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miércoles, 3 de agosto de 2022

Las fotocopias de documentos no son documentos idóneos para fundar la revisión de los hechos probados de una sentencia laboral.


Como señala la doctrina de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, por todas Sentencia del TS de 25 de enero de 2005, "...constante doctrina de esta Sala expresiva de que la revisión de hechos probados -de singular importancia, en cuanto la resultancia fáctica constituye la base indispensable para el examen del derecho aplicable- exige los siguientes requisitos (por todas, las sentencias del TS de 4 de febrero de 1998 y 17 de septiembre de 2004):

1º.- Fijar qué hecho o hechos han de adicionarse, rectificarse o suprimirse, sin que en ningún caso bajo esta delimitación conceptual fáctica puedan incluirse normas de derecho o su exégesis.

2º.- Citar concretamente la prueba documental o pericial que, por sí sola, demuestre la equivocación del juzgador, de una manera manifiesta, evidente y clara.

3º.- Precisar los términos en que deben quedar redactados los hechos probados y su influencia en la variación del signo del pronunciamiento.

4º.- Necesidad de que la modificación del hecho probado haga variar el pronunciamiento de la sentencia, pues, en otro caso, devendría inútil la variación.

Según reiterada doctrina, para que pueda prosperar la revisión de hechos de la sentencia es preciso, que los documentos o pericias en que se sustenta la revisión de los hechos (únicas pruebas hábiles a tal efecto, según el artículo 193 b de la LRJS) pongan de manifiesto el error de manera clara, evidente, directa y patente, de forma contundente e incuestionable, sin necesidad de acudir a conjeturas, suposiciones o argumentaciones más o menos lógicas, naturales y razonables; debiendo tenerse en cuenta que no todo documento es idóneo para fundar la revisión fáctica, sino aquel que, reuniendo las características antes descritas, presente las necesarias condiciones de ser fehaciente y de contenido indiscutible, condiciones que no reúnen las fotocopias de documentos, tal como tiene establecido reiterada doctrina jurisprudencial (Sentencias del Tribunal Supremo de 2 de noviembre de 1990, 25 de febrero de 1991 y 23 de marzo de 1994)...".

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lunes, 1 de agosto de 2022

Falta de legitimación activa del demandante en la reclamación derivada de accidente de circulación ante la falta de acreditación de su condición de beneficiario y de la condición de heredero tras el fallecimiento de su hijo.

 

La sentencia de la Audiencia Provincial de Teruel, sec. 1ª, de 12 de julio de 2017, nº 69/2017, rec. 90/2017, confirma que existe falta de legitimación activa del demandante en la reclamación derivada de accidente de circulación ante la falta de acreditación de su condición de beneficiario y de la condición de heredero tras el fallecimiento de su hijo.

En este caso, el actor junto con su esposa, son los padres del fallecido, que era soltero y sin descendencia, además de ser herederos legales.

Pero la parte apelante, como beneficiario respecto a la cobertura "los accidentes individuales", no aportó la documentación que le era exigible, concretamente, la copia del testamento y, en su caso, la copia de la declaración notarial o judicial de herederos, puesto que no ha aportado el documento que según su ley personal acredita fehaciente su condición de herederos legales, en cuanto que aporta un extracto del Registro de herencia y no el certificado de herencia.

Además, el riesgo producido está excluido de la cobertura del seguro pues el conductor fallecido conducía sin permiso de conducción en vigor.

A) Hechos.

La parte demandante, hoy apelante, formuló demanda reclamando como beneficiario, la indemnización por el fallecimiento de su hijo en accidente de tráfico el 19 de agosto de 2014, cuando conducía el vehículo asegurado por la demandada, en virtud de póliza nº NUM000, entre cuyas coberturas figuraba la de 30.703,35 euros por fallecimiento.

La sentencia objeto del recurso de apelación desestima la demanda por falta de legitimación activa fundada en la falta de acreditación de la condición de heredero del demandante y su cónyuge de acuerdo con la legislación aplicable conforme a la póliza y a su ley personal, la ucraniana, así como por exclusión de la cobertura del riesgo asegurado, en cuanto que el conductor fallecido conducía sin permiso de conducir en vigor.

B) Motivos del recurso.

La parte apelante sostiene frente a la sentencia de instancia que queda acreditada su condición de beneficiario del seguro de vida, con independencia de su condición de heredero, pues la póliza señala como beneficiario del seguro de vida por orden de prelación, el cónyuge, descendientes, ascendientes y herederos legales, salvo que se hayan designado oros beneficiarios. En este caso, el actor junto con su esposa, son los padres del fallecido, que era soltero y sin descendencia, además de ser herederos legales.

Res pecto a la falta de cobertura de la póliza, invoca que el permiso de conducir había sido devuelto a su conductor tras el cumplimiento de la pena impuesta por el Juzgado de lo Penal, por lo que este se encontraba en vigor, con independencia de no haber realizado el curso legalmente exigido.

C) Valoración de la prueba.

1º) El Tribunal no aprecia los argumentos que sostiene la parte apelante.

Respecto al primer motivo de impugnación, a la vista de la demanda y de la sentencia, apreciamos que la parte apelante introduce variación del objeto del proceso, en cuanto que ya no basa su reclamación en su condición de heredero, sino en la relación contractual entre él mismo y la aseguradora al ser el tomador del póliza, introduciendo confusión en las coberturas de la póliza de seguro concertadas, siendo dos diferentes coberturas, la cobertura "los accidentes individuales", destinado a la persona que conduce y ocupantes, siendo exigible al beneficiario la presentación de la documentación exigida por la póliza y que no ha sido aportada conforme razona la sentencia, y la cobertura "vida tomador", como garantía complementaria consistente en un seguro de vida para el tomador, que es a su vez el apelante, y no el conductor, y que obviamente no ha fallecido, por lo que esta cobertura no es objeto de la presente reclamación.

Por tanto, como acertadamente expresa la sentencia recurrida, la parte apelante, como beneficiario respecto a la cobertura "los accidentes individuales", no aportó la documentación que le era exigible, concretamente, la copia del testamento y, en su caso, la copia de la declaración notarial o judicial de herederos, puesto que no ha aportado el documento que según su ley personal acredita fehaciente su condición de herederos legales, en cuanto que aporta un extracto del Registro de herencia y no el certificado de herencia.

2º) Por el apelante, como segundo motivo de impugnación, se argumenta que el permiso de conducir había sido devuelto a su conductor tras el cumplimiento de la pena de privación del permiso de conducir por un año, 4 meses y 2 días, impuesta por el Juzgado de lo Penal, cuya fecha de finalización era el 2-8-2011, por lo que el permiso se encontraba en vigor.

La cuestión controvertida es determinar si a la fecha del accidente objeto de las presentes actuaciones, es decir 19 de Agosto de 2014, el conductor Sr. Teodulfo tenía o no el permiso de conducir en vigor y por tanto si podía o no podía conducir.

Como correctamente fundamenta la sentencia apelada, y tal y como consta en el atestado de la Policía local, existía la imposibilidad legal de conducir el vehículo al no haber realizado el curso, lo cual también se certifica en el oficio remitido por la Jefatura provincial de Tráfico de Teruel.

La controversia constituye una cuestión jurídico resuelta por la legislación vigente, concretamente por la Disposición Adicional Decimotercera del Real Decreto legislativo 1990/12827 RDLeg.339/1990 de 2 de marzo 1990 por el que se aprueba la Ley de Seguridad Vial, que dispone:

"Disposición Adicional Decimotercera. Obtención del permiso o licencia de conducción cuando su titular haya sido condenado por sentencia penal con la privación del derecho a conducir.

1. El titular de una autorización administrativa para conducir que haya perdido su vigencia de acuerdo con lo previsto en al art. 47 del Código Penal , al haber sido condenado por sentencia firme a la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a dos años, podrá obtener, una vez cumplida la condena, una autorización administrativa de la misma clase y con la misma antigüedad, de acuerdo con el procedimiento establecido en el art. 63.7 para la perdida de vigencia de la autorización por la pérdida total de los puntos asignados.

El permiso que se obtenga dispondrá de un saldo de 8 puntos.

2. Si la condena es inferior a dos años, para volver a conducir, únicamente deberá acreditar haber superado con aprovechamiento el curso de reeducación y sensibilización vial al que hace referencia el primer párrafo del citado art. 63.7".

Y, el artículo 63.7 del Real Decreto legislativo 1990/12827 RDLeg.339/1990 de 2 de marzo 1990 por el que se aprueba la Ley de Seguridad Vial, dispone:

"7. El titular de una autorización para conducir, cuya pérdida de vigencia haya sido declarada como consecuencia de la pérdida total de los puntos asignados, podrá obtener nuevamente un permiso o licencia de conducción de la misma clase de la que era titular, transcurridos los plazos señalados en el apartado anterior, previa realización y superación con aprovechamiento de un curso de sensibilización y reeducación vial y posterior superación de las pruebas que reglamentariamente se determinen”.

Por lo tanto, según la legislación vigente el Sr. Teodulfo no estaba habilitado legalmente para conducir vehículos a la fecha del accidente objeto de las presentes actuaciones tal y como fundamenta la sentencia dictada, lo que supone una falta de cobertura de la póliza de acuerdo con la delimitación del riesgo que existe en la misma, lo cual necesariamente conlleva la desestimación del recurso y la confirmación de la Sentencia dictada.

D) No es aplicable la doctrina de los actos propios a la aseguradora.

Respecto a la doctrina de los actos propios, la apelante invoca que la aseguradora asumió las consecuencias derivadas del siniestro acaecido al dar cobertura a los gastos del sepelio, alegando que la intervención de Santa Lucía, S.A, lo fue por consecuencia de un acuerdo o pacto que puede tener con Pelayo, de modo que no puede aplicar una causa excluyente de cobertura para una cobertura, como la tramitación del sepelio, y no para otra, como es la indemnización por muerte del conductor.

A la vista de las consideraciones contenidas en los fundamentos precedentes, habiendo sido acreditada tanto la falta de legitimación activa como la exclusión de cobertura, este motivo de impugnación carece de virtualidad suficiente.

Además, en el oficio cumplimentado por Funeraria del Priorat Ribera Tierra Alta S.L., se hace constar los servicios prestados por la misma y la facturación de los mismos, no lo fue a Pelayo, Mutua de Seguros, sino a Santa Lucía, S.A. e incluso se remite la factura abonada por la citada entidad en su día; por lo tanto, no fue la aseguradora quien asumió el pago de los gastos de sepelio.

Asimismo, la cobertura por gastos del sepelio es una cobertura diferente (páginas 72 y siguiente del condicionado general de la póliza) y se encuentra dentro de la cobertura de " La Asistencia en Viaje", cuya delimitación del riesgo es diferente de la establecida para el Seguro de Accidentes individuales.

Añadir a ello que dada la fecha en que se prestaron dichos servicios, no consta que la aseguradora tuviera conocimiento del contenido del atestado realizado por la Policía Local y de la falta de permiso de conducir en vigor del conductor, por lo que no cabe aplicar la doctrina de los actos propios, en cuanto que no se da una inequívoca asunción de las consecuencias del siniestro con pleno conocimiento de sus circunstancias.

En consecuencia, procede desestimarse el recurso de apelación, y como consecuencia confirmar la sentencia recurrida.

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Las discrepancias en la valoración del activo de una herencia realizada por los contadores no pueden dar lugar a la acción de complemento o adición de la partición regulada en el art. 1079 del Código Civil, conforme a la doctrina del Tribunal Supremo.

 

La sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, sec. 1ª, de 4 de abril de 2022, nº 280/2022, rec. 557/2019, establece que las discrepancias en la valoración del activo de una herencia realizada por los contadores no pueden dar lugar a la acción de complemento o adición de la partición regulada en el art. 1079 del Código Civil, conforme a la doctrina del Tribunal Supremo.

El TS delimita el ámbito de aplicación de la acción de rescisión de la partición de la herencia, acción de complemento de la partición y acciones dirigidas a proteger la legítima.

Es indudable que la sentencia de la AP recurrida contradice la doctrina del Supremo cuando afirma que la acción de adición o complemento ejercitada al amparo de lo dispuesto en el art. 1079 CC permite no sólo la adición de bienes o valores, sino también la revisión de valoraciones pues, como recoge la doctrina del Tribunal Supremo, las discrepancias en la valoración del activo no pueden dar lugar a la acción de complemento o adición de la partición regulada en el art. 1079 del CC.

El artículo 1079 del CC, en efecto, significa una excepción a la regla que impone la rescisión por lesión, y su tenor, como ha dicho la Sentencia del TS de 16 de mayo de 1997, conduce a su interpretación literalista, en el sentido de que se está refiriendo a la omisión que, en su caso, se padezca en la correspondiente partida de la partición.

Un bien de escasa importancia puede ser adicionado a la liquidación, pero una discusión sobre una valoración debe ser llevado a la lesión ultra dimidium del artículo 1074 del Código Civil si supera los límites de ésta. Así lo expresa la sentencia del TS de 12 diciembre 2005 que no permite aplicar la cuestión del valor económico a la adición del artículo 1079 del CC, que se inspira en el principio de favor partitionis.

El artículo 1079 del Código Civil establece que:

"La omisión de alguno o algunos objetos o valores de la herencia no da lugar a que se rescinda la partición por lesión, sino a que se complete o adicione con los objetos o valores omitidos".

A) Objeto del procedimiento y resumen de antecedentes relevantes.

1º) El demandante, al amparo del art. 1079 del CC, ejercitó acción para que se completara y rectificara la partición de la herencia de su madre realizada por los contadores, por entender que se habían omitido bienes y además que la valoración de los incluidos había sido incorrecta.

La demanda fue desestimada en primera instancia por considerar la juzgadora que ninguna de las pretensiones quedaba amparada por la acción ejercitada: la de omisión, por la importancia de los bienes que se decían omitidos; la de rectificación, por no ser aplicable el art. 1079 CC a una errónea valoración de los bienes.

La Audiencia estima el recurso de apelación del actor, limitado a la solicitud de rectificación de la partición en una concreta cuestión, y declara que la partición debe ser adicionada.

2º) La Audiencia estima el recurso de apelación y expresamente declara que es "pertinente la adición al cuaderno particional de fecha 25/2/11 de la nuda propiedad de parte de las acciones donadas al actor por su madre, con su traslado a la colación a realizar por tal legatario, condenando a las demandadas a pasar por la reducción del importe a colacionar por dicho actor en la suma de 116.236,05 euros, más los intereses legales de la misma desde aquella fecha, todo ello sin imposición especial de las costas de ambas instancias a parte alguna".

Por lo que se refiere a la cuestión de la determinación de la acción que se ejercita y las razones por las que se estima, afirma la sentencia de la Audiencia en sus fundamentos de derecho segundo y tercero:

"Segundo. Es de indicar que, en efecto, por más que se insista en ello, la acción desplegada parece acomodarse mejor a la del art. 1079 que a la del art. 1074, ambos del CC, puesto que, en definitiva, no se sugiere la incorporación a esas operaciones de bien alguno, sino la adecuada valoración de uno de esos bienes, precisamente las acciones, sin que quepa duda alguna que cuanto se pide acarrearía un nuevo cálculo, pues el importe de lo colacionable por el legatario de esa concreta cosa (las acciones) se vería así alterado, siendo tal cuestión la fundamental del juicio y, por ende, de este tramo de apelación del mismo.

"Pero basta leer la propia demanda para apreciar que ya en su página 2 expresa el actor que solicita sea completada en los términos expuestos, con invocación del art. 1079 y no de otro precepto. En tal sentido no es que deba esperarse a cuanto las pruebas determinen con arreglo al art. 217 de la LEC, sino que ya inicialmente la petición de sentencia se acomoda a cuanto permite la acción descrita por esa norma.

"Es de destacar así mismo que en el suplico se reitera que debe completarse la partición con el valor omitido, aunque ciertamente se haga dimanar de esa omisión la causación de una disfunción en la legítima, de ahí que se pida también la rectificación consecuente con aquella inidónea valoración de las 900 acciones societarias y la indemnización derivada de esta realidad.

"Todo ello lleva a afirmar que, efectivamente, aun sin mencionarlo expresamente, el actor trata de conseguir una rescisión que le favorezca, luego se apoya también en el texto del art. 1074 CC, pero es de apreciar, como las demandadas desde el principio adujeron, que la acción allí definida tiene un plazo de caducidad, el del art. 1076 CC, tiempo superado desde la fecha de la escritura de partición hasta la promoción de la demanda. Debe aseverarse abiertamente que cuanto se pide en esa demanda ha de tener encaje en la acción del art. 1079, cuya caducidad es bien distinta a la anterior, de ahí que haya sido tildada la posición actora como de enmascaradora del normal cauce procesal al estar el mismo imposibilitado por razones temporales.

"El juez a quo lo tuvo claro y al término de su fundamentación jurídica escribió que la acción que corresponde no se ejercitó en la demanda, de ahí la desestimación de la misma que alcanza.

"Muchas han sido las referencias jurisprudenciales que se han vertido durante el curso del litigio, mas no resulta ocioso refrescar la opinión reiterada del TS al respecto de ese posible encaje de lo aquí impetrado en el ámbito de aplicación del tan referido art. 1079 CC.

"Muy conocido es el criterio consistente en la inspiración de esa norma en el principio de conservación o del favor partitionis, de ahí que haya de presumir válida cualquier partición mientras no se demuestre una causa de nulidad (así en S. de 18/7/05, entre otras muchas). Mas igualmente el Alto Tribunal realizó una interpretación amplia en Ss. de 26/2/79 y 27/6/95, estableciendo que debe atenderse al espíritu y no solo a la redacción de la propia norma, de suerte que puede abarcar ésta "no solo el supuesto de omisión de cosas en el inventario o en la partición, sino también cuando la omisión alcance a valoraciones, o cuando las efectuadas en el cuaderno particional redunden en perjuicio del principio de igualdad que debe presidir la formación de los lotes, siempre que la lesión o perjuicio no llegue a la cuarta parte".

"Es en la defectuosa valoración de las acciones o del derecho de nuda propiedad sobre las mismas en el que asienta su reclamación el Sr. Nazario, entendiendo, curiosamente, sobrevalorado respecto de él tal bien colacionable, ello sin necesidad de que se rescinda la operación testamentaria.

"Bien conoce el Tribunal la tendencia jurisprudencial a realizar una hermenéutica literalista del tan nombrado art. 1079 CC, pero es de ver que en el supuesto enjuiciado el actor demanda conforme a los arts. 399 de la LEC y 888 (sic) del propio CC en búsqueda de una justa respuesta judicial a la situación en que queda tras obligársele a colacionar por más cantidad que la correspondiente a los valores que recibió en donación, habiéndose acreditado que en verdad no se tuvo en cuenta por los contadores partidores que una parte (12%) de lo recibido de la empresa Saint Gobain Point P. España SA por la adquisición de ciertas acciones fue a parar a la persona donante y no a él. Su legítima, por muy estricta que fuese por voluntad de quien testó, fue integrada por la propiedad de unas acciones, pero sólo lo correspondiente a la nula propiedad de las mismas le fue entregado, de ahí que las cuentas mal operadas supongan ciertamente un error particional, conectando con una laxa interpretación de la norma sustantiva la posibilidad sugerida de adicionar, no otro bien, sino el bien en su justa cuantía, siempre dentro, como igualmente se ha justificado, del porcentaje de 1/4 legalmente establecido.

"Asiste la razón al apelante cuando indica que no otra vía le queda que la desde el principio auspiciada, pues, debe insistirse en ello, la posible acción por lesión se encontraba caducada al formularse su demanda.

"Y la conveniencia de aplicar el principio pro actione ya se contempló en esta materia de valoración por el TS en la citada S. de 27/6/95, que conoció de una resolución de esta AP de Murcia. Y antes, en 26/11/74 ya habló ese Tribunal de la posibilidad de atender a casos de error de cómputo, no solo los de nulidad del art. 1081 del propio CC, sino otros, como el representado por el error sustancial cometido por el testador al valorar sus propios bienes, si bien ese defecto incide en su avalúo y no en la pertinencia o no de incluir los mismos valores (acciones), algo aquí indiscutido. También parecen adherirse a esa laxa interpretación del precepto la S. del TS referida en primer término, "salvo que se haya operado con olvido de las formalidades esenciales", cual no es el caso ahora escrutado. Se trata, pues, no de una rescisión, sino de la práctica de una partición adicional, presuponiéndose que los bienes omitidos (irregularmente incluidos en este supuesto) no sean de importancia Ss. del TS de 13/3/03, 18/7/05, 12/6/08, pues en ese caso habría que hablar de nulidad (Ss. de 11/12/02 y 19/10/09. Esto es así en virtud de la atención al principio de favor partitionis ya aludido ( S. de 20/1/12).

"Tercero. Hora es de aplicar tal legislación y su deriva jurisprudencial al específico supuesto en esta alzada analizado, siendo de reiterar que las reglas del vigente onus probandi son las alojadas en el art. 217 de la LEC.

"La definitiva petición del actor parece justa, esto es, debe colacionar según lo recibido por su legítima, y no más. Si existe error respecto de lo que le fue donado, ese error se trasladará a lo que ha de ingresar al caudal hereditario junto con los demás legitimarios.

"Volvamos sobre los documentos n.º 5 y 6 de la demanda. Se expresa allí que al demandante corresponden 900 acciones y luego se indica que el valor de la nula propiedad de las mimas asciende a 44.839.622 pesetas. El pleno dominio de ellas alcanza a 58.613.886 pesetas. Luego D. Nazario colacionó por ellas como si hubiese obtenido su íntegra propiedad, anidando en esto la divergencia todavía litigiosa. En efecto, en la página 42 del cuaderno particional se colacionan por aquél en tal concepto 1.452.232,60 euros.

"La empresa adquirente de las acciones, ya nombrada, las compra por un precio total, sin que los auditores pudiesen suponer la irregularidad que asumían, pues no se percataron de que lo entendido como colacionable apuntaba a ese precio global y no a la indicada nuda propiedad. El reconocimiento de la diferencia entre lo alcanzado como colacionable y lo legalmente colacionable constituye, en suma, la causa petendi del presente pleito, siempre con referencia a esta segunda instancia.

"Tal realidad es la que propicia la alineación de la Sala con la tesis de aplicación amplia y no literal, es decir, laxa, del art. 1079 del CC, lo que supondría, pues, además de que definitivamente se considere al actor legitimado para demandar, que se le otorgue la razón en la materia que sustenta su recurso de apelación. Y es que son admisibles las cuentas que al respecto de lo aportable se efectúan en el tramo correspondiente del escrito impugnatorio. Se alcanza inferencia así sobre la verdad consistente en que los contadores colacionaron al apelante el pleno dominio de las 900 acciones de Vera Meseguer SA recibidas, no siendo esto lo que su madre le donó.

"Hay que afirmar que no es cierto que este tema de alzada sea novedoso, pues basta la lectura completa de la demanda para apreciar que fue uno de los allí tratados, siendo de aseverar igualmente que el juez a quo desestimó todas las pretensiones al entender que no eran encausables por la norma sustantiva elegida como apoyo de las mismas, más aceptando la legitimación activa del Sr. Nazario, sin que ese extremo de la sentencia haya sido impugnado por las demandadas y aquí apeladas. No se han vulnerado, por tanto, los arts. 412 y 456 de la ley de enjuiciar, como se aclara por cuanto se escribe en los folios 18 y 19 (y después se referencia de nuevo) del propio escrito inicial del procedimiento".

B) Doctrina del Tribunal Supremo.

1º) El Supremo estima el recurso de casación, pues la sentencia de la AP recurrida basa su decisión en una interpretación del art. 1079 CC que es contraria a la doctrina de la sala.

2º) Para la resolución del recurso debemos partir de las siguientes consideraciones referidas a la acción de rescisión de la partición ( art. 1074 CC), acción de complemento de la partición ( art. 1079 CC) y las acciones dirigidas a proteger la legítima.

i) El legitimario que recibe menos de lo que le corresponde por legítima puede pedir su complemento con independencia de la cuantía de la lesión. Por lo que se refiere a las acciones dirigidas a proteger la legítima, en la sentencia 419/2021, de 21 junio, recordábamos:

"Conforme al art. 815 CC, "el heredero forzoso a quien el testador haya dejado por cualquier título menos de la legítima que le corresponda, podrá pedir el complemento de la misma".

"A la vista de los antecedentes de la norma y de la interpretación del sistema (arts. 814, 815, 817, 819, 820.1.ª, 851 CC), aun cuando el art. 815 CC expresamente no lo dice, doctrina y jurisprudencia ( sentencias 863/2011, de 21 de noviembre, y 502/2014, de 2 de octubre, además de las citadas por la sentencia recurrida de 4 de junio de 1991 y 7 de julio de 1995) entienden que el legitimario puede, en primer lugar, aminorar el contenido económico del título de heredero (acción de suplemento o de complemento); en su defecto, los legados (acción de reducción de legados) y, en último lugar, las donaciones (acción de reducción de donaciones).

La acción de suplemento, por tanto, necesariamente debe dirigirse contra los herederos (o contra la comunidad hereditaria antes de la partición)".

ii) El legitimario tiene un interés indiscutible en que las operaciones de valoración de los bienes hereditarios, de computación e imputación, se realicen correctamente, porque a través de ellas puede conocerse si las adjudicaciones que se le realicen por los contadores son suficientes para cubrir su legítima.

iii) Esta sala ha admitido que, además de las acciones dirigidas a proteger la legítima y dirigidas a obtener lo que falta para completar su legítima, el legitimario cuya legítima se haya visto lesionada como consecuencia de la errónea valoración de los bienes por parte de los contadores partidores, dispone de la acción rescisoria por lesión a que se refiere el art. 1074 CC.

Sobre el particular, la sentencia del TS de 31 de mayo de 1981 declaró:

"(...) teniendo presente aquella línea directriz que procura evitar la nulidad de las particiones cuando se trata de lesión subsanable mediante la pertinente y justa rectificación ( sentencia de 30 de abril de 1958) o procediendo a la indemnización del perjuicio, es obligado concluir que el agravio al contenido económico de la legítima deberá ser combatido como ineficacia por razón de su rescindibilidad, y en este sentido tiene declarado la sentencia del TS de 30 de marzo de 1968 que frente al contador testamentario y a las operaciones particionales realizadas puede el heredero forzoso ejercitar la acción de nulidad por falsedad o por vicios concurrentes, y en el evento de lesión de sus intereses, la de rescisión aunque la lesión de la legítima no exceda de la cuarta parte, en atención al respeto que en todo caso merece esa cuota como institución que es de derecho necesario y por lo tanto de rigurosa inviolabilidad -arts. 813, 815, 816 y 1056, párr. 1.º- y a la obvia consideración de que el comisario viene facultado por el causante para dividir los bienes de la herencia, pero en manera alguna para alterar los actos dispositivos contenidos en el testamento, cual acontecerá si merma con las adjudicaciones la porción legitimaria respetada por el testador".

iv) La acción de rescisión por lesión está sometida al plazo de caducidad de cuatro años ( art. 1076 CC). Son los coherederos demandados los que disponen de la posibilidad de optar entre la indemnización del daño (en numerario o en las mismas cosas en que resultó el perjuicio) o consentir que se haga una nueva partición ( art. 1077 CC).

v) Para el caso de que hayan quedado fuera de la partición objetos o bienes de la herencia, el art. 1079 CC permite que se complete o adicione la partición. Es decir, que si hay bienes que se han omitido procede una partición complementaria, acción que no estaría sujeta a plazo (art. 1965 CC).

vi) Es doctrina consolidada de la Sala de lo Civil del TS es que la acción de rescisión por lesión de la partición prevista en el art. 1074 CC comprende la errónea valoración de los bienes distribuidos o adjudicados. De acuerdo con esta jurisprudencia, las meras discrepancias en la valoración del activo no dan lugar a la acción de complemento o adición de la partición regulada en el art. 1079 CC ( sentencia 1.333/2006, de 21 de diciembre).

La sentencia del TS nº 947/2005, de 12 de diciembre, declaró:

"Este tratamiento restrictivo de la invalidez, afirmado por gran número de Sentencias, como la STS de 31 de octubre de 1996, que se refiere a las STS de 15 de junio de 1982 o 25 de febrero de 1969, entre otras, impone resolver las atribuciones mal valoradas por vía de rescisión, y las omisiones de bienes o valores por el camino de la adición o complemento de la partición.

(...) El artículo 1079 del CC, en efecto, significa una excepción a la regla que impone la rescisión por lesión, y su tenor, como ha dicho la Sentencia de 16 de mayo de 1997 (con precedentes, entre otras muchas, en las de 19 de junio de 1978, 22 de febrero de 1994, 12 de noviembre de 1996, en una línea que sigue en la Sentencia de 18 de julio de 2005), conduce a su interpretación literalista, en el sentido de que se está refiriendo a la omisión que, en su caso, se padezca en la correspondiente partida de la partición recayente en alguna de las dos realidades que aparecen diferenciadas en el precepto: objetos materiales o corpóreos y valores o títulos o derechos de indiscutible naturaleza inmaterial, y por esa razón al hablar de "valores" no se refiere al "aspecto cuantitativo de valoración de del bien" o defecto de su avalúo (expresiones de la sentencia citada). Y ello aunque en alguna ocasión (Sentencias del TS de 27 de junio de 1995, de 26 de noviembre de 1974) se contengan referencias a los problemas de valoración, que se han de explicar por relación con los específicos supuestos planteados, como sucede en la primera de las citadas, que resolvió la cuestión litigiosa suscitada al haberse omitido determinados bienes pertenecientes al caudal relicto".

Con posterioridad, la sentencia del TS nº 350/2015, de 16 de junio, afirma:

"Un bien de escasa importancia puede ser adicionado a la liquidación, pero una discusión sobre una valoración debe ser llevado a la lesión ultra dimidium del artículo 1074 si supera los límites de ésta. Así lo expresa la sentencia del TS de 12 diciembre 2005 que no permite aplicar la cuestión del valor económico a la adición del artículo 1079, que se inspira en el principio de favor partitionis".

C) Conclusión del Supremo.

1º) La aplicación de la anterior doctrina determina que estimemos el primer motivo del recurso de casación y, al asumir, la instancia, desestimemos el recurso de apelación interpuesto por el actor y, con ello, su demanda, de acuerdo con lo que decimos a continuación.

En el presente caso, el juzgador de instancia y el tribunal de apelación, ante la falta de claridad de la demanda del actor luego apelante, se han visto en la necesidad de analizar cuál era la acción ejercitada, atendiendo a la argumentación esgrimida, a la fundamentación jurídica invocada y a lo suplicado en los escritos de la demanda y de la apelación.

En las dos instancias se ha entendido que el actor ejerce la acción del art. 1079 del CC. La sentencia del juzgado, a la vista de que la única acción ejercitada es la del art. 1079 CC y que ninguna de las pretensiones del actor tiene cabida en ese precepto, desestima la demanda. En el recurso de apelación, el actor reduce el objeto del litigio a la valoración de la donación que le hizo su madre de la nuda propiedad de 900 acciones de la sociedad Vera Meseguer, S.A. (con los matices que luego diremos) y la sentencia recurrida concluye que el art. 1079 CC fundamenta la acción del actor y ampara su pretensión de que se le indemnice por haber recibido menos de lo que le correspondía como legítima. La Audiencia se refiere al art. 1079 CC, pero al mismo tiempo, a la vista de lo argumentado por el apelante en sus escritos habla de rescisión (art. 1074 CC), de protección de la legítima y de "omisión de bienes" (art. 1079 CC), equiparando a la omisión la "irregular inclusión de bienes" que según entiende se habría dado en este caso al incluir como donada la propiedad cuando solo se donó la nuda propiedad, y termina declarando la procedencia de la "adición al cuaderno particional de fecha 25/2/11 de la nuda propiedad de parte de las acciones donadas al actor por su madre, con su traslado a la colación a realizar por tal legatario, condenando a las demandadas a pasar por la reducción del importe a colacionar por dicho actor en la suma de 116.236,05 euros, más los intereses legales desde aquella fecha".

Es indudable que la sentencia recurrida contradice la doctrina de la sala cuando afirma que la acción de adición o complemento ejercitada al amparo de lo dispuesto en el art. 1079 CC permite no sólo la adición de bienes o valores, sino también la revisión de valoraciones pues, como ya hemos expuesto, las discrepancias en la valoración del activo no pueden dar lugar a la acción de complemento o adición de la partición regulada en el art. 1079 CC.

Por esta razón, la sentencia recurrida debe ser casada y, al asumir la instancia, por las mismas razones que estimamos el recurso de casación desestimamos el recurso de apelación del actor.

2º) En su oposición al recurso de casación, la parte recurrida sostiene que la sentencia no corrige el valor que los contadores dieron a las acciones (para lo que, según reconoce ahora, no sería aplicable el art. 1079 del CC).

Lo cierto, sin embargo, es que el actor recurrido ha planteado un problema de valoración, incluso cuando en la apelación varió su argumentación para defenderlo.

En efecto, aun admitiendo que fuera verdad que los contadores valoraron la propiedad plena de las acciones y no la nuda propiedad, el problema nunca sería de omisión de bienes.

Buena muestra de ello es lo paradójico que resulta el fallo de la sentencia recurrida que, al estimar la acción del art. 1079 CC, no solo se refiere a la "adición" a la partición de la nuda propiedad de las acciones donadas, cuando es evidente que la nuda propiedad no fue omitida, sino que además, como consecuencia de esa "adición" lo que ordena es que se reduzca el valor de una donación que se computó a efectos del cálculo de la legítima y luego de la correspondiente imputación en la legítima del actor.

3º) La parte recurrida sostiene además en su oposición al recurso de casación que la sentencia corrige el perjuicio sufrido por el actor, dado que su acción se basaba en el art. 1079 CC en relación con el art. 818 CC.

Es verdad que las alusiones a la defensa de la legítima del actor están presentes en la decisión de la sentencia recurrida, y que tanto en la demanda como en la apelación el actor aludió a lo que le faltaba para completar su legítima. Sin embargo, ello no respalda la tesis del demandante.

En primer lugar, porque en su recurso de apelación expresamente dijo que se reservaba el ejercicio de la acción de complemento de la legítima para otro procedimiento. Y, sobre todo, porque no es posible dictar un pronunciamiento dirigido a corregir una supuesta lesión de la legítima atendiendo a un aspecto concreto de la partición y sin valorar todo lo que haya podido recibir el legitimario, tanto a título de donación como en la partición realizada por los contadores o en los actos de distribución adicionales llevados a cabo por los propios interesados (en el caso, según las demandadas, con intervención del viudo de la causante, se repartieron después de la muerte de la madre unos activos opacos que no hicieron públicos en el momento de la partición por razones fiscales, al tratarse de fondos que se encontraban en el extranjero).

Con independencia de las ambigüedades de la demanda sobre la acción ejercida, fue el propio actor, al reducir el objeto litigioso en la apelación, quien dejó fuera de debate y análisis toda cuestión referida a los bienes que según las demandadas habría recibido (los fondos extranjeros que en la demanda dijo que se habían omitido, pero que según las demandadas se repartieron después entre los tres hermanos, incluido el actor) y a los bienes que él mismo reconoce que se la adjudicaron en la partición (la nuda propiedad de las participaciones de VMP Mis Hijos y Yo, S.L., valorada en 822.893,92 euros, y a la que el actor, como él mismo reconoce, renunció voluntariamente con intención de que se le adjudicaran otros bienes).

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domingo, 31 de julio de 2022

El Supremo ordena devolver la multa impuesta a dos particulares por declarar, fuera de plazo, inmuebles que tienen en el extranjero, por cuanto cuando se inició el procedimiento sancionador, ya debía entenderse prescrito el derecho de la Administración a comprobar la ganancia patrimonial procedente de la adquisición de los mismos.

 

La sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, sec. 2ª, de 20 de junio de 2022, nº 781/2022, rec. 1124/2020, ordena devolver la multa impuesta a dos particulares por declarar, fuera de plazo, inmuebles que tienen en el extranjero, por cuanto cuando se inició el procedimiento sancionador, ya debía entenderse prescrito el derecho de la Administración a comprobar la ganancia patrimonial procedente de la adquisición de los mismos.

Respecto de las ganancias patrimoniales no justificadas de inmuebles en el extranjero, en consonancia con lo resuelto por el TJUE sobre el modelo 720, declarando ilegal por desproporcionado el sistema de sanciones aplicado por Hacienda a los contribuyentes que no declaran correctamente y a tiempo sus bienes y activos en el extranjero, el TS fija como doctrina que una liquidación por IRPF no puede practicase sin sometimiento a plazo de prescripción alguno, cuando las ganancias patrimoniales no justificadas que se regularizan, correspondan a rendimientos constituidos en bienes y activos en el extranjero y hayan sido puestas de manifiesto con ocasión del cumplimiento extemporáneo de la obligación de información estipulada en la ley.

En enero de 2022 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó que la legislación española que obliga a los residentes fiscales en España a declarar sus bienes en el extranjero es contraria al Derecho de la Unión por constituir una restricción a la libre circulación de capitales e imponer sanciones desproporcionadas. Ahora, en junio de 2022, el Tribunal Supremo español ha comenzado a aplicar esta doctrina y no solo eso, sino que también ha pedido a Hacienda que empiece a devolver las multas aplicadas por este concepto.

En base a ello ordena devolver la multa impuesta a dos particulares por declarar, fuera de plazo, inmuebles que tienen en el extranjero, por cuanto cuando se inició el procedimiento sancionador, ya debía entenderse prescrito el derecho de la Administración a comprobar la ganancia patrimonial procedente de la adquisición de los mismos.

El Ministerio de Hacienda deberá devolver una sanción impuestas a estos dos extremeños que presentaron fuera de plazo la declaración de bienes inmuebles en el extranjero. Ambos, poseían propiedades en la localidad portuguesa de Elvas.

A) Base fáctica del enjuiciamiento.

Haciéndonos eco del relato fáctico contenido en el auto de admisión, no se cuestiona que los recurrentes presentaron en 22 de abril de 2013 un primer modelo 720 del ejercicio 2012, a fin de informar a la Administración de que eran propietarios de un inmueble sito en el municipio portugués de Elvas, que habían adquirido mediante compraventa el 19 de junio de 2007 por el precio de 105.000 euros; posteriormente en 15 de julio de 2013 presentaron un segundo modelo, complementario del anterior, en el que declararon ser titulares de otro inmueble en la misma localidad portuguesa que habían adquirido el 3 de septiembre de 2008 por un importe de 110.000 euros.

A raíz de dichas informaciones la Inspección imputó a los interesados la obtención en 2012 de una ganancia patrimonial no justificada, por el importe del valor del inmueble que fue extemporáneamente declarado. Tal regularización se hizo al amparo de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 39 de la LIRPF, añadido por el artículo 3.2 de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude, con relación a la Disposición Adicional segunda de esta última, y por no considerarse aplicable la excepción prevista en el último inciso del citado artículo, al no resultar acreditado que los fondos empleados para la adquisición del inmueble en 2008, correspondieran a rentas declaradas u obtenidas en períodos impositivos en los que no eran sujetos pasivos del IRPF.

Reconoce el Sr. Abogado del Estado que los inmuebles se adquirieron antes de 2011, años 2007 y 2008, siendo la renta financiadora, como muy tarde, de 2008; sin que la presentación del modelo 720 interrumpa la prescripción, sino que ha de estarse al inicio del procedimiento inspector, esto es, a 24 de noviembre de 2015.

B) La sentencia del TJUE de 22 de enero de 2022, en el asunto C-788/19, y su incidencia en el presente recurso de casación.

La sentencia del TJUE de 22 de enero de 2022, Asunto C_788/19, incide sustancial y determinantemente sobre la cuestión de interés casacional seleccionada en el auto de admisión y anteriormente transcrita, de suerte que ha de acogerse la pretensión actuada, sin oposición del Sr. Abogado del Estado que a la vista de la referida sentencia y de los hechos acreditados considera que se ha producido la prescripción.

Recordemos que entre las cuestiones controvertidas instaba la Comisión Europea, en un procedimiento de infracción, que el TJUE declarase que "al establecer consecuencias del incumplimiento de la obligación informativa respecto de los bienes y derechos en el extranjero o de la presentación extemporánea del "modelo 720" que conllevan la calificación de dichos activos como "ganancias patrimoniales no justificadas" que no prescriben; ... el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 21 TFUE, 45 TFUE, 49 TFUE, 56 TFUE y 63 TFUE y los artículos 28, 31, 36 y 40 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, de 2 de mayo de 1992 (DO 1994, L l, p. 3; en lo sucesivo, "Acuerdo EEE")".

En lo que ahora interesa la citada sentencia recoge las siguientes consideraciones:

"25 Según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el mero hecho de que un contribuyente residente posea bienes o derechos fuera del territorio de un Estado miembro no puede fundamentar una presunción general de fraude y evasión fiscales (véanse, en este sentido, las sentencias de ll de marzo de 2004, de Lasteyrie du Saillant, C-9/02, EU:C:2004:138, apartado Él, y de 7 de noviembre de 2013, K, C-322/11, apartado 60).

26 Por otra parte, una normativa que presume la existencia de un comportamiento fraudulento por la sola razón de que concurren los requisitos que establece, sin conceder al contribuyente posibilidad alguna de destruir esa presunción, va, en principio, más allá de lo necesario para alcanzar el objetivo de lucha contra el fraude y la evasión fiscales [véanse, en este sentido, las sentencias de 3 de octubre de 2013, Itelcar, C-282/12, EU:C:2013:629, apartado 37 y jurisprudencia citada, y de 26 de febrero de 2019, X (Sociedades intermedias domiciliadas en terceros países), C-135/17, EU:C:2019:136, apartado 88].

27 Del artículo 39, apartado 2, de la LIRPF y del artí0ulo 121, apartado 6, de la LIS (EDL 2014/199485) se desprende que el contribuyente que no haya cumplido la 'obligación de información o que lo haya hecho de forma imperfecta o extemporánea puede eludir la inclusión en la base imponible del impuesto adeudado en el período impositivo más antiguo entre los no prescritos, como ganancias patrimoniales no justificadas, de las cantidades correspondientes al valor de sus bienes o derechos no declarados por medio del <<modelo 720" aportando pruebas de que esos bienes ó derechos se adquirieron mediante rentas declaradas o mediante rentas obtenidas en ejercicios impositivos respecto de los que no tenía la condición de contribuyente por este impuesto.

28 Por otra parte, el Reino de España alega, sin que la Comisión lo rebata válidamente, que el hecho de que el contribuyente no haya conservado pruebas de haber tributado en el pasado por las cantidades que sirvieron para adquirir los bienes o derechos no declarados mediante el <<modelo 720" no implica automáticamente la inclusión de estas cantidades como ganancias patrimoniales no justificadas en la base imponible del impuesto adeudado por el contribuyente. En efecto, dicho Estado miembro indica que, en virtud de las reglas generales de atribución de la carga de la prueba, corresponde en todo caso a la Administración tributaria probar que el contribuyente ha incumplido su obligación de pago del impuesto.

29 De lo anterior resulta, por una parte, que la presunción de obtención de ganancias patrimoniales no justificadas establecida por el legislador español no se basa exclusivamente en la posesión de bienes o derechos en el extranjero por el contribuyente, ya que dicha presunción entra en juego debido al incumplimiento o al cumplimiento extemporáneo, por parte de este, de las obligaciones de declaración específicas que le incumben en relación con dichos bienes o derechos. Por otra parte, según la información facilitada al Tribunal de Justicia, el contribuyente puede destruir esta presunción no solo acreditando que los bienes o derechos de que se trata se adquirieron mediante rentas declaradas o mediante rentas obtenidas en ejercicios impositivos respecto de los que no tenía la condición de contribuyente del impuesto, sino también, cuando no pueda acreditar tal extremo, alegando que cumplió su obligación de pago del impuesto por las rentas que sirvieron para adquirir esos bienes o derechos, lo que corresponde entonces a la Administración tributaria comprobar.

30 En estas circunstancias, la presunción establecida por el legislador español no resulta desproporcionada en relación con los objetivos de garantizar la eficacia de los controles flécales y luchar contra el fraude y la evasión fiscales.

31 La imposibilidad de que el contribuyente destruya esta presunción alegando que los bienes o derechos respecto de los cuales no cumplió la obligación de información o lo hizo de manera imperfecta o extemporánea se adquirieron durante un período prescrito no enerva esta conclusión. En efecto, la invocación de una norma de prescripción no sirve para desvirtuar una presunción de fraude o de evasión fiscales, sino que únicamente permite evitar las consecuencias que debería acarrear la aplicación de dicha presunción.

32 No obstante, procede comprobar si las opciones elegidas por el legislador español en materia de prescripción no resultan, por sí mismas, desproporcionadas en relación con los objetivos perseguidos.

33 A este respecto, procede señalar que los artículos 39, apartado 2, de la LIRPF y 121, apartado 6, de la LIS -permiten, en realidad, a la Administración tributaria proceder sin limitación temporal a la regularización del impuesto adeudado por las cantidades correspondientes al valor de los bienes o derechos situados en el extranjero y no declarados, o declarados de manera imperfecta o extemporánea, mediante el "modelo 720". Ello es así aunque se considere que el legislador español únicamente pretendió, en aplicación de la regla de la actio nata, retrasar el momento inicial del cómputo del plazo de prescripción y fijarlo en la fecha en que la Administración tributaria tenga conocimiento por primera vez de la existencia de los bienes o derechos en el extranjero, ya que esta opción conduce, en la práctica, a permitir a la Administración gravar durante un período indefinido las rentas correspondientes al valor de esos activos, sin tener en cuenta el ejercicio o el año respecto de los que se adeudaba normalmente el impuesto correspondiente a esas rentas.

34 Por otra parte, del artículo 39, apartado 2, de la LIRPF y del artículo 121, apartado 6, de la LIS se desprende que el incumplimiento o el cumplimiento extemporáneo de la obligación de información tiene como consecuencia la inclusión en la base imponible del impuesto adeudado por el contribuyente de las cantidades correspondientes al valor de los bienes o derechos no declarados situados en el extranjero, incluso cuando esos bienes o derechos hayan entrado en su patrimonio durante un año o un ejercicio ya- prescritos en la fecha en que debía cumplir la obligación informativa. En cambio, el contribuyente que ha cumplido en los plazos establecidos esta obligación conserva el beneficio de la prescripción respecto de las eventuales rentas ocultas que hayan servido para adquirir los bienes o derechos que posee en el extranjero.

35 De lo anterior se desprende no solo que la normativa adoptada por el legislador español produce un efecto de imprescriptibilidad, sino también que permite a la Administración tributaria cuestionar una prescripción ya consumada en favor del contribuyente.

36 Pues bien, aunque el legislador nacional puede establecer un plazo de prescripción ampliado con el fin de garantizar la eficacia de los controles fiscales y de luchar contra el fraude y la evasión fiscales derivados de la ocultación de activos en el extranjero, siempre y cuando la duración de ese plazo no vaya más allá de lo necesario para alcanzar dichos objetivos, habida cuenta, en particular, de los mecanismos de intercambio de información y de asistencia administrativa entre Estados miembros (véase la sentencia de 11 de junio de 2009, X y Passenheim-van Schoot, C-155/08 y C-157/08, EU:C:2009:368, apartados 66, 72 y 73), no ocurre lo mismo con la institución de mecanismos que, en la práctica, equivalgan a prolongar indefinidamente el período durante el cual puede efectuarse la imposición o que permitan dejar sin efecto una prescripción ya consumada.

37 En efecto, la exigencia fundamental de seguridad jurídica se opone, en principio, a que las autoridades públicas puedan hacer uso indefinidamente de sus competencias para poner fin a una situación ilegal (véase, por analogía, la sentencia de 14 de julio de 1972, Geigy/Comisión, 52/69, EU:C:1972:73, apartado 21).

38 En el caso de autos, como se ha indicado en los apartados 35 y 36 de la presente sentencia, la posibilidad de que la Administración tributaria actúe sin limitación temporal e incluso cuestione una prescripción ya consumada resulta únicamente de la inobservancia por parte del contribuyente de la formalidad consistente en cumplir, dentro de los plazos establecidos, la obligación de información relativa a los bienes o derechos que posee en el extranjero.

39 En efecto, la exigencia fundamental de seguridad jurídica se opone, en principio, a que las autoridades públicas puedan hacer uso indefinidamente de sus competencias para poner fin a una situación ilegal (véase, por analogía, la sentencia de 14 de julio de 1972, Geigy/Comisión, 52/69, EU:C:1972:73, apartado 21).

40 En el caso de autos, como se ha indicado en los apartados 35 y 36 de la presente sentencia, la posibilidad de que la Administración tributaria actúe sin limitación temporal e incluso cuestione una prescripción ya consumada resulta únicamente de la inobservancia por parte del contribuyente de la formalidad consistente en cumplir, dentro de los plazos establecidos, la obligación de información relativa a los bienes o derechos que posee en el extranjero.

41 Al atribuir consecuencias de tal gravedad al incumplimiento de esta obligación declarativa, la opción elegida por el legislador español va más allá de lo necesario para garantizar la eficacia de los controles fiscales y luchar contra el fraude y la evasión fiscales, sin que proceda preguntarse sobre las consecuencias que deben extraerse de la existencia de mecanismos de intercambio de información o de asistencia administrativa entre Estados miembros.

(...) En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Primera) decide:

Declarar que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 63 TFUE y 40 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, de 2 de mayo de 1992:

-- al disponer que el incumplimiento o el cumplimiento imperfecto o extemporáneo de la obligación informativa relativa a los bienes y derechos situados en el extranjero tiene como consecuencia la imposición de las rentas no declaradas correspondientes al valor de esos activos como- "ganancias patrimoniales no justificadas" sin posibilidad, en la práctica, de ampararse en la prescripción".

Brevemente para significar que el deber informativo que nos ocupa fue introducido en nuestro ordenamiento por Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude, a la que precedió la llamada amnistía fiscal. En lo que ahora interesa, aparte del régimen sancionador creado, preveía que el incumplimiento formal acarreaba una ganancia no patrimonial específica para activos en el exterior, arts. 39.2 LIRPF y 121.6 LIS, recordemos que el régimen tradicional en esta materia era su consideración como ganancias no justificadas, partiendo de la presunción de la existencia de rentas no declaradas ante la detección de bienes o derechos cuya tenencia, declaración o adquisición no se corresponda con la renta o el patrimonio declarados por el contribuyente; considerando el TJUE que se vulnera el principio de libre circulación de capitales por la Ley 7/2012, al disponer que el incumplimiento o el cumplimiento imperfecto o extemporáneo de la obligación informativa relativa a los bienes y derechos situados en el extranjero tiene como consecuencia la imposición de las rentas no declaradas correspondientes al valor de esos activos como ganancias patrimoniales no justificadas sin posibilidad, en la práctica, de ampararse en la prescripción, puesto que se establecía el inicio del cómputo de la prescripción en el momento en que la Administración tributaria tenga por primera vez conocimiento de su existencia, lo que conllevaba que se podía gravar las rentas por los específicos activos durante un tiempo indefinido, sin tener en cuenta el ejercicio en que se devengaba el impuesto, ante la imposibilidad de probarlo por parte del obligado tributario, lo que resultaba desproporcionado, puesto que la normativa adoptada por el legislador español produce no sólo un efecto de imprescriptibilidad, sino también permite a la Administración tributaria cuestionar una prescripción ya consumada en favor del contribuyente.

El legislador nacional en cumplimiento de lo resuelto por el TJUE ha dictado la Ley 5/2022, de 9 de marzo, por la LIS y la LIRPF.

En consonancia con lo dicho y lo resuelto en la expresada sentencia del TJUE, a la cuestión de interés casacional objetivo formulada cabe responder en el sentido de que una liquidación por IRPF no puede practicarse sin sometimiento a plazo de prescripción alguno, cuando las ganancias patrimoniales no justificadas que se regularizan, correspondan a rendimientos constituidos en bienes y activos en el extranjero y hayan sido puestas de manifiesto con ocasión del cumplimiento extemporáneo de la obligación de información estipulada en la Disposición adicional 18ª de la Ley 58/2003, General Tributaria.

C) Proyección de la doctrina fijada al caso.

No hay duda de que la aplicación de la doctrina fijada, a la luz de la referida sentencia del TJUE, a los hechos acreditados, corrobora que se ha producido la prescripción alegada. Es el propio Sr. Abogado del Estado, como se ha indicado, el que elocuentemente así lo confirma cuando manifiesta que "como consecuencia de la Sentencia del TJUE, la imprescriptibilidad contenida en el art. 39.2 de la LIRPF, la prescripción del IRPF se rige por la normativa general, que supone una prescripción de 4 años, y un tratamiento análogo al contenido en el art. 39.1 LIRPF .... En este caso, el 24 de noviembre de 2015, se comunica el inicio del procedimiento inspector, luego la interrupción de la prescripción se produce en ese momento, con la comunicación de inicio del procedimiento inspector... En este caso, los contribuyentes han probado que eran titulares de ese inmueble desde una fecha anterior al periodo de prescripción (anteriores al año 2011), pues justifican que el inmueble se adquirió el 3-09-2008. Por ello, en el momento de inicio del procedimiento inspector ya había prescrito el derecho de la Administración a comprobar la ganancia patrimonial procedente de la adquisición del inmueble.... la extemporánea presentación del modelo 720 no interrumpe la prescripción de IRPF 2008... sino que es el inicio del procedimiento inspector, lo que marca esa eventual interrupción. El procedimiento inspector se inició, como hemos dicho, el 24.11.2015. En dicho momento, y según las reglas generales de prescripción (arts. 66 y ss. LGT) quedaría viva la prescripción administrativa del IRPF 2011... En el expediente, que ha dado lugar a este recurso, la imputación se efectuó al año 2012, por ser aplicable la regla especial que, ahora, ha quedado anulada, pero que preveía la imputación al periodo impositivo más antiguo de entre los no prescritos en el que estuviera en vigor el régimen especial, esto es, ejercicio 2012, pero al haber quedado acreditado que el bien inmueble se adquirió en 2008, no se podría gravar, debiendo entenderse todo prescrito".

D) Cuestiones pendientes de resolver.

1º) A la vista del contenido y formulación de la cuestión con interés casacional objetivo y el planteamiento que se hace por las propias partes, al punto que la propia parte recurrida admite abiertamente producida la prescripción, no resulta procedente y además innecesario, entrar sobre otras cuestiones que desde un plano general el tema suscita, algunas de gran importancia jurídica y práctica, entre ellas la cuestión referente a la retroactividad denunciada por la parte recurrente, que puede entenderse respondida cuando el propio TJUE afirma que el art. 39.2 afecta o podía afectar a prescripciones ya consumadas, pero cuya resolución es innecesaria dado los efectos directos derivados de la doctrina europea; y otra de gran relevancia, que no cabe abordar por resultar extraña al debate suscitado y al caso concreto, sin que quepa hacer por este Tribunal construcciones jurídicas en abstracto a modo de informe, referida a los efectos de la sentencia del TJUE, en este caso afectante sólo al artº 39.2, respecto si cabe entender que lo resuelto por el TJUE determina la nulidad de todo lo actuado en aquellos procedimientos en los que se aplicó el citado artículo 39.2 de la LIRPF (ó 121.6 de la LIS) y si puede abarcar incluso a actos firmes por no haber sido objeto de impugnación; o por el contrario ha de entenderse que lo fallado por el TJUE no afecta a la validez de los procedimiento seguidos y, en todo caso, procedería retrotraer el procedimiento para que la Administración Tributaria compruebe, conforme a la doctrina tradicional, si resulta acreditada la prescripción alegada.

Cuestiones, insistimos, de gran importancia pero que no es posible examinar en el presente recurso de casación por venir su objeto circunscrito a la cuestión despejada, lo que ha determinado la suerte del presente recurso de casación.

2º) El Supremo declara haber lugar al recurso de casación n.º 1124/2020, interpuesto por D. Luis Manuel y Dª Estela, representados por el procurador de los Tribunales, D. Jesús Fernández de las Heras, contra la sentencia nº 445/2019, dictada el 19 de diciembre por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Cáceres del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en el recurso contencioso-administrativo nº 260/2019, sentencia que se casa y anula.

3º) El Supremo estima el recurso contencioso administrativo dirigido contra la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Extremadura, de 30 de noviembre de 2018, dictada en las reclamaciones económico-administrativas números NUM000 (57.265,72 euros, intereses de demora incluidos) y NUM001 (multa de 75.763,17 euros) -ya anulada-, con devolución, en su caso, de lo indebidamente ingresado más intereses.

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La extinción del contrato indefinido no fijo por cobertura reglamentaria de la plaza que ocupaba la trabajadora por una interinidad por vacante implica el reconocimiento a su favor de una indemnización de veinte días por año de servicio.

 

La sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, sec. 1ª, de 6 de julio de 2022, nº 618/2022, rec. 3432/2021, afirma que aun siendo un contrato de interinidad por vacante de la Administración que cumple los requisitos legales inicialmente, puede ser declarado fraudulento cuando se mantiene a un empleado público ocupando el mismo puesto de trabajo vacante de modo ininterrumpido durante varios años, por causa del incumplimiento por parte de la Administración empleadora de su obligación legal de organizar un proceso selectivo para proveer definitivamente la plaza vacante.

Los procesos selectivos no deberán durar más de tres años a contar desde la suscripción del contrato de interinidad, de forma que si así sucediera sería una duración injustificadamente larga.

La extinción del contrato del indefinido no fijo por cobertura reglamentaria de la plaza que ocupaba implica el reconocimiento a su favor de una indemnización de veinte días por año de servicio.

El contrato de interinidad por vacante es aquél que puede celebrarse para cubrir temporalmente un puesto de trabajo durante el proceso de selección o promoción para su cobertura definitiva.

En este caso se estima parcialmente el recurso de casación para la unificación de la doctrina y la pretensión subsidiaria de la demanda de reconocer a la trabajadora una indemnización de veinte días de servicio por año de servicio, que se traduce en una indemnización de 20.474,05 euros.

A) Objeto de la litis.

1º) Constituye el objeto del presente recurso de casación para la unificación de la doctrina determinar si la trabajadora, parte recurrente en el actual recurso, tiene derecho a percibir una indemnización de 20 días de salario por año de servicio, tras la extinción de la relación laboral que veía manteniendo, mediante contrato de interinidad por vacante, con el Ayuntamiento de Toledo, en un supuesto en que la duración del contrato fue muy superior a tres años.

2º) La trabajadora, desde el 3 de junio de 2008, venía prestando servicios para el Ayuntamiento de Toledo, en virtud de dos contratos laborales temporales de interinidad. El contrato de interinidad de 3 de junio de 2009, para cubrir el puesto de trabajo durante el proceso de selección o promoción para su cobertura definitiva. El contrato se extinguió el 31 de diciembre de 2019 como consecuencia de la cobertura definitiva de la plaza.

3º) La trabajadora demandó al Ayuntamiento de Toledo por fraude de ley en la contratación temporal, por lo que se le debía de considerar trabajadora indefinida no fija.

Subsidiariamente, la trabajadora solicitaba una indemnización de veinte días de salario por año de servicio.

La sentencia del Juzgado de lo Social núm. 1 de Toledo de 6 de noviembre de 2020 (autos 53/2020) desestimó la demanda.

4º) La trabajadora recurrió en suplicación la sentencia del juzgado de lo social, siendo desestimado el recurso por la sentencia de la Sala de lo Social del TSJ de Castilla-La Mancha 848/2021, 21 de mayo de 2021 (rec. 297/2021), complementada por el auto de 29 de junio de 2021.

5º) La sentencia de la Sala de lo Social del TSJ de Castilla-La Mancha 848/2021, 21 de mayo de 2021 (rec. 297/2021), complementada por el auto de 29 de junio de 2021, ha sido recurrida en casación para la unificación de doctrina por la trabajadora.

El recurso invoca como sentencia de contraste la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo 649/2021, 28 de junio de 2021 (rcud 3263/2019) y denuncia la infracción del artículo 4.2 b) del Real Decreto 2720/1998, en relación con el artículo 70 EBEP.

El recurso solicita la casación y anulación de la sentencia recurrida y que se reconozca que la trabajadora fue objeto de un despido improcedente, al ser indefinida no fija, y que se condene al ayuntamiento al abono de la indemnización legalmente establecido para el despido improcedente adoptado por una administración pública.

B) Doctrina del Tribunal Supremo.

1º) La resolución del recurso ha de necesariamente partir de la STS nº 649/2021, 28 de junio de 2021, dictada por el Pleno de esta Sala en el rcud 3263-2019, y de las demás sentencias deliberadas en el Pleno de 22 de junio de 2021, reiteradas por muchas otras sentencias posteriores, debiendo mencionarse especialmente la STS de 2 de diciembre de 2021 (rcud 1929/2019), dictada en un supuesto sustancialmente idéntico al presente. Razones de seguridad jurídica y de igualdad en aplicación de la ley conducen a aplicar la doctrina sentada.

La mencionada STS 649/2021, 28 de junio de 2021, dictada por el Pleno de esta Sala en el rcud 3263-2019, es precisamente la sentencia invocada de contraste en el presente recurso de casación unificadora.

2º) La presente sentencia reproduce parcialmente la mencionada STS 649/2021, 28 de junio de 2021 (Pleno, rcud 3263-2019).

Como señala esta sentencia, el examen del recurso exige que, con independencia del hecho de que la Sala haya resuelto múltiples asuntos muy parecidos al presente, examinemos la incidencia que sobre nuestra decisión haya de tener la STJUE de 3 de junio de 2021 (Asunto C-726/19). Esta sentencia resuelve una decisión de cuestión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en Auto de 23 de septiembre de 2019, interpuesta en un asunto muy similar al que aquí debemos resolver, en el que plantea cinco cuestiones diferentes, cuyo denominador común consiste en preguntarle al TJUE si la legislación española, en la interpretación que de la misma viene efectuando esta Sala Cuarta del Tribunal Supremo, es conforme a la Directiva 1999/70, en especial a las cláusulas 1 y 5 del Acuerdo Marco, sobre el trabajo de duración determinada que figura como Anexo a la Directiva.

La sentencia en su parte dispositiva contiene dos declaraciones:

a) La cláusula 5, apartado 1, del Acuerdo Marco sobre el Trabajo de Duración Determinada, celebrado el 18 de marzo de 1999, que figura en el anexo de la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el Trabajo de Duración Determinada, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional, tal como ha sido interpretada por la jurisprudencia nacional, que, por un lado, permite, a la espera de la finalización de los procesos selectivos iniciados para cubrir definitivamente las plazas vacantes de trabajadores en el sector público, la renovación de contratos de duración determinada, sin indicar un plazo preciso de finalización de dichos procesos, y, por otro lado, prohíbe tanto la asimilación de esos trabajadores a trabajadores indefinidos no fijos" como la concesión de una indemnización a esos mismos trabajadores. En efecto, esta normativa nacional, sin perjuicio de las comprobaciones que corresponde efectuar al órgano jurisdiccional remitente, no parece incluir ninguna medida destinada a prevenir y, en su caso, sancionar la utilización abusiva de sucesivos contratos de duración determinada.

b) La cláusula 5, apartado 1, del Acuerdo Marco sobre el Trabajo de Duración Determinada, celebrado el 18 de marzo de 1999, que figura en el anexo de la Directiva 1999/70, debe interpretarse en el sentido de que consideraciones puramente económicas, relacionadas con la crisis económica de 2008, no pueden justificar la inexistencia, en el Derecho nacional, de medidas destinadas a prevenir y sancionar la utilización sucesiva de contratos de trabajo de duración determinada.

C) El contrato de interinidad por vacante es aquél que puede celebrarse para cubrir temporalmente un puesto de trabajo durante el proceso de selección o promoción para su cobertura definitiva.

1º) A tenor de lo dispuesto en la referida sentencia del TJUE de 3 de junio de 2021 y en otras que han interpretado algunos preceptos del Acuerdo Marco que figura como Anexo a la Directiva 199/70/CE [ SSTJUE de 5 de junio de 2018 (C-677/16), de 21 de noviembre de 2018, (de Diego Porras, C-619/175), de 19 de marzo de 2020 ( asuntos acumulados C-103/18 y C-429/2018) y de 11 de febrero de 2021, (M. V. y otros C-760/18)], resulta necesario efectuar una nueva reflexión sobre algunos aspectos de nuestra doctrina y, especialmente, sobre las circunstancias de su aplicación en los términos que seguidamente se expondrán.

2º) El contrato de interinidad por vacante es aquél que puede celebrarse para cubrir temporalmente un puesto de trabajo durante el proceso de selección o promoción para su cobertura definitiva. Se trata de un contrato a término, aunque de fecha incierta respecto de su finalización, en la medida en que su persistencia será la del tiempo que dure el proceso de selección o promoción para la cobertura definitiva de la plaza que, en el caso de las Administraciones Públicas, coincidirá con el tiempo que duren dichos procesos, de conformidad con la normativa específica que en cada caso será aplicable.

Desde antiguo, la jurisprudencia ha admitido la legalidad de este tipo contractual respecto de las administraciones públicas (SSTS de10 de julio de 2007, Rec. 3468/1995; de 9 de octubre de 1997, Rec. 505/1997 y de 3 de febrero de 1998, Rec.400/1997), lo que implica la licitud y regularidad de la contratación, a través del contrato de interinidad, para ocupar plazas vacantes hasta que éstas sean cubiertas en propiedad del modo reglamentariamente establecido ( SSTS de 6 de octubre de 1995, Rec. 1026/1995 y de 1 de junio de 1998, Rec. 4063/1997; entre otras).

Obviamente, la licitud de la contratación está supeditada a la existencia de vacante, de suerte que la ausencia de plaza vacante determina que la contratación efectuada se considere fraudulenta por inexistencia de causa que la justifique y, obviamente, el contrato se considere por tiempo indefinido y a jornada completa (SSTS de 8 de junio de1995, Rec. 3298/1994 y de 20 de junio de 2000, Rec. 4282/1999).

Técnicamente, dado que, por definición, el contrato se extiende hasta que la plaza vacante que ocupa el interino sea cubierta por el procedimiento legal o reglamentariamente establecido, mientras esto no ocurra estaremos en presencia de un único contrato y, en ningún caso, de contratos sucesivos, salvo que el trabajador sea cambiado a otra vacante. Sin embargo, esta visión, que pudiera considerarse técnicamente correcta y amparada por la jurisprudencia europea en la medida que son los Estados miembros a los que les corresponde determinar en qué condiciones los contratos de duración determinada se considerarán sucesivos (STJUE de 1 de febrero de 2021, C-760/18), no es, sin embargo, coherente con la propia finalidad del Acuerdo Marco cuyo objetivo es, en todo caso, evitar los abusos en la materia.

Por ello, teniendo en cuenta que, en la interpretación del derecho interno, los órganos judiciales nacionales estamos obligados a garantizar el resultado perseguido por el Derecho de la Unión y que evitar el abuso en la contratación temporal constituye objetivo básico del mismo, la interpretación del contrato de interinidad debe tener en cuenta, además de los aspectos técnico jurídicos, la situación del trabajador interino, sus expectativas y la actividad desplegada por la Administración como entidad contratante.

Desde tal perspectiva, aun cuando el contrato haya cumplido los requisitos, previstos en el artículo 4.1 y 2.b RD 2720/1998, de 18 de diciembre, lo cual comporta que haya identificado la plaza, cuya cobertura legal o reglamentaria se pretende -cobertura que queda necesariamente vinculada al oportuno proceso de selección previsto legal o reglamentariamente-, no cabe duda de que una duración excesivamente larga del contrato de interinidad debida, exclusivamente, a la falta de actividad administrativa dirigida a la cobertura definitiva de la plaza debe ser tenida en cuenta como elemento decisivo en orden a la configuración de la decisión judicial sobre la duración del contrato. Igualmente, el no cumplimiento de las expectativas del trabajador contratado en orden a la duración de su contrato, expectativas que derivan de los tiempos ordinarios para la cobertura de la vacante que ocupa, y que deben ser tenidas en cuenta en la apreciación judicial de la situación y en la calificación de la propia contratación. También el hecho de que los trámites administrativos para la cobertura de la vacante se dilaten en el tiempo de manera innecesaria. Circunstancias todas ellas que obligan a prescindir de la idea de que estamos teóricamente ante un único contrato porque la realidad es que el efecto útil del contrato suscrito inicialmente ha perdido todo valor en atención al incumplimiento de las exigencias de provisión que toda vacante conlleva y de las indeseables consecuencias inherentes a tal situación cuales son la persistencia innecesaria en situación de temporalidad.

3º) Desde otra perspectiva, cabe también reflexionar sobre las diferentes normas presupuestarias que, a raíz de la crisis del 2008, paralizaron la convocatoria de ofertas públicas de empleo. Aunque la Sala nunca ha afirmado que las consecuencias de aquella crisis podían justificar la extensión de la contratación, si entendió que quedaba justificada aquella detención de convocatorias cuando las normas legales españolas (artículos 3 RDL 20/2011 y 21 de las Leyes 22/2013 y 36/2014, entre otras) paralizaron las convocatorias públicas de empleo, dando así cumplimiento al Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria de 2 de marzo de 2012, tratando de garantizar, de esta forma, una adaptación continua y automática a la normativa europea a través de tales normas que perseguían continuar con el objetivo de garantizar la sostenibilidad financiera de todas las Administraciones Públicas, fortalecer la confianza en la estabilidad de la economía española, y reforzar el compromiso de España con la Unión Europea en materia de estabilidad presupuestaria.

La paralización de las ofertas públicas de empleo eran medidas al servicio de la estabilidad presupuestaria y del control del gasto pero, dado que impedían la convocatoria de vacantes que estaban ocupadas por trabajadores interinos, el cumplimiento de tales finalidades resulta dudoso ya que, con la convocatoria y subsiguiente ocupación de plazas vacantes cubiertas por trabajadores interinos, el gasto no se incrementa porque ya existía puesto que no se trataban de plazas de nueva creación sino de plazas que ya estaban cubiertas interinamente y que provocaban el mismo gasto que si hubieran estado cubiertas de forma definitiva. Por tanto, la justificación de la inactividad administrativa ya no resulta tan clara ya que, materialmente, tal inactividad no contribuía, ni directa ni indirectamente, a la sostenibilidad presupuestaria o a la contención del gasto público.

Y aquí es donde incide el pronunciamiento de la precitada STJUE de 3 de junio de 2021 (Asunto C-726/19), con el que se establece que consideraciones puramente económicas, relacionadas con la crisis económica de 2008, no pueden justificar la inexistencia, en el Derecho nacional, de medidas destinadas a prevenir y sancionar la utilización sucesiva de contratos de trabajo de duración determinada. Con esa conclusión el TJUE viene a alterar las consecuencias jurídicas derivadas de las previsiones contenidas en la normativa presupuestaria que hemos citado anteriormente -en las que se contemplaba la suspensión de los procedimientos de cobertura de las plazas vacantes en los organismos del sector público-, que hasta la fecha hemos considerado como el dato decisivo para entender justificada la dilación en el tiempo de los procesos de convocatoria y cobertura de vacantes, que legitimaban la concertación y el mantenimiento de los contratos de interinidad.

Desaparece de esta forma la razón por la que nuestra anterior doctrina entendía justificada, en concretas y determinadas circunstancias ligadas a la vigencia temporal de las leyes presupuestarias citadas, la prolongada extensión de tales contratos, lo que necesariamente obliga a rectificarla en ese extremo.

4º) Conclusión.

La conclusión de cuanto se lleva expuesto, tanto de nuestra propia y consolidada jurisprudencia, como de la aplicación de las conclusiones que se extraen de la doctrina del TJUE [ SSTJUE de 19 de marzo de 2020 (asuntos acumulados C- 103/18 y C-429/2018) y de 11 de febrero de 2021, (M. V. y otros C-760/18), entre otras] debe conducir a precisar y rectificar la aplicación de nuestra doctrina, en el sentido expresado, para afirmar que, aun cuando el contrato de trabajo de interinidad por vacante haya cumplido los requisitos del artículo 4.1 y 2.b RD 2720/1998 en los términos ya expuestos, una situación en la que un empleado público nombrado sobre la base de una relación de servicio de duración determinada - hasta que la plaza vacante para la que ha sido nombrado sea provista de forma definitiva- ha ocupado, en el marco de varios nombramientos o de uno sólo durante un período inusual e injustificadamente largo, el mismo puesto de trabajo de modo ininterrumpido durante varios años y ha desempeñado de forma constante y continuada las mismas funciones, cuando el mantenimiento de modo permanente de dicho empleado público en esa plaza vacante se deba al incumplimiento por parte del empleador de su obligación legal de organizar un proceso selectivo al objeto de proveer definitivamente la mencionada plaza vacante, ha de ser considerada como fraudulenta; y, en consecuencia, procede considerar que el personal interino que ocupaba la plaza vacante debe ser considerado como indefinido no fijo.

Con carácter general no establece la legislación laboral un plazo preciso y exacto de duración del contrato de interinidad por vacante, vinculando la misma al tiempo que duren dichos procesos de selección conforme a lo previsto en su normativa específica [artículo 4.2 b) RD 2720/1998, de 18 de diciembre), normativa legal o convencional a la que habrá que estar cuando en ella se disponga lo pertinente al efecto. Ocurre, sin embargo, que, en multitud de ocasiones, la norma estatal, autonómica o las disposiciones convencionales que disciplinan los procesos de selección o de cobertura de vacantes no establecen plazos concretos y específicos, para su ejecución. En tales supuestos no puede admitirse que el desarrollo de estos procesos pueda dejarse al arbitrio del ente público empleador y, consecuentemente, dilatarse en el tiempo de suerte que la situación de temporalidad se prolongue innecesariamente. Para evitarlo, la STJUE de 3 de junio de 2021, citada, nos indica la necesidad de realizar una interpretación conforme con el Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada incorporado como Anexo a la Directiva 1999/70/CE; y, especialmente, nos compele a aplicar el derecho interno de suerte que se satisfaga el efecto útil de la misma, especialmente por lo que aquí interesa, del apartado 5 del citado Acuerdo Marco. En cumplimiento de tales exigencias esta Sala estima que, salvo muy contadas y limitadas excepciones, los procesos selectivos no deberán durar más de tres años a contar desde la suscripción del contrato de interinidad, de suerte que si así sucediera estaríamos en presencia de una duración injustificadamente larga.

Dicho plazo de tres años es el que mejor se adecúa al cumplimento de los fines pretendidos por el mencionado Acuerdo Marco sobre contratación determinada y con el carácter de excepcionalidad que la contratación temporal tiene en nuestro ordenamiento jurídico. En efecto, ese plazo de tres años es o ha sido utilizado por el legislador en bastantes ocasiones y, objetivamente, puede satisfacer las exigencias que derivan del apartado 5 del reiterado Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada. Así, ese es el límite general que tienen los contratos para obra o servicio determinado [artículo 15.1 a) ET]; constituye, también, el límite máximo de los contratos temporales de fomento al empleo para personas con discapacidad (Ley 44/2006, de 29 de diciembre) y ha sido usado por el legislador en otras ocasiones para establecer los límites temporales de la contratación coyuntural. Por otro lado, tres años es el plazo máximo en el que deben ejecutarse las ofertas de empleo público según el artículo 70 EBEP. La indicación de tal plazo de tres años no significa, en modo alguno, que, en atención a diversas causas, no pueda apreciarse con anterioridad a la finalización del mismo la irregularidad o el carácter fraudulento del contrato de interinidad. Tampoco que, de manera excepcional, por causas extraordinarias cuya prueba corresponderá a la entidad pública demandada, pueda llegar a considerarse que esté justificada una duración mayor.

D) Valoración de la prueba.

1º) En el caso presente estamos ante un contrato de interinidad por vacante suscrito el 3 de junio de 2009 que finalizó el 31 de diciembre de 2019, como consecuencia de la provisión reglamentaria del puesto, sin que se pueda apreciar ninguna razón justificativa de la falta de provisión de la vacante durante tan largo periodo de tiempo.

El hecho de que la trabajadora en el momento de la extinción de su contrato tuviera la consideración de indefinida no fija, conduce a la aplicación de nuestra doctrina (expresada en la STS -pleno- de 28 de marzo de 2017, rcud 1664/2015  y seguida, entre otras, por las SSTS de 9 de mayo de 2017, rcud 1806/2015 , de 12 de mayo de 2017, rcud 1717/2015 , de 19 de julio de 2017, rcud 4041/2015, y de 2 de diciembre de 2021, rcud 2497/2018, según la que la extinción del contrato del indefinido no fijo por cobertura reglamentaria de la plaza que ocupaba implica el reconocimiento a su favor de una indemnización de veinte días por año de servicio con un máximo de doce mensualidades. A tal efecto, el importe de la indemnización se establece partiendo de los datos que se expresan en el relato de hechos probados de la sentencia, sobre antigüedad (3 de junio de 2008), salario (2.688,14 euros mensuales con prorrata de pagas extraordinarias) y fecha de efectos de la extinción del contrato (31 de diciembre de 2019), asciende a la cantidad de 20.474,05 euros.

2º) En virtud de lo expuesto y de conformidad con el Ministerio Fiscal, procede estimar parcialmente el recurso de casación para la unificación de la doctrina; casar y anular la sentencia recurrida; y resolver el debate de suplicación, en el sentido de estimar la pretensión subsidiaria del recurso de tal clase interpuesto por la trabajadora sobre la indemnización de veinte días de salario por año de servicio, revocar la sentencia del juzgado de lo social y estimar la pretensión subsidiaria de la demanda de reconocer a la trabajadora una indemnización de veinte días de servicio por año de servicio, que se traduce en una cuantía de 20.474,05 euros.

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