La sentencia del Pleno
de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, de 27 de julio de 2022, nº
589/2022, rec. 4179/2018, declara que no es aplicable el control de transparencia a
los contratos, en que no interviene ningún consumidor, por tener el préstamo
una finalidad principalmente empresarial.
No es aplicable el
control de transparencia a los contratos en que no interviene ningún
consumidor.
1º) La sentencia de
apelación ha declarado acreditado que la finalidad principal del préstamo
estaba directamente vinculada a la actividad empresarial de los prestatarios,
sin que sea posible en casación variar los hechos probados declarados por la
Audiencia.
A partir de esa
valoración probatoria y declaración de hechos probados, la Audiencia aplicó la
reiterada jurisprudencia del TJUE y de esta Sala Primera sobre la calificación
como consumidores o no consumidores de los contratantes en el caso de los
contratos de finalidad mixta, que recientemente ha compendiado el Tribunal Supremo
en la sentencia nº 26/2022, de 18 de enero:
"En este caso, según la propia parte prestataria, un tercio del préstamo se destinó a la cancelación de un préstamo previo sobre una vivienda y los dos tercios restantes a la adquisición de un local comercial y una plaza de garaje anexa.
"Como expresamos en la sentencia nº 224/2017, de 5 de abril, las Directivas sobre protección contractual de consumidores (básicamente, las Directivas 93/13/CEE, 1999/44/CE, y 2011/83/UE, de 25 de octubre de 2011, no abordan en su articulado el problema de los contratos mixtos o con doble finalidad (profesional y particular). Si bien, el considerando 17 de la última de las Directivas citadas aclara que, en el caso de los contratos con doble finalidad, si el contrato se celebra con un objeto en parte relacionado y en parte no relacionado con la actividad comercial de la persona y el objeto comercial es tan limitado que no predomina en el contexto general del contrato, dicha persona deberá ser considerada como consumidor.
"Ante la ausencia de una norma expresa en nuestro Derecho nacional, resulta adecuado seguir el criterio interpretativo establecido en ese considerando de la Directiva, que además ha sido desarrollado por la jurisprudencia comunitaria. Así, en la STJCE de 20 de enero de 2005 (asunto C-464/01) se consideró que el contratante es consumidor si el destino comercial es marginal en comparación con el destino privado; es decir, no basta con que se actúe principalmente en un ámbito ajeno a la actividad comercial, sino que es preciso que el uso o destino profesional sea mínimo ("insignificante en el contexto global de la operación de que se trate", en palabras textuales de la sentencia).
"De manera más explícita, si cabe, la STJUE de 25 de enero de 2018, C-498/16 Maximilian Schrems), indicó:
""32 Por lo que respecta, más concretamente, a una persona que celebra un contrato para un uso que está relacionado parcialmente con su actividad profesional y que, por tanto, tan sólo es parcialmente ajeno a ésta, el Tribunal de Justicia ha considerado que podría ampararse en dichas disposiciones únicamente en el supuesto de que el vínculo de dicho contrato con la actividad profesional del interesado fuera tan tenue que pudiera considerarse marginal y, por tanto, sólo tuviera un papel insignificante en el contexto de la operación, considerada globalmente, respecto de la cual se hubiera celebrado el contrato (véase, en este sentido, la sentencia de 20 de enero de 2005, Gruber, C-464/01, EU:C:2005:32, apartado 39)"".
2º) Esta doctrina es de
plena aplicación del presente caso, en el que, según declaró probado la Audiencia,
la finalidad principal del préstamo estaba directamente vinculada a la
actividad empresarial de los prestatarios.
3º) La consecuencia de
ello es que respecto del préstamo hipotecario de 2009 y de su modificación de
2015 los demandantes no pueden acogerse el estatuto tuitivo propio de los
consumidores, pues el préstamo tenía una finalidad principalmente empresarial. La exclusión de la
cualidad de consumidores en los demandantes hace improcedente la realización de
los controles de transparencia material y abusividad, según reiterada y
uniforme jurisprudencia de esta sala (sentencias del TS nº 367/2016, de 3 de
junio; 30/2017, de 18 de enero; 41/2017, de 20 de enero; 57/2017, de 30 de
enero; 587/2017, de 2 de noviembre; 639/2017, de 23 de noviembre; 414/2018, de
3 de julio; 230/2019, de 11 de abril, y STS nº 391/2020, de 1 de julio, entre
otras muchas).
4º) Por tanto, dado que
los argumentos de este motivo están articulados bajo la premisa de la
aplicabilidad al caso de la normativa comunitaria y nacional de protección de
consumidores y usuarios, y de los citados controles de transparencia y
abusividad, y que este presupuesto resulta incompatible con la declaración de
la Audiencia de que los demandantes no tenían el carácter de consumidores, el
motivo no puede prosperar.
5º) Tampoco son atendibles
las razones relacionadas con la infracción de la regla de la interpretación
"contra proferentem” (art. 1288 CC), pues ninguna ambigüedad u oscuridad
cabe apreciar en la redacción de las cláusulas del contrato privado de 3 de
noviembre de 2015, antes transcritas (ni en la modificatoria del tipo de
interés ni en la de renuncia de acciones).
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