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miércoles, 26 de enero de 2022

La falta de legitimación activa es apreciable de oficio por el tribunal en cualquier fase del procedimiento incluso en segunda instancia en grado de apelación.

 

La sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, sec. 1ª, de 14 de septiembre de 2021, nº 603/2021, rec. 4336/2018, confirma que la falta de legitimación activa es apreciable de oficio por el tribunal en cualquier fase del procedimiento, incluso en segunda instancia en grado de apelación. 

El Supremo no sólo ha admitido la apreciación de oficio de la falta de legitimación, sino que la ha impuesto por constituir la legitimación una condición jurídica de orden público procesal.

La falta de legitimación activa fue opuesta por la ahora recurrida en su escrito de oposición a la demanda y constituye un presupuesto procesal cuya falta es apreciable de oficio por el tribunal en cualquier fase del procedimiento y, por tanto, también en grado de apelación. 

1º) La legitimación procesal es una cuestión preliminar, y consiste en una posición o condición objetiva en conexión con la relación material objeto del pleito, que determina una aptitud o idoneidad para ser parte procesal activa o pasiva. Se trata de una cualidad de la persona para hallarse en la posición que fundamenta jurídicamente el reconocimiento de la pretensión que se trata de ejercitar. 

La legitimación exige una adecuación entre la titularidad jurídica afirmada (activa o pasiva) y el objeto jurídico pretendido. Supone una coherencia entre la cualidad atribuida y las consecuencias jurídicas pretendidas; por lo que ha de atenderse al contenido de la relación jurídica invocada por la parte actora. A la legitimación se refiere el art. 10 LEC que, bajo la rúbrica "condición de parte procesal legítima", dispone en su párrafo primero que "serán considerados partes legítimas quienes comparezcan y actúen en juicio como titulares de la relación jurídica u objeto litigioso". La relación jurídica sobre la que la parte actora plantea el proceso, con independencia de su resultado, es la que determina quiénes están legitimados, activa y pasivamente, para intervenir en el mismo. 

Lo que lleva a estimar que cuando se trata de determinar la existencia o no de la legitimación activa habrá de atenderse a la pretensión formulada en la demanda, teniendo en cuenta el "suplico" de la misma, en relación con los hechos sustentadores de tal pretensión (por todas, sentencia de pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo nº 1/2021, de 13 de enero). 

2º) La falta de legitimación es apreciable de oficio por los tribunales. Como declaraba el Tribunal supremo en la sentencia nº 481/2000, de 16 de mayo: 

"[...] el tema de la legitimación comporta siempre una questio iuris y no una questio facti que, aunque afecta a los argumentos jurídicos de fondo, puede determinarse con carácter previo a la resolución del mismo, pues únicamente obliga a establecer si, efectivamente, guarda coherencia jurídica la posición subjetiva que se invoca en relación con las peticiones que se deducen. Se puede, por ello, estar legitimado y carecer del derecho que se controvierte. Con todo, dada la vinculación de la legitimación con el tema de fondo y las utilidades que comporta el manejo del concepto con precisión, no es extraño que, en ocasiones, se confunda la legitimación (questio iuris) con la existencia del derecho discutido (que exige la comprobación de los elementos fácticos que lo configuran)" (STS 31 mar. 1997, en recurso núm. 1275/93), y de ahí, sobre todo, que la falta de legitimación ad causam se considere apreciable de oficio por los tribunales, incluso por esta sala al conocer del recurso de casación (SSTS. 20 oct. 1993, 1 feb. 1994, 13 nov. 1995, 30 dic. 1995 y 24 ene. 1998, entre otras)", con lo que cualquier reproche de incongruencia a la sentencia recurrida y toda la argumentación de los dos motivos, caen absolutamente por su base". 

El Supremo no sólo ha admitido la apreciación de oficio de la falta de legitimación, sino que la ha impuesto por constituir la legitimación una condición jurídica de orden público procesal (sentencias del TS de 30 de junio de 1.999, 4 de julio y 31 de diciembre de 2001, 10 y 15 de octubre de 2002, 20 de octubre de 2003, 23 de diciembre de 2005, y 970/2007, de 18 de septiembre). 

La recurrente sostiene que la legitimación cuyo control de oficio in limine litis permite el art. 10 LEC es la históricamente conocida como legitimación ad processum , negando esa legitimación a quien no comparezca como titular de la relación jurídica discutida, como ocurriría en caso de que el demandante se presentase como mandatario del comprador, pero pretendiese ejercitar la demanda en nombre y por cuenta propia. Pero no cabría, a juicio de la recurrente, extender ese control de oficio y liminar a la legitimación ad causam. 

Este planteamiento, sin embargo, choca frontalmente con la jurisprudencia de la Sala de lo Civil del Supremo. Como declaraba en la sentencia del TS nº 305/2011, de 27 de junio, de la que también se hace eco la recurrida en su oposición, "(...) la legitimación y su apreciación es una cuestión de orden público, como señala la jurisprudencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo, por lo que puede ser apreciada de oficio (...)". 

Esta doctrina sobre el control de oficio de la legitimación, entendida no como mera capacidad procesal sino como adecuación entre la titularidad jurídica afirmada (activa o pasiva) y el objeto jurídico pretendido, en cualquier momento del procedimiento, la reitera el TS en la sentencia nº 460/2012, de 13 de julio: 

"La sentencia del TS nº 713/2007, de 27 junio, señala que la legitimación ad causam consiste, en una posición o condición objetiva en conexión con la relación material objeto del pleito que determina una aptitud para actuar en el mismo como parte; se trata de una cualidad de la persona para hallarse en la posición que fundamenta jurídicamente el reconocimiento de la pretensión que trata de ejercitar y exige una adecuación entre la titularidad jurídica afirmada (activa o pasiva) y el objeto jurídico pretendido, según las SSTS 31-3-97 y 28-12-01; de modo que, por su propia naturaleza y efectos, su falta puede ser apreciada de oficio ( SSTS, 30 abril 2012, 13 diciembre 2006, 7 y 20 julio 2004, 20 octubre 2003, 16 mayo 2003, 10 octubre 2002 y 4 julio 2001) en cualquier momento del proceso. Así procede en el caso presente ya que la demandante carecía por sí de legitimación suficiente para instar la extinción de la relación arrendaticia que le unía a la parte demandada" [énfasis en negrita añadido]. 

El obligado examen de oficio implica que no constituya óbice para su apreciación el hecho de que la parte que alega su falta lo haga por primera vez en grado de apelación ( sentencia 195/2014, de 2 de abril), ni impide su apreciación de oficio. Como se afirmaba en la sentencia del TS nº 824/2011, de 15 de noviembre, confirmando doctrina anterior, "es jurisprudencia reiterada la que permite apreciar de oficio la falta de legitimación activa incluso en casación (sentencias del TS de 4 de julio de 2001, 31 de diciembre de 2001, 15 de octubre de 2002, 10 de octubre de 2002 y 20 de octubre de 2002)". 

3º) Esta es la doctrina que ampara a la Audiencia para proceder al examen de oficio de la legitimación activa de la demandante, examen que realiza en relación con las diferentes acciones ejercitadas (la de responsabilidad contractual del vendedor conforme al art. 1101 CC por entender que se proporcionó al comprador información engañosa, la redhibitoria por vicios ocultos de los arts. 1484 a 1486 del Código Civil y la de anulabilidad por error vicio del consentimiento de los arts. 1266 y ss. del CC). 

En dicho examen la Audiencia Provincial razona que: 

"(...) En el supuesto que nos ocupa no se ha cedido el contrato, sino un crédito, el crédito y la totalidad de las acciones que por todos los conceptos puedan corresponder a los cedentes contra el ahora demandado Sr. Juan Carlos, para reclamar la indemnización que proceda para resarcirse de las cantidades que han de abonar a los extrabajadores a consecuencia del despido llevado a cabo. 

"Es decir, se cede la indemnización que finalmente se determine en un futuro proceso judicial que previamente deberá declarar, como fundamento de tal indemnización, la existencia de un incumplimiento contractual o la existencia de algún vicio en el objeto de contrato o en el consentimiento del cedente. Es decir, la indemnización es el efecto resarcitorio de la apreciación judicial del incumplimiento o de los vicios señalados. 

"Ante tal situación, consideramos que no estamos ante un supuesto de cesión de créditos. La cesión de créditos tiene por objeto un crédito que debe ser existente y fundado en un título válido. Debe tener una existencia independiente y autónoma en el sentido de que exista en el mundo del derecho sin estar supeditado, como es el caso, a un proceso judicial que, previamente, declare un incumplimiento contractual o la existencia de unos vicios en una relación contractual en la que el cesionario, no es parte (...)". 

Podrá discutirse sobre el acierto o desacierto del razonamiento y de la conclusión de la Audiencia sobre la falta de legitimación activa de la actora, pero lo que no puede sostenerse es que al examinar de oficio ese presupuesto procesal la Audiencia haya incurrido en incongruencia (que fue lo alegado en el recurso) pues, como ya señalamos, las sentencias desestimatorias de la demanda son congruentes "salvo que ignore injustificadamente un allanamiento, la desestimación de la demanda principal venga determinada por la estimación de una reconvención o una excepción no formuladas (en este último caso, salvo cuando sea apreciable de oficio), o pase por alto una admisión de hechos, expresa o tácita, realizada por el demandado" (sentencia del TS nº 365/2013, de 6 de junio, entre otras). 

En el presente caso la falta de legitimación activa fue opuesta por la ahora recurrida en su escrito de oposición a la demanda y constituye un presupuesto procesal cuya falta es apreciable de oficio por el tribunal en cualquier fase del procedimiento y, por tanto, también en grado de apelación.

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lunes, 24 de enero de 2022

Doctrina del Tribunal Supremo sobre dolencias cardiovasculares y accidentes de trabajo.

 

La sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, sec. 1ª, de 5 de noviembre de 2021, nº 4199/2021, rec. 2438/2021, declara que el fallecimiento se produce fuera del lugar y tiempo de trabajo, por lo que no goza de la presunción de laboralidad prevista del art. 156.3 de la LGSS, sino que al contrario en el accidente "in itinere". 

A) Antecedentes. 

1º) La sentencia de instancia desestima la demanda presentada por don Julián y don Guillermo sobre determinación de contingencia relativa al fallecimiento de doña Patricia, solicitando que se declarase como de accidente de trabajo. Previamente se tiene por desestimada a la parte actora frente a ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE XESTION INTEGRADA DE VIGO. 

La sentencia de instancia desestima la pretensión señalando que el fallecimiento se produce fuera del lugar y tiempo de trabajo, por lo que no goza de la presunción de laboralidad prevista del art. 156.3 de la LGSS, sino que al contrario en el accidente "in itinere", caso de litis, es quien sostiene la laboralidad del mismo quien debe acreditarlo. El fallecimiento en el caso de autos se produce en el aparcamiento del centro de trabajo antes de incorporarse al mismo y por causas naturales tal como se desprende de la autopsia practicada. 

Frente a dicho pronunciamiento se alza la parte actora y formula recurso de suplicación en el que solicita que, previa estimación del mismo, se dicte nueva sentencia por la que revocando la de instancia se "declare que el fallecimiento de Doña Patricia ocurrido el 24 de junio de 2019 deriva de accidente de trabajo, condenando a las demandadas a estar y pasar por dicha declaración así como a los demás efectos legales inherentes a dicha declaración". 

2º) "La trabajadora falleció en el aparcamiento del centro de trabajo cuando iba a incorporarse al mismo, fallecimiento que vino motivado por aneurisma y disección aórticos (rotura de la pared externa de dicho vaso en su porción intra pericárdica ) de varios días de evolución". 

B) Doctrina del Tribunal Supremo sobre dolencias cardiovasculares y accidente de trabajo. 

La sentencia de instancia, valora toda la prueba practicada, para concluir que el aneurisma con rotura de la aorta que causa el fallecimiento de doña Nuria no se produce en tiempo y lugar de trabajo ya que aún estaba en el estacionamiento y que los síntomas que venía presentando los días previos (dolor de espalda, cansancio, sangrados) no tiene relación con el evento lesivo, conclusión que la Sala no puede dejar sin efecto ya que no existen elementos que demuestren que tal conclusión sea irracional, arbitraria o contraria a derecho , y sobre todo si tenemos en cuenta la doctrina del TS sobre dolencias cardiovasculares y accidente de trabajo, sintetizada con cita de abundante jurisprudencia anterior en la STS de 16 julio 2020, rcud 1072/2018, que señala: 

- Las enfermedades o dolencias (como el infarto de miocardio) acaecidas in itinere no deben calificarse como accidentes de trabajo, salvo que se acredite la concurrencia del preceptivo nexo causal, pues la presunción de laboralidad no les alcanza: entra otras muchas, así puede verse en SSTS 4 julio 1995 (1499/1994 (RJ 1995 , 5906) ), 30 junio 2004 (RJ 2004 , 6941) (rec. 4211/2003 ) o 18 enero 2011 (RJ 2011 , 252) ( rec. 3558/2009). 

- La referida consideración como contingencia común no se enerva porque el trabajador hubiera sufrido un primer infarto calificado como accidente de trabajo; así lo advierte STS 3 diciembre 2004 (RJ 2005, 1494) (rec. 54/2004). 

- Por mandato legal, se reputa accidente laboral la enfermedad surgida en el tiempo y lugar de trabajo; esa presunción no se destruye por el simple hecho de haber padecido molestias en momentos o fechas anteriores al infarto; en tal sentido Sentencias del TS de 18 diciembre 2013 (RJ 2013, 8476) (rec. 726/2013 ) y 8 marzo 2016 (RJ 2016, 965) (rec. 644/2015). 

- La presunción de laboralidad no decae como consecuencia de que el trabajador afectado por la lesión cardiovascular tuviera antecedentes de tipo cardíaco o coronario, o de tabaquismo o hiperlipemia. Así lo sostienen numerosas SSTS como las de 20 octubre 2009 (RJ 2009, 7608) (rec. 1810/2008 ), 23 noviembre 1999 (RJ 1999, 9341) (rec. 2930/1998 ), 26 abril 2016 (RJ 2016, 2131) (rec. 2108/2014). 

- Se considera contingencia profesional ocurrida en el tiempo y lugar de trabajo el infarto de miocardio acaecido a un oficial mecánico en la ruta seguida para la reparación de un automóvil de la empresa por encargo del empresario; en esos términos puede verse la STS 11 julio 2000 (RJ 2000, 7409) (rec. 3303/1999). 

- Para que juegue la presunción debe haber comenzado la actividad laboral, lo que o sucede por el mero hecho de que se esté en el centro de trabajo; en tal sentido, por todas, SSTS 6 octubre 2003 (RJ 2003, 8569) (rec. 3911/2002 ) y 20 diciembre 2005 (RJ 2006, 534) (rec. 1945/2004 ). 

-  Pero la presunción despliega sus efectos si el accidente (infarto de miocardio) sobreviene en el vestuario y antes del inicio de la jornada de trabajo, pero después de haber fichado y mientras el trabajador se proveía obligatoriamente del equipo de protección individual; así lo expone la STS 4 octubre 2012 (RJ 2012, 10305) (rec. 3402/2011). 

- La presunción de laboralidad queda desvirtuada si el trabajador padece un aneurisma cerebral congénito que se rompe en los vestuarios de la empresa, produciéndole una incapacidad temporal, unido al hecho de que aún no había llegado a realizar esfuerzo o actividad que pudiera entenderse como causa del suceso; en tales términos, SSTS 3 noviembre 2003 (RJ 2003, 9507) (rec. 4078/2002 ) o 16 diciembre 2005 (RJ 2006, 445) (rec. 3344/2004). 

- Se presume accidente laboral el shock volémico secundario, sobrevenido en tiempo y lugar de trabajo, sin que existan antecedentes médicos de enfermedades en el trabajador; en tal sentido STS de 15 junio 2010 (RJ 2010, 2705) (rec. 2101/2009). 

- Se presume accidente de trabajo la muerte producida por embolia pulmonar, cuando el trabajador se dirigía a su casa desde el trabajo en el que ya se había encontrado indispuesto; en tal sentido STS de 14 marzo 2012 (RJ 2012, 4702) (rec. 4360/2010). 

- Se aplica la presunción de laboralidad, ex art 115.3 LGSS (RCL 2015, 1700 y RCL 2016, 170) al episodio cardiovascular cuyos síntomas debutan durante el trabajo, aunque solo se desencadena tras acabar la jornada, mientras el trabajador se ejercita en el gimnasio, al haber acaecido la lesión cerebral en tiempo y lugar de trabajo. La presunción juega aunque el fallecido padezca lesiones cardiovasculares previas. Se trata de un supuesto de dolencia arrastrada, que ha nacido con carácter profesional porque se detecta en lugar y tiempo laborales; en ese sentido, STS 325/2018 de 20 marzo (RJ 2018), 1707) (rec. 2042/2016). 

C) Valoración de la Prueba. Pues bien, en el caso de autos: 

a) El aneurisma claramente no se produce ni en tiempo ni en lugar de trabajo; no había llegado al centro de trabajo, ni había iniciado la jornada laboral por lo que no opera la presunción de laboralidad del art. 156.3 de la LGSS. 

b) Aun cuando la disección aórtica que lleva al aneurisma fuera de varios de evolución no se ha acreditado que los síntomas que presentaba los días previos viniesen motivados por dicha circunstancia en exclusiva ya que también presenta problemas a nivel ginecológico y estaba pendiente de una intervención quirúrgica. 

c) Pero es que además, y en todo caso, tampoco se ha acreditado que esos síntomas debutasen en tiempo y lugar de trabajo y vinculados con la realización de sus actividades laborales. En el hecho probado se recoge que la fallecida refería encontrarse mal en los días previos a su muerte, pero ni se concreta en qué momento aparecen los primeros síntomas, ni que ese malestar solo se presentase en tiempo y lugar de trabajo, ni tampoco se considera en absoluto probado que ese malestar tuviera relación con sobreesfuerzos físicos, o traumas, o cualquier causa exógena a la situación médica de la fallecida y que pueda estar vinculada con su trabajo. En este punto el Juzgador es contundente cuando señala que la muerte es por causas naturales y apunta la hipertensión arterial que padecía la fallecida, HTA, dolencia respecto de la cual tampoco, en ningún momento se ha acreditado que guarde relación con el trabajo de Dña. Patricia. 

Por todo lo dicho entendemos que la sentencia de instancia no incurre en los reproches jurídicos que contra ella se dirigen, por lo que procede su integra confirmación, sin que proceda la imposición de condena en costas al ser los recurrentes titulares legales del beneficio de justicia gratuita (art. 235 LRJS).

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domingo, 23 de enero de 2022

Despido improcedente de un empleado del hogar porque la notificación escrita de notificación de la extinción de la relación laboral especial y el abono de la indemnización correspondiente no se abonó simultáneamente a la entrega de la comunicación escrita sino en un momento posterior.

 

La sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Andalucía (Málaga), sec. 1ª, de 24 de junio de 2020, nº 1019/2020, rec. 191/2020, estima como despido improcedente el desistimiento de un empleador del hogar porque entre la comunicación escrita de notificación de la extinción de la relación laboral especial y el abono de la indemnización correspondiente distan tres semanas, por lo que resulta evidente que el importe de la indemnización por desistimiento no se abonó simultáneamente a la entrega de la comunicación escrita, sino en un momento posterior, por lo que el cese del trabajador ha de ser calificado como un despido y no como un desistimiento del empleador. 

En consecuencia, la indemnización a abonar a la trabajadora debe ser la prevista para el despido y no la inferior establecida para el desistimiento, por lo que el importe de la indemnización debe ascender a la cantidad de 4069,42 euros, indemnización de veinte días de salario por año de servicio. 

A) Antecedentes. 

La sentencia de instancia desestima la demanda sobre despido promovida por la actora y declara la extinción de la relación laboral especial como empleada de hogar existente entre las partes por desistimiento de la empleadora, absolviendo a la demandada de las pretensiones deducidas en la demanda. 

Contra dicha sentencia interpone recurso de suplicación la demandante, formulando un primer motivo, al amparo de lo dispuesto en el apartado b) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, para solicitar una redacción alternativa de los hechos probados primero y segundo de la sentencia recurrida, los cuales quedarían del siguiente tenor literal respectivo: A) "Doña Lourdes ha prestado servicios para doña Manuela desde el 13 de abril de 2015, con la categoría profesional de empleada de hogar interna y percibiendo un salario diario, en cómputo bruto, de 71,06 euros, incluida la parte proporcional de pagas extraordinarias. La relación laboral se formalizó mediante contrato indefinido del servicio del hogar familiar obrante en los folios 48 a 50, cuyo contenido se da por reproducido, siendo el horario de lunes a viernes de 9.00 a 15.00 horas y de 20.00 a 22.00 horas y sábados de 9.00 a 14.00 horas, con la obligación de pernoctar los siete días de la semana en el domicilio de la empleadora"; y B) "En el mes de marzo de 2019 y antes del día 5 de marzo, el hijo de Doña Manuela, Rodrigo, junto con otras dos personas, entregaron a la actora escrito datado el 16 de febrero de 2019 sin firma alguna salvo la del testigo Santiago sobre desistimiento de la relación laboral, así como nómina correspondiente al mes de marzo de 2019 sin firma alguna salvo el testigo Santiago, donde se incluía los salarios del 1 al 8 de marzo de 2019 y la indemnización por desistimiento. La actora se negó a firmar el escrito, que obra en el folio 6 y cuyo contenido se da por reproducido". 

B) Despido improcedente. 

En cuanto a la calificación que debe realizarse del cese de la actora acaecido el 8 de marzo de 2019, el artículo 11 del repetido Real Decreto 1620/2011 distingue entre el despido improcedente de la trabajadora, supuesto en que la misma tendrá derecho a percibir una indemnización equivalente a veinte días de salario por año de servicio, con el límite de doce mensualidades, y el desistimiento del empleador, supuesto en que la indemnización ascenderá a la cantidad de doce días de salario por año de servicio, con el límite de seis mensualidades. 

Ahora bien, el número 3 del referido artículo 11 del Real Decreto 1620/2011 establece que en los casos de extinción de esta relación laboral especial por desistimiento del empleador, dicho desistimiento deberá comunicarse por escrito al empleado de hogar, haciendo constar en el mismo de modo claro e inequívoco la voluntad del empleador de dar por finalizada la relación laboral por esta causa y abonando al trabajador, simultáneamente a la entrega de la comunicación escrita, el importe de la referida indemnización de doce días de salario por año de servicio, con el límite de seis mensualidades. 

Finalmente, el número 4 del reseñado artículo 11 del Real Decreto 1620/2011 señala que se presumirá que el empleador ha optado por el despido del trabajador y no por el desistimiento, debiendo abonar la indemnización legalmente prevista para el despido , cuando no se haya cumplido el requisito de la comunicación escrita en la que se haga constar de forma expresa e inequívoca la voluntad del empleador de dar por finalizada la relación laboral especial por causa de desistimiento o cuando no se haga entrega al trabajador, simultáneamente a la entrega de la comunicación escrita, del importe de la indemnización prevista para los casos de desistimiento. 

Pues bien, en el presente caso la comunicación escrita por la que la empleadora notificaba a la actora la extinción de la relación laboral especial por desistimiento del empleador es de fecha 16 de febrero de 2019 (folio 61 de los autos), no abonándose a la demandante la cantidad de 2158,35 euros, importe de la indemnización por desistimiento, hasta el 6 de marzo de 2019, por lo que resulta evidente que el importe de la indemnización por desistimiento no se abonó a la trabajadora simultáneamente a la entrega de la comunicación escrita, sino en un momento posterior, por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el antes reseñado artículo 11.4 del Real Decreto 1620/2011 el cese de la actora ha de ser calificado como un despido y no como un desistimiento del empleador. 

En consecuencia, la indemnización a abonar a la trabajadora debe ser la prevista para el despido y no la inferior establecida para el desistimiento, por lo que el importe de la indemnización debe ascender a la cantidad de 4069,42 euros, indemnización de veinte días de salario por año de servicio y calculada conforme a una antigüedad de 13 de abril de 2015 y un salario de 51,95 euros diarios, incluida la prorrata de pagas extraordinarias, si bien deberá deducirse de dicho importe la cantidad de 2158,35 € ya abonada a la actora en concepto de indemnización por desistimiento de la empleadora. 

Todo lo anterior nos lleva a estimar en parte el recurso de suplicación interpuesto y revocar la sentencia recurrida para calificar el cese de la actora como un despido y condenar a la demandada a abonarle la cantidad de 1911,07 €, importe de la diferencia entre la cantidad de la indemnización por despido que le correspondía percibir (4069,42 €) y el importe de la indemnización por desistimiento ya abonado a la actora (2158,35 euros).

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Un poder notarial general en el que se especifican actos de riguroso dominio, como es hipotecar, no es preciso que se designen los bienes concretos sobre los que el apoderado puede realizar las facultades conferidas.

 

La sentencia del Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, de 27 de noviembre de 2019, nº 642/2019, rec. 876/2017, establece que un poder notarial general en el que se especifican actos de riguroso dominio, como es hipotecar, no es preciso que se designen los bienes concretos sobre los que el apoderado puede realizar las facultades conferidas. 

El Pleno de la Sala 1ª del TS señala que ante un poder de representación que no especifica suficientemente las facultades conferidas, el apoderado solo podrá realizar actos de administración, pues es preciso que conste inequívocamente la atribución de facultades para transigir, enajenar, hipotecar o ejecutar cualquier otro acto de riguroso dominio. 

Pero si en el poder se hace constar la facultad de ejecutar actos de enajenación no es preciso que, además, se especifiquen los bienes concretos a los que tal facultad se refiere. 

Por otro lado, determina que la validez y suficiencia de un poder no impide que los tribunales puedan apreciar la falta de eficacia del negocio celebrado en representación cuando, en atención a las circunstancias, se haya hecho un uso abusivo del poder. 

A) Antecedentes. 

En el presente recurso se analiza, de una parte, la suficiencia de un poder con especificación de la facultad de "vender o enajenar bienes inmuebles" aunque no se designen los bienes concretos sobre los que el apoderado puede realizar las facultades conferidas. 

Por otra parte, se valora si, en atención a las circunstancias concurrentes, se ha producido un abuso del poder de representación y si los terceros tenían o podían tener conocimiento del carácter abusivo o desviado del acto de ejercicio del poder, con la consecuencia de la ineficacia del negocio estipulado por el representante con tales terceros. 

Son antecedentes necesarios los siguientes: 

1.- El 23 de julio de 2013, don Gines compareció ante D. Vicente Tomás Bernat, notario del Ilustre Colegio de Valencia, para otorgar dos escrituras. En ambas, don Gines intervino en su propio nombre y en representación de su madre, doña Irene. 

Mediante la primera escritura (número de protocolo 666), don Gines y doña Irene concedían una opción de compra sobre sus respectivos derechos y cuotas indivisas y, conjuntamente, sobre el pleno dominio de una vivienda y un garaje, a favor de doña Dulce, que intervenía representada por su hijo don Benigno. 

2.- D. Gines falleció repentinamente el 21 de diciembre de 2013. Doña Dulce, por un lado, formuló contra doña Irene demanda de ejecución dineraria con apoyo en la escritura de préstamo, reclamando la cantidad prestada más los intereses y costas. Por otra parte, doña Eloisa remitió a doña Irene una notificación de que se había ejercitado la mencionada opción de compra. 

3.- El 9 de marzo de 2015, doña Irene interpuso una demanda de juicio ordinario en la que ejercitaba una acción de nulidad de contratos contra doña Dulce y doña Eloisa. 

En la demanda solicitó, en primer lugar, la declaración de nulidad absoluta de todas las actuaciones y negocios jurídicos realizados por don Gines en nombre y representación de doña Irene con relación al derecho de opción de compra que se contiene en la mencionada escritura protocolizada con el n.º NUM000. En concreto, que se declarase nula la concesión del derecho de opción de compra que se dice otorgado por doña Irene respecto de la participación que ostenta sobre una mitad indivisa del pleno dominio y el usufructo vitalicio de una tercera parte indivisa de la restante mitad, sobre las fincas registrales n.º NUM001 y n.º NUM002 del Registro de la Propiedad n.º 1 de Gandía; así como las inscripciones registrales que se hubieran practicado, por el otorgamiento de esta escritura, en dicho Registro de la Propiedad respecto de doña Irene. 

En segundo lugar, solicitó también la declaración de nulidad absoluta de todas las actuaciones y negocios jurídicos realizados por don Gines en nombre y representación de doña Irene con relación al contrato de préstamo contenido en la escritura autorizada el 23 de julio de 2013 y protocolizada con el n.º NUM003, y, por tanto, que se declarase nula la obligación que, según dicha escritura, correspondía a doña Irene. 

Doña Irene alegó en su demanda que su marido había fallecido en 1992 y que todavía no habían inscrito en el Registro de la Propiedad la adjudicación de los derechos que correspondían a ella y a su hijo don Gines sobre la vivienda y plaza de garaje como consecuencia de la herencia del causante, por lo que su hijo le solicitó en julio de 2013 que le otorgara un poder para inscribir en el Registro de la Propiedad tales adjudicaciones. 

La demandante alegó que las dos escrituras se otorgaron sin su consentimiento ni conocimiento a través de un ejercicio abusivo de las facultades conferidas en un poder general, por lo que se había producido un uso incorrecto del mandato concedido. Añadió que las dos demandadas tenían conocimiento de la extralimitación del poder, al haber actuado en las dos operaciones simultáneas, sabiendo que en ninguno de los dos negocios se había entregado cantidad alguna a doña Irene. Razonó que la mala fe quedaba evidenciada por las circunstancias concurrentes, tales como: que las dos escrituras se hicieron el mismo día que se había otorgado el poder en otra notaría; que en la de opción se indicaba que no era la vivienda de la concedente pese a tener ella allí su residencia; el precio irrisorio en que se fijó el valor de la vivienda y el garaje; y que luego, en documento ulterior, se dijera que ya se había pagado el precio del ejercicio de la opción. 

La demandante invocó como fundamento de la acción de nulidad los arts. 1261 CC (falta de consentimiento), arts. 1714 y 1727 (falta de vinculación del mandante de lo actuado por el mandatario que traspasa los límites del mandato), art. 1303 CC (efectos de la nulidad), art. 1 de la Ley de 23 de julio de 1908 (nulidad de los contratos de préstamo usurarios), y art. 7 CC (ejercicio de los derechos conforme a la buena fe y abuso de derecho). 

4.- La sentencia de primera instancia desestimó la demanda al entender que no había quedado acreditado el exceso de poder alegado por la demandante, a quien correspondía la carga de haber aportado la escritura de apoderamiento (cosa que no había hecho), en virtud del principio de facilidad probatoria y de la carga de la prueba (art. 217 LEC). 

El juzgado razonó: i) que la demandante no había aportado al procedimiento la escritura de apoderamiento por la que autorizaba a su hijo a intervenir en su nombre, por lo que era preciso acudir a otros elementos probatorios para valorar la suficiencia del poder; a estos efectos consideró, en primer lugar, que el notario autorizante de las escrituras impugnadas había indicado en las mismas que había examinado el poder y que lo juzgaba suficiente y que D. Amador, empleado de la financiera que puso en contacto a las partes para realizar las operaciones, que estuvo presente en la notaría, declaró que en el momento de otorgar las escrituras el notario comprobó los poderes; ii) que no hay elemento probatorio que permita acreditar que no fuera la voluntad de D.ª Irene la de realizar actos dispositivos sobre su vivienda habitual, único bien con el que cuenta. 

De manera complementaria, advirtiendo que todo ello eran suposiciones, dada la falta de aportación del poder, pero que eran argumentos que podían reforzar la inexistencia de exceso de poder, el juzgado añadió: i) que de la misma forma que las demandadas, al declarar en juicio, manifestaron haber otorgado el poder para que las representaran sus hijos, también era posible que la demandante hubiera confiado en las actuaciones del suyo, por lo que la simple declaración de la demandante de que nunca tuvo intención de realizar actos dispositivos sobre su vivienda no acreditaba tal extremo; ii) que si bien es cierto que el acto dispositivo sobre la vivienda habitual de la actora valora su precio muy por debajo del mercado, D. Amador manifestó que fue D. Gines quien acudió a su entidad en busca de financiación ante su precaria situación económica, por lo que es razonable pensar que su madre quisiera colaborar con su patrimonio para aligerar la situación económica de D. Gines; iii) que, aunque es cierto que puede ser llamativo que el mismo día se otorgara el poder en la notaría de Font d' en Carrós y las escrituras de préstamo y opción de compra en una notaría de Valencia, la premura podía tener justificación en la necesidad económica de D. Gines, de forma que le era urgente obtener financiación, y de ahí la sucesión de actos; añadió que se trataba de "dos operaciones vinculadas por necesidad dada la naturaleza de toda la operación", por lo que no cabía observar una complejidad notable ni una pluralidad de actos. 

5.- La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por doña Irene. La Audiencia estima el recurso y declara la nulidad de las actuaciones y negocios realizados por D. Gines en representación de doña Irene. 

La Audiencia concluye, tras valorar la prueba: 

"a) Como se desprende de las dos escrituras formalizadas en fecha 23 de julio de 2013, tanto la de opción de compra como la de préstamo, interviene D. Gines por sí y en representación de su madre, Dª. Irene, haciendo uso del poder general conferido en escritura autorizada por el Notario de La Font dŽen Carrós, D. Lorenzo Talens Grau, el 23 de julio de 2013, cuyas facultades representativas fueron suficientes para el notario autorizante al resultar conferida: "las de vender o enajenar bienes inmuebles, aun incidiendo en autocontrato o doble o múltiple representación", y en la segunda la de "tomar dinero a préstamo"; b) Ambas escrituras se otorgaron ante el mismo notario autorizante, D. Vicente Tomas Bernat y tienen número de protocolos consecutivos NUM000 y NUM003, y responden a una misma operación financiera como se desprende del testimonio prestado por D. Amador que intermedió en la operación, declarando que la escritura de opción era la garantía constituida para el cumplimiento de la obligación de devolver el préstamo y que ambas negocios estaban relacionados entre sí; c) La vivienda y plaza de garaje sobre la que se ejercita la opción de compra es la habitual de la demandante, tiene un valor superior a los 100.000 € por lo que con independencia del principio de libertad de pactos no hay causa que justifique un precio de opción de 12.212 €, si no es porque constituye la garantía frente al préstamo, 24.000 €, y aun así situaría la operación en un importe inferior al 50% del valor de mercado de la vivienda; d) La demandante no ha autorizado la enajenación de la vivienda y plaza de garaje ni se presume una tácita autorización". 

La Audiencia, tras reconocer la eficacia probatoria de los documentos públicos, añade que es preciso aplicar la jurisprudencia sobre el exceso de poder y que la cuestión controvertida excede de la verificación de la facultad consignada en el poder que autoriza a disponer y gravar inmuebles, al ser exigible una autorización o mandato expreso. Según la Audiencia, en el caso, se debe partir de dos hechos relevantes: 

"i) que el préstamo y la opción de compra están causalmente relacionados y constituyen un acto de disposición y gravamen sobre un inmueble de especial importancia cuantitativa; ii) que los demandados no acreditan que en el destino dado al principal del préstamo la demandante haya resultado beneficiada como propietaria de la mitad indivisa y del usufructo de un tercio de la otra mitad". 

A continuación, la Audiencia resume algunas sentencias sobre la nulidad de los contratos celebrados por extralimitación del poder: i) que la extralimitación debe determinarse atendiendo principalmente a la intención y voluntad del otorgante en orden a la finalidad para la que lo dispensó y en relación a las circunstancias concurrentes (sentencia del TS nº 51/2000, de 27 de enero); ii) que cuando el mandato tiene por objeto actos de disposición es menester que se designen específicamente los bienes sobre los cuales el mandatario puede ejercitar dichas facultades, y no es suficiente con referirse genéricamente al patrimonio o a los bienes del mandante (sentencia de pleno del TS nº  540/2010, de 26 de noviembre); iii) que el mandato representativo cuyo poder se refiere a un acto o actos de disposición solo alcanza a un acto concreto cuando este ha sido especificado en el sujeto y el objeto, en forma bien determinada, y no es suficiente referirse genéricamente al patrimonio o a los bienes del mandante (sentencia del TS nº 687/2013, de 6 de noviembre). 

La Audiencia concluye que: 

"si se aplica dicha doctrina a la figura del mandato expreso (art. 1714 CC), entre los que se encuentra la enajenación y ejecución de actos de riguroso dominio, la conclusión a la que se llega es que se produce una extralimitación en el uso del poder por falta de consentimiento cuando se hace uso y sin estar expresamente autorizado se constituye un gravamen o se realiza un acto de disposición sobre la vivienda propiedad de la demandante de la que no existe prueba que fuera beneficiaria del principal del préstamo". 

B) Recurso de casación. 

1.- Planteamiento del recurso de casación. 

El recurso de casación se funda en un motivo único estructurado en dos submotivos en los que se denuncia: "1. Infracción por violación de la jurisprudencia sobre: 1.1. La necesidad de poder específico para enajenar o gravar bienes art. 1713 del Código Civil. 1.2. Interpretación de extralimitación del poder". 

En síntesis, alega que está acreditado que el hijo de la demandante actuó con los poderes que la madre le otorgó el mismo día de la firma de las escrituras y que el poder no obra en las actuaciones, pero el notario dio fe de que era suficiente para otorgar las escrituras. 

En su desarrollo, argumenta que el art. 1713 CC no exige que el mandato para enajenar especifique los bienes que se pueden enajenar. Añade que la relación interna entre mandante y mandatario, cuando este ha actuado dentro de las facultades que le han sido conferidas, no pueden perjudicar al tercero. 

2.- Consideraciones preliminares. Antes de entrar a analizar los motivos del recurso, y a la vista de las cuestiones jurídicas planteadas, la sala considera conveniente realizar unas consideraciones preliminares acerca, en primer lugar, del poder expreso para enajenar y, en segundo lugar, acerca del ejercicio abusivo del poder. 

2.1. Suficiencia del poder. La sentencia recurrida, con cita de las sentencias del TS nº 540/2010, de 26 de noviembre, y nº 687/2013, de 6 de noviembre, reitera algunas afirmaciones acerca de la interpretación del art. 1713 CC en relación con las facultades que se confieren al apoderado, que merecen una rectificación. Según la sentencia recurrida, el poder expreso para enajenar debe especificar el objeto del acto de disposición, los bienes sobre los que el apoderado puede realizar la facultad conferida. La sala considera que esto no puede mantenerse. 

Los dos primeros párrafos del art. 1713 CC disponen: 

"El mandato, concebido en términos generales, no comprende más que los actos de administración. 

"Para transigir, enajenar, hipotecar o ejecutar cualquier otro acto de riguroso dominio, se necesita mandato expreso". 

La aplicación de esta previsión legal al apoderamiento supone que, si se concede genéricamente un poder de representación y no se especifican suficientemente las facultades conferidas, el apoderado solo podrá realizar "actos de administración", pues es preciso que conste inequívocamente la atribución de facultades para "transigir, enajenar, hipotecar o ejecutar cualquier otro acto de riguroso dominio". Pero si en el poder se especifica la facultad de realizar actos de "riguroso dominio" no es necesario que se especifiquen los bienes. En particular, si se documenta el poder de representación y se hace constar, entre otras, la facultad de ejecutar actos de enajenación no es preciso que, además, se especifiquen los bienes concretos a los que tal facultad se refiere. No hay ningún precepto que imponga tal exigencia que, por lo demás, no sería adecuada a la función que puede desempeñar la representación. Es suficiente que las facultades conferidas se refieran genéricamente a los bienes del poderdante. 

Es oportuno recordar a estos efectos que el sentido en el que el art. 1712 CC se refiere al "mandato general o especial" (en el que "el primero comprende todos los negocios del mandante" y "el segundo uno o más negocios determinados"), no es equivalente a la distinción entre "general" y "expreso" que utiliza el art. 1713 CC. En el art. 1712 CC se está aludiendo al ámbito de los asuntos o intereses del principal, mientras que en el art. 1713 CC se alude a la naturaleza de los actos, de administración o "de riguroso dominio". 

En consecuencia, no procede mantener el criterio de la sentencia 687/2013, de 6 de noviembre, según la cual, "el mandato representativo cuyo poder viene a referirse a un acto o actos de disposición, sólo alcanza a un acto concreto cuando éste ha sido especificado en el sujeto y el objeto, en forma bien determinada". 

Por el contrario, la interpretación más adecuada del art. 1713 CC es que en un poder general en el que se especifican actos de riguroso dominio no es preciso que se designen los bienes concretos sobre los que el apoderado puede realizar las facultades conferidas. 

2.2. Ejercicio abusivo del poder. La validez y suficiencia de un poder no impide que los tribunales puedan apreciar la falta de eficacia o de validez del negocio celebrado en representación cuando, en atención a las circunstancias (la relación subyacente existente entre las partes y sus vicisitudes, la intención y voluntad del otorgante en orden a la finalidad para la que lo dispensó y en relación a las circunstancias concurrentes, el conocimiento que de todo ello tuvo o debió tener el tercero, etc.), se haya hecho un uso abusivo del poder. 

En el caso, hay indicios que llevan a la convicción de que así fue. 

3.- Decisión de la sala. Desestimación del recurso. 

En el presente caso, a la vista de la valoración de la prueba, la sentencia recurrida llega a la conclusión, en primer lugar, de que los contratos de préstamo y opción de compra sobre la vivienda y plaza de garaje de la demandante, concertados por el hijo de esta última con las demandadas, formaban parte de una misma operación financiera en la que los mencionados bienes se ofrecían como garantía del préstamo, si bien por un importe inferior al 50% de su valor de mercado. En segundo lugar, la sentencia concluye que la demandante no autorizó la enajenación. 

Partiendo de estos hechos que considera probados, las razones por las que la sentencia recurrida estima el recurso de apelación y declara la nulidad de los negocios realizados en representación de la demandante se basan, sustancialmente, en que hubo extralimitación del poder, teniendo en cuenta la intención y voluntad con la que se otorgó, la exigencia de que el poder para disponer especifique los bienes sobre los que el mandatario puede ejercer tales facultades y la falta de prueba de que la demandante fuera beneficiaria del préstamo. 

Hemos dicho al resolver el tercer motivo del recurso por infracción procesal que, con independencia del precio de mercado exacto de la vivienda, lo que subyace es el hecho notorio de que su valor es muy superior al que se fijó en el contrato de opción. 

Partiendo de lo anterior puede igualmente afirmarse que, a pesar de que no explicite el razonamiento, tampoco es irracional la conclusión de la Audiencia en el sentido de que la demandante no pudo querer ofrecer su vivienda como garantía del pago de un préstamo por un importe inferior a la mitad de ese valor que se atribuye a la vivienda, por mucho que pueda admitirse que pudiera querer apoyar a su hijo a solventar su precaria situación económica. 

El razonamiento de la sentencia recurrida refleja la asunción de las alegaciones vertidas por la demandante en su demanda y posteriormente en su recurso de apelación acerca de los datos que evidencian el carácter usurario de la operación. Aunque finalmente no sea la ley de usura la aplicada, son esas circunstancias las que permiten alcanzar la convicción de que la poderdante no dio su consentimiento para que el hijo dispusiera de su vivienda habitual por un precio irrisorio y en garantía de un préstamo personal cuya finalidad no ha sido puesta de manifiesto. 

Estas mismas razones revelan igualmente que no concurre buena fe en las demandadas, pues las circunstancias de la operación financiera permitían conocer en el momento de la celebración de los contratos el carácter abusivo del ejercicio del poder por parte de don Gines. 

Una advertencia final. No es un obstáculo a lo que se acaba de decir que las demandadas sean también mujeres de edad avanzada que solo quieren sacar rentabilidad a su dinero y que fueran representadas por sus hijos, en los que confiaron. Aun cuando ellas fueran las destinatarias de los negocios, la mala fe de quienes las representaron es relevante y se les comunica. 

Por todo lo dicho, debemos concluir que, aunque contiene afirmaciones incorrectas, pues no es preciso que el poder general en el que consta inequívocamente la facultad de enajenar especifique los bienes que el apoderado está facultado para enajenar, por todas las razones expuestas, procede mantener el fallo de la sentencia recurrida. 

C) Conclusión.

En el caso, nos encontramos ante un poder general con especificación de la facultad de "tomar dinero a préstamo" y de la facultad de "vender o enajenar bienes inmuebles". El problema, por tanto, no es de suficiencia del poder. Cuestión distinta es que, en atención a las circunstancias concurrentes, al concertar la operación financiera en los términos descritos mediante el otorgamiento de las dos escrituras de préstamo y opción de compra, el apoderado realizó un ejercicio incorrecto de las facultades conferidas, por lo que, por falta de efecto útil, procede desestimar el recurso de casación.

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