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domingo, 25 de julio de 2021

No existe un incondicionado derecho de elección del dueño del vehículo siniestrado para repercutir contra el causante del daño el importe de la reparación, optando por esta fórmula de resarcimiento, cuando su coste sea desproporcionado y exija al causante del daño un sacrificio desmedido o un esfuerzo no razonable.

 

A) La sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, sec. 1ª, de 24 de marzo de 2021, nº 212/2021, rec. 1123/2019, declara que no existe un incondicionado ius electionis (derecho de elección) del dueño del vehículo siniestrado para repercutir contra el causante del daño el importe de la reparación, optando por esta fórmula de resarcimiento, cuando su coste sea desproporcionado y exija al causante del daño un sacrificio desmedido o un esfuerzo no razonable. 

En supuestos de reparación de los daños materiales sufridos por el vehículo en accidentes de tráfico lo procedente es la reparación o ''restitutio in natura'', como el único medio de reponer el patrimonio del perjudicado al mismo estado que tenía antes de producirse la colisión y los consiguientes efectos dañosos, sin que la circunstancia de que el valor en venta de su vehículo pueda ser inferior al importe de la reparación, obligue al afectado a no repararlo y a aceptar que se le abone el valor venal o uno inferior a dicho importe.

Conviene significar que en la obligación legal de indemnizar del artículo 1.902 del Código Civil predomina "la restitución" sobre la "indemnización", surgiendo la segunda, solamente, cuando no se puede conseguir la reparación y reintegración del vehículo a su utilidad original, siempre a salvo de prestaciones desorbitadas o desproporcionadas, que constituyan un gravamen injusto para el causante del daño.

Considerando correcto el cálculo efectuado por la aseguradora demandante de sumar el valor venal y el valor de afección para la obtención de del valor de la indemnización por equivalente, cantidad ésta de la que se deduce después el valor de los restos o valoración de lo que vale lo que queda del vehículo siniestrado a precio de desguace. 

B) Ejercita la parte actora la acción subrogatoria prevista en el artículo 43 de la Ley de Contrato de Seguro, en reclamación de la cantidad de 16.422 euros que habría pagado a su asegurado, don Adrián, propietario de un Citroën. Este vehículo se encontraba el 10/10/17 estacionado en la terminal 2 del Aeropuerto de El Prat, cuando sufrió graves daños a causa del incendio del Citroën Picasso matrícula ....-VHR, propiedad del Sr. Jose Ramón y asegurado por la codemandada, que se encontraba estacionado junto al anterior. 

A consecuencia de dichos hechos el Citroën C4 resultó siniestro total, puesto que la reparación del mismo era más costosa que el valor a nuevo del vehículo, siendo el valor venal de 13.440 €, por lo que la actora indemnizó al Sr. Adrián en la cantidad de 16.422 euros, es decir, 13.440 euros de valor venal, más el 30% de valor de afección (4.032 euros), restándosele el valor de los restos de 1.050 euros. 

C) Reparación del daño. 

Para la resolución de la controversia debe partirse de lo establecido en el artículo 1.1 de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, que, al regular la responsabilidad civil del conductor de un vehículo a motor, por daños causados en los bienes con motivo de la circulación, y frente a terceros, remite al artículo 1902 del Código Civil. Este artículo obliga a quien ha causado daños a terceros con culpa o negligencia, a "reparar el daño causado". Este precepto recoge el clásico principio de la íntegra restitución ("restitutio in integrum"), que aspita a restablecer la situación patrimonial anterior a la producción del daño, de manera que el acreedor no sufra merma, pero tampoco enriquecimiento alguno como consecuencia de la indemnización. Este carácter amplio que reviste la obligación de resarcimiento, en cuanto a la extensión del daño indemnizable, queda claramente reflejada en los arts. 1106 y 1107 del Código Civil. 

Las formas de reparar el daño son la reparación específica o "in natura " y la indemnización por equivalencia. 

La reparación "in natura" consistirá, en palabras del Tribunal Supremo (entre otras muchas, STS 28/9/15) en reintegrar la esfera jurídica que se ha lesionado a su estado anterior a la causación del daño, colocando al damnificado en la situación en la que se encontraría si no se hubiese producido el evento dañoso. 

La reparación por equivalencia, denominada también indemnización y resarcimiento, lo que persigue es que se compense o resarza el menoscabo patrimonial sufrido por el damnificado, a través normalmente de la entrega de una suma de dinero, que se traduce en la prestación del " id quod interest ". 

La jurisprudencia (STS de 9 noviembre 1968) se decantó como regla general por el cumplimiento en forma específica, otorgando prelación a la "restitutio in integrum" sobre la indemnización con entrega de suma de dinero, declarando (STS 10 de octubre de 2005) que el cumplimiento de la obligación por equivalencia es subsidiario de la satisfacción del acreedor en forma específica. La reparación in natura es preferente a la indemnizatoria, tratándose de obligaciones de hacer, como es la que podía exigir la demandante) que en nuestro sistema el cumplimiento de la obligación por equivalencia es subsidiario de la satisfacción del acreedor de forma específica. En concreto, tratándose de obligaciones de hacer, la sentencia de 13 de junio 2005 puso de manifiesto que la reparación "in natura" es preferente sobre la indemnizatoria, siempre que ello sea posible y el perjudicado la prefiera (sentencias del TS de 2 diciembre 1994; 13 mayo 1996 y 13 julio 2005). 

Ahora bien, en atención a las circunstancias concurrentes esa doctrina legal ha evolucionado permitiendo al perjudicado, en determinados supuestos y circunstancias, postular una indemnización por equivalencia en vez de la posible reparación "in natura ". 

En línea con lo anteriormente indicado, y en supuestos de reparación de los daños sufridos por el vehículo en accidentes de tráfico, esta Sala ha venido entendiendo (SS. 21/2 y 23/6/02Jurisprudencia citada SAP, Barcelona, Sección 6ª, 23-06-2002 (rec. 143/2002), 7/3/05, 7/11/07, o, más recientemente, 13/3/15) que, lo procedente es la ''restitutio in natura'', como el único medio de reponer el patrimonio del perjudicado al mismo estado que tenía antes de producirse la colisión y los consiguientes efectos dañosos, sin que la circunstancia de que el valor en venta de su vehículo pueda ser inferior al importe de la reparación, obligue al afectado a no repararlo y a aceptar que se le abone el valor venal o uno inferior a dicho importe. De este modo, la desproporción o notable diferencia entre el valor de reparación y el valor venal, en orden a optar por este último, habrá de tenerse en cuenta sólo en aquellos casos en que no se ha producido la reparación y no existe ánimo ni propósito de realizarla, o bien cuando la reparación supone un evidente enriquecimiento injusto para el perjudicado por dotar al vehículo de elementos que proporcionarán unas prestaciones superiores a las que tenía antes del accidente, o sea manifiestamente desproporcionada o desorbitada respecto del valor de mercado o valor venal más valor de afección (sentencia de 6/10/14, o la de 17/1/12, en la que decíamos: "Conforme se indica en la sentencia de esta Sección de fecha 19 de abril del 2010: "Conviene significar que en la obligación legal de indemnizar del artículo 1.902 del Código Civil predomina "la restitución" sobre la "indemnización", surgiendo la segunda, solamente, cuando no se puede conseguir la reparación y reintegración del vehículo a su utilidad original, siempre a salvo de prestaciones desorbitadas o desproporcionadas, que constituyan un gravamen injusto para el causante del daño. En tal sentido, ya la sentencia del Tribunal Supremo de 3 de marzo de 1978 declaraba que procedía con carácter primario la reparación del vehículo -incluido si es antieconómica-, sobre su indemnización por valor venal, dejando a salvo el supuesto de la prestación desorbitada." ...") . 

La sentencia del Tribunal Supremo 420/2020, de 14 de julio, en el recurso de casación por interés casacional formulado por un demandante que solicitaba la íntegra reparación del daño aunque superase a su valor venal, ha dicho, en relación con la forma procedente de resarcimiento de los daños materiales ocasionados a un vehículo automóvil, en accidente de circulación, cuando el coste de reparación excede manifiestamente del valor venal (o valor de venta en el mercado del vehículo siniestrado), e incluso, del valor de compra en el mercado de segunda mano de un vehículo de las mismas características, lo siguiente: 

1.- Que nuestro sistema de responsabilidad civil está orientado a la reparación del daño causado, bien in natura o mediante su equivalente económico (indemnización). 

2.- Que el resarcimiento del perjudicado no puede suponer para éste un beneficio injustificado, debiendo ser resarcido el daño en su justa medida, lo que proclama para el contrato de seguro, el art. 26 de su ley reguladora 50/1980, de 8 de octubre, cuando norma que "el seguro no puede ser objeto de enriquecimiento injusto para el asegurado". 

3.- El resarcimiento del daño habrá de ser racional y equitativo, no se puede imponer al causante una reparación desproporcionada o un sacrificio económico desorbitado que sobrepase la entidad real del daño. 

"... En los daños materiales, la reparación del objeto dañado es la forma ordinaria de resarcimiento del daño sufrido. Ahora bien, este derecho a la reparación in natura no es incondicional, sino que está sometido a los límites de que sea posible -naturalmente no es factible en todos los siniestros- y que no sea desproporcionado en atención a las circunstancias concurrentes. O, dicho de otra manera, siempre que no se transfiera al patrimonio del causante una carga económica desorbitante. La forma de resarcimiento del daño pretendida ha de ser razonable y la razón no se concilia con peticiones exageradas, que superen los límites de un justo y adecuado resarcimiento garante de la indemnidad de la víctima. 

En definitiva, el derecho del perjudicado a obtener la reparación del daño como cualquier otro no puede ser ejercitado de forma abusiva o antisocial (art. 7 del CC), sino que queda circunscrito a la justa compensación, encontrando sus límites en la proporcionada satisfacción del menoscabo sufrido al titular del bien o derecho dañado ....". 

4.- En el caso de daños derivados de la circulación de vehículos a motor han de valorarse las circunstancias concurrentes, como lo son: 

Que " los vehículos de motor son bienes perecederos, que se deterioran y agotan con su uso y, por lo tanto, se devalúan con el tiempo. Es manifestación normativa de lo expuesto que a efectos fiscales se publican precios medios de venta aplicables a los vehículos de motor, en atención a su marca y modelo, con sus correlativas tablas de depreciación por el transcurso del tiempo (anexo IV de la Orden HAC/1273/2019, de 16 de diciembre). 

En consecuencia, es habitual que sus dueños se vean obligados a sustituirlos por otros, dándolos de baja o vendiéndolos a terceros, cuando todavía conservan un valor de uso susceptible de transmisión onerosa. 

Otra circunstancia a ponderar es la existencia de un mercado, bien abastecido, de vehículos de ocasión, en el cual es posible la adquisición de un vehículo de similares características al que se venía disfrutando sin excesivas dificultades. 

Cuando se trata de daños materiales, el natural resarcimiento del daño se obtiene generalmente por medio de la efectiva reparación de los desperfectos sufridos en un taller especializado, cuyo coste el perjudicado repercute en el autor del daño o en las compañías aseguradoras, que abordan directamente el coste de la reparación o lo resarcen a través de acuerdos entre ellas. Es cierto que la reparación puede implicar una cierta ventaja para el dueño del vehículo dañado, derivada de la sustitución de las piezas viejas deterioradas por el uso por otras nuevas en óptimas condiciones, pero tampoco el resarcimiento del perjudicado es susceptible de llevarse a efecto de forma matemática, por lo que dichos beneficios son tolerables y equitativos, como también no deja de ser cierto que el valor del vehículo se devalúa al sufrir el siniestro que lo deteriora. Esta concreta forma de resarcimiento se reconduce, sin más complicación, a la simple valoración del importe de la reparación llevada a efecto ...". 

5.- Análisis específico de los supuestos en los que la reparación sea manifiestamente superior al valor de un vehículo similar: 

"... No se cuestiona el derecho, que compete al dueño del vehículo, a abordar su reparación, postular que se lleve a efecto, o exigir, en su caso, la indemnización correspondiente. Cosa distinta es que pueda imponer unilateralmente la reparación o endosar el coste de la misma al causante del daño, prescindiendo del importe al que se eleve la mano de obra y las piezas de repuesto necesarias para ejecutar la reparación del vehículo en los supuestos de siniestro total. 

En efecto, la problemática se suscita, cuando siendo la reparación viable, así como seria y real la intención del dueño de llevarla a efecto, o incluso se haya abordado y sufragado su precio, se pretenda repercutir el importe de la misma al causante del daño, a pesar de ser el coste de aquélla manifiestamente desproporcionado con respecto al valor del vehículo al tiempo del siniestro. 

Pues bien, desde esta perspectiva, hemos de señalar que no existe un incondicionado ius electionis (derecho de elección) del dueño del vehículo siniestrado para repercutir contra el causante del daño el importe de la reparación, optando por esta fórmula de resarcimiento, cuando su coste sea desproporcionado y exija al causante del daño un sacrificio desmedido o un esfuerzo no razonable. 

En consecuencia, cuando nos encontremos ante una situación de tal clase, que se produce en los supuestos en los que el importe de la reparación resulte muy superior con respecto al valor de un vehículo de similares características, no es contrario a derecho que el resarcimiento del perjudicado se lleve a efecto mediante la fijación de una indemnización equivalente al precio del vehículo siniestrado, más un cantidad porcentual, que se ha denominado de recargo, de suplemento por riesgo o confianza, y que, en nuestra práctica judicial, se ha generalizado con la expresión de precio o valor de afección, que comprenderá el importe de los gastos administrativos, dificultades de encontrar un vehículo similar en el mercado, incertidumbre sobre su funcionamiento, entre otras circunstancias susceptibles de ser ponderadas, que deberán ser apreciadas por los órganos de instancia en su específica función valorativa del daño ...". 

En definitiva, la jurisprudencia ha venido admitiendo que cuando se opta por la indemnización por equivalente económico la misma se integra por el precio del vehículo siniestrado más el precio o valor de afección. 

D) Aplicación al caso de autos. 

En el caso de autos, según el informe pericial aportado por la parte demandante, elaborado por el perito Don Edemiro, el valor de reparación del vehículo era de 27.459,21 euros, siendo siniestro total. El valor de mercado ascendía a 12.900 euros el valor venal a 13.440 €, y el valor de los restos a 1.050 €. Explicó el perito en cuanto a los valores a que hace referencia en su informe, que el valor venal es el que se obtiene y fija trimestralmente la asociación de vendedores, GANVAM (Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios), en función del modelo de vehículo y año de matriculación, y el valor de mercado es el que obtiene el perito en el momento en que realiza la pericial de la oferta en el mercado de segunda mano. Aunque normalmente el valor de mercado siempre es superior al valor venal, en el caso de autos, en el momento en que realizó la pericial, sólo encontró esa oferta para el vehículo de autos (de 12.900 €) aunque en días posteriores había ofertas por 16 mil y pico euros por vehículos de parecidas características. Incluso el tramitador del siniestro le preguntó si había alguna equivocación en su informe a lo que le contestó que no era así. El valor venal menos el valor de los restos es el importe que tiene en cuenta el perito en la valoración, si bien también hace referencia al valor de mercado que es el que habitualmente tiene en cuenta el tramitador del seguro. 

Por tanto, tanto el valor de mercado como el valor venal son conceptos que persiguen calcular la indemnización por equivalencia a que hemos hecho referencia en el fundamento jurídico anterior, es decir, lo que costaría un vehículo de características similares en el mercado. 

Por otro lado, consta probado que la demandante indemnizó a su asegurado en la cantidad de 16.581 € (doc. 7 acompañado a la demanda), que, según la demanda se corresponde con 13.440 € correspondiente al valor venal informado por el perito, más el 30% de valor de afección, 4.032 €, menos 1.050 € por el valor de los restos también informado por el perito. La operación arroja el resultado de 16.422 € que es lo que se reclama en la demanda. 

No resulta improcedente que la compañía actora haya tenido en cuenta el importe del valor venal (en lugar del de mercado) porque de los dos que ofrece el perito (valor venal y valor de mercado) era el superior, precisamente, teniendo en cuenta lo inhabitual de lo ocurrido (en palabras de perito), y como valor que más se aproximaba al valor de mercado a que le obligaba la póliza, valor al que se añade el de afección, también procedente según lo expuesto hasta aquí. 

También consideramos correcto el cálculo efectuado por la aseguradora demandante de sumar el valor venal y el valor de afección para la obtención de del valor de la indemnización por equivalente, cantidad ésta de la que se deduce después el valor de los restos o valoración de lo que vale lo que queda del vehículo siniestrado a precio de desguace. 

En cuanto a la franquicia, si bien es cierto que en las condiciones particulares de la póliza figura una franquicia de 200 € para " Daños e incendio del vehículo asegurado ", también lo es que, en las condiciones generales de la póliza, para el supuesto de " daños del vehículo asegurado" (artículo 28) y siniestro total, consta pactado que " en caso de haberse pactado una franquicia ésta no será deducible de la indemnización por pérdida total ". Por tanto, teniendo en cuenta que la actora pagó al asegurado la cantidad reclamada en la demanda sin aplicación de ninguna franquicia, que tampoco aparece recogida en el informe pericial del perito que obra en autos, debe entenderse que no era de aplicación la mentada franquicia.

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No cabe emplear datos tributarios solicitados por un ayuntamiento a la AEAT para el ejercicio de potestades ajenas a las tributarias sin previa autorización del interesado según el artículo 95 de la LGT.

 

A) La sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, sec. 4ª, de 10 de junio de 2021, nº 826/2021, rec. 7821/2019, declara que si una Administración, para el ejercicio de las funciones que le son propias, solicita de la AEAT la cesión de datos tributarios, tal cesión será con fines tributarios. Ahora bien, si es para el ejercicio de otras potestades ajenas a las tributarias y no hay una norma legal que lo prevea, deberá contar con la previa autorización del interesado. 

1º) Por tanto, el acto dictado con base en unos datos tributarios cedidos será conforme a Derecho si la cesión respeta las reglas del art 95,1 LGT. 

Es decir, no cabe emplear datos tributarios cedidos por la AEAT para el ejercicio de potestades ajenas a las tributarias sin previa autorización del interesado. 

Considera el Tribunal que del art. 95.1.a) y k) LGT se deduce una concreción de los principios del régimen general de protección de datos y que es voluntad del legislador dotar de carácter reservado a los datos que elabora o recaba la Administración tributaria, luego sólo puede emplearlos para los fines tributarios que menciona y que le son propios. Cobra así sentido que, como regla general, se prohíba su cesión salvo para los supuestos tasados de interés público que relaciona el artículo 95.1 y de los que los ahora interesan los citados en el anterior punto.

Esta regla se confirma en art. 58.2 RGAT, que prevé que cuando una Administración Pública solicite la transmisión de datos con trascendencia tributaria por medios electrónicos, informáticos y telemáticos, deben identificarse los datos requeridos, sus titulares y la finalidad por la que se requieren y que se dispone del consentimiento expreso de los titulares afectados o de la autorización correspondiente cuando sean necesarios. 

Si una Administración, para el ejercicio de las funciones que le son propias, solicita de la AEAT la cesión de datos tributarios, tal cesión será con fines tributarios; ahora bien, si es para el ejercicio de otras potestades ajenas a las tributarias y no hay una norma legal que lo prevea, deberá contar con la previa autorización del interesado. 

2º) En esta litis, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no puede aplicar sanciones que no tienen naturaleza tributaria y se basan sólo en la posible vulneración de la normativa del taxi (revocación de la licencia de taxi y multas no tributarias) cuando la única prueba de cargo de que dispone para aplicar tales sanciones es una información que el Ayuntamiento solicitó a la Agencia Tributaria de Las Palmas y que ésta facilitó, vulnerando lo dispuesto al efecto por el art. 95.1 ) de la Ley General Tributaria. 

B) ANTECEDENTES DE HECHO: 

1º) El presente recurso de casación se interpuso por don Jose Ignacio contra la sentencia núm. 218/2019, de 10 de junio, de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, estimatoria del recurso apelación núm. 31/2018 formulado frente a la sentencia de 23 de noviembre de 2017, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº uno de Las Palmas de Gran Canaria, que estimó el recurso tramitado por el procedimiento ordinario núm. 407/2016, instado contra la resolución de 5 de abril de 2016, del Concejal de Gobierno del Área de Movilidad Ciudadana y Ciudad del Mar, Servicio de Movilidad y Entorno Público, Sección de Tráfico y Transporte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se imponía al aquí recurrente la sanción de pérdida de la licencia de autotaxi nº 656 y una multa de 4.001 euros.

2º) El TSJ de Canarias, con remisión a pronunciamientos suyos anteriores, estimó el recurso de apelación del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria con sustento en el siguiente razonamiento: 

"Esta Sala ya ha tenido ocasión de pronunciarse en asuntos idénticos al que nos ocupa, en el sentido de revocar la sentencia de instancia y estimar los motivos de apelación formulados por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria; criterio que, lógicamente, hemos de aplicar también al presente caso. 

Así las sentencias dictadas en los recursos nº 217/2017 y 191/2017, y más recientemente en la STSJ de Canarias de 20-02-2019 (recurso 337/2017) siguen el criterio ya fijado por la STSJ de Canarias de fecha 27-07-2018 (recurso de apelación nº 306/2017), la cual vino a resolver no sólo la cuestión aquí discutida, acerca de la presunción de inocencia y si las actuaciones realizadas por la Agencia Tributaria constituían prueba de cargo suficiente con respecto a la infracción que se le imputa, sino también en relación a la caducidad del procedimiento, en los siguientes términos: 

Por tanto, aplicando lo anterior al presente caso, debe ser estimado el recurso de apelación, y revocar la sentencia apelada, desestimando el recurso contencioso-administrativo y confirmar la Resolución nº 9314/2016, de 5 de abril del Sr. Concejal Delegado de Movilidad y Ciudad del Mar del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Lo anterior conlleva igualmente dejar sin efecto la condena en costas a la parte demandada realizada en primera instancia y condenar a la parte actora con el mismo límite fijado por la sentencia apelada de 900 euros". 

C) Objeto del recurso. 

1º) El presente recurso de casación se formula contra la sentencia núm. 218/2019, de 10 de junio, de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que estimó el recurso apelación núm. 31/2018 instado frente a la sentencia de 23 de noviembre de 2017, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Las Palmas de Gran Canaria, estimatoria del recurso núm. 407/2016, interpuesto contra la resolución de 5 de abril de 2016, del Concejal de Gobierno del Área de Movilidad Ciudadana y Ciudad del Mar, Servicio de Movilidad y Entorno Público, Sección de Tráfico y Transporte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que impone al aquí recurrente, don Jose Ignacio la sanción de pérdida de la licencia de autotaxi núm. 656 y una multa de 4.001 euros. 

2º) La sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Las Palmas de Gran Canaria declaró la nulidad de la resolución administrativa por la inexistencia de prueba de cargo suficiente para considerar acreditada la comisión de la infracción y desvirtuar la presunción de inocencia del actor, reiterando el criterio mantenido en la sentencia dictada en el procedimiento ordinario núm. 392/2016, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3 de los de Las Palmas de Gran Canaria, en cuanto que a tenor del art. 95 de la Ley 58/2003, sólo podría hacerse uso de la información facilitada previo consentimiento del interesado, lo que aquí no consta se obtuviera. 

La Sala de instancia se remite al pronunciamiento anterior, contenido en las sentencias dictadas el 20 de febrero de 2019 (rec. apel. núm. 337/2017) y el 27 de julio de 2018 (rec. apel. núm. 306/2017), que transcribe tal cual, y, a su vez, reproduce lo dicho en STS de 8 de octubre de 2001 (rec. cas. núm. 3946/1996), para concluir que no tiene naturaleza sancionadora el acuerdo extintivo de la licencia de autotaxi, y que la utilización de la información facilitada por la Agencia Tributaria mediante la cesión de datos de naturaleza tributaria, para fines distintos al ejercicio de la potestad tributaria por el Ayuntamiento no es contraria a Derecho, porque sostiene que la cesión fue a un Juzgado de Instrucción para la persecución de delitos, y no directamente al Ayuntamiento que solo utilizó aquellos datos cedidos para una finalidad lícita. Por último, hace mención a que la cesión de explotación de licencia de autotaxi fue formalizada en escritura pública, lo que constituiría también prueba suficiente para adoptar la decisión administrativa. Hay que adelantar ya que esta referencia es debida a la transcripción de otra sentencia, y no se corresponde ni con los hechos ni con la documentación obrante en el expediente administrativo del Sr. Jose Ignacio. 

D) La cuestión de interés casacional. 

1º) Precisa el auto del TS de 14 de julio de 2020, de la Sección de Admisión de esta Sala, que las cuestiones en las que se entiende que existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia son las siguientes: primero, si son aplicables los principios y garantías propios del procedimiento administrativo sancionador a la revocación de una licencia de autotaxi; y, segundo, si es posible obtener como prueba de cargo los datos de los obligados tributarios cedidos por la Administración tributaria para la tramitación de un procedimiento sancionador y su eventual integración en el ilícito del tipo infractor. 

2º) La argumentación del recurso de casación. 

Sostiene el recurso de casación de D. Jose Ignacio que la revocación de la licencia constituye una sanción, por lo que son extensibles las garantías propias de los principios que garantizan la presunción de inocencia reconocidos en los artículos 25.1 CE, 127 y 129 Ley 30/1992. 

Alega infracción del art. 25.1 CE, de los arts. 127.1 y 129.1 de la Ley 30/1992 (arts. 25.1 y 27.1 LRJSP), de la STC 181/1990 y de las SSTS de 17 de marzo y de 14 de septiembre de 2004. 

Sostiene que se limitó a ejercer el derecho que le reconoce la normativa reguladora del sector a explotar su licencia mediante trabajadores asalariados. La propia resolución sancionadora habla en todo momento de "cesión de la explotación"(por ejemplo, Antecedente de Hecho cuatro) y no de cesión de la licencia a un tercero, que es lo que realmente tipifica como infracción muy grave el art. 104.4 LT Canaria, por lo que también se estaría incurriendo en una interpretación analógica o extensiva del tipo in malam partem prohibida expresamente por el propio art. 25.1 CE (STC 151/1997, entre otras) y por el art. 129.4 Ley 30/1992 (art. 27.4 LRJSP). 

Adiciona la infracción de la STC 181/1990 y de las SSTS de 17 de marzo y de 14 de septiembre de 2004 (recs. núms. 7025/2001 y 35/2002), al decir la sentencia impugnada que la revocación de la licencia de autotaxi no constituye realmente una sanción. Para llegar a esa conclusión, la sentencia recurrida se apoya en las SSTS de 8 de octubre de 2001 (rec. núm. 3946/1996) y de 7 de marzo de 2000 (rec. núm. 2614/1994), que supuestamente se ocuparían de un supuesto similar. Pero aduce que no es así porque, en tales casos, a diferencia de lo que ocurre en éste, las conductas en virtud de las cuales se procedió a revocar la licencia municipal de taxi no estaban expresamente tipificadas como infracción administrativa. 

Concluye que la revocación de la licencia de autotaxi acordada constituye, tanto formal como materialmente, una sanción (accesoria o complementaria de la multa) que se anuda como castigo a la comisión de una infracción expresamente tipificada como tal en el art. 104.4 de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias. 

Defiende que al constituir la revocación de la licencia de taxi una auténtica sanción, las garantías materiales (art. 25 CE) y formales (art. 24.2 CE) propias de ellas son plenamente aplicables al presente caso. 

También sostiene la infracción de los arts. 18.4 y 24.2 CE, del art. 137.1 de la Ley 30/1992 [ art. 53.2.b) LPAC], de los arts. 34.1 y 95.1 de la LGT, de las SSTC 293/2000 y 17/2003 y de las SSTJUE de 9 de noviembre de 2010 y de 27 de septiembre de 2017. 

Invoca el derecho fundamental a la presunción de inocencia [arts. 24.2 CE y 137.1 de la Ley 30/1992, actual art. 53.2.b) LPAC] y rechaza la "prueba de cargo" admitida por la sentencia impugnada, un informe de la Delegación Especial de Canarias de la Inspección de Hacienda del Estado, de 20 de marzo de 2015, sobre varios obligados tributarios que durante los años 2009 a 2012 habrían estado explotando (presuntamente) varias licencias, entre las que figura la núm. 656 titular del recurrente, y un acta de conformidad de uno de tales obligados de 24 de febrero de 2015. A este respecto, señala que dicha Delegación realizó una serie de actuaciones de comprobación tributaria en el sector del taxi tras haber constatado que existían determinadas bolsas de fraude fiscal, actuaciones que incluso dieron lugar a la apertura de unas diligencias previas (nº 1148/2013) del Juzgado de Instrucción núm. 8 de Las Palmas. 

La Inspección de Hacienda, "en respuesta a la solicitud previa formulada por el Ayuntamiento", remitió, "a efectos estrictamente tributarios", el referido Informe de 20 de marzo de 2015. El acuerdo de iniciación del procedimiento, la propuesta de resolución y la propia resolución sancionadora presentan dicho informe y el acta de inspección como "fruto de la cooperación interadministrativa y de las comunicaciones mantenidas entre la Inspección Regional de la Delegación de la Agencia Española de la Administración Tributaria y este Ayuntamiento "(Antecedente de Hecho tercero de la resolución sancionadora). El informe y el acta fueron incorporados al procedimiento sancionador bajo el rótulo de actuaciones previas (consideración jurídica tercera de la resolución sancionadora) y se califican expresamente como la "prueba de la conducta constitutiva de la infracción "(consideración jurídica cuarta). 

Afirma que se trata de una suerte de prueba "preconstituida"o "anticipada"en otro procedimiento (tributario y penal) que, no pasa en modo alguno el cedazo del derecho fundamental a la presunción de inocencia, pues fue incorporada al procedimiento sancionador de forma ilícita, por vulnerar varios preceptos constitucionales y legales que se citan a continuación, sin que demuestre por sí misma, además, los hechos del tipo infractor. 

Insiste en la consideración del carácter reservado de los datos tributarios en los arts. 34.1 y 95.1 de la LGT. 

Invoca que el derecho a la reserva de los datos personales ha encontrado un amplio eco en la jurisprudencia del TC, fundamentalmente en sus sentencias 292/2000, de 30 de noviembre, 17/2013, de 31 de enero y 67/2020, de 29 de junio. 

Reproduce parcialmente el contenido de la reciente STC 67/2020, de 29 de junio, relativa a la utilización en un procedimiento tributario sancionador de una prueba documental previamente obtenida a través de una investigación penal por blanqueo de capitales. 

Concluye que esta sentencia corrobora la tesis del recurrente, pero no se pronuncia sobre la cuestión aquí controvertida porque, afirma, aquí no estamos ante una prueba obtenida en un proceso penal y ante la comunicación de datos de los Tribunales a la Administración tributaria, sino ante la cesión de datos de una Administración, la tributaria, a otra, la municipal, y no para que los utilice con esa finalidad tributaria, sino para sancionar en un sector por completo ajeno: el de los transportes. El art. 95.1.a) de la LGT -dice- no permite esa cesión y por eso considera que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, aquí recurrida, lo conculca abiertamente. 

E)  El juicio de la Sala. 

La doctrina de interés casacional sobre la que hemos de pronunciarnos ha sido fijada en varias sentencias. Así, hemos de remitirnos a nuestras sentencias de 11 de marzo de 2021 (rec. cas. 8040/2019; de 15 de marzo de 2021 (rec. cas. 8288/2019) y de 13 de mayo de 2021 (rec. cas. 5011/2019), todas con una cuestión de interés casacional idéntica a la aquí suscitada, al derivar de dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Las Palmas análogas a las antecedentes del presente recurso, puntualizando que en este caso, en el que se ha personado y formulado oposición el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canarias, el recurrente no tiene la condición de "flotero", como el allí recurrente, sino que se trata de un titular de licencia de autotaxi, sin que, por otra parte, haya constancia alguna de cesión de la licencia de autotaxi en escritura pública, que la sentencia de apelación incorpora como parte de la transcripción de otra sentencia, la de 27 de julio de 2018. Pero ninguna de estas circunstancias altera el resultado esencial del juicio de la Sala expresado en la STS 344/2021, de 11 de marzo, que, por exigencia de los principios de igualdad en la aplicación de la Ley y de seguridad jurídica, vamos a reiterar a continuación, dada la identidad de los hechos y acto administrativo recurrido, así como de la semejanza de los argumentos expuestos por las partes. 

Dice así la sentencia de 11 de marzo de 2021, cit.: 

1. De las dos cuestiones identificadas por el auto de admisión que presentan interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, se opta por enjuiciar primero la referida a la interpretación del artículo 95.1 de la LGT. La razón no es otra, sino que comprende lo que está en la base del litigio al margen de cuál sea la naturaleza jurídica de la revocación de licencias de autotaxi. 

2. En lo que ahora interesa el artículo 95.1 de la LGT prevé lo siguiente: 

"Artículo 95. Carácter reservado de los datos con trascendencia tributaria. 

"1. Los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración tributaria en el desempeño de sus funciones tienen carácter reservado y sólo podrán ser utilizados para la efectiva aplicación de los tributos o recursos cuya gestión tenga encomendada y para la imposición de las sanciones que procedan, sin que puedan ser cedidos o comunicados a terceros, salvo que la cesión tenga por objeto: 

"a) La colaboración con los órganos jurisdiccionales y el Ministerio Fiscal en la investigación o persecución de delitos que no sean perseguibles únicamente a instancia de persona agraviada. 

"k) La colaboración con las Administraciones públicas para el desarrollo de sus funciones, previa autorización de los obligados tributarios a que se refieran los datos suministrados." 

2. De tal precepto se deduce una concreción de los principios del régimen general de protección de datos y que es voluntad del legislador dotar de carácter reservado a los datos que elabora o recaba la Administración tributaria, luego sólo puede emplearlos para los fines tributarios que menciona y que le son propios. Cobra así sentido que, como regla general, se prohíba su cesión salvo para los supuestos tasados de interés público que relaciona el artículo 95.1 y de los que los ahora interesan los citados en el anterior punto. 

3. Este régimen se complementa con la Orden de 18 de noviembre de 1999, dictada respecto de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, y la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ambas derogadas. En la LGT de 1963 sólo se preveía la cesión dentro de "la colaboración con otras Administraciones tributarias a efectos del cumplimiento de obligaciones fiscales en el ámbito de sus competencias ", para lo que la Orden no exige autorización del interesado (artículo 3); ahora bien, si se trata de la cesión de datos a otras Administraciones para fines no fiscales sí debe constar la expresa autorización del interesado (artículo 2.4) y con carácter general se prevé que el cesionario no pueda cederla a su vez (artículo 6.7º). 

4. Esta misma regla se confirma en el vigente Reglamento General de Gestión e Inspección Tributaria aprobado por Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, cuyo artículo 58.2 prevé que cuando una Administración Pública solicite la transmisión de datos con trascendencia tributaria por medios electrónicos, informáticos y telemáticos, deben identificarse los datos requeridos, sus titulares y la finalidad por la que se requieren y que se dispone del consentimiento expreso de los titulares afectados o de la autorización correspondiente cuando sean necesarios. 

5. En consecuencia y a los efectos del artículo 93.1 de la LJCA se concluye que si una Administración, para el ejercicio de las funciones que le son propias, solicita de la AEAT la cesión de datos tributarios, tal cesión será con fines tributarios; ahora bien, si es para el ejercicio de otras potestades ajenas a las tributarias y no hay una norma legal que lo prevea, deberá contar con la previa autorización del interesado. Por tanto, el acto dictado con base en unos datos tributarios cedidos será conforme a Derecho si la cesión respeta las reglas del artículo 95.1 de la LGT. 

F) VALORACION. APLICACIÓN AL CASO: 

1. La sentencia impugnada se basa en un juego de remisiones a otras sentencias, y al hacerlo descuida estar a las circunstancias del caso. Así en la sentencia del TSJC nº 212/2018, a la que se remite, se planteaba un supuesto de cesión al Juzgado de Instrucción conforme al artículo 95.1.a) de la LGT y, de lo que se deduce de esa otra sentencia, los allí sancionados no fueron floteros sino licenciatarios, tal y como se ha expuesto ya. 

2. En el caso de autos es el Ayuntamiento el cesionario directo de la información tributaria que le cede la AEAT a petición suya: el oficio solicitándola es concluyente (cfr. el Fundamento de Derecho Primero.2. 5º de esta sentencia) y la referencia a las diligencias penales en curso fue sólo eso, una mera referencia, ignorándose su estado y quienes son o eran los imputados o procesados. 

3. De esta manera el informe que la AEAT remitió al Ayuntamiento no dejaba lugar a dudas: cedió datos tributarios del recurrente conforme al artículo 95.1 de la LGT en estos términos ya antes citados: "para colaborar con otras administraciones tributarias en el ámbito de sus competencias y, a efectos estrictamente tributarios, se remite el presente informe". Esta era la condición impuesta al cederlos. 

4. En su oposición, el Ayuntamiento parece sostener que como está personado en unas diligencias penales -de cuyo contenido y alcance, repetimos, nada consta- puede hacer uso de los datos que la AEAT haya cedido al Juzgado ex artículo 95.1.a), luego entiende que por ser parte en ese procedimiento penal está autorizado judicialmente para emplearlos para el ejercicio de sus competencias sobre el régimen de las licencias de taxi. Esto es rechazable porque no hay autorización alguna -al menos no consta como tal- y porque tal razonamiento podría ser coherente con lo resuelto en la sentencia a la que se remite la ahora impugnada. 

5. El caso de autos es otro: el Ayuntamiento se dirigió sólo a la AEAT luego la idea de autorización judicial es inane y no es ahora litigioso juzgar si su personación en unas diligencias penales le permitía aprovechar los datos cedidos por la AEAT al Juzgado y así usarlos para el ejercicio de sus competencias; del mismo modo que tampoco es aquí cuestión litigiosa si era posible haber interesado del Juzgado un testimonio de particulares, que el Juzgado valorase su pertinencia y así incoar un procedimiento sancionador dentro de sus competencias en materia de licencias de taxi. 

6. Consciente de lo expuesto, el Ayuntamiento entiende -así hay que deducirlo- que gracias a su personación en un procedimiento penal, conoció los datos cedidos por la AEAT al Juzgado al amparo del artículo 95.1.a) de la LGT, y decide aprovecharlos; ahora bien, para evitar el posible límite deducible de tal precepto que tiene como cesionario al órgano judicial, no empleó directamente los datos cedidos al Juzgado, tampoco interesó un posible testimonio de particulares, sino que para sancionar al recurrente procuró la cobertura de la AEAT ex artículo 95.1.k) de la LGT, le solicitó directamente la cesión de esos datos y los obtuvo. 

7. Por tanto, no empleó esos datos para un fin tributario sino para aplicar la normativa reguladora del taxi. Además, tal cesión se hizo sin consentimiento del interesado y con base en una solicitud equívoca pues del oficio remitido a la AEAT se deduce que interesaba los datos para actuar respecto a los titulares de licencias que indebidamente las hubieran cedido a floteros: no de otra forma cabe entender la cita que se hace en ese oficio del artículo 104.4 de la Ley canaria 13/2007. [...]". 

G) La estimación del recurso de casación. 

Por razón de todo lo expuesto, al igual que en la STS de 11 de marzo de 2021, se estima el recurso de casación y resulta innecesario abordar la primera de las cuestiones planteadas en el auto de admisión. 

Para la sentencia impugnada al no ser una sanción no cabe hablar de la obtención ilícita de una prueba de cargo. No obstante, a los efectos de la interpretación del artículo 95.1 de la LGT es secundario discernir la naturaleza jurídica del acto dictado gracias a los datos cedidos: si la medida acordada ex artículo 109.1 de la Ley canaria 13/2007 es una sanción accesoria respecto de la principal -la multa-, ambas impuestas por cometerse un ilícito tipificado como infracción, o si es la consecuencia de haberse consumado una condición resolutoria del título habilitante para la actividad objeto de licencia. 

Sea cual sea su naturaleza, lo relevante es que para la revocación de la licencia de la que era titular el ahora recurrente, el Ayuntamiento empleó los datos obtenidos de la AEAT al amparo del artículo 95.1 de la LGT en los términos expuestos. Y otro tanto cabe decir si, aun cuando no fuese esa revocación un acto sancionador en sentido estricto o material se plantease si para dictarlo son aplicables las garantías del procedimiento sancionador. Además, ya se ha indicado antes (FJ 2) que la mención a la constancia de una cesión de licencia en escritura pública es fruto de la transcripción de una sentencia en un asunto distinto, y no se corresponde con lo obrante en autos y en el expediente administrativo relativo al Sr. Jose Ignacio. 

En consecuencia, la pretensión casacional del recurrente se estima en el sentido de que no cabe emplear los datos tributarios cedidos por la AEAT al amparo del artículo 95.1 de la LGT, concurriendo las circunstancias a las que se ha hecho referencia en el Fundamento de Derecho Cuarto antes transcrito. 

La estimación del presente recurso lleva a resolver el recurso de apelación, que, por tanto, se desestima, y conforme a lo razonado en esta sentencia, se confirma el fallo de la sentencia de 23 de noviembre de 2017, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Las Palmas de Gran Canaria, estimatoria del recurso núm. 407/2016.

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Tratándose de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas no rige en principio la Ley del Contrato de Seguro por lo que solo cabe reclamar intereses legales y cuando se declare la firmeza de la sentencia si podrían reclamarse intereses moratorios a las compañías aseguradoras.

 

A) La sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sec. 2ª, de 29 de octubre de 2020, nº 585/2020, rec. 168/2020, declara que tratándose de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas no rige en principio la Ley del Contrato de Seguro por lo que solo cabe reclamar intereses legales y solo desde que se declare la firmeza de la sentencia se podrían reclamar intereses moratorios del artículo 20. 8º de la Ley del Contrato de Seguro, a las compañías aseguradoras. 

El artículo 20 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, declara que: 

"4.º La indemnización por mora se impondrá de oficio por el órgano judicial y consistirá en el pago de un interés anual igual al del interés legal del dinero vigente en el momento en que se devengue, incrementado en el 50 por 100; estos intereses se considerarán producidos por días, sin necesidad de reclamación judicial. 

No obstante, transcurridos dos años desde la producción del siniestro, el interés anual no podrá ser inferior al 20 por 100. 

8.º No habrá lugar a la indemnización por mora del asegurador cuando la falta de satisfacción de la indemnización o de pago del importe mínimo esté fundada en una causa justificada o que no le fuere imputable". 

B) Es objeto del presente recurso de apelación el Auto dictado el 16 de diciembre de 2019 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 15 de Madrid en los autos de procedimiento ordinario 147/2017, en el que se venían a determinar las bases o criterios para la cuantificación de los intereses moratorios a satisfacer por las aseguradoras condenadas en el procedimiento principal por el retraso en el abono de la indemnización reconocida en la Sentencia estimatoria del recurso entablado por Dª. Amalia frente a la resolución de la Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Collado-Villalba de fecha 23 de marzo de 2017. 

Se sustenta el pronunciamiento combatido en esta segunda instancia, en síntesis, en las siguientes consideraciones: tratándose de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas no rige el principio que la Ley del Contrato de Seguro establece en su artículo 20, sino el más específico del artículo 141.3 de la Ley 30/1992 (aquí aplicable por razones temporales), que remite al interés legal del dinero, por lo que no puede prosperar la pretensión de que se aplique lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley del Contrato de Seguro; para fijar el día final del devengo de intereses ha de estarse al momento en el que las aseguradoras llevan a cabo la consignación integra en la cuenta del Juzgado, que tiene efectos libertarios, coincidiendo el momento inicial con el de la lesión o daño. 

Frente a dicha Sentencia se alza en esta apelación Dª. Amalia, a través de su representación procesal, aduciendo, resumidamente: que resulta sorprendente que se someta a las aseguradoras del riesgo de responsabilidad patrimonial -que carecen, obviamente, de la condición de Administraciones Públicas- a una norma administrativa obviando su propia legislación, la reguladora del contrato de seguro, que impone el reconocimiento por el órgano judicial de la indemnización por mora de oficio, por lo que no es exigible expresa resolución de condena a estos intereses ni petición previa de parte, sino que se imponen ope legis, por imperativo legal; y que, además de ello, en este caso fueron solicitados expresamente los intereses por la perjudicada, habiendo tenido las aseguradoras conocimiento de la reclamación y del alcance de las lesiones desde un principio y habiendo tomado aquellas parte en los distintos procedimientos iniciados para depurar responsabilidades. 

A la pretensión revocatoria deducida en esta segunda instancia opone Mapfre España, S.A.: que, siendo evidente que las aseguradoras no tienen la consideración de Administraciones Públicas también lo es que estamos en un procedimiento contencioso en el que la responsabilidad de dichas mercantiles deriva de la existencia de una responsabilidad previa del organismo público de que se trate, por lo que no puede hacerse a aquellas de peor condición; que, de hecho, es difícil encontrar en esta jurisdicción condenas de las compañías aseguradoras de las Administraciones Públicas al abono de los intereses que contempla el artículo 20 de la Ley del Contrato de Seguro petición de condena que, además, no se contiene en el escrito de demanda, siendo inidóneo al efecto el trámite de conclusiones a que se hace referencia en el escrito de recurso; y que es de tener en cuenta, por último, la concurrencia de circunstancias que justificarían que la aseguradora no haya abonado la indemnización, como son las consistentes en la dilación producida en la presentación de la reclamación de responsabilidad patrimonial, que tuvo lugar casi cuatro años después del siniestro, el hecho de precisar la responsabilidad patrimonial de la Administración de un reconocimiento administrativo o judicial -por lo que no puede entenderse que haya habida demora en la aseguradora- y el de no haberse formulado directamente reclamación contra la aseguradora sino contra la Administración, circunstancias las aludidas a que hace mención, a efectos exoneratorios del pago de intereses, la STS 19 septiembre 2006. 

C) Centrada la controversia en esta segunda instancia en la aplicabilidad o no del artículo 20 de la Ley del Contrato de Seguro en orden a la cuantificación de los intereses que, por demora en el pago de la indemnización resarcitoria reconocida al perjudicado en los supuestos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, deben abonar las entidades aseguradoras, no podemos sino compartir la conclusión alcanzada por el Juez a quo. 

En efecto, ante todo debemos notar que, no habiéndose solicitado por la recurrente y aquí apelante el abono de intereses de ninguna clase en el escrito de demanda (en cuya fundamentación jurídica vino a sustentarse la reclamación en la normativa reguladora de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, sin referencia alguna a normas de Derecho privado), fue en trámite de conclusiones cuando dicha litigante incluyó una específica mención a la obligación de abono de intereses ex art 141.3 Ley 30/1992 y 20 de la Ley del Contrato de Seguro, siendo que el trámite en cuestión, como es sabido, resulta inidóneo para introducir nuevas pretensiones no deducidas en el momento procesal idóneo para ello, que no es otro que el de la formalización del escrito de demanda. 

Además de ello y aunque pudiéramos entender que la condena al abono de intereses moratorios al amparo de lo dispuesto en el artículo 20 aludido puede verificarse de oficio por el órgano judicial en la Sentencia que puso término al procedimiento en la instancia se prevé la actualización de la indemnización que se reconoce en la meritada resolución judicial a la perjudicada, Dª. Amalia, por importe de 46.423,40 euros -a abonar por cada una de las aseguradoras en un 50%- conforme a lo dispuesto en el art. 141.3 Ley 30/1992, a determinar en ejecución de Sentencia (fundamento de derecho cuarto, último párrafo), siendo el tenor del fallo parcialmente estimatorio en dicho concreto extremo de condena al pago de la suma total mencionada, "(...) junto con los intereses o actualizaciones a que haya lugar para este tipo de responsabilidad patrimonial", lo que, claro está, no supone una remisión directa o indirecta a la cuantificación de los intereses moratorios conforme a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley del Contrato de Seguro cuya aplicación postula la apelante quien, instada la rectificación de error material -entre otros extremos y por lo que aquí interesa- respecto al tipo de interés a aplicar y siendo denegada la rectificación por Auto de 3 de mayo de 2019 no interpuso recurso de apelación, deviniendo la Sentencia firme, como así fue declarado por diligencia de ordenación de 6 de junio de 2019, suscitándose nuevamente esta cuestión en trámite de ejecución de forma improcedente y extemporánea, pues ya hemos dicho que la Sentencia es clara en cuanto a las bases a las que debe ajustarse el cálculo de los intereses por demora y remite, en exclusiva, a la normativa administrativa de aplicación. 

D) No podemos dejar de mencionar, por último, que la pretensión de que se liquiden intereses ex artículo 20 de la Ley del Contrato de Seguro en los supuestos de exacción de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas es contraria a la normativa aplicable y jurisprudencia interpretativa pues dirigiéndose las previsiones del indicado precepto legal a gravar la demora del asegurador en la satisfacción de la indemnización de los daños y perjuicios en su relación directa con el tomador del seguro o asegurado en general y con carácter particular, respecto del tercero perjudicado en el seguro de responsabilidad civil, como resulta del núm. 1 del precepto citado, en relación con el núm. 6, párrafo tercero, que se refiere a la reclamación o acción directa formulada por el tercero perjudicado, resulta en todo caso exigible que la demora en la reparación sea imputable a la aseguradora, como se infiere de lo dispuesto en el núm. 8 del mismo artículo 20, de conformidad con el cual "no habrá lugar a la indemnización por mora del asegurador cuando la falta de satisfacción de la indemnización o de pago del importe mínimo esté fundada en una causa justificada o que no le fuere imputable". 

Nos encontramos, en suma, ante un interés que tiene carácter resarcitorio pero también y muy particularmente, carácter penalizador de la dilación culpable de la aseguradora, culpabilidad que no es de apreciar cuando, como aquí aconteció, la reclamación no se formula directamente a la aseguradora sino a la Administración y se hace necesario determinar, como presupuesto inexcusable para que surja la obligación de indemnizar a cargo de la aseguradora, la efectiva existencia de responsabilidad patrimonial, siendo necesario que se determine su existencia y alcance a través de la correspondiente resolución administrativa o, en su caso, judicial. De ahí que en estos supuestos la demora y subsiguiente perjuicio patrimonial sean objeto de resarcimiento a través de la correspondiente actualización y abono de intereses, como establece el artículo 141.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sin que pueda hacerse de peor condición a la entidad aseguradora -a la que no es imputable en estos supuestos la demora- imponiéndose el pago de unos intereses muy superiores. 

En tal sentido se ha pronunciado la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que excluye la procedencia de abonar intereses ex artículo 20 de la Ley del Contrato de Seguro, en Sentencias de 19 de septiembre de 2006 (rec. 4858/2002), 4 de julio de 2012 (rec. 2724/2011), 5 de octubre de 2018 (rec. 1022/2016) y 14 de mayo de 2020 (rec. 6365/2018), añadiendo la Sentencia de 5 de octubre de 2018 citada a las consideraciones anteriormente expuestas el argumento de la naturaleza de las pólizas que Administración y aseguradoras formalizan para la cobertura de esta clase de riesgos, concluyendo que no estamos aquí ante contrato de seguro de daños, propiamente dicho, sino ante un seguro de responsabilidad civil, de los regulados en los artículos 73 y siguientes de la ya mencionada Ley del Contrato del Seguro, contrato en el que la obligación del asegurador es "cubrir los riesgos del nacimiento a cargo del asegurado de la obligación de indemnizar a un tercero los daños y perjuicios causados por un hecho previsto en el contrato de cuyas consecuencias sea responsable el asegurado, conforme a derecho", de forma y manera que cuando " (...) en esa relación jurídica se hace la reclamación de los intereses por demora, deberá concluirse que la obligación del pago no surge hasta la fecha en que se declara la responsabilidad de la Administración, con el carácter de firme, por una obligación de pago fundada en una responsabilidad patrimonial de la Administración (...). De ahí que por la propia naturaleza de esa relación contractual no entra en juego la relación generada por el contrato de seguro sino hasta que existe esa declaración firme de responsabilidad, porque es esta responsabilidad la que constituye su objeto; por lo que conforme tiene declarado reiteradamente declarado esta Sala Tercera del Tribunal Supremo en la jurisprudencia en que se funda la sentencia de instancia, no es sino desde dicha firmeza cuando podrían reclamarse esos intereses moratorios del artículo 20.8º de la Ley del Contrato de Seguro". 

Se trata de criterio que, asimismo, ha acogido esta Sala y Sección 2ª de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en Sentencias 15 febrero 2007 (apelación 680/2006), 26 abril 2007 (apelación 1133/2006) y 15 enero 2009 (apelación 1559/2008), por citar algunas.

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