El artículo 2 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, establece el concepto de
subvención:
"1. Se entiende
por subvención, a los efectos de esta ley, toda disposición dineraria realizada
por cualesquiera de los sujetos contemplados en el artículo 3 de esta ley, a
favor de personas públicas o privadas, y que cumpla los siguientes requisitos:
a) Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios.
b) Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecución de un proyecto, la realización de una actividad, la adopción de un comportamiento singular, ya realizados o por desarrollar, o la concurrencia de una situación, debiendo el beneficiario cumplir las obligaciones materiales y formales que se hubieran establecido.
c) Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga por objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una finalidad pública.
2. No están
comprendidas en el ámbito de aplicación de esta ley las aportaciones dinerarias
entre diferentes Administraciones públicas, para financiar globalmente la
actividad de la Administración a la que vayan destinadas, y las que se realicen
entre los distintos agentes de una Administración cuyos presupuestos se
integren en los Presupuestos Generales de la Administración a la que
pertenezcan, tanto si se destinan a financiar globalmente su actividad como a
la realización de actuaciones concretas a desarrollar en el marco de las
funciones que tenga atribuidas, siempre que no resulten de una convocatoria
pública.
3. Tampoco estarán
comprendidas en el ámbito de aplicación de esta ley las aportaciones dinerarias
que, en concepto de cuotas, tanto ordinarias como extraordinarias, realicen las
entidades que integran la Administración local a favor de las asociaciones a
que se refiere la disposición adicional quinta de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local.
4. No tienen carácter
de subvenciones los siguientes supuestos:
a) Las prestaciones contributivas y no contributivas del Sistema de la Seguridad Social.
b) Las pensiones asistenciales por ancianidad a favor de los españoles no residentes en España, en los términos establecidos en su normativa reguladora.
c) También quedarán excluidas, en la medida en que resulten asimilables al régimen de prestaciones no contributivas del Sistema de Seguridad Social, las prestaciones asistenciales y los subsidios económicos a favor de españoles no residentes en España, así como las prestaciones a favor de los afectados por el virus de inmunodeficiencia humana y de los minusválidos.
d) Las prestaciones a favor de los afectados por el síndrome tóxico y las ayudas sociales a las personas con hemofilia u otras coagulopatías congénitas que hayan desarrollado la hepatitis C reguladas en la Ley 14/2002, de 5 de junio.
e) Las prestaciones derivadas del sistema de clases pasivas del Estado, pensiones de guerra y otras pensiones y prestaciones por razón de actos de terrorismo.
f) Las prestaciones reconocidas por el Fondo de Garantía Salarial.
g) Los beneficios fiscales y beneficios en la cotización a la Seguridad Social.
h) El crédito oficial, salvo en los supuestos en que la Administración pública subvencione al prestatario la totalidad o parte de los intereses u otras contraprestaciones de la operación de crédito".
El artículo 8 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones establece que:
“1. Los órganos de las Administraciones públicas o cualesquiera entes que propongan el establecimiento de subvenciones, con carácter previo, deberán concretar en un plan estratégico de subvenciones los objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación, el plazo necesario para su consecución, los costes previsibles y sus fuentes de financiación, supeditándose en todo caso al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.
2. Cuando los objetivos que se pretenden conseguir afecten al mercado, su orientación debe dirigirse a corregir fallos claramente identificados y sus efectos deben ser mínimamente distorsionadores.
3. La gestión de las subvenciones a que se refiere esta ley se realizará de acuerdo con los siguientes principios:
a) Publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación.
b) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por la Administración otorgante.
c) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos”.
La Sentencia de la Sala
Tercera del Tribunal Supremo de 13 de octubre de 2004, nº de recurso 3512/2001,
recuerda los criterios reiteradamente seguidos por la jurisprudencia en materia
de subvenciones:
"Pues en materia
de subvenciones, cual es el supuesto de autos, esta Sala del Tribunal Supremo,
tiene reiteradamente declarado, entre otras en sentencias de 19 de enero de
1991, 5 de marzo de 1993, 28 de julio de 1997, 3 de noviembre de 1998 y 25 de
noviembre de 2003:
a) que la
Administración, puede o no crearlas, pero una vez creadas y convocadas ha de
concederlos en los términos anunciados;
b) que quienes
soliciten la subvención y reúnan las condiciones de la convocatoria de la
subvención, tienen derecho a obtenerla en las condiciones establecidas;
y c) que la obligación
de la Administración que crea y convoca la subvención y el derecho de que
quienes la soliciten, estén delimitadas por la cuantía fijada en la
convocatoria o en los presupuestos a que la misma se remite".
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