La sentencia de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, sec. 4ª, de 16 de julio
de 2020, nº 1024/2020, rec. 793/2018, declara que la finalización del
vínculo de relación de servicio se produce en las respectivas fechas de los
ceses del personal funcionario interino y la iniciación de un nueva relación de
servicio al inicio del siguiente curso escolar no invalida los efectos
jurídicos de cada uno de los ceses precedentes, y, por ende, no otorga derecho
alguno al funcionario interino en esta situación para percibir retribuciones
por el periodo de tiempo transcurrido entre el cese anterior y el inicio de una
nueva relación de servicio, como tampoco otorga derecho al reconocimiento de
otros efectos de índole administrativa, como antigüedad o cómputo de servicios
prestados, en relación al indicado periodo.
El cese de los
funcionarios interinos responde a la finalización de la causa que motivó cada
uno de sus nombramientos como funcionaria interina, siendo tal causa objetiva
la finalización del respectivo período lectivo del curso escolar, que se
produjo el 30 de junio de cada uno de los años que se indica en la reclamación,
y sobre la base de una configuración previa de la relación jurídica de servicio
de tiempo determinado, que tuvo en cuenta de manera predeterminada el efecto
extintivo de la finalización del periodo lectivo.
Por tanto, la
proscripción de discriminación en el tratamiento, a tenor del estatuto jurídico
de funcionarios de carrera y funcionarios interinos, no ha sido vulnerada.
Reitera el Supremo que
un funcionario docente interino que ha sido cesado al terminar el curso escolar
y readmitido al inicio de un nuevo curso no tiene derecho a percibir
retribuciones por ese periodo, sin que la parte demandante tenga derecho
al abono de una indemnización por los ceses como docente, efectuados una vez
terminado los cursos escolares.
El Supremo declara que ante
la ausencia de una norma que lo ampare, no es posible reconocer la retribución
de los meses de verano a aquel funcionario que, habiendo sido cesado cada curso
escolar en fecha 30 de junio, no ha impugnado ninguno de aquellos ceses.
El derecho a la
percepción de unas retribuciones a favor de la recurrente carece de causa, por
no existir relación de servicio que determinase su devengo, al igual que
también carece de causa el reconocimiento de derechos de antigüedad o cómputo
de tiempo de servicios prestados.
A) Antecedentes del
litigio.
1º) La actora y aquí
recurrida, doña Rafaela, ha venido desempeñando como funcionaria interina
diversos puestos de trabajo en el sector de la enseñanza no universitaria, como
docente, con sucesivos nombramientos como funcionaria interina de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Madrid, desde el año 1989. Si bien la actora no
ha aportado sus nombramientos y ceses, sino únicamente la hoja de servicios,
concluye el Juzgado de instancia que tal y como se mantiene en la resolución
impugnada, estos nombramientos responden a las necesidades educativas
existentes en la Comunidad de Madrid para los distintos cursos escolares y en
los centros para los que se produjo el nombramiento, que en el caso de la
actora y por los periodos reclamados, cursos 2012/13, 2013/14, 2014/15 y
2015/16, fue en el IES Prado de Santo Domingo de Alcorcón.
Consta que antes y
después de estos cursos académicos ha prestado servicios en otros centros
docentes de distintas localidades de la Comunidad Autónoma de Madrid, en la
misma condición de interina, según consta en la hoja de servicios aportada por
la actora.
En todos los cursos a
que se refiere su petición, fue cesada a fecha 30 de junio por finalización del
periodo lectivo del curso escolar respectivo para el que se efectuaron los
respectivos nombramientos, sin que formulase impugnación alguna contra los
actos de cese, tampoco contra los de nombramiento, que adquirieron firmeza.
Concretamente fue nombrada el día 17 de septiembre de 2013 y cesada el día 30
de junio de 2013 (curso 2012/2013); nombrada nuevamente el 6 de septiembre de
2013 y cesada el 30 de junio de 2014 (curso 2013/2014); nombrada el 7 de
septiembre de 2015 y cesada el 30 de junio de 2016 (curso 2015/2016). Todos los
nombramientos responden a la cobertura de las necesidades educativas existentes
en la Comunidad de Madrid, y en el marco del procedimiento establecido a través
de la correspondiente bolsa de empleo o listado de aspirantes formados en el marco
del procedimiento de selección para la cobertura temporal de puestos docentes.
2º) La argumentación de
la sentencia recurrida.
La sentencia recurrida examina los principios generales que inspiran las regulación de la actividad docente, y en particular los criterios de calidad de la enseñanza, así como el principio de colaboración y trabajo en equipo de los distintos docentes del centro educativo, art 91.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y concluye que:
"[siendo esta la regulación legal, difícilmente podrá organizarse en equipo un curso escolar cuando esa organización, según reconoce la propia Administración, se realiza principalmente en los meses sin clases escolares y cuando no están presentes, por haber sido cesada la actora, todos los miembros del profesorado, ya que en este punto ha de recordarse que la actora por el periodo reclamado siempre estuvo en el mismo centro escolar. A mayor abundamiento, la función de un profesor, y las horas de dedicación, no son solo las de carga docente, sino que el correcto desarrollo de las clases conlleva un trabajo preparatorio que va más allá de las concretas horas que está el profesor "delante de sus alumnos", y ese trabajo previo se adelanta en esos meses en que fue cesada la actora".
El argumento anterior se acompaña, en el FJ sexto con la afirmación de que:
"[...] existe en este
caso una sucesión de contratos concadenados (sic) y prácticamente sin solución
de continuidad si atendemos a los sucesivos cursos reclamados, lo que evidencia
la necesidad del trabajo desempeñado por la recurrente en el IES Prado de Santo
Domingo de Alcorcón [...]".
La sentencia anula el
único acto administrativo recurrido, el de denegación de la petición de la
recurrente relativa al abono de antigüedad y salarios durante los meses de
julio, agosto y días proporcionales de septiembre de los cursos lectivos
2012/13, 2013/14, 2014/15 y 2015/16, y declara que "[...]debe estimarse el
presente recurso contencioso administrativo, y reconocerse el derecho de la
actora al cómputo a efectos de antigüedad de los meses de julio, agosto y días
proporcionales de septiembre de los cursos 2012/13, 2013/14, 2014/15 y 2015/16,
así como el cobro los salarios dejados de percibir, si bien de los mismos se
descontarán las cantidades que ya hubieran sido abonadas por vacaciones,
indemnizaciones o por cualquier otra causa [...]".
3º) Los argumentos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Madrid pone de manifiesto en su escrito de interposición del recurso de casación que la actora no recurrió ninguno de los actos de cese, que los mismos se correspondían con las condiciones establecidas en los nombramientos como funcionaria interina , y que la denegación del abono de las cantidades reclamadas así como del reconocimiento de servicios prestados en los periodos a que se contrae la reclamación responde al hecho de que, no ostentando la recurrente relación jurídica alguna con la Administración en dichos periodos, por haber sido cesada en cada una de las fechas indicadas y no haber sido objeto de impugnación dichos actos administrativos, tampoco en el presente litigio, dichos actos administrativos, carece de todo vínculo de relación de servicio con la Administración que le dé el derecho a percibir retribuciones", al "[...] ser éste un derecho anudado a la condición de funcionario (ex artículo 14 del EBEP), extremo que recoge, con total claridad, la STJUE de 21 de noviembre de 2018, asunto C-245/2017" (pág. 10 del escrito de interposición). Además -se afirma-, se trata de "actos consentidos y firmes, que despliegan totalmente su presunción de validez y eficacia; así como todos sus efectos: particularmente, la pérdida de retribuciones, consecuencia de la extinción de la relación que provoca el cese", sin que exista norma, pacto o acuerdo que reconozca el derecho de los funcionarios docentes interinos a percibir retribuciones por los meses de verano no trabajados, lo que le lleva a solicitar la desestimación de las pretensiones de la contraparte y la casación de la sentencia impugnada (págs. 11 y 13).
Respecto a la
fundamentación legal de la limitación del nombramiento hasta el 30 de junio de
los respectivos años reclamados, invoca las previsiones de la Ley 4/2010, de 29
de junio, de medidas urgentes por la que se modificó la ley 9/2009, de 23 de
diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad de Madrid para 2010, para
su adecuación al Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo, por
el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit
público, que en su DA 4ª, y en relación al Acuerdo de 26 de octubre de 2006,
del Consejo de Gobierno, por el que se aprobó el Acuerdo Sectorial del personal
funcionario docente al servicio de la Administración de la Comunidad de Madrid
que imparte enseñanzas no universitarias para el período 2006-2009, suspendió
la previsión de que los profesores interinos que prestaran sus servicios
durante al menos cinco meses y medio en un mismo curso, cobrarían íntegramente
los meses de verano ( art. 6.b). Señala que la Ley 4/2010, de 29 de junio, de
Medidas Urgentes, citada, dispuso en su DA 4ª la suspensión de dicho acuerdo,
en los siguientes términos:
"Se suspende la
aplicación de lo establecido en el artículo 6, apartado B), letra e), relativo
a la percepción económica correspondiente a vacaciones por parte de los
profesores interinos. Esta medida surtirá efectos para los nombramientos de
interinos que se produzcan a partir del 1 de septiembre de 2010".
Con carácter
subsidiario, trae a colación la reciente STS de 9 de julio de 2019, recurso
núm. 1930/2017, para rebatir las conclusiones de la sentencia de instancia y
concluir que los ceses de los funcionarios docentes interinos en verano no son
contrarios a derecho, por no existir las razones de urgencia y necesidad que
motivaron sus nombramientos, respetándose así tanto los preceptos oportunos del
EBEP como el Acuerdo Marco.
Finalmente solicita el
dictado de sentencia que revoque la sentencia impugnada, "confirmando y
declarando ajustada a derecho la resolución administrativa impugnada en los
presentes autos".
B) La cuestión de interés casacional.
La cuestión de interés
casacional delimitada por auto de 20 de septiembre de 2019, de la Sección de
Admisión de esta Sala es la siguiente:
"Segundo. -
Precisar que la cuestión en la que se entiende que existe interés casacional
objetivo para la formación de jurisprudencia es la siguiente: si un funcionario
docente interino que ha sido cesado el 30 de junio y readmitido al inicio del
curso escolar tiene derecho a percibir retribuciones por este periodo, cuando
(i) ni existe norma, pacto o acuerdo que así lo reconozca, y (ii) ha aceptado
el cese por no haberlo recurrido en tiempo y forma.
Tercero. - Identificar como
normas jurídicas que, en principio, han de ser objeto de interpretación: los
artículos 10.3 y 10.5 del Estatuto Básico del Empleado Público (en adelante,
EBEP), sin perjuicio de que la sentencia haya de extenderse a otras si así lo
exigiere el debate finalmente trabado en el recurso, ex artículo 90.4 de la
LJCA".
C) Decisión del
Tribunal Supremo.
1º) La sentencia recurrida, ya lo hemos dicho, se apoya en lo que considera vulneración de la Cláusula 4 del Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada que figura en el Anexo de la Directiva 1999/70/CE y, en su desarrollo hace cita y trascripción de diversas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
También, en la vulneración de los artículos 10.3 y 5 del Estatuto
Básico del Empleado Público, Ley 7/ 2007, y el artículo 14 de la Constitución española.
Pues bien, el examen de la cuestión de interés casacional nos sitúa en la posición de analizar un nuevo matiz de una cuestión que, estrechamente relacionada con la actual, fue resuelta en la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TS de 9 de julio de 2019 (rec. cas. núm. 1930/2017 - ES:TS: 2019:2480). En aquella sentencia fijamos la siguiente doctrina jurisprudencial:
"[...] que el cese de los funcionarios docentes interinos de los Cuerpos Docentes no universitarios al final del período lectivo del curso escolar, basado sólo en la causa de que en los dos meses restantes de éste (julio y agosto) desaparece la necesidad y urgencia que motivó su nombramiento, no comporta un trato desigual no justificado con respecto a los funcionarios docentes fijos o de carrera".
Esta doctrina
jurisprudencial se basa en la interpretación que la jurisprudencia del Tribunal
de Justicia de la Unión Europea ha fijado sobre la cuestión de la
compatibilidad de los ceses, por la causa indicada, con la cláusula 4, apartado
1, del Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada, celebrado el 18
de marzo de 1999, que figura en el anexo de la Directiva 1999/70/CE del
Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo Marco de la CES, la UNICE
y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada. Se trata de la sentencia
del TJUE de fecha 21 de noviembre de 2018 en el asunto C-245/17, que tenía por
objeto una petición de decisión prejudicial planteada ante el Tribunal de
Justicia de la Unión Europea (TJUE), con arreglo al artículo 267 TFUE, por el
Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, mediante auto dictado el
19 de abril de 2017 en el recurso contencioso administrativo número 164/2015.
La sentencia del TJUE
de 21 de noviembre de 2018, cit., resolvió estas cuestiones declarando lo
siguiente:
1º.- En cuanto a la
primera cuestión:
"1) La cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada, celebrado el 18 de marzo de 1999, que figura en el anexo de la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional que permite a un empleador extinguir, en la fecha en que finaliza el período lectivo, la relación de servicio de duración determinada de los docentes nombrados como funcionarios interinos para un curso académico por el hecho de que, en esa fecha, ya no se dan las razones de necesidad y urgencia a las que se supeditó su nombramiento, mientras que se mantiene la relación de servicio por tiempo indefinido de los docentes que son funcionarios de carrera ".
2º.- En cuanto a la
segunda y tercera, examinadas conjuntamente:
"2) El artículo 7, apartado 2, de la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003 , relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional que permite extinguir, en la fecha en que finaliza el período lectivo, la relación de servicio de duración determinada de los docentes nombrados como funcionarios interinos para un curso académico, aun cuando esta circunstancia prive a esos docentes de días de vacaciones estivales anuales retribuidas correspondientes a dicho curso académico, siempre que los referidos docentes perciban una compensación económica por este concepto".
Estas consideraciones
del TJUE determinan, también aquí, nuestra decisión y nos llevan a estimar el
presente recurso de casación, en la línea sentada en la anterior sentencia del
TS de 9 de julio de 2019, cit., sin que resulte procedente el planteamiento de
cuestión prejudicial alguna, al resultar clara la interpretación de la norma de
derecho europeo de aplicación. Es así, por la jurisprudencia reiterada y
uniforme del TJUE relativa a cómo ha de ser interpretada la Cláusula 4 del
Acuerdo marco tantas veces citado, y, en particular, por la interpretación
fijada en la indicada sentencia del TJUE de 21 de noviembre de 2018, cit. Esta
interpretación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que recogimos en
nuestra sentencia de 9 de julio de 2019, cit., ha aclarado definitivamente la
cuestión de la interpretación y alcance de las citadas normas de Derecho
Europeo, en términos distintos a los que hizo nuestra sentencia de 11 de junio
de 2018 (rec. cas. núm. 3716/2015) en un recurso de casación anterior al modelo
de casación introducido en la Ley orgánica Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio.
En efecto, tal y como
declaraba la sentencia del TS de 9 de julio de 2019, cit., la comparabilidad de
la situación de los funcionarios interinos, que ejercen las mismas funciones
que los docentes que son funcionarios de carrera (funcionarios comparables por
razón de su estatuto, aun con las salvedades que haremos más adelante) no
impide que, en atención a circunstancias objetivas, concretamente a la fijación
de una fecha o circunstancia predeterminada objetivamente como determinante del
cese, éste sea acordado por la Administración por razones objetivas, a
diferencia de los trabajadores fijos comparables, los funcionarios de carrera.
El cese de los
funcionarios interinos, también el de la actora, responde a la finalización de
la causa que motivó cada uno de sus nombramientos como funcionaria interina,
siendo tal causa objetiva la finalización del respectivo período lectivo del
curso escolar, que se produjo el 30 de junio de cada uno de los años que se
indica en la reclamación, y sobre la base de una configuración previa de la
relación jurídica de servicio de tiempo determinado, que tuvo en cuenta de
manera predeterminada el efecto extintivo de la finalización del periodo lectivo. Hay que destacar que,
como señala la citada STJUE de 21 de noviembre de 2018, "[...] el Acuerdo
Marco reconoce en principio la legitimidad de recurrir a relaciones de servicio
por tiempo indefinido y también de hacerlo a relaciones de servicio de duración
determinada, y, en la medida en que no establece en qué condiciones se puede
hacer uso de unas y de otras, no cabe sancionar, sobre la base de dicho
Acuerdo, una diferencia de trato como la que es objeto del litigio principal,
consistente en el mero hecho de que una relación de servicio de duración
determinada se extingue en una fecha dada, mientras que una relación de
servicio por tiempo indefinido no se extingue en esa fecha" (parágrafo 46).
La elección de una
relación de servicio de duración determinada deriva únicamente de una razón
objetiva, la introducción de nuevas medidas organizativas en la prestación del
servicio público de educación, en particular en la actividad genuinamente
docente, encaminadas además a la consecución de un objetivo de interés público
igualmente relevante, cómo es la reducción del déficit público, y establecidas
en una norma de rango legal, como son las disposiciones presupuestarias con
rango de ley a que hace referencia la Administración recurrente.
Esta elección de una
relación de servicio determinada, justifica un trato diferenciado entre los
docentes, en función de que sean funcionarios interinos o funcionarios de
carrera , dado que la relación de servicio de la interesada finalizó en unas
fechas determinadas, como la de los demás interinos docentes, esto es, en
aquellas en que se produjeron la finalización de las necesidades lectivas del
curso escolar y, por ende, la extinción de las causas que determinaron su
nombramiento, lo que además estaba previsto en sus nombramiento de forma
objetiva y predeterminada, mientras que la de los docentes que eran
funcionarios de carrera se mantuvo después de dicha fecha, correspondiendo a
los mismos realizar todas cuantas labores administrativas y organizativas son
propias del periodo no lectivo del curso escolar, y están establecidas en las
ordenes reguladoras de la programación de los sucesivos cursos escolares.
Por tanto, la
proscripción de discriminación en el tratamiento, a tenor del estatuto jurídico
de funcionarios de carrera y funcionarios interinos, no ha sido vulnerada. Además, las razones de
índole organizativa consideradas por la Administración para la determinación de
manera predeterminada de la fecha de finalización de la relación de servicio
(finalización del periodo lectivo del curso escolar), en cuanto fundadas en un
objetivo de naturaleza pública igualmente relevante, no pueden tacharse por sí
mismas de medidas de trato discriminatorio para los funcionarios interinos.
Ciertamente es pacífico
que las razones de índole presupuestaria no pueden constituir por sí mismas y
en todo caso justificación de una diferencia de trato, ya que no son
directamente un objetivo perseguido por el Acuerdo marco incorporado a la
Directiva 1999/70. Sin embargo, sí es preciso analizar si las medidas de tipo
organizativo adoptadas, y que han determinado una distribución de las tareas no
estrictamente lectivas a cargo de los funcionarios de carrera, posibilitando
que los nombramientos de funcionarios interinos como docentes no hubiera de
prolongarse más allá de la finalización del periodo lectivo, constituyen una
discriminación injustificada de los funcionarios interinos.
Para comprobar si esta
medida es proporcionada y objetiva habrá que atender a si tales medidas organizativas,
que posibiliten la reducción de las necesidades de personal docente interino al
periodo estrictamente lectivo, con reorganización de los servicios a
desarrollar exclusivamente por el personal docente de carrera en el periodo no
lectivo del curso escolar, se han aplicado de manera objetiva y uniforme a todo
el personal funcionario interino en una situación comparable, y que esas
razones, y no otras, constituyen realmente la causa de finalización de la
relación de servicio de duración determinada. En el presente caso, ninguna
prueba se ha aportado de que las sucesivas extinciones de la relación de
servicio de la actora hayan respondido a situaciones distintas de las que
estaban previstas objetivamente en los sucesivos nombramientos, esto es, a la
finalización del periodo lectivo del curso escolar, y tampoco se cuestiona
que han sido aplicadas de manera uniforme a los funcionarios docentes interinos
en una situación comparable. No puede reputarse comparable, desde luego, la
situación de la propia recurrente en años anteriores, como alegaba en su
escrito de reclamación en vía administrativa, en que su actividad continuó en
los meses del periodo no lectivo.
Tal y como señala, tal
y como señala el parágrafo 50,51 y 52 de la sentencia del TJUE de 21 de noviembre
de 2018, cit.:
"[...] 50.A este respecto, es preciso señalar que los interesados no solicitan ser tratados efectivamente, por lo que respecta a la duración de su relación de servicio, de la misma manera que sus compañeros funcionarios de carrera, que están llamados a ocupar sus puestos incluso después del 14 de septiembre de 2012. En realidad, lo que reclaman con sus solicitudes es el mismo trato que se otorgó a los docentes que en los anteriores cursos académicos fueron nombrados como funcionarios interinos hasta el 14 de septiembre.
51 Pues bien, dado que el principio de no discriminación se ha aplicado y se ha concretado mediante el Acuerdo Marco únicamente en lo que respecta a las diferencias de trato entre trabajadores con contrato de duración determinada y trabajadores con contratos por tiempo indefinido que se encuentren en una situación comparable (sentencia de 5 de junio de 2018, Montero Mateos, C-677/16, EU:C:2018:393, apartado 50 y jurisprudencia citada), las posibles diferencias de trato entre determinadas categorías de personal con contrato de duración determinada no están incluidas en el ámbito de aplicación del principio de no discriminación consagrado por dicho Acuerdo Marco (véase, en este sentido, la sentencia de 14 de septiembre de 2016, de Diego Porras, C-596/14, EU:C:2016:683, apartado 38 y jurisprudencia citada).
52 En tales circunstancias, la diferencia de trato alegada por los interesados no puede estar comprendida, en cualquier caso, en el ámbito de aplicación de la cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo Marco" (parágrafo 50 a 52).
Las consideraciones que el juzgador de instancia hace sobre la improcedencia de que pueda organizarse un servicio adecuado del curso escolar, y por tanto la imposibilidad de reducir el personal durante el periodo no lectivo, no se basan en apreciación de hechos o pruebas, extremo que quedaría al margen del recurso de casación, sino en la interpretación jurídica de normas, tales como la Ley General de Educación de 1970, la ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de calidad de la educación y la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación. Afirma la sentencia de instancia que "[siendo esta la regulación legal, difícilmente podrá organizarse en equipo un curso escolar cuando esa organización, según reconoce la propia Administración, se realiza principalmente en los meses sin clases escolares y cuando no están presentes, por haber sido cesada la actora, todos los miembros del profesorado, ya que en este punto ha de recordarse que la actora por el periodo reclamado siempre estuvo en el mismo centro escolar. A mayor abundamiento, la función de un profesor, y las horas de dedicación, no son solo las de carga docente, sino que el correcto desarrollo de las clases conlleva un trabajo preparatorio que va más allá de las concretas horas que está el profesor "delante de sus alumnos", y ese trabajo previo se adelanta en esos meses en que fue cesada la actora".
Tales conclusiones,
fruto de una labor de interpretación jurídica, no establecen ningún hecho, ni
desvirtúan lo que resulta del expediente y de las propias alegaciones de las
partes, y es que la actora no desempeñó las tareas correspondientes al periodo
no lectivo del curso escolar, ya que en base a una decisión organizativa de la
Administración, y con base en el interés de cumplir una finalidad pública
igualmente relevante como el control del déficit público, se optó por un modelo
de relación laboral de duración limitada, acotada en su finalización al dato
objetivo de la finalización del periodo lectivo del curso escolar, y sin
menoscabo alguno de los derechos de la recurrente que disfrutó de su periodo
vacacional o recibió la compensación económica correspondiente, extremo que no
cuestiona.
Además, hay que matizar
que la situación de los funcionarios de carrera no resulta por completo
comparable en el sentido de que dichos funcionarios no es que, como dice la
demandante, recibieran la retribución de los meses de julio y agosto pese a
finalizar el curso escolar antes, el 30 de junio, sino que continúan en el
desempeño de sus puestos de trabajo - como es lógico - con dedicación a otras
labores también propias de su actividad, pero no disfrutando de unas vacaciones
más allá de las previstas legalmente. Estas labores no son las mismas que la tarea
docente y las conexas con la misma durante el periodo lectivo, que es la
necesidad que justificó los nombramientos de la recurrente, y que concluyó al
final de cada periodo lectivo.
Por otra parte, hay que
tener presente que, de la conducta de la actora, que no impugnó los actos de
cese, se sigue, sin dificultad, que no cabe cuestionar la licitud de los
mismos, máxime cuando ni se aportan por la actora los nombramientos ni tampoco
los actos de cese, ni el hecho de que éstos últimos se correspondieran con la
causa objetiva establecida en los respectivos nombramientos.
El dato en que se
insiste por la sentencia recurrida de que los nombramientos dieron lugar a la
prestación de servicio en un mismo centro docente no empaña la conclusión que
hemos establecido, pues es notorio que los procesos de acceso a la condición de
funcionario interino se producen mediante el acceso a la condición, y no para
centro determinado, sin perjuicio de que en el proceso de adjudicación de
puestos como funcionarios interino se produzcan determinadas prioridades que
respondan a las preferencias del aspirante que resulta nombrado. No estamos
ante una situación de interinidad por vacante específica, que tendría una
vinculación con el centro, sino en un nombramiento por necesidades de la
planificación educativa.
No es el centro escolar
o docente el que nombra al funcionario interino, sino la Administración
educativa y sobre la base de una "bolsa de empleo", o listado de
aspirantes y según un proceso anualizado (puede verse al respecto el Decreto 42/2013,
de 9 de mayo, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, por el que se
regula el procedimiento de selección de funcionarios interinos docentes de
ámbito no universitario en la Comunidad de Madrid).
Así pues, la
adjudicación de la plaza concreta en que desempeña sus servicios no sirve, en
la forma que pretende exponer la sentencia recurrida, a unas concretas
necesidades educativas de un centro cubiertas por un determinado docente
interino.
De hecho, la hoja de servicios de la actora prueba que tanto antes como después
de los periodos reclamados ha prestado servicios en otros centros docentes de
la Comunidad de Madrid. De ahí que la continua referencia a que los servicios
se prestaron en un mismo centro carezca de relevancia para la cuestión en
litigio. De modo que no cabe hablar de "readmisión" como hace la
demanda y acepta la sentencia recurrida en su argumentación.
Lo relevante es que la
relación de servicio había sido extinguida válidamente al final del periodo
lectivo de cada curso escolar, sobre la base de razones objetivas y
predeterminadas.
Por consiguiente, reconocer como hace la sentencia recurrida, el devengo de
retribuciones sin que traiga causa de una relación de servicio existente, dada
la extinción legítima y además consentida de las sucesivas relaciones de
servicio de duración determinada, supone una vulneración frontal de lo
dispuesto en el art. 14.d) y del art. 10.3 y 5, del Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
del Estatuto Básico del Empleado Público, así como una infracción de la
doctrina jurisprudencial establecida respecto a la interpretación del alcance
de la Cláusula 4 del Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada que
figura en el Anexo de la Directiva 1999/70/CE.
D) La doctrina
jurisprudencial sobre la cuestión de interés casacional.
De lo razonado se sigue
que, la finalización del vínculo de relación de servicio se produce en las
respectivas fechas de los ceses del personal funcionario interino -que en este
caso fue a 30 de junio de cada uno de los años reclamados- y la iniciación de
un nueva relación de servicio al inicio del siguiente curso escolar no invalida
los efectos jurídicos de cada uno de los ceses precedentes, y, por ende, no
otorga derecho alguno al funcionario interino en esta situación para percibir
retribuciones por el periodo de tiempo transcurrido entre el cese anterior y el
inicio de una nueva relación de servicio, como tampoco otorga derecho al
reconocimiento de otros efectos de índole administrativa, como antigüedad o
cómputo de servicios prestados, en relación al indicado periodo.
E) Decisión sobre las
pretensiones.
De conformidad con la
doctrina jurisprudencial establecida, y la que se fija en la sentencia del TS de
9 de julio de 2019, cit., procede estimar el recurso de casación y revocar la
sentencia recurrida, al declarar el derecho a la percepción de unas
retribuciones a favor de la recurrente que carecen de causa, por no existir
relación de servicio que determinase su devengo, al igual que también carece de
causa el reconocimiento de derechos de antigüedad o cómputo de tiempo de
servicios prestados. En consecuencia, procede desestimar el recurso
contencioso-administrativo al ser ajustados a Derecho el acto administrativo
que resolvió en sentido denegatorio sobre la pretensión de la Sra. Rafaela,
relativa al abono de antigüedad y salarios durante los meses de julio, agosto y
días proporcionales de septiembre de los cursos lectivos 2012/13, 2013/14,
2014/15 y 2015/16.
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