La sentencia de la Audiencia Provincial
de Guipúzcoa, sec. 2ª, de 15 de octubre de 2026, nº 652/2026, rec. 162/2024, declara que el diagnóstico de una
enfermedad mental grave o crónica (como la esquizofrenia) no anula por sí mismo
la capacidad testamentaria si no existe una incapacitación judicial previa o
una prueba médica concluyente referida al acto concreto.
La
capacidad para otorgar testamento se presume intacta salvo prueba concluyente y
convincente que demuestre la incapacidad mental del testador en el momento
exacto del otorgamiento, debiendo atenderse exclusivamente al estado mental del
testador en dicha fecha, y considerando especialmente la valoración notarial y
la manifestación de testigos en el acto, puesto que la aseveración notarial
constituye una presunción iuris tantum que sólo puede ser desvirtuada por
prueba muy cumplida y convincente.
El
tribunal otorga la razón a la parte demandada y confirma la sentencia que
desestimó la acción de nulidad del testamento por falta de capacidad del
testador. Se fundamenta en la presunción legal iuris tantum de capacidad para
testar, la cual no ha sido desvirtuada por la parte actora mediante pruebas
concluyentes y convincentes del estado mental del testador al momento del
otorgamiento.
La
valoración probatoria ha sido correcta al considerar la manifestación del
notario autorizante, el testimonio de los testigos presentes y la falta de
declaración judicial o médica clara de incapacidad en la fecha pertinente. Se
destaca que el testamento se firmó en un plazo muy cercano al otorgamiento del
poder especial por el mismo testador, calificado igualmente como capaz. Por
ende, la desestimación del recurso implica la imposición de costas a la parte
recurrente.
No
se aprecia cambio en la doctrina aplicable ni fijación jurisprudencial
distinta, sino la reiteración de los criterios tradicionales sobre la
presunción y carga de la prueba en materia de capacidad para testar.
La
sentencia enfatiza la relevancia especial de la manifestación notarial y
testifical en la valoración de la capacidad testamentaria, destacando que solo
mediante una prueba concluyente y evidente puede desvirtuarse la presunción de
capacidad y que la ausencia de declaración judicial de incapacidad mantiene
intacta la presunción legal, incluso en presencia de una enfermedad mental
grave crónica diagnosticada.
A)
Introducción.
1º) Una persona impugnó el testamento de su
hermano, otorgado en 1989, alegando que la esquizofrenia crónica que padecía le
impedía testar; el juzgado desestimó la demanda y la persona apeló.
¿Se
acreditó de forma concluyente que el testador carecía de capacidad mental al
otorgar el testamento, de modo que procediera declararlo nulo?.
Se
desestima la apelación, se confirma la validez del testamento y se imponen las
costas de la alzada a la parte apelante, sin fijación de nueva doctrina ni
cambio de posición doctrinal.
Conforme
a los artículos 662, 663, 666 y 685 del Código Civil y al artículo 217 de la
LEC, la capacidad para testar se presume y debe valorarse en el momento del
otorgamiento, por lo que corresponde a quien impugna aportar prueba inequívoca
y convincente que desvirtúe el juicio notarial de capacidad, insuficientemente
contradicho por el historial clínico en este caso.
2º) Fundamentos de Derecho y Criterios
del Tribunal:
- Presunción de capacidad (iuris
tantum): Conforme a los artículos 662, 663, 666 y 685 del Código Civil,
la capacidad para testar se presume siempre intacta. Esta presunción se ve
reforzada por el juicio de capacidad realizado por el notario autorizante.
- Carga de la prueba: En
aplicación del artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC),
corresponde a quien impugna el testamento aportar prueba inequívoca, cumplida y
convincente que desvirtúe la aseveración notarial.
- Momento de valoración: El
estado mental debe evaluarse exclusivamente en el instante preciso del
otorgamiento. El tribunal destaca que el testador había firmado un poder
especial en fechas muy próximas, siendo también calificado como capaz.
- Valoración de la enfermedad mental:
El diagnóstico de una enfermedad mental grave o crónica (como la esquizofrenia)
no anula por sí mismo la capacidad testamentaria si no existe una
incapacitación judicial previa o una prueba médica concluyente referida al acto
concreto.
- Continuidad jurisprudencial: La
Sala no introduce cambios doctrinales, sino que reitera la jurisprudencia
consolidada sobre la prevalencia del juicio notarial y la prueba testifical
frente a historiales clínicos genéricos.
B)
La sentencia recurrida fundamenta:
1º)
Objeto del litigio. La
parte demandante afirma que con fecha de 13 de septiembre de 1989 don Lorenzo otorgó
testamento ante el Notario de San Sebastián D. Diego María Granados Asensio,
por el que instituía heredero universal de sus bienes a su sobrino y
codemandado don Gonzalo, hijo de la codemandada Purificación
El
actor impugna dicho testamento y solicita la nulidad del mismo al entender que
el testador carecía en ese momento de la capacidad necesaria para testar.
La
parte demandada mantiene la capacidad del testador para otorgar el testamento
de fecha 13 de septiembre de 1989.
Por
tanto, la cuestión objeto de debate se centra en determinar si don Lorenzo tenía
suficiente capacidad para otorgar testamento en fecha 13 de septiembre de 1989.
2º)
Normativa aplicable. El
artículo 663.2 del Código Civil declara que "No pueden testar (...) 2º. La
persona que en el momento de testar no pueda conformar o expresar su voluntad
ni aun con ayuda de medios o apoyos para ello". Y el artículo 666 del
mismo texto legal establece que "para apreciar la capacidad del testador
se estará únicamente al estado en que se halle al tiempo de otorgar el
testamento".
3º)
Por ello, el Notario autorizante, conforme a los artículos 685 y 696 de dicho
Código, deberá asegurarse de la capacidad del testador y así lo hará constar en
el testamento.
Compendiando la jurisprudencia existente sobre esta materia, debe señalarse: a)
que la capacidad mental del testador se presume mientras no se destruya por
prueba en contrario; b) que la apreciación de esta capacidad ha de ser hecha
con referencia al momento mismo del otorgamiento; c) que la afirmación hecha
por el Notario sobre la capacidad del testador puede ser destruida por
ulteriores pruebas, demostrativas de que en el acto de testar no se hallaba el
otorgante en su cabal juicio, pero requiriéndose que estas pruebas sean muy
cumplidas y convincentes, ya que la aseveración notarial reviste especial
relevancia de certidumbre.
4º) La Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 27 de enero de 1998 ha concretado sobre la nulidad de testamentos lo siguiente:
"a) que la incapacidad o afección mental ha de ser grave, hasta el extremo de hacer desaparecer la personalidad psíquica en la vida de relación de quien la padece, con exclusión de la conciencia de sus propios actos (Sentencia del TS de 25 abril 1959 ); b) no bastando apoyarla en simples presunciones o indirectas conjeturas, siendo un ir contra los preceptos reguladores de la testamentifacción y la jurisprudencia el declarar nulo un testamento por circunstancias de carácter moral o social, nacidas de hechos anteriores o posteriores al acto del otorgamiento, por ser un principio de derecho que la voluntad del hombre es mudable hasta la muerte (Sentencia del TS de 25 octubre 1928 ); c) que ni la enfermedad ni la demencia obstan al libre ejercicio de la facultad de testar cuando el enfermo mantiene o recobra la integridad de sus facultades intelectuales o el demente tiene un momento lúcido (Sentencia del TS de 18 abril 1916); d) que son circunstancias insuficientes para establecer la incapacidad:.... 3) no obsta a que se aprecie la capacidad para testar que el testador padezca una enfermedad neurasténica y tenga algunas extravagancias, cuando el testamento se ha otorgado en estado de cabal juicio según testimonian el Notario y los testigos (Sentencia del TS de 28 diciembre 1918 )..".
Señala
el Tribunal Supremo que
"La jurisprudencia ha mantenido reiteradamente la necesidad de que se
demuestre " inequívoca y concluyentemente" la falta de raciocinio
para destruir la presunción de capacidad para testar" ( sentencia del TS de
27 de noviembre de 1995 (RJ 1995, 8717)) y que " la incapacidad o afección
mental ha de ser grave... no bastando apoyarla en simples presunciones o
indirectas conjeturas"( sentencias del TS de 27 de enero de 1998 (RJ 1998
, 394) , STS de 12 de mayo de 1998 , STS de 27 de junio de 2005 (RJ 2005, 9688)
); asimismo, que la presunción de capacidad , favor testamenti , "cabe ser
destruido por medio de prueba inequívoca, cumplida y convincente en
contrario"( sentencia del TS de 19 de septiembre de 1998 (RJ 1998, 6399). (STS de fecha 26 de Abril del 2008 (RJ 2008, 2680)).
Por
su parte, señala dicho Alto Tribunal que "es constante la jurisprudencia que de antiguo y en
interpretación de tales preceptos ha establecido: a) que la incapacidad o
afección mental ha de ser grave, hasta el extremo de hacer desaparecer la
personalidad psíquica en la vida de relación de quien la padece, con exclusión
de la conciencia de sus propios actos (Sent. Del TS de 25-IV 1959); b) no
bastando apoyarla en simples presunciones o indirectas conjeturas, siendo un ir
contra los preceptos reguladores de la testamentifacción y la jurisprudencia el
declarar nulo un testamento por circunstancias de carácter moral o social, nacidas
de hechos anteriores o posteriores al acto del otorgamiento, por ser un
principio de derecho que la voluntad del hombre es mudable hasta la muerte
(Sentencia del TS de 25-X- 1928); c) que ni la enfermedad ni la demencia obstan
al libre ejercicio de la facultad de testar cuando el enfermo mantiene o
recobra la integridad de sus facultades intelectuales o el demente tiene un
momento lúcido (Sentencia del TS de 18-IV-1916); d) que son circunstancias
insuficientes para establecer la incapacidad: 1) la edad senil del testador,
"pues es insuficiente para considerarle incapaz el hecho de tratarse de un
anciano decrépito y achacoso..., ni el Derecho ni la Medicina consienten que
por el solo hecho de llegar la senilidad, equivalente a la senectud o
ancianidad se haya de considerar demente, pues la inherencia a esta de un
estado de demencia, requiere especial declaración para ser fundamento de
situaciones de derecho (Sent. del TS de 25-XI-1928); 2) que el otorgante se
encuentre aquejado de graves padecimientos físicos, pues ello no supone
incapacidad si estos no afectan a su estado mental con eficacia bastante para
constituirle en ente privado de razón (Sent. del TS de 25-X-1928 ); 3) no
obsta a que se aprecie la capacidad para testar que el testador padezca una
enfermedad neurasténica y tenga algunas extravagancias, cuando el testamento se
ha otorgado en estado de cabal juicio según testimonian el Notario y los testigos
(Sent. TS de 28-XII-1918"(STS ya citada de fecha 27 de Junio de 2005).
Insiste
reiteradamente dicha doctrina en la consideración de que "el notario debe
apreciar la capacidad del testador en el momento del otorgamiento del
testamento (artículo 666 del Código civil)" (Sentencia del Tribunal
Supremo de fecha 11 de diciembre de 2009 ), debiendo coordinarse, a su vez,
según esta última sentencia citada, "la necesidad de salvaguardar la
voluntad del testador...con el principio favor testamenti , especialmente
cuando en el testamento interviene el Notario...".
5º)
Resolución de la controversia. En el supuesto que nos ocupa, el Notario
autorizante del testamento apreció suficiente capacidad para testar en D. Lorenzo.
Examinada
la documentación médica aportada cabe destacar que Lorenzo ingresó en el
Hospital Psiquiátrico San Juan de Dios el 21 de febrero de 1987, padeciendo
esquizofrenia residual continua.
Centrándonos
en la capacidad concreta de Lorenzo al tiempo de otorgamiento del testamento,
cabe poner de manifiesto la escritura de aceptación de la herencia de Dña. Ángeles
otorgada en fecha de 8 de noviembre de 1989, ante el notario de San Sebastián
D. Pedro María Baraibar Askobereta. En la misma, D. Lorenzo aceptó la herencia
a través de su abogado D. Juan Francisco Franco Otegui, a quien había otorgado
poder especial ante el mismo notario en fecha 11 de septiembre de 1989, para lo
cual, por lo tanto, el notario lo juzgó capaz. Pero, es más, en la escritura de
aceptación de la herencia también intervino el ahora actor, D. José, quien, en
consecuencia, admitió y aceptó la capacidad de su hermano Lorenzo para otorgar
el poder que le permitiera aceptar o repudiar herencias.
El
testamento, como hemos visto, es de fecha 13 de septiembre de 1989 y se otorgó
ante el notario D. Diego María Granados Asensio y en presencia de tres testigos
que firmaron la escritura de últimas voluntades.
Esto
es, en un lapso de apenas tres días, fueron dos los notarios que acreditaron la
capacidad de Lorenzo. El primero de ellos para otorgar el poder especial a
favor del letrado para la posterior aceptación de la herencia, y el segundo,
para otorgar el testamento cuya nulidad se pretende. Además, los tres testigos
en presencia de los cuales el Sr. Purificación otorgó testamento también lo
consideraron capaz. En la escritura pone de manifestó el notario que
"tiene, a mi juicio, y al de los testigos que luego se dirán, capacidad
bastante para otorgar testamento abierto; expresa a todos su última voluntad y con
arreglo a ella, redacto yo, el Notario, las siguientes cláusulas (...)".
No
contamos con sentencia alguna que prive a D. Lorenzo de su capacidad de otorgar
testamento (no contamos si quiera con resolución que declare su falta de
capacidad), y tampoco se refieren a dicha capacidad los informes médicos y
evolutivos aportados junto con la demanda. Tampoco hemos tenido oportunidad de escuchar
el notario ante el cual se otorgó testamento ni a ninguno de los testigos que
intervinieron en el mismo.
Además,
debe ponerse de relieve la mala relación existente entre el actor y Lorenzo.
Por
tanto, y a la vista de todo lo anterior, cabe concluir que no existe ninguna
prueba inequívoca y concluyentemente de la falta de raciocinio de D. Lorenzo que
permita destruir la presunción de capacidad para testar del mismo en fecha de
13 de septiembre de 1989. Es decir, no existe ninguna prueba de la falta de
capacidad de testar al momento mismo del otorgamiento del testamento cuya
nulidad se pretende.
Por
tanto, y en atención a todo lo anterior, procede la desestimación íntegra de la
demanda.
C)
Valoración jurídica por la Audiencia.
Dados
los términos del debate, y habiéndose alegado error en la valoración de la
prueba, este Tribunal ha procedido a revisar las actuaciones y visualizar las
grabaciones. Una vez examinada la totalidad de la prueba practicada, en el
ejercicio de la facultad de revisión de lo actuado que ostenta el Tribunal, en
la segunda instancia, en virtud de lo dispuesto en el art. 456.1 LEC, la
respuesta de la Sala no puede ser otra que respetar la decisión de instancia al
no apreciarse error al valorar la prueba en la Sentencia recurrida ni poder
concluirse ilógica e irracional la valoración realizada, sin que las objeciones
que la parte apelante opone gocen de la habilidad material necesaria para
modificar aquella, y que de una valoración conjunta de la prueba no es posible
alcanzar una conclusión favorable a su pretensión, por lo que a continuación se
argumenta.
La
parte actora, al ejercitar la acción de nulidad del testamento, debe probar, de
modo concluyente, la falta o ausencia de capacidad mental del testador, en el
momento del otorgamiento del testamento objeto de impugnación y destruir, de
esta forma, los efectos de la presunción iuris tantum de validez testamentaria.
Lo cual no ha sido probado en el caso que nos ocupa, conforme fundamenta la
juzgadora a quo.
La
STS de 28 de junio de 1990, citada por la STS de 10-11-05, dice "la
capacidad mental se presume siempre mientras no se destruya por una prueba
concluyente en contrario, requiriéndose en consecuencia una cumplida
demostración mediante una adecuada prueba directa -sentencias de esta Sala de 10
de febrero de 1986,10 de abril de 1987,26 de septiembre de 1988,20 de febrero
de 1989, entre otras-, por lo que no es posible que la referida presunción
legal y jurisprudencial pueda ser destruida mediante otra presunción de las
llamadas "de hombre" ("presumptio hominis" o
"presumptio facti"), contempladas en el artículo 1253 del Código
Civil, como aquí pretende la recurrente."
La
STS de 24 de septiembre de 1997afirma que "en cuestiones de capacidad de
una persona, todas las dudas han de solucionarse en favor de la
capacidad".
La norma general es, por tanto, la capacidad frente a la incapacidad que es la excepción y, en este sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de noviembre de 2005 declara:
"toda persona debe reputarse en su cabal juicio como atributo normal de su ser y, por consecuencia, ha de presumirse la capacidad del testador en tanto no se demuestre inequívoca y concluyentemente, que al tiempo de realizar la declaración testamentaria tenía enervadas las potencias anímicas de raciocinio y de querer con verdadera libertad de elección, postulado y presunción que se ajustan a la idea tradicional del "favor testamenti".
La
doctrina científica ha venido interpretando la expresión "cabal
juicio" como aquella normalidad de la conciencia que permite comprender la
importancia y consecuencias de las propias acciones y aquella integridad de la
voluntad que permite decidirse libremente en las propias determinaciones. La jurisprudencia del Tribunal Supremo
(Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de diciembre de 1962) ha venido
sosteniendo que "sin pretensión científica, pues con amplia comprensión
práctica, aun cuando el término cabal es sinónimo de lo completo, justo,
acabado o exacto y, en tal sentido, no parece que pueda predicarse de la salud
mental que, como la física, es raramente perfecta; también por cabal se
entiende lo normal, en cuya acepción indudablemente la Ley, en este caso, la
emplea, refiriéndose a que el acto de testar reúna los requisitos del acto
verdaderamente humano, caracterizado porque se realice con inteligencia, o
conocimiento de su significado y alcance, y con voluntad propia de querer lo
que con el mismo se persigue".
La
Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de enero de 2015 recoge la doctrina
jurisprudencial reiterada en la materia, señalando: a) que la capacidad mental del testador
se presume mientras no se destruya por prueba en contrario; b) que la
apreciación de esta capacidad ha de ser hecha con referencia al momento mismo
del otorgamiento; c) que la afirmación hecha por el Notario de la capacidad del
testador puede ser destruida por ulteriores pruebas demostrativas de que en el
acto de testar no se hallaba el otorgante en su cabal juicio, pero
requiriéndose que estas pruebas sean muy cumplidas y convincentes. Por lo que a
este último extremo se refiere ha de señalarse que en el caso del testamento
abierto el artículo 685 del Código Civil impone al Notario autorizante la
obligación de asegurarse de que, a su juicio, el testador tiene la capacidad
legal necesaria para testar; admonición también hecha a los testigos
intervinientes en el caso de los artículos 700y701 del mismo texto legal.
El
juicio sobre la capacidad del testador efectuado por el Notario constituye una
presunción iuris tantum, por lo que admite prueba en contrario, la cual
requiere de una exigente y una rigurosa acreditación debido a la confianza
social depositada en los Notarios. La presunción de capacidad lo revela el
propio acto del otorgamiento del testamento al haber superado el requisito de
tamizar dicha capacidad a través de la apreciación puramente subjetiva que de
ella haya formado el Notario y en el caso los testigos que comparecieron.
El Tribunal Supremo, en Sentencia de 7 de Julio de 2016, dice que:
"En atención al ámbito en donde opera la acción de nulidad entablada, nuestro Código Civil sitúa el contexto del debate en la necesaria prueba, por parte del impugnante, de la ausencia o falta de capacidad mental del testador en el momento de otorgar el testamento. Esta carga de la prueba deriva del principio de favor testamenti, que acoge nuestro Código Civil, y de su conexión con la presunción de capacidad del testador en orden a la validez y eficacia del testamento otorgado (SSTS de 26 de abril de 2008, STS núm. 289/2008, de 30 de octubre de 2012, STS núm. 624/2012, de 15 de enero de 2013, STS núm. 827/2012 y de 19 de mayo de 2015, STS núm. 225/2015).
La STS Sala 1ª de 8 de abril de 2016 precisa que "para determinar la nulidad del testamento por falta de capacidad mental del testador hay que probar, de modo concluyente (entre otras, STS de 26 de abril de 2008, núm. 289/2008), la falta o ausencia de dicha capacidad en el momento del otorgamiento del testamento objeto de impugnación; sin que la declaración judicial de incapacidad del testador, posterior al otorgamiento del testamento, sea prueba determinante, por sí sola, de la falta de capacidad para testar cuando fue otorgado el testamento, dado el carácter constitutivo y sin efectos "ex tunc" de la sentencia de incapacitación". (......) Conforme a las reglas sobre la capacidad para otorgar testamento, debe atenderse al estado en el que el testador se halle al tiempo de otorgar el testamento (art. 666 CC). Por eso, el testamento hecho antes de la «enajenación mental» es válido (art. 664). Por eso también el notario debe asegurarse de que, a su juicio, tiene el testador la capacidad legal necesaria para testar(art. 685 CC)".
En
este mismo sentido, la STS de 10 de diciembre de 2024, nº 1640/2024, que viene a recordar esos principios
esenciales en el sentido de que la capacidad para testar se presume y la
incapacidad es la excepción, que la incapacidad para realizar actos
patrimoniales inter vivos no equivale automáticamente a incapacidad para testar
y que el juicio notarial de capacidad puede ser destruido, pero solo mediante
pruebas cumplidas y convincentes.
El
art. 662 CC establece que pueden testar todos aquellos a quienes la ley no lo
prohíbe "expresamente".
De esta manera se consagra legalmente el principio de que la capacidad para
testar es la regla general y la incapacidad la excepción (STS nº 146/2018, de
15 de marzo). Por otra parte, en atención a su diferente naturaleza y
caracteres, la disposición de bienes mortis causa no puede equipararse a los
actos de disposición inter vivos. Para apreciar la capacidad debe atenderse al
estado en el que el testador se hallase al tiempo de otorgar el testamento
(art. 666 CC); por eso, el testamento hecho antes de la "enajenación
mental" es válido (art. 664), y el notario debe asegurarse de que, a su
juicio, tiene el testador la capacidad legal necesaria para testar (art. 685 CC).
Es
cierto que la fuerza probatoria plena del documento público (art. 319 LEC) no
se puede extender a lo que constituyan apreciaciones subjetivas del fedatario
autorizante; pero, dada la seriedad y prestigio de la institución notarial,
constituyen una enérgica presunción iuris tantum de aptitud que sólo puede
desvirtuarse mediante una evidente y completa prueba en contrario, (STS
250/2004, de 29 de marzo; STS nº 289/2008, de 26 de abril; STS nº 685/2009, de
5 de noviembre; STS nº 20/2015, de 22 de enero; STS nº 435/2015, de 10 de
septiembre; STS nº 461/2016, de 7 de julio; STS nº 146/2018, de 15 de marzo y
STS nº 465/2019, de 17 de septiembre, entre otras).
De
la aplicación de lo anterior, no cabe considerar acreditado que en el momento
de otorgamiento del testamento, el Sr. Lorenzo careciese de capacidad. Para
anular un testamento por falta de capacidad no basta acreditar deterioro
cognitivo, limitaciones, trastorno y/o enfermedad; hay que probar que, en el
momento exacto del otorgamiento, el testador carecía de la aptitud necesaria
para comprender y querer el acto de testar.
Como
hemos expuesto, la falta de capacidad exige prueba concluyente que así lo
acredite frente a la presunción de capacidad, lo que no se ha producido. No
puede obviarse además la aseveración notarial, y comparecencia de tres
testigos, respecto de la capacidad del otorgante, que si no puede tener la
consideración de definitivo o inatacable, pues no está amparado por la fe
pública, sí constituye una presunción iuris tantum y a la vista de lo actuado
no ha quedado demostrado que no fue exacto. No debemos olvidar que la
aseveración notarial respecto de la capacidad del otorgante adquiere una
especial relevancia de certidumbre (Ss. T.S. 21-6-86, STS de 10-04-87, STS de 24-7-95,
STS de 29-3-04...).
La
prueba de que el otorgante no se hallaba en su cabal juicio al tiempo de
otorgar el testamento (o negocio jurídico que corresponda) no debe dejar margen
a la duda (S.T.S de 7-10-82...).
La
carga de la prueba, ex artículo 217 LEC, de la imposibilidad de testar
corresponde a la parte que niega tal capacidad, esto es, la parte actora. Y,
como ya se ha anticipado, no se ha logrado tal prueba en estos autos. Lo ha
intentado con la prueba documental aportada en la demanda, pero sin éxito.
La
sanidad de juicio se presume en toda persona que no haya sido previamente
incapacitada (Sent. 1-II-1956), pues a toda persona debe reputarse en su cabal
juicio, como atributo normal del ser (Sent. 25-IV- 1959); de modo que, en orden
al derecho de testar, la integridad mental indispensable constituye una
presunción iuris tantum que obliga a estimar que concurre en el testador
capacidad plena y que sólo puede destruirse por una prueba en contrario
"evidente y completa" (Sent. del TS de 8-V-1922; 3-II-1951), "muy cumplida
y convincente" (Sent. del TS de 10-IV-1944; 16-II-1945), "de fuerza
inequívoca" (Sent. del TS de 20-II-1975), cualesquiera que sean las últimas
anomalías y evolución de la enfermedad, aún en estado latente en el sujeto
(Sent. del TS de 25-IV-1959), pues ante la dificultad de conocer donde acaba la razón y
se inicia la locura, la ley requiere y consagra la jurisprudencia que la
incapacidad que se atribuya a un testador tenga cumplida demostración
(23II-1944; 1-II-1956).
Por
todo ello, la acción de nulidad del testamento, por falta de capacidad del
otorgante, requiere de la necesaria prueba del vicio invocado por parte del
impugnante, en virtud de la cual quede acreditada la ausencia o falta de
capacidad mental del testador en el momento de otorgar el testamento.
Esta
carga de la prueba deriva del referido principio de favor testamenti, que acoge
nuestro Código Civil, y de su conexión con la presunción de capacidad del
testador en orden a la validez y eficacia del testamento otorgado, así entre
otras en STS de 26 de abril de 2008, STS de 30 de octubre de 2012, STS de 15 de
enero de 2013, STS de 19 de mayo de 2015 y STS de 15 de marzo de 2018 (Pleno).
Con
lo cual el demandante debe probar de modo concluyente la falta o ausencia de
capacidad mental del testador respecto del otorgamiento del testamento objeto
de impugnación y destruir, de esta forma, los efectos de la anterior presunción
iuris tantum de validez testamentaria.
Las
dudas sobre el referido hecho deben perjudicar a quien persigue la declaración
de nulidad del testamento , como resulta de lo regulado en el art. 217 LEC.
El
hecho de que la sentencia recurrida, únicamente (según refiere el apelante),
haga referencia a que el Sr. Lorenzo ingresase el 21 de febrero de 1987,
padeciendo esquizofrenia residual continua y no refiera a que permaneció
interno hasta el momento de su muerte, no es óbice a lo anterior. Además, la
juzgadora a quo, fundamenta expresamente: "tampoco se refieren a dicha
capacidad (para otorgar testamento) los informes médicos y evolutivos aportados
junto con la demanda."
Tal
y como hemos reiterado, se ha de estar a la capacidad en el momento del
otorgamiento del testamento, 13 de septiembre de 1989.
Y
no desvirtúan lo fundamentado, por la juzgadora, a quo los informes del
historial clínico que refiere el apelante. El primer documento del historial
recoge expresamente que el motivo del ingreso es: "La imposibilidad de
convivencia en el domicilio familiar, al sufrir la madre, con la que convivía y
mantenía una gran dependencia, un ACV." La página 5 del Historial clínica
que indica el apelante, finaliza indicando: "Lo que certifico a petición
de los abogados de su familia, y al objeto de presentar una demanda de
incapacitación (...)". Incapacitación que no se ha acreditado que se
declarase, a pesar de tratarse de un documento de 1987. Esto es, no consta en
las actuaciones que en ningún momento se declarase la incapacidad del testador.
Falleció el 29 de junio de 2005, casi veinte años después de su ingreso, sin
que se haya acreditado declaración ninguna en tal sentido ni se alegue.
El
informe social, incluido en el historial clínico que refiere el apelante, de
fecha del ingreso, 21 de febrero de 1987, recoge expresamente: "Las
posibilidades de reinserción familiar del paciente son escasas, el hermano José
reside en Alicante y se ha desatendido por completo de la familia. Purificación
que era la que se encargaba un poco de los asuntos familiares atiende a su
madre, el marido padece leucemia y ella se ha puesto a trabajar. Ninguno de los
hermanos está dispuesto a hacerse cargo del paciente y consideran que debe
permanecer en una institución cerrada."
De
la lectura y análisis del historial clínico aportado no cabe concluir, a pesar
de lo alegado por la apelante, que el Sr. Lorenzo en el momento de otorgar
testamento no estuviera capacitado para hacerlo. Nada refiere el historial
clínico sobre la capacidad de testar del causante ni sobre el estado en el que
se encontraba el Sr. Lorenzo, en dichas fechas. Tampoco se ha aportado informe,
declaración de médico especialista o de tercero que valore esa capacidad, en el
momento del otorgamiento, o la influencia del diagnóstico en la capacidad.
En
cambio, tal y como fundamenta la juzgadora a quo, el Notario ante el que otorgó
el testamento apreció su capacidad para otorgarlo. El testamento se otorgó el
13 de septiembre de 1.989. Pocos días antes, el causante, otorgó poder especial
ante otro Notario, el 11 de septiembre de 1.989, y éste también lo juzgo capaz.
"Esto es, en un lapso de apenas tres días, fueron dos los notarios que
acreditaron la capacidad de Lorenzo. El primero de ellos para otorgar el poder
especial a favor del letrado para la posterior aceptación de la herencia, y el
segundo, para otorgar el testamento cuya nulidad se pretende. Además, los tres
testigos en presencia de los cuales el Sr. Purificación otorgó testamento
también lo consideraron capaz . "
No
cabe apreciar la falta de valoración de historial clínico alegado ni el error
en la valoración de la prueba ni la vulneración de los artículos 662, 664 y 666
CC. ni del artículo 24 de la Constitución, denunciados.
La
conclusión alcanzada por la juzgadora a quo es: "Por tanto, y a la vista
de todo lo anterior, cabe concluir que no existe ninguna prueba inequívoca y
concluyentemente de la falta de raciocinio de Lorenzo que permita destruir la
presunción de capacidad para testar del mismo en fecha de 13 de septiembre de
1989.
Es
decir, no existe ninguna prueba de la falta de capacidad de testar el momento
mismo del otorgamiento del testamento cuya nulidad se pretende."
Conclusión
y fundamentación que este Tribunal comparte.
Las
anteriores consideraciones conducen a la desestimación del recurso de apelación
y a la confirmación de la resolución recurrida, en cuanto desestima la demanda
formulada.
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