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sábado, 17 de abril de 2021

En temas de compraventa de vivienda en construcción, la responsabilidad de las entidades bancarias frente a los compradores respecto de la totalidad de las cantidades anticipadas e ingresadas en una cuenta de la promotora-vendedora en tal entidad de crédito, nace del incumplimiento de la entidad financiera de su deber de control sobre los ingresos en cualesquiera cuentas del promotor.

 

A) La sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, sec. 1ª, de 1 de marzo de 2021, nº 107/2021, rec. 1350/2018, en temas de compraventa de vivienda en construcción, la responsabilidad de las entidades bancarias frente a los compradores respecto de la totalidad de las cantidades anticipadas e ingresadas en una cuenta de la promotora-vendedora en tal entidad de crédito, nace del incumplimiento de la entidad financiera de su deber de control sobre los ingresos en cualesquiera cuentas del promotor, siendo lo relevante si la misma tuvo conocimiento de la existencia de tales ingresos a cuenta del precio de la venta de las viviendas sujetas a tal régimen. 

Ley 57/1968 no ampara a los compradores que contratan por medio de una sociedad y prescinden de la cuenta indicada en sus contratos para el ingreso de los anticipos y, en fin, los ingresan por medio de otra sociedad en una cuenta diferente y una entidad de crédito distinta.

La falta de justificación aparente para prescindir de la cuenta indicada en el contrato y que los pagos se hicieran en una cuenta distinta, y además por una sociedad y no por los propios compradores de las viviendas en construcción, que de este modo no podían ser identificados por la entidad bancaria como tales (es decir, como titulares de los derechos irrenunciables de la Ley 57/1968), son razones bastantes para excluir la responsabilidad legal fundada en el art. 1-2.ª de la Ley 57/1968. 

La sentencia del Tribunal Supremo de 25 de enero de 2021, nº 24/2021, rec. 5246/2017, señala que la responsabilidad de las entidades de crédito, no es una responsabilidad a todo trance a modo de garante superpuesto siempre al avalista, sino que nace del incumplimiento de su deber de control sobre los ingresos en cualesquiera cuentas del promotor en la propia entidad de crédito, siendo lo relevante el conocimiento de la existencia de tales ingresos a cuenta del precio de venta de viviendas sujetas a tal régimen, lo que tiene lugar en cuanto se advierta la posibilidad de que se reciben cantidades a cuenta por la compra de las viviendas.

B) HECHOS: La Sentencia recurrida impone a Caja Rural Central, con arreglo a ese precepto, una inexistente obligación de control o vigilancia exorbitante de todos los ingresos realizados en la cuenta corriente ordinaria de la promotora Promociones Eurohouse y de identificar si alguno de esos ingresos puede consistir en cantidades anticipadas de un consumidor comprador de vivienda, a pesar de que en los contratos de compraventa se designó la cuenta (especial) de una entidad distinta y de que esas cantidades llegaron a la cuenta (ordinaria) de Caja Rural Central por medio de un singular mecanismo de sucesivas transferencias y entregas de cheques entre las sociedades mercantiles Plus Advisors y Ole Mediterráneo, S.L., justificándose el interés casacional en la oposición a la doctrina jurisprudencial indicada en la justificación de la admisibilidad de este recurso, y solicitándose que se fije y se declare infringida esta doctrina jurisprudencial. 

C) OBJETO DE LA LITIS: 

Como en otros recursos sustancialmente iguales (viviendas en construcción vendidas por la misma promotora Promociones Eurohouse 2010 S.L., en adelante PE) resueltos por las sentencias del Tribunal Supremo nº 503/2018, de 19 de septiembre, 411/2019, de 9 de julio, 623/2019, de 20 de noviembre, 644/2019, de 27 de noviembre, 1/2020, de 8 de enero, 147/2020, de 4 de marzo, 189/2020, de 19 de mayo, 406/2020, de 7 de julio, 453/2020, de 23 de julio, y 479/2020, de 21 de septiembre, la controversia se centra en si cabe exigir la responsabilidad legal del art. 1-2.ª de la Ley 57/1968 a la demandada-apelante y ahora recurrente, Caja Rural Central, Sociedad Cooperativa de Crédito (en adelante CRC), frente a los compradores-demandantes respecto de la totalidad de las cantidades anticipadas e ingresadas en una cuenta de la promotora-vendedora en dicha entidad de crédito, ingresos llevados a cabo no por los compradores ni por la promotora-vendedora sino por un tercero (la mercantil Olé Mediterráneo S.L., en adelante OM). 

D) A tenor de lo declarado probado en la sentencia aquí recurrida y conforme a los antecedentes tomados en consideración por las sentencias del Tribunal Supremo antes mencionadas, son datos relevantes para la decisión del recurso los siguientes: (i) el contrato de compraventa fue suscrito por los compradores D. Miguel y D.ª Marí Juana y la promotora el 7 de diciembre de 2007 y tuvo por objeto una vivienda de una promoción de PE, que se iba a construir en el término municipal de Fortuna, Murcia (doc. 1 de la demanda); (ii) la mercantil OM intervino en su comercialización representando a la promotora, mientras que los compradores estuvieron representados en la compraventa por un despacho de abogados (Plus Advisor, S.L.); (iii) siguiendo el calendario de pagos pactado, los compradores anticiparon a cuenta del precio un total de 40.125 euros, de ellos 3.000 euros el 29 de noviembre de 2007, en concepto de señal, y 37.125 euros el 22 de abril de 2008, en ambos casos mediante sendas transferencias de los compradores a una cuenta de Plus Advisors S.L., que a su vez transfirió las cantidades recibidas a una cuenta de OM, que finalmente las ingresó -la primera cantidad mediante transferencia y la segunda mediante cheque- en una cuenta corriente que la promotora tenía en CRC (docs. 3 y 4 de la demanda y 9, 10 y 11 de la contestación); (iv) por tanto, los ingresos en la cuenta de CRC no se hicieron por los compradores sino por la entidad OM; (v) declarada la promotora en concurso, en dicho procedimiento se acordó resolver el contrato por incumplimiento de la promotora (doc. 5 de la demanda, folios 39 y 40 de las actuaciones de primera instancia); (vi) en la demanda del presente litigio los compradores solicitaron, conforme al art. 1-2.ª de la Ley 57/1968, la condena de CRC a devolver todas las cantidades anticipadas incrementadas con los intereses legales desde sus respectivas entregas; (vii) en lo que interesa, la demandada negó su responsabilidad por no haber podido controlar ni fiscalizar los ingresos; (viii) la sentencia de primera instancia estimó la demanda y condenó a CRC a devolver los referidos anticipos (40.125 euros en total) más sus intereses legales, al considerar probado que el sistema de pagos no fue óbice para que CRC conociera que se trataba de pagos a cuenta del precio de venta de una vivienda en construcción promovida por PE, a pesar de lo cual la entidad receptora no exigió de la promotora la apertura de una cuenta especial debidamente garantizada, todo ello sin imponer las costas a ninguna de las partes por apreciar la existencia de dudas de derecho; (ix) solo apeló CRC alegando su falta de responsabilidad, esencialmente porque en atención a la referida mecánica de sucesivas transferencias entre distintas entidades -a las que calificaba de "entramado de sociedades"- CRC no pudo conocer el concepto en el que se hicieron los ingresos ni que estos fueran por cuenta de los compradores-demandantes, ya que se hicieron por la mercantil OM; y (x) la sentencia de segunda instancia, fundándose tanto en el cuerpo de doctrina fijado por esta sala en interpretación de la Ley 57/1968 como en lo resuelto por el propio tribunal sentenciador en casos referidos a compradores de viviendas de la misma promoción, desestimó el recurso de apelación, aunque sin imponer las costas del mismo a ninguna de las partes, y confirmó la de primera instancia con argumentos semejantes, que en lo que interesa consisten en que CRC era legalmente responsable conforme al art. 1-2.ª de la Ley 57/1968 por haber admitido ingresos de los compradores-demandantes en una cuenta de la promotora abierta en dicha entidad sin asegurarse de que la misma fuera especial y estuviera debidamente garantizada, y que a pesar del sistema de pagos a que se viene haciendo referencia "conoció expresamente" (en el caso de los 3.000 euros de la señal) o "pudo conocer desplegando una mínima diligencia profesional" (en el caso de los 37.125 euros) que se trataba de pagos a cuenta del precio de compra de una vivienda en construcción. 

E) CONCLUSION: El recurso, por tanto, debe ser estimado por las mismas razones en que se fundaron las sentencias antes citadas, dada la coincidencia sustancial tanto fáctica como jurídica entre los respectivos litigios. En lo que ahora interesa, dichas razones son las siguientes: 

1.ª) La responsabilidad de las entidades de crédito conforme al art. 1-2.ª de la Ley 57/1968 nace del incumplimiento de su deber de control sobre los ingresos en cualesquiera cuentas del promotor, siendo lo relevante si conoció o tuvo que conocer la existencia de esos ingresos a cuenta del precio de venta de viviendas sujetas a dicho régimen, lo que tiene lugar "en cuanto advierta la posibilidad de que se estén recibiendo cantidades a cuenta por la compra de viviendas" (sentencia del TS nº 636/2017, de 23 de noviembre). 

2.ª) En este caso, como en los otros recursos, tiene razón CRC cuando cuestiona la inferencia de la sentencia recurrida de que conoció, o al menos no podía desconocer, que los 40.125 euros ingresados en la cuenta corriente abierta en dicha entidad a nombre de PE se correspondían con anticipos de los compradores-demandantes a cuenta del precio de su vivienda, pues según declaró a este respecto la sentencia del TS nº 503/2018, y reiteraron las posteriores, al no ser la responsabilidad legal de la entidad de crédito fundada en el art. 1-2.ª de la Ley 57/1968 una responsabilidad "a todo trance, a modo de garante superpuesto siempre al avalista o asegurador", sino "una responsabilidad derivada del incumplimiento de los deberes que les impone dicha ley", esta no ampara "a quienes, como los compradores recurridos, contratan por medio de una sociedad, prescinden de la cuenta indicada en sus contratos para el ingreso de los anticipos y, en fin, los ingresan por medio de otra sociedad en una cuenta diferente y una entidad de crédito distinta". La sentencia del TS nº 411/2019, citada por las sentencias del TS nº 623/2019, 189/2020 y 479/2020, añadió que "el argumento de que por ser OM una intermediaria de los compradores la demandada tendría que conocer el origen de los ingresos [...] se opone a la doctrina jurisprudencial de esta sala". 

3.ª) Esta doctrina es plenamente aplicable en el presente caso, porque de nuevo la sentencia ahora recurrida establece la responsabilidad de CRC sin ponderar debidamente la relevancia del hecho de que los ingresos por importe total de 40.125 euros no se hicieran por los compradores sino por un tercero, en concreto una sociedad mercantil (OM), sin dar razón suficiente de que se correspondieran con anticipos de compradores de viviendas protegidos por la Ley 57/1968. Por tanto, también en este caso la falta de justificación aparente para prescindir de la cuenta indicada en el contrato y para que los pagos se hicieran en una cuenta distinta, y además por una sociedad y no por los propios compradores de las viviendas en construcción, que de este modo no podían ser identificados por la hoy recurrente como tales (es decir, como titulares de los derechos irrenunciables de la Ley 57/1968), son razones bastantes para excluir la responsabilidad legal fundada en el art. 1-2.ª de la Ley 57/1968. 

4.ª) Ni siquiera el simple hecho de que OM hiciera constar en el "concepto" de la transferencia de los 3.000 euros correspondientes a la señal (doc. 3 de la demanda) las palabras "Fortuna Golf", junto con los apellidos de los compradores, puede determinar que la entidad de crédito responda de esa cantidad conforme al art. 1-2.ª de la Ley 57/1968, pues así lo vienen entendiendo las referidas sentencias de esta sala sobre viviendas promovidas por PE ante expresiones semejantes, habida cuenta que CRC solo podría haber conocido su procedencia realizando una verdadera labor inquisitiva, legalmente no exigible, sobre cualquier ingreso realizado en la cuenta de la promotora.

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Los intereses de las cantidades anticipadas para la compraventa de una vivienda en construcción, se devengan desde la fecha de cada anticipo, dado que se trata de intereses remuneratorios y no moratorios.

 

A) La sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, sec. 1ª, de 1 de marzo de 2021, nº 106/2021, rec. 4534/2017, declara que, en relación a la determinación del día inicial del devengo del interés legal de las cantidades anticipadas para la compraventa de una vivienda en construcción, señala de conformidad con lo establecido en la normativa aplicable se ha de entender como día inicial del cómputo del devengo de tales intereses el de la fecha de cada cantidad anticipada, dado que se trata de intereses remuneratorios y no moratorios. 

Los intereses a que se refieren la Ley 57/1968 (art. 3) y la Disposición Adicional primera de la Ley de Ordenación de la Edificación en su redacción aplicable a las cantidades anticipadas para la compraventa de una vivienda en construcción, se devengan desde la fecha de cada anticipo, dado que se trata de intereses remuneratorios y no moratorios. 

B) ANTECEDENTES DE HECHO: 

1º) El 14 de diciembre de 2015 se presentó demanda interpuesta por don Arturo y doña Josefina contra La Caixa S.A. (en puridad, Caixabank S.A.) y la entidad aseguradora UAB BTA Draudimas solicitando se dictara sentencia con los siguientes pronunciamientos: 

"1º.- Se declare la responsabilidad solidaria de CAIXABANK, S.A. (ANTES LA CAIXA) Y UAB BTA DRAUDIMAS, dimanante de las pólizas de garantía suscritas con la mercantil TRAMPOLÍN HILLS GOLF RESORT, S.L., con el fin de garantizar la restitución de las aportaciones anticipadas por los actores al amparo de la Ley 57/68, siendo irrelevante al caso la inexistencia de documento de aval individualizado o seguro nominativo; declarándose la eficacia de dichas pólizas como garantía solidaria de la devolución de las cantidades anticipadas por los actores, en los casos previstos en meritada norma. 

"2º.- Subsidiariamente, se declare la responsabilidad de ambas codemandadas (CAIXABANK, S.A. (ANTES LA CAIXA) Y UAB BTA DRAUDIMAS), por no haber cumplido la obligación "in vigilando" impuesta por el art. 1.2 "in fine" (*) de meritada Ley 57/68, al no haberse asegurado de que los anticipos depositados por los actores estaban debidamente garantizados, de modo que quedase asegurada su devolución en los casos previstos por la norma (*- "Para la apertura de estas cuentas o depósitos la Entidad bancaria o Caja de Ahorros, bajo su responsabilidad, exigirá garantía a que se refiere la condición anterior"). 

"3º En consecuencia de cualquiera de los dos pronunciamientos declarativos, se declare la asimilación de los demandantes a la situación y condición jurídica que tendrían exactamente como beneficiarios y titulares de certificados de aval o seguro individual por el importe de sus correspondientes aportaciones anticipadas, condenando a ambas codemandadas solidariamente, a la restitución del principal anticipado más los intereses legales que se devenguen desde la fecha de ingreso de cada anticipo, hasta la fecha de efectivo pago, tal y como previene la Disposición Adicional la de la LOE 38/99, fijándose el importe de los reintegros en la cantidad de 31.060,00 Euros, en concepto de principal, más otros 11.848,31 Euros, en concepto de intereses devengados desde la fecha de cada ingreso hasta el día de la interposición de la demanda (14/12/2015), con más los intereses legales que se sigan devengando desde la última fecha de cálculo de los intereses y hasta el día del efectivo reintegro de las aportaciones”. 

2º) Recibido el pleito a prueba y seguido por sus trámites, la magistrada-juez del mencionado juzgado dictó sentencia el 28 de noviembre de 2016 con el siguiente fallo: 

"Estimando como estimo íntegramente la demanda de reclamación de cantidad interpuesta por la representación procesal de D. Arturo Y D.ª Josefina contra CAIXABANK S.A. debo condenar y condeno a esta última a que abone al actor la cantidad de VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA EUROS (25.260 €), más 9.798,26€ de intereses ya calculados hasta la demanda, más los que sigan devengándose hasta el pago, conforme al fundamento jurídico cuarto de la presente resolución y al pago de las costas procesales". 

3º) Interpuesto por Caixabank S.A. contra dicha sentencia recurso de apelación, al que se opuso la demandante y que se tramitó con el n.º 373/2017 de la sección 4.ª de la Audiencia Provincial de Valencia, esta dictó sentencia el 22 de septiembre de 2017 con el siguiente fallo: 

"Que, con estimación parcial del recurso de apelación, interpuesto por el/la Procurador/a D.-Dª. Margarita Sanchis Mendoza en representación de CAIXABANK contra la sentencia de fecha 28 de noviembre de 2016, dictada por el Juzgado de Primera Instancia Nº 4 de Valencia, debemos revocar el pronunciamiento sobre los intereses y costas, dejándolos sin efecto, y en su lugar se dicta otro que condena al pago de los intereses legales desde el 11 de diciembre de 2015 y deja sin efecto la condena en costas, confirmando el resto de los pronunciamientos. Sin pronunciamiento especial en cuanto a las costas de segunda instancia". 

C) DIES A QUO PARA EL COMIENSO DEL PAGO DE LOS INTERESES: 

Condenado en ambas instancias el banco demandado como avalista colectivo, con base en la jurisprudencia interpretativa de la Ley 57/1968, a pagar a los demandantes, hoy recurrentes, las cantidades que reclamaban como anticipos a cuenta del precio de su vivienda más sus intereses legales, el objeto del presente recurso se reduce a determinar el comienzo de su devengo, toda vez que los recurrentes piden que se fije el día inicial en la fecha de entrega de cada una de las cantidades anticipadas, como acordó la sentencia de primera instancia, frente al criterio de la sentencia recurrida de fijarlo en la fecha de la reclamación extrajudicial a la entidad avalista. 

En lo que interesa, el tribunal sentenciador razona que la sentencia del Tribunal Supremo de 7 de mayo de 2014 fijó doctrina en el sentido de que el día inicial se sitúa en la fecha de la reclamación judicial o extrajudicial a la entidad avalista, debiéndose estar en este caso a la fecha en que tuvo lugar la extrajudicial. 

Contra dicha sentencia los demandantes han interpuesto recurso de casación por interés casacional formalmente articulado en dos motivos pero referido exclusivamente a la cuestión del inicio del devengo de los intereses, aduciendo (con el doble argumento de que ha de estarse a la especialidad de la Ley 57/1968 frente al CC y de que no son intereses, de demora sino remuneratorios) la procedencia de que se devenguen desde cada entrega a la promotora y pidiendo en consecuencia que se case la sentencia recurrida y se confirme la de primera instancia. 

D) OBJETO DE LA LITIS: Limitada la discrepancia de la parte compradora-recurrente al comienzo del devengo del interés legal de las cantidades anticipadas que se le han reconocido en el presente litigio, como lo que pide es que se fije en la fecha de cada aportación en vez de en la fecha de reclamación extrajudicial al banco avalista, el recurso ha de ser estimado por ser patente que la sentencia recurrida se opone a la jurisprudencia consolidada de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo contenida, entre las más recientes, en las sentencias del TS nº 514/2020, de 7 de octubre, nº 452/2020, de 21 de julio, nº 177/2020, de 18 de mayo, nº 161/2020, de 10 de marzo, y nº 66/2020, de 3 de febrero, según la cual, los intereses a que se refieren la Ley 57/1968 (art. 3) y la d. adicional primera de la Ley de Ordenación de la Edificación en su redacción aplicable al caso se devengan desde la fecha de cada anticipo, dado que se trata de intereses remuneratorios y no moratorios.

De esta jurisprudencia no se aparta la sentencia del TS nº 218/2014, de 7 de mayo, pues si en esta se condenó al avalista al pago de los intereses legales desde que fue requerido de pago fue porque al asumir la instancia se estimó la demanda y esta no contenía una petición expresa de condena al pago de intereses desde cada anticipo, del mismo modo que otras sentencias de esta sala no han acordado el devengo de intereses desde cada anticipo bien por razones de congruencia con lo pedido en la demanda, o bien por la conformidad de la parte demandante con lo acordado en su día en la instancia, nada de lo cual concurre en este caso, toda vez que desde un principio la parte demandante ha fijado el día inicial del devengo de los intereses reclamados en la fecha de cada entrega de las cantidades anticipadas.

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Coexistencia de cobertura sanitaria pública de los ciudadanos del Espacio Económico Europeo y Suiza en el extranjero por medio de la tarjeta sanitaria europea, con la posibilidad de cobertura privada a través de seguros de salud o de viaje.

 

A) La sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, sec. 1ª, de 11 de abril de 2018, nº 208/2018, rec. 1790/2015, manifiesta que el título en que basa la prestación sanitaria que presta a un ciudadano holandés, en España, en el sistema sanitario público, es por una póliza de seguro de asistencia sanitaria, obligatorio o voluntario, en función de un seguro de viaje, y no bajo la cobertura de la tarjeta sanitaria europea, dado que los servicios se prestaron en España, se aplica la legislación española, por lo que debe tenerse en cuenta que conforme a esta para el cobro de dicha asistencia sanitaria el hospital tiene las acciones previstas para reclamar del tercero responsable el coste de los servicios prestados. 

Porque el holandés asegurado, no presentó en ningún momento en el hospital la tarjeta sanitaria europea (TSE); no acudió al hospital como usuario de la red pública de la seguridad social, sino como paciente privado; y desde el primer momento manifestó que tenía una póliza de seguro médico.

El artículo 105 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro establece que:

 

"Cuando el riesgo asegurado sea la enfermedad, el asegurador podrá obligarse, dentro de los límites de la póliza, en caso de siniestro, al pago de ciertas sumas y de los gastos de asistencia médica y farmacéutica. Si el asegurador asume directamente la prestación de los servicios médicos y quirúrgicos, la realización de tales servicios se efectuará dentro de los límites y condiciones que las disposiciones reglamentarias determinan". 

B) RESUMEN DE ANTECEDENTES. 

1.- Entre el 2 y el 11 de mayo de 2010, se prestaron servicios médicos al paciente Isidoro, de nacionalidad holandesa, en el hospital del Mar, de Barcelona, en virtud de un convenio con la empresa Gestitursa Catalunya S.L. (en adelante, Gestitursa). 

2.- Tales servicios dieron lugar a una factura por importe de 15.458,46 euros. 

3.- El Sr. Isidoro tenía concertado en esas fechas un seguro privado con la compañía holandesa de seguros médicos Iza Zorgverzekeaar NV, representada en España por ANWB Real Touring Club de los Países Bajos (en adelante, ANWB). 

4.- Gestitursa formuló una demanda contra ANWB, en la que solicitaba que se la condenara al pago de 8.678,64 euros (diferencia entre el total facturado y la cantidad abonada extrajudicialmente por la demandada, 6.799,82 euros), más sus intereses legales. 

5.- La compañía de seguros se opuso, al considerar que su cobertura era de carácter público, equivalente a la del sistema sanitario público holandés, por lo que únicamente debía abonar el precio correspondiente a las tarifas públicas, que coincide con la suma pagada extrajudicialmente. 

6.- La sentencia de primera instancia estimó íntegramente la demanda, al considerar que la prestación de servicios médicos al Sr. Isidoro no fue de naturaleza pública, ni estaba acogida a la normativa europea sobre asistencia sanitaria internacional, sino que fue una relación jurídica privada entre un centro médico y la compañía de seguros del paciente al que se prestaron los servicios facturados. 

7.- Interpuesto recurso de apelación contra dicha sentencia por la entidad demandada, la Audiencia Provincial lo estimó, por los siguientes y resumidos argumentos: (i) La relación entre la aseguradora y el asegurado era de carácter privado, pero de origen legal, conforme al sistema de seguridad social holandés. (ii) Como consecuencia de ello, la demandante debía haber dirigido su solicitud a la administración sanitaria autonómica, para que ésta, a su vez, reclamara el pago a la administración sanitaria holandesa. (iii) Por tales razonas, aprecia falta de legitimación pasiva de la demandada. Por lo que revocó la sentencia de primera instancia y desestimó la demanda. 

C) REGULACION LEGAL: La coexistencia de cobertura sanitaria pública de los ciudadanos del Espacio Económico Europeo y Suiza en el extranjero con la posibilidad de cobertura privada a través de seguros de salud o de viaje. 

1.- La Unión Europea establece una serie de normas comunes que protegen los derechos de seguridad social (inclusive la asistencia sanitaria) de sus ciudadanos cuando se desplazan por el Espacio Económico Europeo (los veintiocho países miembros de la UE más Islandia, Liechtenstein y Noruega) y Suiza. Las normas sobre coordinación de la seguridad social no reemplazan a los regímenes nacionales por un régimen europeo único, sino que cada país decide según su legislación nacional quién está asegurado, qué prestaciones percibe y qué requisitos debe cumplir. Estas normas que, en lo que ahora importa, protegen a los nacionales de los países indicados que estén o hayan estado asegurados en uno de ellos, se rigen por los siguientes principios: (i) Sólo se puede estar cubierto por la normativa de un país a la vez, de modo que sólo se cotiza en un país. (ii) Cada asegurado tiene los mismos derechos y obligaciones que los nacionales del país donde esté cubierto: principio de igualdad de trato o no discriminación. (iii) Cuando se solicita una prestación, deben contabilizarse, en su caso, los periodos anteriores de seguro, trabajo o residencia en otros países. (iv) En general, si se tiene derecho a una prestación en metálico en un país, puede seguir percibiéndose, aunque se resida en otro: principio de exportabilidad. 

2.- En las fechas en que se prestaron los servicios sanitarios cuyo cobro se pretende regía el Reglamento (CE) n° 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social, y el Reglamento (CE) nº 987/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, por el que se adoptan las normas de aplicación del Reglamento (CE) nº 883/2004. Pero debe tenerse en cuenta que tales Reglamentos no sustituyen a los sistemas nacionales por un sistema único europeo. 

3.- Los Reglamentos reconocen las denominadas prestaciones de enfermedad en especie, que incluyen la asistencia sanitaria, los tratamientos médicos, los medicamentos y hospitalizaciones, algunas prestaciones para personas dependientes, así como pagos directos destinados a reembolsar sus gastos. Tales prestaciones se conceden de acuerdo con la legislación del país en el que reside o se encuentra temporalmente el paciente, como si estuviera asegurado en ese país. 

Para garantizar estos derechos, se expide a los ciudadanos europeos que se desplazan dentro del Espacio Económico Europeo (es decir, la Unión Europea, Noruega, Islandia y Liechtenstein) y Suiza, por motivos privados, profesionales o de estudios, un documento denominado tarjeta sanitaria europea (TSE), con la finalidad de simplificar el procedimiento en caso de necesitarse asistencia sanitaria durante una estancia temporal en uno de estos países. Todos los Estados miembros deben emitir y distribuir la TSE en su territorio. 

4.- En el caso de los Países Bajos, sus nacionales y residentes están obligados por ley (Ley del Seguro de Asistencia Sanitaria de 2005, que entró en vigor el 1 de enero de 2006) a contratar un seguro de salud básico con alguna de las compañías de seguros privadas que están autorizadas por los poderes públicos. Según la propia Ley del Seguro de Asistencia Sanitaria, esta supervisión pública no priva a las compañías de seguros de su carácter privado, ni obsta a que las pólizas de seguro médico sean contratos de derecho privado. No obstante, el aseguramiento obligatorio holandés da derecho a la obtención de la TSE. 

5.- Junto a la cobertura por un régimen sanitario público, debe tenerse en cuenta que un extranjero puede estar cubierto por una póliza de seguro de asistencia sanitaria, obligatorio o voluntario, como sucedió en este caso, en que el Sr. Isidoro fue atendido en función de un seguro de viaje. Es decir, el título en que basó la prestación sanitaria que se le prestó no fue la TSE, sino el seguro de viaje. 

En cuyo supuesto, y dado que los servicios se prestaron en España, se aplica la legislación española, por lo que debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el art. 83 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, conforme al cual: 

“Los ingresos procedentes de la asistencia sanitaria en los supuestos de seguros obligatorios especiales y en todos aquellos supuestos, asegurados o no, en que aparezca un tercero obligado al pago, tendrán la condición de ingresos propios del Servicio de Salud correspondiente. Los gastos inherentes a la prestación de tales servicios no se financiarán con los ingresos de la Seguridad Social. En ningún caso estos ingresos podrán revertir en aquellos que intervinieron en la atención a estos pacientes. 

A estos efectos, las Administraciones Públicas que hubieran atendido sanitariamente a los usuarios en tales supuestos tendrán derecho a reclamar del tercero responsable el coste de los servicios prestados”. 

Previsión legal que, en caso de existencia de un seguro de asistencia sanitaria, ha de ser puesta en relación con el art. 105 de la Ley de Contrato de Seguro, que establece que: 

“Cuando el riesgo asegurado sea la enfermedad, el asegurador podrá obligarse, dentro de los límites de la póliza, en caso de siniestro, al pago de ciertas sumas y de los gastos de asistencia médica y farmacéutica. Si el asegurador asume directamente la prestación de los servicios médicos y quirúrgicos, la realización de tales servicios se efectuará dentro de los límites y condiciones que las disposiciones reglamentarias determinan”. 

D) Aplicación al caso de la legislación expuesta. 

1º) Según la propia declaración de hechos probados contenida en la sentencia recurrida, el Sr. Isidoro no presentó en ningún momento en el hospital la tarjeta sanitaria europea (TSE); no acudió al hospital como usuario de la red pública de la seguridad social, sino como paciente privado; y desde el primer momento manifestó que tenía una póliza de seguro médico. 

2º) En consecuencia, en contra de lo concluido por la Audiencia Provincial, no cabe considerar que el Sr. Isidoro recibiera la prestación sanitaria en el ámbito del sistema de cobertura público europeo, sino que, por el contrario, acudió al hospital como paciente privado, amparado por una póliza de seguro sanitario privada y recibió una prestación asistencial de dicha naturaleza, para cuyo cobro, hasta el límite cubierto en la póliza, el hospital tiene las acciones previstas en los arts. 83 de la Ley General de Sanidad y 105 de la Ley de Contrato de Seguro.

3º) Lleva razón, además, la parte recurrente cuando, al final de la exposición del segundo motivo de casación, afirma que la sentencia recurrida no tiene en cuenta que la parte demandada ha ido contra sus propios actos, puesto que reconoció la relación de aseguramiento, garantizó los pagos y llegó a pagar parcialmente la factura reclamada. Con tales actuaciones creó en la demandante una confianza en la cobertura económica de los servicios médicos prestados y la indujo a continuar prestándolos, sin que posteriormente pueda pretender negar aquella situación (Sentencias del TS nº 295/2010, de 7 de mayo, y nº 760/2013, de 3 de diciembre). 

4º) Razones por las cuales el recurso de casación debe ser estimado y al casar la sentencia recurrida, asumir la instancia para desestimar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y confirmar la sentencia de primera instancia.

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La compañía aseguradora está obligada a pagar la factura por la asistencia sanitaria prestada a su asegurado en un centro público cuando se incluye dentro de la cobertura pactada en un seguro de viaje pues debe estarse a la voluntad del paciente de ser atendido conforme a la póliza suscrita, aunque tenga tarjeta sanitaria europea.

 

A) La sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, sec. 10ª, de 18 de enero de 2016, nº 16/2016, rec. 816/2015, determina que la aseguradora está obligada a pagar la factura por la asistencia sanitaria prestada a su asegurado en un centro público cuando se incluye dentro de la cobertura pactada en un seguro de viaje pues debe estarse a la voluntad del paciente de ser atendido conforme a la póliza suscrita, aunque tenga derecho a ser tratado por el sistema nacional de salud por tener Tarjeta Sanitaria Europea.  

Es decir, que existe el derecho a la libre elección de centro sanitario privado en caso de necesidad de asistencia sanitaria de un asegurado en un viaje cubierto por un seguro de viaje, aunque tenga tarjeta sanitaria europea. 

B) ANTECEDENTES: Mediante petición inicial de Juicio monitorio se ejercita por la mercantil demandante -en su calidad de gestora de los servicios de atención en la asistencia hospitalaria prestada por la empresa pública Hospital de la Costa del Sol a turistas y transeúntes extranjeros- acción directa contra la compañía demandada en su condición de asegurador de la póliza de seguro de viaje contratada por don Basilio en reclamación de los gastos originados por la atención médica e ingreso hospitalario de su asegurado que tuvo lugar los días 6 y 7 de mayo de 2012 en el Hospital de Benalmádena por importe de 3.935,87 euros, alegando el paciente su condición de asegurado privado con cargo a la póliza referida. 

Ante la oposición de la parte demandada, con invocación de falta de legitimación activa del peticionario y su disconformidad con el coste de la atención médica que debería ajustarse a las tarifas oficiales aprobadas por la Junta de Andalucía al prestarse el servicio en una institución pública, se procedió al archivo del proceso monitorio y se acordó continuar la tramitación por el cauce previsto para el juicio verbal. 

La sentencia de instancia acogió en su integridad la pretensión de la parte actora, condenando a la aseguradora demandada al abono de los gastos sanitarios derivados de la atención sanitaria prestada a su asegurado en el Hospital de Benalmádena, una vez deducida la franquicia establecida, rechazando la falta de legitimación activa al resultar de los contratos y demás documentos adjuntados por la demandante, la adjudicación por la Empresa Pública Hospital Costa del Sol, que es titular del Hospital de Alta Resolución de Benalmádena a Gestitursa Andalucía S.L del servicio de atención global al paciente extranjero y la facturación y gestión de cobros de la asistencia sanitaria prestada a extranjeros con cobertura sanitaria garantizada mediante seguro privado que acudan a los servicios de urgencia de los hospitales pertenecientes a aquélla, a la vez que considera que al tratarse de una actuación de urgencia, aunque se trate de un hospital público en el que se prestó asistencia al paciente, viene cubierta por el clausulado de la póliza de seguro que el Sr Basilio contrató con la demandada. De igual modo, rechaza la existencia de pluspetición aducida al quedar acreditado mediante la prueba practicada en la vista del juicio, que la factura aportada se ajusta a los precios de la Sanidad andaluza. 

C) LEGITIMACION ACTIVA DE LA EMPRESA DEMANDANTE: Como primer motivo de impugnación reitera en esta instancia la apelante la falta de legitimación activa de la empresa demandante al negarle el derecho a reclamar la asistencia sanitaria prestada por el Hospital público de Benalmádena. Ha de entenderse por consiguiente, que se cuestiona la legitimación ad causam de la actora, a la que se refiere el art 10 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) "Serán considerados partes legítimas quienes comparezcan y actúen en juicio como titulares de la relación jurídica u objeto litigioso...", que integra un presupuesto de la acción y viene determinada por la titularidad de la relación jurídico-material invocada por el demandante en el proceso, presuponiendo en dicho demandante un verdadero y directo interés jurídico en el ejercicio de la acción correspondiente (Sentencias del TS de 24 mayo de 1995 y 17 de noviembre de 2011), a diferencia de la personalidad, (conocida con la expresión, ya superada por la nueva LEC, de legitimatio ad procesum) que comprende las cualidades necesarias para comparecer en juicio -capacidad para ser parte y capacidad procesal- que los arts. 6.3 y 7.4 LEC reconocen a las personas jurídicas entre las que se encuentran las sociedades mercantiles legalmente constituidas. 

1º) La Sentencia del Pleno de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 16 de enero de 2013 resalta -con mención de la Sentencia de 30 de marzo de 2006- que la legitimación ad causam activa se visualiza en una perspectiva de relación objetiva entre el sujeto que demanda y el objeto del proceso, más concretamente entre el derecho o situación jurídica en que se fundamenta la pretensión y el efecto jurídico pretendido. En su versión ordinaria se estructura en la afirmación de la titularidad de un derecho o situación jurídica coherente con el resultado jurídico pretendido en el Petitum" de la demanda. La realidad o existencia del derecho o situación jurídica afirmada no forma parte de la legitimación, sino de la cuestión de fondo, respecto de la que aquélla es de examen previo. 

En este sentido, como se afirma en la sentencia de instancia la legitimación de la mercantil Gestitursa Andalucía S.L. para el ejercicio de la acción de reclamación de gastos de asistencia prestada a un turista extranjero por el Hospital de Alta Resolución de Benalmádena, deriva de la adjudicación de este servicio que realizó al amparo de la Ley 30/2007 de 30 de octubre de Contratos del Sector Público, el Director Gerente de la Empresa Pública Hospital de la Costa del Sol, titular de aquél centro hospitalario a favor de la demandante, estando en vigor hasta el día 10 de septiembre de 2013, como queda cumplidamente acreditado a través de los contratos aportados a la vista del juicio (Documentos núms. 2 a 6) y de conformidad con el pliego de licitación (doc. núm. 1), en el que entre otras materias se le encomendaba a tenor de la cláusula primera del contrato, la facturación y gestión de cobros de terceros obligados al pago en la asistencia prestada a turistas y transeúntes extranjeros, cuya especificación se detalla en el pliego de prescripciones técnicas al referirse en la descripción del Servicio a prestar a la Gestión de facturación y cobros a pacientes y terceros obligados al pago no residentes en España o sus representantes legales. El adjudicatario aportará a los usuarios la información necesaria sobre sus coberturas necesarias, los derechos que le asisten. Si la asistencia a un paciente con calidad de ciudadano no residente en España es susceptible de ser facturada y cobrada a un tercero obligado al pago, se encargará de todos los trámites dirigidos a la facturación y cobro de la asistencia según los precios incluidos en su oferta. 

Y es en virtud de este acto negocial, por el que ha de afirmarse la plena legitimación para el ejercicio de la acción entablada, como titular por cesión del derecho a reclamar los honorarios devengados por el centro hospitalario, que en modo alguno presupone el éxito de la acción, por cuanto que pueden concurrir hechos excluyentes, obstativos, impeditivos o extintivos de la pretensión que se deduce, pero que no forman parte de la legitimación que le asiste. 

La tesis de la recurrente de que estos contratos de prestación de servicios, no serían de aplicación a quienes estén en posesión de la Tarjeta Sanitaria Europea constituiría un hecho excluyente de la reclamación, relativo al fondo de la cuestión litigiosa; afectaría a "... la realidad o existencia del derecho o relación jurídica afirmada.." en expresión de la Sentencia antes citada y por consiguiente "....no forma parte de la legitimación sino de la cuestión de fondo, respecto de la que aquélla es de examen previo". 

D) LIBERTAD DE ELEECCION DE CENTRO SANITARIA EN UN SEGURO DE VIAJE: 

1º) Como segundo motivo del recurso aduce la incorrecta consideración del Sr Basilio como paciente privado, pues disponía de una Tarjeta Sanitaria Europea en vigor, o en su caso la entidad aseguradora ofreció enviar el Certificado Provisional Sustitutorio, alegando asimismo que la póliza excluye la cobertura del coste de tratamiento médico privado cuando esté disponible para el asegurado asistencia sanitaria pública. 

Tras el examen de las actuaciones y el visionado de la grabación del juicio hemos de considerar que la Juez de instancia efectúa un análisis de los documentos probatorios aportados por ambos litigantes y declaraciones vertidas en la vista del juicio, que interpreta de modo lógico, distribuyendo de forma adecuada la carga de probar que compete a cada parte procesal, lo que lleva a la conclusión de que la valoración que realiza del elenco probatorio obrante en autos se ajusta a las reglas de la sana crítica ( art 316.2 y 376 LEC) y no resulta en absoluto irracional o ilógica (art 218.2 LEC). 

2º) En relación con la posesión por parte del paciente de la Tarjeta Sanitaria Europea que se prevé en el art 25 del Reglamento(CE) 987/2009 de 16 de septiembre de 2009 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se adoptan normas de aplicación del Reglamento (CE) nº 883/2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social como medio eficaz para que cualquier ciudadano asegurado en un Estado miembro pueda durante su estancia temporal en otro Estado miembro recibir prestaciones en especie necesarias desde un punto de vista médico en las mismas condiciones que sus residentes, ha quedado acreditado por la testifical del Sr Gabriel que al tiempo del ingreso hospitalario del Sr Basilio éste no presentó la Tarjeta Sanitaria Europea -que aunque constituye un derecho de todo residente de la Unión Europea no puede tornarse en una obligación-, circunstancia que aparece corroborada por el consentimiento firmado por el representante del paciente (su esposa) en el que expresó su voluntad de hacer uso del seguro de asistencia concertado con la compañía demandada, manifestando textualmente que "... está de acuerdo con que la asistencia sanitaria prestada por el hospital sea tramitada por Gestitursa Andalucía S.L a través de mi compañía aseguradora, "facilitada en el encabezamiento del escrito (Documento nº 7 de la demanda), y así también por la declaración del testigo deponente Sr Heraclio, pues de haber estado en posesión de este documento no hubiera sido necesario ofrecer el envío del Certificado Provisional Sustitutorio que propuso al personal administrativo según sus manifestaciones, -que apreciadas conforme a las reglas de la sana crítica no ofrecen la misma verosimilitud que las del testigo presencial de los hechos-, y toda vez que la gestión del empleado del asegurador se limitó a un contacto telefónico, sin realizar otro tipo de comunicación fehaciente rápida y eficaz como pudo ser el envío del Certificado Provisional Sustitutorio ofertado vía telemática o a través del fax, de modo que quedara patente la voluntad del paciente de acogerse al Reglamento 883/2004, en cuyo caso la institución sanitaria hubiera venido obligada -sin opción alguna- a aplicar al residente comunitario las mismas condiciones que al residente en España. 

Por tanto, no se cuestiona en este proceso el derecho del Sr Basilio a ser tratado por el Sistema Nacional de Salud como cualquier otra persona asegurada, o de la inobservancia del art 19.1 del Reglamento (CE) 883/2004, sino que lo demostrado a través de las pruebas practicadas en las actuaciones fue su voluntad de hacer uso de la cobertura sanitaria proporcionada por la póliza de viaje, sin que por la recurrente se haya articulado prueba alguna -cuya carga le compete a tenor de los criterios establecidos en el art 217.2 LEC al tratarse de un hecho impeditivo u obstativo de la pretensión de la demandante - concluyente de la tenencia por su asegurado de la repetida Tarjeta Sanitaria Europea o de la presentación del Certificado Provisional expedido a la fecha del siniestro, cuya constancia en las actuaciones constituiría un dato fáctico inequívoco de la voluntad de su asegurado de ejercitar el derecho a la asistencia sanitaria en los términos que le reconocen los Reglamentos Comunitarios. 

También ha de considerarse, junto con la sentencia de instancia, en una interpretación literal y sistemática -conforme a las pautas fijadas en los arts. 1.281 y 1285 del Código Civil (CC)- de la póliza de seguro de viajes en su traducción al español, adjuntada como Documento núm.1 por la parte demandada, que el seguro suscrito por el Sr Basilio con esta entidad cubría los Gastos Médicos de Emergencia en Asistencia Hospitalaria pública por figurar expresamente en el esquema inicial de la póliza al folio 92, siendo indudable que su presencia en el hospital de Benalmádena obedeció a una situación de urgencia sanitaria como resulta del informe elaborado por la Unidad de Urgencias (a los folios 26 y 27) al haber sufrido un síncope Cardiogénico, precisando de una ambulancia para su traslado al hospital. De igual modo en el epígrafe B4 que desarrolla estos gastos médicos de Emergencia aparece como cobertura de la póliza Apartado 1.a.i) " hasta 5.000.000 GBP por los honorarios o gastos razonables que deban pagarse fuera de su país por servicios médicos, quirúrgicos, hospitalarios, residencias o de asistencia sanitarias domiciliaria... ", figurando en el apartado c) "20 GBP por día completo que Usted permanezca en un hospital público como paciente ingresado durante el período de su viaje, además de los honorarios y gastos correspondientes a la sección 1(a) antes indicada". 

3º) Al ser claros y precisos los términos empleados no dejan duda sobre la cobertura de la contingencia sufrida por el asegurado que es cuestionada en esta litis, más aún cuando en la misma página del condicionado se excluye "el coste de tratamientos dispensados por la sanidad privada si se dispone de centros públicos adecuados"; centros públicos que no equivale a gratuidad en el servicio, por cuanto que de lo contrario la contratación del seguro devendría inoperante y contradice el criterio hermenéutico establecido en el art 1.284 CC  de interpretar las cláusulas contractuales en el sentido que resulte más adecuado para que produzcan efecto.

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domingo, 11 de abril de 2021

Producida la extinción de la relación de pareja después del otorgamiento del testamento, la disposición testamentaria de un legado a favor de la que era pareja quedó privada de la razón por la que se otorgó y, en consecuencia, no puede ser eficaz en el momento en el que se produce la apertura de la sucesión.

 

A) La sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, sec. 1ª, de 26 de septiembre de 2018, nº 531/2018, rec. 162/2016, manifiesta que cuando en el momento del fallecimiento del testador se haya producido un cambio de circunstancias que dé lugar a la desaparición del motivo determinante por el que el testador hizo una disposición testamentaria, la misma será ineficaz. 

Producida la extinción de la relación de pareja después del otorgamiento del testamento, la disposición testamentaria a favor de la que era pareja quedó privada de la razón por la que se otorgó y, en consecuencia, no puede ser eficaz en el momento en el que se produce la apertura de la sucesión. 

Conforme al artículo 675 CC, la regla esencial en materia de interpretación testamentaria es la averiguación de la voluntad real del testador. Por ello, la literalidad del art. 767 del CC, que se refiere a la «expresión» del motivo de la institución o del nombramiento de legatario, no impide que sea posible deducir el motivo de la disposición y su carácter determinante con apoyo en el tenor del testamento, en particular por la identificación del favorecido por cierta cualidad, como la de esposo o pareja. 

Por ello, cuando en el momento del fallecimiento del testador se haya producido un cambio de circunstancias que dé lugar a la desaparición del motivo determinante por el que el testador hizo una disposición testamentaria, la misma será ineficaz. 

B)  ANTECEDENTES DE HECHO: El presente litigio versa sobre la eficacia del legado ordenado a favor de quien es pareja de hecho del testador en el momento de otorgamiento del testamento, pero ya no lo es cuando fallece el causante y se produce la apertura de la sucesión. La sentencia recurrida declaró la ineficacia del legado y recurre en casación la legataria. 

Los antecedentes más relevantes para la decisión del presente recurso son los siguientes: 

1.- El testamento abierto otorgado el 7 de agosto de 2008 por Constantino contenía una cláusula 1.ª B conforme a la cual legaba: «a su pareja doña Cecilia, en pleno dominio, ciento cincuenta mil euros». 

En la cláusula 2.ª del testamento instituía herederos por partes iguales a sus hijos Elsa y Vicente. 

El 16 de octubre de 2009, Constantino y Cecilia otorgan un documento notarial denominado «convenio regulador de cese de la convivencia» en el que, tras exponer que conviven desde hace algunos años declaran «que han decidido establecer unas normas que regulen la posible futura extinción de su relación de convivencia, lo que se regirá por los pactos contenidos en el presente convenio». En el pacto primero se establece que Cecilia podrá continuar en la vivienda que hasta ese momento ha sido domicilio común hasta que Constantino cumpla íntegramente las obligaciones a las que se compromete. En el pacto segundo se establece que «como compensación por el tiempo que ha durado la convivencia, el Sr. Constantino entregará a la Sra. Cecilia la cantidad total de 130.000 euros, cuyo pago tendrá lugar de la siguiente forma: a) en el presente acto son entregados 1.500 euros en efecto, sirviendo la firma del presente documento como carta de pago. b) Bien mediante entrega en efectivo contra recibo, bien mediante ingreso en la libreta de ahorro de la que es titular la Sra. Cecilia en la entidad Bancaja, el Sr. Constantino realizará tres pagos por importe de 7.800 euros en las fechas y por las cuantías siguientes: hasta el 19 de octubre, 1.200 euros, hasta el 20 de noviembre, 5.000 euros y hasta el 15 de diciembre, 1.600 euros, y los restantes 120.700 euros serán pagados dentro del plazo máximo que finalizará el 31 de diciembre de 2010». Añadía el convenio un pacto conforme al cual, mientras no fuera pagada la cantidad mencionada en último lugar, Constantino ingresaría a Cecilia 1.000 euros mensuales. El pago, que debía hacerse dentro de los cinco primeros días de cada mes, se interrumpiría en el caso de que, ofrecido por Constantino el pago de la totalidad, Cecilia no desalojara la vivienda. 

Constantino fallece el 10 de octubre de 2011. 

Requerida por la hija heredera mayor de edad para que abandone la vivienda, Cecilia contesta alegando que no hubo ruptura de pareja, que falta legitimación porque sobre el piso existe una reserva troncal a favor de los familiares de la primera esposa de Constantino, a quien pertenecía el piso. Reclama, además, el pago de 17.000 euros. Argumenta que el convenio regulador contemplaba, además del pago de los 130.000 euros que le han sido satisfechos, 1.000 euros al mes hasta el desalojo de la vivienda, por lo que reclama las cantidades correspondientes a los meses de abril de 2010 a octubre de 2011. La Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia de 3 de mayo de 2013 estima la demanda de desahucio por precario previo pago a Cecilia de la cantidad debida y consignada de 17.000 euros. 

2. - El 1 de marzo de 2012, Cecilia interpone demanda contra Elsa y Vicente, luego ampliada contra los albaceas testamentarios de Constantino, por la que solicita el pago de 150.000 euros más intereses. Los demandados se oponen alegando que el pacto del pago de una cantidad por el cese de la convivencia acredita que Constantino y Cecilia habían dejado de ser pareja y que el legado se hizo en razón del vínculo que les unía por lo que, extinguida la relación, el legado era ineficaz. Formulan demanda reconvencional solicitando la declaración e ineficacia del legado. 

3. - El 16 de abril de 2014 el juzgado dicta sentencia en la que considera que la relación entre Cecilia y Constantino no se había extinguido en el momento del fallecimiento de Constantino y que el legado es válido, pero entiende que los herederos solo deben abonar a Cecilia 20.000 euros porque los 130.000 euros ya percibidos deben considerarse a cuenta del legado, puesto que si la convivencia no había cesado no debió aplicarse el convenio que reconocía el pago de aquella cantidad. 

4. - Cecilia interpone recurso de apelación alegando que se reclamaba el pago de 150.000 euros del legado y que la sentencia de primera instancia, de manera incongruente, al declarar que el legado era válido y que la relación de pareja se mantenía en el momento de fallecimiento de Constantino, aprecia una compensación no solicitada. 

Elsa y Vicente impugnan la sentencia de primera instancia, argumentando que el convenio de 2009 y el pago de los 130.000 euros a la demandante en aplicación del mismo demuestran que se había extinguido la relación de pareja en razón de la cual se hizo el legado, por lo que la interpretación de la voluntad del testador lleva a declarar su ineficacia. 

5. - El 23 de noviembre de 2015 la Audiencia Provincial dicta sentencia por la que desestima el recurso de apelación de Cecilia y su demanda, estima la impugnación de Elsa y Vicente y su demanda reconvencional y declara la ineficacia y la nulidad del legado dejado en el testamento de Constantino a favor de Cecilia. 

La sentencia declara como hechos probados que cuando falleció el causante, la convivencia de la demandante ya se había extinguido y esa fue la razón por la que cobró la cantidad de 130.000 euros pactados en el convenio notarial suscrito en el año 2009 como compensación por el tiempo de duración de la convivencia. A partir de estos hechos razona que la controversia de circunscribe a la interpretación que debe darse al legado incluido en el testamento de Constantino a favor de Cecilia. 

Argumenta que la doctrina más moderna admite la interpretación del testamento conforme a medios de prueba extrínsecos con el fin de averiguar la voluntad real del testador y observa que, a pesar de que en el Código civil no existe una norma expresa que prive de eficacia a la disposición hecha a favor del esposo o pareja que deja de serlo, la doctrina y jurisprudencia, con invocación del art. 767 CC, reconocen que nos encontramos ante una causa falsa en el sentido de móvil incorporado al acto de disposición. 

Añade que la aplicación de esta doctrina al caso permite valorar que los actos posteriores del testador reflejan la voluntad de revocar la disposición testamentaria, pues el convenio de 2009 contempla una compensación por el tiempo de convivencia, quedando sin efecto todos los documentos de cualquier índole que hubieran podido firmar. Finalmente, concluye la AP concluye que: 

«Procede declarar ineficaz el legado concedido a favor de la demandante atendiendo a la verdadera voluntad del causante al tiempo de otorgar el legado pues lo trascendente para el testador era que doña Cecilia fuese su pareja, como así se consigna en el propio documento, y al no serlo al momento del fallecimiento y haber recibido una compensación en razón del tiempo que duró la convivencia, en el momento mismo del cese de la misma, lo consignado en el testamento no tiene razón de ser». 

C) OBJETO DE LA LITIS: El recurso de casación de la demandante se funda en un único motivo en el que denuncia infracción del art. 675 CC sobre interpretación de los testamentos, aunque en el desarrollo del motivo menciona también la infracción de los arts. 738 CC (revocación de los testamentos), 873 CC (legado a favor de un acreedor) y 790 y 791 CC (condiciones impuestas a los herederos y legatarios). 

Razona que la intención del testador debe encontrarse en la propia declaración testamentaria, que claramente atribuyó el legado a la demandante, sin someterlo a condición alguna; que el testamento solo puede revocarse por otro testamento posterior y la sentencia recurrida atribuye efectos revocatorios a un documento posterior de cese de la convivencia; que el empleo de la expresión «pareja» en el testamento para referirse a la demandante era a simple efectos de identificación de la legataria, no para establecer una condición; que la aplicación del art. 767 CC es improcedente porque la disposición del legado era explícita en cuanto a su contenido y alcance; que la causa del legado es la mera liberalidad, diferente de la cantidad pactada por el cese de la pareja, de carácter liquidatorio, por lo que su compensación supone infracción del art. 873 del Código Civil.  

D) DECISION DEL TRIBUNAL SUPREMO. Desestimación del recurso de casación. El recurso de casación es desestimado por las razones que se exponen a continuación. 

1º) A diferencia de lo que sucede en otros derechos, no existe en el Código civil una regla de interpretación de la voluntad hipotética del testador medio por la que, basándose en máximas de experiencia, el legislador dé por supuesto que la disposición a favor del cónyuge o su pareja se hace en calidad de tal y mientras lo sea. Sin embargo, de acuerdo con la opinión dominante de la doctrina, esta sala considera que, ante la ausencia de una norma de integración que contemple un caso concreto de imprevisión, debe aplicarse el art. 767.1 del CC, dada la identidad de razón existente entre los denominados casos de imprevisión y el supuesto a que se refiere este precepto. Por ello, cuando en el momento del fallecimiento del testador se haya producido un cambio de circunstancias que dé lugar a la desaparición del motivo determinante por el que el testador hizo una disposición testamentaria, la misma será ineficaz. 

2º) Conforme al art. 675 CC, la regla esencial en materia de interpretación testamentaria es la averiguación de la voluntad real del testador. Por ello, la literalidad del art. 767.1 del CC, que se refiere a la «expresión» del motivo de la institución o del nombramiento de legatario, no impide que sea posible deducir el motivo de la disposición y su carácter determinante con apoyo en el tenor del testamento, en particular por la identificación del favorecido por cierta cualidad, como la de esposo o pareja. 

3º) Esto es lo que ha sucedido en el presente caso, en el que el causante otorgó testamento en el que disponía de un legado a favor de «su pareja doña Cecilia». El empleo de la expresión «su pareja» para referirse a la demandante no puede ser entendido como una mera descripción de la relación afectiva existente en el momento de otorgar el testamento, ni como mera identificación de la favorecida, a quien ya se identificaba con su nombre y apellidos. La mención a «su pareja» revela el motivo por el que el testador ordenaba un legado a favor de Cecilia, sin que haya razón para pensar que, de no ser su pareja, el testador la hubiera favorecido con un legado. 

Producida la extinción de la relación de pareja después del otorgamiento del testamento -lo que la sentencia recurrida declara como hecho probado-, la disposición testamentaria a favor de Cecilia quedó privada de la razón por la que se otorgó y, en consecuencia, no puede ser eficaz en el momento en el que se produce la apertura de la sucesión. 

Al entenderlo así la sentencia de la AP recurrida, debe ser confirmada. 

La sentencia recurrida, por lo dicho, no infringe el art. 675 CC, al que se refiere el recurso de casación en su encabezamiento, pues precisamente parte de la interpretación de la voluntad real del causante con apoyo en el tenor literal del testamento, que ordena el legado a favor de «su pareja», doña Cecilia. 

4º) Con el fin de agotar la respuesta a las razones expuestas por la recurrente hay que añadir algunas consideraciones. 

La declaración de ineficacia del legado no infringe el art. 738 CC porque la ineficacia del legado no deriva de una supuesta revocación tácita ni de una presunción de revocación: la revocación, por definición es posterior al otorgamiento del testamento y debe hacerse con las solemnidades necesarias para testar. En este sentido, la afirmación de la sentencia recurrida acerca de la voluntad revocatoria del testador no resulta correcta, pero no es la razón por la que la sentencia declara la ineficacia del legado a favor de Cecilia. 

Tampoco se infringe el art. 873 CC, pues la desestimación de la demanda de Cecilia y la estimación de la reconvención de Elsa y Vicente no es porque se impute la liberalidad ordenada en el testamento al pago del crédito nacido a favor de Cecilia en el «convenio regulador de cese de la convivencia», sino que se declara la ineficacia del legado partiendo de la interpretación de la voluntad del testador. 

Finalmente, contra lo que sostiene Cecilia, tampoco se infringen los arts. 790 y 791 CC, puesto que no se aplican por la sentencia recurrida, que no basa su decisión en el incumplimiento de una condición prevista por el testador, sino en la aplicación analógica del art. 767.1º del CC en relación con el art. 675 CC.

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