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domingo, 29 de enero de 2023

Tienen legitimación activa para interponer una demanda por desahucio por precario cualquiera de los herederos en favor de la comunidad contra el heredero que hace uso exclusivo y excluyente de un bien hereditario aunque la herencia esté sin partir.

 

La sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante, sec. 6ª, de 12 de mayo de 2022, nº 122/2022, rec. 575/2021, declara que tienen legitimación activa para interponer una demanda por desahucio por precario cualquiera de los herederos en favor de la comunidad aunque la herencia esté sin partir contra el heredero que hace uso exclusivo y excluyente de un bien hereditario. 

Es reiterada la doctrina jurisprudencial que admite la viabilidad de la acción de desahucio por precario entre coherederos cuando uno de estos en la situación de comunidad hereditaria (herencia sin partir) hace uso exclusivo y excluyente del bien inmueble.

Ya la sentencia del Supremo de 17 de abril de 1958 señalaba que tienen legitimación activa los herederos para desahuciar a favor de la comunidad, y por tanto la posesión real a tenor del artículo 440 del Código Civil por transmisión de la posesión, y contra el coheredero que disfruta exclusivamente.

La falta de adjudicación de la herencia no debe ser obstáculo para el ejercicio de la acción en el procedimiento de desahucio por precario, pues si bien la ocupación de la vivienda pudiera haber estado inicialmente justificada en vida del padre del demandado, a su fallecimiento dejó de estarlo, sin que pueda admitirse que exista consentimiento de las herederas pues resulta patente su oposición desde el momento que interpone el procedimiento de desahucio.

El mero hecho de interponer una demanda de desahucio por precario debe ser considerado como un acto propio que implica aceptación tácita de la herencia, forma de aceptación perfectamente admitida en el art. 999 del Código Civil.

Establece el artículo 999 del Código Civil:

“La aceptación pura y simple puede ser expresa o tácita.

Expresa es la que se hace en documento público o privado.

Tácita es la que se hace por actos que suponen necesariamente la voluntad de aceptar, o que no habría derecho a ejecutar sino con la cualidad de heredero.

Los actos de mera conservación o administración provisional no implican la aceptación de la herencia, si con ellos no se ha tomado el título o la cualidad de heredero”.

A) Antecedentes.

1º) La demanda ejerce exclusivamente la pretensión de que se proceda al desalojo del demandado de la citada vivienda que ocupa en exclusividad y perjuicio de los demás comuneros.

La sentencia de instancia desestima la pretensión de los actores, al entender que carecen los mismos de legitimación para el ejercicio de la acción por no ostentar la condición de poseedores de la finca a tenor de lo dispuesto en el art. 440 de la LEC, en tanto la herencia no ha sido aceptada por los herederos; encontrándose la herencia en situación de indeterminada o yacente.

Frente a la citada resolución se alza en apelación la parte actora, reiterando la condición de herederos de los demandantes, respecto de la madre como legitimarios y herederos forzosos, y respecto del padre como herederos y legatarios testamentarios. Señalando que en el presente caso se ha producido una aceptación tácita de la herencia, por los actos realizados cuales son la propia interposición de esta demanda, cuya misión es desalojar al heredero, así como el pago del IBI de la vivienda en cuestión; gozando de legitimación para interponer la demanda.

2º) Concretados así los términos de la presente alzada, debemos de partir de las alegaciones deducidas por los demandantes en su escrito de demanda, en el que se atribuyen todos ellos la condición de herederos de los causantes, y por tanto miembros de la comunidad hereditaria, que la herencia no está partida y que el demandado también heredero y miembro de dicha comunidad hereditaria ha procedido a ocupar de forma exclusiva el único inmueble de la herencia de los causantes.

Actuando los demandantes en beneficio de los restantes miembros de la comunidad en la medida en que pretendían un turno rotativo en el uso y disfrute de la vivienda que es ocupada en exclusiva por el demandado.

La sentencia estima la excepción de falta de legitimación activa por no ostentar los demandantes la condición de poseedores, en tanto no han aceptado la herencia.

B) Doctrina jurisprudencial.

Señalaba esta Sección en sentencia nº 120/2011 de 17 de marzo, al respecto de la herencia yacente y la aceptación de la herencia que "tras el fallecimiento de una persona automáticamente se abre un período transitorio transmutándose su patrimonio en herencia yaciente que es, como señala la Sentencia de 12 de marzo de 1987 (RJ 1987\1435): "aquel patrimonio relicto mientras se mantiene interinamente sin titular, por lo que carece de personalidad jurídica, aunque, para determinados fines, se le otorga transitoriamente una consideración y tratamientos unitarios, siendo su destino el de ser adquirida por los herederos voluntarios o legales, admitiendo el que, bien por medio de albaceas o administradores testamentarios o judiciales pueda ser demandada y esté habilitada para excepcionar y ahora para recurrir. No es, sin embargo, distinguible y separable de los herederos destinatarios y antes bien debe afirmarse que la entidad a que se hace referencia es la misma hablando de la "herencia yaciente" o de "los herederos" (desconocidos, ignorados, inciertos) de una persona determinada, el demandado fallecido, en el caso". 

Esa situación interina y provisional que supone la herencia yaciente, es decir, la existencia de un patrimonio cuyo titular ha fallecido y aún no se han realizado todas las operaciones necesarias para adjudicarlo a los herederos, no impide que los procesos que se sigan con el fallecido se paralicen, o no puedan iniciarse, porque se permite dirigir las actuaciones contra la herencia yaciente, en la persona de sus herederos, y éstos pueden iniciar los procesos necesarios en defensa de la misma.

Desde el momento que se produce el hecho sucesorio, los coherederos tienen una comunidad hereditaria con derechos indeterminados, de ahí que como señala reiterada jurisprudencia, SSTS de 13-3-52 , 31-1-73 , 14.5.78 , 15-7-82, 6-2-84 (RJ 1984\576), 16-9-85 (RJ 1985\4265), 30-11-89, entre otras, cualesquiera de los comuneros carecerán de legitimación para reivindicar dada la indeterminación de sus derechos, pero puede comparecer en juicio cuando se trate de asuntos que afecten a derechos de la comunidad, así la Sentencia de 15 de junio de 1982 (RJ 1982\3428) declara que: "producida la delación de la herencia, caso de pluralidad de llamados, puede cualquiera de ellos ejercitar en beneficio de la masa común las acciones que correspondan al causante, sin necesidad de poder conferido por los demás sucesores".

La apertura de la herencia tiene lugar por la muerte del causante, sin embargo, como ya se ha señalado, no supone que en ese mismo acto tenga lugar la adquisición, al ser necesario la aceptación del heredero, que es el acto por el cual una persona decide tomar la cualidad de heredero, su función es esencial, ya que salva ese espacio temporal entre la apertura y la aceptación, durante el cual ha existido la herencia yaciente, al disponer el artículo 989 del Código Civil que sus efectos se retrotraen al momento de la muerte del causante. 

La aceptación de la herencia supone un acto voluntario, libre, unilateral y no recepticio, que no puede realizarse en parte o a plazo ni condicionalmente, en este sentido señala la Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de junio de 2000 (RJ 2000\5909) que: 

"En materia de adquisición de herencia, y con relación al régimen sucesorio del Código Civil, resulta incuestionable que rige el denominado sistema romano caracterizado porque no basta la delación hereditaria (apertura, vocación y delación) para ser titular del derecho hereditario, sino que además es preciso que el heredero acepte la herencia, lo que puede efectuarse de forma expresa o bien tácita. Producida la delación, el heredero -el llamado a heredar en concreto-, como titular del "ius delationis", puede aceptar o repudiar la herencia, pero en tanto no acepte, como se ha dicho, no responde de las deudas de la herencia, porque todavía no se produjo la sucesión -no es sucesor, sino sólo llamado a suceder-. Si acepta responderá incluso con sus propios bienes, salvo que la aceptación expresa tenga lugar con arreglo a lo prevenido para disfrutar del beneficio de inventario".

La aceptación puede ser expresa o tácita, en este sentido la citada Sentencia del TS de 27.06.2000 declara que: "El art. 999, párrafo tercero, del Código Civil dice que la aceptación tácita es la que se hace por actos que suponen necesariamente la voluntad de aceptar, o que no habría derecho a ejecutar sino con la cualidad de heredero . Este precepto procede sustancialmente del Derecho Romano (Instituta, libro 2°, tít. XIX, párrafo 7, "de heredum qualitate et differentia", con arreglo al que "obrar como heredero es obrar como dueño, porque los antiguos decían herederos significando dueños"), y de las Partidas (la Ley 11, título VI, Partida Sexta, sobre "en qué manera puede el heredero tomar la heredad", se refiere a que "se puede fazer por fecho: maguer non lo diga paladinamente", y se hace hincapié en la necesidad de la intención de ser heredero ), y ha sido objeto de una profusa jurisprudencia ( Sentencias, entre otras, 21 abril 1881 , 8 julio 1903 , 17 de febrero 1905, 12 febrero 1916, 6 julio 1920, 23 abril de 1928, 13 marzo 1952 [RJ 1952\808], 27 abril [RJ 1955\1554] y 23 mayo 1955 [RJ 1955\1707], 31 diciembre 1956, 8 mayo de 1957, 31 marzo y 4 julio 1959, 16 junio 1961, 21 marzo de 1968, 29 noviembre 1976 (RJ 1976\5155), 14 marzo 1978, 12 de mayo 1981, 20 noviembre 1991, 24 noviembre 1992, 12 julio y 19 octubre 1996, 9 mayo 1997, y 20 enero 1998 [RJ 1998\57]), y doctrina de la Dirección de los Registros (Resoluciones de 25 mayo 1895, 21 mayo 1910, 21 enero 1993, 10 diciembre 1998, y 25 febrero 1999 [RJ 1999\743]). La postura mantenida por la doctrina es unánime en exigir actos claros y precisos que revelen la voluntad inequívoca de aceptar la herencia. Ha de tratarse de hechos que no tengan otra explicación, pues lo que importa es la significación del acto, en cuanto indica la intención de hacer propia la herencia y no de cuidar el interés de otro o eventualmente el propio para después aceptar. Son especialmente diáfanas en tal sentido las Sentencias de 15 junio 1982, 24 noviembre 1992 y 12 julio 1996 (RJ 1996\5887)". En definitiva como señala la Sentencia del TS de 24 de noviembre de 1992 (RJ 1992\9367) se exige: "actos concluyentes que revelen de forma inequívoca la intención de adir la herencia, o sea, aquellos actos que, por sí mismos o mero actuar, indiquen la intención de querer ser o manifestarse como herederos ; de actos que revelen la idea de hacer propia la herencia o, en otro sentido, que el acto revele sin duda alguna que el agente quería aceptar la herencia ( Sentencia de esta Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 15 de junio de 1982 [RJ 1982\3426])". Desde luego de esta consideración de aceptación tácita están excluidos, como expresamente dispone el artículo 999 del Código Civil, aquellos actos de mera conservación o administración provisional, salvo que con ellos se haya tomado el título o la cualidad de heredero .

Respecto de supuestos concretos de aceptación tácita, señala la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de enero de 1998 (RJ 1998\57) que se pueden entender como tal: "la disolución de una sociedad, con asistencia a la Junta General de todos los accionistas; la de 15 de junio de 1982 (RJ 1982\3426), el cobro de créditos hereditarios; la de 20 de noviembre de 1991 (RJ 1991\8415), instar ante servicios oficiales la calificación de ganancial de la finca discutida; la de 24 de noviembre de 1992, la impugnación de la validez del testamento de la causante, en el que excluía al demandante de la herencia; la de 12 de julio de 1996, la dirección del negocio que había sido del causante; la de 10 de octubre de 1996, la aceptación expresa de una herencia en la que, por el ius transmisiones, se contiene la aceptada tácitamente. Sentencias más antiguas hacen también la aplicación del concepto de aceptación tácita a casos concretos: ostentar ante la Administración el título de heredero (sentencia del TS de 18 de junio de 1900 ), venta de bienes hereditarios (sentencia del TS de 6 de junio de 1920), otorgamiento de escritura de apoderamiento (sentencia del TS de 23 de abril de 1928), interponer reclamaciones o demanda ( sentencias del TS de 7 de enero de 1942 y 13 de marzo de 1952 [RJ 1952\808]), hacer gestiones sobre bienes hereditarios ( sentencia del TS de 23 de mayo de 1955), pago con bienes hereditarios de una deuda de la herencia ( sentencia del TS de 16 de junio de 1961), ejercicio de acciones relativas a los bienes relictos ( sentencia del TS de 14 de marzo de 1978)"".

C) Valoración jurídica.

1º) En el presente caso, entendemos que el mero hecho de interponer la presente demanda debe ser considerado como un acto propio que implica aceptación tácita de la herencia, que va más allá de la mera administración o conservación de la misma, pues de su contenido se reclama el uso, disfrute y posesión real de un inmueble perteneciente a la herencia, y por tanto estamos ante una acción relativa a los bienes relictos, por lo que asumen la condición de herederos.

La aceptación de la herencia se produjo de forma tácita, precisamente con la interposición de la demanda que origina el presente litigio, forma de aceptación perfectamente admitida en el art. 999 CC. Según esta disposición la aceptación tácita tiene lugar cuando los herederos realizan actos que suponen necesariamente la voluntad de aceptar o que no habría derecho a ejecutar sino con la cualidad de heredero. Así la reivindicación, o en este caso la acción de recobrar la posesión, de bienes que pertenecen a la masa hereditaria ha sido considerada como un acto que supone dicha aceptación (Sentencias del TS de 12 julio 1996, 20 enero 1998 y las que en ella se citan, STS de 25 enero 2000 y 27 de marzo de 2008).

Por lo que se debe concluir que los demandantes gozan de la condición de poseedores.

2º) Así mismo hemos venido admitiendo la legitimación activa en aquellas demandas en las que la acción posesoria se ejercita entre coposeedores, como ocurre en el presente caso, así en sentencia de esta Sala, nº 287/17, de 22 de noviembre, señalábamos que "los arts. 446 CC y 250 LEC, al regular la tutela del estado posesorio, no distinguen entre poseedores individuales y coposeedores, ni excluyen ningún tipo de despojados o de perturbados en la posesión. Se aduce, además, que si no se admitiera la posibilidad del ejercicio de acciones interdictales entre coposeedores se llegaría a la injusta situación de que el coposeedor despojado o perturbado no podría ejercitar la correspondiente acción interdictal para ser mantenido o restituido en el goce compartido de la cosa, y sin embargo, el coposeedor perturbador o despojante, al no existir el interdicto, consolidaría su perturbación o despojo con el transcurso del tiempo. Admitiéndose así el ejercicio de la acción interdictal entre coposeedores sólo en el supuesto de que la perturbación y el despojo sean de tal naturaleza e intensidad que prive y excluya de la posesión en común al promovente. (STS de 3 de abril de 2003 y, 11 de abril de 2012 y 7 de julio de 2016 ). Como dice la STS de 12 de noviembre de 2009 , resulta posible el ejercicio de las acciones posesorias entre propietarios que sean a la vez coposeedores por no haberse pactado entre los copartícipes ningún tipo de uso exclusivo.

La legitimación activa en esta clase de procesos es amplia y alcanza a todo poseedor, admitiéndose incluso entre coposeedores, cuando uno de ellos es ilícitamente perturbado por otro u otros, pues concurre la misma finalidad de impedir la realización arbitraria del derecho que violenta la adecuada utilización de los restantes comuneros. De forma que es posible el ejercicio de acciones posesorias entre coposeedores siempre que alguno de ellos se haya irrogado con carácter exclusivo la posesión de todo o parte del bien sin autorización de los demás partícipes o de cualquier otro modo haya faltado a lo convenido entre ellos sobre tal extremo ."

3º) Por otra parte, es reiterada la doctrina jurisprudencial que admite la viabilidad de la acción de desahucio por precario entre coherederos cuando uno de estos en la situación de comunidad hereditaria (herencia sin partir) hace uso exclusivo y excluyente del bien inmueble; lo que está directamente en relación con la acción posesoria aquí planteada, cuyo objeto es igualmente el desalojo. Ya la STS de 17 de abril de 1958 señalaba que tienen legitimación activa los herederos para desahuciar a favor de la comunidad, y por tanto la posesión real a tenor del artículo 440 del Código Civil por transmisión de la posesión, y contra el coheredero que disfruta exclusivamente.

Criterio mantenido en STS nº 839 del Pleno de la Sala Primera de 20 de enero de 2014.

Siendo de destacar igualmente la SAP Alicante, sección 5ª de 13 de julio de 2021, que siguiendo el criterio de la misma Sala 1ª del TS contenido en las sentencias del TS de 21 de septiembre y 21 de diciembre de 2005, 16 de junio de 2010y 19 de abril de 2018 y 20 de octubre de 2020, señala que "la doctrina jurisprudencial trata de evitar situaciones injustas a favor de coherederos que, aprovechándose de los largos trámites necesarios para la adjudicación de los bienes, disfrutan ellos solos de parte de la masa de la herencia, privando a los demás del ejercicio de ese derecho. La posesión que un coheredero hace de forma exclusiva de la herencia lo es en el carácter de precario y por mera tolerancia de los demás partícipes, siendo criterio del Tribunal Supremo en su sentencia de 17 de abril de 1958 que tienen legitimación activa los herederos para desahuciar a favor de la comunidad, y por tanto la posesión real a tenor del artículo 440 del Código Civil por transmisión de la posesión, y contra el coheredero que disfruta exclusivamente..., aunque los coherederos no tengan ni el dominio ni la posesión privativa sobre cosas determinadas que corresponden a la comunidad según el artículo 1.068 del Código Civil." Se concluía desestimando la excepción de falta de legitimación activa en aquellos supuestos, ya que "basta con que el actor actúe en interés de la comunidad para que ya disfrute de legitimación activa al objeto de reclamar la posesión del bien indiviso que ocupa abusivamente otro coheredero con exclusión del otro copartícipe."

En el mismo sentido, en el auto de fecha 28 de septiembre de 2005 se razona en un supuesto similar diciendo que "a todo lo dicho no obsta el hecho de que se encuentre pendiente la partición hereditaria, pues mientras esta se alcance la situación jurídica de los bienes que integran la herencia no tiene porqué permanecer inmutable ni los herederos tienen que hacer dejación de lo que puedan entender sean derechos que les correspondan".

Resulta también de aplicación la doctrina sentada por el Tribunal Supremo en sentencia del Pleno de la Sala Primera de 20 de enero de 2014 (nº 839) que reconoce legitimación de la madre, que tiene el usufructo universal de la herencia y es copropietaria del inmueble, para ejercitar el desahucio por precario contra su hijo. Criterio reiterado en el auto del T.S de 15 de julio de 2020.

Asimismo, la Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de marzo de 2021 nos recuerda que, como recoge la sentencia 700/2015, de 9 diciembre , con cita de jurisprudencia de la sala, a efectos del goce y disfrute de la cosa común en caso de comunidad de gananciales disuelta, pero aún no liquidada, se aplican las reglas de la comunidad hereditaria, aplicación que procede también si, entre los bienes a que se refiere la demanda hubiera bienes pertenecientes a la sociedad de gananciales extinguida y no liquidada existente entre el causante y la demandante y la misma doctrina de la sala sobre el desahucio por precario entre los coherederos sería aplicable.

D) Conclusión.

Sobre la base de dichos criterios, ha de desestimarse el recurso dado que la falta de adjudicación de la herencia no debe ser obstáculo para el ejercicio de la acción en el procedimiento de desahucio por precario, pues si bien la ocupación de la vivienda pudiera haber estado inicialmente justificada en vida del padre del demandado, a su fallecimiento dejó de estarlo, sin que pueda admitirse que exista consentimiento de la herederas pues resulta patente su oposición desde el momento que interpone el procedimiento de desahucio.

Sobre la base de lo expuesto, procede concluir que los actores gozan de legitimación activa para el ejercicio de la acción planteada, debiendo ser estimado el recurso de apelación planteado por los mismos, revocando la sentencia dictada.

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sábado, 28 de enero de 2023

En los juicios de desahucio por precario entre coherederos debe presumirse que el comunero actúa en beneficio de la comunidad y no uti singulis , aunque no lo haga constar de una manera expresa.

 

“En los juicios de desahucio por precario debe presumirse que el comunero actúa en beneficio de la comunidad y no uti singulis , aunque no lo haga constar de una manera expresa" (Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo nº 606/1971, 10.12; también STS nº 126/1955, 26.3). "Habiendo hecho constar en la demanda su carácter de copropietario, como lo hizo el actor, el interés de la comunidad ha de presumirse lógicamente" (STS 1ª 332/1963, 4.4). "Es evidente que la actora no pide para sí sola, sino para la comunidad, según resulta de todo el contexto de la demanda y más concretamente de la súplica, pues el desahucio que en ella solicita tiene que ser forzosamente, de no expresarse nada en contrario, para que se reintegre la tenencia material y goce de la propiedad al conjunto de propietarios" (STS 1ª 140/1952, 18.4). 

"No se da la falta de legitimación en el actor cuando, aunque no se haya hecho constar en la demanda, de una manera expresa, que se actúa en nombre de la comunidad y en interés de la misma, se trata de una pretensión que de prosperar redundará en provecho de la comunidad" (STS 1ª 691/2020 y juris. cit.).

Sobre la actuación de la demandante en beneficio de la comunidad hereditaria , en realidad, la estimación de la acción, en los términos en que ha sido planteada, supone per se un beneficio para la comunidad hereditaria.

En efecto, ocupada la Finca por un hermano "directamente su posesión en exclusiva o excluyente del bien hereditario comporta una extralimitación de su derecho de coposesión carente, por tanto, de una necesaria cobertura formal de derecho; con lo que se viene a subrayar, en realidad, la naturaleza de perjuicio o daño injustificado que produce dicha posesión para el resto de los coherederos que forman la comunidad hereditaria" (STS 1ª 501/2013, 29.7).

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Solo deben incluirse en la indemnización por las lesiones derivadas de un accidente de tráfico los gastos de farmacia compatibles con el tratamiento para la curación y sanación de las lesiones que se hayan devengado durante el tiempo reconocido de padecimiento de las lesiones.

 

La sentencia de la Audiencia Provincial de Valladolid, sec. 1ª, de 28 de mayo de 2020, nº 179/2020, rec. 423/2019, declara que solo deben incluirse en la indemnización por las lesiones derivadas de un accidente de tráfico los gastos de farmacia compatibles con el tratamiento para la curación y sanación de las lesiones y haberse devengado durante el tiempo reconocido de padecimiento de las lesiones.

El Tribunal resuelve respecto de los gastos de farmacia, empleada de hogar, traslados, taxi, gasolina y ORA que se reclaman por un total importe de 5.517,83 euros, de los que tan solo los gastos de farmacia por importe de 357,52 euros deben ser estimados al corresponderse con gastos compatibles con el tratamiento para la curación y sanación de las lesiones y haberse devengado durante el tiempo reconocido de padecimiento de las lesiones.

La Audiencia Provincial comparte el criterio de la Juez de Instancia para rechazar la indemnización por gastos de empleada de hogar, cuyos argumentos hacemos nuestros y damos por reproducidos al objeto de evitar innecesarias repeticiones, y en cuanto al resto de gastos (traslados gasolina ORA, taxis), por cuanto ni tan siquiera acredita el actor cumplidamente que se correspondan con gastos que resulten ser consecuencia necesaria e inherente al accidente.

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No existe despido improcedente en un contrato de interinidad para la sustitución de un trabajador fijo por el hecho de que la trabajadora estuviera trabajando uno o varios días posteriores al cese de dicho trabajador sustituido.

 

La sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sec. 3ª, de 19 de diciembre de 2022, nº 1090/2022, rec. 999/2022, declara que no existe despido improcedente en un contrato de interinidad para la sustitución de un trabajador fijo por el hecho de que la trabajadora estuviera trabajando un día más posterior al cese de dicho trabajador sustituido.

No nos encontramos ante fraude de ley alguno que pueda dar lugar a la conversión del contrato en indefinido, sino que el cese del sustituido y el de la actora fueron prácticamente simultáneos, sin que una pequeña demora en el de ésta pueda considerarse significativa.

Ello es una cuestión menor que no transforma el contrato en fraudulento cuando reúne todos los requisitos legalmente exigidos, y por ello no cabe considerar que la extinción del contrato de la demandante es un despido improcedente porque el trabajador al que sustituía cesó en su puesto de trabajo siete días antes de la fecha de extinción del contrato de trabajo del trabajador fijo al que sustituía.  

No puede apreciarse la existencia de fraude de ley, por el simple hecho de que el trabajador interino hubiere seguido trabajando durante un solo día laborable tras la terminación de la causa que daba derecho a la reserva del puesto de trabajo del sustituido, cuando ni tan siquiera se produce su efectiva reincorporación a la empresa al haber sido declarado en incapacidad permanente total, ni se ha dado por consiguiente la conjunta prestación de servicios por ambos trabajadores.

Estamos de esta forma ante un incumplimiento puramente formal y absolutamente irrelevante de la normativa legal en la materia, que no puede conducir a una rigorista y desproporcionada aplicación de la norma, con desconocimiento de la ineludible interpretación finalista que debe hacerse de la misma conforme a la manifiesta voluntad del legislador en tal sentido."

Conforme a esta doctrina hemos de tener en cuenta que, independientemente de cuál fuera la fecha de la orden que resuelve la convocatoria en la que se adjudicó otro puesto de trabajo al trabajador sustituido por la actora, así como la fecha de publicación de la misma, lo cierto es que su cese en dicho puesto de trabajo fue el día 31 de agosto de 2021 y al día siguiente se comunicó verbalmente a la actora que su contrato de interinidad había

La intención del legislador es la de imponer la conversión en indefinida de la relación laboral cuando la empresa hubiere incurrido efectivamente en fraude de ley en su utilización, por haber utilizado cualquiera de esas modalidades contractuales de carácter temporal sin respetar los requisitos legales a los que debe ajustarse.

A) Antecedentes.

Estamos ante un contrato de interinidad para la sustitución de un trabajador fijo, ajustado a derecho, cuya reincorporación no se podía preavisar porque depende su voluntad, habiendo trabajado la actora siete días posteriores al cese de dicho trabajador sustituido, dos de ellos no laborables, lo que considera una cuestión menor que no transforma el contrato en fraudulento cuando reúne todos los requisitos legalmente exigidos.

La juzgadora a quo considera que la extinción del contrato de la demandante es un despido improcedente porque el trabajador al que sustituía cesó en su puesto de trabajo el día 31 de agosto de 2021, pese a lo cual la actora continuó prestando servicios habiendo desaparecido la causa de interinidad, hasta el 7 de septiembre.

B) Objeto de la litis.

La cuestión que se somete a la consideración de la Sala es si la prolongación de la prestación de servicio durante unos días después del cese del trabajador sustituido en el puesto de trabajo, tiene o no el efecto de convertir el contrato de interinidad en indefinido y consecuentemente si estamos ante una extinción de dicho contrato ajustada o no a derecho.

Tal cuestión ha sido resuelta por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo sec. 1ª, sentencia de 12 de enero de 2022, nº 27/2022, rec. 1970/2019:

"Se trata de decidir si un contrato de interinidad por sustitución se transforma en indefinido, por el solo y único hecho de que la prestación de servicios del interino pudiere haberse prolongado unos días desde que finalizó la causa de sustitución en la que se sustenta la contratación temporal. En lo que habrá de estarse a las específicas circunstancias de cada supuesto concreto, para analizar hasta qué punto pudiere tratarse de un exceso manifiestamente abusivo e injustificado que transforma la relación laboral en indefinida, o, por el contrario, de una escasa, irrelevante e intrascendente extralimitación de unos pocos días, que no puede desplegar la consecuencia jurídica de apreciar la existencia de un fraude de ley que convierta el contrato de trabajo en indefinido.

Motivo por el que ya podemos adelantar que, conforme a lo que seguidamente razonaremos, resulta manifiestamente excesivo a tal efecto el plazo de 40 días acogido incondicionalmente en la sentencia referencial, sin explicitar mínimamente la concurrencia de cualquier causa o circunstancia excepcional que pudiere de alguna forma justificar las razones por los que la empresa mantiene la prestación de servicios del interino durante tan largo periodo de tiempo.

Así hemos tenido ocasión de decirlo en la STS 31/1/2008, rcud. 3812/2006 , en un supuesto muy similar al contemplado en la sentencia de contraste, en el que la relación laboral del trabajador sustituido se extinguió en el mes de junio del 2005, cuando el INSS dictó la resolución en que le declaró afecto de incapacidad permanente absoluta, mientras que el contrato de interinidad pervivió hasta el 31 de agosto del 2005, lo que nos llevó a concluir "que los dos últimos meses de trabajo del actor dejaron de estar amparados en alguna modalidad de contratación temporal prevista en el art. 15-1 del ET; lo cual significa que su relación laboral con el organismo demandado se ha convertido en indefinida, dado lo que estatuye el párrafo tercero del art. 49-1-c) del ET".

En sentido contrario, es excesivamente rigorista la solución aplicada en la sentencia recurrida, al concluir que por un solo día laborable de exceso en la prestación de servicios por parte del trabajador interino se provoca el efecto jurídico de convertir la relación laboral en indefinida.

C) Regulación legal.

La correcta solución de esta cuestión debe atenerse a una interpretación finalista de la normativa legal en la materia.

El art. 15.1 ET, en la redacción aplicable al caso de auto, señala que "El contrato de trabajo podrá concertarse por tiempo indefinido o por una duración determinada".

En su letra c) establece que podrá celebrarse un contrato de duración determinada "Cuando se trate de sustituir a trabajadores con derecho a reserva del puesto de trabajo, siempre que en el contrato de trabajo se especifique el nombre del sustituido y la causa de sustitución".

Tras lo que seguidamente determina que: "Adquirirán la condición de trabajadores fijos, cualquiera que haya sido la modalidad de su contratación, los que no hubieran sido dados de alta en la Seguridad Social, una vez transcurrido un plazo igual al que legalmente se hubiera podido fijar para el periodo de prueba, salvo que de la propia naturaleza de las actividades o de los servicios contratados se deduzca claramente la duración temporal de los mismos, todo ello sin perjuicio de las demás responsabilidades a que hubiere lugar en derecho".

En su apartado tercero dispone que "Se presumirán por tiempo indefinido los contratos temporales celebrados en fraude de ley".

Y finalmente, el art. 15.5 ET contempla la automática conversión de la relación laboral en indefinida, cuando la contratación temporal haya superado los veinticuatro meses de duración en un periodo de treinta, con independencia de que concurra fraude de ley en su utilización y pudieren haberse respetado las condiciones y requisitos legales que autorizan la contratación temporal.

Bajo esos mismos criterios el art. 8.2 ET impone la forma escrita en ciertas modalidades de contratación, entre las que incluye los contratos de trabajo "por tiempo determinado cuya duración sea superior a cuatro semanas", para indicar a continuación, que "De no observarse tal exigencia, el contrato se presumirá celebrado por tiempo indefinido y a jornada completa, salvo prueba en contrario que acredite su naturaleza temporal o el carácter a tiempo parcial de los servicios".

Por su parte, el art. 4 del RD 2720/1998, de 18 de diciembre, por el que se desarrolla el artículo 15 del ET en materia de contratos de duración determinada, define el contrato de interinidad como "el celebrado para sustituir a un trabajador de la empresa con derecho a la reserva del puesto de trabajo en virtud de norma, convenio colectivo o acuerdo individual"; exige la identificación del trabajador sustituido y la causa de la sustitución, y limita su duración a "la del tiempo que dure la ausencia del trabajador sustituido con derecho a la reserva del puesto de trabajo".

C) Doctrina jurisprudencial.

1º) La integradora interpretación de todos estos preceptos nos lleva a afirmar que la intención del legislador es la de imponer la conversión en indefinida de la relación laboral cuando la empresa hubiere incurrido efectivamente en fraude de ley en su utilización, por haber utilizado cualquiera de esas modalidades contractuales de carácter temporal sin respetar los requisitos legales a los que debe ajustarse.

Motivo por el que expresamente admite la posibilidad de pueda acreditar la naturaleza temporal de las actividades o de los servicios contratados, incluso en los casos en los que el contrato se hubiere concertado en forma verbal y no se haya cursado el alta del trabajador en seguridad social.

Lo que evidencia que el mero y simple incumplimiento de cualquiera de las formalidades legales contempladas para cada una de las modalidades de contratación temporal no supone necesariamente la automática conversión de la relación laboral en indefinida, si la empresa demuestra la naturaleza eminentemente temporal de los servicios, y con ello desvirtúa esa presunción en favor de la duración indefinida del contrato de trabajo, sin perjuicio, a otros efectos, de las demás responsabilidades a las que hubiere lugar en derecho.

2º)  La aplicación de estos parámetros legales obliga a entender que no cabe apreciar la existencia de fraude de ley que convierta la relación laboral en indefinida, cuando estamos ante el simple y mero incumplimiento por parte de la empresa de alguna exigencia menor, de carácter puramente formal, irrelevante, y carente de cualquier trascendencia jurídica a estos efectos, si puede extraerse indubitadamente la consecuencia de que no se trata de un supuesto de torticera utilización de una modalidad de contratación en el que no concurre causa alguna de temporalidad, ni de la manifiesta voluntad de eludir los requisitos y exigencias legales que rigen en esta materia.

A la empresa le corresponde la carga de probar todos estos extremos, y la de acreditar inequívocamente tales circunstancias.

D) Conclusión.

1º) La anterior doctrina, en su aplicación a una situación jurídica tan singular como la del caso de autos nos lleva a concluir que no puede apreciarse la existencia de fraude de ley, por el simple hecho de que el trabajador interino hubiere seguido trabajando durante un solo día laborable tras la terminación de la causa que daba derecho a la reserva del puesto de trabajo del sustituido, cuando ni tan siquiera se produce su efectiva reincorporación a la empresa al haber sido declarado en incapacidad permanente total, ni se ha dado por consiguiente la conjunta prestación de servicios por ambos trabajadores.

Estamos de esta forma ante un incumplimiento puramente formal y absolutamente irrelevante de la normativa legal en la materia, que no puede conducir a una rigorista y desproporcionada aplicación de la norma, con desconocimiento de la ineludible interpretación finalista que debe hacerse de la misma conforme a la manifiesta voluntad del legislador en tal sentido.

Conforme a esta doctrina hemos de tener en cuenta que, independientemente de cuál fuera la fecha de la orden que resuelve la convocatoria en la que se adjudicó otro puesto de trabajo al trabajador sustituido por la actora, así como la fecha de publicación de la misma, lo cierto es que su cese en dicho puesto de trabajo fue el día 31 de agosto de 2021 y al día siguiente se comunicó verbalmente a la actora que su contrato de interinidad había finalizado, enviándole un día después la comunicación escrita, por lo que, no nos encontramos ante fraude de ley alguno que pueda dar lugar a la conversión del contrato en indefinido, sino que el cese del sustituido y el de la actora fueron prácticamente simultáneos, sin que una pequeña demora en el de ésta pueda considerarse significativa.

2º) Consecuentemente y, según la reiterada jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo por todas, sentencia del Tribunal Supremo de 28-09-2021, nº 945/2021, rec. 2819/2018, el cese de la actora es ajustado a derecho y no ha de ser indemnizado, por los siguientes fundamentos:

"Entre otras muchas, la STS IV de 26.5.2021, rcud 1679/2019, en relación con la indemnización por fin de contrato que no está legalmente establecida para los contratos de interinidad , argumenta lo siguiente (lo recordamos en la de 6.07.2021, rcud 4606/2019): "en la STS/4ª/Pleno de 13 de marzo de 2019 (rcud. 3970/2016)-dictada en el mismo asunto que dio lugar a la citada STJUE de 14 septiembre 2016-, que en esta última "se contenían razonamientos que suscitaban serias dudas de interpretación". Y ello porque el Tribunal de Justicia declaraba en el ap. 36 que "existe una diferencia de trato entre los trabajadores con contrato de duración determinada y los trabajadores fijos, en la medida que, a diferencia de los trabajadores con contrato de trabajo por tiempo indefinido, los trabajadores con contrato de interinidad no tienen derecho a indemnización alguna al finalizar su contrato, con independencia de la duración de los servicios prestados". De ahí que aquella STJUE hiciera dudar de si, a la luz de la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada, sería exigible que, en todo caso, la extinción de un contrato temporal por cumplimiento de su finalidad lleve aparejado el derecho a una indemnización y, en ese punto, si dicha indemnización debe establecerse de forma análoga a la que el mismo ordenamiento fija para las demás causas de extinción de los contratos de trabajo. Ello abocaba, no sólo a la aplicación de la indemnización de 20 días para el caso de los contratos de interinidad por sustitución -que era el del supuesto en el caso De Diego Porras-, sino a que, por las mismas razones, se pusiera en cuestión la diferencia de indemnización de las otras dos modalidades de contrato temporal que, con amparo en el art.49.1 c) ET, tienen fijada una indemnización de 12 días (8 días, en la regulación anterior), como sucede con el contrato para obra o servicio.

Ahora bien, en las STJUE de 5 junio 2018 (Montero Mateos -C-677/16 - y Grupo Norte Facility -C-574/16-) y, de manera específica, en la STJUE de 21 noviembre de 2018 (C-619/17) -segunda de las dictadas por el Tribunal de la Unión en el mismo caso (De Diego Porras II)- el Tribunal de la Unión se aparta de aquella dirección.

Venimos reiterando que se solventa así el equívoco que se plasmaba en la STJUE de 14 de septiembre de 2016, para partir ya, acertadamente, de que la indemnización del art. 53.1 b) ET se reconoce siempre en caso de despido objetivo con independencia de la duración determinada o indefinida del contrato de trabajo. Por ello en nuestra STS/4ª/Pleno de 13 de marzo de 2019 , que resuelve en casación el asunto De Diego Porras, hemos declarado que "no es admisible sostener que la indemnización establecida para los despidos objetivos solo se contempla respecto de los trabajadores indefinidos. Si ello fuera así, ciertamente cabría afirmar que la norma contenía un trato discriminatorio respecto de los temporales".

3º) Y, en definitiva, hemos concluido que el diseño querido por el legislador impide "confundir entre distintas causas de extinción contractual y transformar la finalización regular del contrato temporal en un supuesto de despido objetivo que el legislador no ha contemplado como tal. El régimen indemnizatorio del fin de los contratos temporales posee su propia identidad, configurada legalmente de forma separada, sin menoscabo alguno del obligado respeto al derecho a no discriminación de los trabajadores temporales". Entre las últimas dictadas pueden citarse las STS de fechas 6.10.2020, rcud 2818/2019, 16.07.2020, rcud 4727/2017, 20.06.2020, rcud 516/2018, o 12.05.2020, rcud 63/2018; en esta se recordaba que dado que el contrato de interinidad se extinguió por la válida causa consistente en la cobertura de la plaza ocupada interinamente por vacante, la respuesta a la cuestión aquí traída en casación no puede ser otra que la inaplicación de la indemnización que se pretende por la parte recurrente de 20 días por año prevista en el artículo 53 ET, ni tampoco la prevista en el art. 49.1.c ET para la extinción de los contratos temporales , puesto que dicho precepto excluye de la indemnización a los contratos de interinidad y a los contratos formativos" (STS de 14 de enero de 2021, rcud 2505/2019, y las que en ella se citan)."

4º) En efecto, en nuestro ordenamiento jurídico, la finalización válida de los contratos temporales conlleva la indemnización que, en cada caso, esté prevista normativamente si así lo ha dispuesto el legislador; y, en modo alguno, puede anudarse a la válida extinción de este tipo de contratos la indemnización prevista por la ley para supuestos diferentes, tal y como concluía la sentencia referencial al enjuiciar análoga extinción de un contrato de interinidad.

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No existe despido improcedente cuando la empresa extingue unos contratos de trabajo por la extinción de una contrata pues no existe obligación legal de agotar todas las posibilidades de acomodo del trabajador en otra contrata o en otro puesto vacante de la misma empresa.

 

La sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, sec. 1ª, de 21 de diciembre de 2022, nº 1001/2022, rec. 3835/2021, declara que la empresa que extingue un contrato de trabajo por causas organizativas o productivas, vinculadas a la pérdida de una contrata, no tiene que acreditar la imposibilidad de recolocar a los trabajadores despedidos en puesto adecuado y en su caso probar la imposibilidad de recolocación en otros centros de trabajo o en otras contratas de la empresa.

No puede calificarse un despido como improcedente cuando la empresa extingue unos contratos de trabajo por causas organizativas o productivas, vinculadas a la pérdida de una contrata, pues no existe obligación legal de agotar todas las posibilidades de acomodo del trabajador o de su destino a otro puesto vacante de la misma empresa.

Como manifestó la sentencia del TS de 19 de marzo de 2002 (rcud. 1979/2001) debe tenerse presente el texto legal en sus pronunciamientos concretos ya que el artículo 52,c) del Estatuto de los Trabajadores no contempla esa posibilidad ni impone de manera expresa al empresario la obligación de mantener al trabajador afectado por la medida en la plantilla utilizando sus servicios en otros contratas centros de trabajo de la misma o de distinta localidad.

Con la actual regulación del ET no existe una obligación de la empresa de coordinar la extinción de las contratas con la suscripción de otras, instrumentando ofertas de recolocación a los trabajadores tal vez con movilidad geográfica o funcional, medidas éstas tal vez apropiadas para su regulación mediante la negociación colectiva, pero cuya ausencia no debe determinar la calificación de improcedencia del despido.

Por lo que al producirse la extinción de la totalidad de la contrata y no la mera reducción del volumen de la misma, resulta ajustada la medida adoptada de extinción de los contratos de las personas trabajadoras que venían prestando sus servicios en este centro de trabajo.

A) Objeto de la litis.

1.- La cuestión que se debate en el presente recurso de casación unificadora se refiere, básicamente, a determinar la necesidad o no de acreditar, por parte de la empresa que extingue un contrato por causas organizativas o productivas, vinculadas a la pérdida de una contrata, la imposibilidad de recolocar a los trabajadores despedidos en puesto adecuado y en su caso probar la imposibilidad de recolocación.

2.- Al trabajador demandante se le notificó carta de despido por causas objetivas derivadas de la extinción de la contrata adjudicada a la demandada en la que prestaba sus servicios. La sentencia de instancia, del Juzgado de lo Social nº. 9 de Bilbao, declaró la procedencia del despido. La sentencia aquí recurrida, de la Sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia Vasco de 13 de julio de 2021, Rec. Sup. 688/2021, revocó dicha resolución y declaró la improcedencia; resolviendo que la causa organizativa requiere, para legitimar la extinción contractual, que la empresa carezca de otro puesto adecuado.

Consta que el trabajador prestaba sus servicios para la demandada como ingeniero técnico, desde 2017 prestaba sus servicios como jefe de grupo en la planta de Enagás "la gaviota". El 27 de marzo de 2020 se le notificó carta de despido objetivo con efectos del mismo día al no haber sido adjudicataria la empresa demandada del contrato de mantenimiento para los años 2020-2022 de la planta de Enagás la gaviota. Además del actor, de los 8 trabajadores de la demandada que prestaban sus servicios en dicha planta ninguno ostentaba la categoría de ingeniero técnico, 6 fueron reubicados en otros puestos y a 2 se les extinguió su relación laboral.

3.- Recurre la empresa demandada denunciando infracción de normas jurídicas y de la jurisprudencia; en concreto, infracción del artículo 52.C) ET y 24 CE, así como jurisprudencia de la Sala dictada en las sentencias que referencia y extracta en su recurso, que ha sido impugnado de contrario e informado por el Ministerio Fiscal en el sentido de considerarlo procedente.

B) Sentencia de contraste del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 30 de junio de 2014, recurso de suplicación nº 76/2014.

La recurrente invoca como sentencia de contraste la de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 30 de junio de 2014. Rec. Sup. 76/2014. En la misma, las trabajadoras prestaban sus servicios para la demandada Eurest colectividades SL, se les notificó carta de despido objetivo por causas productivas derivadas del cese de la actividad que desarrollaban para un cliente, lo que determinaba que no hiciera falta personal al haber desaparecido el servicio que prestaban. La sentencia suplicación recogió la doctrina de esta Sala IV con arreglo a la cual en las empresas de servicios la pérdida de una contrata ha de ser considerada causa productiva y organizativa. La Sala resolvió que el exceso de personal se producía al desaparecer el centro de trabajo en el que prestaban sus servicios los trabajadores fue suficiente para apreciar la existencia de causa de índole productiva; sin que a ello obstaculizase la contratación de 46 trabajadores de distinta categoría a la de las actoras y sin mayores precisiones de fechas, carácter indefinido o temporal de los contratos, ni ubicación geográfica; añadiendo que no parece posible con la regulación actual establecer una obligación de la empresa -ya problemática incluso con anterioridad- de coordinar la extinción de las contratas con la suscripción de otras, instrumentando ofertas de recolocación tal vez con movilidad geográfica o funcional, medidas éstas tal vez apropiadas para su regulación mediante la negociación colectiva, pero cuya ausencia no debe determinar la calificación de improcedencia del despido .

C) Doctrina del Tribunal Supremo sobre la extinción objetiva de los contratos de trabajo derivada de la pérdida de una contrata por parte de la empresa que procede a la extinción.

1º) Resulta conveniente para la resolución del recurso reiterar algunas cuestiones que nuestra jurisprudencia ha venido estableciendo sobre las causas que justifican el recurso a la extinción objetiva de los contratos de trabajo, en concreto, respecto de la causa productiva derivada de la pérdida de una contrata por parte de la empresa que procede a la extinción. Con carácter general, si la causa es productiva, ha de probarse por el empresario, que se han producido disfunciones en el entorno de su actividad, como falta de pedidos o bien descenso progresivo de la producción o de la actividad de la empresa, que le obligan a modificar o disminuir la producción, haciendo obsoletos uno o varios puestos de trabajo, ya que, de no extinguirse dichos puestos de trabajo, se desequilibraría el proyecto empresarial.

En punto a la rescisión de una contrata como causa productiva que podría justificar el recurso al despido objetivo del artículo 52 c) ET, el Supremo ha señalado que: "la pérdida o disminución de encargos de actividad ha de ser considerada por su origen una causa productiva, en cuanto que significa una reducción del volumen de producción contratada, y por el ámbito en que se manifiesta una causa organizativa, en cuanto que afecta a los métodos de trabajo y a la distribución de la carga de trabajo entre los trabajadores" (STS nº. 361/2016, de 3 de mayo, rcud. 3040/2014) y que "la reducción de actividad de servicios a la finalización de la contrata inicial ha generado dificultades que impiden el buen funcionamiento de la empresa; como tal hay que considerar el exceso de personal resultante de tal reducción. A estas dificultades se puede hacer frente mediante amortizaciones de los puestos de trabajo sobrantes, de forma que se restablezca la correspondencia entre la carga de trabajo y la plantilla que la atiende. Y el ámbito de apreciación de la causa productiva sobrevenida puede ser el espacio o sector concreto de la actividad empresarial afectado por el exceso de personal, que es en el caso la contrata finalizada y renovada con menor encargo de servicios y consiguientemente de ocupación" (SSTS de 16 de septiembre de 2009, rcud. 2027/2008 y de 26 de abril de 2013, rcud. 2396/2012). La reducción de actividad de servicios a la finalización de la contrata inicial genera dificultades que impiden el buen funcionamiento de la empresa; como tal hay que considerar el exceso de personal resultante de tal reducción. A estas dificultades se puede hacer frente mediante amortizaciones de los puestos de trabajo sobrantes, de forma que se restablezca la correspondencia entre la carga de trabajo y la plantilla que la atiende. Y, como hemos señalado en la STS de 8 de julio de 2011 (rcud. 3159/2010) "el ámbito de apreciación de la causa productiva sobrevenida puede ser el espacio o sector concreto de la actividad empresarial afectado por el exceso de personal, que es en el caso la contrata finalizada y renovada con menor encargo de servicios y consiguientemente de ocupación".

Igualmente el Supremo ha señalado que incluso la propia reducción en los términos (cuantía o volumen) de la contrata puede implicar la concurrencia de la causa extintiva al manifestar que "la reducción de actividad de servicios a la finalización de la contrata inicial ha generado dificultades que impiden el buen funcionamiento de la empresa; como tal hay que considerar el exceso de personal resultante de tal reducción. A estas dificultades se puede hacer frente mediante amortizaciones de los puestos de trabajo sobrantes, de forma que se restablezca la correspondencia entre la carga de trabajo y la plantilla que la atiende. Y el ámbito de apreciación de la causa productiva sobrevenida puede ser el espacio o sector concreto de la actividad empresarial afectado por el exceso de personal, que es en el caso la contrata finalizada y renovada con menor encargo de servicios y consiguientemente de ocupación" (STS de 31 de enero de 2010, rcud. 1719/2007) y también el TS ha puesto reiteradamente de relieve que "la reducción del volumen de actividad encomendado por una empresa comitente a otra auxiliar puede justificar la extinción de cierto número de contratos por circunstancias objetivas al amparo del artículo 52,c) ET, pero no la extinción al amparo del art. 49.1,c), preceptos que tienen regímenes indemnizatorios diversos" (SSTS de 16 de julio de 2014, rcud 1777/2013  y de 17 de septiembre de 2014, rcud. 2069/2013; en doctrina reiterada de nuevo en las de 10 de enero de 2017, rcud. 1077/2015 y de 14 de noviembre de 2017, rcud. 2954/2015.

2º) Por lo que hace referencia al núcleo de la contradicción que aquí se examina y que se refiere, básicamente, a la necesidad o no de acreditar, por parte de la empresa que extingue los contratos, la imposibilidad de recolocar a las trabajadoras despedidas, nuestra jurisprudencia ha sido constante en la negación de tal exigencia ya que el artículo 52-c) ET no impone al empresario la obligación de agotar todas las posibilidades de acomodo del trabajador en la empresa, ni viene aquél obligado, antes de hacer efectivo el despido objetivo, a destinar al empleado a otro puesto vacante de la misma.

Así lo hemos sostenido en las SSTS de 21 de julio de 2003, rcud. 4454/2002; de 19 de marzo de 2002, rcud. 1979/2001; de 13 de febrero de 2002, rcud. 1496/2001, y de 7 de junio de 2007, rcud. 191/2006, entre otras. De ellas se extrae la conclusión de que, de conformidad con la doctrina jurisprudencial que se acaba de citar, lo lógico es deducir que la amortización de plazas por causas ajenas a la voluntad del empleador constituye causa objetiva justificativa del despido, sin que el hecho de que puedan existir en la empresa otros puestos vacantes, determine normalmente la declaración de improcedencia de tal despido , salvo supuestos excepcionales (SSTS de 29 de noviembre de 2010, Rcud. 3876/2009, de 26 de abril de 2013, Rcud. 2396/2012 y de 1 de febrero de 2019, Rcud. 1595/2015).

3º) En consecuencia, al producirse la extinción de la totalidad de la contrata y no la mera reducción del volumen de la misma, resulta ajustada la medida adoptada de extinción de los contratos de las personas trabajadoras que venían prestando sus servicios en este centro de trabajo. No empece tal conclusión el hecho de que, además del actor, de los 8 trabajadores de la demandada que prestaban sus servicios en dicha planta 6 fueran reubicados en otros puestos y a 2 se les extinguiera su relación laboral, ya que de ello no se deduce, como dijimos en la STS de 11 de enero de 2022, Rcud. 4890/2018, que necesariamente se haya de proceder a ubicar a los demás trabajadores en dicho centro de trabajo.

D) Conclusión.

La aplicación de la anterior doctrina al supuesto que examinamos debe conducir a la estimación del recurso puesto que la buena doctrina se halla en la sentencia aportada de contraste. En efecto, el equivocado tratamiento y significado que, de manera uniforme, hace la sentencia recurrida de las causas justificativas de la amortización individual de puestos de trabajo, conduce a la inaceptable conclusión de que cuando se alegan causas organizativas o de producción, han de agotarse todas las posibilidades de acomodo del trabajador o de su destino a otro puesto vacante de la misma empresa, hasta el punto de que si no se procede así el despido se califica de improcedente.

A este respecto, como dijimos en la STS de 19 de marzo de 2002 (rcud. 1979/2001) debe tenerse presente el texto legal en sus pronunciamientos concretos ya que el artículo 52,c) del Estatuto de los Trabajadores no contempla esa posibilidad ni impone de manera expresa al empresario la obligación de mantener al trabajador afectado por la medida en la plantilla utilizando sus servicios en otros contratas centros de trabajo de la misma o de distinta localidad.

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miércoles, 25 de enero de 2023

Con el cese del actor en la empresa demandada cesaba la obligación de la empresa de mantener al demandante en el seguro de vida y se extinguió el derecho del trabajador meramente expectante de percibir una indemnización por serle reconocida la incapacidad permanente total.

 

La sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (Santa Cruz de Tenerife), sec. 1ª, de 30 de noviembre de 2022, nº 771/2022, rec. 1140/2021, declara que, con el cese del actor en la empresa demandada, cesaba automáticamente la obligación de la empresa de suscribir un contrato de seguro de vida o mantener al demandante en dicho seguro, y se extinguió el derecho del trabajador, derecho por aquél entonces meramente expectante, de percibir una indemnización para el caso de serle reconocida la incapacidad permanente total.

El tribunal declara que en un seguro colectivo de vida que cubra el fallecimiento o la incapacidad para el trabajo por enfermedad o accidente laboral el plazo de prescripción aplicable solo puede correr desde el momento en que al actor se le notificó el reconocimiento de la incapacidad permanente total.

Pues solo con tal reconocimiento de la incapacidad permanente total para la profesión habitual podía nacer su derecho y estaría el demandante en disposición de reclamar el seguro de vida del convenio colectivo de hostelería de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1973 del Código Civil.

Teniendo la indemnización que se reclama en la demanda la naturaleza de mejora voluntaria de prestaciones de seguridad social, la jurisprudencia del Supremo manifiesta que si el convenio colectivo que establece la mejora voluntaria o de convenio no regula ningún plazo específico de prescripción de la misma, entonces el plazo de prescripción aplicable no son los del artículo 59 del Estatuto de los Trabajadores, sino el plazo de prescripción previsto en la Ley General de la Seguridad Social para reclamar derechos de seguridad social, plazo que, conforme al artículo 53.1 del actual texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, es de cinco años contados desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar el hecho causante de la prestación de que se trate.

A) Antecedentes.

El actor prestó servicios como camarero para el demandado entre junio de 2017 y marzo de 2018, en virtud de un contrato de trabajo temporal. En enero de 2018, mientras el actor trabajaba como peón de empaquetado para otra empresa, en la que estaba pluriempleado, sufrió un accidente de trabajo, por el cual se le terminó reconociendo en enero de 2019 la incapacidad permanente tanto para la profesión de peón como para la de camarero. Reclama en la demanda rectora de los presentes autos el abono de la indemnización de 15.000 euros prevista en el convenio colectivo provincial de hostelería de Santa Cruz de Tenerife para los casos de incapacidad permanente total. La demandada se opuso alegando prescripción (pretendiendo que el derecho debía reclamarse desde la fecha del accidente), y que conforme al convenio para tener derecho a la indemnización el trabajador debía seguir vinculado a la empresa, y haberse producido el accidente en la propia empresa u otra del mismo sector o en el de limpieza.

La sentencia de instancia estima la demanda, rechazando la prescripción alegada por la empresa, al considerar que el derecho era exigible con el reconocimiento de la incapacidad permanente, no por el mero hecho de haber sufrido un accidente, y que por otra parte el convenio no imponía que el accidente se produjera en una empresa del mismo sector; pero no resuelve las alegaciones de la empresa sobre la necesidad de estar el trabajador vinculado a la empresa al momento del reconocimiento de la incapacidad permanente.

B) No existe prescripción de la acción.

1º) En primer lugar, y como correctamente ha resuelto la sentencia de instancia, no es cierto que a la indemnización reclamada le sea aplicable el plazo de prescripción de un año del artículo 59.2 del Estatuto de los Trabajadores. La indemnización que se reclama está contemplada en el convenio colectivo dentro del capítulo de la "acción social" y tiene una clara naturaleza de mejora voluntaria de las prestaciones de seguridad social que puedan reconocerse por los hechos a los cuales el convenio anuda el derecho a la indemnización, la muerte y la incapacidad permanente para el trabajo.

Pues bien; teniendo la indemnización que se reclama en la demanda la naturaleza de mejora voluntaria de prestaciones de seguridad social, la jurisprudencia (véase la sentencia de la Sala IV del Tribunal Supremo de 17 de enero de 2011, recurso 4468/2009, entre otras) viene reiteradamente señalando que estas mejoras voluntarias se rigen "en primer lugar por las disposiciones o acuerdos que las hayan implantado, tanto en su reconocimiento cuanto a la disminución a anulación de los derechos atribuidos a dichas prestaciones [STS 06/10/10 -rcud 3423/09 -]. Pero que en lo no expresamente previsto, debe atenderse -en principio- a las propias normas del Sistema de la Seguridad Social [entre otras, SSTS 17/03/97 -rcud 2817/96 -; 20/03/97 -rcud 2730/96-; 05/06/97 -rcud 4675/96-; 13/07/98 -rcud 3883/97-], interrelacionándolas -incluso- con las posibles normas de otro orden existentes sobre el tipo de mejora establecido, como la legislación sobre seguros [en especial a partir de la STS SG 01/02/00 -rcud 200/1999 -] (SSTS 08/06/09 -rcud 2873/08 -; 08/03/10 -rcud 421/09 -; y 14/04/10 -rcud 1813/09 -, dictada por el Pleno de la Sala)".

Y en consecuencia, si el convenio colectivo que establece la mejora voluntaria no regula ningún plazo específico de prescripción de la misma, entonces el plazo de prescripción aplicable no son los del artículo 59 del Estatuto de los Trabajadores, sino el plazo de prescripción previsto en la Ley General de la Seguridad Social para reclamar derechos de seguridad social, plazo que, conforme al artículo 53.1 del actual texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, es de cinco años contados desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar el hecho causante de la prestación de que se trate.

De manera que incluso si se tomara como hecho causante de la mejora la fecha del accidente de trabajo (lo cual es de por sí discutible), al haber ocurrido dicho accidente en enero de 2018, a la presentación de la papeleta de conciliación el 22 de septiembre de 2019 el plazo de prescripción de cinco años no habría transcurrido y de ninguna manera la acción puede considerarse prescrita.

2º) En segundo lugar, tampoco parece correcto fijar la fecha del hecho causante en el momento de acaecer el accidente de trabajo, con los efectos pretendidos por el recurrente. Tanto el artículo 47 del convenio colectivo provincial de hostelería de Santa Cruz de Tenerife para los años 2018 a 2022, publicado en febrero de 2019, y vigente a fecha del reconocimiento de la incapacidad permanente total, como el artículo 46 del convenio colectivo para los años 2015 a 2019, que estaba en vigor durante la vigencia de la relación laboral y la producción del accidente, lo que obligan es a concertar un "seguro colectivo de vida ", para el caso de producirse o el fallecimiento del asegurado, o su declaración en situación de incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez. Y desde el momento en que la situación protegida puede derivar de "cualquier causa", y no solamente de accidente, y que el derecho a la indemnización está directamente ligado a la permanencia del asegurado en la empresa, está claro que el convenio está haciendo referencia a los seguros de vida regulados en la sección 2ª del Título III de la Ley de Contrato de Seguro, no a los seguros de accidente, que se regulan en la sección 3ª.

El riesgo asegurado, por tanto, no es la mera existencia de un accidente, sea o no laboral, o de una enfermedad, sino el fallecimiento o la incapacidad para el trabajo que pueda derivar -o no- de una u otra. Y de ahí que, en precisa aplicación de la misma jurisprudencia que invoca el recurrente, la fecha de producción del evento protegido, el hecho causante, no puede fijarse de ordinario en el momento de producirse el accidente, como pretende el recurrente, sino que en principio ha de estarse a la fecha del fallecimiento o de la declaración de la incapacidad permanente (o en su caso, el momento anterior en que pueda afirmarse que había secuelas permanentes incompatibles con el trabajo), pues son estas situaciones las que pretenden asegurarse en el convenio colectivo.

3º) Y en tercer y último lugar, como también señala con acierto la sentencia recurrida, cualquiera que sea el plazo de prescripción aplicable, el mismo solo puede correr desde el momento en que al actor se le notificó el reconocimiento de la incapacidad permanente total, pues solo con tal reconocimiento podía nacer su derecho y estaría el demandante en disposición de reclamarlo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1973 del Código Civil. En definitiva, las alegaciones del demandado sobre prescripción de la acción han sido correctamente desestimadas en la sentencia de instancia, no pudiendo acogerse las censuras jurídicas planteadas por el recurrente insistiendo en esa prescripción.

C) Al no estar de alta el trabajador en la empresa, no cabe la aplicación del seguro de vida.

Lo que se contempla en el artículo 46 o 47 del convenio colectivo no es un seguro de accidentes, sino un seguro de vida, y asociada a tal naturaleza de seguro de vida está la cláusula del convenio que en definitiva impone que la relación laboral esté vigente (no extinguida, aunque pueda estar suspendida o haber cesado la obligación de cotizar) a la fecha de producirse el evento protegido, el fallecimiento o la declaración de incapacidad permanente.

Y así lo ha entendido esta misma Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias con sede en Santa Cruz de Tenerife, en sentencias de 31 de enero de 2020, recurso 755/2019, o 23 de septiembre de 2019, recurso 128/2019.

De este modo, aunque el actor estaba en alta por el demandado don Cesáreo cuando tuvo lugar el accidente, en enero de 2018, según resulta de los hechos probados 1º y 3º, de esos mismos hechos probados se desprende de igual manera que, cuando al demandante se le reconoció la incapacidad permanente total en enero de 2019, su contrato de trabajo con don Cesáreo se encontraba extinguido desde marzo de 2018. Desde el momento en que no se cuestiona ni la licitud del contrato temporal ni de la extinción del mismo, con el fin de argumentar que tal extinción contractual encubría un fraude de ley para evitar el pago de la indemnización regulada en el artículo 46 del convenio colectivo; ni pudiendo afirmarse, con la sola lectura del hecho probado 3º, que al mes de marzo de 2018 el demandante ya presentaba secuelas previsiblemente definitivas incompatibles con el normal desempeño de su trabajo de camarero (lo que consta más bien es que en esas fechas estaba recibiendo tratamiento curativo), la conclusión es que con el cese del actor en la empresa demandada, cesaba automáticamente la obligación de la misma de suscribir un contrato de seguro de vida o mantener al demandante en dicho seguro, y se extinguió el derecho del trabajador, derecho por aquél entonces meramente expectante, de percibir una indemnización para el caso de serle reconocida la incapacidad permanente total.

No habiéndolo entendido así la sentencia recurrida, procede estimar el recurso, revocar el pronunciamiento de instancia y, en lugar del mismo, acordar la íntegra desestimación de la demanda.

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