Buscar este blog

domingo, 15 de noviembre de 2026

El diagnóstico de una enfermedad mental grave o crónica como la esquizofrenia no anula por sí mismo la capacidad testamentaria si no existe una incapacitación judicial previa o una prueba médica concluyente referida al acto concreto.

 

La sentencia de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa, sec. 2ª, de 15 de octubre de 2026, nº 652/2026, rec. 162/2024, declara que el diagnóstico de una enfermedad mental grave o crónica (como la esquizofrenia) no anula por sí mismo la capacidad testamentaria si no existe una incapacitación judicial previa o una prueba médica concluyente referida al acto concreto.

La capacidad para otorgar testamento se presume intacta salvo prueba concluyente y convincente que demuestre la incapacidad mental del testador en el momento exacto del otorgamiento, debiendo atenderse exclusivamente al estado mental del testador en dicha fecha, y considerando especialmente la valoración notarial y la manifestación de testigos en el acto, puesto que la aseveración notarial constituye una presunción iuris tantum que sólo puede ser desvirtuada por prueba muy cumplida y convincente.

El tribunal otorga la razón a la parte demandada y confirma la sentencia que desestimó la acción de nulidad del testamento por falta de capacidad del testador. Se fundamenta en la presunción legal iuris tantum de capacidad para testar, la cual no ha sido desvirtuada por la parte actora mediante pruebas concluyentes y convincentes del estado mental del testador al momento del otorgamiento.

La valoración probatoria ha sido correcta al considerar la manifestación del notario autorizante, el testimonio de los testigos presentes y la falta de declaración judicial o médica clara de incapacidad en la fecha pertinente. Se destaca que el testamento se firmó en un plazo muy cercano al otorgamiento del poder especial por el mismo testador, calificado igualmente como capaz. Por ende, la desestimación del recurso implica la imposición de costas a la parte recurrente.

No se aprecia cambio en la doctrina aplicable ni fijación jurisprudencial distinta, sino la reiteración de los criterios tradicionales sobre la presunción y carga de la prueba en materia de capacidad para testar.

La sentencia enfatiza la relevancia especial de la manifestación notarial y testifical en la valoración de la capacidad testamentaria, destacando que solo mediante una prueba concluyente y evidente puede desvirtuarse la presunción de capacidad y que la ausencia de declaración judicial de incapacidad mantiene intacta la presunción legal, incluso en presencia de una enfermedad mental grave crónica diagnosticada.

A) Introducción.

1º) Una persona impugnó el testamento de su hermano, otorgado en 1989, alegando que la esquizofrenia crónica que padecía le impedía testar; el juzgado desestimó la demanda y la persona apeló.

¿Se acreditó de forma concluyente que el testador carecía de capacidad mental al otorgar el testamento, de modo que procediera declararlo nulo?.

Se desestima la apelación, se confirma la validez del testamento y se imponen las costas de la alzada a la parte apelante, sin fijación de nueva doctrina ni cambio de posición doctrinal.

Conforme a los artículos 662, 663, 666 y 685 del Código Civil y al artículo 217 de la LEC, la capacidad para testar se presume y debe valorarse en el momento del otorgamiento, por lo que corresponde a quien impugna aportar prueba inequívoca y convincente que desvirtúe el juicio notarial de capacidad, insuficientemente contradicho por el historial clínico en este caso.

2º) Fundamentos de Derecho y Criterios del Tribunal:

- Presunción de capacidad (iuris tantum): Conforme a los artículos 662, 663, 666 y 685 del Código Civil, la capacidad para testar se presume siempre intacta. Esta presunción se ve reforzada por el juicio de capacidad realizado por el notario autorizante.

- Carga de la prueba: En aplicación del artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), corresponde a quien impugna el testamento aportar prueba inequívoca, cumplida y convincente que desvirtúe la aseveración notarial.

- Momento de valoración: El estado mental debe evaluarse exclusivamente en el instante preciso del otorgamiento. El tribunal destaca que el testador había firmado un poder especial en fechas muy próximas, siendo también calificado como capaz.

- Valoración de la enfermedad mental: El diagnóstico de una enfermedad mental grave o crónica (como la esquizofrenia) no anula por sí mismo la capacidad testamentaria si no existe una incapacitación judicial previa o una prueba médica concluyente referida al acto concreto.

- Continuidad jurisprudencial: La Sala no introduce cambios doctrinales, sino que reitera la jurisprudencia consolidada sobre la prevalencia del juicio notarial y la prueba testifical frente a historiales clínicos genéricos.

B) La sentencia recurrida fundamenta:

1º) Objeto del litigio. La parte demandante afirma que con fecha de 13 de septiembre de 1989 don Lorenzo otorgó testamento ante el Notario de San Sebastián D. Diego María Granados Asensio, por el que instituía heredero universal de sus bienes a su sobrino y codemandado don Gonzalo, hijo de la codemandada Purificación

El actor impugna dicho testamento y solicita la nulidad del mismo al entender que el testador carecía en ese momento de la capacidad necesaria para testar.

La parte demandada mantiene la capacidad del testador para otorgar el testamento de fecha 13 de septiembre de 1989.

Por tanto, la cuestión objeto de debate se centra en determinar si don Lorenzo tenía suficiente capacidad para otorgar testamento en fecha 13 de septiembre de 1989.

2º) Normativa aplicable. El artículo 663.2 del Código Civil declara que "No pueden testar (...) 2º. La persona que en el momento de testar no pueda conformar o expresar su voluntad ni aun con ayuda de medios o apoyos para ello". Y el artículo 666 del mismo texto legal establece que "para apreciar la capacidad del testador se estará únicamente al estado en que se halle al tiempo de otorgar el testamento".

3º) Por ello, el Notario autorizante, conforme a los artículos 685 y 696 de dicho Código, deberá asegurarse de la capacidad del testador y así lo hará constar en el testamento. Compendiando la jurisprudencia existente sobre esta materia, debe señalarse: a) que la capacidad mental del testador se presume mientras no se destruya por prueba en contrario; b) que la apreciación de esta capacidad ha de ser hecha con referencia al momento mismo del otorgamiento; c) que la afirmación hecha por el Notario sobre la capacidad del testador puede ser destruida por ulteriores pruebas, demostrativas de que en el acto de testar no se hallaba el otorgante en su cabal juicio, pero requiriéndose que estas pruebas sean muy cumplidas y convincentes, ya que la aseveración notarial reviste especial relevancia de certidumbre.

4º) La Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 27 de enero de 1998 ha concretado sobre la nulidad de testamentos lo siguiente: 

"a) que la incapacidad o afección mental ha de ser grave, hasta el extremo de hacer desaparecer la personalidad psíquica en la vida de relación de quien la padece, con exclusión de la conciencia de sus propios actos (Sentencia del TS de 25 abril 1959 ); b) no bastando apoyarla en simples presunciones o indirectas conjeturas, siendo un ir contra los preceptos reguladores de la testamentifacción y la jurisprudencia el declarar nulo un testamento por circunstancias de carácter moral o social, nacidas de hechos anteriores o posteriores al acto del otorgamiento, por ser un principio de derecho que la voluntad del hombre es mudable hasta la muerte (Sentencia del TS de 25 octubre 1928 ); c) que ni la enfermedad ni la demencia obstan al libre ejercicio de la facultad de testar cuando el enfermo mantiene o recobra la integridad de sus facultades intelectuales o el demente tiene un momento lúcido (Sentencia del TS de 18 abril 1916); d) que son circunstancias insuficientes para establecer la incapacidad:.... 3) no obsta a que se aprecie la capacidad para testar que el testador padezca una enfermedad neurasténica y tenga algunas extravagancias, cuando el testamento se ha otorgado en estado de cabal juicio según testimonian el Notario y los testigos (Sentencia del TS de 28 diciembre 1918 )..".

Señala el Tribunal Supremo que "La jurisprudencia ha mantenido reiteradamente la necesidad de que se demuestre " inequívoca y concluyentemente" la falta de raciocinio para destruir la presunción de capacidad para testar" ( sentencia del TS de 27 de noviembre de 1995 (RJ 1995, 8717)) y que " la incapacidad o afección mental ha de ser grave... no bastando apoyarla en simples presunciones o indirectas conjeturas"( sentencias del TS de 27 de enero de 1998 (RJ 1998 , 394) , STS de 12 de mayo de 1998 , STS de 27 de junio de 2005 (RJ 2005, 9688) ); asimismo, que la presunción de capacidad , favor testamenti , "cabe ser destruido por medio de prueba inequívoca, cumplida y convincente en contrario"( sentencia del TS de 19 de septiembre de 1998 (RJ 1998, 6399). (STS de fecha 26 de Abril del 2008 (RJ 2008, 2680)).

Por su parte, señala dicho Alto Tribunal que "es constante la jurisprudencia que de antiguo y en interpretación de tales preceptos ha establecido: a) que la incapacidad o afección mental ha de ser grave, hasta el extremo de hacer desaparecer la personalidad psíquica en la vida de relación de quien la padece, con exclusión de la conciencia de sus propios actos (Sent. Del TS de 25-IV 1959); b) no bastando apoyarla en simples presunciones o indirectas conjeturas, siendo un ir contra los preceptos reguladores de la testamentifacción y la jurisprudencia el declarar nulo un testamento por circunstancias de carácter moral o social, nacidas de hechos anteriores o posteriores al acto del otorgamiento, por ser un principio de derecho que la voluntad del hombre es mudable hasta la muerte (Sentencia del TS de 25-X- 1928); c) que ni la enfermedad ni la demencia obstan al libre ejercicio de la facultad de testar cuando el enfermo mantiene o recobra la integridad de sus facultades intelectuales o el demente tiene un momento lúcido (Sentencia del TS de 18-IV-1916); d) que son circunstancias insuficientes para establecer la incapacidad: 1) la edad senil del testador, "pues es insuficiente para considerarle incapaz el hecho de tratarse de un anciano decrépito y achacoso..., ni el Derecho ni la Medicina consienten que por el solo hecho de llegar la senilidad, equivalente a la senectud o ancianidad se haya de considerar demente, pues la inherencia a esta de un estado de demencia, requiere especial declaración para ser fundamento de situaciones de derecho (Sent. del TS de 25-XI-1928); 2) que el otorgante se encuentre aquejado de graves padecimientos físicos, pues ello no supone incapacidad si estos no afectan a su estado mental con eficacia bastante para constituirle en ente privado de razón (Sent. del TS de 25-X-1928 ); 3) no obsta a que se aprecie la capacidad para testar que el testador padezca una enfermedad neurasténica y tenga algunas extravagancias, cuando el testamento se ha otorgado en estado de cabal juicio según testimonian el Notario y los testigos (Sent. TS de 28-XII-1918"(STS ya citada de fecha 27 de Junio de 2005).

Insiste reiteradamente dicha doctrina en la consideración de que "el notario debe apreciar la capacidad del testador en el momento del otorgamiento del testamento (artículo 666 del Código civil)" (Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 11 de diciembre de 2009 ), debiendo coordinarse, a su vez, según esta última sentencia citada, "la necesidad de salvaguardar la voluntad del testador...con el principio favor testamenti , especialmente cuando en el testamento interviene el Notario...".

5º) Resolución de la controversia. En el supuesto que nos ocupa, el Notario autorizante del testamento apreció suficiente capacidad para testar en D. Lorenzo.

Examinada la documentación médica aportada cabe destacar que Lorenzo ingresó en el Hospital Psiquiátrico San Juan de Dios el 21 de febrero de 1987, padeciendo esquizofrenia residual continua.

Centrándonos en la capacidad concreta de Lorenzo al tiempo de otorgamiento del testamento, cabe poner de manifiesto la escritura de aceptación de la herencia de Dña. Ángeles otorgada en fecha de 8 de noviembre de 1989, ante el notario de San Sebastián D. Pedro María Baraibar Askobereta. En la misma, D. Lorenzo aceptó la herencia a través de su abogado D. Juan Francisco Franco Otegui, a quien había otorgado poder especial ante el mismo notario en fecha 11 de septiembre de 1989, para lo cual, por lo tanto, el notario lo juzgó capaz. Pero, es más, en la escritura de aceptación de la herencia también intervino el ahora actor, D. José, quien, en consecuencia, admitió y aceptó la capacidad de su hermano Lorenzo para otorgar el poder que le permitiera aceptar o repudiar herencias.

El testamento, como hemos visto, es de fecha 13 de septiembre de 1989 y se otorgó ante el notario D. Diego María Granados Asensio y en presencia de tres testigos que firmaron la escritura de últimas voluntades.

Esto es, en un lapso de apenas tres días, fueron dos los notarios que acreditaron la capacidad de Lorenzo. El primero de ellos para otorgar el poder especial a favor del letrado para la posterior aceptación de la herencia, y el segundo, para otorgar el testamento cuya nulidad se pretende. Además, los tres testigos en presencia de los cuales el Sr. Purificación otorgó testamento también lo consideraron capaz. En la escritura pone de manifestó el notario que "tiene, a mi juicio, y al de los testigos que luego se dirán, capacidad bastante para otorgar testamento abierto; expresa a todos su última voluntad y con arreglo a ella, redacto yo, el Notario, las siguientes cláusulas (...)".

No contamos con sentencia alguna que prive a D. Lorenzo de su capacidad de otorgar testamento (no contamos si quiera con resolución que declare su falta de capacidad), y tampoco se refieren a dicha capacidad los informes médicos y evolutivos aportados junto con la demanda. Tampoco hemos tenido oportunidad de escuchar el notario ante el cual se otorgó testamento ni a ninguno de los testigos que intervinieron en el mismo.

Además, debe ponerse de relieve la mala relación existente entre el actor y Lorenzo.

Por tanto, y a la vista de todo lo anterior, cabe concluir que no existe ninguna prueba inequívoca y concluyentemente de la falta de raciocinio de D. Lorenzo que permita destruir la presunción de capacidad para testar del mismo en fecha de 13 de septiembre de 1989. Es decir, no existe ninguna prueba de la falta de capacidad de testar al momento mismo del otorgamiento del testamento cuya nulidad se pretende.

Por tanto, y en atención a todo lo anterior, procede la desestimación íntegra de la demanda.

C) Valoración jurídica por la Audiencia.

Dados los términos del debate, y habiéndose alegado error en la valoración de la prueba, este Tribunal ha procedido a revisar las actuaciones y visualizar las grabaciones. Una vez examinada la totalidad de la prueba practicada, en el ejercicio de la facultad de revisión de lo actuado que ostenta el Tribunal, en la segunda instancia, en virtud de lo dispuesto en el art. 456.1 LEC, la respuesta de la Sala no puede ser otra que respetar la decisión de instancia al no apreciarse error al valorar la prueba en la Sentencia recurrida ni poder concluirse ilógica e irracional la valoración realizada, sin que las objeciones que la parte apelante opone gocen de la habilidad material necesaria para modificar aquella, y que de una valoración conjunta de la prueba no es posible alcanzar una conclusión favorable a su pretensión, por lo que a continuación se argumenta.

La parte actora, al ejercitar la acción de nulidad del testamento, debe probar, de modo concluyente, la falta o ausencia de capacidad mental del testador, en el momento del otorgamiento del testamento objeto de impugnación y destruir, de esta forma, los efectos de la presunción iuris tantum de validez testamentaria. Lo cual no ha sido probado en el caso que nos ocupa, conforme fundamenta la juzgadora a quo.

La STS de 28 de junio de 1990, citada por la STS de 10-11-05, dice "la capacidad mental se presume siempre mientras no se destruya por una prueba concluyente en contrario, requiriéndose en consecuencia una cumplida demostración mediante una adecuada prueba directa -sentencias de esta Sala de 10 de febrero de 1986,10 de abril de 1987,26 de septiembre de 1988,20 de febrero de 1989, entre otras-, por lo que no es posible que la referida presunción legal y jurisprudencial pueda ser destruida mediante otra presunción de las llamadas "de hombre" ("presumptio hominis" o "presumptio facti"), contempladas en el artículo 1253 del Código Civil, como aquí pretende la recurrente."

La STS de 24 de septiembre de 1997afirma que "en cuestiones de capacidad de una persona, todas las dudas han de solucionarse en favor de la capacidad".

La norma general es, por tanto, la capacidad frente a la incapacidad que es la excepción y, en este sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de noviembre de 2005 declara: 

"toda persona debe reputarse en su cabal juicio como atributo normal de su ser y, por consecuencia, ha de presumirse la capacidad del testador en tanto no se demuestre inequívoca y concluyentemente, que al tiempo de realizar la declaración testamentaria tenía enervadas las potencias anímicas de raciocinio y de querer con verdadera libertad de elección, postulado y presunción que se ajustan a la idea tradicional del "favor testamenti".

La doctrina científica ha venido interpretando la expresión "cabal juicio" como aquella normalidad de la conciencia que permite comprender la importancia y consecuencias de las propias acciones y aquella integridad de la voluntad que permite decidirse libremente en las propias determinaciones. La jurisprudencia del Tribunal Supremo (Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de diciembre de 1962) ha venido sosteniendo que "sin pretensión científica, pues con amplia comprensión práctica, aun cuando el término cabal es sinónimo de lo completo, justo, acabado o exacto y, en tal sentido, no parece que pueda predicarse de la salud mental que, como la física, es raramente perfecta; también por cabal se entiende lo normal, en cuya acepción indudablemente la Ley, en este caso, la emplea, refiriéndose a que el acto de testar reúna los requisitos del acto verdaderamente humano, caracterizado porque se realice con inteligencia, o conocimiento de su significado y alcance, y con voluntad propia de querer lo que con el mismo se persigue".

La Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de enero de 2015 recoge la doctrina jurisprudencial reiterada en la materia, señalando: a) que la capacidad mental del testador se presume mientras no se destruya por prueba en contrario; b) que la apreciación de esta capacidad ha de ser hecha con referencia al momento mismo del otorgamiento; c) que la afirmación hecha por el Notario de la capacidad del testador puede ser destruida por ulteriores pruebas demostrativas de que en el acto de testar no se hallaba el otorgante en su cabal juicio, pero requiriéndose que estas pruebas sean muy cumplidas y convincentes. Por lo que a este último extremo se refiere ha de señalarse que en el caso del testamento abierto el artículo 685 del Código Civil impone al Notario autorizante la obligación de asegurarse de que, a su juicio, el testador tiene la capacidad legal necesaria para testar; admonición también hecha a los testigos intervinientes en el caso de los artículos 700y701 del mismo texto legal.

El juicio sobre la capacidad del testador efectuado por el Notario constituye una presunción iuris tantum, por lo que admite prueba en contrario, la cual requiere de una exigente y una rigurosa acreditación debido a la confianza social depositada en los Notarios. La presunción de capacidad lo revela el propio acto del otorgamiento del testamento al haber superado el requisito de tamizar dicha capacidad a través de la apreciación puramente subjetiva que de ella haya formado el Notario y en el caso los testigos que comparecieron.

El Tribunal Supremo, en Sentencia de 7 de Julio de 2016, dice que:

"En atención al ámbito en donde opera la acción de nulidad entablada, nuestro Código Civil sitúa el contexto del debate en la necesaria prueba, por parte del impugnante, de la ausencia o falta de capacidad mental del testador en el momento de otorgar el testamento. Esta carga de la prueba deriva del principio de favor testamenti, que acoge nuestro Código Civil, y de su conexión con la presunción de capacidad del testador en orden a la validez y eficacia del testamento otorgado (SSTS de 26 de abril de 2008, STS núm. 289/2008, de 30 de octubre de 2012, STS núm. 624/2012, de 15 de enero de 2013, STS núm. 827/2012 y de 19 de mayo de 2015, STS núm. 225/2015).

La STS Sala 1ª de 8 de abril de 2016 precisa que "para determinar la nulidad del testamento por falta de capacidad mental del testador hay que probar, de modo concluyente (entre otras, STS de 26 de abril de 2008, núm. 289/2008), la falta o ausencia de dicha capacidad en el momento del otorgamiento del testamento objeto de impugnación; sin que la declaración judicial de incapacidad del testador, posterior al otorgamiento del testamento, sea prueba determinante, por sí sola, de la falta de capacidad para testar cuando fue otorgado el testamento, dado el carácter constitutivo y sin efectos "ex tunc" de la sentencia de incapacitación". (......) Conforme a las reglas sobre la capacidad para otorgar testamento, debe atenderse al estado en el que el testador se halle al tiempo de otorgar el testamento (art. 666 CC). Por eso, el testamento hecho antes de la «enajenación mental» es válido (art. 664). Por eso también el notario debe asegurarse de que, a su juicio, tiene el testador la capacidad legal necesaria para testar(art. 685 CC)".

En este mismo sentido, la STS de 10 de diciembre de 2024, nº 1640/2024, que viene a recordar esos principios esenciales en el sentido de que la capacidad para testar se presume y la incapacidad es la excepción, que la incapacidad para realizar actos patrimoniales inter vivos no equivale automáticamente a incapacidad para testar y que el juicio notarial de capacidad puede ser destruido, pero solo mediante pruebas cumplidas y convincentes.

El art. 662 CC establece que pueden testar todos aquellos a quienes la ley no lo prohíbe "expresamente". De esta manera se consagra legalmente el principio de que la capacidad para testar es la regla general y la incapacidad la excepción (STS nº 146/2018, de 15 de marzo). Por otra parte, en atención a su diferente naturaleza y caracteres, la disposición de bienes mortis causa no puede equipararse a los actos de disposición inter vivos. Para apreciar la capacidad debe atenderse al estado en el que el testador se hallase al tiempo de otorgar el testamento (art. 666 CC); por eso, el testamento hecho antes de la "enajenación mental" es válido (art. 664), y el notario debe asegurarse de que, a su juicio, tiene el testador la capacidad legal necesaria para testar (art. 685 CC).

Es cierto que la fuerza probatoria plena del documento público (art. 319 LEC) no se puede extender a lo que constituyan apreciaciones subjetivas del fedatario autorizante; pero, dada la seriedad y prestigio de la institución notarial, constituyen una enérgica presunción iuris tantum de aptitud que sólo puede desvirtuarse mediante una evidente y completa prueba en contrario, (STS 250/2004, de 29 de marzo; STS nº 289/2008, de 26 de abril; STS nº 685/2009, de 5 de noviembre; STS nº 20/2015, de 22 de enero; STS nº 435/2015, de 10 de septiembre; STS nº 461/2016, de 7 de julio; STS nº 146/2018, de 15 de marzo y STS nº 465/2019, de 17 de septiembre, entre otras).

De la aplicación de lo anterior, no cabe considerar acreditado que en el momento de otorgamiento del testamento, el Sr. Lorenzo careciese de capacidad. Para anular un testamento por falta de capacidad no basta acreditar deterioro cognitivo, limitaciones, trastorno y/o enfermedad; hay que probar que, en el momento exacto del otorgamiento, el testador carecía de la aptitud necesaria para comprender y querer el acto de testar.

Como hemos expuesto, la falta de capacidad exige prueba concluyente que así lo acredite frente a la presunción de capacidad, lo que no se ha producido. No puede obviarse además la aseveración notarial, y comparecencia de tres testigos, respecto de la capacidad del otorgante, que si no puede tener la consideración de definitivo o inatacable, pues no está amparado por la fe pública, sí constituye una presunción iuris tantum y a la vista de lo actuado no ha quedado demostrado que no fue exacto. No debemos olvidar que la aseveración notarial respecto de la capacidad del otorgante adquiere una especial relevancia de certidumbre (Ss. T.S. 21-6-86, STS de 10-04-87, STS de 24-7-95, STS de 29-3-04...).

La prueba de que el otorgante no se hallaba en su cabal juicio al tiempo de otorgar el testamento (o negocio jurídico que corresponda) no debe dejar margen a la duda (S.T.S de 7-10-82...).

La carga de la prueba, ex artículo 217 LEC, de la imposibilidad de testar corresponde a la parte que niega tal capacidad, esto es, la parte actora. Y, como ya se ha anticipado, no se ha logrado tal prueba en estos autos. Lo ha intentado con la prueba documental aportada en la demanda, pero sin éxito.

La sanidad de juicio se presume en toda persona que no haya sido previamente incapacitada (Sent. 1-II-1956), pues a toda persona debe reputarse en su cabal juicio, como atributo normal del ser (Sent. 25-IV- 1959); de modo que, en orden al derecho de testar, la integridad mental indispensable constituye una presunción iuris tantum que obliga a estimar que concurre en el testador capacidad plena y que sólo puede destruirse por una prueba en contrario "evidente y completa" (Sent. del TS de 8-V-1922; 3-II-1951), "muy cumplida y convincente" (Sent. del TS de 10-IV-1944; 16-II-1945), "de fuerza inequívoca" (Sent. del TS de 20-II-1975), cualesquiera que sean las últimas anomalías y evolución de la enfermedad, aún en estado latente en el sujeto (Sent. del TS de 25-IV-1959), pues ante la dificultad de conocer donde acaba la razón y se inicia la locura, la ley requiere y consagra la jurisprudencia que la incapacidad que se atribuya a un testador tenga cumplida demostración (23II-1944; 1-II-1956).

Por todo ello, la acción de nulidad del testamento, por falta de capacidad del otorgante, requiere de la necesaria prueba del vicio invocado por parte del impugnante, en virtud de la cual quede acreditada la ausencia o falta de capacidad mental del testador en el momento de otorgar el testamento.

Esta carga de la prueba deriva del referido principio de favor testamenti, que acoge nuestro Código Civil, y de su conexión con la presunción de capacidad del testador en orden a la validez y eficacia del testamento otorgado, así entre otras en STS de 26 de abril de 2008, STS de 30 de octubre de 2012, STS de 15 de enero de 2013, STS de 19 de mayo de 2015 y STS de 15 de marzo de 2018 (Pleno).

Con lo cual el demandante debe probar de modo concluyente la falta o ausencia de capacidad mental del testador respecto del otorgamiento del testamento objeto de impugnación y destruir, de esta forma, los efectos de la anterior presunción iuris tantum de validez testamentaria.

Las dudas sobre el referido hecho deben perjudicar a quien persigue la declaración de nulidad del testamento , como resulta de lo regulado en el art. 217 LEC.

El hecho de que la sentencia recurrida, únicamente (según refiere el apelante), haga referencia a que el Sr. Lorenzo ingresase el 21 de febrero de 1987, padeciendo esquizofrenia residual continua y no refiera a que permaneció interno hasta el momento de su muerte, no es óbice a lo anterior. Además, la juzgadora a quo, fundamenta expresamente: "tampoco se refieren a dicha capacidad (para otorgar testamento) los informes médicos y evolutivos aportados junto con la demanda."

Tal y como hemos reiterado, se ha de estar a la capacidad en el momento del otorgamiento del testamento, 13 de septiembre de 1989.

Y no desvirtúan lo fundamentado, por la juzgadora, a quo los informes del historial clínico que refiere el apelante. El primer documento del historial recoge expresamente que el motivo del ingreso es: "La imposibilidad de convivencia en el domicilio familiar, al sufrir la madre, con la que convivía y mantenía una gran dependencia, un ACV." La página 5 del Historial clínica que indica el apelante, finaliza indicando: "Lo que certifico a petición de los abogados de su familia, y al objeto de presentar una demanda de incapacitación (...)". Incapacitación que no se ha acreditado que se declarase, a pesar de tratarse de un documento de 1987. Esto es, no consta en las actuaciones que en ningún momento se declarase la incapacidad del testador. Falleció el 29 de junio de 2005, casi veinte años después de su ingreso, sin que se haya acreditado declaración ninguna en tal sentido ni se alegue.

El informe social, incluido en el historial clínico que refiere el apelante, de fecha del ingreso, 21 de febrero de 1987, recoge expresamente: "Las posibilidades de reinserción familiar del paciente son escasas, el hermano José reside en Alicante y se ha desatendido por completo de la familia. Purificación que era la que se encargaba un poco de los asuntos familiares atiende a su madre, el marido padece leucemia y ella se ha puesto a trabajar. Ninguno de los hermanos está dispuesto a hacerse cargo del paciente y consideran que debe permanecer en una institución cerrada."

De la lectura y análisis del historial clínico aportado no cabe concluir, a pesar de lo alegado por la apelante, que el Sr. Lorenzo en el momento de otorgar testamento no estuviera capacitado para hacerlo. Nada refiere el historial clínico sobre la capacidad de testar del causante ni sobre el estado en el que se encontraba el Sr. Lorenzo, en dichas fechas. Tampoco se ha aportado informe, declaración de médico especialista o de tercero que valore esa capacidad, en el momento del otorgamiento, o la influencia del diagnóstico en la capacidad.

En cambio, tal y como fundamenta la juzgadora a quo, el Notario ante el que otorgó el testamento apreció su capacidad para otorgarlo. El testamento se otorgó el 13 de septiembre de 1.989. Pocos días antes, el causante, otorgó poder especial ante otro Notario, el 11 de septiembre de 1.989, y éste también lo juzgo capaz. "Esto es, en un lapso de apenas tres días, fueron dos los notarios que acreditaron la capacidad de Lorenzo. El primero de ellos para otorgar el poder especial a favor del letrado para la posterior aceptación de la herencia, y el segundo, para otorgar el testamento cuya nulidad se pretende. Además, los tres testigos en presencia de los cuales el Sr. Purificación otorgó testamento también lo consideraron capaz . "

No cabe apreciar la falta de valoración de historial clínico alegado ni el error en la valoración de la prueba ni la vulneración de los artículos 662, 664 y 666 CC. ni del artículo 24 de la Constitución, denunciados.

La conclusión alcanzada por la juzgadora a quo es: "Por tanto, y a la vista de todo lo anterior, cabe concluir que no existe ninguna prueba inequívoca y concluyentemente de la falta de raciocinio de Lorenzo que permita destruir la presunción de capacidad para testar del mismo en fecha de 13 de septiembre de 1989.

Es decir, no existe ninguna prueba de la falta de capacidad de testar el momento mismo del otorgamiento del testamento cuya nulidad se pretende."

Conclusión y fundamentación que este Tribunal comparte.

Las anteriores consideraciones conducen a la desestimación del recurso de apelación y a la confirmación de la resolución recurrida, en cuanto desestima la demanda formulada.

www.gonzaleztorresabogados.com

abogados@gonzaleztorresabogados.com

928 244 935

667 227 741





En procedimientos de modificación de medidas de guarda y custodia de menores, cuando se pretende un cambio radical que afecta el régimen de custodia y visitas, es indispensable garantizar el derecho de los menores a ser oídos conforme a su edad y madurez antes de dictar sentencia.

 

La sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, Sec. 1ª, de 27 de octubre de 2026, nº 1652/2026, rec. 8206/2025, declara la nulidad de la sentencia recurrida y ordena devolver las actuaciones a la Audiencia para que escuche a las menores y les ofrezca la oportunidad de expresar su voluntad.

Tras ello el tribunal de apelación resolverá motivadamente si procede el cambio de guarda y custodia, y la fijación de un régimen de visitas siempre atendiendo al superior interés de las menores.

En procedimientos de modificación de medidas de guarda y custodia de menores, cuando se pretende un cambio radical que afecta el régimen de custodia y visitas, es indispensable garantizar el derecho de los menores a ser oídos conforme a su edad y madurez antes de dictar resolución definitiva, asegurando una motivación reforzada que evidencie la ponderación del interés superior del menor frente a otros derechos en juego.

El Tribunal Supremo estima parcialmente el recurso de casación interpuesto por la madre, declarando nula la sentencia que modificó la custodia sin oír a las menores, dado que ambas tenían edad y madurez suficientes para ser escuchadas. El Tribunal resalta que la falta de audiencia vulnera el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y el derecho del menor a participar en las decisiones que le afectan personalmente. Asimismo, destaca que la sentencia apelada sí contenía una motivación adecuada para el cambio de custodia basado en interferencias maternas y riesgo para el bienestar de las menores, pero que la ausencia de audiencias y la omisión de una completa valoración integral de las circunstancias actuales obliga a la anulación y devolución para nueva resolución.

El fallo ordena que la Audiencia Provincial realice la audiencia de las menores y, en su caso, recabe prueba complementaria, para valorar nuevamente las medidas conforme al interés superior del menor. Así, se estima parcialmente el recurso, anulando la sentencia apelada y fijando doctrina relevante sobre la necesidad imperativa de oír a menores en estos casos para decisiones que impliquen modificación grave de su régimen de guarda y custodia.

La sentencia enfatiza la vinculación entre el principio del interés superior del menor, el derecho del menor a ser oído y la exigencia de motivación reforzada en decisiones judiciales que impliquen cambio sustancial en la guarda y custodia, estableciendo que sin la audiencia previa de los menores con suficiente juicio las resoluciones son nulas, incluso en contextos de alta conflictividad familiar y presuntas interferencias parentales.

A) Introducción.

1º) Tras años de conflicto familiar y de deterioro de la relación entre las hijas y su padre, la Audiencia Provincial cambió la custodia materna por la paterna y suspendió las visitas de la madre sin escuchar previamente a las menores, pese a su edad y a la trascendencia de las medidas.

¿Podía la Audiencia Provincial modificar radicalmente la guarda y custodia y suspender las visitas maternas sin oír a las menores ni justificar esa omisión?.

No, el Tribunal Supremo estima el recurso, anula la sentencia y devuelve las actuaciones para que se oiga a las menores y se dicte una nueva resolución motivada, sin decidir por sí mismo qué régimen de custodia procede; reitera la doctrina existente, sin fijar un cambio doctrinal.

El interés superior de las menores, reconocido en los artículos 39 de la Constitución, 2 y 9 de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor y 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, exige que sean oídas cuando tienen suficiente juicio (y, en todo caso, si han cumplido doce años) y que las decisiones que les afectan incorporen una ponderación y motivación reforzadas, en conexión con el artículo 24.1 de la Constitución.

2º)  Fundamentos Jurídicos y Doctrina Aplicada:

- Marco normativo: El fallo se apoya en el principio del interés superior del menor y su derecho a ser oído, recogidos en el artículo 39 de la Constitución Española, los artículos 2 y 9 de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor (LOPJM) y el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, en directa conexión con el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE).

- Imperatividad de la exploración: Cuando los menores tienen suficiente juicio (y, en todo caso, a partir de los 12 años), su audiencia es obligatoria antes de adoptar cambios graves en su entorno familiar, incluso en escenarios de alta conflictividad o presuntas interferencias parentales.

- Motivación reforzada y valoración integral: Aunque la sentencia recurrida justificaba el cambio de custodia en las interferencias maternas y el riesgo para las hijas, el Supremo subraya que la falta de escucha y la ausencia de una valoración actualizada e integral impiden dar por válida la resolución.

- Continuidad jurisprudencial: El Alto Tribunal no introduce un giro doctrinal, sino que reitera y consolida su jurisprudencia previa sobre la nulidad de las resoluciones que prescinden del derecho del menor a participar en decisiones que le afectan personalmente.

B) Resumen de antecedentes relevantes.

1.- Son antecedentes fácticos de interés para la resolución del recurso, no contradichos por las partes o acreditados por la prueba practicada, los siguientes:

(i) D.ª Verónica y D. Artemio contrajeron matrimonio el 29 de octubre de 2011. Fruto de esta relación tuvieron dos hijas, Rosaura y Caridad, nacidas en 2012 y en 2014, respectivamente. La unidad familiar fijó su residencia en la DIRECCION000 de la ciudad de Granada.

(ii) Hacia el mes de septiembre de 2013, cuando Rosaura tenía diez meses y Caridad aún no había nacido, los cónyuges pusieron fin a la relación y D. Artemio presentó demanda de divorcio y adopción de medidas en materia de guardia y custodia y alimentos de hijos menores. La demanda se turnó al Juzgado de Primera Instancia núm. 10 de Granada que, con fecha 3 de diciembre de 2013, acordó su admisión a trámite e incoó el correspondiente proceso de divorcio, en el que se emplazó a la demandada y al Ministerio Fiscal, que evacuaron el trámite en los términos que consta en las actuaciones.

(iii) Por auto de 21 de julio de 2014, ante la denuncia por violencia de género formulada por la demandada contra su esposo, el Juzgado se inhibió en favor del Juzgado de Violencia sobre la Mujer núm. 2 de Granada, que incoó el proceso de divorcio núm. 142/2014, en el que, con fecha 27 de mayo de 2015, se dictó sentencia en la que, asumiendo el acuerdo alcanzado por las partes en el juicio, se declaró la disolución por causa de divorcio del matrimonio contraído entre las partes y se acordó, entre otras medidas, (i) la atribución a la madre de la guarda y custodia de las hijas menores, con ejercicio compartido de la patria potestad; (ii) la fijación de un régimen de visitas , estancias y comunicaciones estructurado en fases sucesivas, a saber, la primera, en la que se realizarán las intervenciones del PEF con la madre y Rosaura durante las sesiones que el PEF estime necesario -mínimo de dos días a la semana- y con asistencia de la otra hija menor, la segunda, consistente en visitas intersemanales todos los martes y jueves de 16 a 20 h y los sábados de 12 a 20 h, la tercera, transcurridos tres meses, fines de semana alternos desde el sábado a las 12 h al domingo a las 20 h, y la cuarta, transcurridos seis meses, fines de semana alternos desde el viernes a las 17 h al domingo a las 20 h, incluyendo los períodos vacacionales a favor del progenitor no custodio, por mitad, desde que comience el régimen de visitas con pernocta ; (iii) la atribución a D. Artemio del uso y disfrute del que fuera domicilio familiar, al residir la madre con las menores en otro diferente; y (iv) el establecimiento de una pensión alimenticia a cargo del padre por importe de 100 €/mes para cada hija.

(iv) La situación de tensión y enfrentamiento entre los progenitores se ha agravado con el paso del tiempo, con denuncias cruzadas y diversos procedimientos judiciales en los que las menores se han visto implicadas, con un posicionamiento radical a favor de la madre y un rechazo explícito y completo hacia la figura del padre, lo que se ha ido traduciendo en una drástica reducción de la relación paternofilial. En concreto, según expone el Ministerio Fiscal, en los informes psicológico y social aparecen los siguientes antecedentes judiciales:

«Así, aparece que el padre sufrió una agresión tras asistir a un juicio por parte de cinco personas de la parte contraria, tras lo cual la madre denunció al padre por violencia de género (JVM nº 2 de Granada, 331/14) sin que el informe forense de la UVIVG de 17 de febrero de 2014 detectara un proceso de violencia. También consta en junio de 2015 una condena a la madre como autora de una falta de injurias y otra de amenazas hacia su expareja y una denuncia del padre contra un excuñado (Juzgado de Instrucción 4) por recibir puñetazos en cara, cráneo yendo con sus dos hijas en octubre de 2017.

»En el año 2018 el padre denuncia a la madre por incumplimiento del régimen de visitas y es condenada por desobediencia en el año 2020. Ese mismo año se inicia un procedimiento, luego archivado, por denuncia de la madre por abuso sexual a las hijas por parte de un tío paterno en el que no se detectó sintomatología compatible con una vivencia de violencia sexual que requiera intervención especializada y se dejaba constancia de la alta conflictividad Inter parental y de las alusiones negativas, irrespetuosas y vejatorias de las menores hacia el padre y familia paterna.»

2.- En el procedimiento que nos ocupa, con fecha 8 de marzo de 2022, se presenta por D.ª Verónica demanda de modificación de medidas definitivas frente a D. Artemio, en la que solicita que se incremente el importe de la pensión alimenticia a 200 €/mes para cada hija y se acuerde la entrega y recogida de las menores en la vivienda de la progenitora custodia, con eliminación de las visitas de las tardes intersemanales.

En síntesis, alega que, desde que se dictó la sentencia de divorcio, han variado sustancialmente las circunstancias que se tuvieron en cuenta como del régimen de visitas . En el primer caso, la variación obedece a que se ha producido «de un lado, el incremento de los gastos de las menores y la mayor edad de las mismas, de otro, la mejora en las condiciones laborales y económicas del progenitor alimentante»; y, en el segundo, porque «la actitud pasiva y de desidia sobre sus menores hijas del demandado el cual en numerosas ocasiones no aparece para recoger a las menores hijas en el Punto de Encuentro Familiar y el perjuicio que supone para mi mandante y las menores hijas tener que ir y venir del Punto de Encuentro familiar, ya más de cinco años», aconseja que se dejen sin efecto las entregas y recogidas en el PEF, así como que se supriman las tardes intersemanales «por el perjuicio que se les ocasiona por no poder tener actividades extraescolares».

3.- El demandado se opone a la demanda y solicita su desestimación, al no haber variado las circunstancias en los términos afirmados por la actora.

Sucintamente, con relación a la pensión alimenticia, señala que, por una parte, no se aporta prueba alguna de cuáles son esas necesidades que han aumentado y de los gastos que conllevan las mismas, y, por otra, las condiciones laborales y económicas del alimentante, lejos de aumentar, han sufrido un empeoramiento considerable, ya que no solo no ha conseguido un trabajo, pese a figurar como demandante de empleo, sino que el subsidio de desempleo finaliza el día 29 de julio de 2022, mientras que, por el contrario, las de la demandante sí que han mejorado, ya que continúa con un trabajo fijo y cuenta con más ingresos, lo que le ha permitido incluso acceder a la compra de una vivienda en copropiedad.

Y, respecto a las visitas, niega la supuesta desidia e incumplimientos invocados por la demandante, con independencia de que, durante el tiempo de pandemia y en los momentos más álgidos de la misma, el régimen de visitas se haya adaptado a las circunstancias personales y familiares del momento, por lo que no existe motivo alguno para que se supriman las visitas intersemanales, sin que tampoco se precisen ni acrediten cuáles son esas actividades extraescolares a las que no pueden acudir las menores debido a las visitas intersemanales.

Asimismo, el demandado formula demanda reconvencional, en la que interesa la modificación de las medidas definitivas en el sentido de que (i) se le atribuya la guarda y custodia de las menores Rosaura y Caridad, con ejercicio compartido de la patria potestad; (ii) se mantenga el mismo régimen de visitas , días intersemanales y periodos vacacionales, y comunicaciones establecido en la sentencia de divorcio, a favor de la madre; y (iii) se fije una pensión de alimentos por importe mensual de 200 € a favor de cada una de las hijas menores, actualizable conforme al IPC, siendo los gastos extraordinarios por mitad.

Apoya su pretensión en que, desde hace bastante tiempo y a causa de la negativa influencia de la familia materna y de la propia madre, se viene produciendo una actitud de rechazo de las menores hacia su progenitor y, en general, la familia paterna, actitud que se ha recrudecido hasta el punto de que las menores en varias ocasiones se han negado a cumplir las visitas, alegando que no quieren estar con él ni con sus tíos, faltándoles al respeto tanto a estos como a su progenitor y haciendo que la convivencia paternofilial se vaya deteriorando cada día, a lo que se añaden las reiteradas faltas injustificadas de asistencia de las menores al centro escolar en el que cursan sus estudios, por lo que, en aplicación del principio de favor filii, se ve en la obligación de solicitar el cambio de guarda y custodia.

4.- La demandante reconvenida se opone a la pretensión reconvencional y postula su íntegra desestimación.

5.- El Ministerio Fiscal interesa el mantenimiento de las medidas en su día acordadas en la sentencia de divorcio por entender que ninguna de las pruebas practicadas justifica la modificación de dichas medidas.

6.- La sentencia de primera instancia estima parcialmente tanto la demanda como la reconvención, y acuerda el mantenimiento de las medidas definitivas fijadas en la sentencia de divorcio, con la única salvedad de añadir al régimen de visitas del progenitor que se recabe la intervención del Equipo de Tratamiento familiar en la unidad familiar, para que trabajen en aquellos aspectos que entren dentro de sus competencias.

La sentencia se fundamenta esencialmente en el informe elaborado por las profesionales del Equipo Psicosocial (en realidad, un informe psicológico y otro informe social), cuyas conclusiones entiende que no han sido desvirtuadas por las demás pruebas practicadas y en el que se hace constar:

«PRIMERA: Grave interferencia materna en las relaciones paterno filiales con consecuencias de rechazo de las menores a la relación con el padre y familia extensa paterna. Además de la afectación en la figura paterna con sintomatología de la esfera ansiosa y en lo que podría ser el inicio de un trastorno depresivo por la manifiesta indefensión del padre en todo este proceso. A tener en cuenta las agresiones físicas sufridas por parte del padre, concretamente una de ellas, que se tenga constancia, en presencia de las menores, generando en el mismo un estado de miedo y alerta.

»SEGUNDA: Formulamos nuestra propuesta en varias fases, preservando en la medida de lo posible la vinculación afectiva de las menores con la figura materna:

»Primera Fase: por la alta conflictividad intrafamiliar y afectación en las menores y en el padre, consideramos necesaria la intervención de los Equipos de Tratamiento Familiar que posibiliten la reinstalación de régimen de visitas a favor del padre lo antes posible.

»Segunda Fase: Ampliación de dicho régimen a criterio de los técnicos de dichos Equipos, hasta llegar a la tercera fase.

»Tercera fase: custodia compartida, esto sería posible si la conflictividad planteada básicamente por la madre desapareciera, así como el cese de la grave interferencia materna detectada en las relaciones paternofiliales, en caso de que esto no fuera posible, nuestra propuesta es un cambio de guarda y custodia a favor del padre.

»A partir de esta tercera fase, y en caso de que la guarda y custodia sea paterna, para hacer alguna propuesta de relación de las menores con la madre, sería necesaria una nueva valoración en este servicio de todo el grupo familiar para poder pronunciarnos respecto a la posibilidad de un régimen de visitas y cómo éste se pudiera desarrollar.»

Conclusiones y propuestas que la perito del Equipo ratificó en el acto del juicio, indicando la sentencia que:

«existe mucha mediatización de la madre y que las vivencias relatadas por la Sra. Verónica y las menores resultaban inconsistentes. También rechazaron rotundamente como solución al conflicto la suspensión del régimen de visitas , entendiendo que debía mantenerse la relación paternofilial como condición necesaria para su reparación. Además, consideraban adecuada la intervención del Equipo de tratamiento Familiar dada esa grave interferencia materna y teniendo en cuenta que los servicios que han intervenido hasta ahora no habrían sido suficientes. Pese a lo expuesto, no consideraban en absoluto conveniente por el momento el cambio de custodia y su atribución exclusiva al progenitor.»

Con estas premisas, la sentencia considera que sigue siendo conveniente que, de una parte, la madre sea quien continúe ejerciendo la guarda y custodia de las menores y, de otra parte, se mantenga el régimen de visitas establecido a favor del padre en los términos que se acordaron en su día, sin que haya lugar a la modificación postulada por la actora ya que ni se ha acreditado la necesidad de que las entregas y recogidas dejen de hacerse en el PEF, ni qué actividades extraescolares son las afectadas por las visitas intersemanales ni consta que el progenitor no esté capacitado para llevar a sus hijas a dichas actividades cuando coincidan con sus días intersemanales.

No obstante, dadas las referencias que hace el Equipo Psicosocial a la interferencia materna, que califica como una modalidad de maltrato infantil, la sentencia estima que procede añadir al régimen de visitas del progenitor «que se recabe la intervención del Equipo de Tratamiento Familiar en la unidad familiar que nos ocupa para que trabajen en aquellos aspectos que entren dentro de sus competencias».

Asimismo, la sentencia descarta la modificación de la pensión alimenticia al no haberse acreditado el cambio de circunstancias alegado, antes bien, de la prueba practicada se desprende que los últimos ingresos del demandado son el subsidio por desempleo y actualmente el Ingreso Mínimo Vital por importe de 4.023,51 €, habiendo incluso aumentado en cierta medida sus cargas al incrementarse la cuota hipotecaria que debe satisfacer.

7.- El demandado reconviniente formula recurso de apelación contra la mencionada sentencia. Tanto la demandante como el Ministerio Fiscal se oponen al recurso.

8.- La Audiencia estima el recurso de apelación mediante sentencia de fecha 2 de junio de 2025, que acuerda modificar las medidas definitivas fijadas en la sentencia de divorcio en el sentido de: (i) atribuir al padre la guarda y custodia de las menores, Rosaura y Caridad, sin que haya lugar, por el momento, a reconocer derecho de visitas a favor de la madre; (ii) imponer a la progenitora la obligación de contribuir en la cantidad de 200€/mes en concepto de pensión de alimentos para cada una de sus hijas, siendo los gastos extraordinarios por mitad; y (iii) comunicar a la Entidad Pública competente la situación en que se encuentran las niñas a fin de que, de conformidad con los arts. 14 y 14 bis LOPJM y en atención a su interés superior, se valore si procede que asuma la guarda provisional de las menores, con vistas a la normalización de la guarda y custodia exclusiva paterna y sin perjuicio de cuantas medidas de protección se considerasen pertinentes.

La sentencia de apelación, partiendo del informe psicosocial, en el que se alude a la grave interferencia materna en las relaciones paterno-filiales, con consecuencias de rechazo de las menores a la relación con el padre y familia extensa paterna, así como a la afectación en la figura paterna, que ha sido víctima de agresiones físicas, una de ellas en presencia de las menores, se plantea si lo procedente es, bien el cambio de custodia, extrayendo a las menores de su entorno en el que están plenamente integradas pero beneficiando con ello la relación con su padre, con las ventajas que ello puede conllevar y también con los perjuicios que les puede suponer un cambio radical de vida, máxime cuando los padres cesaron en la convivencia cuando la hija mayor tenía diez meses y la menor aún no había nacido, habiéndose enturbiado con los años la relación hasta el punto de que las menores no quieren relacionarse con su padre, ni con la familia paterna, o bien, mantener la custodia materna, en el entorno social, escolar y familiar en el que están integradas, aun con el riesgo de que continúe la situación de falta de relación con su padre, con el perjuicio que ello les puede suponer para su desarrollo integral por la pérdida del referente paterno.

Sobre esta base, la sentencia considera que, para salvar esta dualidad, «en una situación tan crispada como la presente en las (sic) que incluso se han cruzado denuncias y condenas en el ámbito penal (sobre todo por la actitud de la madre que traslada o parece trasladar los problemas derivados de su ruptura a las hijas, las cuales han de seguir, para su propio beneficio, relacionándose con su padre y su familia paterna, teniendo derecho a su propia vida)», ha de acudirse al interés superior de las menores, que debe prevalecer sobre cualquier otro, incluido el de sus progenitores, y que lleva a estimar que lo más adecuado para ellas, en este momento, no es continuar bajo la custodia cotidiana de su madre, sino atribuirla al padre, sin perjuicio de las cautelas que deben adoptarse, máxime si atendemos a la edad de las menores, 9 y 11 años (sic).

Asimismo, al amparo del art. 94 del Código Civil, el art. 65 LO 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, y el art. 2 LO 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, en relación con el principio del superior interés del menor consagrado en el art. 3 del Convenio de Naciones Unidas sobre Derechos del Niño, la Carta Europea de Derechos del Niño de 1992 y la citada LO 8/2015, la Audiencia descarta la posibilidad de fijar un régimen de visitas en favor de la madre , con el siguiente razonamiento:

«[...] en razón al objetivo perjuicio que para el desarrollo de las menores está ocasionando la conducta de la progenitora, de clara interferencia en la percepción de la figura paterna por parte de las hijas, con el consiguiente riesgo que ello conlleva para su desarrollo del marco de la custodia exclusiva paterna entendemos que debe ser suspendida por los siguientes motivos. En los diferentes informes del PEF se deja de manifiesto claramente la perturbación que han ido produciendo en el ánimo de las menores las constantes injerencias (sic) de la madre en su relación con el progenitor, manteniendo o mostrando éstas un claro rechazo hacia la figura paterna hasta el punto de recomendar su suspensión. Todo ello, con la consiguiente victimización de las menores por exposición deliberada a episodios de sobrecarga emocional que, incluso para caso de veracidad de las pretendidas e infundadas causas, deberían serle evitados.»

Empero, ponderando la situación de precariedad de aptitudes y disponibilidades del progenitor para hacerse cargo con normalidad de las funciones de la guarda y custodia, en aras de propiciar la más amplia tutela del interés superior de los menores, y por considerar, de conformidad con los arts. 14 y 14 bis LOPJM, que concurre una situación de urgencia que precisa de la atención inmediata de la Entidad Pública, la sentencia acuerda poner la mencionada situación en su conocimiento a los fines de que, si así se apreciara en el ámbito de su competencia, se asuma la guarda provisional de las menores.

Finalmente, teniendo en cuenta que la principal obligación del progenitor ejerciente de la patria potestad consiste en proporcionar una manutención integral a sus hijos, ajustada a sus posibilidades, considera que, «habiendo establecido ya inicialmente una cuantía de la pensión de alimentos dentro de los márgenes de lo que se considera el mínimo vital», procede fijar la pensión de alimentos en 200 € por hija a cargo de la progenitora no custodia.

C) El interés superior del menor y el deber de motivación. El derecho del menor a ser oído como presupuesto para valorar y adoptar las medidas que personalmente le afecten conforme a su interés superior.

1.- En la sentencia de esta sala de lo Civil del TS nº 234/2024, de 21 de febrero, cuya doctrina se reitera en las posteriores sentencias del TS nº 915/2024, de 26 de junio, STS nº 1695/2024, de 17 de diciembre, STS nº 729/2025, de 12 de mayo, y STS nº 59/2026, de 22 de enero, destacamos la trascendencia de la protección que es preciso dispensar a los menores por los poderes públicos, apartándoles de cualquier fuente de eventual daño en el desarrollo futuro de su personalidad en formación:

«La infancia es un periodo decisivo del desarrollo de las personas, que debe ser protegido para evitar eventuales perjuicios en la integración posterior en el mundo de los adultos, de manera tal que sucesos vividos no se proyecten negativamente sobre quien los experimente, incluso mediante el padecimiento de trastornos psicológicos por traumas sufridos. Consecuentemente, el beneficio de los menores exige apartarlos de situaciones de riesgo, brindarles frente a ellas, con la finalidad de preservar ese interés superior que cuenta con raíces en el mandato de rango constitucional, dirigido a los poderes públicos, de asegurar la protección integral de los hijos, así como, en general, de los niños y de las niñas según las previsiones de los acuerdos internacionales que garantizan sus derechos ( art. 39.2 y 4 CE)».

El interés superior del menor se configura así como la regla decisoria en los casos en los que se encuentre comprometido su bienestar.

En la sentencia del TS nº 1251/2025, de 16 de septiembre, recordábamos las pautas que han de tenerse en cuenta a la hora de proceder a la determinación del interés superior del menor en los procesos que versan sobre las medidas personales y/o patrimoniales en que dicho interés resulte comprometido:

«1.La importancia que ostenta la infancia en el desarrollo ulterior de la personalidad de los menores, y la protección que es preciso dispensarles con la finalidad de preservarlos de eventuales perjuicios en la integración posterior en el mundo de los adultos, de manera tal que sucesos vividos no se proyecten negativamente sobre sus personas, incluso mediante el padecimiento de trastornos psicológicos (SSTS 234/2024, de 21 de febrero; STS nº 915/2024, de 26 de junio  y STS nº 1695/2024, de 17 de diciembre.

»2.También, señalamos que la consustancial falta de madurez y competencia de los menores, la ausencia de recursos con los que cuentan para solventar situaciones desfavorables en las que pueden verse inmersos, los colocan, en no pocas ocasiones, en una posición de especial vulnerabilidad, que constituye campo abonado para sufrir abusos, maltratos y lesiones en sus derechos fundamentales, o, incluso, para ser instrumentalizados en los conflictos intersubjetivos entre los adultos, dentro de los cuales alcanzan especial significación aquellos en los que se encuentran inmersos sus progenitores (STS 625/2022, de 26 de septiembre; 129/2024, de 5 de febrero y STS nº 379/2024, de 14 de marzo).

»3.Consecuencia de lo anteriormente expuesto, es que el menor, como individuo en formación, precisa de una protección especial, en tanto en cuanto tiene una personalidad en desarrollo que es necesario preservar. En este sentido, el art. 2.2, apartados d) y e) de la LO 1/1996, de protección jurídica del menor, establece, como manifestaciones de dicho interés, «promover la efectiva integración y desarrollo del menor en la sociedad»; «minimizar los riesgos que cualquier cambio de situación material o emocional pueda ocasionar en su personalidad y desarrollo futuro»; así como la «preparación del tránsito a la edad adulta e independiente».

»En definitiva, quien no puede, por su edad, defenderse por sí mismo, ni velar por sus intereses, transfiere tal función a las instituciones públicas y privadas, para garantizar que aquellos sean debidamente respetados, y siempre, además, previa audiencia de los menores con suficiente juicio, para no ser postergados de las decisiones que más directamente les afectan.

»Manifestación de lo expuesto la constituye la intervención preceptiva del Ministerio Fiscal en los procedimientos judiciales y administrativos para cuidar de dichos intereses (art. 749 LEC); o la posibilidad de la fijación de medidas de oficio por parte de los tribunales de justicia, como excepción a los principios dispositivo y de aportación de parte, conformadores de los pilares esenciales sobre los que se sustenta el edificio del proceso civil (arts. 158 CC y 752 LEC).

»4.En el sentido expuesto, el Tribunal Constitucional insiste, de forma reiterada, en la necesidad de que: «todos los poderes públicos cumplan el mandato dirigido a ellos por el art. 39 CE y atiendan de un modo preferente a la situación del menor de edad, observando y haciendo observar el estatuto del menor como norma de orden público» (STC 178/2020, de 14 de diciembre, FJ 3, y STC nº 81/2021, de 19 de abril, FJ 2 ).

»5.Este estatuto del menor está regido por su interés superior, que es «la consideración primordial a la que deben atender todas las medidas concernientes a los menores que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos», según lo previsto en el art. 3.1 de la Convención sobre los derechos del niño (por todas, SSTC 64/2019, de 9 de mayo, FJ 4; STC nº 131/2023, de 23 de octubre, FJ 3;  STC nº 148/2023, de 6 de noviembre, FJ 4; STC nº 28/2024, de 27 de febrero, FJ 5 y STC 82/2024, de 3 de junio, FJ 2 ).

»6.Nosotros hemos precisado, en numerosas ocasiones, en qué consiste dicho interés superior y su trascendencia en la decisión de los procesos en que se adoptan medidas referentes a los niños y a las niñas; por ejemplo, en las SSTS 129/2024, de 5 de febrero; 234/2024, de 21 de febrero; 1695/2024, de 17 de diciembre y 242/2025, de 12 de febrero, entre otras muchas, al considerarlo: (i) como un principio axiológico preferente en la interpretación y aplicación de las normas; (ii) un concepto jurídico indeterminado de necesaria integración con respecto a las concretas circunstancias concurrentes; (iii) una regla de orden público de obligada aplicación; (iv) un límite indisponible a la autonomía de la voluntad de los progenitores; (v) un principio de aplicación preferente en casos de imposibilidad de armonizarlo con los otros intereses convergentes que concurran; (vi) sometido a una motivación reforzada sobre la ordinaria de toda resolución judicial a la hora de apreciarlo en cada supuesto concreto sometido a consideración de los tribunales; (vii) un instrumento de flexibilización del rigor procesal; (viii) susceptible de apreciación mediante el auxilio de ciencias extrajurídicas como la psicología, y (ix) fiscalizable a través del recurso de casación.

»7.Ahora bien, la determinación del interés del menor no puede llevarse a efecto «Mediante una simple especulación intelectual que prescinda del concreto examen del contexto en que se manifiesta. O, dicho de otro modo, no puede fijarse a priori para cualquier menor, sino que debe ser apreciado con relación a un menor determinado en unas concretas circunstancias» ( SSTS 281/2023, de 21 de febrero; 981/2024, de 10 de julio; STS nº 1149/2024, de 18 de septiembre y STS nº 237/2025, de 12 de febrero).»

2.- Precisamente, la materialización en el caso concreto del principio del superior interés del menor es lo que fundamenta y hace necesaria una motivación reforzada a la hora de valorar y adoptar las medidas que puedan afectarle.

La sentencia del Tribunal Constitucional 54/2025, de 10 de marzo -cuya doctrina, aunque centrada en un supuesto de violencia de género, es extrapolable a cualesquiera supuestos en que se acrediten riesgos para la integridad física o moral del menor-, señala con relación al deber de motivación judicial reforzada por afectación del interés superior del menor en los regímenes de guarda, custodia y visitas:

«Como hemos recordado en nuestra STC 53/2024, de 8 de abril, FJ 3, es doctrina consolidada de este tribunal el deber de todos los poderes públicos de atender "de un modo preferente la situación del menor de edad, observando y haciendo observar el estatuto del menor como norma de orden público [...] incluso si ello significa atemperar la rigidez de algunas normas procesales o sacrificar los legítimos intereses y perspectivas de terceros". El interés superior del menor es, "considerado en abstracto, un bien constitucional suficientemente relevante para motivar la adopción de medidas legales que restrinjan derechos y principios constitucionales". Pero la decisión de lo que sea en cada caso más beneficioso para el interés general del menor "corresponde tomarla a los jueces y tribunales ordinarios".

»El "interés superior del menor es la consideración primordial a la que deben atender todas las medidas concernientes a los menores que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos" (por todas, STC 126/2024, de 21 de octubre, FJ 2). Y aunque compete a este tribunal examinar si la motivación ofrecida "para adoptar cuantas medidas conciernen a los menores, está sustentada en su mayor beneficio y así comprobar que no se han lesionado sus derechos fundamentales", es a los órganos judiciales a quienes corresponde delimitar el contenido del interés superior del menor en cada caso ofreciendo para ello, dada la afectación de un principio superior de nuestro ordenamiento, una motivación reforzada ( SSTC 141/2000, de 29 de mayo, FJ 5; 217/2009, de 14 de diciembre, FJ 5; STC nº 127/2013, de 3 de junio, FJ 6, y STC nº  138/2014, de 8 de septiembre, FJ 2, entre otras).

»Motivar "debidamente las resoluciones en las que están concernidos los intereses y derechos de los menores (art. 39 CE), significa explicitar el juicio de ponderación entre los valores y derechos en liza para hacer así efectiva la exigencia de proporcionalidad inherente a la justicia" (entre otras, SSTC 178/2020, de 14 de diciembre, FJ 3; 2/2024, de 15 de enero, FJ 2, y 53/2024, de 8 de abril, FJ 3), encontrándonos en estos casos "ante un juicio de ponderación que debe constar expresamente en la resolución judicial, identificando los bienes y derechos en juego que pugnan de cada lado, a fin de poder calibrar la necesidad y proporcionalidad de la medida adoptada" ( STC 176/2008, de 22 de diciembre, FJ 6). Una pluralidad de bienes y derechos que siempre habrán de tener presentes los órganos judiciales en sus decisiones sobre los regímenes de guarda y custodia, en las que el interés superior del menor ha de operar como contrapeso de los derechos de cada progenitor (STC 106/2022, de 13 de septiembre, FJ 2, y STC nº  176/2008, de 22 de diciembre, FJ 6).

»Es doctrina constitucional consolidada que, cuando está en juego el interés de los menores, sus derechos exceden del ámbito estrictamente privado y pasan a tener una consideración más cercana a los elementos de ius cogens (STC 106/2022, de 13 de septiembre, FJ 2, y STC nº 185/2012, de 17 de octubre, FJ 4). Es en este sentido que hemos afirmado que en la atribución y ejecución de los regímenes de guarda, custodia y visitas el interés superior del menor ha de operar como contrapeso de los derechos de cada progenitor (STC 106/2022, de 13 de septiembre, FJ 2, y STC nº 176/2008, de 22 de diciembre, FJ 6). Y ello se predica tanto de la toma de decisiones provisionales, en el marco de la adopción de medidas cautelares, como en la adopción de decisiones definitivas.

»En otros términos, el deber de motivación reforzada que impone el art. 24.1 CE a aquellas decisiones que afectan o inciden en el interés superior del menor se proyecta, lógicamente, sobre las resoluciones judiciales, provisionales o definitivas, de atribución y ejecución de los regímenes de guarda, custodia y visitas. En estos casos, los jueces y tribunales deben hacer constar expresamente en sus resoluciones la ponderación de todos los bienes y derechos en juego, teniendo siempre presente el interés superior del menor, en cuya identificación habrán de tener en cuenta, entre otros aspectos, su deber de prevenir y protegerle contra la violencia sea el o la menor víctima presencial o instrumental. Así lo impone el art. 2 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, en virtud de cuyo apartado 2 c), a efectos de la interpretación y aplicación en cada caso del interés superior del menor, nuestros órganos jurisdiccionales han de tener presente la conveniencia de que la vida y desarrollo de los y las menores "tenga lugar en un entorno familiar adecuado y libre de violencia". Deber de protección y prevención que se predica frente a los contextos de violencia de género.

»[...] Concluyendo, en las decisiones sobre los regímenes de guarda, custodia y visitas, provisionales o definitivas, los órganos judiciales tienen un deber de motivación reforzada para cuyo cumplimiento habrán de tener en cuenta los indicios de violencia de género. Nuestros jueces y tribunales no pueden así asumir que el interés superior del menor es equivalente a mantener relaciones con ambos progenitores...».

Y en nuestra sentencia del TC nº  1135/2026, de 23 de julio, concretamos en qué consiste ese deber de motivación reforzada:

«Motivar debidamente las resoluciones en las que están concernidos los intereses y derechos de los menores ( art. 39 CE), significa explicitar el juicio de ponderación entre los valores y derechos en liza para hacer así efectiva la exigencia de proporcionalidad inherente a la justicia (entre otras, SSTC 178/2020, de 14 de diciembre, FJ 3; 2/2024, de 15 de enero, FJ 2, y 53/2024, de 8 de abril, FJ 3). Es preciso realizar un juicio de ponderación que debe constar expresamente en la resolución judicial, identificando los bienes y derechos en juego que pugnan de cada lado, a fin de poder calibrar la necesidad y proporcionalidad de la medida adoptada (STC 176/2008, de 22 de diciembre, FJ 6). En las decisiones judiciales sobre los regímenes de guarda y custodia, el interés superior del menor siempre ha de operar como contrapeso de los derechos de cada progenitor ( SSTC 106/2022, de 13 de septiembre, FJ 2, y 176/2008, de 22 de diciembre, FJ 6).»

3.- Ese deber de motivación reforzada está íntimamente ligado con el derecho del menor a ser oído, en función de la edad y madurez.

En efecto, el derecho del menor a ser oído y escuchado, reconocido en el art. 9 LOPJM, se conecta con lo dispuesto en el apartado 2º, letra b), del art. 2 del mismo texto legal, que, en orden a determinar su interés superior, obliga a tener en cuenta «los deseos, sentimientos y opiniones del menor, así como su derecho a participar progresivamente, en función de su edad, madurez, desarrollo y evolución personal, en el proceso de determinación de su interés superior», y en el apartado 5 del mismo art. 2, con arreglo al cual «toda medida en el interés superior del menor deberá ser adoptada respetando las debidas garantías del proceso y, en particular: a) Los derechos del menor a ser informado, oído y escuchado, y a participar en el proceso de acuerdo con la normativa vigente.»

En la sentencia del TC  nº 268/2025, de 19 de febrero, con cita de las sentencias del TC nº 1709/2024, de 18 de diciembre, y STC nº 1695/2024, de 17 de diciembre, que a su vez sintetizan la doctrina de la sala sobre la audiencia del menor como derecho que ha de ser garantizado para apreciar las medidas que personalmente le afecten conforme a su interés superior, hemos declarado:

«Para apreciar cuál es ese interés superior prevalente, es necesario dar a los menores, que cuenten con suficiente juicio, la oportunidad de ser oídos.

»Esta audiencia se configura como un derecho que corresponde a los niños y niñas de ser escuchados antes de tomar cualquier decisión sobre aspectos que personalmente les afecten, y que es reconocido en distintas disposiciones normativas como son los arts. 92.6 y 159 CC; 9 de la Ley Orgánica 1/1996, de protección jurídica al menor; 12.2 de la Convención sobre Derechos del Niño de la ONU de 1989; 3 del Convenio Europeo sobre el ejercicio de los Derechos de los Niños; apartado 15 de la Carta Europea de Derechos del Niño; art. 6 del Convenio Europeo sobre el ejercicio de los derechos del niño, hecho en Estrasburgo, el 5 de diciembre de 1997, ratificado por España el 11 de noviembre de 2014 y en vigor desde el 1 de abril de 2015; así como el art. 24.1 de la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea, entre otros textos legales.

»Por su parte, la Observación n.º 12 de la Convención sobre Derechos del Niño (2009), señala que: "1. Los Estados Parte garantizarán al niño, que esté en condiciones de formarse un juicio propio, el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño. 2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional".

»La STC 64/2019, de 9 de mayo, explica la transcendencia del derecho del menor a ser oído, y su relación con el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, y nos enseña al respecto que: "El derecho del menor a ser 'oído y escuchado' forma así parte del estatuto jurídico indisponible de los menores de edad, como norma de orden público, de inexcusable observancia para todos los poderes públicos (STC 141/2000, de 29 de mayo, FJ 5). Su relevancia constitucional está recogida en diversas resoluciones de este Tribunal, que han estimado vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva ( art. 24.1 CE) de los menores en supuestos de procesos judiciales en que no habían sido oídos o explorados por el órgano judicial en la adopción de medidas que afectaban a su esfera personal ( SSTC 221/2002, de 25 de noviembre, FJ 5; en el mismo sentido, SSTC 71/2004, de 19 de abril, FJ 7; 152/2005, de 6 de junio, FFJJ 3 y 4, y 17/2006, de 30 de enero, FJ 5)".

»Más recientemente, tal doctrina es reproducida en la STC 5/2023, de 20 de febrero, FJ 3.»Esta sala se ha ocupado igualmente de la importancia y trascendencia que encierra tal derecho, siendo manifestación al respecto la contenida en las sentencias 413/2014, de 20 de octubre; 157/2017, de 7 de marzo; 578/2017, de 25 de octubre; 18/2018, de 15 de enero; 648/2020, de 30 de noviembre; 548/2021, de 19 de julio; 577/2021, de 27 de julio, o más recientemente 984/2023, de 20 de junio, entre otras, de las que cabe extraer, en lo que ahora nos interesa, a modo de líneas directrices, las dos siguientes: (i) La audiencia del menor tiene por objeto indagar sobre su interés con la finalidad de garantizar su debida y mejor protección, por lo que, en su caso, debe ser acordada de oficio por el tribunal. (ii) No se puede decir que los tribunales estén obligados a oír siempre al menor en el seno de los procedimientos judiciales, pues eso dependerá de las circunstancias particulares de cada supuesto en función de la edad, madurez e interés de los menores. Precisamente en atención a dichos factores y siempre que el menor tenga menos de 12 años, es posible que se prescinda de su audiencia, o que se considere más adecuado que se lleve a cabo a través de un experto, o estar a la practicada por este medio. Ahora bien, para que el tribunal pueda decidir no practicarla será necesario que lo resuelva de forma motivada.

»No es de extrañar, entonces, que en sentencias 548/2021, de 19 de julio, 577/2021, de 27 de julio y 308/2022, de 19 de abril, se decretase la nulidad de actuaciones para dar audiencia a los menores sobre las medidas que les afectaban personalmente.

»En la STEDH, sección 3.ª, de 11 de octubre de 2016, contra España, se señaló que: "[s]ería ir demasiado lejos afirmar que los tribunales internos tienen siempre la obligación de oír a los hijos en audiencia cuando está en juego el derecho de visita del progenitor no custodio. En efecto, esto depende de circunstancias particulares de cada causa y en todo caso se ha de tener en cuenta la edad y madurez del hijo afectado". Y añade, en particular por lo que hace al Derecho español: "[e]n los procedimientos de divorcio contencioso, los hijos menores deben ser oídos si se estima necesario y tienen capacidad de discernimiento y en todo caso si son mayores de doce años. En todo caso, el rechazo de audiencia debe ser motivado".

»La STC 53/2024, de 8 de abril, FJ 4, anuda el deber de motivación con la necesidad de dar audiencia a los menores, y así señala: "La falta de audiencia al menor está indisolublemente unida al deber de motivación reforzada, y viene a reforzar la insuficiencia de justificación de la decisión sobre el régimen de visitas en que incurren las sentencias impugnadas. Escuchar a la persona menor permite al órgano judicial conocer sus deseos, sentimientos y opiniones, que el art. 2 de la Ley Orgánica 1/1996 incluye entre los criterios y elementos generales que han de tenerse en cuenta en la ponderación de qué deba entenderse, en cada caso, como interés superior del menor, y que han de ser valorados conjuntamente, al desarrollar el juicio de proporcionalidad estricta, de forma que la medida que se adopte en favor de dicho interés superior no sacrifique con mayor intensidad el derecho fundamental concernido que el beneficio que se obtenga con la restricción. El apartado 5 d) de este art. 2 señala expresamente que la decisión debe incluir en su motivación 'los criterios utilizados, los elementos aplicados al ponderar los criterios entre sí y con otros intereses presentes y futuros, y las garantías procesales respetadas'. Entre dichos criterios se encuentran '[l]a consideración de los deseos, sentimientos y opiniones del menor' [art. 2.2 b)], '[l]a edad y madurez del menor' [art. 2.3 a)], '[e]l irreversible efecto del transcurso del tiempo en su desarrollo' [art. 2.3 c)], (...)».

Por otra parte, la sala otorga gran relevancia al resultado de la audiencia a los menores cuando se cumplen determinados estándares. En particular, se considera relevante una opinión libremente emitida, no mediatizada o interferida por la conducta o la influencia de alguno de los padres, cuando las razones del menor sean atendibles porque no están inspiradas en criterios de comodidad o bienestar a corto plazo, y seguir su opinión no esté desaconsejado por la especial incidencia de otros criterios con los que, según la norma, debe ser ponderada conjuntamente la opinión de los menores (Sentencias del TC 1637/2025, de 19 de noviembre, STC 124/2025, de 23 de enero, y STC nº 705/2021, de 19 de octubre, entre otras).

En suma, el derecho del menor a ser oído y escuchado forma parte del estatuto jurídico indisponible de los menores de edad, como norma de orden público, de inexcusable observancia, y, cuando este derecho debe ejercitarse en el seno de un proceso, se conecta con el derecho a la tutela judicial efectiva, lo que ha llevado a la sala, de acuerdo con la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional, entre otras, en sus sentencias TC nº 152/2005, de 6 de junio, y 71/2004, de 19 de abril, a entender que el incumplimiento de este derecho y consiguiente omisión de la preceptiva audiencia del menor, bien porque se haya denegado sin motivarlo adecuadamente o, simplemente, porque no se haya practicado cuando era obligatoria, determina la declaración de nulidad, con retroacción de actuaciones, para posibilitar su materialización, de forma que se respete y garantice el ejercicio del derecho y, al mismo tiempo, su resultado pueda contribuir al mejor conocimiento y más completa valoración de las circunstancias concurrentes, y, en definitiva, a la adopción y debida motivación de la decisión más correcta.

Pueden citarse en esta línea las sentencias del TC 1677/2025, de 19 de noviembre; 1709/2024, de 18 de diciembre; 371/2024, de 27 de mayo; 1147/2023, de 13 de julio; 577/2021, de 27 de julio; 308/2022, de 19 de abril; 648/2020, de 30 de noviembre; 18/2018, de 15 de enero; y 157/2017, de 7 de marzo, entre otras.

D) Decisión de la sala. Estimación parcial del recurso de casación.

1.- En el caso enjuiciado, como pone de manifiesto el Ministerio Fiscal, las menores Rosaura y Caridad no han sido oídas y escuchadas, a pesar de que cuando se dicta la sentencia de segunda instancia, en fecha 2 de junio de 2025, ya tenían doce años y seis meses y once años y cinco meses, respectivamente. El tribunal de apelación tampoco ha justificado el motivo por el que no pudiera realizarse la audiencia ni ha mencionado que pudiera entrañar algún perjuicio para las menores.

De este modo, sin haberlas escuchado, la Audiencia decide revocar un sistema de custodia que formalmente estaba en vigor desde que se pronunció la sentencia de divorcio, el 27 de mayo de 2015, y, de facto, desde que se produjo la ruptura de la relación y el cese de la convivencia, hacia el mes de septiembre de 2013.

Obsérvese que, en el caso Rosaura, había cumplido la edad que determina ex lege el derecho del menor a ser oído, además de que, según el informe pericial emitido por el Equipo Psicosocial y los informes del PEF, era quien mostraba más rechazo no solo a la realización de las visitas, sino en general a cualquier contacto con el padre. Con relación a Caridad, su edad y madurez, plasmada en los referidos informes, lleva a presumir una capacidad de discernimiento que justificaba igualmente su derecho a ser escuchada.

La Audiencia desatendió el derecho de ambas menores, vinculado a su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, a expresar su voluntad, deseos, sentimientos y opiniones, así como a transmitir su percepción de la problemática familiar y de las relaciones paternofiliales. Si a ello se añade que no nos encontramos ante una medida tangencial o de escasa entidad, sino que se cambia radicalmente un sistema de guarda y custodia materna que llevaba doce años funcionando, esto es, prácticamente, durante toda la vida de ambas menores, al que se une la suspensión del régimen de visitas de la madre, y, por ende, la ruptura de todo contacto personal con su progenitora que, a lo largo de todo este tiempo, aunque de manera sesgada o negativa según las sentencias de primera y segunda instancia, había asumido su atención y cuidado, lo que imponía un especial deber de valorar las ideas de las menores y el impacto emocional que podía entrañar, que a su vez exigía darles la oportunidad de expresarse ante el tribunal, entendemos que la infracción denunciada debe dar lugar a declarar la nulidad de la sentencia, a fin de que se subsane la omisión y se lleve a cabo la audiencia de las menores.

Nótese que la vulneración de este derecho, al margen de la denuncia formulada por el Ministerio Fiscal, puede y debe ser apreciada de oficio, como afirmamos en la sentencia 157/2017, de 7 de marzo, con cita de otras anteriores:

«En relación a la falta de exploración de la hija, esta sala se ha pronunciado con reiteración respecto a la necesidad de ser oído el menor en los procedimientos que directamente les afectan. La sentencia de 20 de octubre de 2014 establece lo siguiente: "La aparente contradicción entre el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil, viene a ser aclarada por la Ley del Menor y por el Convenio sobre Derechos del Niño, en el sentido de que cuando la edad y madurez del menor hagan presumir que tiene suficiente juicio y, en todo caso, los mayores de 12 años, habrán de ser oídos en los procedimientos judiciales en los que se resuelva sobre su guarda y custodia, sin que la parte pueda renunciar a la proposición de dicha prueba, debiendo acordarla, en su caso, el juez de oficio". En este mismo sentido la sentencia del Tribunal Constitucional de 6 de junio de 2005».

Y, más recientemente, en la sentencia del TC nº 1709/2024, de 18 de diciembre, cuya doctrina reproduce la sentencia del TC nº 1677/2025, de 29 de noviembre, se insiste en que:

«el tribunal, con independencia del cumplimiento o no por la parte de los requisitos procesales, estaba obligado de oficio a garantizar la audiencia del menor».

2.- Aunque la declaración de nulidad priva de efecto útil a los dos motivos del recurso de casación, para evitar cualquier confusión cumple hacer unas precisiones acerca del primero, relativo al deber de motivación, y al que se adhiere en parte el Ministerio Fiscal.

La lectura de la sentencia revela que el tribunal explica de forma extensa los motivos que justifican las decisiones adoptadas en relación con la guarda y custodia de las menores y el régimen de visitas . Así, sobre la base de la situación del maltrato detectada por el Equipo Psicosocial y la constatación, a través de los informes del PEF posteriores a la sentencia apelada, de incumplimientos reiterados, que entiende solo pueden deberse a la conducta de la madre, el tribunal se plantea si está justificado o no extraer a las menores de un entorno en el que están integradas y, en interés de las mismas, opta por la separación al concluir de manera indubitada y debidamente razonada que resulta absolutamente perniciosa la continuidad de la guarda y custodia materna ante la gravedad de los hechos que relata en el fundamento quinto de la sentencia.

Frente a lo que sostiene la recurrente, la decisión de la Audiencia no se limita simplemente a mencionar o a remitirse a la existencia del informe pericial, sino que realiza una detenida valoración de todas las circunstancias concurrentes a la luz de la prueba practicada, incluida la documental y el informe de la psicóloga emitido a instancia de la madre, y acuerda el cambio de custodia ante el convencimiento de que las conductas de la madre no cesarán (vistos los informes del PEF) y de que éstas suponen una forma de maltrato hacia las hijas.

Y lo mismo sucede respecto a la decisión de no fijar un régimen de visitas , que se argumenta «ante la gravedad de las conductas violentas contra el padre que, como se desprende de los informes aludidos y de las sentencias condenatorias obrantes en autos, viene ejerciendo sobre el padre; así como ante la gravedad de la abierta obstrucción de la normal percepción para los menores de la figura paterna que, como claramente se infiere de los informes emitidos por el PEF, ha conducido a la ausencia de contacto con las hijas prácticamente durante unos cuatro años». De esta manera, según infiere del informe pericial y los informes del PEF, la Audiencia considera nos hallamos ante una «clara conducta continuada y persistente de atentado contra la integridad física del progenitor y moral de los hijos», que en aplicación del art. 94 párrafo cuarto del Código Civil, excluiría la posibilidad de establecerlas.

La recurrente alega que no se ha acreditado una situación de desprotección, maltrato, negligencia o abandono de las menores que le sea imputable. Mas esta afirmación se aparta de uno de los presupuestos fácticos que constituyen la razón decisoria de la sentencia, sin que se haya cuestionado a través del cauce legalmente establecido la apreciación de la prueba realizada en la sentencia de apelación, en la que, por otra parte, no se observa error patente o valoración ilógica o irracional de ninguna clase.

En definitiva, una cosa es que la parte pueda discrepar de la valoración de la prueba realizada por la Audiencia y de las decisiones adoptadas para tratar de recuperar la relación paternofilial y normalizar la situación interfamiliar, y otra muy distinta que exista un déficit de motivación, antes al contrario, la sentencia expone detenidamente las razones por las que, a partir del presupuesto fáctico que considera acreditado a la luz de la prueba practicada, adopta las medidas que considera adecuadas sobre la guarda y custodia y el régimen de visitas .

Asimismo, tras acordar el cambio de la guarda y custodia a favor del padre y la suspensión provisional del régimen de visitas para la madre , la sentencia de apelación alude a la situación de precariedad de aptitudes y disponibilidades del progenitor -no por falta de capacidad y habilidades, sino por la presión a la que se siente sometido- para hacerse cargo con normalidad de las funciones de la guarda y custodia que, en atención a la prueba practicada, atribuye a su favor. Y, a continuación, al apreciar que «concurre situación de urgencia que precisa de la atención inmediata de la Entidad Pública», dispone que se le comunique la sentencia a fin de que «si así se apreciara en el ámbito de su competencia, se asuma la guarda provisional».

Esta decisión no incurre en falta de motivación, pues se toma sobre la base de que existe una situación de urgencia a la que debe darse respuesta. Situación de urgencia que viene dada, según la Audiencia, por la necesidad de cambiar de forma inmediata el sistema de guarda y custodia «ante la gravedad de las conductas violentas contra el padre...; así como ante la gravedad de la abierta obstrucción de la normal percepción para los menores de la figura paterna que, como claramente se infiere de los informes emitidos por el PEF, ha conducido a la ausencia de contacto con las hijas prácticamente durante unos cuatro años» y «la situación de precariedad de aptitudes y disponibilidades del progenitor para hacerse cargo con normalidad de las funciones de la guarda y custodia».

Cuestión distinta es que la intervención de la Entidad Pública a que se refieren los arts. 14 y 14 bis LOPJM encuentra su razón de ser en la obligación de prestar la atención inmediata que precise cualquier menor, incluida la guarda provisional, en ausencia de una resolución judicial, actuación que será inmediata cuando la urgencia del caso lo requiera. Como se deduce del tenor del citado art. 14, se trata de actuaciones ante una realidad fáctica que exige una determinada respuesta en interés del menor. Pero esas actuaciones son previas a la eventual existencia de un procedimiento judicial, de forma que, de apreciarse por el tribunal que conoce de un determinado asunto una posible situación de desamparo deberá adoptar las medidas de protección que estime pertinentes, con traslado al Ministerio Fiscal, sin que proceda limitarse a comunicar a la Entidad Pública la posible situación de urgencia para que sea ésta la que adopte medidas que afectan o pueden dejar sin efecto las ya decididas por el juez o tribunal o que en paralelo se decidan en un procedimiento ya judicializado.

3.- El Ministerio Fiscal considera que hubiera resultado precisa, no solo la exploración de las menores, sino una serie de informes especializados adicionales que confirmaran el diagnóstico y en los que poder apoyarse para que el cambio se produjera sin las cautelas que el informe pericial recomendaba o que, incluso, pudieran proponer otro sistema transitorio que compatibilizara mejor el bienestar de los menores con la necesidad ineludible de apartarlos de la desprotección detectada.

El art. 92 apartado 9 CC, tras la reforma operada por la Ley 15/2005, de 8 de julio, dispone que «[e]l Juez, antes de adoptar alguna de las decisiones a que se refieren los apartados anteriores, de oficio o a instancia de parte, del Fiscal o miembros del Equipo Técnico Judicial, o del propio menor, podrá recabar dictamen de especialistas debidamente cualificados, relativo a la idoneidad del modo de ejercicio de la patria potestad y del régimen de custodia de las personas menores de edad para asegurar su interés superior».

Como es sabido, el dictamen o informe psicosocial tiene por objeto evaluar la situación familiar, la capacidad y distintos grados de competencia de los progenitores para ejercer su responsabilidad parental, los proyectos de parentalidad del padre y la madre, los vínculos afectivos y la relación paterno y materno filial, los factores de riesgo que puedan entrañar las distintas opciones, y, en general, cuantos elementos ayuden a valorar en el caso concreto cuál es el interés superior del menor y qué medida o medidas resultan más adecuadas o pueden contribuir de manera más efectiva a su consecución.

No obstante, en el presente caso ya se realizó un informe pericial por el Equipo Psicosocial (febrero de 2024), que incluye un informe psicológico y otro social, y un segundo informe por la psicóloga propuesta por la demandante, a lo que se unen los informes del PEF emitidos después de la sentencia de primera instancia y hasta el mes de julio de 2024.

En estas condiciones, ponderando el exhaustivo estudio contenido en el informe del Equipo Psicosocial y la información proporcionada por los sucesivos informes del PEF, consideramos que no procede ordenar la práctica de nuevos informes adicionales. Ello sin perjuicio de que lo que la Audiencia pueda acordar, con plena libertad, de estimarlo preciso o conveniente a la vista del resultado de la audiencia de las menores y de las concretas circunstancias concurrentes al tiempo de adoptar la decisión, a fin de resolver disponiendo de todos los elementos de juicio posibles y, por tanto, con las mayores garantías para asegurar que la decisión es conforme al superior interés de las menores.

4.- Por lo expuesto, procede estimar el recurso de casación y, en consecuencia, anular la sentencia recurrida y devolver las actuaciones a la Audiencia para que escuche a las menores y les ofrezca la oportunidad de expresar su voluntad, su sentir y su parecer, para con su resultado y, en su caso, la práctica de la prueba complementaria que estime pertinente recabar, valore el contenido de aquélla -siquiera sea para descartarlo- y el conjunto de circunstancias concurrentes en la actualidad, el tribunal de apelación resuelva motivadamente sobre si procede el cambio de guarda y custodia, y, en su caso, la fijación de un régimen de visitas y demás medidas necesarias para su efectividad, o cualesquiera otras alternativas que se consideren oportunas, siempre atendiendo al superior interés de las menores.

www.gonzaleztorresabogados.com

abogados@gonzaleztorresabogados.com

928 244 935

667 227 741