La sentencia de la Sala de lo Civil del
Tribunal Supremo, sec. 1ª, de 20 de marzo de 2024, nº 408/2024, rec. 5106/2022, recuerda la protección del derecho al
honor de las personas jurídicas, su ámbito y sus límites, según la doctrina del
Tribunal Supremo.
En la sentencia del TS nº 429/2020, de
15 de julio, dijimos sobre la protección del derecho al honor de las personas
jurídicas, su ámbito y sus límites, lo siguiente:
"1.- La jurisprudencia de esta Sala
ha reconocido reiteradamente el derecho a la tutela del honor de las personas
jurídicas, delimitando su ámbito y límites específicos, que no cabe equiparar a
los propios del derecho al honor de las personas físicas.
"2.- La sentencia del TS nº 194/2014,
de 3 de enero de 2014, ha precisado este criterio al señalar:
""Según la jurisprudencia
constitucional, el reconocimiento de derechos fundamentales de titularidad de
las personas jurídicas necesita ser delimitado y concretado a la vista de cada
derecho fundamental en atención a los fines de la persona jurídica, a la
naturaleza del derecho considerado y a su ejercicio por aquella (SSTC 223/1992
y 76/1995). Aunque el honor es un valor que debe referirse a personas físicas
individualmente consideradas, el derecho a la propia estimación o al buen
nombre o reputación en que consiste no es patrimonio exclusivo de las mismas (STC
214/1991 (RTC 1991, 214). A través de los fines de la persona jurídico-privada
puede establecerse un ámbito de protección de su propia identidad en el sentido
de protegerla para el desarrollo de sus fines y proteger las condiciones de
ejercicio de la misma. La persona jurídica puede así ver lesionado su derecho
mediante la divulgación de hechos concernientes a su entidad, cuando la infame
o la haga desmerecer en la consideración ajena. En este caso, la persona
jurídica afectada, aunque se trate de una entidad mercantil, no viene obligada
a probar la existencia de daño patrimonial en sus intereses, sino que basta
constatar que existe una intromisión en el honor o prestigio profesional de la
entidad y que esta no sea legítima (STC nº 139/1995 (RTC 1995, 139)".
"3.- Ahora bien, en atención a los
fines propios de la persona jurídica afectada por la intromisión y la
naturaleza del derecho al honor, la jurisprudencia de esta Sala ha
compatibilizado el reconocimiento del derecho con la necesidad de aplicar parámetros
de ponderación diferenciados de los propios de las intromisiones al honor de
las personas físicas, pues en aquellas no cabe concebir la dimensión interna o
inmanente del derecho, sino sólo la externa o transcendente, relativa a la
reputación o fama reflejada en la consideración de los demás.
"En este sentido afirma la
sentencia del TS nº 802/2006, de 19 de julio, que:
""tampoco cabe valorar la
intromisión con los mismos parámetros que cuando se trata de personas físicas,
porque respecto de estas resaltan dos aspectos: el interno de la inmanencia o
mismidad, que se refiere a la íntima convicción o sentimiento de dignidad de la
propia persona, y el externo de la trascendencia que alude a la valoración
social, es decir, a la reputación o fama reflejada en la consideración de los
demás ( SSTS, entre otras, 14 de noviembre de 2002 y 6 de junio de 2003), y
cuando se trata de las personas jurídicas resulta difícil concebir el aspecto
inmanente por lo que la problemática se centra en la apreciación del aspecto
trascendente o exterior -consideración pública protegible- ( SSTS, entre otras,
15 de abril 1992 y 27 de julio 1998), que no cabe simplemente identificar con
la reputación empresarial, comercial, o en general del mero prestigio con que
se desarrolla la actividad [...]".
"4.- Esta proyección exclusivamente
externa del derecho al honor de las personas jurídicas, ha determinado
paralelamente la afirmación de una menor intensidad en su protección. Es
constante la jurisprudencia en subrayar este menor vigor tuitivo de la
protección que el ordenamiento brinda a este derecho de las personas jurídicas
respecto del propio de las personas físicas. La reciente sentencia 157/2020, de
6 de marzo, reiterando una jurisprudencia consolidada, afirmó:
""aunque a diferencia de las
personas jurídicas de derecho público (sentencia del pleno del TS nº 408/2016,
de 15 de junio), sí sea titular del derecho al honor (SSTC 139/1995 y 183/1995,
y sentencias de esta sala 344/2015, de 16 de junio, 594/2015, de 11 de
noviembre, 534/2016, de 14 de septiembre, y 35/2017, de 19 de enero), y pueda
resultar ofendida en cuanto al aspecto exterior de ese derecho fundamental, de
trascendencia o valoración social, que 'no cabe simplemente identificar con la
reputación empresarial, comercial, o, en general, el mero prestigio con que se
desarrolla la actividad' (sentencia 534/2016, de 14 de septiembre), no puede
obviarse que la misma jurisprudencia también viene insistiendo en 'la menor
intensidad de la protección del derecho al honor cuando su titular es una
persona jurídica' (sentencia 35/2017, de 19 de enero, con cita de la sentencia
594/2015, de 11 de noviembre)"".
Y en la sentencia STS nº 458/2023, de 17
de abril, expusimos en el mismo sentido, pero de forma más resumida, que:
"En línea con la jurisprudencia
constitucional, hemos declarado (Sentencia del TS nº 834/2022, de 25 de
noviembre, con cita de muchas otras) que: "como las físicas, las personas
jurídicas privadas son titulares del derecho al honor y que en la protección de
este derecho se incluye el prestigio profesional; pero también hemos dicho,
matizando lo anterior, que la protección del derecho al honor es de menor
intensidad cuando su titular es una persona jurídica y que para que un ataque
al prestigio profesional o empresarial integre además una transgresión del
derecho fundamental al honor es necesario que revista una cierta intensidad y
que no basta la mera crítica de la actividad profesional, sino que es precisa
la descalificación injuriosa o innecesaria del comportamiento profesional de
una persona, especialmente mediante infamias que pongan en duda o menosprecien
su probidad o ética en el desempeño de aquella actividad, lo que dependerá y
deberá apreciarse en función de las circunstancias del caso, de quién, cómo,
cuándo y de qué forma se ha cuestionado la valía profesional del
ofendido".
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