La sentencia de la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares, sec. 1ª, de
19 de mayo de 2017, nº 174/2017, rec. 24/2017, declara que el recurso
formulado ha de ser rechazado ya que se considera que la grabación de audio y vídeo
no tiene naturaleza de prueba documental, a efectos de fundar una revisión de
hechos probados, al amparo del artículo 191 b) de la Ley de Procedimiento
Laboral.
El artículo 90 del Real
Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, establece que:
1. Las partes podrán valerse de cuantos medios de prueba se encuentren regulados en la Ley, admitiéndose como tales los medios mecánicos de reproducción de la palabra, de la imagen y del sonido, salvo que se hubieran obtenido, directa o indirectamente, mediante procedimientos que supongan violación de derechos fundamentales o libertades públicas.
2. Podrán asimismo solicitar, al menos con diez días de antelación a la fecha del juicio, aquellas pruebas que, habiendo de practicarse en el mismo, requieran diligencias de citación o requerimiento.
La sentencia de la Sala
de lo Social del Tribunal Supremo de 16 junio 2011 razona que: El recurso
formulado ha de ser rechazado ya que se considera que la grabación de audio y
vídeo no tiene naturaleza de prueba documental, a efectos de fundar una
revisión de hechos probados, al amparo del artículo 191 b) de la Ley de
Procedimiento Laboral, por las siguientes razones:
1º) La disposición
adicional primera apartado 1 de la Ley de Procedimiento Laboral y el artículo 4
de la LEC, proclaman el carácter supletorio de esta última norma, en defecto de
disposiciones en las leyes que regulen el proceso laboral, por lo que
limitándose la LPL a establecer en el artículo 90 que se admiten como prueba
los medios mecánicos de reproducción de la palabra de la imagen y del sonido,
sin establecer cuál en su naturaleza y que tratamiento ha de dárseles, habrá
que acudir a los dispuesto en la LEC en este extremo.
2º) La Ley 1-2000, de 7
de enero, de Enjuiciamiento Civil, en su artículo 299 enumera los medios de
prueba de que se podrá hacer uso en juicio, diferenciando en su apartado 1: 1º.
Interrogatorio de las partes; 2º. Documentos públicos 3º. Documentos privados;
4º. Dictamen de peritos; 5º. Reconocimiento judicial y 6º. Interrogatorio de
testigos. En el apartado 2 tal precepto dispone que "también se admitirán,
conforme a lo dispuesto en esta ley, los medios de reproducción de la palabra,
el sonido y la imagen, así como los instrumentos que permiten archivar y
conocer o reproducir palabras, datos, cifras y operaciones matemáticas llevadas
a cabo con fines contables, o de otra clase, relevantes para el proceso".
La Ley 1/2000 ha
procedido, a diferencia de lo que sucedía en la anterior LEC, a dar un
tratamiento autónomo a los medios de reproducción de la palabra, el sonido y la
imagen, diferenciándolos de la prueba documental.
3º) Consecuencia de la
consideración de la naturaleza autónoma de tales medios probatorios es el tratamiento
diferenciado que recibe en la LEC a saber:
- El tratamiento
independiente que la LEC da a la prueba documental a la que consagra los
artículos 317 a 334 y a los medios de reproducción de la palabra, el sonido y
la imagen, regulados en los artículos 382 a 384.
- El artículo 265 LEC
al disponer los documentos, escritos u objetos que han de acompañar a la
demanda distingue en el apartado 1º "los documentos en que las partes
funden su derecho" y en el apartado 2º "los medios e instrumentos a
que se refiere el apartado 2 del artículo 299 -medios de reproducción de la
palabra, el sonido....- si en ellos se si en ellos se fundaran las
pretensiones....".
- Los artículos 267 y
268 LEC establecen la forma de presentación de documentos públicos -copia
simple y si se impugnara su autenticidad, mediante original, copia o
certificación- y de los documentos privados -original o copia autenticada,
uniéndose a los autos o dejando testimonio, con devolución de los originales o
copias, o designación del archivo, protocolo o registro donde se encuentren-,
no resultando de aplicación a los medios de reproducción de la palabra, el
sonido y la imagen.
- El artículo 270 LEC,
que regula la presentación en momento no inicial del proceso, se refiere a la
presentación no solo de documentos sino también de medios e instrumentos,
diferenciando unos de otros.
- El artículo 273 LEC exige que todo escrito o documento que se
aporte o que se presente ha de acompañarse de tantas copias literales cuantas
sean las otras partes, lo que no se exige en la aportación de instrumentos de
reproducción de la palabra, el sonido o la imagen, pues solo prevé la Ley -
artículo 382 LEC- que se puede acompañar de una transcripción escrita de las
palabras contenidas en el soporte de que se trate, o de los dictámenes y medios
de prueba instrumentales que la parte considere convenientes.
- Los documentos tienen
un valor probatorio establecido legalmente, para los documentos públicos en el
artículo 319 LEC y para los privados en el 326 LEC, en tanto las reproducciones
de palabras, imágenes y sonidos captadas mediante instrumentos de filmación,
grabación u otros semejantes, han de valorarse según las reglas de la sana
crítica, a tenor del artículo 382.3 LEC.
4º) En el proceso
laboral la forma de práctica de una y otra prueba es diferente. En efecto,
mientras de la prueba documental que se presente ha de darse traslado a las
partes en el acto del juicio, tal y como dispone el artículo 94 LPL, la
práctica de la prueba de medios de reproducción de la palabra, el sonido y la
imagen se realiza en último lugar, una vez se han practicado todas las pruebas
- artículo 300 LEC-, debiendo consignarse en acta los actos que se realicen
para la práctica de dicha prueba, donde se consignará cuanto sea necesario para
la identificación de las filmaciones, grabaciones y reproducciones.
5º) La modificación
operada en el artículo 90 LPL por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, no ha dado
nueva redacción al apartado 1 del precepto, que establece que son medios de
prueba los medios mecánicos de reproducción de la palabra, ni tampoco en el
artículo 191 b) que regula la revisión de hechos probados, manteniendo que
procede a la vista de las pruebas documentales y periciales practicadas.
6º) La idoneidad de la prueba de los instrumentos de reproducción de la palabra, la imagen o el sonido para revisar los hechos declarados probados en la sentencia de instancia, al amparo del artículo 191 b) de la Ley de Procedimiento Laboral, se enmarca dentro de un recurso de carácter extraordinario. En efecto el recurso de suplicación tiene dicho carácter, tal y como resulta de su configuración legal, expresamente reconocida en la exposición de motivos de la Ley de Bases de Procedimiento Laboral de 12 de enero de 1989, en su propia regulación y en las normas comunes a los recursos de casación y suplicación que aparecen en la Ley de Procedimiento Laboral.
Dicho carácter extraordinario asimismo ha sido reconocido por el
Tribunal Supremo, desde la sentencia de 26 de enero de 1961 y por el Tribunal
Constitucional, entre otras, en sentencias 3/83, de 25 de enero de 1983; 17/86,
de 13 de octubre de 1986 y 79/85, de 3 de julio de 1985.
Consecuencia de tal
carácter es la limitada revisión de hechos legalmente permitida, que únicamente
puede realizarse a la vista de la prueba documental o pericial practicada en la
instancia, por lo que la interpretación del concepto de prueba documental, a la
vista del carácter del recurso, necesariamente ha de ser efectuada de forma
restrictiva".
Al mismo tiempo, como
defiende la parte recurrida, la interpretación de la prueba documental es
facultad judicial, que no consta es errónea, en todo caso debió tener lugar con
trámite durante el procedimiento judicial, con la inmediación que comporta el
juicio oral. No es acogerle ninguna manipulación basado en una perspectiva de
parte si no consta indudablemente verificado con hechos.
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