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jueves, 23 de septiembre de 2021

No existe el maltrato psíquico alegado por los herederos demandados por falta de relación con el testador en los supuestos en los que esa falta de relación tiene su origen cuando la legitimaria era una niña, y su origen tiene lugar como consecuencia del divorcio de los padres.

 

La sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, sec. 1ª, de 27 de junio de 2018, nº 401/2018, rec. 3390/2015, determina que no puede apreciarse como causa de desheredación el maltrato psíquico alegado por los herederos demandados por falta de relación con el testador, en los supuestos en los que esa falta de relación tiene su origen cuando la legitimaria era una niña. 

La sentencia niega la existencia de maltrato psicológico y por lo tanto la posibilidad de que concurra causa de desheredación, cuando no existe una relación entre la heredera y el testador y su origen tiene lugar como consecuencia del divorcio de los padres, cuando la heredera era una niña, al considerar que la situación y los motivos que la provocan no son directamente imputables a la misma. 

En este sentido, la resolución establece que “tal circunstancia no puede apreciarse en el caso si se tiene en cuenta que esa falta de relación se inició cuando la demandante tenía nueve años, y que incluso se acordó judicialmente la suspensión de visitas entre el padre y la hija por ser contrarias a su interés, dada la relación conflictiva ente la menor y el padre y, sobre todo, entre la menor y la pareja del padre. Evidentemente, el origen de esa falta de relación familiar no puede imputarse a la hija, dado que se trataba de una niña". 

A) Resumen de antecedentes. 

1.-La principal cuestión jurídica que se plantea en este recurso es la validez de una desheredación cuando el testador, que no menciona de manera expresa la causa por la que deshereda a su hija, incorpora al testamento abierto que otorga dos documentos de los que podría inferirse la causa legal de desheredación que pretende hacer valer: la copia de una carta que dirigió a su hija manifestando su deseo de iniciar un contacto que no había existido desde que ella era una niña y la copia de una denuncia por agresión interpuesta años antes contra la hija y que fue archivada. Se plantea también la eficacia de la reconciliación y del perdón. 

El testamento abierto otorgado por el causante contiene una cláusula primera del siguiente tenor: 

«Deshereda a su hija Matilde , de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 848 y siguientes del Código Civil. 

En el caso de que no pudiera llevarse a cabo la desheredación, lega a su citada hija Matilde lo que por legítima estricta le corresponda, disponiendo que dicha legítima le sea pagada en efectivo metálico. 

Es voluntad del testador que se deje incorporado a este testamento burofax dirigido por el testador a su hija Matilde , junto con el justificante del recibo del mismo por parte de su mencionada hija, lo que yo, Notario, realizo incorporando dichos burofax y justificante de este testamento del que formarán parte integrante. 

Es también su voluntad incorporar al testamento denuncia contra doña Matilde, que se realizó en Camargo Cantabria el jueves día 23 de julio del 2009». 

En el primer documento que se incorpora al testamento se dice: 

«Santander, a 31 de diciembre de 2008. 

Querida hija: 

Por la presente, me pongo en contacto contigo (y lo hago por medio de Burofax para tener constancia de que lo recibes), a fin de recordarte, ahora que ya eres mayor de edad, que puedes venir a verme todas las veces que lo creas oportuno, pues las puertas de esta casa siempre estarán abiertas para ti. Por mi parte, he cumplido siempre con todas mis obligaciones como padre y bien sabe tu madre que he intentado por todos los medios a mi alcance no perder contacto contigo, lo que podría aclararte e incluso demostrarte si te dignases a visitarme. Creo que es justo que tú también te preocupes por tu padre, más aún en la situación en la que sabes que me encuentro, en la que cualquier ayuda siempre es necesaria. En fin, entiendo que ha llegado el momento de decirte estas cosas, ahora que, como persona mayor de edad, eres lo suficientemente madura para comprenderlas y para juzgar si definitivamente podemos recuperar una relación normal de padre e hija o, por el contrario, debo dar por perdida, con gran dolor de corazón esa posibilidad. Por último, no olvides que tienes un hermano a quien hoy aún no conoces. 

Sin nada más que decirte, se despide tu padre». 

2.- La sentencia del juzgado contiene una declaración expresa de hechos probados que es asumida por la sentencia de segunda instancia: 

«No ha sido un hecho controvertido las malas relaciones existentes entre el causante y su primera mujer, madre de la demandante (de la que consta estaba divorciado), y por extensión de su hija por aquel entonces, menor de edad, quien a su vez consta que no mantenía buenas relaciones con la pareja de su padre, lo que motivó que, por auto de fecha 24 de marzo del 2000, se acordase la suspensión de las visitas fijado en la sentencia de separación (documento 3, auto dictado por el Juzgado de primera instancia nº 6 de Santander). 

Consta probado que en fecha 23 de julio del año 2009 la esposa de Eloy se persona en las dependencias de la Guardia Civil de Camargo y entrega una denuncia escrita de su marido en el que se relata que estando acompañado de su hijo de su esposa, su hermano y la esposa de este último apareció su hija que no veía desde que ella tenía 7 años, se acercó y pegó un empujón a su esposa, cuando el padre se lo recriminó afirmando que era tan mala como su madre, su hija le pegó un bofetón en la cara. 

Respecto a dichos hechos se acordó el sobreseimiento por parte del juzgado de Instrucción n° 1 de los de Santander. Dicho auto fue objeto de recurso y posterior de apelación.

La Audiencia Provincial de Santander confirma el auto recurrido sosteniendo que no aparece debidamente justificada la perpetración del delito, ni indicios racionales de comisión. 

"Importa destacar a los efectos aquí pretendidos que el denunciante se limitó a ratificarse en la denuncia presentada renunciando al derecho de ser reconocido por médico forense, y dada la enemistad existente entre las partes, las versiones contradictorias y la ausencia de corroboraciones periféricas como podían ser el parte de lesiones, es por lo que se acuerda el sobreseimiento.

No obstante lo anterior, dando un salto temporal, y atendiendo al contenido de la carta de últimas voluntades escrita por el testador en fecha 16 de agosto del 2012, entre otras, el padre de la demandante manifiesta y reconoce haber pasado participado en la bonita infancia de su hija Matilde , sintiendo pesar por las circunstancias que les llevaron a no estar juntos, pero en todo caso felicidad por la reconciliación. 

Es unos días más tarde, cuando el causante, Eloy, escribe un testamento de últimas voluntades, exactamente en fecha 22 de agosto del año 2012, en el que refleja nuevamente la intención del suicidio y entre otras disposiciones, decide (punto tercero) desheredar a su hija de todos sus bienes, según afirma "...ya que a partir de los 9 años no ha querido saber nada de mí en todos los sentidos y desconozco los motivos que le han podido llevar a ello ya que no he tenido ninguna conversación con ella porque así ella lo ha decidido; ya que yo sí que le enviado cartas a su domicilio por burofax indicándola (sic) la situación en la que me encontraba en mis peores momentos de salud para que viniese a verme y hablar con ella y jamás he tenido respuesta por su parte, por lo tanto entiendo que si nunca ha querido saber nada de mí tampoco debería tener derecho a nada de la herencia...". 

Un año más tarde, exactamente el día 28 de noviembre del año 2013, en testamento abierto Eloy , en su cláusula cuarta deshereda a su hija Matilde (sin especificar causa) apelando a lo dispuesto en el artículo 848 y siguientes del Código Civil, especificando que, en caso de que no pudiera llevarse a cabo la desheredación, lega a su hija lo que por legítima estricta le corresponda disponiendo que dicha legítima le sea pagada en efectivo en metálico. Deja el testador incorporado al testamento la carta a la que hemos hecho referencia de fecha 22 de agosto de 2012 y la denuncia escrita que entregó la esposa de Eloy en el cuartel de la Guardia Civil de Camargo el jueves día 23 de julio del año 2009. 

El día 29 de noviembre de 2013 Eloy falleció". 

3.- El 19 de marzo de 2014, Matilde interpone demanda contra Covadonga (viuda de su padre y legitimaria), su hijo menor (instituido heredero) y contra Leonardo, hermano de su padre, al que este había nombrado albacea y administrador de los bienes que correspondieran al hijo en la herencia. 

La demandante solicita la declaración de nulidad de la cláusula de desheredación y la nulidad de las atribuciones a la esposa e hijo en cuanto perjudiquen su legítima. Razona, en síntesis: i) que tras el divorcio de sus padres, la relación y los contactos con su padre se fueron distanciando, hasta el punto de que se acordó la suspensión de las visitas de su padre por considerar que no eran beneficiosas para la demandante cuando era menor, pero que en los últimos años se reconciliaron, manteniendo contacto personal y telefónico, y que el padre dejó constancia de tal reconciliación en la carta escrita de 16 de agosto de 2012, de la que entregó copia a dos de sus hermanos, a su exmujer (madre de la demandante) y a su mujer; ii) que mantuvieron contacto hasta el fallecimiento de su padre, lo que justifica mediante el intercambio de whatsapp de contenido familiar e intercambio de fotos; iii) que el testador no ha concretado la causa de la desheredación en el testamento y se ha limitado a remitirse lacónicamente a los arts. 848 y ss. CC; iv) que ella no recibió el burofax a que se hace referencia en el testamento y que, a la vista de lo que se refiere que contenía, no puede estimarse suficiente para apreciar causa de desheredación; v) y que la denuncia de agresión del año 2009 que se adjunta al testamento fue archivada. 

En su contestación, los demandados alegan: i) que no hubo reconciliación; aluden a estos efectos a la referencia de facebook de 17 de septiembre de 2012 en la que, aunque no lo menciona expresamente, es evidente que la demandante se refiere a su progenitor en términos de gran dureza; también que la demandada mantuvo siempre una absoluta distancia afectiva respecto de su padre, como muestra el que usara en las redes sociales el apellido de su madre o que dijera estar orgullosa de su padre, refiriéndose al marido de su madre; ii) que en una carta de 22 de agosto de 2012 que apareció entre las cosas del testador, ya anunciaba su deseo de desheredar a la hija por no haber querido saber nada de él desde los nueve años; iii) que, de los términos del testamento y de la denuncia protocolizada junto con el testamento, se deduce de manera inequívoca que la causa en la que se funda el testador es el maltrato de obra , sin que sea necesaria una condena por tales hechos. 

4.- La sentencia de primera instancia estima sustancialmente la demanda, declara la nulidad de la disposición del testamento del padre por la que desheredaba a su hija, declara que esta es heredera forzosa de su padre y que, en consecuencia, tiene derecho a percibir la legítima estricta que le corresponda en su herencia. 

El juzgado considera que la desheredación es nula por injusta. Tras sentar como primera apreciación el comportamiento contradictorio y vulnerable del causante, tanto en las relaciones afectivas con su hija como en las causas en las que se apoya la voluntad de desheredarla, el juzgado razona: i) la desheredación requiere que exista alguna de las causas tasadas y que se indique por el testador la aplicada (arts. 848 y 849 CC ) y, en el caso, en su testamento abierto el testador no especificó la causa de desheredación y se limitó a adjuntar una carta dirigida a su hija en 2008 y una denuncia sobre malos tratos de fecha anterior (2009) a la reconciliación habida entre padre e hija; ii) a la vista de la carta de 16 de agosto de 2012 aportada por la hija, ha quedado acreditada la reconciliación con el padre, de modo que el maltrato de obra y las injurias imputadas a la hija tendrían que haberse producido a partir de ese día, puesto que la reconciliación priva al ofendido del derecho a desheredar (art. 856 CC); iii) a pesar de que resulta evidente que el padre y la hija habían normalizado sus relaciones, el padre se retrotrae de lo dicho y procede a desheredar a la hija, pero no por los motivos de la denuncia de 2009 que le imputaban a la hija maltrato de obra , sino por razones genéricas que más tenían que ver con la falta de comunicación y entendimiento, razones que no son causa de desheredación sino que, de acuerdo con la sentencia del Tribunal Supremo de 28 de mayo de 1993 , corresponden al campo de la moral, máxime cuando en el presente caso, de haberse producido, no pueden achacarse a la hija, ya que habrían tenido lugar durante su minoría de edad. 

Por lo que se refiere a los efectos de la desheredación injusta, por aplicación del art. 851 del CC, el juzgado declara que procede mantener la validez del testamento y reconocer a la actora el derecho a la legítima que le corresponda en la herencia de su padre. 

5.-La Audiencia Provincial desestima el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y confirma la sentencia recurrida en su integridad. 

La Audiencia basa su decisión en las siguientes razones: i) el fundamento de la estimación de la demanda por la sentencia de primera instancia es la voluntad de reconciliarse con su hija que el causante expresó en la carta de 16 de agosto de 2012; ii) puesto que la única causa de desheredación sería el posible maltrato de obra sufrido por el causante el 21 de julio de 2009, tal hecho, que ni siquiera está probado, debería considerarse perdonado por el causante, pues en otro caso no se entiende la voluntad de reconciliación expresada en carta de 16 de agosto de 2012, ni que el causante hubiera omitido cualquier alusión a ese hecho en la carta de 22 de agosto de 2012; iii) porque si «la reconciliación posterior del ofensor y del ofendido priva a éste del derecho de desheredar» (art. 856 CC), del precepto se deduce que el perdón del hecho que constituye la causa de desheredación impide posteriormente desheredar sobre la base de ese mismo hecho; iv) porque siendo normal y muy conveniente desde el punto de vista familiar y social el perdón entre parientes próximos, no se admite que su eficacia se haga depender de elementos formales (como sería la concreta enumeración de todos los agravios sufridos anteriormente); v) no está acreditado el maltrato de obra denunciado el día 21 de julio de 2009, con base en la declaración que en juicio prestó una testigo presencial, cuñada del causante; la ofensa, de haberse producido, estaría perdonada; vi) la alegación en el recurso de apelación de que el causante sufrió daño psicológico por los mensajes colgados por la actora en las redes sociales en las que se refiere a su padre con expresiones que reflejan dureza no se hizo valer en la contestación a la demanda, en la que los documentos en los que se aportaban esos mensajes se unieron para demostrar que existía una separación afectiva entre padre e hija incompatible con cualquier clase de reconciliación; vii) que, en cualquier caso, tampoco serían relevantes para constituir causa de desheredación, pues la demandante se limitaba a emitir opiniones sobre su padre, aunque fueran duras. 

B) No existe infracción, en concepto de inaplicación, del art. 853.2.ª CC y de la doctrina jurisprudencial que lo interpreta, conforme a la cual, debe integrarse dentro del citado precepto el maltrato psíquico como causa de desheredación. 

En el diseño legal actualmente vigente la legítima es configurada como un derecho del que solo puede privarse al legitimario de manera excepcional cuando concurra causa de desheredación: el testador debe expresar la causa, y al legitimario le basta negar su veracidad para que se desplace la carga de la prueba al heredero (art. 851 CC). 

La sentencia recurrida rechazó la invocación del maltrato psicológico como causa de desheredación, en primer lugar, porque en el escrito de contestación a la demanda no se afirmó que los documentos aportados, y consistentes en las manifestaciones y publicaciones de la hija en las redes sociales, fueran expresión de maltrato o injuria, sino que simplemente se unieron para demostrar que existía una absoluta separación afectiva entre padre e hija, incompatible con cualquier reconciliación. 

Bastaría este razonamiento de la sentencia recurrida para desestimar este motivo, porque no sería posible revisar en el recurso de casación la falta de apreciación del maltrato psicológico como causa de desheredación si no fue invocada como tal en la contestación a la demanda, puesto que son los escritos rectores de las partes, demanda y contestación a la demanda, los que establecen los términos en los que queda fijado el debate. 

La propia sentencia recurrida, sin embargo, en aras de agotar la respuesta a las cuestiones planteadas en el recurso de apelación, rechaza la invocación del maltrato psicológico como causa de desheredación con un segundo argumento. En particular, dice la sentencia que los documentos aportados en la contestación a la demanda (y de los que resultaría que la demandante utilizaba en las redes sociales el apellido materno, que se refirió al actual marido de la madre como su padre y, sobre todo, que expresó con dureza opiniones sobre el causante) no serían, ni siquiera el ahora mencionado en último lugar, relevantes para constituir causa de desheredación. 

Aunque entendiéramos que la invocación del maltrato psicológico no es una cuestión nueva y que existió debate entre las partes, si atendemos a los hechos declarados probados en la instancia, el razonamiento de la sentencia recurrida no infringe el art. 853.2.ª CC ni la doctrina de esta sala sobre el maltrato psicológico como causa de desheredación. 

Las sentencias de la Sala de lo Civil del TS nº 258/2014, de 3 de junio, y nº 59/2015, de 30 de enero, mediante una inclusión interpretativa, han insertado el maltrato psicológico reiterado dentro de la causa de desheredación de maltrato de obra del art. 853.2.º CC, al entender que es una acción que puede lesionar la salud mental de la víctima. Sin embargo, en el caso, en atención a las circunstancias concurrentes, ninguno de los hechos referidos por la recurrente son susceptibles de ser valorados como maltrato psicológico. En particular, por lo que se refiere a la dureza de las opiniones sobre el padre vertidas en las redes sociales, en las que insiste la demandada en su recurso de casación, se trata de un hecho puntual que no integra un maltrato reiterado y su eficacia como causa desheredatoria queda desvirtuada por las alegaciones de la demandante relativa al posterior intercambio de mensajes familiares con su padre y por el hecho de que el causante, que se suicidó al día siguiente de otorgar testamento, no hizo mención alguna a esta causa de desheredación en su testamento, sino, de forma genérica, a la ausencia de falta de comunicación. 

Por ello, y con la finalidad de agotar la respuesta a las cuestiones planteadas por la demandada recurrente, si atendemos a la falta de relación familiar afectiva, con independencia de que la sentencia considera acreditada la reconciliación, lo cierto es que solo una falta de relación continuada e imputable al desheredado podría ser valorada como causante de unos daños psicológicos. Tal circunstancia no puede apreciarse en el caso si se tiene en cuenta que esa falta de relación se inició cuando la demandante tenía nueve años, y que incluso se acordó judicialmente la suspensión de visitas entre el padre y la hija por ser contrarias a su interés, dada la relación conflictiva ente la menor y el padre y, sobre todo, entre la menor y la pareja del padre. Evidentemente, el origen de esa falta de relación familiar no puede imputarse a la hija, dado que se trataba de una niña. 

C) No existe infracción, en concepto de aplicación indebida, del art. 856 en relación con el art. 757 CC, por cuanto la sentencia recurrida justifica la nulidad de la cláusula de desheredación en el perdón otorgado por el causante. 

En el desarrollo del motivo la recurrente razona que la carta de fecha 16 de agosto de 2012 remitida por el padre a la hija y en la que el padre le ofrece el perdón no implica reconciliación, que no se produjo por la contumacia de la hija, lo que explicaría que en el testamento abierto otorgado por el padre el 28 de noviembre de 2013 se incorporaran dos documentos que han de entenderse justificativos de la decisión de desheredar. Añade que el art. 856 CC no menciona el perdón, que es unilateral, sino solo la reconciliación, que es bilateral. 

La sentencia recurrida afirma expresamente en los fundamentos de derecho segundo y cuarto que no considera acreditado el maltrato de obra , causa a la que podría reconducirse la desheredación testamentaria a la vista de la incorporación al testamento de la denuncia por agresión del año 2009 y que fue archivada. Bastaría con ello para desestimar el recurso de casación. 

Pero como es verdad que la sentencia se refiere también de forma reiterada al perdón (fundamentos de derecho segundo y tercero) y a la voluntad de reconciliación del causante con su hija (fundamentos de derecho primero y segundo) procede dar respuesta a la cuestión planteada por la parte recurrente. 

En primer lugar, hay que hacer notar que la sentencia recurrida habla del perdón por el padre de las ofensas que hubiera podido hacerle la hija, pero lo hace sin modificar los hechos probados por la sentencia de primera instancia, que considera acreditado que hubo reconciliación. 

En segundo lugar, cabe añadir que, a pesar de que el art. 856 CC solo menciona la reconciliación como causa que impide desheredar o que priva de eficacia a la desheredación ya hecha, ello no podría impedir la eficacia del perdón de la ofensa concreta que, de haber quedado acreditada, lo que no ha sucedido en el caso, fuera causa de desheredación, pues quien puede hacer valer la causa de desheredación también puede remitirla eficazmente.

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miércoles, 22 de septiembre de 2021

Existe una presunción de responsabilidad contra el arrendatario respecto de los desperfectos existentes en el momento de devolver la posesión de la vivienda, debiendo probar que ya existían al iniciar el arriendo o que se han producido, sin culpa suya o por la acción del tiempo, por el uso normal o por causa inevitable.

 

La sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, sec. 4ª, de 30 de junio de 2021, nº 414/2021, rec. 946/2020, declara que existe una presunción de responsabilidad contra el arrendatario, debiendo probar que los desperfectos existentes en el momento de devolver la posesión de la vivienda ya existían al iniciar el arriendo o que se han producido, sin culpa suya o por la acción del tiempo, por el uso normal o por causa inevitable. 

Pero el arrendatario no responde de aquellos menoscabos que deriven del transcurso del tiempo y del normal uso de la finca según el destino u objeto pactado, de causa inevitable, u ocasionados sin culpa. 

Por lo que al terminar un contrato de arrendamiento de vivienda, la limpieza y la pintura son partidas a cargo del propietario que pretende alquilar de nuevo el inmueble, si bien, se exceptúan aquellos casos especiales de abandono y suciedad. 

A) El artículo 1561 del Código Civil establece que: 

"El arrendatario debe devolver la finca, al concluir el arriendo, tal como la recibió, salvo lo que hubiese perecido o se hubiera menoscabado por el tiempo o por causa inevitable". 

El artículo 1562 del Código Civil: 

"A falta de expresión del estado de la finca al tiempo de arrendarla, la ley presume que el arrendatario la recibió en buen estado, salvo prueba en contrario". 

El artículo 1563 del Código Civil: 

"El arrendatario es responsable del deterioro o pérdida que tuviere la cosa arrendada, a no ser que pruebe haberse ocasionado sin culpa suya". 

El artículo 1564 del Código Civil: 

“El arrendatario es responsable del deterioro causado por las personas de su casa”. 

Por lo tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.563 del Código Civil, existe una presunción de responsabilidad contra el arrendatario, debiendo probar, si quiere quedar exonerado, que los deterioros que presenta la cosa se han producido, sin culpa suya o por la acción del tiempo, por el uso normal o por causa inevitable. 

Ahora bien, la presunción, que determina la inversión de la carga probatoria, sólo afecta a la culpa, pero la realidad de los daños o desperfectos de la cosa arrendada y que los mismos se han ocasionado durante la vigencia del arriendo, esto es, la relación de causalidad, son circunstancias cuya acreditación corresponde al arrendador. 

B) Obligaciones de arrendador y arrendatario. 

1º) El arrendatario tiene una serie de obligaciones derivadas del contrato de arrendamiento de conformidad con la LAU y con el Código Civil. 

En efecto, el arrendatario constituye la fianza para garantizar (garantía real de las obligaciones) el cumplimiento de sus propias obligaciones (artículo 1.555 del CC): responde del cuidado y conservación del inmueble conforme a los artículos 1.555, 1.559 y 1.563 del Código Civil, 21 y 30 de la LAU - indemnización por los daños y menoscabos en la finca-, de la restitución de la posesión -artículos 1.561 y siguientes del Código Civil- y del pago del precio, es decir, del pago de la renta y demás cantidades que asumió o correspondan al arrendatario, artículos 1.255.1 del Código Civil, 17 y 20 de la LAU. 

Asimismo, las partes pueden pactar cualquier tipo de garantía del cumplimiento por el arrendatario de sus obligaciones arrendaticias adicional a la fianza en metálico. 

Al finalizar el arriendo, el arrendador dispone de un mes para devolver la fianza o, en su caso, determinar el saldo que proceda ser restituido (previa determinación de las rentas adeudadas y demás obligaciones asumidas por el arrendatario que con la fianza se garantizaron, para su compensación con la fianza). 

2º) Al mismo tiempo, correlativa a la obligación del arrendador de entregar la vivienda o local en estado de servir para el uso a que ha sido destinada ( artículos 1.543, 1.545, 1.554.1º y 1.555.2º del Código Civil), es la obligación esencial del arrendatario de restituir al arrendador dicha vivienda o local arrendados al concluir el arriendo, "tal como la recibió", salvo lo que hubiere perecido o se hubiere menoscabado por el tiempo o por causa inevitable (artículo 1.561, completado con los artículos 1.562, 1.563 y 1.564 del Código Civil), hallándose el arrendador protegido por la doble presunción iuris tantum de (1) recepción por el arrendatario en buen estado y de (2) culpabilidad del arrendatario por el deterioro (Sentencias del TS de 13.6.1998 y 20.11.1999). 

Así, el arrendatario es responsable del deterioro o pérdida que tenga la vivienda arrendada -a no ser que pruebe que se ocasionó sin culpa suya ( artículo1.563 del CC)-, y del deterioro causado por las personas de su casa (artículo1.564 del CC). Llegado el momento de la extinción del contrato, el arrendatario debe devolver la vivienda como la recibió, salvo lo que hubiese perecido o se hubiese menoscabado por el tiempo o por causa inevitable (artículo 1.561 del CC). 

El artículo 1.562 del Código Civil  establece la presunción de que el arrendatario recibe la finca en buen estado, salvo prueba en contrario, y el artículo 1.563 del Código Civil hace responsable al arrendatario del deterioro o pérdida que tuviera la cosa arrendada, a no ser que pruebe haberse ocasionado sin culpa suya. 

Por lo tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.563 del Código Civil, existe una presunción de responsabilidad contra el arrendatario, debiendo probar, si quiere quedar exonerado, que los deterioros que presenta la cosa se han producido, sin culpa suya o por la acción del tiempo, por el uso normal o por causa inevitable. 

En consecuencia, el arrendatario no responde de aquellos menoscabos que deriven del transcurso del tiempo y del normal uso de la finca según el destino u objeto pactado, de causa inevitable, u ocasionados sin culpa. 

Ahora bien, la presunción, que determina la inversión de la carga probatoria, sólo afecta a la culpa, pero la realidad de los daños o desperfectos de la cosa arrendada y que los mismos se han ocasionado durante la vigencia del arriendo, esto es, la relación de causalidad, son circunstancias cuya acreditación corresponde al arrendador. 

Por otra parte, cabe precisar que "recibir en buen estado" no significa recibir "nueva" sino en condiciones de habitabilidad o disfrute conforme a su destino propio (artículo 1.562 del CC). 

Por ello venimos señalando que ello impone un examen comparativo entre dos estados y momentos: el estado de la vivienda con sus accesorios en el momento de la entrega del arrendador y el estado que presentan en el momento de la devolución. 

Y finalmente, con carácter general, venimos considerando que la limpieza y la pintura son partidas a cargo del propietario que pretende alquilar de nuevo el inmueble, si bien, se exceptúan aquellos casos especiales de abandono y suciedad. 

C) Aplicación de la doctrina expuesta al presente caso. 

Como hemos dicho, únicamente pueden imputarse al arrendatario aquellos desperfectos cuya reparación le corresponda de conformidad con la Ley de Arrendamientos Urbanos y el Código Civil: pequeñas reparaciones y aquellas derivadas de un mal uso. 

Con carácter general, no pueden imputarse al arrendatario cuestiones como la necesidad de pintar el piso o su limpieza, salvo que dichas obligaciones estén expresamente previstas en el contrato de arrendamiento o se trate de supuestos especiales de abandono y suciedad. 

Pero, paralelamente, existe una presunción de responsabilidad contra el arrendatario, debiendo probar que los desperfectos existentes en el momento de devolver la posesión de la vivienda ya existían al iniciar el arriendo o que se han producido, sin culpa suya o por la acción del tiempo, por el uso normal o por causa inevitable. 

En la cláusula tercera del contrato de arrendamiento de 12 de septiembre de 2014 se indica que: "la arrendataria declara conocer las características y estado de conservación de la vivienda y aceptarlas expresamente, obligándose a conservarla y devolverla en correcto estado de conservación. Asimismo, se hace constar expresamente que la finca tiene un anexo destinado a piscina en perfecto estado de uso".

La cláusula 12 del contrato, señala, en su apartado e): 

"La vivienda se entrega tal y como se observa, amueblado y equipado, en las (nº de) fotos que como documento anexo se adjunta. Si bien cualquier mueble o enser que el arrendatario desee retirar será necesario el consentimiento escrito de la propiedad. A excepción de los propios y necesarios de la vivienda como los muebles de cocina y baño que son fijos e inamovibles. La arrendataria se hace directa y exclusivamente responsable de su uso y desperfectos". 

El apartado i) de la misma cláusula 12ª dispone: "a abonar el coste de las pequeñas reparaciones que exija el desgaste por el uso ordinario de la vivienda y dar conocimiento al arrendador, en el plazo más breve posible, la necesidad de llevar a cabo las reparaciones necesarias para conservar la vivienda en las condiciones de habitabilidad". 

Y la cláusula 13ª refiere: "la arrendataria hace entrega en este acto de la cantidad de 800 euros con arreglo al artículo 36.1 de la LEU 29/1994 en concepto de fianza legal. Tal fianza le será devuelta a la arrendataria el día en que ésta abandone ésta abandone la casa siempre y cuando, se halle en igual estado de conservación en que se entregó, al corriente de pago de todas sus obligaciones dimanantes del presente contrato, incluidos los servicios y suministros y de baja del padrón municipal". 

De las cláusulas transcritas, se desprende que el inmueble se entregó en correcto estado de conservación, tanto en el interior como en el exterior, jardín y piscina. 

D) Nueva valoración de la prueba. Existencia de daños. 

La testigo doña Adoración, hija de la demandante, explicó con detalle en el acto del juicio, el estado interior y exterior en el que se recuperó el inmueble arrendado. 

De las propias fotografías aportadas por el perito de la parte demandada don Arcadio, se desprende el estado de deterioro de la piscina y del jardín en el momento de devolver la posesión de este inmueble. Hay que destacar, en primer término, que el perito de la demandada no visitó en ningún momento la vivienda arrendada sino que confeccionó su dictamen en base a las fotografías facilitadas por el arrendatario, por lo que deben ponerse en entredicho sus conclusiones, alcanzadas en base a fotografías tomadas por la propia parte que lo propone. 

El perito de la actora don Balbino visitó la vivienda arrendada a requerimiento de la garantía jurídica de la póliza contratada por la demandante con la compañía aseguradora ARAG, el día 22 de junio de 2017; verificó el estado interior y exterior del inmueble; afirmó que el estado general del inmueble no presentaba un buen estado de salubridad, había una gran cantidad de cosas acumuladas en el inmueble, suciedad y residuos, existiendo daños en la cocina y en el baño; en cuanto al exterior aseguró que, tanto la piscina como el jardín, se hallaban en un estado total de dejadez y falta de mantenimiento de años de duración. 

Ante dos dictámenes contradictorios, el órgano judicial debe discernir cuál considera más certero y convincente, poniendo en relación esas pericias con otros medios de prueba practicados en el pleito, como los interrogatorios de las partes, documentos y declaraciones testificales, para así elegir el que resulte más convincente y objetivo, teniendo en cuenta los medios e instrumentos empleados y los datos en que se sustentaron, y la competencia y formación profesional o cualificación de los técnicos. 

En el supuesto analizado, teniendo en cuenta el momento de emisión de los dictámenes, esto es, que el perito propuesto por la parte actora pudo verificar el estado de la finca el día 22 de junio de 2017, seis días después de la entrega de las llaves, mientras que el perito propuesto por la parte demandada basa su dictamen en las fotografías y la documentación que se le ha facilitado, la absoluta falta de soporte probatorio de sus conclusiones, nos lleva a considerar más adecuado el informe pericial emitido por el perito de la parte demandante a tenor del cual en el momento de la devolución de la posesión, el inmueble presentaba daños en cocina y baño, un especial estado de suciedad y acumulación de objetos y basura en el interior y una absoluta falta de mantenimiento del jardín y de la piscina. 

Respecto de la cuantificación económica, el perito don Balbino, valora la limpieza general de la piscina, incluyendo reparación de zonas afectadas, sustitución de filtro, válvula selectora y llaves en estado deficitario, incluyendo vaciado y llenado, en la suma de 1.490 euros, y acondicionar la zona ajardinada a su estado original previo al arrendamiento del inmueble, extrayendo arbolado en mal estado, en la cifra de 1.530,18 euros. 

Valora el coste de la retirada de basura y limpieza del inmueble, incluyendo el alquiler de un contenedor de 5 m3, en la suma de 865 euros. 

Tasa el desmontaje, reparación y montaje posterior de dos puertas del mobiliario del baño en la cuantía de 90 euros. 

Y finalmente, la reparación del mobiliario de la cocina, sustituyendo elementos afectados tiene un coste, según el perito, de 120 euros. 

Las partidas anteriores ascienden a 4.095,18 euros. 

E) Facturas de suministros. 

La entrega de las llaves y devolución de la posesión de la vivienda tuvo lugar el día 16 de junio de 2017. 

La parte demandante aporta con su demanda las siguientes facturas de suministros agua: 

Factura de agua, de fecha 31 de marzo de 2017: 41,66 euros. 

Factura de agua, de fecha 30 de junio de 2017 (producida la lectura el día 26 de junio): 41,42 euros. 

A pesar que el titular del suministro de agua sea el esposo de la demandante, don Jose Ángel, como reconoció la testigo doña Adoración (hija de los Sres. Jose Ángel y Irene) en la declaración prestada en el acto del juicio, las facturas aportadas corresponden, a tenor de la dirección de suministro que figura en las mismas, a la vivienda sita en la CALLE000 número NUM000, de CALDES DE MONTBUI, por lo que la arrendadora DOÑA Irene está legitimada para reclamar las facturas de suministro de agua abonadas y que corresponden al periodo del contrato de arrendamiento. 

Asimismo, la propiedad acompaña con su demanda las siguientes facturas correspondientes al suministro eléctrico: 

Factura de luz de fecha 8 de marzo de 2017: 157,47 euros. 

Factura de luz de fecha 11 de abril de 2017: 92,59 euros. 

Factura de luz de fecha 5 de mayo de 2017: 79,98 euros. 

Factura de luz de fecha 7 de junio de 2017: 47,18 euros. 

Las facturas de electricidad van a nombre de DOÑA Irene y corresponden a la vivienda sita en la CALLE000 número NUM000, de CALDES DE MONTBUI. 

En el acto del juicio, la testigo doña Adoración afirmó que en el juicio de desahucio se reclamaron las rentas pendientes y que sus padres abonaron todas las facturas de suministros para que no cortaran la luz y el agua. 

En consecuencia, recuperada la posesión de la vivienda el día 16 de junio de 2017, los consumos de agua y de luz correspondientes al periodo de vigencia del contrato de arrendamiento, corren a cargo del arrendatario; no se puede justificar la no condena al pago de dichas facturas con el argumento de que probablemente fueran abonadas en el procedimiento de ejecución de títulos judiciales 1.669/2017 que siguió al desahucio por falta de pago de la renta, pues la prueba del pago corresponde en todo caso a la parte demandada y no se ha acreditado que dichos suministros fueran satisfechos en el juicio de desahucio o en ejecución de la sentencia dictada en dicho procedimiento. 

En cuanto a la factura de agua de 30 de junio de 2017, efectuada la lectura el día 26 de junio, y entregadas las llaves de la vivienda el día 16 de junio, debe aplicarse la mitad del importe de dicha factura, lo que supone la suma de 20,71 euros. 

Lo anterior hace un total por consumos de agua y de electricidad pendientes de 439,71 euros. 

F) CANTIDAD ADEUDADA. 

La cifra global por desperfectos y suministros impagados asciende a 4.534,89 euros, de la que hay que deducir la suma de 800 correspondiente a la fianza, resultando una suma a pagar, por el demandado a la actora, de 3.734,89 euros. 

Por todo lo expuesto, debemos estimar en parte el recurso y revocar la sentencia del Juzgado de primera instancia en el sentido de estimar en parte la demanda y condenar al demandado a pagar a la actora la suma de 3.734,89 euros, más los intereses legales de dicha cantidad desde la fecha de la interpelación judicial.

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Delito de lesiones por imprudencia grave al atropellar a un peatón en un paso de peatones por omisión de las cautelas más elementales.

 

La sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de nº 279/2021, de 27 de mayo de 2021, declara que para conceptuar una imprudencia como grave (la antigua imprudencia temeraria) ha de existir una conducta que omita la adopción de las cautelas más elementales. 

En el caso de autos el atropello se produce en un paso de peatones, debidamente señalizado, en calle con cuatro carriles de circulación, dos en cada sentido, en la que la víctima cruzaba de izquierda a derecha en el sentido de marcha del acusado, habiendo atravesado ella ya dos carriles. 

La sentencia confirma la condena por un delito de lesiones por imprudencia grave, con la concurrencia de la atenuante simple de dilaciones indebidas, a la multa de seis meses con una cuota diaria de 6 euros, con la responsabilidad personal subsidiaria, en caso de impago, de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas, y a la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo de un año. 

En concepto de responsabilidad civil, el condenado y la aseguradora MAPFRE indemnizarán conjunta y solidariamente a doña Raquel en la cantidad de 28.162,54 euros (11.656,68 euros por pérdida temporal de vida, 11.759, 41 euros por secuelas, 2.745,64 por perjuicio estético, 1.507,51 por perjuicio moral y 463,3 por gastos sanitarios y farmacéuticos). 

Todo ello con los intereses legales correspondientes del artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y para la aseguradora los previstos en el artículo 20 de la LCS para la aseguradora. 

El artículo 152.1 del Código Penal establece que: 

“El que por imprudencia grave causare alguna de las lesiones previstas en los artículos anteriores será castigado, en atención al riesgo creado y el resultado producido:

1.° Con la pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a dieciocho meses, si se tratare de las lesiones del apartado 1 del artículo 147.

2.° Con la pena de prisión de uno a tres años, si se tratare de las lesiones del artículo 149.

3.° Con la pena de prisión de seis meses a dos años, si se tratare de las lesiones del artículo 150.

Si los hechos se hubieran cometido utilizando un vehículo a motor o un ciclomotor, se impondrá asimismo la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de uno a cuatro años. A los efectos de este apartado, se reputará en todo caso como imprudencia grave la conducción en la que la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el artículo 379 determinara la producción del hecho.

Si las lesiones se hubieran causado utilizando un arma de fuego, se impondrá también la pena de privación del derecho al porte o tenencia de armas por tiempo de uno a cuatro años.

Si las lesiones hubieran sido cometidas por imprudencia profesional, se impondrá además la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio o cargo por un período de seis meses a cuatro años”.

A) El relato de Hechos Probados de la Sentencia apelada dice así:

"Resulta probado y así se declara que sobre las 9:05 horas del día 29 de enero de 2018 Abel conducía el vehículo de su propiedad asegurado en la compañía Mapfre Familiar por la calle Luis Buñuel de Madrid (calzada de cuatro carriles, dos para cada sentido de la circulación separados por doble línea continua). El acusado no se apercibió de que por el paso de peatones debidamente señalizado cruzaba en ese momento de izquierda a derecha doña Raquel quien había atravesado ya los dos carriles de la calzada del sentido contrario de circulación al del acusado; cuando la Sra. Raquel se hallaba en la mitad del carril por el que circulaba el acusado (el izquierdo de su vía) fue atropellada por éste, lo que provocó que la Sra. Raquel de 77 años, cayera al suelo y sufriera una fractura de pelvis y del troquiter del humero derecho y una herida contusa en la zona frontal precisando tratamiento médico consistente en inmovilidad, analgésicos, antiinflamatorios y tratamiento rehabilitador estando hospitalizada dos días.  

El atropellado presentó secuelas consistentes en defecto estético ligero por puntos de sutura de herida contusa en zona frontal, limitación de la flexión dorsal del hombro derecho (7 puntos) y limitación de la abducción en el hombro derecho (7 puntos). La Sr. Raquel a consecuencia de los hechos efectuó gastos sanitarios y farmacéuticos por importe de 493,3 euros (invertidos en la compra de empapadores, un andador, un cabestrillo y una silla de ruedas). Igualmente sufrió un perjuicio moral leve por pérdida de calidad de vida. 

En el momento del atropello el sol afectaba al conductor acusado desde el frente y a su derecha. 

El acusado se sometió voluntariamente a las pruebas de detección de sustancias prohibidas para la conducción, no estando conforme con el resultado del test de saliva que dio positivo en cocaína y cannabis, solicitó prueba de contraste mediante analítica de sangre que arrojó un resultado de 31,28 ng/ml de cannabis. No resulta acreditado que la ingesta previa de cannabis mermase las facultades del acusado para la conducción". 

B) Se alega aplicación indebida del artículo 152.1.1º del Código Penal. 

Argumenta que el accidente no se produjo por la distracción del conductor sino por la incidencia directa del sol sobre sus ojos y el consecuente deslumbramiento. Viene a afirmar que la imprudencia del acusado no fue grave, sino, a lo sumo, menos grave. 

El Código Penal de 1995, como decía la Sentencia del Tribunal Supremo de 9-6-99 "ha introducido una modificación radical en la regulación legal de los delitos cometidos por imprudencia, saliendo de la previa regulación legal que, bajo el manto general de la imprudencia, permitía cobijar toda clase de resultados como constitutivos de un solo delito, y, sin duda, ha cedido a la persistente y generalizada crítica doctrinal de tal situación. Ahora, solo si la comisión imprudente de un delito está expresamente recogida en el texto del Código cabe la condena de tal conducta (artículo 12 del Código Penal) con lo que evidentemente se excluye la sanción de cualquier conducta imprudente que no esté recogida como punible expresamente en el texto legal. Pero entre otros problemas de interpretación de la norma que el delito imprudente suscita, aparece el de interpretar la diferente calificación ahora adoptada de la imprudencia en grave y leve y su posible relación comparativa con las anteriores imprudencias, temeraria y simple". 

Para conceptuar una imprudencia como grave ha de existir una conducta que omita la adopción de las cautelas más elementales, habiendo de evaluarse el grado de omisión de deberes objetivos de cuidado, exigible por normas sociales establecidas para la protección de los bienes, generalmente estimados como valiosos y dignos de protección y a que, además de esa conformidad objetiva, haya de tenerse en cuenta, en cada caso concreto, si la exigencia general es aplicable al individuo que se juzga, atendiendo a sus circunstancias intelectuales y al ámbito de sus conocimientos generales, según su grado de información cultural, o de aquellos especiales alcanzados tras una especial preparación, nos sigue diciendo la Sentencia antes citada. 

Asimismo la STS de 12-7-99 destaca, en relación a la imprudencia grave, "equivalente a la imprudencia temeraria del derogado CP", comprende tanto la imprudencia grave en los supuestos de culpa consciente como en la culpa inconsciente, porque "se refiere a las más graves infracciones de las normas de cuidado, lo que no implica necesariamente una representación mental de tal infracción por parte del sujeto", aludiendo el precepto a la infracción del deber objetivo de cuidado, no a la infracción de reglamentos para fijar criterios legales de imprudencia " porque las previsiones reglamentarias no se corresponden "per se" con las normas de cuidado. La valoración de la gravedad legal de la imprudencia no puede quedar vinculada a criterios reglamentarios ni a exigencias más o menos formales "..." Siempre existió (sigue diciendo la citada Sentencia) un elemento común como configurar de la más grave de las imprudencias, en los casos en que se faltaba a las más elementales normas de precaución y cautela, conjugando el deber objetivo de cautela la permisibilidad y la participación mental del sujeto", permisibilidad que exige "que la acción por su propia peligrosidad pueda producir ese resultado y que ello sea previsible por un ciudadano medio situado en las mismas condiciones y circunstancias que el autor del hecho " (STS de 30-4-97). 

Como recuerda la STS 22-2-2002, la gravedad de la imprudencia se determina, desde una perspectiva objetiva o externa, con arreglo a la magnitud de la omisión del deber objetivo de cuidado o de diligencia en que incurre el autor, magnitud que se encuentra directamente vinculada al grado de riesgo no permitido que engendra esa omisión con respecto al bien que tutela la norma penal. El nivel de permisión de riesgo se encuentra determinado, a su vez, por el grado de utilidad social de la conducta desarrollada por el autor (a mayor utilidad social mayores niveles de permisión de riesgo). Por último, ha de computarse también la importancia o el valor del bien jurídico amenazado por la conducta imprudente: cuanto mayor valor tenga el bien jurídico amenazado menor será el nivel de riesgo permitido y mayores las exigencias del deber de cuidado. 

De otra parte, y desde una perspectiva subjetiva o interna (relativa al deber subjetivo de cuidado), la gravedad de la imprudencia se dilucidará por el grado de previsibilidad o de cognoscibilidad de la situación de riesgo, atendiendo para ello a las circunstancias del caso concreto. De forma que cuanto mayor sea la previsibilidad o cognoscibilidad del peligro mayor será el nivel de exigencia del deber subjetivo de cuidado y más grave resultará su vulneración. 

C) VALORACION DE LOS HECHOS: 

En el caso de autos el atropello se produce en un paso de peatones, debidamente señalizado, en calle con cuatro carriles de circulación, dos en cada sentido, en la que la víctima cruzaba de izquierda a derecha en el sentido de marcha del acusado, habiendo atravesado ella ya dos carriles. 

Por otra parte, el deslumbramiento por el sol fue asumido en la sentencia recurrida en base a las declaraciones de los agentes de Policía y las fotografías unidas a los folios 19, 21 y 22. Además, el acusado circulaba a velocidad reducida como se infiere del informe de alta de urgencias de 30-1-18 (folio 65). En el apartado "enfermedad actual" se recoge que la perjudicada fue atropellada por una furgoneta que iba a baja velocidad . 

No compartimos con la juzgadora de instancia la afirmación de que el deslumbramiento desde la derecha al conductor no dificultaba la visión de su izquierda. La experiencia demuestra que el sol cuando deslumbra no lo hace en un solo punto. En ese punto está precisamente el astro rey y no se puede ni mirar. El deslumbramiento abarca una zona más o menos amplia. 

Ciertamente ante esa dificultad extrema de visión alegada, el conductor debió parar y no lo hizo. Se limitó a reducir la velocidad. El resultado producido acredita que no adoptó una medida de precaución suficiente. La cuestión es si esa imprudencia fue grave o, al reducir de velocidad el apelante, quedó en menos grave. 

Lo decimos porque es necesario recordar que el accidente a examen tuvo lugar el 29-1-18, esto es, antes de la reforma operada en el Código Penal por la Ley Orgánica 2/19, que añade a los supuestos punibles, la imprudencia menos grave que cause alguna de las lesiones a que se refiere el artículo 147.1 (como es el caso) y no solo en los artículos 149 y 150 (esto es, "la pérdida o la inutilidad de un órgano o miembro principal, o de un sentido, la impotencia, la esterilidad, una grave deformidad o una grave enfermedad somática o psíquica", o " la pérdida o la inutilidad de un órgano o miembro no principal, o la deformidad "), como era hasta esa reforma.

Rechazamos que estemos ante una imprudencia menos grave. A ningún conductor se le ocurriría recorrer ni un metro con los ojos vendados, esto es, como en el caso analizado, sin ninguna visión. Máxime en las proximidades de un paso de cebra. Paso de cebra que el acusado manifestó conocer al decir que frecuentaba la zona.

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