La sentencia de la Sala de lo Social del
Tribunal Supremo, sec. 1ª, de 8 de febrero de 2023, nº 112/2023, rec. 48/2022, considera que se ha producido una
situación jurídica de sucesión legal de empresa, de la que se desprende la
responsabilidad solidaria de cedente y cesionario en las obligaciones laborales
nacidas con anterioridad a la transmisión que no hubieren sido satisfechas.
Hay sucesión de empresa aun cuando el
arrendatario ha devuelto el negocio en condiciones tan deplorables que no
permiten la inmediata continuidad de la actividad y hacen necesaria la
realización de obras de reforma para subsanar esos defectos.
La Sala considera que concurren todos
los presupuestos legales que determinan la existencia de la sucesión, sin que
resulte impedimento para ello el hecho de que el arrendatario del negocio lo
hubiere devuelto a la propiedad con graves deterioros que no permiten la
inmediata continuidad de la actividad y hacen necesaria la realización de obras
de reforma para subsanar esos defectos.
Porque cuando lo alquilado es una
industria en explotación, el arrendador se obliga a devolverlo a su
finalización en las mismas condiciones adecuadas para la continuidad de la
actividad, tal y como así se hace constar expresamente en el contrato de
arrendamiento.
A) El artículo 44 del ET regula la
sucesión de empresas.
"1. El cambio de titularidad de una empresa, de un centro de trabajo o de una unidad productiva autónoma no extinguirá por sí mismo la relación laboral, quedando el nuevo empresario subrogado en los derechos y obligaciones laborales y de Seguridad Social del anterior, incluyendo los compromisos de pensiones, en los términos previstos en su normativa específica, y, en general, cuantas obligaciones en materia de protección social complementaria hubiere adquirido el cedente.
2. A los efectos de lo previsto en este artículo, se considerará que existe sucesión de empresa cuando la transmisión afecte a una entidad económica que mantenga su identidad, entendida como un conjunto de medios organizados a fin de llevar a cabo una actividad económica, esencial o accesoria.
3. Sin perjuicio de lo establecido en la legislación de Seguridad Social, el cedente y el cesionario, en las transmisiones que tengan lugar por actos inter vivos, responderán solidariamente durante tres años de las obligaciones laborales nacidas con anterioridad a la transmisión y que no hubieran sido satisfechas.
El cedente y el cesionario también responderán solidariamente de las obligaciones nacidas con posterioridad a la transmisión, cuando la cesión fuese declarada delito.
4. Salvo pacto en contrario, establecido mediante acuerdo de empresa entre el cesionario y los representantes de los trabajadores una vez consumada la sucesión, las relaciones laborales de los trabajadores afectados por la sucesión seguirán rigiéndose por el convenio colectivo que en el momento de la transmisión fuere de aplicación en la empresa, centro de trabajo o unidad productiva autónoma transferida.
Esta aplicación se mantendrá hasta la fecha de expiración del convenio colectivo de origen o hasta la entrada en vigor de otro convenio colectivo nuevo que resulte aplicable a la entidad económica transmitida”.
B) Objeto de la litis.
1.- La cuestión a resolver es la de
determinar si se ha producido una situación jurídica de sucesión legal de
empresa conforme al art. 44 ET, de la que se desprenda la responsabilidad
solidaria de cedente y cesionario en las obligaciones laborales nacidas con
anterioridad a la transmisión que no hubieren sido satisfechas.
La sentencia del juzgado de lo social
desestima en ese extremo la demanda, califica como improcedente el despido del
trabajador demandante, y condena exclusivamente a la empresa cedente por
entender que no concurren los presupuestos legales para que opere la sucesión
de empresa.
El recurso del trabajador es acogido en
la sentencia de la Sala Social del TSJ de Canarias/Las Palmas de Gran Canaria
de 15 de octubre de 2021, rcud. 1134/2021, que declara la existencia de
sucesión empresarial y condena solidariamente a las empresas cedente y
cesionarias.
2.- Contra esa sentencia recurren en
casación unificadora las empresas cesionarias. Denuncian infracción del art. 44
ET, para sostener que no concurren los presupuestos que configuran la sucesión
legal de empresa regulada en dicho precepto.
Invocan de contraste la sentencia de la
misma Sala Social del TSJ de Canarias/Las Palmas de Gran Canaria de 16 de
septiembre de 2021, rec. 1013/2021.
3.- El Ministerio Fiscal informa en
favor de la estimación del recurso por no existir una situación jurídica de
sucesión empresarial. El trabajador demandante y la empresa cedente interesen
su desestimación.
C) Regulación legal y doctrina jurisprudencial.
1º) En lo que ahora interesa, el art.
44.2 ET, dispone que
"A los efectos de lo previsto en este artículo, se considerará que existe
sucesión de empresa cuando la transmisión afecte a una entidad económica que
mantenga su identidad, entendida como un conjunto de medios organizados a fin
de llevar a cabo una actividad económica, esencial o accesoria".
La resolución del asunto exige que
expongamos brevemente la doctrina general aplicable en interpretación de esa
norma, para decidir seguidamente las consecuencias jurídicas de su traslación a
las singulares circunstancias concurrentes en el caso de autos, en razón al
hecho de que el arrendatario ha devuelto el negocio alquilado en condiciones
que impiden o dificultan gravemente la inmediata continuidad de la actividad
empresarial.
Por citar alguna de las más recientes,
la STS de 20/5/2021, rec. 145/2020, recuerda que "Existe sucesión
empresarial cuando se transmite "una entidad económica que mantenga su
identidad, entendida como un conjunto de medios organizados a fin de llevar a
cabo una actividad económica, esencial o accesoria" [art. 44.2 del ET y
art. 1.1.b) de la Directiva 2001/23/CE].
El art. 44 del ET exige, bien la
trasmisión de elementos patrimoniales y de personas, o bien, en el caso de que
la actividad en concreto descanse fundamentalmente en la mano de obra, que sea
esta (mano de obra) la que se transmita (por todas, sentencias del TS de 16 de
abril de 2018, recurso 2392/2016; 29 de enero 2020, recurso 2914/2017; y 24 de
septiembre de 2020, recurso 300/2018).
2º) No se aplica el art. 44 del ET cuando
se produce la mera sucesión en la ejecución de una actividad económica porque "una entidad empresarial no puede
reducirse a la actividad de que se ocupa y por ello el mero cambio en el
titular de la actividad no determina la aplicación de la normativa sobre
transmisión de empresa, en tanto la operación no vaya acompañada de una cesión
-entre ambos empresarios- de elementos significativos del activo material o
inmaterial. Porque -y este es el caso- en las contratas sucesivas de servicios,
en las que lo que se transmite no es una empresa ni una unidad productiva con
autonomía funcional, sino de un servicio carente de tales características, no
opera, por ese solo hecho, la sucesión de empresas establecida en el artículo
44 ET" (Sentencia del TS de 12 de diciembre de 2017, recurso 668/2016, y
las citadas en ella).
...La doctrina jurisprudencial ha hecho hincapié
en "la entrega de los elementos patrimoniales que resultan inevitables
para la continuidad de la actividad, lo que revela la transmisión de un
conjunto de instalaciones y medios que conforman una determinada actividad
económica que mantiene su identidad" (sentencias del TS de 4 de julio de
2018, recurso 2609/2017 y 12 de marzo de 2020, recurso 1916/2017).
La sentencia del TS de 27 de enero de
2015, recurso 15/2014, explica que "lo importante no es el coste de las
inversiones en medios materiales, sino la necesidad de los mismos, ya que, la
importancia de los factores que intervienen en la producción no se mide en
términos cuantitativos, sino cualitativos, esto es atendiendo a la necesidad de
los mismos para el funcionamiento de la actividad".
A lo que finalmente añade "El TJUE
explica que el criterio decisivo para determinar la existencia de una
transmisión de empresa "consiste en saber si la entidad económica mantiene
su identidad, lo que se desprende, en particular, de la circunstancia de que
continúe efectivamente su explotación o de que esta se reanude [...] Para
determinar si se cumple este requisito, han de tomarse en consideración todas
las circunstancias de hecho características de la operación examinada, entre
las cuales figuran, en particular, el tipo de empresa o de centro de actividad
de que se trate, el que se hayan transmitido o no elementos materiales como los
edificios o los bienes muebles, el valor de los elementos inmateriales en el
momento de la transmisión, el hecho de que el nuevo empresario contrate o no a
la mayoría de los trabajadores, el que se haya transmitido o no la clientela,
así como el grado de analogía de las actividades ejercidas antes y después de
la transmisión y la duración de una eventual suspensión de dichas actividades"
( sentencia del TJUE de 27 de febrero de 2020, C-298/18, y las citadas en
ella)".
2º) Llegados a este punto, no está de
más recordar que los efectos jurídicos derivados de la sucesión de empresa se
desarrollan en diferentes ámbitos y aspectos de la relación laboral.
De una parte, conforme al art. 44.1 ET,
la sucesión no extingue por sí misma las relaciones laborales y el nuevo
empresario está obligado a subrogarse en los contratos de trabajo que sigan
vigentes en el momento de la transmisión. Como recuerda la STS de 30/3/2022,
rec. 104/2020, "es requisito constitutivo, para que se produzca la
subrogación contractual, que los contratos de trabajo, cuya subrogación se
persigue, estén vigentes".
Es obvio que en el caso de autos no se
genera ese efecto subrogatorio, por cuanto las relaciones laborales fueron
extinguidas mediante despido colectivo por el empresario cedente antes de la
transmisión, sin que ahora se cuestione en casación la validez de esa
actuación.
Pero, por otra parte, según dispone el
art. 44.3 ET, "el cedente y el cesionario, en las transmisiones que tengan
lugar por actos inter vivos, responderán solidariamente durante tres años de
las obligaciones laborales nacidas con anterioridad a la transmisión y que no
hubieran sido satisfechas".
Y este es el ámbito en el que se plantea
en este litigio el alcance de las obligaciones imputables a la empresa
cesionaria, como responsable solidaria de las deudas anteriores a la
transmisión que no han sido satisfechas.
Dicho eso, debemos analizar si se ha
producido una situación jurídica de sucesión de empresa, que obligue a todas
las codemandadas a responder solidariamente de la deuda reclamada por el
trabajador demandante.
3º) La STS 10/9/2020, rcud. 1037/2018,
aborda específicamente la problemática que en esta materia se genera cuando la
relación jurídica existente entre las empresas implicadas es un contrato de
arrendamiento de industria, cuya finalización comporta la recuperación del
negocio alquilado por parte de la arrendadora.
Exactamente igual que sucede en el
presente asunto, también alegaba la empresa recurrente en aquel otro supuesto,
que "al no haber tenido lugar el mantenimiento de la industria o negocio
supuestamente arrendado no podría existir sucesión empresarial, que requeriría,
en todo caso, el mantenimiento de la actividad o, al menos serios indicios de
una intencionalidad de mantenimiento en un momento posterior. Añadiendo,
además, que aun cuando se entendiera que se da una sucesión en la actividad, no
existiría la sucesión del artículo 44 ET por cuanto que, con la resolución del
contrato de arrendamiento, no se ha revertido la organización productiva que
constituye la actividad económica de la arrendataria".
Argumento que coincide plenamente con el
esgrimido en este caso por las recurrentes, que niegan la existencia de
sucesión de empresa porque la arrendataria habría retornado el negocio en unas
condiciones que, a su juicio, imposibilitarían el mantenimiento y la inmediata
continuidad de la actividad de restauración que constituye su objeto.
A diferencia de aquel antecedente, en el
caso de autos no se discute que el negocio jurídico existente entre ambas
empresas es un arrendamiento de industria, con lo que es plenamente aplicable
lo que nuestra precitada sentencia señala en este particular, al decir que
"el arrendamiento de empresa, industria o negocio, opera como un
instrumento pluridireccional de cambio en la titularidad de la empresa ya que
vincula tanto al arrendador como al arrendatario y, al término del contrato, a
quien resulte continuador de la actividad arrendada, bien sea el propio
arrendador, bien sea un segundo arrendatario (STS de 12 diciembre 2002, Rcud.
764/2002 y STS de 1 de marzo de 2004, Rcud. 4686/2002)".
Tras lo que seguidamente invoca la
doctrina de la Sala Civil de este Tribunal (entre otras, STS de 18 de marzo de
2009, Rec. 665/2003) en la que se ha precisado que "los arriendos de
locales para negocio se diferencian de los de industria en que, respecto a los
primeros, lo que se cede es el elemento inmobiliario, en cambio, en los
segundos, el objeto contractual está determinado por una doble composición
integradora; por un lado, el local, como soporte material; y, por otro, el
negocio o empresa instalada y que se desarrolla en el mismo, con los elementos
necesarios para su explotación, que conforman un todo patrimonial autónomo, sin
que sea preciso que el arrendador facilite necesariamente todos los medios para
la comercialización de la actividad negocial a desarrollar, que pueden ser
ampliados o mejorados con los que aporte el arrendatario, incluso sustituidos,
sin que ello afecte a la calificación y naturaleza del contrato como de
locación industrial; además, dicho contrato queda extinguido cuando expira el
término convencional, como dispone el artículo 1569.1 del Código Civil".
4º) Razones por las que en la citada STS
de 10/9/2020, rcud. 1037/2018, concluimos que "La finalización de un
contrato de arrendamiento de empresa o negocio determina que, a su
finalización, se produzca un cambio de titularidad y la oportuna aplicación del
artículo 44 ET. La
subrogación en la posición empresarial por parte de la propiedad del negocio o
industria arrendado viene determinada por el hecho de que el arrendador
recupera lo arrendado a la finalización del término estipulado en el contrato y
como tal propietario podrá asumir el negocio directamente, de manera total o
parcial; cederlo, a través de un nuevo contrato de arrendamiento a un tercero;
o, en definitiva, poner fin a la explotación del negocio. En cualquier caso, de
inmediato y con independencia de lo que suceda después, por mor del artículo 44
ET se habrá subrogado en la posición de empresario y deberá responder de las
obligaciones que de tal posición se deriven".
Consecuencia jurídica que, como en ella
decimos, queda indisociablemente vinculada a la circunstancia de que la
arrendadora "recuperó lo que constituía el objeto del contrato de
arrendamiento en los términos ya indicados, convirtiéndose de esa manera en
empresario de los trabajadores afectos al negocio arrendado; y, ello con
independencia, de que con posterioridad la dirección del hotel decidiese
explotar únicamente una parte de lo anteriormente arrendado".
Lo que en aquel otro caso nos llevó a
entender que se produjo el cambio de titularidad o la transmisión de empresas a
que se refiere el art. 44 ET, puesto que "lo cedido fue una unidad
productiva autónoma, es decir, de una empresa, sin que sea obstáculo que el
título sea un contrato de arrendamiento , pues para ser empresario no es
necesario ser propietario de los bienes fundamentales de la empresa, sino
poseer la titularidad del negocio, y no cabe duda que en el caso de autos la
cesión de los servicios antes relacionados son un negocio cuya titularidad se
cede; como se dice en la Directiva 98/50 y de conformidad con lo ordenado en el
art. 44 del ET, lo cedido fue una entidad económica con propia identidad, como
conjunto de medios organizados (STS de 12 de diciembre de 2007, Rcud.
3994/2006).
Esta es la doctrina general en los
supuestos de arrendamiento de industria cuando el arrendador recupera el
negocio tras la resolución del contrato, en tanto que lo que retorna no es solo
un local o espacio físico, sino una explotación que dispone de todos los
elementos y de la infraestructura necesaria para el desempeño de la industria
en cuestión y constituye un conjunto de medios organizados que permite el
desarrollo de la actividad económica de que se trate, entrando por este motivo
de lleno en la definición del art. 44.2 ET.
D) Hay sucesión de empresa cuando el
arrendatario ha devuelto el negocio en condiciones tan deplorables que no
permiten la inmediata continuidad de la actividad y hacen necesaria la
realización de obras de reforma para subsanar esos defectos.
1º) Aquí se trata ahora de decidir si
esa misma solución es aplicable cuando el arrendatario ha devuelto el negocio
en condiciones tan deplorables que no permiten la inmediata continuidad de la
actividad y hacen necesaria la realización de obras de reforma para subsanar
esos defectos.
Ninguna duda cabe que en el presente
supuesto también se trata de la finalización de un contrato de alquiler de industria,
que tiene por objeto la explotación de un restaurante cuyas instalaciones
retornan al titular de la explotación.
De la misma forma que en nuestra
antedicha sentencia, el objeto del contrato de alquiler entre las empresas
demandadas no se limitó exclusivamente a un local como el espacio físico donde
el arrendatario pusiere en marcha posteriormente un negocio, sino que se
arrendó un restaurante con todas las instalaciones, maquinaria y la
infraestructura necesaria para el desarrollo de la actividad de restauración.
Lo que comporta el alquiler de un
conjunto de medios organizados a fin de llevar a cabo esa actividad, que
dispone de entidad económica propia y permite el completo desarrollo y
explotación del negocio de restauración que constituye el objeto del arrendamiento
de industria.
Dicho lo anterior, lo que puntualmente
se suscita en este caso es si debe producirse la sucesión de empresa cuando se
da la circunstancia de que la industria alquilada ha sido devuelta por el
arrendatario con desperfectos y defectos de muy relevante entidad, hasta el
punto de que dificulten gravemente, o, hagan incluso inviable, la inmediata
continuidad de la actividad objeto del negocio alquilado, siendo necesario para
su reanudación la realización de obras de reforma y adaptación de importante
envergadura.
No consta el estado en el que se
encontraban las instalaciones del restaurante cuando fue alquilado en el año
2002. Es indudable que puede haber sufrido un grave deterioro durante la
vigencia del alquiler y hasta el momento de su devolución al arrendador en
2022. Cabe incluso la posibilidad de que haya variado la normativa legal
aplicable en alguna materia, como la atinente, por ejemplo, al reglamento que
regula las instalaciones eléctricas de baja tensión a que se refieren los
hechos probados, o cualquier otra, como bien pudiere ser la de la accesibilidad
al local o a los baños, hasta el punto de que sea necesario renovar la licencia
de explotación del negocio como se dijo en la sentencia de contraste.
Pero ninguna de estas circunstancias
impide que opere la sucesión de empresa.
El objeto del alquiler de industria fue
un negocio de restauración en el estado, situación y condiciones jurídicas
existentes en aquel momento. Y ese mismo negocio de restauración es lo que el
arrendatario retorna al titular de la industria.
La circunstancia de que pudieren haberse
producido cambios legales durante la vigencia del contrato que exijan renovar
alguna sus instalaciones para cumplir adecuadamente con la normativa que
permita renovar la licencia, o el hecho de que las instalaciones se encuentren
gravemente deterioradas, podrá suponer eventualmente algún tipo de
incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del arrendatario y
dar lugar a una reclamación de daños y perjuicios por parte del arrendador,
pero no ha de impedir la aplicación de las garantías y obligaciones que impone
el art. 44 ET frente a los trabajadores que prestan servicios en la actividad
industrial alquilada que retorna a su propietario tras la finalización del
alquiler .
Todas esas circunstancias se generan en
el ámbito de la relación jurídica entre las partes del contrato de
arrendamiento de industria y deberán ser resueltas en ese mismo marco mediante
el ejercicio de las acciones legales oportunas entre los contratantes, pero no
inciden en las obligaciones legales que a cada uno de ellos les corresponden
frente a los trabajadores que prestan servicios en el negocio conforme a lo
dispuesto en el art. 44 ET.
Solución que es acorde con el criterio
que emana de la STJUE de 127/2/2020, asunto C-298/18, en el que el Tribunal
concluye que no obsta la existencia de sucesión de empresa el hecho de que la
infraestructura material utilizada hasta el momento de la transmisión por la
empresa cedente resulte inservible para la continuidad de la actividad, por no
cumplir los nuevos requisitos jurídicos, medioambientales y técnicos necesarios
para ello.
2º) Finalmente, no resulta aplicable en
este caso la doctrina de nuestra precitada STS 30/3/2022, rec. 104/2020, que
negó la existencia de sucesión empresarial en un supuesto en el que ciertamente
concurrían algunos elementos similares al presente.
Resuelve un asunto muy particular, en
fase de ejecución definitiva de sentencia en la que se solicita la extensión de
la ejecución a una tercera empresa.
La concesionaria de la explotación de
unas instalaciones deportivas públicas las retorna al organismo titular de las
mismas en condiciones que hacen del todo imposible la continuidad de la
actividad, y tras haber extinguido por despido colectivo la totalidad de los
contratos de trabajo.
Eso obligó a cerrar las instalaciones
durante un año para realizar obras de reparación por importe de 300.000 euros,
tras lo que vuelve a adjudicarse la concesión a una tercera empresa.
En la sentencia firme que puso fin al
procedimiento ya se declaró que no existía sucesión entre la empresa saliente y
el organismo público propietario de las instalaciones, lo que nuestra precitada
sentencia entiende que "provoca un cortafuegos infranqueable sobre la
transmisión de la unidad productiva autónoma desde Aiguagest, SL a la DPC, una
vez descartada dicha transmisión por sentencia firme, que despliega plenos
efectos de cosa juzgada, de conformidad con lo dispuesto en el art. 222 LEC".
A lo que asimismo añade que las
instalaciones estuvieron cerradas durante un año para realizar aquellas obras,
de tal manera que la administración pública titular de las mismas no ha llegado
a desempeñar en ningún momento esa actividad.
Tras lo que finalmente concluye que, no
habiéndose acreditado la concurrencia de transmisión de la unidad productiva
desde la empresa saliente al organismo titular de la instalación, no puede
haber tampoco transmisión respecto al nuevo adjudicatario de la explotación.
3º) No es esto lo que sucede en el
asunto de autos. En
primer lugar, porque el restaurante ha sido devuelto directamente a su titular,
sin que haya otra empresa Intermedia que de alguna forma interrumpa la cadena
sucesoria. Y, además, porque lo único que aparece es que se encontraba en
un lamentable estado de conservación que hace necesaria la realización de obras
de reforma para recuperar su actividad, pero no hay constancia de que lo que
hubiere sucedido con posterior ad sobre la posible y eventual reanudación de la
actividad.
A lo que podemos añadir la mayor
intensidad que en orden a la sucesión de empresa generan los vínculos jurídicos
existentes entre arrendador y arrendatario en un contrato de arrendamiento de industria, en la medida en que el arrendador es
el titular de un negocio que dispone de toda la infraestructura y medios
organizados necesarios para su explotación, que constituye por lo tanto una
unidad productiva objeto de arrendamiento.
Y puesto que lo alquilado es una
industria en explotación, el arrendador se obliga a devolverlo a su
finalización en las mismas condiciones adecuadas para la continuidad de la
actividad, tal y como así se hace constar expresamente en el contrato de arrendamiento.
Intensidad del vínculo jurídico que
refuerza el hecho de que en este caso se formaliza el contrato en el año 2002,
y es renovado el 1 de enero de 2011, con la firma de un nuevo contrato en el
que se hace constar expresamente que el arrendatario recibe el negocio en
perfecto estado y se obliga a devolverlo en las mismas condiciones de uso y
explotación; pactos que se reiteran en esos mismos términos en el contrato
firmado el 1 de enero de 2017, cuya definitiva resolución en marzo de 2020 da
lugar al litigio.
Lo que evidencia hasta qué punto se
incluye en el contrato de arrendamiento de industria la obligación de devolver
el negocio en las mismas condiciones en las que fue entregado para el desempeño
de la actividad económica que constituye su objeto. Algo que, a su vez, pone de manifiesto
la mayor o menor diligencia del propio arrendador que renueva el contrato con
la expresa indicación de que el negocio sigue en perfecto estado de uso,
asumiendo de esta forma que es factible la explotación y continuidad de la
actividad.
Con independencia de que en las
renovaciones del contrato de 2011 y 2017 se haga constar que el negocio se
entrega en perfecto estado, el eventual incumplimiento de sus obligaciones por
parte del arrendatario no desvirtúa la existencia de la sucesión de empresa
tras la recuperación de la industria por el arrendador, sin perjuicio, ya lo
hemos dicho, de la acción de repetición o reclamación de daños y perjuicios que
pueda ejercitar frente a la contraparte.
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