de casación versa sobre la resolución por incumplimiento de un contrato de préstamo hipotecario.

Por lo que interesa estrictamente a efectos de la resolución del recurso, son antecedentes necesarios los siguientes.

1º) El juzgado estimó la petición principal de resolución contractual ejercitada por Bankia S.A. en la demanda que interpuso contra Gregorio.

El juzgado razonó que el incumplimiento del pago de las cuotas del préstamo con garantía hipotecaria concertado el 9 de noviembre de 2006 durante casi cinco años (desde el 9 de julio de 2012 hasta la fecha de cierre de la cuenta 15 de marzo de 2017, un total de 56 cuotas en el momento de la interposición de la demanda) era suficientemente grave como para resolver el contrato al amparo del art. 1124 CC. En consecuencia, condenó al demandado a abonar a la demandante la suma de 74.230,34 euros con los intereses de demora pactados desde la fecha de presentación de la demanda hasta su completo pago, con condena en costas.

2º) El demandado interpuso recurso de apelación y la Audiencia lo estimó parcialmente.

La Audiencia rechazó que pudiera estimarse la pretensión principal de Bankia S.A. porque consideró que no cabe la resolución de un contrato de préstamo por aplicación del art. 1124 del Código Civil. Consideró, en cambio, que sí procedía estimar la pretensión de cumplimiento contractual ejercida subsidiariamente por Bankia S.A. Como consecuencia de ello, la Audiencia revocó la sentencia del juzgado, estimó parcialmente la demanda interpuesta por Bankia S.A y condenó al demandado a abonar a la parte actora el importe de las cuotas vencidas y no pagadas hasta la fecha de la sentencia de apelación más los intereses legales, desde sus respectivos vencimientos, incrementados en dos puntos, desde la fecha de la sentencia hasta su completo pago. No impuso las costas de primera instancia ni las de la apelación.

B) Objeto del recurso de casación.

El recurso de casación se interpone al amparo del art. 477.2.3 LEC, por entender la entidad recurrente que la sentencia de apelación es contraria a la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo sobre la aplicación del art. 1124 CC a los contratos de préstamo. Cita a estos efectos la sentencia del pleno del Tribunal Supremo nº 432/2018, de 11 de julio.

La recurrente solicita que se estime el recurso, se case la sentencia recurrida, se confirme la sentencia de primera instancia y se imponga al demandado las costas de la apelación.

El recurso va a ser estimado porque la sentencia recurrida es contraria a la doctrina de la sala, de acuerdo con lo que explicamos a continuación.

C) Doctrina del Tribunal Supremo.

En las sentencias del Tribunal Supremo nº 432/2018, de 11 de julio, y nº 39/2021, de 2 de febrero, hemos declarado que el prestamista sí puede resolver el contrato de préstamo en caso de incumplimiento grave y esencial del prestatario.

Por lo que interesa a efectos del presente recurso, en la sentencia del TS nº 39/2021, de 2 de febrero, dijimos:

"En las obligaciones recíprocas, el art. 1124 CC permite al perjudicado optar entre el cumplimiento y la resolución del contrato. También puede pedir la resolución aun después de haber reclamado el cumplimiento cuando este no resulte posible.

"La sentencia del pleno del TS nº 432/2018, de 11 julio, sentó como doctrina que es posible resolver el contrato de préstamo cuando el prestatario incumple de manera grave o esencial las obligaciones asumidas que sean relevantes para las partes, como la de devolver el capital en ciertas cuotas o abonar los intereses remuneratorios pactados.

"A falta de una norma que concrete cuándo es resolutorio el incumplimiento del deudor por impago de las cuotas del préstamo, la valoración de la gravedad del incumplimiento que exige la aplicación del art. 1124 CC debe tener en cuenta tanto su carácter prolongado en el tiempo como la falta de reparación de la situación por parte del deudor, pues se trata de que el incumplimiento de las contraprestaciones que le incumben (devolución en ciertos plazos, pago de los intereses) justifique que el acreedor quiera poner fin al contrato para recuperar todo el capital prestado sin esperar al término pactado.

"A estos efectos, aun cuando el art. 24 de la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario (LCCI), no es de aplicación a los contratos cuyo vencimiento anticipado se hubiera producido antes de la entrada en vigor de tal ley, para valorar la gravedad de un incumplimiento resolutorio resultan ilustrativos y pueden servir como pauta orientativa los criterios fijados por el legislador en el mencionado precepto para permitir al prestamista reclamar el reembolso total adeudado del préstamo.

Conforme al art. 24 de la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario (LCCI):

""Los contratos de préstamo cuyo prestatario, fiador o garante sea una persona física y que estén garantizados mediante hipoteca o por otra garantía real sobre bienes inmuebles de uso residencial o cuya finalidad sea adquirir o conservar derechos de propiedad sobre terrenos o inmuebles construidos o por construir para uso residencial el prestatario perderá el derecho al plazo y se producirá el vencimiento anticipado del contrato si concurren conjuntamente los siguientes requisitos:

""a) Que el prestatario se encuentre en mora en el pago de una parte del capital del préstamo o de los intereses.

""b) Que la cuantía de las cuotas vencidas y no satisfechas equivalgan al menos:

""i. Al tres por ciento de la cuantía del capital concedido, si la mora se produjera dentro de la primera mitad de la duración del préstamo. Se considerará cumplido este requisito cuando las cuotas vencidas y no satisfechas equivalgan al impago de doce plazos mensuales o un número de cuotas tal que suponga que el deudor ha incumplido su obligación por un plazo al menos equivalente a doce meses.

""ii. Al siete por ciento de la cuantía del capital concedido, si la mora se produjera dentro de la segunda mitad de la duración del préstamo. Se considerará cumplido este requisito cuando las cuotas vencidas y no satisfechas equivalgan al impago de quince plazos mensuales o un número de cuotas tal que suponga que el deudor ha incumplido su obligación por un plazo al menos equivalente a quince meses.

""c) Que el prestamista haya requerido el pago al prestatario concediéndole un plazo de al menos un mes para su cumplimiento y advirtiéndole de que, de no ser atendido, reclamará el reembolso total adeudado del préstamo"".

D) Conclusión.

1º) La aplicación al caso de la anterior doctrina determina que estimemos el recurso de casación, pues es incorrecta la razón por la que la sentencia recurrida estima el recurso de apelación interpuesto por el demandado.

La sentencia recurrida considera que la pretensión de resolución contractual no puede estimarse porque el art. 1124 CC no es aplicable al préstamo. Esto no es correcto pues, como hemos recordado, el prestamista sí puede resolver el contrato de préstamo en caso de incumplimiento grave y esencial del prestatario (sentencias del TS nº 432/2018, de 11 de julio, y nº 39/2021, de 2 de febrero).

2º) Ha quedado acreditado en la instancia que las partes concertaron el 9 de noviembre de 2006 un préstamo a treinta años por importe de 76.000 euros y que, ante el impago por el prestatario de las cuotas a partir del 9 de julio de 2012, la entidad prestamista le notificó el importe adeudado a fecha 15 de marzo de 2017, requiriéndole para que regularizara la deuda. Desatendido el requerimiento, cuando el deudor llevaba casi cinco años sin pagar, la acreedora interpuso demanda el 2 de junio de 2017, por la que solicitó, de manera principal, la resolución del contrato y la condena al pago de la correspondiente cantidad conforme a la liquidación presentada, que no ha sido discutida.

Es indudable que el impago producido en atención al número de cuotas impagadas debe calificarse, como hizo el juzgado, cuyo criterio compartimos, como grave y esencial y, en consecuencia, el recurso de apelación del demandado debió ser desestimado.

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