La sentencia de Audiencia Provincial de La
Rioja, sec. 1ª, de 8 de mayo de 2026, nº 274/2026, rec. 764/2024, declara que en caso de controversia
sobre los linderos entre fincas, la delimitación física acordada de común
acuerdo, incluso tácito, refleja el verdadero límite dominical prevaleciente
sobre la inscripción catastral, y la prescripción adquisitiva opera cuando
existe posesión pública, pacífica e ininterrumpida durante el plazo legal, consolidando
así la propiedad y la consiguiente negación de servidumbres no probadas como
las de aguas pluviales o luces y vistas.
El tribunal da la razón al demandante,
confirmando que el límite de la finca controvertida coincide con el muro
divisorio construido y mantenido desde 1988, estableciendo la existencia de un
acuerdo tácito o compensado y, subsidiariamente, la prescripción adquisitiva al
haber disfrutado la actora del terreno con posesión pública, pacífica e
ininterrumpida durante más de treinta años. Se desestiman las alegaciones del
demandado que basaban la delimitación exclusivamente en el Catastro y en
periciales que partían de tal premisa.
Respecto a la acción negatoria de
servidumbre de aguas pluviales y de luces y vistas, el tribunal reconoce que no
están probadas dichas
servidumbres, condenando al demandado a evitar el vertido de aguas sobre la
finca del demandante y a limitar la construcción conforme al Código Civil.
La
sentencia destaca la importancia de valorar la delimitación física consensuada
o tácita en fincas colindantes sobre las referencias catastrales, enfatizando
que el catastro es un registro administrativo con finalidad fiscal y no
determina la titularidad ni linderos exactos, así como el correcto tratamiento
de la prueba pericial y la obligación de recurrir al complemento de sentencia
para subsanar omisiones, reforzando la práctica procesal judicial en materia de
valoración probatoria y actuación en recursos.
A) Introducción.
Una mercantil interpuso demanda contra
un propietario colindante por la delimitación de fincas, negación de
servidumbres de aguas pluviales y de luces y vistas, tras un acuerdo tácito o
prescripción adquisitiva relativa a los linderos, y por vertidos de aguas
pluviales sobre su terreno debido a una nave en construcción del demandado.
¿Debe confirmarse la delimitación de los
linderos entre las fincas según el muro divisorio probado y declararse la
inexistencia de servidumbres de aguas pluviales y de luces y vistas a favor de
la finca del demandado?.
Se confirma la delimitación de los
linderos conforme al muro divisorio existente, se estima la acción negatoria de
servidumbre de aguas pluviales y de luces y vistas en favor de la mercantil, y
se considera que opera la prescripción adquisitiva en parte del lindero; no hay
cambio ni fijación de doctrina, sino confirmación jurisprudencial.
El tribunal fundamenta su decisión en la
prueba aportada que acredita la existencia de un acuerdo tácito o prescripción
adquisitiva para la delimitación, la inexistencia de servidumbres inscritas, y
la jurisprudencia consolidada que establece que el registro catastral no es
prueba concluyente de la propiedad ni de linderos, junto con la doctrina sobre
la acción negatoria de servidumbre que exige acreditar la titularidad y la
carga de la prueba para quien alega servidumbre.
B) Sobre la valoración conjunta de la
prueba.
1º) En el presente caso, la demandante
ejercitó, con carácter principal, la acción de responsabilidad por deudas (art.
367 LSC) y, con carácter subsidiario, la acción de responsabilidad individual (
art. 241 LSC). La
sentencia de primera instancia desestimó la primera pretensión, pero omitió en
su fallo todo pronunciamiento sobre la segunda. La demandante denunció esa
incongruencia omisiva en el recurso de apelación, a lo que la demandada opuso
que no se había solicitado previamente la subsanación de esa infracción
mediante el complemento de sentencia que prevé el art. 215 LEC. Al no acoger la
Audiencia esa objeción y resolver la apelación, la recurrente denuncia ahora la
infracción de los arts. 215.2 y 459 LEC , en relación con la interdicción de la
arbitrariedad y la sujeción de los jueces al Derecho de los arts. 93 y 117.1 CE.
2º) El motivo debe prosperar. La petición del complemento de
sentencia prevista en el art. 215.2 LEC, como hemos dicho, constituye una vía
para instar la subsanación de la incongruencia omisiva de la sentencia, y su
utilización, según hemos afirmado en las sentencias reseñadas, es requisito
necesario para denunciar esa incongruencia tanto en el recurso de apelación (
art 459 LEC), como en el extraordinario por infracción procesal (art. 469.2 LEC).
Por ello, la falta de la petición de complemento cierra a las partes la
posibilidad de plantear en la apelación la incongruencia por omisión de
pronunciamiento. Al no haber respetado esta exigencia la Audiencia ha incurrido
en la infracción procesal que se denuncia en los motivos."
[ los subrayados son nuestros];
Como vemos, como sucede también en el
caso que nos ocupa, en el caso sometido a la consideración del Tribunal Supremo
la sentencia de primera instancia no se había pronunciado sobre una de las
pretensiones articuladas en la demanda.
La demandante, sin embargo, no solicitó
la subsanación de esa omisión mediante el instituto del complemento de
sentencia del art. 215.2 Ley de Enjuiciamiento Civil, sino que directamente
denunció esa incongruencia omisiva en el recurso de apelación.
Frente a ello, la demandada-apelada
opuso ante la Audiencia Provincial que la parte actora debía de haber
solicitado el complemento de sentencia ex art. 215 .2 Ley de Enjuiciamiento
Civil, a fin de que se subsanase esa omisión en la primera instancia.
Sin embargo, la Audiencia Provincial
descartó la objeción de la parte apelada, y procedió a resolver sobre el fondo
de la apelación.
Frente a ello, la parte demandada
-apelada interpuso recurso extraordinario pro infracción procesal ante el
Tribunal Supremo, y el Alto tribunal, en la sentencia que estamos examinando,
estimó el recurso, porque entendió que la petición del complemento de sentencia
prevista en el art. 215.2 LEC constituye una vía para instar la subsanación de
la incongruencia omisiva de la sentencia y su utilización es requisito
necesario para denunciar esa incongruencia, tanto en el recurso de apelación,
como en el extraordinario por infracción procesal. Y que por eso, al no haberse
solicitado el complemento de sentencia ante el Juzgado de Primera Instancia,
quedaba cerrada para el apelante la posibilidad de plantear directamente en la
apelación la incongruencia por omisión de pronunciamiento. Como la Audiencia
Provincial no respetó esta exigencia, sino que entró a resolver directamente
sobre la cuestión, el Tribunal Supremo considera que incurrió en infracción
procesal , estimando el recurso y dejando sin efecto el pronunciamiento de la
Audiencia Provincial sobre esa cuestión sobre la cual no se había solicitado
previamente el complemento de sentencia ante el Juzgado de Primera Instancia.
En igual sentido se pronunciaba ya el
Alto Tribunal en la Sentencia del Tribunal Supremo núm. 411/2010 del 28 de
junio de 2010 (ROJ: STS 3954/2010 - ECLI:ES:TS:2010:3954) cuando razonaba de la
siguiente forma:
"El artículo 215.2 LEC otorga a las partes una vía para instar la subsanación de la incongruencia de la sentencia, por omisión de pronunciamiento, ante el mismo juez o tribunal que la dictó. Su utilización es requisito para denunciar la incongruencia de la sentencia en los recursos de apelación, conforme al artículo 459 LEC, y extraordinario por infracción procesal, conforme al artículo 469.2 LEC, de forma que la falta de ejercicio de la petición de complemento impide a las partes plantear en el recurso devolutivo la incongruencia omisiva ( SSTS de 12 de noviembre de 2008, RC n.º 113/2003 y 16 de diciembre de 2008, RC n.º 2635/2003 ). "
Como no puede ser de otra forma, las
audiencias provinciales se pronuncian también en este mismo sentido..
Hay muchísimas sentencias, pero entre
las más recientes, podemos citar:
La Sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia, sección 5ª núm. 16/2025 del 14 de enero de 2025 ( ROJ: SAP MU 90/2025 - ECLI:ES:APMU:2025:90):
"Debemos desestimar también los alegatos referidos a la existencia de incongruencia omisiva, pues la parte actora no acudió al complemento de sentencia que prevé el artículo 215.2 LEC, precepto que otorga a las partes una vía para instar la subsanación de la incongruencia por omisión de pronunciamientos ante el mismo juez o tribunal que la dictó, sin que su utilización sea facultativa, sino requisito necesario para denunciar la incongruencia omisiva de la sentencia en los recursos de apelación, conforme al artículo 459 LEC, "de forma que la falta de ejercicio de la petición de complemento que prevé el art. 215.2 impide a las partes plantear en el recurso devolutivo la incongruencia omisiva"( STS. 411/2010, de 28 de junio)."
La Sentencia de la Audiencia Provincial de Baleares Sección 5ª núm. 693/2024 del 19 de diciembre de 2024 (ROJ: SAP IB 3221/2024 - ECLI:ES:APIB:2024:3221) razona:
"....si la parte actora apreciaba en la resolución omisión sobre cuestión planteada debió acudir a la aplicación del artículo 215 de la Ley de Enjuiciamiento Civil e instar el oportuno complemento. El no haberlo hecho impide alegar incongruencia omisiva en sede de recurso. Así lo viene entendiendo el Tribunal Supremo que, en Sentencia nº 230/2021, de 27 de abril, con cita de las STS nº 411/2010, de 28 de junio; STS nº 712/2010, de 11 de noviembre, y STS nº 891/2011, de 29 de noviembre ..."
La Sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias sección 1ª núm. 919/2024 del 17 de diciembre de 2024 ( ROJ: SAP O 4639/2024 - ECLI:ES:APO:2024:4639):
"La parte apelante se encarga expresamente de advertir que la Sentencia recurrida no ha examinado la defensa basada en el passing on a pesar de haber sido alegada en el escrito de contestación a la demanda. Baste señalar para desestimar el recurso en cuanto a este extremo la exigencia procesal por la cual la parte que se haya visto perjudicada por dicha incongruencia omisiva deberá acudir en la primera instancia a solicitar el oportuno complemento de la Sentencia, tal y como habilita el art. 215-2 LEC precisamente para los supuestos en que las Sentencias "hubieren omitido manifiestamente pronunciamientos relativos a pretensiones oportunamente deducidas y sustanciadas en el proceso". La ausencia de la petición de complemento impide que podamos en esta segunda instancia entrar a conocer de tal pretensión. En este sentido la jurisprudencia viene declarando que "La petición del complemento de sentencia prevista en el art. 215.2 LEC, como hemos dicho, constituye una vía para instar la subsanación de la incongruencia omisiva de la sentencia, y su utilización, según hemos afirmado en las sentencias reseñadas, es requisito necesario para denunciar esa incongruencia tanto en el recurso de apelación (art 459 LEC), como en el extraordinario por infracción procesal (art. 469.2 LEC). Por ello, la falta de la petición de complemento cierra a las partes la posibilidad de plantear en la apelación la incongruencia por omisión de pronunciamiento. Al no haber respetado esta exigencia la Audiencia ha incurrido en la infracción procesal que se denuncia en los motivos"(STS nº 230/2021 de 27 abril )."
La Sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla sección 6ª núm. 467/2024 del 12 de diciembre de 2024 (ROJ: SAP SE 2420/2024 - ECLI:ES:APSE:2024:2420):
"Denuncia la apelante en su recurso error en la valoración de la prueba e incongruencia omisiva de la sentencia. Por razones de pura lógica procedimental abordaremos en primer lugar el segundo de los motivos esgrimidos, pues de prosperar determinaría la nulidad de la sentencia debiendo asumir la que resuelve la instancia. Pues bien, el motivo en cuestión no puede tener favorable acogida, dado que la parte no ha utilizado el mecanismo legalmente procedente para suplir la omisión de pronunciamientos en una resolución judicial, que no es otro que la solicitud de complemento de la sentencia, previsto en el art. 215 de la LEC ..."
La Sentencia de la Audiencia Provincial
de Pontevedra sección 3ª núm. 592/2024 del 05 de diciembre de 2024 (ROJ: SAP
PO 3016/2024 - ECLI:ES:APPO:2024:3016):
"También alega la entidad demandada que la acción estaría prescrita y retraso desleal en el ejercicio de la acción. Sin embargo, no habiéndose dado respuesta a estas cuestiones en la sentencia, debió haberse solicitado el complemento de la sentencia. Se trata de una incongruencia omisiva por vulneración del art. 218 de la LEC, para cuyo reconocimiento la jurisprudencia exige que la parte afectada haya solicitado, en debido tiempo y forma, el complemento de la resolución en aplicación de los arts. 215.2 y 459 de la LEC (STS de 10.10.2011 y STS de 14.3.2012 , citadas en sentencias de esta Sección de 25.5.2016 , 16.9.2021 y 9.3.2023 )..."
La Sentencia de la Audiencia Provincial
de Alicante sección 4ª núm. 519/2024 del 04 de noviembre de 2024 (ROJ: SAP A
2508/2024 - ECLI:ES:APA:2024:2508):
"Sintetizados los alegatos de las partes, obligado resulta llamar la atención y subrayar la indebida utilización del remedio procesal que nos ocupa cuando, de forma palmaria, debió haberse interesado el complemento de la sentencia de conformidad con el art. 215 Lec . Y es que, sosteniendo la parte demandada que la sentencia no se han analizado todos los argumentos de oposición por ella formulados, evidente resulta el abuso que entraña apelar la sentencia por tal motivo cuando no se ha solicitado previamente el complemento de la sentencia. En este sentido, declara la STS de 27-4-21 "- El art. 215.2 LEC otorga a las partes una vía para instar la subsanación de la incongruencia de la sentencia, por omisión de pronunciamiento, ante el mismo juez o tribunal que la dictó."
3º) Finalmente, el hecho de que la juez
"a quo" no se haya pronunciado expresamente sobre las dos periciales
propuestas por la parte apelante , ni quiere decir que no las haya valorado, ni
supone un defecto de motivación.
En este sentido, es paradigmática la
Sentencia del Tribunal Supremo núm. 585/2012 del 04 de octubre de 2012 (ROJ:
STS 6238/2012 - ECLI:ES:TS:2012:6238) , la cual, citando la Sentencia del
Tribunal Supremo de 8 de julio de 2009, razona así:
"El hecho de que no se tomen en consideración determinados elementos de prueba, relevantes a juicio de la parte recurrente, carece de trascendencia en relación con el cumplimiento del requisito de motivación de la sentencia, pues es suficiente para una debida argumentación que el tribunal razone sobre aquellos elementos relevantes a partir de los cuales obtiene sus conclusiones sin necesidad de que se refiera de manera exhaustiva a todos los medios de prueba obrantes en los autos (STS de 8 de julio de 2009 , RC n.º 13 / 2004 )."
Y en igual sentido, en la Sentencia de
esta Audiencia Provincial de La Rioja núm.. 714/2025 22 de diciembre de 2025 (ROJ: SAP LO 897/2025 - ECLI:ES:APLO:2025:897 ) razonamos así:
"Como expresa la sentencia del Tribunal Supremo de 8 de julio de 2009 , el hecho de que no se tomen en consideración determinados elementos de prueba, relevantes a juicio de la parte recurrente, carece de trascendencia, pues es suficiente para una debida argumentación que el tribunal razone sobre aquellos elementos relevantes a partir de los cuales obtiene sus conclusiones sin necesidad de que se refiera de manera exhaustiva a todos los medios de prueba obrantes en los autos.
Y la sentencia del Tribunal Supremo de 4 de febrero de 2016, Nº de Recurso: Nº de Recurso: 645/2014 , Nº de Resolución: 30/2016 razona: La finalidad de la motivación es poner de manifiesto cuáles son las razones por las cuales se resuelve de una forma determinada. Esta Sala, como recuerda la sentencia 415/2012, de 29 junio , ha reiterado que la exigencia de motivación tiene una finalidad de garantía relacionada con el designio de que puedan conocerse, tanto por las partes interesadas como por los integrantes del llamado sistema jurídico interno y por la sociedad, las razones que han llevado al órgano jurisdiccional a dictar su resolución y de que pueda hacerse uso por los legitimados por el ordenamiento jurídico de los medios de impugnación establecidos; y se relaciona con el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 24 de la Constitución Española como derecho a obtener de los órganos judiciales una respuesta a las pretensiones planteadas fundada en Derecho y que no pueda ser calificada de arbitraria o irrazonable (SSTS, entre otras, de 6 de noviembre de 2006, 1 de diciembre de 2006 y 31 de enero y 16 abril de 2007); a lo que añade que no cabe anular una sentencia por el hecho de no relacionar la actividad probatoria de una manera completa y separada, pues basta que haga referencia a los datos fácticos que considera relevantes para extraer las pertinentes consecuencias jurídicas (SSTS de 31 de enero de 1992, STS de 9 de octubre de 1992, STS de 7 de septiembre de 1992 , STS de 18 de octubre de 2006, STS de 16 de noviembre de 2006, STS de 28 de diciembre de 2006, 11 de enero de 2007, STS de 9 de febrero de 2007 y STS de 21 de febrero de 2007), pues la motivación únicamente exige que se expresen las razones de hecho y de derecho que integran el proceso lógico-jurídico que conduce a la decisión STS 28 de febrero de 2007).
Y dice la sentencia del Tribunal Supremo
de 25 de noviembre de 2014:
"Descendiendo a respuestas singulares viene declarando la jurisprudencia, en síntesis, lo siguiente: (STS 25 de junio de 2014; RC. nº. 3013/2012): (i) que no es posible atacar la valoración conjunta de la prueba, o lo que es igual, que la parte no puede pretender una nueva valoración conjunta distinta a la del tribunal de instancia a quien corresponde esta función soberana ( SSTS de 13 de noviembre de 2013, RC. n.º 2123/2011; 8 de octubre de 2013, RC nº 778/2011; 30 de junio de 2009, RC n.º 1889/2006 y 29 de septiembre de 2009, RC n.º 1417/2005); (ii) que tampoco puede atacar esa valoración conjunta mediante la impugnación de pruebas concretas ni pretender que se dé prioridad a un concreto medio probatorio para obtener conclusiones interesadas, contrarias a las objetivas y desinteresadas del órgano jurisdiccional ( SSTS de 11 de diciembre de 2013, RC. 1853/2011; 14 de noviembre de 2013, RC nº 1770/2010; 13 de noviembre de 2013, RC n.º 2123/2011 y 15 de noviembre de 2010, RC nº 610/2007, que cita las de 17 de diciembre de 1994, RC. n.º 1618/1992 ; 16 de mayo de 1995 , RC. n.º 696/1992 ; 31 de mayo de 1994 , RC. n.º 2840/1991 ; 22 de julio de 2003 , RC. n.º 32845/1997 ; 25 de noviembre de 2005 , RC. n.º 1560/1999 ) pues " el hecho de que no se tomen en consideración determinados elementos de prueba relevantes a juicio de la parte actora carece de trascendencia y no significa que no hayan sido debidamente valorados por la sentencia impugnada, sin que las exigencias de motivación obliguen a expresar este juicio (STS de 8 de julio de 2009 , RC n.º 13 / 2004) a no ser que se ponga de manifiesto la arbitrariedad o error manifiesto" ( SSTS de 15 de noviembre de 2010, RC. nº 610/2007 y 26 de marzo de 2012, RC nº 1185/2009".
Por lo que la cuestión se reconduce al
error en la valoración de la prueba.
Como se razona en la sentencia de esta
Audiencia Provincial de La Rioja de 15 de enero de 2016 :
"Al respecto de la valoración de prueba, esta Audiencia Provincial ha señalado en ocasiones diversas que la impugnación por una de las partes de la apreciación de la prueba que razona el Juez de Instancia ante el que se practicó mediante su valoración en su conjunto, no puede prosperar sin más mediante el simple procedimiento de interpretar las pruebas ya examinadas y tenidas en cuenta en la Sentencia, con el fin de obtener conclusiones más favorables a los intereses de la parte que recurre. Solamente cabe dicha revisión de la valoración probatoria de la sentencia si queda patente un error en la misma, o una apreciación de la prueba de forma ilógica, arbitraria o contradictoria, o bien se produce la omisión de la consideración de alguna prueba esencial que arroje un resultado incontrovertible. Por el contrario, no puede producirse tal revisión si se funda en la mera discrepancia personal con la valoración que de la prueba ha dado el órgano judicial, intentando sustituir el criterio objetivo del Juez por las interpretaciones subjetivas e interesadas de la parte".
En suma, las razones expuestas
determinan que la motivación contenida en la sentencia y la valoración de la
prueba que lleva a cabo deben considerarse suficiente, pues, como declara la
Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de diciembre de 2008, RC n.º 2519/2002, el
Tribunal Constitucional ha manifestado en numerosas ocasiones que la exigencia
constitucional de motivación no impone «una respuesta pormenorizada, punto por
punto, a cada una de las alegaciones de las partes, sino que la respuesta
judicial esté fundada en Derecho y que se anude con los extremos sometidos por
las partes a debate» (STC número 101/92, de 25 de junio), de manera que «solo
una motivación que, por arbitraria, deviniese inexistente o extremadamente
formal quebrantaría el artículo 24 de la Constitución» ( STC número 186/92, de
16 de noviembre).
C) Decisión de la Sala. Inexistencia de
incongruencia extapetita:
1.- La parte recurrente sostiene que la
sentencia incurre ( o que podría incurrir) en incongruencia extrapetita con
base en que "ni siquiera la parte demandante afirma que la delimitación de
las fincas coincida con el muro de la nave de la parte demandada, ya que en su
petitum afirman que esa diferencia entre el límite de la finca y el muro de la
nave se intercambió en un supuesto acuerdo (sin ninguna evidencia) por otro
terreno de igual medida de su propia finca, y piden que de no apreciarse este supuesto
trato, se les adjudique ese terreno por prescripción adquisitiva."
Parece pues que el recurrente alega
incongruencia extapetita con base en que la sentencia no habría respetado la
causa de pedir de la demanda.
Para resolver esta cuestión, debemos
recordar que la Sentencia del Tribunal Supremo 25 de febrero de 2.015 indica
que:
"No parece necesario destacar la
importancia de la causa de pedir en la identificación de la incongruencia por
" extra petitum ", que se produce cuando el Tribunal rebasa el ámbito
establecido por las pretensiones de las partes, el cual se delimita, entre
otros factores, por la causa de pedir , esto es, por el conjunto de hechos que,
puestos en relación con la norma jurídica, atribuyen el derecho al que se
refiere la pretensión deducida. En la sentencia del TS nº 1118/2006, de 14 de noviembre,
declaramos que la congruencia, emanación del principio dispositivo y resultado
de la interdicción constitucional de la indefensión, excluye la posibilidad de
que el Tribunal se aparte de la causa de pedir que hubiera sido señalada
oportunamente por los litigantes, dado que la identidad objetiva de la acción
se determina, a salvo los casos en que es preciso tomar en cuenta también la
individualización jurídica, por lo pedido y por el componente fáctico de la
causa de pedir ."
En nuestro caso, sin embargo, basta una
lectura de la demanda para advertir que la sentencia no incurre en
incongruencia extrapetita.
El demandante ejercitó acción
declarativa de dominio, alegando, por un lado, la existencia de un acuerdo
expreso o tácito en cuya virtud la zona controvertida fue cedida a cambio de la
cesión por la demandante de otro terreno de igual medida de su propia finca; y
por otro, por haber adquirido esa zona de terreno por usucapión. Pero en uno y
en otro caso, la parte demandante señalaba que el lindero de su finca coincidía
por el lugar donde discurría el muro de la nave de la demandada.
Así, por ejemplo, en la página 5 de la
demanda podemos leer, literalmente, lo siguiente:
"Sentado lo anterior, hemos de
referir que uno de los puntos del lindero que en virtud de los acuerdos
referidos sufrió mayor modificación es aquel en el que el demandado procedió a
la construcción de un edificio (nave industrial sin uso específico) al que más
adelante aludiremos, y respecto del cual esta parte ejercita las acciones
negatorias de servidumbre anunciadas. Nos referimos concretamente a la esquina
Nor-Este de la DIRECCION002, donde el demandado ha construido la estructura de
la referida nave industrial, cuya pared Norte se pega prácticamente al muro
divisorio (zócalo con vallado) y la pared Este se construyó al límite
concertado".
En consecuencia, el hecho de que la
sentencia, tras valorar la prueba, haya concluido que la delimitación de las
fincas coincida con el muro de la nave de la parte demandada, no constituye
incongruencia extrapetita.
D) Decisión de la Sala; en cuanto a la
acción declarativa de dominio.
1.- Como hemos visto, la parte apelante
sostiene en su demanda que el límite tanto de la propiedad de su finca (
DIRECCION000) en la zona de colindancia con la DIRECCION002 propiedad del
demandado (es decir, al Norte y al Este de la DIRECCION002 del demandado, Sur-
SurOeste de la DIRECCION000 del demandante ) se corresponde con el muro
divisorio integrado por un zócalo y valla de alambre que se instaló en su día
entre las mismas, y que ese muro fue construido de común acuerdo, bien expreso, bien tácito, para ajustar
el lindero, de modo que las superficies perdidas por una y otra parte quedaron
ya compensadas con tal acuerdo, entendiéndose transmitidas de la una a la otra
en la configuración que se desprende del informe pericial que adjuntaba a su
demanda.
Subsidiariamente, alegaba que en todo
caso, aun en el caso de que no se estimase probada la existencia del acuerdo
verbal expreso o tácito, fundaba también la acción declarativa de dominio que
ejercitaba por entender que había adquirido dicha propiedad por instituto de la
prescripción adquisitiva.
En su contestación a la demanda, la
parte demandada negó tanto ese acuerdo o pacto, ya fuera expreso ya fuera
tácito, y asimismo, negó que se hubiera consumado la prescripción adquisitiva.
Nos remitimos al resumen que hemos hecho en el fundamento de derecho PRIMERO de
la presente resolución de los argumentos de la contestación a la demanda.
La sentencia recurrida, considera
probada tanto la existencia de ese pacto, cuando menso tácito, y asimismo, la
consumación de la prescripción adquisitiva. Y ello, tanto en lo que afecta a la
zona del lindero Norte de la DIRECCION002 (Sur de la DIRECCION000), como en lo
que afecta a la parte Este de la DIRECCION002 ( Oeste de la DIRECCION000). Nos
remitimos también al resumen que hemos hecho de los razonamientos de la
sentencia en el fundamento de derecho PRIMERO de la presente resolución.
Sin embargo, en el recurso de apelación,
la parte demandada, aun cuando sigue negando el acuerdo o pacto de intercambio
o cesión reciproca de terrenos que invocaba el demandante, ya fuera expreso o
tácito, resulta que en contra lo que había sostenido en la contestación a la
demanda, ha reconocido la consumación de la prescripción adquisitiva que
invocaba la parte actora, si bien exclusivamente en cuanto a la zona del
lindero Norte.
En concreto, el recurso de apelación
dice así:
"Respecto de esta zona norte, la Sentencia de instancia indica que hubo un acuerdo tácito y en todo caso ha operado el instituto de la prescripción adquisitiva , pues desde el año 1988 hasta 2022 la demandante ha poseído el terreno , estando esta parte conforme con dicha afirmación en cuanto a la prescripción adquisitiva, ya que NUNCA hubo acuerdo alguno."
Evidentemente, este reconocimiento ya
conlleva una doble consecuencia:
a) La primera, que conlleva una
estimación de la demanda , cuando menos en parte, en lo que atañe a la acción
declarativa de dominio, en cuanto a que supone el reconocimiento por parte del
demandado de que es propiedad del demandante la parte de finca que el demandante
situada al Sur de su finca (Norte de la DIRECCION002) y cuyo límite vendría
marcado por el muro de separación otrora construido por la propia parte
demandada sobre el zócalo inicial, y sobe el cual adosó más tarde el muro
estructural de su nave.
b) La segunda, que si resulta que el
demandante es dueño de esa parte de la finca, eso implica que necesariamente
los límites que el catastro establece entre las dos fincas son incorrectos.
Efectivamente, de acuerdo con el
Catastro, el límite Norte de la DIRECCION002 (Sur de la DIRECCION000), no
vendría marcado por ese muro divisorio, sino que en la parte Noreste quedaría
más metido hacia la propiedad del demandante, de forma que tras el muro, habría
terreno que seguiría perteneciendo a la DIRECCION002 .
Sin embargo, este reconocimiento que
ahora hace el demandado, en la medida que supone que el linde Norte de la
DIRECCION002 viene dado precisamente por ese muro divisorio, implica
necesariamente que los lindes que establece el Catastro no son fiables, en la
medida que no se corresponden con la realidad; tesis esta que precisamente es
la que el demandante sostiene en su demanda.
2 .- Pero a lo expuesto debe añadirse
que aunque la parte apelante niega en su recurso el pacto o acuerdo al que
aludía el demandante en su demanda, lo cierto es que no ha desvirtuado los
razonamientos de la sentencia de primer grado, la cual lo considera probado, ya
fuera expreso o tácito.
Efectivamente, la parte actora ha
sostenido en todo momento que las partes llegaron a un acuerdo para definir
dicho lindero de forma definitiva, para lo cual acordaron la construcción de un
muro divisorio entre las parcelas compuesto de un pequeño zócalo de hormigón
con unos postes y alambre de torsión. Añadía que ese acuerdo no tuvo reflejo en
el catastro, en el cual quedó sin registrar ni el acuerdo alcanzado, ni la
nueva delimitación física derivada de tal acuerdo en virtud de la construcción
del murete divisorio.
La sentencia recurrida consideró probado
ese acuerdo o pacto, cuando menos tácito, con base en los siguientes
razonamientos:
"El demandado Sr. Casimiro niega la
existencia de ese acuerdo. No obstante, ha venido a reconocer en la prueba de
interrogatorio, que, efectivamente, la demandante procedió a realizar, en el
año 1988, de manera unilateral, y sin acuerdo con su padre, un zócalo pequeño y
una valla trenzada, y que, cuando lo vio su padre, mostró su disconformidad,
pero procedieron, ya que estaba hecho el zócalo, a colocar sobre el mismo un
muro. El demandado sostiene que, pese a la ejecución del muro, la propiedad quedaba
delimitada por un árbol existente al otro lado del mismo, y no por el muro
levantado. No obstante, resulta extraño que, si el demandado y su padre estaban
disconformes, procedieran a otorgar más rotundidad a ese elemento separador -y
notoriamente divisorio- fijado por la demandante, construyendo un muro de
mayores dimensiones.
Por tanto, debe deducirse que, si no
hubo un acuerdo previo expreso, al menos en ese lado norte sí hubo un acuerdo
tácito, o confirmado por los actos del demandado, procediéndose así a
establecer un elemento divisorio de común acuerdo entre las partes por ese
linde norte de la finca del demandado con el sur de la finca de la demandante,
quedando la superficie externa de ese muro integrado dentro de la finca de la
actora. Y ello con independencia de los límites recogidos en el Catastro, dado
el acuerdo -expreso o tácito- alcanzado en su día por los propietarios."
Y ciertamente, si examinamos en la
grabación del juicio la prueba de interrogatorio de parte de D. Casimiro,
observamos que dicho demandado, especialmente entre el minuto 10 y 40 segundos
y hasta el minuto 14 y 20 segundos de la grabación aproximadamente, siéndole
exhibidas las fotografías de página 6 del informe pericial obrante como
documento 9 de la demanda , manifestó que un día él y su padre (dueño entonces
de la DIRECCION002) vinieron desde Logroño y se encontraron con que la parte
demandada había construido un zócalo de unos 25 cm. y sobre el mismo una valla
trenzada, en una zona que el demandado señaló que estaba dentro de su finca;
que su padre y él mismo pidieron explicaciones a la parte actora y que les
dijeron que dejasen el terreno como estaba; pero que ese mismo año, decidieron
hacer un muro con el fin de contener las tierras y que siendo que ese zócalo y
la valla ya estaban, decidieron aprovecharlas y ejecutaron el muro ahí . Que
esto fue hace treinta años o más.
Coincidimos con la juez "a
quo" que carece de sentido que si, como se afirma, la parte demandante
ejecutó un zócalo de 25 centímetros y sobre él una valla dentro de la propiedad
de la parte demanda y sin autorización de ésta, la parte demandada , en lugar
de ejercitar acciones judiciales con el fin de remover esa supuesta invasión de
su propiedad y conseguir que se derribase lo ejecutado, decidiera ejecutar
sobre ese zócalo un muro de hormigón, subrayando de esa manera la realdad de lo
ejecutado, y otorgándole un realce mucho mayor que el que tenía con la obra
original, pues lo que colocó la parte actora era simplemente un zócalo y sobre
él una valla trenzada " como las de chalet", según declaró don
Casimiro en juicio, mientras que lo que don Casimiro y su padre ejecutaron a
continuación fue un muro propiamente dicho, con cemento u hormigón, y de mucha
mayor dimensión que el zócalo original.
La ejecución de este muro es sin duda un
acto propio que bendice lo ejecutado por la parte actora. Lejos de intentar que
lo que llevó a cabo la parte actora fuera eliminado, la parte demandada ejecutó
por su parte un muro en ese mismo lugar, haciendo patente su vocación
delimitadora de las dos fincas.
El demandado afirmó que ese muro no lo
edificó con el fin de que sirviera de lindero, sino porque quería era contener
las tierras que, según sostuvo ,podían caer en su finca a razón de la obra
ejecutada por la parte actora, la cual entró en la finca, según afirmó el Sr.
Casimiro varias veces a lo largo de su declaración, " como elefante en
cacharrería". Sin embargo, si la parte demandada consideraba que esta
situación fue originada por la actuación unilateral de la parte actora, no se
entiende bien que no promoviera acciones judiciales contra quienes sostenía que
eran los causante de esa situación y que además habían invadido su finca, o que
ni siquiera les requiriese extrajudicialmente. Tampoco se explica que la parte
demandada no ubicase ese muro , que afirma que era solo de contención, en el
lugar que él consideraba que era el linde de las dos fincas (pues no hay prueba
alguna de que la ejecución del muro fuera inviable en ese lugar) en lugar de
hacerlo, precisamente, en el lugar donde la parte actora había ubicado el
zócalo y la valla de malla como límite o lindero entre las dos parcelas..
3.- Corrobora esta conclusión la
importante declaración en juicio de don Eleuterio, que depuso como
testigo-perito.
Esta declaración, que puede verse en la
grabación del juicio aproximadamente a partir de una hora y seis minutos de la
grabación, es relevante por su evidente razón de ciencia ( es ingeniero) y
garantías de imparcialidad: no conoce de nada a la parte demandante y en su día
ejecutó trabajos profesionales para D. Casimiro. En concreto, en el año 2009
don Eleuterio hizo el proyecto de ejecución de la nave que el demandado le
encargó, la cual se ubicaba adosada al muro que asimismo en su día había
construido el demandado junto a su padre en 1988, sobre el zócalo y valla que
había realizado la actora.
Tal como puede verse en la grabación del
juicio (aproximadamente a partir de 1 hora, 08 minutos y 30 segundos), don
Eleuterio fue preguntado sobre si existía un muro divisorio que delimitaba la
DIRECCION002 de la DIRECCION000, a lo que el testigo perito declaró que sí, que
había un muro. Preguntado si había alguna evidencia de que al otro lado de ese
muro continuase la propiedad de don Casimiro, el testigo perito contestó que
no; que el muro lo que hacía era contener un poco las tierras de la finca de
Casimiro y al otro lado lo que ya estaba era la zona verde de la fábrica de
embutido. Indicó don Eleuterio que no tenía constancia de que ese muro fuera
divisorio, pero que él entendió que era divisorio, pues era la división física
de la finca.
Se le exhibieron a continuación las
fotografías de la página 6 del documento 9 de la demanda:
En relación a estas fotos, el testigo
perito manifestó que efectivamente, ese era el muro que preexistía, que existía
una diferencia de nivel y que aparentemente esa era la división entre las
fincas. Preguntado por el pequeño zócalo que se ve en la fotografía, don
Eleuterio declaró que ese zócalo se hizo con anterioridad al recrecido que está
encima, que se ven tres partes en el muro y que la segunda y la tercera se
hicieron en el mismo momento, pues hubo dos fase se ejecución. Y seguidamente,
añadió que el muro de la nave que él proyectó se ubicaba pegado al muro
preexistente , que "arrimó nave al límite de la parcela", al muro.
Añadió: " la nave está en el lindero, o lo que entendemos el
lindero".
Teniendo a su vista las fotos indicadas,
señaló que el muro de la nave es el que se ve más adentro, que tiene un color
más blanquecino , y que " el muro de la nave hacía funciones
estructurales, y entonces son se podía utilizar el muro preexistente porque no
tiene capacidad portante". Preguntado si por eso se hizo otro muro para la
nave, que sería estructural, el testigo perito refirió que sí.
En conclusión: la prueba practicada
evidencia: a) que a fines de los años 80 del siglo pasado EMBUTIDOS SEÑORA
JULIA, S.L. ejecutó un zócalo en el linde sur de su parcela, sobre el que situó
un avalla trenzada; b) que ante tal actuación, ni D. Casimiro ni su padre
ejercitaron acciones contra la demandante por haber erigido ese zócalo y
vallado; tampoco lo retiraron; antes al contrario, D. Casimiro y su padre, ese
mismo año, ejecutaron sobre ese zócalo, en el mismo lugar, un muro todavía más
evidente , rotundo y consistente, que ha venido siendo de facto el límite
separador de ambas fincas desde entonces, sin que D. Casimiro haya realizado
nunca conducta en concepto de dueño en relación al terreno que quedó fiscalmente
fuera de su finca, al otro lado de ese muro. C) De hecho, en 2009, D. Casimiro
encargó al ingeniero don Eleuterio la elaboración de un proyecto de
construcción de una nave, cuyo muro estructural se apoyó adosado en aquel muro
en su día construido por don Casimiro y su padre sobre el zócalo erigido ese
mismo año por la parte actora. El proyectista don Eleuterio siempre consideró
que ese muro era el que separaba las fincas.
Por consiguiente, es meridiano que la
parte demandada ejecutó actos concluyentes e inequívocos de consentimiento de
que el lindero entre la DIRECCION000 y DIRECCION002 venía marcado por ese
zócalo en su día erigido pro la demandante a finales de los años 80 del pasado
siglo, como fueron la construcción ese mismo año de un muro que separó desde
entonces ambas fincas, y la posterior edificación de su nave adosando su muro
estructural a dicho muro.
4.- Es cierto que además, en cuanto al
lindero Este de la DIRECCION002 , el testigo don Eleuterio fue asimismo igual
de rotundo.
Es de destacar que por esa parte de la
finca no persiste el muro en su día erigido por el demandado y su padre en
1988, como sí existe todavía en el lindero Norte. Sin embargo, tal como se
puede ver en la grabación del juico aproximadamente a partir de 21 hora 11
minutos y 50 segundos, el testigo perito, que recordemos que ejecutó el
proyecto de la nave en la DIRECCION002, fue preguntado, teniendo a la vista la
fotografía de la página 6 del documento 9 de la demanda, si lo mismo sucedía en
el lado izquierdo, si también existía un zócalo que discurría hacia ese lado,
(es decir, Este de la DIRECCION002), a lo que el mismo manifestó: " sí,
sí, se ve ahí el zocalito" " y "en el proyecto se ve claro que
la nave la arrimamos al lindero, en el plano nº 2 ". Respondió
afirmativamente a la pregunta de si consideraron como límite de la DIRECCION002
el muro que estaba ya hecho, y también, a preguntas de la juzgadora, que ese
muro estaba ya cuando él intervino ( entre 2008-2009), las dos fases de ese
muro y el zócalo estaba ya hecho.
Cabe añadir que tal como se observa a
partir de 1 hora, 13 minutos y 35 segundos de la grabación del juicio, fue
preguntado por la abogada de la parte demandada sobre si a la hora de elaborar
el proyecto tomó como referencias las lindes catastrales de la propiedad, a lo
que el testigo perito, muy significativamente, manifestó que para hacer el
proyecto vio la finca con el propietario y decidieron poner la edificación lo
más arrimada posible al linde , y añadió: "nosotros tipografiamos sobre lo
que vemos." A lo que la abogada preguntó si se refería a los limites
catastrales, a lo que el testigo perito respondió: "No. Sobre la realidad.
Yo no tuve en cuenta el catastro. A mí, si el propietario me dice que la finca
viene hasta aquí, pues la finca viene hasta aquí ".
La juzgadora preguntó entonces a don
Eleuterio si él vio que el linde llegaba hasta allí, o fue don Casimiro el que
se lo dijo, a lo que el testigo-perito respondió que "ambas cosas":
"Yo veo una evidencia física, lógicamente, de que ese es el linde de la
parcela. Y luego él me manifiesta que quiere llevar la nave al extremo de la
parcela, entonces yo doy por hecho de que ese es el límite".
Y más tarde, ante la insistencia de la
abogada de la parte demandada en cuanto a lo que costaba en el catastro, don
Eleuterio, manifestó algo que no por conocido deja de ser relevante: que
"Muchas veces no coinciden los límites catastrales con los limites
reales."
En definitiva, como indicó la juzgadora
de instancia, el ingeniero Sr. Eleuterio -contratado en su día por el hoy
demandado para realizar el proyecto de la nave- vino también a señalar que,
efectivamente, la división física continuaba en ese lado este, indicándole el
demandado D. Casimiro que la nave se ubicara sobre los elementos ya existentes,
sin que recuerde que D. Casimiro le manifestara que un trozo de terreno
existente al otro lado del elemento divisorio fuera de su propiedad.
5.- La parte apelante, tanto en juicio
como ahora en el recurso, ha insistido en la descripción de lindes que
establece el catastro desde antiguo.
Sin embargo, es sabido que el catastro
es un registro administrativo cuya finalidad es meramente impositiva. Ni sienta
ninguna presunción de posesión dominical en favor de quien en él aparece como
propietario, ni las certificaciones catastrales prueban por sí mismas la
propiedad, ni las cabidas, ni los linderos. Así, como dijimos en nuestra
Sentencia de la Audiencia Provincial de La Rioja núm. 25/2025 de 30 de enero de
2025, (ROJ: SAP LO 45/2025 - ECLI:ES:APLO:2025:45 ) con cita de doctrina del
Tribunal Supremo, "... el argumento más importante para descartar el valor
probatorio de este documento como título de acreditación del dominio que
pretende tener la actora sobre el trozo de terreno que se discute, es que es
harto conocida y reiterada la doctrina jurisprudencial que destaca el escaso
valor probatorio de los datos que proporciona este registro administrativo,
habiendo reiterado la Jurisprudencia en múltiples resoluciones que aunque el
catastro puede proporcionar datos útiles, esos datos siempre habrán de
valorarse conjuntamente con las demás pruebas practicadas, sin que quepa otorgarle
el carácter de prueba relevante, concluyente y definitiva, por encima de las
demás, sirviendo, en su caso, únicamente como un principio de prueba, que habrá
de reforzarse y complementarse por los demás medios probatorios. En este
sentido, es doctrina jurisprudencial consolidada (SSTS 2-12-1998 , 26-5-2000 ,
y 21-3-2006 , entre otras muchas) la que señala que la finalidad del catastro
es meramente impositiva, que el catastro no sienta ninguna presunción de
posesión dominical en favor de quien en él aparece como propietario, y que las
certificaciones catastrales no prueban la propiedad, no pasan de ser meros
indicios que necesitan conjugarse con otros medios de probatorios. En
definitiva, como dice la STS de 21 de marzo de 2006 "...en ningún caso el
catastro determina propiedades ni se trata de un registro dirigido a reconocer
o proteger situaciones jurídico-privadas, sino de un instrumento de las
relaciones entre los ciudadanos y la Administración para el conocimiento por
parte de ésta tanto de los datos de las fincas como de su titularidad a efectos
fundamentalmente de carácter fiscal..."
Pero es que además, ya hemos indicado
que la propia parte apelante reconoce en el recurso de apelación que en el
lindero Norte la parte apelada habría adquirido por usucapión la propiedad de
la finca aledaña a ese muro, lo que implica que cuando menos en ese lindero, el
límite que establece el catastro (situado más allá de ese muro, hacia la finca
del demandante) no se correspondería con la realidad. A ello hay que sumar que
el testigo perito don Eleuterio tuvo claro cuáles eran esos límites reales al redactar
el proyecto de la construcción de la nave hacia el año 2009, los cuales tampoco
serían coincidentes con los del catastro y sí con los que sostiene la parte
actora.
6.- Precisamente por esta razón, las dos
periciales practicadas a instancia de la parte demandada, tanto la emitida por
el perito Sr. Indalecio como la emitida por el perito Sr. Silvio, carecen de
fiabilidad probatoria suficiente, pues ambas parten como premisa indubitada de
los linderos que refleja el catastro.
Así, del dictamen del perito Sr.
Indalecio, ingeniero agrónomo e ingeniero civil (ver acontecimiento 43 del
procedimiento) se evidencia que dicho perito parte de los datos catastrales, y
así señala que "Viendo tanto el catastro del 1948 así como el catastro
actual, del cual aportamos la ficha correspondiente, se puede ver claramente
que los linderos de la DIRECCION002 de Viguera siempre son los mismos". En
el acto del juicio todavía fue mucho más elocuente a este respecto. Así, como
se puede ver en la grabación aproximadamente a partir de 02 horas 45 minutos y
40 segundos en adelante, en el curso del interrogatorio del abogado de la parte
actora, éste le indicó al perito Sr. Indalecio que le estaba preguntando por la
realidad física de las fincas y no por el catastro, a lo que el perito
manifestó con contundencia: " yo me tengo que ceñir al catastro."
Pero es que por si esto no fuera
suficiente, resulta que el perito hace algunas rotundas consideraciones en su
dictamen que no explica de donde las obtiene y que desde luego no derivan (no
pueden derivar) de sus conocimientos técnicos o científicos. Así, por ejemplo,
el perito Sr. Indalecio asevera con rotundidad en la página 9 de su dictamen (
ver acontecimiento 43 del procedimiento) que "NUNCA ha habido ningún
acuerdo entre las dos partes, el demandante y demandado , ya que el demandado
no es el titular de la parcela , ni se ha necesitado ya que la DIRECCION002 se
encuentra perfectamente delimitada." Y a continuación añade que "La
propiedad de la DIRECCION002 de Viguera NUNCA HA CONSENTIDO LA OCUPACIÓN de
parte de esta parcela por parte de los propietarios de la DIRECCION000 de este
mismo polígono."
Es claro que estas valoraciones, que el
perito reseña en su informe entre los elementos argumentales que utiliza para
llegar a la conclusión que finalmente alcanza en su dictamen, no las obtiene
con base en sus conocimientos técnicos.
Tampoco explica cómo las obtuvo, ni cómo
puede saber si en el año 1988 existió o no existió un acuerdo entre el padre
del demandado y este con la parte actora, para fijar el lindero entre las finca
mediante la colocación del zócalo y la valla que se colocó allí, pues es
evidente que el perito Sr. Indalecio no estaba entonces en ese lugar.
Tampoco explica cómo puede saber que
durante todos esos años D. Casimiro nunca ha consentido la ocupación de parte
de esa parcela, cuando resulta que al menos en el lindero Norte, la parte
apelante ha reconocido que la demandada ha consumado la usucapión, lo cual
implica que ha poseído en concepto de dueño y de manera pública , pacífica y no
interrumpida el tiempo necesario para consumarla.
De hecho, cuando el abogado de la parte
actora en el acto del juico preguntó al perito Sr. Indalecio por semejantes
aseveraciones, este reconoció que no estuvo presente en 1988 cuando se colocó
ese zócalo, y que ignoraba cuál era la calificación urbanística de la
DIRECCION002 en el año 1988.
En definitiva, el perito Sr. Indalecio
ha emitido un informe que ha tomado por base indubitada los datos catastrales
(cuando es notorio que el catastro, que es un registro administrativo, ni
demuestra titularidades ni menos todavía da fe de los linderos y la cabida de
las fincas), y que además se basa en algunas aseveraciones no fundadas en
criterios técnicos y que por lo tanto exceden de su razón de ciencia (como las
relativas a la falta de autorización de la ocupación, o que nunca existió acudo
entre las partes). Así las cosas, resulta razonable que la juez "a
quo" no haya tomado en consideración sus conclusiones.
Otro tanto acontece con el dictamen del
perito Sr. Silvio , el cual se funda también en los datos catastrales.
De hecho, en los antecedentes de su
dictamen, ya anuncia que " El objeto del trabajo es la DELIMITACIÓN de la
DIRECCION002, con sus colindantes, ya que dese conocer la ubicación del límite
catastral vigente, con los propietarios. Se va a representar en un plano los
límites definitivos de dicha parcela, en base al catastro actual a petición
expresa del promotor."
Y sus conclusiones son precisamente una
adveración de datos de catastro, tomados estos como límites indubitados:
"...en base al plano de catastro los límites de la parcela definitiva
serán los del Plano de Situación CATASTRO DIGITAL ACTUAL, habiendo la
superficie indicada por catastro.
Se trabaja en el mismo sistema de
Coordenadas UTM de catastro actual, a partir de la red de bases GPS del
gobierno de La Rioja, con lo que se garantiza precisión de datos al centímetro.
Los datos a utilizar en campo se han
sacado a través de la página oficial de catastro, y las coordenadas de los
vértices que definen las parcelas tienen precisión de centímetro".
En su declaración en juicio ( ver
grabación aproximadamente a partir de 01 hora 46 minutos) , a preguntas de la
abogada de la parte demandada, manifestó que " Casimiro... me decía... mi
padre quieren que delimites los límites de la parcela" ..." Y fui a
delimitar los limites catastrales de la parcela".
A continuación, explicó su manera de
abordar el encargo. Preguntado sobre si los limites coinciden con los del
catastro, refirió que sí, y añadió que " hay unas coordenadas del
catastro, las metes en el GPS y las delimitas en el terreno y fui y delimité
los imites de la parcela en el terreno".
Es decir, que lo que hizo el perito Sr.
Silvio fue partir de los lindes catastrales como incontrovertibles, y
proyectarlos sobre el terreno.
Sin embargo, ya hemos dicho que los del
catastro no son datos incontrovertibles. El linde que señala el catastro no es
en sí mismo ninguna prueba,. No es un título. Por lo tanto, no sirve como
parámetro incontrovertible de comparación.
Menos todavía, en fin, cuando la parte
actora sostiene que hubo un acuerdo entre actor y demandada a finales de los
años 80 del pasado siglo para delimitar las propiedades, con cesión reciproca
de terrenos, que no tuvo acceso al catastro. Pacto este que, cuando menos
tácito, se ha demostrado que existió, en virtud de la prueba que hemos ya
analizado y en virtud todas las razones que hemos venido exponiendo.
7.- En semejante tesitura, consideramos
que la prueba que ha tenido en cuenta la juez "a quo" resulta
razonable. El perito
Sr. Leandro , arquitecto técnico, aborda su estudio de manera más razonable, en
cuanto que prescinde del catastro como dato incontrovertible, para estudiar en
su lugar la realidad, objetivada por sus visitas presenciales a la finca y la
confrontación de esa observación personal, con la resultancia de las ortofotos
que extrajo de la web del Gobierno de La Rioja, sección de Infraestructura de
Datos Espaciales (IDE), las cuales analizó y que estudió también en su
sentencia la juez "a quo".
Es cierto que algunas orto fotos datan
ya de hace mucho tiempo y están tomadas a mucha distancia y que por estas
limitaciones, por ejemplo, no se puede observar en ellas el zócalo al que se
refirieron las partes, el cual, según manifestó en juicio el propio D. Casimiro
, medía unos 25 centímetros, por lo que nada tiene de extraño que no pueda
percibirse en las fotografías.
Sin embargo y pese a estas
circunstancias, las ortofotos sí permiten extraer relevantes consecuencias,
pues no cabe duda de que constituyen imágenes objetivas de la realidad, pues
reflejan la misma.
Así, si examinamos la ortofoto del año
1997, pero sobre todo la del año 2000 (mucho más clara), efectivamente se
observa en el lado este de la DIRECCION002 una línea recta más tupida de setos
o árboles , que vendrían a situarse en el mismo lugar por el que ahora discurre
el muro estructural exterior de la nave de la demandante, el cual, recordemos
que según declaró el testigo don Eleuterio, a su juicio constituía el linde de
la finca.
La ortofoto del año 2000 permite
apreciar esa línea recta de árboles o setos , así como la existencia de una
sensible diferencia entre el terreno que queda al Oeste de esa línea de árboles
( DIRECCION002) y lo que queda a su derecha ( al Este), que no reviste la misma
conformación ni características.
Muy relevante nos parece la ortofoto del
año 2009. Es justo anterior a la construcción de la nave que se proyectó
precisamente en 2009 y se edificó después. La DIRECCION002 aparece ya sin
vegetación y se aprecia muy claramente la distinción respecto de su colindante
por el lado Este; el lado este de la DIRECCION002, apreciable de manea muy
evidente , es una línea recta y discurre de manera semejante a como discurría
la línea recta de setos o árboles que se veía en la ortofoto del año 2000 y en
la menos clara de 1997. No hay sino comparar la ortofoto de 2000 que antes
hemos reflejado, con la que añadimos a continuación, del año 2009. Por lo
demás, no deja de resultar llamativo que la finca del demandado ( DIRECCION002)
aparece en esta fotografía limpia de toda vegetación, pero que, sin embargo, no
aparece limpia ( sino con vegetación) la parte de finca situada al Este que el
demandado sostiene en esta "litis" que le pertenece. De hecho, como
decimos, lo que se observa en esta ortofoto desde esquina del muro norte es una
línea recta -que, como vamos a ver, viene a corresponder con la ubicación
posterior del muro Este de la nave que construyó D. Casimiro - que separa con
rotundidad la DIRECCION002 ( que queda al Oeste, limpia de toda vegetación) del
terreno que está a la derecha, el cual llamativamente presenta la misma
configuración uniforme que la DIRECCION000 propiedad de la parte actora.
Si nos vamos a la ortofoto de 2012,
vemos que ya está construida en la DIRECCION002 la nave proyectada por don
Eleuterio , y que el muro estructural exterior de esa nave discurre
precisamente donde otrora estaba esa línea recta de árboles ( año 2000) y después,
( en la ortofoto de 2009) se veía el límite del terreno despejado de la
DIRECCION002 .
Las ortofotos confirman la tesis de la
parte demandante.
En los distintos años, se advierte una
clara una uniformidad en el terreno de la demandada, el cual llega siempre
hasta el mismo límite por su lado Este. Ese límite, en las ortofotos de 1997 y
2000 aparece evidenciado por una línea recta y tupida de árboles ; en la
ortofoto de 2009, ese mismo límite resulta evidenciado por el hecho de que la
DIRECCION002 , a diferencia de la DIRECCION000, aparece completamente limpia de
vegetación precisamente hasta el lugar donde en las ortofotos de 1997 y 2000 se
ubicaba esa línea recta de árboles ; y en la ortofoto de 2012, ese mismo límite
resulta evidenciado por la existencia, en el lugar donde antes hubo árboles y
luego el límite de terreno sin vegetación, del muro exterior Este de la nave
construida por el demandado en la DIRECCION002.
Como bien razona la juzgadora de
instancia, carece de sentido que se delimitase el lado Norte mediante el muro,
y no se procediera a la delimitación de todo el perímetro con el colindante;
esa delimitación viene a coincidir con la ubicación del muro de la nave del
demandado por el lado este de la misma.
8.- En conclusión, el conjunto
documental integrado por las ortofotos, la testifical pericial de don
Eleuterio, la pericial del perito D. Leandro todo ello en relación con la
propia declaración de D. Casimiro en los términos que hemos explicado, permiten
concluir que no existe erro en la valoración de la prueba y por ende, procede
confirmar la sentencia en cuanto a la procedencia de la acción declarativa de
dominio ejercitada.
E) Decisión de la Sala. En cuanto a la
acción negatoria de servidumbre de aguas pluviales.
1.- La estimación de la acción
declarativa de dominio conlleva inexorablemente la estimación de la acción
negatoria de servidumbre de aguas pluviales en favor de la finca del demandado,
por las razones que seguidamente expondremos.
2 .- La acción negatoria de servidumbre
es una acción real que ejercita el dueño de una finca, libre de gravámenes,
sobre la que un tercero pretende arrogarse un derecho de servidumbre
inexistente. La finalidad de esta acción es que se declare la libertad del
predio. Esta acción
requiere que el actor justifique su derecho de propiedad y, que pruebe la
perturbación que el demandado le haya causado en el goce de aquel derecho;
perturbación que ha de consistir en la afirmación de ser titular de un derecho
real de servidumbre sobre su fundo.
Derivación de lo expuesto es que como en
la acción negatoria de servidumbre se promueve el proceso por el dueño del
predio que la otra parte considera sirviente, una vez que el actor ha probado
su derecho de propiedad, el demandado habrá de evidenciar la existencia de la
servidumbre, pues la propiedad se presume libre de cargas.
En este sentido, la Sentencia del
Tribunal Supremo núm. 390/2014 de 11 de julio de 2014 (ROJ: STS 2834/2014 -
ECLI:ES:TS:2014:2834) señala: " Acción negatoria, como protectora del
derecho de propiedad, que tiene por objeto la declaración negativa de que un
determinado predio no está sometido a un derecho real de servidumbre (así, en
este sentido sentencias de 24 marzo 2003 y 13 octubre 2006) cuyo presupuesto
ineludible (como dice la sentencia de 17 marzo 2005 ) es la prueba [...] del
derecho de propiedad del demandante, propiedad que se presume libre, por lo que
la parte demandada sufre la carga de la prueba de su titularidad del derecho real
de servidumbre".
3.- Hay que partir de que según hemos
razonado en el fundamento de derecho anterior, la acción declarativa de dominio
ejercitada por la actora en su demanda ha prosperado.
La actora probado en esta
"litis" ser propietario de la zona controvertida que linda con la
nave erigida por la parte demandada en la DIRECCION002.
En suma, se ha probado que el lindero
Norte de la DIRECCION002 con la DIRECCION000 viene dado por el muro divisorio
al Norte de la DIRECCION002 y que el lindero Este de la DIRECCION002 con la
DIRECCION000 que ha sido controvertido en esta "litis", discurre por
el lugar donde se ubica el muro estructural exterior Este de la nave que
construyó el demandado ( proyectada en 2009 por don Eleuterio).
Pues bien, el recurso no combate el
argumento de la sentencia apelada, consistente en que "...el alero del
pabellón sobresale de los muros, aunque sea poco, por lo que, en buena lógica
debe deducirse que el agua cae en el terreno de la demandante. El hecho de que
los muros internos del pabellón presenten manchas de humedad no implica que el
agua caiga únicamente dentro de la nave, sino que ello se debe, como se ha
puesto de manifiesto en el juicio, a que no está acabada la construcción y a la
acción del viento, cayendo por dentro y por fuera."
Por lo tanto, no discutido en sede de
recurso este razonamiento, conforme al cual el agua cae desde la nave del
demandado hasta la finca del demandante, hay que partir de la firmeza del
mismo.
Esto implica que el demandante ha
probado todo lo que le incumbe: su propiedad (que se presume libre de cargas) y
la perturbación.
En ese estado de cosas, conforme a la
doctrina jurisprudencial que hemos dejado expuesta, correspondería en
consecuencia al demandado probar la existencia de servidumbre de aguas
pluviales en favor de su DIRECCION002, pues únicamente en ese caso se podría
concluir que el demandante está obligado a soportar el agua de lluvia que caiga
desde la nave del demandado hacia su finca.
Pues bien, es un hecho que el demandado
no ha aportado prueba alguna que permita concluir que la DIRECCION000 esté
gravada con una servidumbre de aguas pluviales en favor de la DIRECCION002.
4.- Por lo demás, argumentos del recurso
en cuanto a esta cuestión, son un tanto difíciles de entender.
Lo que afirma literalmente es lo
siguiente:
"Si tenemos en cuenta que la
prescripción adquisitiva extraordinaria se define como la ocupación pacifica de
un tercero durante 30 años por la falta de uso de la posesión del propietario,
no podemos afirmar a la vez que el nuevo propietario tiene derecho a impedir al
anterior dueño que haga uso de su nuevo terreno para verter aguas, aduciendo
que eso significaría un uso no autorizado de su nuevo terreno adquirido. Sin
embargo, ese uso no puede comenzar cuando se adquiere el terreno por usucapión
ya que entonces se está reconociendo que el anterior propietario ESTABA
HACIENDO USO DE SU TERRENO, PRECISAMENTE PARA VERTER LAS AGUAS PLUVIALES, lo
que, evidentemente, es una utilización del terreno por parte del anterior
propietario lo cual impide, por tanto, su usucapión".
Este argumento que no puede ser acogido.
Lo que el demandante pretendía en la
"litis" es que, como dueño de la parte de la finca afectada por la
caída de aguas, se declarase que su finca (y por lo tanto, también esa zona
controvertida sobre la que cae el agua), no está gravada en favor de la
DIRECCION002 por una servidumbre de vertido de aguas pluviales, y que en
consecuencia, el demandado carece de derecho a que las aguas procedentes de su
nave se viertan en la finca cuya propiedad del demandante ha sido declarada.
Pues bien, siendo que se ha declarado la
propiedad del demandante ( la acción declarativa de dominio ejercitada ha sido
estimada) y siendo que no se ha probado que esa propiedad estuviera gravada con
ninguna servidumbre de aguas en favor de la DIRECCION002, la consecuencia solo
puede ser la estimación de la acción negatoria ejercitada.
A mayor abundamiento, cabe añadir dos
cosas.
La primera, que no hay que olvidar la
declaración de dominio del demandante efectuada en esta "litis" no se
ha hecho solo en virtud de usucapión, sino también porque tanto la sentencia de
primer grado como la de esta Sala han considerado probada la existencia de un
pacto, cuando menso tácito, en cuya virtud EMBUTIDOS SEÑORA JULIA, S.L.
adquirió para su DIRECCION000 la zona controvertida en la "litis",
pacto que tuvo lugar a finales de los años 80 y que cristalizó mediante la
edificación de un zócalo (sobre el cual la parte demandada construyó un muro en
su lado Norte), y que determina que desde entonces la demandada carecería de
derecho a que las aguas pluviales procedentes de su finca cayesen en ese lugar.
Pero es que además, aun en la hipótesis
( que ya decimos que no es así) de que la adquisición del dominio por la
demandante hubiera derivado exclusivamente de haber poseído el tiempo
suficiente para usucapir, tampoco podría acogerse el argumento de la parte
apelante. Es cierto que mientras la usucapión se estuviera consumando (es
decir, durante el tiempo en que el demandante estuviera poseyendo en concepto
de dueño la zona litigiosa de la finca a fin de consumar la usucapión) , el
demandado seguiría siendo el dueño de la finca poseída y objeto de usucapión.
Sin embargo, también lo es que en cuanto la usucapión se consuma ( y en este
caso, así hemos declarado tanto la juez "a quo" como esta Sala que lo
está, pues la posesión ininterrumpida data de 1988) el usucapiente se hace
dueño de la finca. Y por lo tanto, desde ese momento, ostenta el pleno derecho
a que su propiedad, que se presume libre de cargas, no deba soportar la caída
de aguas pluviales provenientes de la finca vecina.
Tal es, y no otra cosa, lo que en la
demanda se ha pretendido, y tal es, y no otra cosa, lo que se ha declarado en
sentencia.
El pronunciamiento es pues un
pronunciamiento a futuro, con independencia de lo que pudiera haber sucedido
mientras esa usucapión se consumó.
Cabe añadir, en fin, que si lo que la
parte apelante está sugiriendo es que lleva mucho tiempo vertiendo aguas desde
su nave a ese lugar, y que por lo tanto podría haber ganado por prescripción
adquisitiva un derecho real de servidumbre de vertido de aguas pluviales, en
tal caso debió de haber formulado reconvención, reclamando a tal efecto que así
se declarase, cuando menos "ad cautelam", para el caso de que se
estimase (como así ha sido) la acción declarativa de dominio hecha valer en la
demanda. Pero como quiera que la parte demandada no ha reconvenido ejercitando
ejercitado dicha acción confesoria de servidumbre adquirida por usucapión, no
cabe valorar tal circunstancia.
5.- Cabe adicionar por último que ningún
motivo se ha introducido en el recurso que haga referencia a la acción
negatoria de servidumbre de luces y vistas asimismo ejercitada en la demanda y
que fue acogida en la sentencia de primer grado, motivo por el cual ningún
pronunciamiento cabe hacer ahora al respecto.
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