En los casos de seguro obligatorio de caza, resulta contraria a derecho la exclusión de cobertura por razón de parentesco pactada en una póliza como delimitadora del riesgo, ya que nos encontramos en el ámbito del aseguramiento obligatorio de la actividad de caza, donde la libre autonomía de la voluntad de las partes se ve limitada legalmente.

 

A) La sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, sec. 1ª, de 23 de febrero de 2021, nº 96/2021, rec. 399/2018, establece que, en los casos de seguro obligatorio de caza, resulta contraria a derecho la exclusión de cobertura por razón de parentesco pactada en una póliza como delimitadora del riesgo, ya que nos encontramos en el ámbito del aseguramiento obligatorio de la actividad de caza, donde la libre autonomía de la voluntad de las partes se ve limitada legalmente. 

La compañía aseguradora no puede atribuir la naturaleza de condición delimitadora del riesgo a la definición de tercero, sino que se considera limitativa, por ir ello en contra de la propia configuración normativa del seguro obligatorio, lo cual no sucedería en un seguro suplementario de responsabilidad civil del cazador donde sí podría adquirir juego contractual una causa de exclusión de cobertura de tercera persona libremente pactada entre las partes. 

En el presente caso, una causa de exclusión como la expuesta podría ser incluso calificada como lesiva (art. 3 de la LCS), en tanto en cuanto reduce el derecho del asegurado vaciándolo de su contenido legal obligatorio (Sentencias del TS nº 303/2003, de 20 de marzo y 273/2016, de 22 de abril). 

Lógicamente los daños cubiertos son los sufridos por el tercero, no los padecidos en su propia persona por el asegurado, en este caso, el cazador. En este caso, el padre del asegurado es indiscutiblemente un tercero, con lo que se cumple el presupuesto propio de un seguro de responsabilidad civil.

B)  SOBRE EL OBJETO DEL PROCESO: 

1º) Se ejercita por la parte actora, D. Sabino, una acción de reclamación de cantidad amparada en la póliza de seguro obligatorio de cazador n.º 13, que D. Adriano tenía suscrita con la compañía de seguros demandada Generali, S.A., con vigencia desde el 05/10/2011 al 05/10/2012, como consecuencia de las lesiones padecidas en el ejercicio de la caza, en suceso acaecido el 14/08/2012, en la localidad de Barrax-Lezuza (Albacete), por un disparo del arma efectuado por el asegurado D. Adriano. Dicha actividad estaba debidamente autorizada para el Coto Colmenar/Casa los Pájaros, tanto para el autor de los hechos como para el lesionado que lo acompañaba y participaba en la actividad de caza. 

D. Adriano contaba con las licencias de caza, de armas y de pertenencia preceptivas. En la demanda se postulaba la condena de la compañía de seguros a abonar al demandante la cantidad de 50.000 euros. 

2º) Sobre las características principales de la póliza de seguro concertado por las partes. 

En la póliza consta que se concertó un contrato cuyo primer riesgo objeto de cobertura era el seguro obligatorio de R.C. del cazador, con un sublímite por víctima de 90.152 euros; riesgo segundo, seguro complementario del cazador: no contratado; riesgo tercero, seguro de accidentes propio del cazador: no contratado; riesgo cuarto, defensa jurídica y fianzas: contratado, con un sublímite para el caso de conflicto de intereses de 3.000 euros y fianzas criminales con un sublímite de 12.000 euros. 

En el artículo primero de las condiciones generales de la póliza consta, bajo el epígrafe "objeto y extensión del seguro", apartado 1.1. Objeto del Seguro que: 

"En los términos y condiciones consignados en la póliza la compañía toma a su cargo la responsabilidad civil extracontractual que pueda derivarse para el Asegurado, de acuerdo con las leyes vigentes como consecuencia de los daños, personales o materiales, y perjuicios consecuenciales causados involuntariamente a terceros con ocasión del ejercicio legal y reglamentario, y no profesional, del deporte de la caza, incluida la caza mayor". 

En el artículo tercero se señala, bajo el epígrafe "Riesgos y Garantías que puedan ser cubiertos por la Compañía a solicitud del Tomador" que: 

"[...] Por el Riesgo primero, de contratación obligatoria, la presente póliza garantiza las consecuencias que pudieran derivarse para el Asegurado de la obligación del Asegurado de indemnizar los daños personales causados a terceros con ocasión de la acción de cazar con armas, en los términos previstos en el Reglamento del seguro de Responsabilidad Civil del Cazador, de suscripción obligatoria (R.D.63/1994, de 21 de Enero), de tal manera que quedan cubiertos: 

a) Los daños referidos en el apartado anterior ocasionados por un disparo involuntario del arma. 

b) Los daños referidos en el apartado anterior ocasionados en el tiempo de descanso, dentro de los límites del terreno de caza en tanto se esté practicando la misma. 

El importe máximo de indemnización para los siniestros que afecten a esta cobertura no podrá exceder del límite de suma asegurada por víctima establecido en Condiciones Particulares". 

En la definición de lo que se entiende por tercero, en el preliminar de las condiciones particulares, apartado 3, se señala que la condición de tercero "[...] Ia reúne cualquier persona física o jurídica distinta de: [...] b) Los cónyuges, (de hecho y de derecho), ascendientes, descendiente y colaterales del tomador del seguro y asegurados". 

3º) La sentencia de primera instancia. 

El conocimiento del litigio correspondió al Juzgado de Primera Instancia n.º 2 de Alicante que, después de rechazar las alegaciones de la aseguradora sobre prescripción, culpa exclusiva de la víctima y falta de responsabilidad del asegurado, desestimó la demanda en aplicación de las condiciones de la póliza conforme a las cuales están excluidos de la cobertura los daños de toda índole causados a los cónyuges, ascendientes, descendientes y colaterales del tomador del seguro y del asegurado, toda vez que el demandante era el padre del cazador causante de las lesiones sufridas y dicha condición general tiene la naturaleza de delimitadora del riesgo. 

4º) La sentencia de segunda instancia.  Contra dicha sentencia se interpuso, por el demandante, recurso de apelación. Por turno de reparto su conocimiento correspondió a la sección 4.ª de la Audiencia Provincial de Alicante, que estimó parcialmente la demanda con condena a Generali España de Seguros, S.A., a abonar al demandante la cantidad de 15.073,38 euros, con intereses del art. 20 LCS desde el 14 de agosto de 2012, sin hacer pronunciamiento sobre costas. 

En cuanto a la inaplicación de la cláusula de exclusión de los daños causados a familiares la Audiencia razonó: 

"El seguro de responsabilidad civil aquí litigioso cubre específicamente los riesgos derivados del ejercicio de la caza y no sólo hace referencia en su clausulado a la Ley 1/1970, de 4 de abril, de Caza, sino que, en algunos pasajes, en concreto en la definición de riesgos y garantías de la póliza, se conceptúa como seguro obligatorio de responsabilidad civil del cazador. Sucede que en la reglamentación de este seguro aprobada por Real Decreto 63/1994, de 21 de enero, no viene prevista tal exclusión y esta circunstancia por sí sola ya parece suficiente para considerarla nula de pleno derecho, pues aunque se ofrezca la posibilidad de contratar una cobertura "complementaria" lo cierto es que en la modalidad básica bajo la apariencia de un seguro obligatorio se está ofreciendo en realidad un contrato de extensión menor con cuya suscripción el interesado no cumple de manera perfecta y plena su obligación legal de asegurarse. Y si no se entendiera así, lo que es claro es que en estas circunstancias la referida exclusión sin duda merece el tratamiento previsto en el artículo 3 LCS para las cláusulas limitativas de los derechos del asegurado, cuyos requisitos no pueden estimarse cumplidos desde el momento en que ni siquiera se ha aportado el ejemplar de la póliza firmado por el tomador del seguro". 

C) EL SEGURO OBLIGATORIO DEL CAZADOR. 

1º) La Ley 1/1970, de 4 de abril, de Caza, norma, en su artículo 33.5, que: 

"[...] todo cazador estará obligado a indemnizar los daños que causare con motivo del ejercicio de la caza, excepto cuando el hecho fuera debido únicamente a culpa o negligencia del perjudicado o a fuerza mayor. En la caza con armas, si no consta el autor del daño causado a las personas, responderán solidariamente todos los miembros de la partida de caza". 

A tales efectos, estableció, en su artículo 52, lo mismo que en su reglamento, aprobado por Decreto 506/1971, de 25 de marzo, la obligación de todo cazador con armas de concertar un contrato de seguro que cubra la obligación de indemnizar los daños a las personas establecidas en el precitado art. 33.5, dentro de los límites cuantitativos que reglamentariamente señale el Gobierno, sin perjuicio de las indemnizaciones que, por encima de dicho límite o para los daños a las cosas puedan derivarse de la aplicación de los Códigos Penal y Civil. 

Este seguro de responsabilidad civil del cazador fue así objeto de regulación, en primer término, por la Orden del Ministerio de Hacienda de 20 de julio de 1971, bajo la configuración de un seguro obligatorio de carácter tendencialmente objetivo. 

La adaptación de las disposiciones normativas a la evolución de la realidad social y la necesidad de acomodar dicho seguro al bloque normativo que ulteriormente se fue promulgando, especialmente la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de seguro, la Ley 33/1984, de 2 de agosto, sobre ordenación del seguro privado, la Ley 21/1990, de 19 de diciembre, para adaptar el derecho español a la Directiva 88/357/CEE, sobre libertad de servicios en seguros distintos al de vida, y de actualización de la legislación de seguros privados o la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestre, determinó que se abordará por el Gobierno una nueva regulación del seguro de caza. 

Con tal finalidad se dictó el Real Decreto 63/1994, de 21 de enero, por el que se aprueba el Reglamento del Seguro de Responsabilidad Civil del Cazador, de suscripción obligatoria, de cuyo contenido normativo, en lo que ahora nos interesa, a los efectos resolutorios del presente recurso, es preciso destacar las siguientes notas delimitadoras de su contenido. 

En primer término, en cuanto a su naturaleza jurídica, se configura como un seguro de responsabilidad civil del cazador con armas, que comprende la que pueda incurrir "con ocasión de la acción de cazar" (art. 1.1.). Se trata de un seguro calificado como obligatorio, sin el cual no se podrá obtener la licencia de caza ni practicar el ejercicio de la misma (art. 1.2). El ámbito espacial de extensión del seguro es todo el territorio nacional (art. 2). Su ámbito objetivo de cobertura abarca la obligación "de indemnizar los daños corporales causados a las personas con ocasión de la acción de cazar" (art. 2.1), siendo objeto expreso de aseguramiento los disparos involuntarios y los ocasionados en tiempo de descanso de la actividad de caza en los términos del art. 2.2. Son supuestos normativos de exclusión, que dispensan al cazador de la obligación de indemnizar, la culpa o negligencia única del perjudicado o la fuerza mayor, si bien no se reputa como tal los defectos, roturas o fallos de las armas de caza, sus mecanismos o de las municiones (art. 2. 3º). El límite cuantitativo asegurado es de 90.151,82 € por víctima (art. 3). 

Obviamente, no se excluye que puedan pactarse seguros voluntarios de responsabilidad que excedan los límites legales del seguro obligatorio, incluso otras coberturas adicionales, lo que expresamente advierte el art. 4 del precitado Real Decreto 63/1994, de 21 de enero.

2º) El recurso interpuesto por la aseguradora no puede ser estimado. Nos hallamos ante un seguro de responsabilidad civil obligatorio del cazador. Como tal seguro de responsabilidad civil, le es aplicable el régimen de los artículos 73 a 76 de la Ley de Contrato de Seguro (LCS), como establece expresamente el art. 1.3 a) del Real Decreto 63/1994, de 21 de enero. 

Según establece el art. 73 de LCS: 

"[...] por el seguro de responsabilidad civil el asegurador se obliga, dentro de los límites establecidos en la Ley y en el contrato, a cubrir el riesgo del nacimiento a cargo del asegurado de la obligación de indemnizar a un tercero los daños y perjuicios causados por un hecho previsto en el contrato de cuyas consecuencias sea civilmente responsable el asegurado, conforme a derecho". 

Lógicamente los daños cubiertos son los sufridos por el tercero, no los padecidos en su propia persona por el asegurado, en este caso, el cazador, de ahí que se señale en la condición general tercera de la póliza que se garantizan, por el riesgo suscrito, "[...] la obligación del Asegurado de indemnizar los daños personales causados a terceros con ocasión de la acción de cazar con armas, en los términos previstos en el Reglamento del seguro de Responsabilidad Civil del Cazador, de suscripción obligatoria (R.D. 63/1994, de 21 de Enero)". 

En este caso, el padre del asegurado es indiscutiblemente un tercero, con lo que se cumple el presupuesto propio de un seguro de responsabilidad civil. La propia cláusula contractual antes transcrita señala que la compañía se compromete a dar cobertura al asegurado en los términos previstos en el precitado reglamento. Igualmente se reseña, en la póliza, que lo contratado fue el seguro obligatorio de RC del cazador. Dicha disposición normativa no excluye, dentro de los límites legales de cobertura, a los familiares del asegurado, que no quedan al margen del seguro obligatorio. Tampoco figura específicamente contemplada tal exclusión en los casos previstos como tales de la condición general 1.5 de la Póliza. 

En definitiva, lo que se pretende, por la compañía demandada, en su recurso, es atribuir la naturaleza de condición de delimitadora del riesgo a la definición de tercero, que figura en el ámbito preliminar de las condiciones generales de la póliza, que va en contra de la propia configuración normativa del seguro obligatorio suscrito, al que se comprometió dar cobertura la compañía demandada. El propio art. 73 de la LCS señala que el asegurador se obliga no sólo dentro de los límites pactados sino los establecidos en la ley. En el presente caso, una causa de exclusión como la expuesta podría ser incluso calificada como lesiva (art. 3 de la LCS), en tanto en cuanto reduce el derecho del asegurado vaciándolo de su contenido legal obligatorio (Sentencias del TS nº 303/2003, de 20 de marzo y 273/2016, de 22 de abril). 

No nos encontramos ante un seguro suplementario de responsabilidad civil del cazador, en que la libre autonomía de la voluntad de las partes opera sin los límites legales de un aseguramiento obligatorio y en donde una causa de exclusión, como la expuesta, podría adquirir, en su caso, juego contractual.

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