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domingo, 16 de junio de 2024

Cabe la aplicación de la excusa absolutoria entre parientes en los delitos contra la salud pública en la modalidad de tráfico de drogas del artículo 454 del CP, ocultando la droga para evitar pruebas que incriminen a su pareja sentimental, ante su detención policial practicada horas antes.

 

La sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, sec. 1ª, de 28 de octubre de 2011, nº 1165/2011, rec. 317/2011, manifiesta que a efectos puramente dialécticos puede admitirse que las hipótesis de supuestos de encubrimiento en los delitos contra la salud pública en la modalidad de tráfico de drogas son más bien escasos en cuanto que nos encontramos ante un delito de carácter permanente que atrae hacia la coautora la mayoría de las conductas de colaboración en los propósitos de traficar o difundir.

No obstante, pueden existir supuestos de hechos muy concretos en los que cabría construir la figura del encubrimiento en la modalidad de ocultar o inutilizar los efectos o instrumentos del delito para impedir su descubrimiento, relegando a esta modalidad aquellas conductas consistentes en destruir la droga con el fin de frustrar o dificultar la intervención de las autoridades encargadas de la investigación.

En esta tesitura, está autorizada la aplicación del art. 454 CP 95, a cuyo tenor: "están exentos de las penas impuestas a los encubridores los que lo sean de su cónyuge o de persona a quien se hallen ligados de forma estable por análoga relación de afectividad, de sus ascendientes, descendientes, hermanos, por naturaleza, por adopción, o afines en los mismos grados, con la sola excepción de los encubridores que se hallen comprendidos en el supuesto del art. 451,1 CP 95.

Se trata de la excusa absolutoria entre parientes, que es aplicable a este caso, en tanto que la conclusión a la que llega la Sala sentenciadora de instancia es razonable y ha sido construida pro reo.

A) Antecedentes.

Se formaliza un único motivo, al amparo de lo autorizado en el art. 849-1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por inaplicación indebida del art. 28 en relación con el art. 368 del Código Penal, o alternativamente, el art. 29, y todo ello con respecto a la absolución de Josefa.

La cuestión polariza sobre la actuación de tal acusada, la cual, una vez expedido un mandamiento de entrada y registro en la vivienda que compartía con su pareja sentimental, Juan Francisco, fallecido después de la incoación de esta causa, tras franquear el acceso a los agentes del Cuerpo Nacional de Policía para practicar la entrada y registro, so pretexto de controlar al perro que había en el interior de la vivienda, entró en la misma, quedándose aquéllos en la entrada, y encontrándose sola procedió a sacar del primer cajón de una cómoda situada en el dormitorio del domicilio, 36 papelinas de cocaína, ocultándolas detrás de la referida cómoda, pese a lo cual fueron halladas por los agentes gracias a la indicaciones de un perro perteneciente al grupo de guías caninos de la Policía Nacional. También se declara probado en el "factum" que las sustancias intervenidas en el domicilio que fue registrado eran poseídas por Juan Francisco "para su consumo y también para destinarlas al tráfico ilícito".

Nos encontramos con la descripción de una acción que puede tener dos sentidos y finalidades diversas. La que fundamenta el recurso del Ministerio Fiscal, esto es, una acción que consiste en guardar la droga en sitio oculto para no ser hallada en el registro inminente que se va a practicar por agentes de policía que se encuentran ya a la puerta; o la que razona la Audiencia: un acto de ocultamiento de droga, para evitar pruebas que incriminen a su pareja sentimental, ante su detención policial practicada horas antes.

El art. 451 del Código Penal, en su número segundo, tipifica como un acto de encubrimiento la actividad siguiente: "ocultando, alterando o inutilizando el cuerpo, los efectos o los instrumentos de un delito, para impedir su descubrimiento". Podría mantenerse que el delito contra la salud pública sobre el que acusa el Ministerio Fiscal es un delito permanente, pero ello no es rigurosamente exacto, pues la actividad de venta de una papelina no puede tener esta conceptuación, y de otro lado, la posesión preordenada al tráfico ha de configurarse mediante datos que permitan suponer en el agente un ánimo tendencial que se ha descartado, en numerosas resoluciones de esta Sala, para los meros convivientes con el traficante, datos, por cierto, que aquí tampoco concurren. El Código Penal de 1995 ha conferido al encubrimiento la naturaleza de delito autónomo contra la Administración de Justicia, y no como participación accesoria de otro delito cualquiera. Se han extraído de él, también, todos aquellos comportamientos que supongan participación lucrativa en otro delito, que se tipifican en el delito de receptación, eventualmente en el blanqueo de capitales.

El fundamento se encuentra en la imposibilidad de participar en un delito cuando éste ya se ha consumado, y también en que el bien protegido es distinto. Que el encubrimiento es un delito autónomo lo prueba el precepto contenido en el artículo 453, que castiga tal delito, aunque el autor del hecho encubierto sea irresponsable o esté exento de pena. Así se expresa la STS 20/2001, de 28 de marzo: «El fundamento esencial del tratamiento del encubrimiento como delito autónomo se encuentra en la consideración de que no es posible participar en la ejecución de un delito cuando ya se ha consumado. Por ello la tipificación autónoma del encubrimiento (art. 451 del Código Penal 1995) exige que se trate de comportamientos realizados con posterioridad a la ejecución mientras que la ayuda prestada al autor durante la fase ejecutiva integra complicidad o cooperación necesaria».

En el caso enjuiciado, no existe ningún elemento de donde deducir que Josefa guardaba la droga para traficar con ella en el futuro. La conclusión a la que llega la Audiencia, es decir que la ocultó para evitar que le incriminara a su compañero sentimental con el que convivía, es tan razonable como la sugerida por el Ministerio Fiscal.

La STS 227/1999, de 20 de febrero, declara: «a efectos puramente dialécticos podemos admitir, como ya se ha hecho en alguna sentencia de esta Sala, que las hipótesis de supuestos de encubrimiento en los delitos contra la salud pública en la modalidad de tráfico de drogas son más bien escasos en cuanto que nos encontramos ante un delito de carácter permanente que atrae hacia la coautora la mayoría de las conductas de colaboración en los propósitos de traficar o difundir. No obstante, pueden existir supuestos de hechos muy concretos en los que cabría construir la figura del encubrimiento en la modalidad de ocultar o inutilizar los efectos o instrumentos del delito para impedir su descubrimiento, relegando a esta modalidad aquellas conductas consistentes en destruir la droga con el fin de frustrar o dificultar la intervención de las autoridades encargadas de la investigación».

B) Valoración jurídica.

En esta tesitura, está autorizada la aplicación del art. 454 del Código Penal, a cuyo tenor "están exentos de las penas impuestas a los encubridores los que lo sean de su cónyuge o de persona a quien se hallen ligados de forma estable por análoga relación de afectividad, de sus ascendientes, descendientes, hermanos, por naturaleza, por adopción, o afines en los mismos grados, con la sola excepción de los encubridores que se hallen comprendidos en el supuesto del número 1.º del artículo 451 ".

Se trata de la excusa absolutoria entre parientes, que es aplicable a este caso, en tanto que la conclusión a la que llega la Sala sentenciadora de instancia es razonable y ha sido construida pro reo. Por lo demás, el "factum" de la sentencia recurrida se encarga precisamente de impedir la calificación delictiva solicitada, en tanto que se declara en el relato fáctico que las sustancias intervenidas en el domicilio que fue registrado eran poseídas por Juan Francisco "para su consumo y también para destinarlas al tráfico ilícito".

En consecuencia, el motivo no puede prosperar.

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Absuelto a un hombre de un delito de embaucamiento o sexting al considerar que las fotografías que le envió una menor en bikini no eran material pornográfico, ni aún en grado de tentativa, porque no la había embaucado.

 

La sentencia de la Audiencia Provincial de Lérida, sec. 1ª, de 5 de enero de 2024, nº 3/2024, rec. 121/2023, ha absuelto a un hombre de un delito de sexting al considerar que las fotografías que le envió una menor en bikini no eran material pornográfico porque no la había embaucado.

En esa sentencia de instancia se consideró probado que, en la primera semana de julio de 2019, ambos contactaron por Instagram. En una de esas conversaciones el hombre mostró interés en saber qué llevaba puesto la menor para dormir. Ésta le dijo que un top y le envió una foto.

Al día siguiente mantuvieron otra conversación sobre ir a la piscina. El acusado le envió una foto de un hombre en calzoncillos en la que se adivinaba un pene en erección y de otra en bañador, por lo que le pidió una de ella en bikini. La niña le remitió una en la que aparecían las extremidades inferiores de alguien vestido con sudadera.

A) Introdución.

Mediante el sexting, se envían a través del teléfono móvil u otro dispositivo con cámara, fotografías o vídeos producidos por uno mismo con connotación sexual. El riesgo está en que, una vez enviados estos contenidos, pueden ser utilizados de forma dañina por los demás.

Existen dos tipos de sexting que hay que tener presentes y conocer en detalle:

Sexting activo: consiste en el envío de imágenes comprometidas.

Sexting pasivo: consiste en recibir fotografías, vídeos u otros contenidos de índole sexual.

Sobre este delito se pronunció la sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo (en adelante, TS) nº 70/2020, de 24 de febrero en un supuesto en que el acusado reenvió una fotografía que le había enviado voluntariamente una amiga, en la que esta aparecía desnuda, al compañero sentimental de la misma, sin que ella hubiera autorizado en ningún caso dicha difusión.

B) Antecedentes.

1º) Se interpone por la defensa del penado, Luis María, recurso de apelación contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal nº 1 de Lleida en fecha 4 de septiembre de 2023, solicitando la libre absolución de su patrocinado, sobre la base de que se habría producido un evidente error en la aplicación del derecho,- en concreto en la aplicación del art 183 ter 2 del C-, al no haber quedado acreditado que se hubiese embaucado a la menor para que facilitase al acusado material pornográfico ó imágenes pornográficas.

El Ministerio Fiscal y la A. particular interesaron la confirmación de la sentencia en todos sus extremos por sus propios fundamentos, destacando que de la prueba practicada en el acto del juicio oral y de la documental obrante en las actuaciones resultaba acreditada la comisión de la conducta penada en el artículo 183 ter.2 del Código Penal a la vista del tenor y contenido de los mensajes y de las fotografías que el acusado le envió a la menor y que a su vez pretendió que esta le remitiera a él.

2º) Hechos probados.

Se ha de partir en el supuesto de autos, tal y como recoge la resultancia fáctica de la sentencia impugnada, de que efectivamente el acusado y la menor tuvieron contacto a través de la red social Instagram durante la primera semana del mes de julio de 2019; así como que el acusado en una de las conversaciones mostró interés en saber que llevaba puesto la menor para dormir, y que al contestarle esta que llevaba un top le pidió una foto del mismo; también, que al día siguiente y en el marco de otra conversación que mantuvieron sobre ir a la piscina, el acusado le pidió que le enviara una fotografía en bikini; y que aunque el acusado le envió una foto de un hombre en calzoncillos en la que se adivinaba un pene en erección, y de otra en bañador, la menor tan solo le remitió una fotografía en la que aparecían las extremidades inferiores de alguien vestido con una sudadera ó pijama.

Y es evidente que ante tal relato de Hechos el recurso interpuesto debe ser estimado.

C) El delito de sexting.

Si analizamos el delito regulado en el artículo 183 ter.2 CP observamos que el precepto castiga a quien "a través de internet, del teléfono o de cualquier otra tecnología de la información y la comunicación contacte con un menor de dieciséis años y realice actos dirigidos a embaucarle para que le facilite material pornográfico o le muestre imágenes pornográficas en las que se represente o aparezca un menor".

Este delito, denominado con el término anglosajón sexting, proviene de la contracción de sex ('sexo') y texting ('mensajear'), y supone el embaucamiento de un menor para obtener material o imágenes pornográficas. Es decir, consistiría en el envío de mensajes de contenido sexual a través de las TIC para conseguir que un menor de dieciséis años facilitase o mostrase material pornográfico.

Y ello nos lleva a hablar de los elementos objetivos del delito, que serían: 1) Contactar con un menor de 16 años a través de cualquier TIC; 2) Realizar actos de embaucamiento, entendidos como una seducción que desvanece las barreras defensivas, prevaliéndose de una cierta superioridad (que puede ser moral, ambiental o derivada de las características del sujeto pasivo o activo o de cualquier otra circunstancia) y que se dirige a obtener un consentimiento viciado, cercenando con ello la libertad personal del afectado; y 3) Solicitar del menor material que tenga contenido pornográfico, no siendo necesario que tal material sea recibido, bastando con una pretensión de exhibición.

El Tribunal Supremo ha entendido que este delito es una forma imperfecta de ejecución del delito de captación de menores para la elaboración de pornografía infantil (art. 189.1.a CP), bien como una tentativa, bien como un acto preparatorio punible. Con ello, el bien jurídico protegido es el mismo que el que tutela el art. 189.1.a CP, es decir, el derecho al desarrollo equilibrado del menor en relación con su desarrollo sexual. El Tribunal Supremo entiende que el sexting no es un delito autónomo de peligro (concreto o abstracto), sino una tentativa punible o un acto preparatorio de otro delito, y ello pese a que este delito no se encuentre ubicado sistemáticamente junto a los delitos relativos a la pornografía infantil.

Y así, la STS nº 151/2019, de 21 de marzo parece apreciar que existe entre ambos tipos una relación de progresión delictiva, en cuanto la petición y obtención de ese material fotográfico por parte del menor excedería de los límites de los actos preparatorios penalizados en el art 183 ter 2 y situaría los hechos en el ámbito del art 189. 1. A) Y asimismo lo indica también la más reciente sentencia del TS nº 916/2021, de 24 de noviembre.

Así pues, debemos concluir que el precepto por el que aquí se acusa está castigando, de un modo autónomo, un acto preparatorio de otro delito, - el de pornografía infantil-, posibilitando que, aunque no llegue a obtenerse el material pornográfico, la acción no quede impune.

Pero para que no quede impune, el delito debe estar consumado. Es decir, que el responsable haya llevado ya a cabo la acción dirigida a satisfacer su ánimo libidinoso por la vía de solicitar material pornográfico ó imágenes pornográficas, ya sean del menor ó de un tercero, sin que sea necesaria la obtención del mencionado material para su consumación, al no tratarse de un delito de resultado sino de mera actividad ó de consumación anticipada.

D) Valoración jurídica de la prueba.

1º) Y en el marco expuesto es evidente que el problema que nos encontramos en el supuesto de autos viene referido al elemento objetivo del tipo, pues esta Sala en modo alguno puede compartir el criterio del Magistrado a quo de que el tipo haya quedado consumado por el hecho de que el acusado remitiese a la menor la fotografía de un hombre en calzoncillos en la que podía adivinarse una erección, y que ello se hiciere para obtener de ella otras de contenido pornográfico, pues, aunque ciertamente la fotografía es totalmente inadecuada dada la edad de la menor, en ningún momento el acusado le expresó a esta su deseo de que ella le remitiese a él material de índole sexual, y mucho menos pornográfico.

En primer lugar, no olvidemos que respecto de lo que debe entenderse por material pornográfico la reciente STS nº 142/2023 de 1 de marzo de 2023 indica que "será considerado pornográfico aquel material visual cuyo contenido preponderante, reiterativo y detallado, con la finalidad de estimular sexualmente a otra persona, represente imágenes explícitas del coito, de otras formas de relaciones, contactos o conductas sexuales de una persona o entre personas o de los genitales expuestos en contextos sexuales o de prácticas sexuales. Representaciones que por su explicitud y crudeza resulten potencialmente idóneas para producir efectos perjudiciales -distorsión perceptiva, deformación de actitudes y comportamientos sexuales- sobre el proceso de maduración sexual de los niños y niñas".

Y es evidente que, a la vista de tal definición, ni la fotografía de un hombre en calzoncillos, -se adivine o no una erección en el individuo que los exhibe-, ni las fotografías que pide, de una niña de 12 años en top ó en bikini-, que ni tan siquiera recibe-, merecen la catalogación de material pornográfico.

En segundo lugar, lo que constituiría la acción típica en este caso tampoco sería el envío por si solo de material sexual del acusado a la menor, sino a la inversa. Pensemos que aun en el supuesto de haber sido enviado por el acusado material pornográfico a la menor, - que reiteramos no ha sido así-, no estaríamos hablando del tipo del embaucamiento del art 183 ter 2 sino del de exhibicionismo del art 186 del Cp.

En tercer y último lugar, debe tenerse en cuenta que el tipo del art 183.ter 2 del CP alude a una petición expresa que el sujeto activo debe haber realizado al menor, es decir, se parte de una conducta exteriorizada, por cuanto ese acto dirigido a embaucar al menor debe acompañarse de una solicitud explícita de que este ponga a su disposición las imágenes o materiales pornográficos en cuestión.

2º) Ciertamente, el legislador, con la introducción de este delito de sexting quiso un adelantamiento de la penalización a actos preparatorios del delito de pornografía infantil, en el sentido de que bastaría que tal material pornográfico hubiese sido expresamente solicitado para que, aunque finalmente no le fuera remitido por la víctima menor, el tipo delictivo del art 183 ter 2 ya se hubiera consumado.

Lo que no puede es ser ampliado, a diferencia de los que las acusaciones pretenden, hasta el punto de considerar como típico cualquier contacto que suponga un acercamiento previo del adulto al menor, - por mucho que se presuponga que esta realizado con motivaciones sexuales, a la vista del cariz de los mensajes remitidos-, si no se le ha llegado a requerir para que envíe material pornográfico.

Ello supondría llevarnos a una preocupante y desmesurada ampliación del ámbito de lo punible, extendiéndolo más allá de la mera solicitud de imágenes pornográficas de la víctima, que es lo previsto por el legislador.

3º) Sentado lo anterior no podemos dejar de hacer constar que los hechos declarados probados en ningún caso pueden ser calificados como constitutivos de un delito de embaucamiento ó sexting del art 183 ter.2 del CP, ni aun en grado de tentativa, en tanto no suponen siquiera un inicio de ejecución de la conducta típica y se mantiene en el ámbito de los actos atípicos, ó preparatorios impunes, desde la perspectiva del tipo penal propuesto; el acusado no llegó ni tan siquiera a insinuarle a la niña -, y mucho menos a pedirle- que le enviara material de contenido sexual y aun menos el de contenido pornográfico que el tipo exige, pues no olvidemos que fue la propia menor la que en el acto del plenario negó, pese a lo que habría mantenido en fase de instrucción, que el acusado le hubiera pedido fotos desnuda.

"Nadie cuestiona -se decía ya en la STS nº 120/2009, 9 de febrero- que el derecho penal no puede sancionar todo peligro de afección de un bien jurídico cuando aquél se muestra todavía lejano o poco intenso. Con la imaginación podrían haberse cometido todos los delitos. De ahí que sólo la verdadera energía delictiva justifica la intervención del derecho penal”.

En atención a lo expuesto, el comportamiento del acusado debe quedar en este caso impune, debiendo ser íntegramente estimado el recurso de apelación interpuesto.

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El Reglamento n.º 650/2012 de la UE debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que, una vez que un heredero haya inscrito ante un tribunal del Estado miembro de su residencia habitual una declaración relativa a la aceptación de la herencia de un causante cuya residencia habitual en la fecha de su fallecimiento estaba situada en otro Estado miembro, o a la renuncia a la misma, otro heredero solicite una inscripción ulterior de dicha declaración ante el tribunal competente de este último Estado miembro.

 

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Décima, de 30 de marzo de 2023, nº C-651/21, respecto a la declaración relativa a la renuncia a una herencia efectuada por un heredero ante el tribunal del Estado miembro de su residencia habitual, e inscripción ulterior, a solicitud de otro heredero, de dicha declaración en el registro de otro Estado miembro.

El TJUE resuelve que el artículo 13 del Reglamento n.º 650/2012 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que, una vez que un heredero haya inscrito ante un tribunal del Estado miembro de su residencia habitual una declaración relativa a la aceptación de la herencia de un causante cuya residencia habitual en la fecha de su fallecimiento estaba situada en otro Estado miembro, o a la renuncia a la misma, otro heredero solicite una inscripción ulterior de dicha declaración ante el tribunal competente de este último Estado miembro.

A) Derecho de la Unión Europea.

Los considerandos 7, 23, 32 y 67 del Reglamento n.º 650/2012 exponen:

«(7) Conviene facilitar el buen funcionamiento del mercado interior suprimiendo los obstáculos a la libre circulación de aquellas personas que actualmente encuentran dificultades a la hora de ejercer sus derechos en situaciones de sucesión mortis causa con repercusiones transfronterizas. En el espacio europeo de justicia, es imperativo que los ciudadanos puedan organizar su sucesión. Es preciso garantizar de manera eficaz los derechos de los herederos y legatarios y de las personas próximas al causante, así como de los acreedores de la herencia.

[…]

(23) Habida cuenta de la creciente movilidad de los ciudadanos y con el fin de asegurar la correcta administración de justicia en la Unión Europea y de garantizar que exista un nexo real entre la sucesión y el Estado miembro en que se ejerce la competencia, el presente Reglamento debe establecer como nexo general, a efectos de la determinación tanto de la competencia como de la ley aplicable, la residencia habitual del causante en el momento del fallecimiento.

[…]

(32) A fin de facilitar la vida a los herederos y legatarios que residan habitualmente en un Estado miembro distinto de aquel en que se sustancia o se sustanciará la sucesión, el presente Reglamento debe brindar a cualquier persona facultada en virtud de la ley aplicable a la sucesión para realizar declaraciones relativas a la aceptación de la sucesión, de un legado o de una legítima o a la renuncia a los mismos, o relativas a la limitación de su responsabilidad en relación con el pasivo de la herencia, la posibilidad de hacer esas declaraciones en la forma prevista en la legislación del Estado miembro de su residencia habitual ante los tribunales de ese Estado miembro. Ello no debe impedir que tales declaraciones se efectúen ante otras autoridades de dicho Estado miembro que sean competentes para recibir declaraciones en virtud de su Derecho nacional. Las personas que se acojan a la posibilidad de hacer declaraciones en el Estado miembro de su residencia habitual deben informar ellas mismas al tribunal o a la autoridad que sustancia o sustanciará la sucesión de la existencia de esas declaraciones dentro de los plazos establecidos por la ley aplicable a la sucesión.

[…]

(67) La tramitación rápida, ágil y eficiente de las sucesiones con repercusión transfronteriza en la Unión requiere que los herederos, legatarios, ejecutores testamentarios o administradores de la herencia puedan probar fácilmente su cualidad como tales o sus derechos o facultades en otro Estado miembro, por ejemplo, en el Estado miembro en que estén situados los bienes sucesorios. […]».

4 El capítulo II del citado Reglamento, bajo la rúbrica «Competencia», incluye, entre otros, los artículos 4 y 13.

5 El artículo 4 de dicho Reglamento, titulado «Competencia general», establece que:

«Los tribunales del Estado miembro en el que el causante tuviera su residencia habitual en el momento del fallecimiento tendrán competencia para resolver sobre la totalidad de la sucesión.»

6 El artículo 13 del referido Reglamento, con el título «Aceptación de la herencia, de un legado o de la legítima o renuncia a los mismos», dispone:

«Además del tribunal que sea competente para pronunciarse sobre la sucesión en virtud del presente Reglamento, los tribunales del Estado miembro de la residencia habitual de cualquier persona que, con arreglo a la ley aplicable a la sucesión, pueda efectuar ante un tribunal una declaración relativa a la aceptación de la herencia, de un legado o de la parte legítima o la renuncia a los mismos, o una declaración de limitación de su responsabilidad respecto a las deudas y demás cargas de la herencia, serán competentes para conocer de esas declaraciones cuando, con arreglo al Derecho de dicho Estado miembro, las mismas puedan hacerse ante un tribunal.»

7 El capítulo III del Reglamento n.º 650/2012, rubricado «Ley aplicable», incluye, en particular, los artículos 21 y 22.

8 El artículo 21 de este Reglamento, con el título «Regla general», establece en su apartado 1:

«Salvo disposición contraria del presente Reglamento, la ley aplicable a la totalidad de la sucesión será la del Estado en el que el causante tuviera su residencia habitual en el momento del fallecimiento.»

9 El artículo 22 de dicho Reglamento, que lleva por título «Elección de la ley aplicable», establece en su apartado 1:

«Cualquier persona podrá designar como la ley que haya de regir su sucesión en su conjunto la ley del Estado cuya nacionalidad posea en el momento de realizar la elección o en el momento del fallecimiento.»

B) LITIGIO PRINCIPAL Y CUESTIONES PREJUDICIALES.

18 El solicitante en el procedimiento principal, М. Ya. M., nacional búlgaro, afirma ser el heredero de su abuela, M. T. G., nacional búlgara fallecida en Grecia el 29 de marzo de 2019.

19 El solicitante en el procedimiento principal, presentó ante el Sofiyski rayonen sad (Tribunal de Primera Instancia de Sofía, Bulgaria), órgano jurisdiccional remitente, una solicitud de inscripción de la declaración relativa a la renuncia a la herencia efectuada por otro heredero, a saber, el cónyuge de la causante. A este respecto, presentó un certificado sucesorio expedido por las autoridades búlgaras, según el cual la causante había instituido como herederos a su cónyuge H. H., nacional griego, a su hija I. M.N. y al solicitante en el procedimiento principal.

20 En el marco de dicho procedimiento, este último presentó un acta del Eirinodikeio Athinon (Juzgado de Paz de Atenas, Grecia) en la que consta que el cónyuge de la causante compareció ante dicho juzgado, el 28 de junio de 2019, y renunció a su herencia. De la misma se desprende, además, que el cónyuge de la causante declaró que esta había tenido su última residencia en Grecia.

21 Sin embargo, el órgano jurisdiccional remitente indica que ante él no se ha precisado dónde se encontraba la última residencia habitual de la causante y que solo podrá recabar información a este respecto una vez haya determinado su competencia para inscribir una declaración relativa a la renuncia a una herencia efectuada con anterioridad ante el tribunal del Estado miembro de la residencia habitual del heredero que renuncia.

22 Además, de la resolución de remisión se desprende que el solicitante en el procedimiento principal no actúa como representante del cónyuge de la causante, sino que afirma tener interés en la inscripción de la declaración relativa a la renuncia a la herencia de que se trata en su condición de heredero del mismo rango, en la medida en que esa inscripción supondría el acrecimiento de su cuota hereditaria.

23 En estas circunstancias, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta si también procede inscribir la declaración relativa a la renuncia ante el tribunal que dispone de competencia general para pronunciarse sobre la totalidad de la sucesión de que se trata, puesto que conoció de dicha declaración el tribunal competente con arreglo al artículo 13 del Reglamento n.º 650/2012. Además, se pregunta sobre la posibilidad de inscribir una declaración relativa a la renuncia a la herencia de uno de los herederos a solicitud de otro heredero.

24 Según el órgano jurisdiccional remitente, el artículo 13 del Reglamento n.º 650/2012 puede causar un conflicto de jurisdicción, puesto que, en virtud de las disposiciones generales de dicho Reglamento, la competencia se determina por el lugar de residencia habitual del causante, y no por el del heredero. Si bien el tribunal competente para pronunciarse sobre una sucesión es, en principio, el del Estado miembro de la última residencia habitual del causante, es posible, sin embargo, que este tribunal no tenga conocimiento de la inscripción de las declaraciones relativas a la renuncia a la herencia o a la aceptación de la misma efectuadas por parte de los herederos ante un tribunal del Estado miembro de la residencia habitual de estos.

25 De este modo, el Reglamento n.º 650/2012 crea, en su opinión, una laguna jurídica cuando establece la competencia concurrente de tribunales de Estados diferentes, esto es, la del tribunal de la última residencia habitual del causante y la del tribunal de la residencia habitual de los herederos, sin imponer, no obstante, a este último la obligación de informar al primer tribunal de la existencia de tales declaraciones.

26 A este respecto, el órgano jurisdiccional remitente sostiene que la inexistencia de semejante obligación de información no se ajusta ni a la idea del legislador búlgaro ni a la jurisprudencia nacional, según las cuales todas las declaraciones relativas a la aceptación de una herencia o a la renuncia a la misma deben concentrarse en un mismo lugar y en un único registro judicial, a partir del cual puedan efectuarse las indagaciones que correspondan. Según señala, esta idea responde a la exigencia de garantizar la seguridad jurídica, que, en el caso de autos, resultaría de la posibilidad de conservar en un mismo lugar toda la información relativa a las aceptaciones de una herencia o a las renuncias a la misma.

27 En la medida en que tal obligación de información no está expresamente prevista en el Reglamento n.º 650/2012, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta sobre la naturaleza del procedimiento del que conoce, en el que el solicitante en el procedimiento principal no exige la inscripción de su propia renuncia a la herencia de la causante, sino de la de uno de los coherederos. Pues bien, tal procedimiento no está contemplado en el Derecho búlgaro. El principio según el cual cada uno defiende sus propios derechos ante los tribunales no permite la inscripción de declaraciones de terceros en el registro de aceptaciones de herencias y renuncias a las mismas.

28 Por consiguiente, dicho órgano jurisdiccional se pregunta, en primer lugar, si el artículo 13 del Reglamento n.º 650/2012 prohíbe implícitamente que una declaración relativa a la renuncia a una herencia inscrita en el Estado miembro de la residencia habitual de un heredero sea inscrita posteriormente por un tribunal de otro Estado miembro, a saber, aquel en el que el causante tenía supuestamente su residencia habitual en el momento de su fallecimiento.

29 A este respecto, el referido órgano jurisdiccional expresa una preferencia por la solución consistente en autorizar la inscripción de varias declaraciones relativas a la renuncia a una herencia en varios Estados miembros. Sostiene que tal solución no afecta significativamente a la seguridad jurídica, puesto que, por un lado, los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros establecen normas para el caso de que existan varias declaraciones sucesivas relativas a la aceptación de una herencia o a la renuncia a la misma y que, por otro lado, en caso de litigio sucesorio, el tribunal que conozca de una solicitud podrá decidir sobre los efectos jurídicos de tales declaraciones, en función de las fechas en que hayan sido realizadas.

30 En segundo lugar, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta quién puede solicitar, una vez que se ha inscrito en un Estado miembro una declaración relativa a la aceptación de una herencia o a la renuncia a la misma, una inscripción ulterior de esa declaración en otro Estado miembro. A su juicio, esta cuestión es importante, puesto que el Derecho procesal búlgaro no contempla la posibilidad de instar ante un tribunal búlgaro la inscripción de tal declaración ya inscrita en otro Estado miembro. Esta declaración solo puede ser realizada personalmente por el heredero de que se trata. De este modo, se plantea la cuestión de si un heredero puede solicitar, en el Estado miembro de la supuesta residencia habitual del causante, la inscripción de una declaración relativa a la renuncia a la herencia de que se trata realizada por otro heredero e inscrita en el Estado miembro de la residencia habitual de este último, cuando ello no está expresamente previsto en el Derecho del primer Estado miembro.

31 En opinión del órgano jurisdiccional remitente, una aplicación del artículo 13 del Reglamento n.º 650/2012 efectiva y conforme al objetivo de este artículo según se enuncia en el considerando 32 de dicho Reglamento, a saber, que para aceptar una herencia o renunciar a la misma no deben ser necesarios ni el traslado del heredero al Estado de residencia habitual del causante ni la designación de un mandatario ad litem en dicho Estado, exige que todo heredero pueda solicitar la inscripción de una declaración relativa a la renuncia a la herencia efectuada con anterioridad en otro Estado miembro. Considera que, en el caso de autos, ello permitiría descartar la aplicación del Derecho procesal búlgaro, habida cuenta de la necesidad de establecer una excepción al principio de autonomía procesal de los Estados miembros para garantizar la aplicación efectiva del referido artículo 13.

32 Si, por el contrario, la inscripción de una declaración relativa a la renuncia a una herencia fuera posible tanto en el Estado miembro de la residencia habitual del heredero de que se trate como en aquel en el que el causante tuviera su residencia habitual en el momento de su fallecimiento, pero únicamente a condición de que dicho heredero lo solicitara personalmente, el órgano jurisdiccional remitente entiende, que esta condición vaciaría de contenido el artículo 13 del Reglamento n.º 650/2012.

33 A este respecto, añade que el Reglamento n.º 650/2012 presenta una laguna, en la medida en que no impone al tribunal competente para conocer de una declaración relativa a la renuncia a una herencia la obligación de informar de la existencia de esa declaración al tribunal que dispone de la competencia general para pronunciarse sobre la totalidad de esa sucesión. Por ello, y para evitar disputas entre los herederos, pero también para respetar la voluntad del heredero renunciante, considera que debería admitirse la inscripción de esta voluntad en los registros del Estado miembro de la última residencia habitual del causante a petición de cualquier heredero.

34 En estas circunstancias, el Sofiyski rayonen sad (Tribunal de Primera Instancia de Sofía) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes:

«1) Debe interpretarse el artículo 13 del Reglamento [n.º 650/2012], en relación con el principio de seguridad jurídica, en el sentido de que se opone a que, una vez que un heredero haya inscrito ante el tribunal del Estado en el que tiene su residencia habitual la aceptación de la herencia de un causante que en el momento de su fallecimiento tenía su residencia habitual en otro Estado de la Unión Europea, o la renuncia a la misma, se presente en este último Estado una solicitud de inscripción ulterior de la renuncia o de la aceptación efectuada?

2) En caso de que se responda a la primera cuestión prejudicial en el sentido de que la inscripción ulterior es admisible: ¿Debe interpretarse el artículo 13 del Reglamento [n.º 650/2012], en relación con los principios de seguridad jurídica y de aplicación efectiva del Derecho de la Unión, así como con la obligación de cooperación leal entre los Estados prevista en el artículo 4 TUE, apartado 3, en el sentido de que no se oponen a que, en el supuesto de renuncia a la herencia efectuada en el Estado de su residencia habitual por un heredero de un causante común, otro heredero , que reside en el Estado en que el causante tenía su residencia habitual en el momento de su fallecimiento, solicite la inscripción de dicha renuncia, a pesar de que la ley procesal de este último Estado no prevea la posibilidad de inscribir la renuncia a la herencia en nombre de otra persona?»

C) SOBRE LAS CUESTIONES PREJUDICIALES.

1º) OBSERVACIONES PRELIMINARES.

35 Procede señalar, de entrada, que de la resolución de remisión se desprende que, según las indicaciones del cónyuge de la causante, su última residencia habitual se encontraba en Grecia. Ello implicaría la competencia de los tribunales griegos para pronunciarse sobre la totalidad de la sucesión de que se trata, siendo la ley aplicable, en principio, la ley griega, a menos que, de conformidad con el artículo 22, apartado 1, del Reglamento n.º 650/2012, la causante hubiera elegido la ley del Estado miembro del que era nacional, a saber, la ley búlgara, como ley aplicable a su sucesión.

36 Sin embargo, el órgano jurisdiccional remitente indica que no dispone de información precisa sobre la última residencia habitual de la causante y que, para poder recabar tal información, deberá, en primer lugar, determinar su competencia para inscribir una declaración relativa a la renuncia a la herencia realizada ante el tribunal del Estado miembro de la residencia habitual del heredero que renuncia.

37 Por lo tanto, el Estado miembro cuyos tribunales disponen de una competencia general con arreglo al artículo 4 del Reglamento n.º 650/2012 no parece, en el caso de autos, poder determinarse de manera evidente. Pues bien, como ha señalado, en esencia, el Abogado General en el punto 39 de sus conclusiones, si resultase que la última residencia habitual de la causante se hallaba en Grecia, correspondería a los tribunales de ese Estado miembro, en virtud de dicha disposición, pronunciarse sobre todas las cuestiones relativas a la sucesión de que se trata, ya que el tribunal remitente solo es competente para conocer de eventuales declaraciones en virtud del artículo 13 del referido Reglamento en cuanto tribunal del Estado miembro de la residencia habitual de un heredero .

38 A la luz de estas consideraciones, corresponde al órgano jurisdiccional remitente comprobar, en primer lugar, el lugar en el que la causante tenía su residencia habitual, antes de evaluar los requisitos de inscripción en un registro, a solicitud de un heredero, de una declaración relativa a la renuncia a la herencia efectuada por otro heredero en el Estado miembro de su residencia habitual.

39 A este respecto, si las disposiciones del Derecho búlgaro impiden que el órgano jurisdiccional remitente examine su competencia para pronunciarse sobre la sucesión de que se trata, dicho órgano jurisdiccional debería abstenerse de aplicarlas. En efecto, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el órgano jurisdiccional nacional encargado de aplicar, en el marco de su competencia, las disposiciones del Derecho de la Unión está obligado a garantizar la plena eficacia de estas normas dejando inaplicada de oficio, en caso de necesidad, cualquier disposición contraria de la legislación nacional (véase, en este sentido, la sentencia de 26 de febrero de 2013, Åkerberg Fransson, C‑617/10, EU:C:2013:105, apartado 45 y jurisprudencia citada).

2º) SOBRE EL FONDO.

40 Mediante sus cuestiones prejudiciales, que procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 13 del Reglamento n.º 650/2012 se opone a que, una vez que un heredero haya inscrito ante un tribunal del Estado miembro de su residencia habitual una declaración relativa a la aceptación de la herencia de un causante cuya residencia habitual en la fecha de su fallecimiento estaba situada en otro Estado miembro, o a la renuncia a la misma, otro heredero solicite una inscripción ulterior de dicha declaración ante el tribunal competente de este último Estado miembro.

41 Según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, de las exigencias tanto de la aplicación uniforme del Derecho de la Unión como del principio de igualdad se desprende que el tenor de una disposición del Derecho de la Unión que no contenga una remisión expresa al Derecho de los Estados miembros para determinar su sentido y su alcance normalmente debe ser objeto en toda la Unión de una interpretación autónoma y uniforme que debe buscarse teniendo en cuenta no solo el tenor de la disposición, sino también su contexto y los objetivos perseguidos por la normativa de la que forme parte [sentencia del TJUE de 2 de junio de 2022, T. N. y N. N. (Declaración relativa a la renuncia a la herencia), C‑617/20, EU:C:2022:426, apartado 35 y jurisprudencia citada].

42 Por lo que se refiere, en primer lugar, al tenor del artículo 13 del Reglamento n.º 650/2012, procede recordar que, con arreglo a esta disposición, además del tribunal que sea competente para pronunciarse sobre la sucesión en virtud del referido Reglamento, los tribunales del Estado miembro de la residencia habitual de cualquier persona que, con arreglo a la ley aplicable a la sucesión, pueda efectuar ante un tribunal una declaración relativa a la aceptación de la herencia, de un legado o de la parte legítima o a la renuncia a los mismos, o una declaración de limitación de su responsabilidad respecto a las deudas y demás cargas de la herencia, serán competentes para conocer de esas declaraciones.

43 En lo referente, en segundo lugar, al contexto del artículo 13 del Reglamento n.º 650/2012, procede recordar que este artículo forma parte del capítulo II de ese Reglamento, que regula el conjunto de las competencias judiciales en materia de sucesiones. Dicho artículo 13 prevé por tanto un foro alternativo de competencia judicial que pretende permitir a los herederos que no tengan su residencia habitual en el Estado miembro cuyos tribunales sean competentes, con arreglo a las reglas generales de los artículos 4 a 11 del Reglamento n.º 650/2012, para pronunciarse sobre la sucesión realizar sus declaraciones relativas a la aceptación de la herencia o a su renuncia ante un tribunal del Estado miembro en el que tengan su residencia habitual [sentencia de 2 de junio de 2022, T. N. y N. N. (Declaración relativa a la renuncia a la herencia), C‑617/20, EU:C:2022:426, apartado 37].

44 Por cuanto atañe, en tercer lugar, a los objetivos perseguidos por el Reglamento n.º 650/2012, procede recordar que, según su considerando 7, este pretende facilitar el buen funcionamiento del mercado interior suprimiendo los obstáculos a la libre circulación de aquellas personas que desean ejercer sus derechos derivados de una sucesión transfronteriza. En particular, en el espacio europeo de justicia, es preciso garantizar de manera eficaz los derechos de los herederos y legatarios y de las personas próximas al causante, así como de los acreedores de la herencia [véase, en este sentido, la sentencia de 2 de junio de 2022, T. N. y N. N. (Declaración relativa a la renuncia a la herencia), C‑617/20, EU:C:2022:426, apartado 42 y jurisprudencia citada].

45 A este respecto, según jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el artículo 13 del Reglamento n.º 650/2012, a la luz de su considerando 32, conforme al cual el objetivo de esas disposiciones es facilitar la vida a los herederos y legatarios que residan habitualmente en un Estado miembro distinto de aquel en que se sustancia o se sustanciará la sucesión, pretende simplificar los trámites que deben realizar los herederos y los legatarios, estableciendo excepciones a las reglas para determinar la competencia previstas en los artículos 4 a 11 de ese Reglamento [véase, en este sentido, la sentencia del TJUE de 2 de junio de 2022, T. N. y N. N. (Declaración relativa a la renuncia a la herencia), C‑617/20, EU:C:2022:426, apartado 41 y jurisprudencia citada].

46 En lo tocante, en particular, a la cuestión relativa a la comunicación de las declaraciones relativas a la aceptación de la herencia o a la renuncia a la misma al tribunal competente para pronunciarse sobre la sucesión, es preciso señalar que de la última frase del considerando 32 del Reglamento n.º 650/2012, se desprende que «las personas que se acojan a la posibilidad de hacer declaraciones en el Estado miembro de su residencia habitual deben informar ellas mismas al tribunal o a la autoridad que sustancia o sustanciará la sucesión de la existencia de esas declaraciones dentro de los plazos establecidos por la ley aplicable a la sucesión».

47 La última frase del citado considerando da a entender, ante todo, que, para el legislador de la Unión, es necesario que la declaración relativa a la renuncia a la herencia realizada ante un tribunal del Estado miembro de la residencia habitual del heredero que renuncia se ponga en conocimiento del tribunal competente para pronunciarse sobre la sucesión. Sin embargo, procede señalar que el artículo 13 del Reglamento n.º 650/2012 no prevé un mecanismo de transmisión de tales declaraciones por parte del tribunal del Estado miembro de la residencia habitual del heredero que renuncia al tribunal competente para pronunciarse sobre la sucesión. El citado considerando 32 presume no obstante que las personas que hayan hecho uso de la facultad de efectuar tales declaraciones en el Estado miembro de su residencia habitual asumirán la obligación de comunicar la existencia de esas declaraciones a las autoridades encargadas de la sucesión [véase, en este sentido, la sentencia de 2 de junio de 2022, T. N. y N. N. (Declaración relativa a la renuncia a la herencia), C‑617/20, EU:C:2022:426, apartado 47].

48 A este respecto, si bien es cierto que el heredero que renuncia tiene interés en informar de la existencia de tal declaración al tribunal competente para pronunciarse sobre la sucesión, con el fin de evitar que dicho tribunal adopte una resolución materialmente errónea que sea contraria a su voluntad declarada, no es menos cierto que las disposiciones del Reglamento n.º 650/2012 no le imponen una obligación vinculante a este respecto. Por consiguiente, no puede considerarse que un heredero que renuncia deba informar siempre, él mismo, a dicho órgano jurisdiccional de la existencia de tal declaración.

49 En estas circunstancias, se impone una interpretación en sentido amplio por lo que respecta a la transmisión de las declaraciones efectuadas con arreglo al artículo 13 del Reglamento n.º 650/2012 al tribunal competente para pronunciarse sobre la sucesión. En efecto, el objetivo de dicha transmisión es permitir que ese tribunal adquiera conocimiento de la existencia de tal declaración y la tenga en cuenta al sustanciar la sucesión. A este respecto, carece de pertinencia la forma en que se pone esa declaración en conocimiento de dicho órgano jurisdiccional.

50 En efecto, el Reglamento n.º 650/2012 no se opone a que, una vez que un heredero haya inscrito ante un tribunal del Estado miembro de su residencia habitual una declaración relativa a la renuncia a la herencia de un causante cuya residencia habitual en la fecha de su fallecimiento estaba situada en otro Estado miembro, otro heredero solicite una inscripción ulterior de dicha declaración en este último Estado miembro. Procede considerar que un heredero que pueda beneficiarse de tal declaración debe poder informar, cuando el heredero que renuncia no lo haya hecho él mismo, al tribunal competente para pronunciarse sobre una sucesión de la existencia de dicha declaración con el fin de facilitar la sustanciación de esa sucesión.

51 Esta interpretación se ve corroborada por los objetivos perseguidos por el Reglamento n.º 650/2012, enunciados en el apartado 44 de la presente sentencia, que tienen por objeto, en particular, suprimir los obstáculos a la libre circulación de las personas que desean ejercer sus derechos en situaciones de sucesión mortis causa con repercusiones transfronterizas.

52 Es preciso subrayar, a este respecto, que el hecho de informar al tribunal competente para pronunciarse sobre una sucesión de la existencia de una declaración relativa a la renuncia a esa herencia, realizada por un heredero ante el tribunal del Estado miembro de su residencia habitual, en el sentido del artículo 13 del Reglamento n.º 650/2012, no constituye una declaración en nombre de un tercero, sino únicamente una notificación de dicha declaración relativa a la renuncia a ese primer tribunal.

53 Por otra parte, en relación con lo anterior, carece de relevancia el hecho de que la legislación de un Estado miembro, como la controvertida en el litigio principal, prevea la inscripción de dicha declaración en un registro judicial, con el fin de que todas las declaraciones relativas a la aceptación de una herencia o a la renuncia a la misma se concentren en un mismo lugar y en un único registro judicial a partir del cual puedan efectuarse las indagaciones que correspondan.

54 Además, en la medida en que el órgano jurisdiccional remitente indica que el Derecho búlgaro no permite que las declaraciones de terceros se inscriban en el registro de aceptaciones de herencias y renuncias a las mismas, procede señalar, a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia recordada en el apartado 39 de la presente sentencia, que corresponde a dicho tribunal garantizar la plena eficacia del artículo 13 del Reglamento n.º 650/2012 admitiendo que la declaración relativa a la renuncia a la herencia controvertida en el litigio principal le sea transmitida por un heredero distinto del que realizó dicha declaración en el Estado miembro de su residencia habitual y absteniéndose de aplicar, en su caso, cualquier disposición contraria de la legislación nacional.

55 Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede responder a las cuestiones prejudiciales planteadas que el artículo 13 del Reglamento n.º 650/2012 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que, una vez que un heredero haya inscrito ante un tribunal del Estado miembro de su residencia habitual una declaración relativa a la aceptación de la herencia de un causante cuya residencia habitual en la fecha de su fallecimiento estaba situada en otro Estado miembro, o a la renuncia a la misma, otro heredero solicite una inscripción ulterior de dicha declaración ante el tribunal competente de este último Estado miembro.

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Un nacional de un tercer país de la UE, divorciado de un ciudadano de la Unión, cuyo matrimonio haya durado por lo menos tres años antes del inicio del procedimiento judicial de divorcio, de los cuales uno al menos en el Estado miembro de acogida, no podrá mantener su derecho de residencia en ese Estado miembro cuando el inicio del procedimiento judicial de divorcio haya sido posterior a la partida de ese Estado miembro del cónyuge ciudadano de la Unión.

 

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Gran Sala, de 16 de julio de 2015, nº C-218/2014, resuelve respecto del derecho de residencia tras divorcio, la cuestión prejudicial sobre la interpretación de los arts.7.1, letra b), y 13.2, párrafo primero, letra a) Directiva 2004/38, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros.

El presente asunto se refiere a tres nacionales de terceros países de la UE que, a raíz de sus matrimonios con sendas ciudadanas de la Unión que residían y trabajaban en Irlanda, adquirieron un derecho de residencia en dicho Estado miembro por un período comprendido entre tres meses y cinco años, con arreglo al artículo 7, apartado 2, de la Directiva 2004/38, como cónyuges que acompañan o que se reúnen con un ciudadano de la Unión en el Estado miembro de acogida.

Es decir, se plantea en el marco de tres litigios entre tres ciudadanos extracomunitarios residentes en Irlanda, y el Ministerio de Justicia e Igualdad, en relación con la denegación por este último de las solicitudes presentadas por los interesados para poder conservar su derecho de residencia en Irlanda tras sus respectivos divorcios.

Según el Tribunal, estas disposiciones deben interpretarse en el sentido de que un nacional de un tercer país, divorciado de un ciudadano de la Unión, cuyo matrimonio haya durado por lo menos tres años antes del inicio del procedimiento judicial de divorcio, de los cuales uno al menos en el Estado miembro de acogida, no podrá mantener su derecho de residencia en ese Estado miembro, sobre la base de dicha disposición, cuando el inicio del procedimiento judicial de divorcio haya sido posterior a la partida de ese Estado miembro del cónyuge ciudadano de la Unión.

Asimismo, el ciudadano de la Unión dispone de recursos suficientes para él y para los miembros de su familia, de modo que no se convierta en una carga para el sistema de asistencia social del Estado miembro de acogida durante el período de su residencia, aun cuando esos recursos procedan en parte de los de su cónyuge, que es nacional de un tercer país.

A) Derecho de la Unión Europea.

1º) Con arreglo al considerando 15 de la Directiva 2004/38:

«Conviene, por otro lado, ofrecer protección jurídica a los miembros de la familia en caso de fallecimiento del ciudadano de la Unión o de divorcio o anulación del matrimonio o de una unión de hecho registrada. Resulta pues necesario adoptar medidas que garanticen que, en tales supuestos, los miembros de la familia que residieran ya en el territorio del Estado miembro de acogida conserven su derecho de residencia, a título exclusivamente personal, con el debido respeto por la vida familiar y la dignidad humana y bajo ciertas condiciones para evitar abusos.».

2º) El artículo 2 de esta Directiva, con el epígrafe «Definiciones», prevé:

«A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:

1) "Ciudadano de la Unión": toda persona que tenga la nacionalidad de un Estado miembro.

2) "Miembro de la familia":

a) el cónyuge;

3) "Estado miembro de acogida": el Estado miembro al que se traslada el ciudadano de la Unión para ejercer su derecho de libre circulación y residencia.»

3º) El artículo 3 de la citada Directiva, con el epígrafe «Beneficiarios», dispone en su apartado 1:

«La presente Directiva se aplicará a cualquier ciudadano de la Unión que se traslade a, o resida en, un Estado miembro distinto del Estado del que tenga la nacionalidad, así como a los miembros de su familia, tal como se definen en el punto 2 del artículo 2, que le acompañen o se reúnan con él.».

4º) El artículo 7 de la misma Directiva, con el epígrafe «Derecho de residencia por más de tres meses», dispone en sus apartados 1 y 2:

«1. Todo ciudadano de la Unión tiene derecho de residencia en el territorio de otro Estado miembro por un período superior a tres meses si:

a) es un trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia en el Estado miembro de acogida, o

b) dispone, para sí y los miembros de su familia, de recursos suficientes para no convertirse en una carga para la asistencia social del Estado miembro de acogida durante su período de residencia, así como de un seguro de enfermedad que cubra todos los riesgos en el Estado miembro de acogida, o

c) - está matriculado en un centro público o privado, reconocido o financiado por el Estado miembro de acogida con arreglo a su legislación o a su práctica administrativa, con la finalidad principal de cursar estudios, inclusive de formación profesional; y

- cuenta con un seguro de enfermedad que cubre todos los riesgos en el Estado miembro de acogida y garantiza a la autoridad nacional competente, mediante una declaración o por cualquier otro medio equivalente de su elección, que posee recursos suficientes para sí y los miembros de su familia para no convertirse en una carga para la asistencia social del Estado miembro de acogida durante su período de residencia, o

d) es un miembro de la familia que acompaña a un ciudadano de la Unión, o va a reunirse con él, y que cumple las condiciones contempladas en las letras a), b) o c).

2. El derecho de residencia establecido en el apartado 1 se ampliará a los miembros de la familia que no sean nacionales de un Estado miembro cuando acompañen al ciudadano de la Unión o se reúnan con él en el Estado miembro de acogida, siempre que dicho ciudadano cumpla las condiciones contempladas en las letras a), b) o c) del apartado 1.»

5º) El artículo 12 de la Directiva 2004/38, con el epígrafe «Mantenimiento del derecho de residencia de los miembros de la familia en caso de fallecimiento o partida del ciudadano de la Unión», establece:

«1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo segundo, el fallecimiento del ciudadano de la Unión o su partida del territorio del Estado miembro de acogida no afectarán al derecho de residencia de los miembros de su familia que tengan la nacionalidad de un Estado miembro.

Antes de adquirir el derecho de residencia permanente, los interesados deberán cumplir las condiciones previstas en las letras a), b), c) o d) del apartado 1 del artículo 7.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo segundo, el fallecimiento del ciudadano de la Unión no supondrá la pérdida del derecho de residencia de los miembros de su familia que no tengan la nacionalidad de un Estado miembro y que hayan residido en el Estado miembro de acogida en calidad de miembros de su familia durante al menos un año antes del fallecimiento del ciudadano de la Unión.

Antes de adquirir el derecho de residencia permanente, el derecho de residencia de los interesados seguirá estando sujeto al requisito de poder demostrar que son trabajadores por cuenta ajena o propia, o que disponen, para sí y para los miembros de su familia, de recursos suficientes para no convertirse durante su período de residencia en una carga para la asistencia social del Estado miembro de acogida, así como de un seguro de enfermedad que cubra todos los riesgos en el Estado miembro de acogida, o bien ser miembros de la familia, ya constituida en el Estado miembro de acogida, de una persona que cumpla estos requisitos. Los "recursos suficientes" mencionados en el párrafo segundo serán los definidos en el apartado 4 del artículo 8.

Dichos miembros de la familia seguirán conservando su derecho de residencia exclusivamente a título personal.

3. La partida del ciudadano de la Unión o su fallecimiento no supondrá la pérdida del derecho de residencia de sus hijos ni del progenitor que tenga la custodia efectiva de los hijos, con independencia de su nacionalidad, siempre que los hijos residan en el Estado miembro de acogida y estén matriculados en un centro de enseñanza para cursar estudios, y ello hasta el final de dichos estudios.»

6º) El artículo 13 de la Directiva 2004/38, con el epígrafe «Mantenimiento del derecho de residencia de los miembros de la familia en caso de divorcio, anulación del matrimonio o fin de la unión registrada», establece en su apartado 2:

«Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo segundo, el divorcio, la anulación del matrimonio o el fin de la unión registrada mencionada en la letra b) del punto 2 del artículo 2 no supondrá la pérdida del derecho de residencia de los miembros de la familia del ciudadano de la Unión que no tengan la nacionalidad de un Estado miembro:

a) cuando el matrimonio o la unión registrada haya durado, hasta iniciarse el procedimiento judicial de divorcio o de anulación o finalizar la unión registrada mencionada en la letra b) del punto 2 del artículo 2, al menos tres años, de los cuales uno al menos en el Estado miembro de acogida,

[...]

Antes de adquirir el derecho de residencia permanente, el derecho de residencia de los interesados seguirá estando sujeto al requisito de poder demostrar que son trabajadores por cuenta ajena o propia, o que disponen, para sí y para los miembros de su familia, de recursos suficientes para no convertirse durante su período de residencia en una carga para la asistencia social del Estado miembro de acogida, así como de un seguro de enfermedad que cubra todos los riesgos en el Estado miembro de acogida, o bien ser miembros de la familia, ya constituida en el Estado miembro de acogida, de una persona que cumpla estos requisitos. Los "recursos suficientes" serán los definidos en el apartado 4 del artículo 8.

Dichos miembros de la familia seguirán conservando su derecho de residencia exclusivamente a título personal.»

7º) El artículo 14 de la citada Directiva, con el epígrafe «Mantenimiento del derecho de residencia», establece en su apartado 2:

«Los ciudadanos de la Unión y los miembros de sus familias gozarán del derecho de residencia establecido en los artículos 7, 12 y 13 mientras cumplan las condiciones en ellos previstas.

B) Asuntos principales.

Primer asunto principal.

11 El Sr. Singh tiene la nacionalidad india. Llegó a Irlanda, el 6 de febrero de 2002, con un visado de estudiante y, posteriormente, residió legalmente en dicho Estado miembro.

12 El 11 de noviembre de 2005, el Sr. Singh contrajo matrimonio con una mujer de nacionalidad letona que trabajaba y residía legalmente en Irlanda. La pareja tuvo un hijo, el 3 de diciembre de 2007, que también tiene la nacionalidad letona.

13 A raíz del pronunciamiento de la sentencia Metock y otros (C-127/08, EU:C:2008:449), y de conformidad con las disposiciones de la Directiva 2004/38, el Sr. Singh obtuvo una autorización de residencia en Irlanda por un período de cinco años en su condición de cónyuge de una ciudadana de la Unión que residía en dicho Estado miembro y que ejercía en él los derechos previstos por el Tratado FUE.

14 La esposa del Sr. Singh trabajó de forma continuada entre el año 2004 y el mes de junio de 2009 ocupando diversos empleos.

15 Durante el año 2009, el Sr. Singh abrió y gestionó con un socio una pizzería en Irlanda, en el marco de un contrato de franquicia, de fecha de 29 de mayo de 2009, celebrado por un período inicial de 10 años. A continuación, el Sr. Singh cubrió las necesidades económicas de su familia y su esposa se quedó a cargo del hogar para ocuparse del hijo de la pareja.

16 Debido a las desavenencias conyugales del matrimonio Singh, la esposa del Sr. Singh abandonó Irlanda en el mes de febrero de 2010 e inició un procedimiento de divorcio en Letonia en el mes de septiembre de 2010. El divorcio se declaró con efectos a 12 de mayo de 2011.

17 El 14 de diciembre de 2011, a raíz de su divorcio , el Sr. Singh solicitó al Minister el mantenimiento de la autorización de residencia de la que era titular, así como la expedición de un permiso de residencia permanente en Irlanda, con arreglo a la Directiva 2004/38 y a las medidas nacionales de transposición de ésta, alegando que había estado casado con una ciudadana de la Unión, que era el padre de un ciudadano de la Unión y que cumplía los requisitos legales exigidos, puesto que su matrimonio había durado por lo menos tres años, de los cuales uno al menos en Irlanda. En esa época, el Sr. Singh era trabajador por cuenta propia o trabajador por cuenta ajena.

18 Mediante decisión de 30 de abril de 2012, el Minister denegó estas solicitudes exponiendo en especial los siguientes motivos:

«[...] puesto que [su ex esposa] abandonó el territorio de [Irlanda] en 2010, ya no puede considerarse que ejerce los derechos previstos en los Tratados de la Unión Europea en este Estado miembro con arreglo a lo dispuesto en el artículo 6, apartado 2, letra b), del Reglamento [de 2006], y ya no disfruta del derecho de residencia en el citado Estado miembro conforme al artículo 6 [de dicho Reglamento]. En consecuencia, usted no puede [...] disfrutar de un derecho de residencia derivado del de [su ex esposa] con arreglo a lo dispuesto en el artículo 6, apartado 2, letra b), del Reglamento de 2006.»

19 El Sr. Singh interpuso un recurso contra esta decisión alegando que tenía un derecho personal de residencia en Irlanda conforme al artículo 10 del Reglamento de 2006, artículo por el que se incorpora al Derecho nacional el artículo 13 de la Directiva 2004/38.

20 Mediante escrito de 12 de noviembre de 2012, el Servicio de recursos del Minister informó al Sr. Singh de que su recurso había sido desestimado.

21 No obstante, habida cuenta de la situación específica del Sr. Singh, mediante el mismo escrito se concedió al interesado una autorización renovable con la que podía permanecer con carácter excepcional durante un año en Irlanda, lo que le permitió residir y trabajar sin necesidad de disponer de un permiso de trabajo. De este modo, el Sr. Singh pudo ejercer sus actividades comerciales en dicho Estado miembro con arreglo al Derecho nacional.

Segundo asunto principal.

22 El Sr. Njume, que ha declarado tener la nacionalidad camerunesa, presentó una solicitud de asilo en Alemania el 6 de enero de 2004.

23 El Sr. Njume afirma haber conocido en enero de 2005 a una mujer de nacionalidad alemana con la que tuvo una relación y con la que, posteriormente, vivió en Eslohe (Alemania) durante 18 meses aproximadamente.

24 El Sr. Njume entró ilegalmente en Irlanda y presentó en este país una solicitud de asilo el 4 de septiembre de 2006. El 4 de enero de 2007, el Sr. Njume contrajo matrimonio con su pareja en la Oficina del Registro civil de Cork (Irlanda).

25 A raíz del pronunciamiento de la sentencia Metock y otros (C-127/08, EU:C:2008:449), y de conformidad con las disposiciones de la Directiva 2004/38, el Sr. Njume obtuvo, mediante decisión de 3 de diciembre de 2008, una autorización de residencia en Irlanda por un período de cinco años en su condición de cónyuge de una ciudadana de la Unión que residía en dicho Estado miembro y que ejercía en él los derechos previstos por el Tratado FUE. Esta autorización de residencia, que tenía un efecto retroactivo a 11 de octubre de 2007, iba acompañada de la entrega de una tarjeta de residencia.

26 El Sr. Njume, que encontró un empleo posteriormente, sostiene que su esposa y él vivieron en Irlanda durante todo el período comprendido entre el final del año 2006 y el mes de enero de 2011, salvo durante tres estancias en el Reino Unido, de diez días cada una, destinadas a que su esposa pudiera buscar un empleo en este país. El Sr. Njume afirma que mantuvo a su esposa entre los años 2008 y 2011 con sus propios ingresos.

27 Mediante escrito de 25 de febrero de 2011, se informó al Minister de que la esposa del Sr. Njume había abandonado Irlanda a comienzos del año 2011 y había regresado a Alemania. Mediante escrito de 25 de marzo de 2011, el Sr. Njume alegó que, en virtud del artículo 9 del Reglamento de 2006, por el que se transpone al Derecho nacional el artículo 12 de la Directiva 2004/38, su derecho de residencia en Irlanda se mantenía en caso de que la ciudadana de la Unión partiera de este Estado miembro.

28 El 14 de junio de 2011, la esposa del Sr. Njume presentó una demanda de divorcio en el Reino Unido.

29 Mediante escrito de 12 de julio de 2011, el Minister comunicó al Sr. Njume que el artículo 9 del Reglamento de 2006 no era aplicable a su situación. Mediante escrito de 22 de julio de 2011, el Sr. Njume informó al Minister de la mencionada demanda de divorcio.

30 El 21 de diciembre de 2011, la High Court of Justice (England & Wales), Family Division (Reino Unido), dictó una resolución provisional en la que se indicaba que, en dicha fecha, se había declarado que el Sr. Njume y su esposa habían «vivido separados de modo ininterrumpido durante por lo menos los dos años inmediatamente anteriores a la presentación de la demanda [de divorcio]». Se dictó una sentencia definitiva el 28 de marzo de 2012.

31 A raíz de este divorcio, el Sr. Njume solicitó que se mantuviera su derecho de residencia en Irlanda con arreglo al artículo 10 del Reglamento de 2006, artículo por el que incorpora al Derecho nacional el artículo 13, apartado 2, de la Directiva 2004/38.

32 Mediante decisión de 21 de septiembre de 2012, el Minister denegó al Sr. Njume, con arreglo al artículo 10, apartado 2, de dicho Reglamento, el derecho de residencia solicitado.

33 Mediante decisión de 12 de septiembre de 2013, se concedió al Sr. Njume, con arreglo al Derecho nacional, una autorización de residencia en Irlanda renovable por un período de tres años, es decir, hasta el 12 de septiembre de 2016.

Tercer asunto principal.

34 El Sr. Aly, de nacionalidad egipcia, entró en Irlanda el 14 de marzo de 2007 con un visado de turista que le autorizaba a residir en ese Estado miembro hasta el 14 de junio de 2007. El 12 de julio de 2007, el Sr. Aly contrajo matrimonio en Irlanda con una mujer de nacionalidad lituana. El interesado recibió una tarjeta de residencia el 21 de agosto de 2008, con efecto retroactivo a 3 de febrero de 2008, con arreglo al Reglamento de 2006. Esta tarjeta era válida durante cinco años, es decir, hasta el 2 de febrero de 2013.

35 La esposa del Sr. Aly trabajó en Irlanda desde el 1 de mayo de 2004 hasta el mes de enero de 2009, fecha en la que perdió su empleo debido a la crisis económica. La interesada percibió una prestación de desempleo hasta el mes de junio de 2009. Los esposos Aly vivieron gracias a los ingresos del Sr. Aly mientras la esposa de éste buscaba empleo. En marzo de 2011, la interesada se estableció en el Reino Unido para ocupar allí un empleo de corta duración.

36 Mediante escrito de 14 de agosto de 2012, el Sr. Aly comunicó al Irish Naturalisation and Immigration Service (Servicio de naturalización e inmigración irlandés; en lo sucesivo, «INIS») que, en los seis meses siguientes al traslado de su esposa a Londres (Reino Unido) para trabajar allí, la pareja se había separado. La esposa deseaba quedarse en Londres, mientras que el Sr. Aly no quería establecerse en esa ciudad.

37 Mediante escrito de 3 de octubre de 2012, el INIS informó al Sr. Aly de que tenía la intención de poner fin a la autorización de residencia del interesado en Irlanda y le requirió para que presentara sus observaciones.

38 Mediante escrito de 15 de octubre de 2012, el Sr. Aly comunicó al INIS que se había iniciado un proceso de divorcio en Lituania y que en breve se dictaría una sentencia de divorcio. Alegó que, con arreglo al artículo 13 de la Directiva 2004/38, tenía derecho a residir en Irlanda.

39 mediante decisión de 12 de noviembre de 2012 (en lo sucesivo, «decisión impugnada»), el INIS revocó la autorización de residencia en Irlanda del Sr. Aly. En esta decisión se indicaba concretamente lo siguiente:

«Procede señalar, además, que [su esposa] abandonó el territorio nacional y hace ya mucho tiempo que no ejerce los derechos previstos en los Tratados de la Unión Europea conforme al artículo 6, apartado 2, [del Reglamento de 2006]. Por esta razón, los motivos por los que le habíamos concedido una autorización de residencia ya no son aplicables, dado que su derecho derivado, con arreglo a lo dispuesto en [el Reglamento de 2006], se extinguió en el momento en que su esposa, ciudadana de la Unión, dejó de ejercer en el territorio nacional los derechos previstos en los Tratados de la Unión Europea. El artículo 10, apartado 2, [del Reglamento de 2006] se refiere al mantenimiento de un derecho de residencia de carácter individual y personal en caso de divorcio. No obstante, puesto que usted no está divorciado y su derecho de residencia se extinguió cuando [su esposa] dejó de ejercer en Irlanda los derechos previstos en los Tratados de la Unión, no podrá mantener ese derecho.»

40 A raíz de la notificación de la decisión impugnada, el Sr. Aly se presentó ante las autoridades competentes en materia de inmigración, como éstas le habían ordenado, y un funcionario destruyó su tarjeta de residencia. Este funcionario también se puso en contacto con el empresario del Sr. Aly para impedir que éste pudiera seguir trabajando.

41 El 10 de diciembre de 2012, la High Court autorizó al Sr. Aly a interponer un recurso contencioso-administrativo contra la decisión impugnada.

42 Como consecuencia de este procedimiento, mediante decisión de 17 de diciembre de 2012, se concedió al Sr. Aly una autorización temporal de trabajo y de residencia en territorio irlandés.

43 El 12 de marzo de 2013, las autoridades lituanas expidieron un certificado de divorcio a los interesados.

44 En estas circunstancias, la High Court decidió suspender el procedimiento en los tres asuntos principales y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes:

«1) Cuando un matrimonio entre un ciudadano de la Unión y un nacional de un tercer Estado acaba en divorcio después de que el ciudadano de la Unión abandone el Estado miembro de acogida en el que ejercitó los derechos que le confiere el Derecho de la Unión y resultan aplicables los artículos 7 y 13, apartado 2, [párrafo primero], letra a), de la Directiva 2004/38, ¿conserva el nacional de un tercer Estado un derecho de residencia en el Estado miembro de acogida? En caso de respuesta negativa, ¿tiene el nacional de un tercer Estado un derecho de residencia en el Estado miembro de acogida durante el período anterior al divorcio tras la partida del ciudadano de la Unión del Estado miembro de acogida?.

2) ¿Se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 7, apartado 1, letra b), de la Directiva 2004/38 cuando el cónyuge ciudadano de la Unión alega disponer de recursos suficientes, en el sentido del artículo 8, apartado 4, de dicha Directiva, contando, en parte, con los recursos de su cónyuge nacional de un Estado tercero?.

3) En caso de respuesta negativa a la segunda cuestión, ¿tienen derecho las personas que se encuentran en la misma situación que los demandantes en los litigios principales, con arreglo al Derecho de la Unión (al margen de la Directiva), a trabajar en el Estado miembro de acogida para aportar o contribuir a obtener "recursos suficientes" a los efectos del artículo 7 de la Directiva?».

C) Sobre las cuestiones prejudiciales.

1º) Observaciones preliminares.

45 El presente asunto se refiere a tres nacionales de terceros países que, a raíz de sus matrimonios con sendas ciudadanas de la Unión que residían y trabajaban en Irlanda, adquirieron un derecho de residencia en dicho Estado miembro por un período comprendido entre tres meses y cinco años, con arreglo al artículo 7, apartado 2, de la Directiva 2004/38, como cónyuges que acompañan o que se reúnen con un ciudadano de la Unión en el Estado miembro de acogida.

46 En esos tres litigios principales consta que, antes de que transcurrieran dichos períodos, el cónyuge ciudadano de la Unión abandonó el territorio irlandés para establecerse en otro Estado miembro, mientras que el cónyuge nacional de un tercer país permaneció en Irlanda.

47 También consta que, algún tiempo después de su partida, los cónyuges ciudadanos de la Unión presentaron demandas de divorcio que concluyeron con resoluciones judiciales en las que se declaró la disolución de los matrimonios que unían a esos ciudadanos de la Unión con los nacionales de los terceros países de que se trata.

2º) Sobre la primera cuestión prejudicial.

48 Mediante su primera cuestión prejudicial, el tribunal remitente solicita, en esencia, que se dilucide si el artículo 13, apartado 2, de la Directiva 2004/38 debe interpretarse en el sentido de que un nacional de un tercer país, divorciado de un ciudadano de la Unión, cuyo matrimonio haya durado por lo menos tres años antes del inicio del procedimiento judicial de divorcio , de los cuales uno al menos en el Estado miembro de acogida, puede mantener su derecho de residencia en ese Estado miembro, sobre la base de dicha disposición, cuando el divorcio ha sido posterior a la partida de ese Estado miembro del cónyuge ciudadano de la Unión.

49 Por tanto, debe precisarse cuáles son los requisitos exigidos para la aplicación del artículo 13, apartado 2, párrafo primero, letra a), de la Directiva 2004/38 y, en particular, si el cónyuge, ciudadano de la Unión, de un nacional de un tercer país debe haber residido en el Estado miembro de acogida, conforme al artículo 7, apartado 1, de dicha Directiva, hasta la fecha en la que se haya declarado el divorcio para que ese nacional de un tercer país pueda invocar el artículo 13, apartado 2, de la citada Directiva.

50 Por lo que se refiere al derecho de residencia en el Estado miembro de acogida de los nacionales de terceros países que sean miembros de la familia de un ciudadano de la Unión, debe recordarse, con carácter preliminar, la jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia según la cual los derechos conferidos por la Directiva 2004/38 a los nacionales de terceros países no son derechos autónomos de esos nacionales, sino derechos derivados del ejercicio de la libertad de circulación por un ciudadano de la Unión. La finalidad y la justificación de esos derechos derivados se basan en que, si no se reconocieran tales derechos, esto supondría un obstáculo a la libre circulación del ciudadano de la Unión y podría disuadirle de ejercer sus derechos de entrada y residencia en el Estado miembro de acogida (véase, en este sentido, la sentencia O. y B., C-456/12, EU:C:2014:135, apartados 36 y 45 y jurisprudencia citada).

51 También debe recordarse que la Directiva 2004/38 no reconoce derechos de entrada y de residencia en un Estado miembro a todos los nacionales de terceros países, sino únicamente a aquellos que son «miembros de la familia», en el sentido del artículo 2, punto 2, de esta Directiva, de un ciudadano de la Unión que haya ejercido su derecho de libre circulación estableciéndose en un Estado miembro distinto del de su nacionalidad (sentencia Iida, C-40/11, EU:C:2012:691, apartado 51 y jurisprudencia citada).

52 Por otro lado, el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2004/38 impone, para poder invocarla, que el miembro de la familia del ciudadano de la Unión que se traslade a, o resida en, un Estado miembro distinto del Estado del que tenga la nacionalidad le acompañe o se reúna con él (véase la sentencia Iida, C-40/11, EU:C:2012:691, apartado 61).

53 El artículo 7 de la Directiva 2004/38, relativo al derecho de residencia por más de tres meses, exige igualmente que los miembros de la familia de un ciudadano de la Unión que no tengan la nacionalidad de un Estado miembro «acompañen» o «se reúnan» con éste en el Estado miembro de acogida para poder disfrutar en él de ese derecho de residencia (sentencia Metock y otros, C-127/08, EU:C:2008:449, apartado 86).

54 Conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE, el requisito de que el nacional del tercer país deba acompañar al ciudadano de la Unión o reunirse con él no implica la obligación de que los esposos vivan juntos en la misma casa, sino la de que ambos habiten en el Estado miembro en el que el cónyuge ciudadano de la Unión ejerza su derecho a la libre circulación (véase, en este sentido, la sentencia Ogieriakhi, C-244/13, EU:C:2014:2068, apartado 39).

55 De este modo, los nacionales de terceros países que sean miembros de la familia de un ciudadano de la Unión sólo podrán invocar el derecho de residencia previsto en la Directiva 2004/38 en el Estado miembro de acogida en el que resida dicho ciudadano, y no en otro Estado miembro (véase, en ese sentido, la sentencia Iida, C-40/11, EU:C:2012:691, apartados 63 y 64).

56 Además, el artículo 7, apartado 2, de la Directiva 2004/38 reconoce a los miembros de la familia de un ciudadano de la Unión que tengan la nacionalidad de un tercer país, y que acompañen o se reúnan con dicho ciudadano de la Unión en el Estado miembro de acogida, un derecho de residencia de más de tres meses en dicho Estado miembro siempre que dicho ciudadano de la Unión cumpla los requisitos establecidos en el artículo 7, apartado 1, letras a), b), o c), de dicha Directiva.

57 Finalmente, en virtud del artículo 14, apartado 2, de la Directiva 2004/38, el derecho de los miembros de la familia de un ciudadano de la Unión a residir en el territorio del Estado miembro de acogida, sobre la base del artículo 7, apartado 2, de dicha Directiva, sólo se mantendrá mientras aquéllos cumplan los requisitos establecidos en dicha disposición.

58 De esto se deriva que, cuando un ciudadano de la Unión, que se encuentre en una situación como la de las esposas en los litigios principales, abandone el Estado miembro de acogida y se establezca en otro Estado miembro o en un tercer país, el cónyuge, nacional de un tercer país, de este ciudadano de la Unión dejará de cumplir los requisitos necesarios para el disfrute de un derecho de residencia en el Estado miembro de acogida con arreglo al artículo 7, apartado 2, de la Directiva 2004/38. No obstante, debe examinarse si dicho cónyuge puede invocar un derecho de residencia, sobre la base del artículo 13, apartado 2, párrafo primero, letra a), de la Directiva 2004/38, y con qué requisitos, cuando la partida del ciudadano de la Unión ha ido seguida de un divorcio.

59 En virtud del artículo 13, apartado 2, párrafo primero, letra a), de la Directiva 2004/38, el divorcio no supone la pérdida del derecho de residencia de los miembros de la familia de un ciudadano de la Unión que no tengan la nacionalidad de un Estado miembro «cuando el matrimonio [...] haya durado, hasta iniciarse el procedimiento judicial de divorcio [...], al menos tres años, de los cuales uno al menos en el Estado miembro de acogida».

60 Esta disposición responde al objetivo, enunciado en el considerando 15 de la citada Directiva, de ofrecer protección jurídica a los miembros de la familia en caso de fallecimiento del ciudadano de la Unión o de divorcio o anulación del matrimonio o de una unión de hecho registrada, tomando a este respecto las medidas que garanticen que, en tales supuestos, los miembros de la familia que residieran ya en el territorio del Estado miembro de acogida conserven su derecho de residencia a título exclusivamente personal.

61 La referencia en la citada disposición, por una parte, al «Estado miembro de acogida», que sólo se define, en el artículo 2, punto 3, de la Directiva 2004/38, en relación con el ejercicio del derecho de libre circulación y residencia del ciudadano de la Unión, y, por otra parte, al inicio del «procedimiento judicial de divorcio », implica necesariamente que sólo podrá mantenerse, sobre la base del artículo 13, apartado 2, párrafo primero, letra a), de la Directiva 2004/38, el derecho de residencia del cónyuge, nacional de un tercer país, del ciudadano de la Unión si el Estado miembro en el que reside dicho nacional es el «Estado miembro de acogida», en el sentido del artículo 2, apartado 3, de la citada Directiva, en la fecha en la que se inicia el procedimiento judicial de divorcio.

62 No obstante, no es éste el caso cuando, antes del inicio de dicho procedimiento, el ciudadano de la Unión abandona el Estado miembro en el que reside su cónyuge para establecerse en otro Estado miembro o en un tercer país. En efecto, en dicha hipótesis, el derecho de residencia derivado del que disfruta el nacional de un tercer país, con arreglo al artículo 7, apartado 2, de la Directiva 2004/38, finaliza en el momento de la partida del ciudadano de la Unión y, por tanto, no puede mantenerse sobre la base del artículo 13, apartado 2, párrafo primero, letra a), de dicha Directiva.

63 De lo anterior se deriva que, si en el momento en el que se inicia el procedimiento judicial de divorcio , el nacional de un tercer país que es cónyuge de un ciudadano de la Unión disfrutaba de un derecho de residencia con arreglo al artículo 7, apartado 2, de la Directiva 2004/38, ese derecho se mantendrá, sobre la base del artículo 13, apartado 2, párrafo primero, letra a), de la citada Directiva, tanto durante el procedimiento de divorcio como tras la declaración del divorcio , siempre que se cumplan los requisitos previstos en el artículo 13, apartado 2, párrafo segundo, de ésta.

64 Sentado lo anterior, en los tres litigios principales, los cónyuges ciudadanos de la Unión de los nacionales de terceros países de que se trata abandonaron el Estado miembro de acogida y se establecieron en otro Estado miembro antes de que se iniciara el procedimiento de divorcio.

65 Del apartado 58 de la presente sentencia se deriva que, tras la partida del cónyuge ciudadano de la Unión, el cónyuge nacional de un tercer país deja de cumplir los requisitos necesarios para disfrutar de un derecho de residencia, con arreglo al artículo 7, apartado 2, de la Directiva 2004/38, en el Estado miembro de acogida.

66 Por tanto, procede declarar que el cónyuge ciudadano de la Unión de un nacional de un tercer país debe haber residido en el Estado miembro de acogida, conforme al artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2004/38, hasta la fecha del inicio del procedimiento judicial de divorcio para que ese nacional de un tercer país pueda invocar el mantenimiento de su derecho de residencia en dicho Estado miembro con arreglo al artículo 13, apartado 2, de la citada Directiva.

67 En consecuencia, como indicó la Abogado General en el punto 27 de sus conclusiones, en circunstancias como las de los procedimientos principales, la partida del cónyuge ciudadano de la Unión ya ha supuesto la pérdida del derecho de residencia del cónyuge nacional de un tercer país que reside en el Estado miembro de acogida. Pues bien, una demanda de divorcio posterior no puede restablecer ese derecho, puesto que el artículo 13 de la Directiva 2004/38 sólo se refiere al «mantenimiento» de un derecho de residencia existente.

68 Esto no implica que, con arreglo al Derecho nacional, que puede otorgar una protección más amplia, un nacional de un tercer país, en circunstancias como las de los asuntos principales, no pueda ser autorizado, como en el presente caso, a continuar residiendo en el Estado miembro de que se trata (véase, en este sentido, la sentencia Melloni, C-399/11, EU:C:2013:107, apartado 60).

69 Por lo demás, en los tres litigios principales, los demandantes, tras su divorcio, obtuvieron con arreglo al Derecho nacional una autorización temporal para residir y trabajar en Irlanda, gracias a la cual pudieron continuar residiendo legalmente en dicho Estado miembro. Dicha autorización, como se indica en la resolución de remisión, es en principio renovable.

70 Habida cuenta de las anteriores consideraciones, procede responder a la primera cuestión prejudicial que el artículo 13, apartado 2, de la Directiva 2004/38 debe interpretarse en el sentido de que un nacional de un tercer país, divorciado de un ciudadano de la Unión, cuyo matrimonio haya durado por lo menos tres años antes del inicio del procedimiento judicial de divorcio, de los cuales uno al menos en el Estado miembro de acogida, no podrá mantener su derecho de residencia en ese Estado miembro, sobre la base de dicha disposición, cuando el inicio del procedimiento judicial de divorcio haya sido posterior a la partida de ese Estado miembro del cónyuge ciudadano de la Unión.

3º) Sobre la segunda cuestión prejudicial.

71 Mediante su segunda cuestión prejudicial, el tribunal remitente solicita, en esencia, que se dilucide si el artículo 7, apartado 1, letra b), de la Directiva 2004/38 debe interpretarse en el sentido de que el ciudadano de la Unión dispone de recursos suficientes para él y para los miembros de su familia, de modo que no se convierta en una carga para el sistema de asistencia social del Estado miembro de acogida durante el período de su residencia, aun cuando los recursos procedan en parte de los de su cónyuge que es nacional de un tercer país.

72 De la resolución de remisión se desprende que, en los tres litigios principales, antes de que el cónyuge ciudadano de la Unión abandonara el Estado miembro de acogida, hubo un período durante el cual éste no trabajó en dicho Estado miembro, de modo que era el cónyuge nacional de un tercer país el que, con los ingresos derivados de la actividad que ejercía en ese Estado miembro, mantenía a su familia.

73 Se desprende del artículo 7, apartados 1, letra b), y 2, de la Directiva 2004/38 que, cualquiera que sea su nacionalidad, los miembros de la familia de un ciudadano de la Unión que reside en el territorio de otro Estado miembro sin ejercer en él una actividad por cuenta ajena o propia tienen derecho a acompañar a este ciudadano o a reunirse con él, siempre que éste disponga, para sí y para los miembros de su familia, de recursos suficientes y de un seguro de enfermedad que cubra todos los riesgos en el Estado miembro de acogida (sentencia Ibrahim y Secretary of State for the Home Department, C-310/08, EU:C:2010:80, apartado 28).

74 Pues bien, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que los términos «dispone de recursos suficientes», que figuran en dicha disposición, deben interpretarse en el sentido de que basta con que los ciudadanos de la Unión tengan a su disposición tales recursos, sin que esta disposición implique la más mínima exigencia en cuanto a su procedencia, pudiendo estos últimos provenir especialmente de un nacional de un tercer país (véase la sentencia Alokpa y Moudoulou, C-86/12, EU:C:2013:645, apartado 27 y jurisprudencia citada).

75 En efecto, como también ha declarado el Tribunal de Justicia, una interpretación del requisito relativo al carácter suficiente de los recursos en el sentido de que es el propio interesado el que debe disponer de ellos, sin poder referirse, a este respecto, a los recursos de un miembro de la familia que le acompaña, añadiría a este requisito, tal y como está formulado en la Directiva 2004/38, una exigencia relativa a la procedencia de los recursos, lo que constituiría una injerencia desproporcionada en el ejercicio del derecho fundamental de libre circulación y de residencia garantizado por el artículo 21 TFUE, puesto que no es necesaria para alcanzar el objetivo perseguido, a saber, la protección del erario de los Estados miembros (véase, en ese sentido, la sentencia Zhu y Chen, C-200/02, EU:C:2004:639, apartado 33).

76 De lo anterior se deriva que el hecho de que una parte de los recursos de los que dispone el ciudadano de la Unión procedan de los ingresos obtenidos por el cónyuge nacional de un tercer país en el ejercicio de una actividad en el Estado miembro de acogida no impide que se cumpla el requisito, establecido en el artículo 7, apartado 1, letra b), de la Directiva 2004/38, relativo al carácter suficiente de los recursos.

77 Habida cuenta de las anteriores consideraciones, procede responder a la segunda cuestión prejudicial que el artículo 7, apartado 1, letra b), de la Directiva 2004/38 debe interpretarse en el sentido de que el ciudadano de la Unión dispone de recursos suficientes para él y para los miembros de su familia, de modo que no se convierta en una carga para el sistema de asistencia social del Estado miembro de acogida durante el período de su residencia, aun cuando esos recursos procedan en parte de los de su cónyuge que es nacional de un tercer país.

4º) Sobre la tercera cuestión prejudicial.

78 Habida cuenta de la respuesta que se ha dado a la segunda cuestión prejudicial, no es necesario responder a la tercera.

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