A) La sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, sec. 2ª, de 17 de septiembre de 2020, nº 1181/2020, rec. 193/2019, declara que cuando un contribuyente es sancionado por solicitar indebidamente devoluciones, beneficios o incentivos fiscales o por determinar o acreditar improcedentemente partidas positivas o negativas o créditos tributarios aparentes, puede ser declarado responsable solidario respecto de la sanción impuesta a otro contribuyente, como autor de una infracción muy grave por incumplimiento de sus obligaciones de facturación o documentación agravada por la expedición de facturas o documentos sustitutivos con datos falsos o falseados, cuando el tipo de la infracción cometida por el primer contribuyente implica el uso de las facturas o documentos sustitutivos con datos falseados emitidas por el segundo de los contribuyentes citados, cuya responsabilidad solidaria se deriva.
B) HECHOS: El abogado del Estado, en la representación que ostenta, interpuso el recurso de casación solicitando en el escrito correspondiente que la Sala fija la siguiente doctrina: "[u]n contribuyente sancionado por solicitar indebidamente devoluciones, beneficios o incentivos fiscales o por determinar o acreditar improcedentemente partidas positivas o negativas o créditos tributarios aparentes ( artículos 194.1 y 195.1 de la LGT), puede ser declarado responsable solidario, ex artículo 42.1.a) de la LGT, respecto de la sanción impuesta a otro contribuyente como autor de una infracción muy grave por incumplimiento de sus obligaciones de facturación o documentación agravada por la expedición de facturas o documentos sustitutivos con datos falsos o falseados (apartados 1 y 3 del artículo 201 de la LGT)".
Correlativamente, el abogado del Estado solicita de la Sala que "se declare que la sentencia de instancia ha infringido los artículos 42.1.a), 180.2, 194, 195 y 201 LGT", y que, "con estimación del recurso, case la sentencia recurrida, declarando ajustada a derecho la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central de 20 de diciembre de 2016 y los actos administrativos de los que trae causa".
C) OBJETO DE LA LITIS:
1º) El objeto de esta sentencia consiste en determinar si la pronunciada por la Sección Séptima de la Sala de este orden jurisdiccional de la Audiencia Nacional, impugnada en casación por la Administración General del Estado, es o no conforme a Derecho al concluir que no se puede, al amparo del artículo 42.1.a) LGT, derivar la responsabilidad solidaria a MERCURY HOUSE por ser causante o colaboradora activa en la realización de la infracción del artículo 201, apartados 1 y 3, LGT, cometida por la sociedad CONSTRUCCIONES Y REFORMAS DOALCA BLUE, SLU, correspondiente al IVA, ejercicio 2008, teniendo en cuenta que el argumento principal que dicha sentencia emplea es -como se apuntó más arriba- el contenido de nuestra sentencia de 6 de julio de 2015, dictada en el recurso de casación para unificación de doctrina núm. 3418/2013.
2º) La cuestión planteada en el recurso de casación nº 325/2019 era exactamente la misma y en relación con la misma compañía; y también lo era la solución ofrecida por la sentencia allí recurrida (de la Sección Séptima de la Sala de este orden jurisdiccional de la Audiencia Nacional, como aquí sucede).
La única diferencia -irrelevante- es que la derivación a MERCURY HOUSE -parte recurrida en ambos procesos- se refería a la sanción impuesta a una sociedad distinta, pero también por la realización del mismo tipo infractor -el artículo 201 de la Ley General Tributaria- y bajo idéntica dinámica comisiva.
En ambos recursos, preparados por el abogado del Estado, en fin, la cuestión con interés casacional identificada por los respectivos autos de admisión era la misma:
"Determinar si cuando un contribuyente es sancionado por solicitar indebidamente devoluciones, beneficios o incentivos fiscales o por determinar o acreditar improcedentemente partidas positivas o negativas o créditos tributarios aparentes ( artículos 194.1 y 195.1 LGT), puede ser declarado responsable solidario, ex artículo 42.1.a) LGT, respecto de la sanción impuesta a otro contribuyente como autor de una infracción muy grave por incumplimiento de sus obligaciones de facturación o documentación agravada por la expedición de facturas o documentos sustitutivos con datos falsos o falseados ( apartados 1 y 3 del artículo 201 LGT), cuando el tipo de la infracción cometida por el primer contribuyente implica, precisamente, el uso de las facturas o documentos sustitutivos con datos falseados emitidas por el segundo de los contribuyentes citados, cuya responsabilidad solidaria se deriva.
Particularmente, si esa doble represión es vulneradora del principio de no concurrencia de sanciones tributarias, proclamado en el artículo 180.2 (en la redacción vigente ratione temporis, hoy contenida en el artículo 180.1) LGT y si el principio ne bis in idem según ha sido interpretado por el Tribunal Constitucional y por este Tribunal Supremo, consiente tal duplicidad".
3º) Y, por último, no solo son coincidentes los fundamentos jurídicos de las sentencias recurridas en casación, sino que los argumentos esgrimidos por el abogado del Estado y por la representación procesal de MERCURY HOUSE son completamente idénticos.
Si ello es así, el deber de motivación se cumple con creces remitiéndose in toto a la sentencia dictada en el recurso de casación núm. 325/2019, reproduciendo aquí exclusivamente el fundamento de derecho duodécimo de dicha sentencia, que da respuesta a la cuestión casacional que acaba de reflejarse en los siguientes términos:
"1. (...) Cuando un contribuyente es sancionado por solicitar indebidamente devoluciones, beneficios o incentivos fiscales o por determinar o acreditar improcedentemente partidas positivas o negativas o créditos tributarios aparentes (artículos 194.1 y 195.1 de la LGT), puede ser declarado responsable solidario, ex artículo 42.1.a) LGT, respecto de la sanción impuesta a otro contribuyente como autor de una infracción muy grave por incumplimiento de sus obligaciones de facturación o documentación agravada por la expedición de facturas o documentos sustitutivos con datos falsos o falseados (apartados 1 y 3 del artículo 201 LGT), cuando el tipo de la infracción cometida por el primer contribuyente implica el uso de las facturas o documentos sustitutivos con datos falseados emitidas por el segundo de los contribuyentes citados, cuya responsabilidad solidaria se deriva.
2. (...) En tanto que los ilícitos tributarios de los arts. 194.1/195.1 LGT y 201.3 LGT responden a un distinto fundamento y no se absorben o consumen, pues son diversos los intereses directos e inmediatos que cada precepto aspira a proteger, y, en consecuencia, puede afirmarse que existe entre ellos un concurso ideal medial de infracciones -y no un concurso aparente de normas-, no concurre la triple identidad que presupone la infracción del principio non bis in idem tutelado por el art. 25.1 CE.
3. Y, en fin, la doble represión por la que se nos pregunta tampoco contraviene la manifestación concreta del non bis in idem -el denominado principio de inherencia- reconocida en el art. 180.2 LGT [en la redacción vigente ratione temporis, hoy contenida en el artículo 180.1) LGT], en tanto que el comportamiento tipificado en el art. 201.3 LGT no opera -ni expresa ni implícitamente- como criterio de calificación de las infracciones de los arts. 194.1 y/o 195.1 LGT (a diferencia de lo que sucede con los tipos de los arts. 191, 192 y 193 de la LGT) o de graduación de las sanciones establecidas en esos preceptos".
D) Resolución de las pretensiones deducidas en el proceso.
1º) La lógica consecuencia de lo hasta aquí expuesto no puede ser otra, en primer lugar, que la estimación del recurso de casación deducido por el abogado del Estado pues, como se sostiene en el mismo, la sentencia recurrida ha interpretado de manera errónea el ordenamiento jurídico al decidir, con apoyo en nuestra sentencia de 6 de julio de 2015 (RCUD núm. 3418/2013), que no se puede, al amparo del artículo 42.1.a) LGT, derivar a MERCURY HOUSE la sanción impuesta a CONSTRUCCIONES Y REFORMAS DOALCA BLUE, SLU por la realización de la infracción del artículo 201.3 LGT.
Y es que, como ha señalado el Tribunal Supremo:
(i) cuando un contribuyente es sancionado por las infracciones tipificadas en los artículos 194.1 y 195.1 de la LGT, puede ser declarado responsable solidario, ex artículo 42.1.a) LGT, respecto de la sanción impuesta a otro contribuyente como autor de una infracción muy grave prevista en los apartados 1 y 3 del artículo 201 LGT, cuando el tipo de la infracción cometida por el primer contribuyente implica el uso de las facturas o documentos sustitutivos con datos falseados emitidas por el segundo de los contribuyentes, cuya responsabilidad solidaria se deriva;
(ii) en tanto que los ilícitos tributarios de los arts. 194.1/195.1 LGT y 201.3 LGT responden a un distinto fundamento y no se absorben o consumen, no concurre la triple identidad que presupone la infracción del principio non bis in idem tutelado por el art. 25.1 CE; y
(iii) esta doble represión tampoco desconoce el principio de inherencia reconocido en el art. 180.2 LGT (en la redacción vigente ratione temporis), en tanto que el comportamiento tipificado en el art. 201.3 LGT no opera como criterio de calificación de las infracciones de los arts. 194.1 y/o 195.1 LGT o de graduación de las sanciones establecidas en esos preceptos.
2º) Y, en segundo lugar, desestimar el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por la mercantil MERCURY HOUSE contra la resolución de 20 de
diciembre de 2016, por la que el TEAC desestimó el recurso de alzada formulado
por aquella entidad contra la resolución de 30 de julio de 2013 del TEARCV, que
declaró ajustada a derecho la resolución de la Dependencia Regional de
Recaudación de la AEAT de Valencia que, al amparo del artículo 42.1.a) LGT,
declaró a MERCURY HOUSE responsable solidaria, por ser causante o colaboradora
activa en la realización de la infracción del artículo 201, apartados 1 y 3, de
la LGT, cometida por la sociedad CONSTRUCCIONES Y REFORMAS DOALCA BLUE, SLU,
correspondiente al IVA, ejercicio 2008; resoluciones y actos administrativos
que se confirman por ser conformes a Derecho.
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