La sentencia del Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de 20 de abril de 2022, nº 356/2022, rec. 2391/2019, reconoce el derecho de un trabajador a percibir una indemnización por los daños morales causados como consecuencia del despido disciplinario vulnerador de derechos fundamentales, en concreto, de su garantía de indemnidad.
Según el Pleno del TS, en caso de despido nulo por vulneración de derechos fundamentales, debe hacerse pronunciamiento de la indemnización por daños morales.
Para su cuantificación no basta con utilizar el criterio orientador de las sanciones pecuniarias previstas en la LISOS, pues no es por sí mismo suficiente para cumplir con relativa precisión la doble función de resarcir el daño y de servir de elemento disuasorio para impedir futuras vulneraciones del derecho fundamental, ya que la horquilla de la cuantificación de las sanciones para un mismo tipo de falta resulta ser excesivamente amplia.
Es necesaria una valoración de las circunstancias concurrentes en el caso concreto teniendo en cuenta la antigüedad del trabajador en la empresa, la persistencia temporal de la vulneración del derecho fundamental, la intensidad del quebrantamiento del derecho, las consecuencias que se provoquen en la situación personal o social del trabajador o del sujeto titular del derecho infringido, la posible reincidencia en conductas vulneradoras, el carácter pluriofensivo de la lesión, el contexto en el que se haya podido producir la conducta o una actitud tendente a impedir la defensa y protección del derecho transgredido.
Por lo expuesto, el Tribunal Supremo obliga a la empresa Viajes Halcón a pagar 60.000 euros de indemnización por daño moral a un exempleado al que echaron de forma irregular cuando que llevaba 18 años en la empresa, pues para el Supremo una extinción de la relación laboral considerada nula debe de conllevar, además de la readmisión del trabajador y el pago de los salarios no percibidos, una indemnización por los daños morales ocasionados.
La indemnización de 60.000 euros la fija el Supremo que supone alrededor de dos anualidades del salario del trabajador y se sitúa en la franja media de las sanciones del texto vigente de la LISOS y del que se encontraba en vigor al tiempo de producirse los hechos.
A) Objeto de la litis.
Determinar si una sentencia que declara nulo el despido por vulneración del referido derecho fundamental, debe llevar aparejada, junto con los habituales pronunciamientos de todo despido nulo, esto es, readmisión y abono de los salarios dejados de percibir, la correspondiente indemnización por daños morales derivados de la vulneración del derecho fundamental.
B) Recurso de casación.
1º) El recurso del trabajador se centra en la necesidad de que se entre a
conocer sobre la petición de indemnización restitutoria del daño moral una vez
declarada la nulidad del despido por vulneración de derechos fundamentales. La
sentencia aportada de contraste por el trabajador es la dictada por la sala de
lo social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de 25 de abril de
2017, R. Supl. 1142/2017. La referencial, revocó la dictada en la instancia
-que había declarado la improcedencia del despido - y declaró a su vez la
nulidad del despido por vulneración del derecho a la garantía de indemnidad,
con las consecuencias inherentes, condenando a la empleadora a abonar una
indemnización de 1.500 euros en concepto de resarcimiento restitutorio de la
vulneración del derecho fundamental. Respecto a la indemnización reclamada, la
referencial argumenta que, con carácter general, es el órgano de instancia el que
tiene competencia para fijar su cuantía, sin perjuicio de la revisión que
corresponde al órgano de suplicación. considera igualmente la referencial que
la reparación íntegra del daño comprende distintos aspectos materiales, como el
daño económico y espirituales, como los daños morales en toda su extensión, por
lo que procede establecer los distintos conceptos a indemnizar y su importe,
según las concretas circunstancias del supuesto y la indemnización que hay que
fijar en términos de racionalidad y proporcionalidad.
2º) La doctrina correcta se encuentra en la sentencia de contraste.
En efecto, la tutela judicial establecida en el artículo 53.2 CE presenta en el ordenamiento laboral una dualidad de cauces procesales: por un lado, la tutela de la libertad sindical y otros derechos fundamentales a través del proceso laboral especial, que configura la modalidad procesal de los artículos 177 y ss. LRJS; y, por otro, la tutela de los derechos fundamentales en el marco de otras modalidades procesales a que se remite el artículo 184 LRL. Ya con la vigencia de la LPL podía entenderse que la remisión inexcusable que efectuaba el artículo 182 LPL a la modalidad procesal correspondiente se había de realizar aplicando el conjunto de especialidades recogidas en el proceso de tutela de la libertad sindical a todas y cada una de las modalidades a que se refería dicho artículo 182. En definitiva, el artículo 184 LPL no sólo no produce el efecto de privar a los procesos que en el mismo se concretan, cuando a través de ellos se actúe una pretensión de tutela de derechos fundamentales, de las garantías que presiden la tramitación del proceso de tutela de los derechos fundamentales en el ámbito jurisdiccional laboral, sino que tiene, precisamente, la virtualidad de integrar tales especialidades en las modalidades procesales respectivas De esta forma, cuando la lesión al derecho fundamental se produce a través de una situación fáctica que determine que su tramitación procesal debe realizarse a través de cualquiera de las modalidades previstas en el artículo 184 LRJS, el cauce adecuado será el de la modalidad correspondiente allí enumerada, aplicando a la misma el conjunto de principios y garantías que informan el proceso laboral de tutela de los derechos fundamentales.
Así, la STS de 12 de junio de 2001, Rcud. 3827/2000, expresamente admitió que, en el proceso de despido, cuando se alega violación de derechos fundamentales o libertades públicas, junto a la solicitud de nulidad del despido, pudiese solicitarse, enjuiciarse y, eventualmente, concederse una indemnización adicional específica reparadora de daños morales o materiales cuya reparación ha de ser compatible con la obligación legal de readmisión y abono de salarios de tramitación.
Pues bien, tras entrar en vigor la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, esta compatibilidad entre las consecuencias legales de un despido nulo y la indemnización derivada de discriminación o lesión de derechos fundamentales complementaria se admitió expresamente por la ley (arts. 27.2 -27.4 tras la reforma de la Ley 13/2009- 180.1 y 182 de la LPL) y, en la actualidad, se recoge en el artículo 26.2 de la LRJS. De su lectura combinada con el artículo 184 de la LRJS se deduce que, cuando deban seguirse las modalidades procesales enumeradas en el artículo 184, será posible acumular las pretensiones de tutela de derechos fundamentales y libertades públicas -es decir, la indemnización derivada de discriminación o lesión de derechos fundamentales y libertades públicas y demás pronunciamientos propios de la modalidad procesal de tutela de tales derechos fundamentales y libertades públicas- con las propias de la modalidad procesal respectiva.
C) Doctrina del Tribunal Supremo.
1º) Por otro lado, como recientemente han recordado las sentencias del TS
de 22 de febrero de 2022, Rcud. 4322/2019 y de 9 de marzo de 2022, Rcud.
2269/2019, la STS de 5 de octubre de 2017, Rcud. 2497/2015 contiene un resumen
de la doctrina actual de la Sala en la materia, con cita de
sentencias anteriores de la Sala en las que hemos dicho que los daños morales
resultan indisolublemente unidos a la vulneración del derecho fundamental, y al
ser especialmente difícil su estimación detallada, deben flexibilizarse las
exigencias normales para la determinación de la indemnización. Reiterando esa
doctrina, la indemnización de daños morales abre la vía a la posibilidad de que
sea el órgano judicial el que establezca prudencialmente su cuantía, sin que pueda
exigirse al reclamante la aportación de bases más exactas y precisas para su
determinación, en tanto que en esta materia se produce la "inexistencia de
parámetros que permitan con precisión traducir en términos económicos el
sufrimiento en que tal daño [moral] esencialmente consiste ... [lo que] lleva,
por una parte, a un mayor margen de discrecionalidad en la valoración ... y,
por otra parte, "diluye en cierta medida la relevancia para el cálculo del
quantum indemnizatorio" de la aplicación de parámetros objetivos, pues
"los sufrimientos, padecimientos o menoscabos experimentados "no
tienen directa o secuencialmente una traducción económica" [SSTS/Iª
27/07/06 Ar. 6548; y SSTS/4ª 28/02/08 -rec. 110/01-]" (STS de 21/09/09 -rcud
2738/08-; y STS de 11/06/12 -rcud 3336/11)", de tal forma que "en atención a
la nueva regulación que se ha producido en la materia tras la LRJS se considera
que la exigible identificación de "circunstancias relevantes para la
determinación de la indemnización solicitada" ha de excepcionarse en el
caso de los daños morales unidos a la vulneración del derecho fundamental
cuando resulte difícil su estimación detallada".
2º) Igualmente, el Supremo ha afirmado que la utilización del criterio orientador de las sanciones pecuniarias previstas por la Ley de infracciones y sanciones del orden para las infracciones producidas en el caso, ha sido ha sido admitido por la jurisprudencia constitucional (Sentencia del TC nº 247/2006, de 24 de julio), a la par que considerado idóneo y razonable en precedentes decisiones de esta Sala (SSTS de 15 de febrero de 2012, Rcud. 6701; de 8 de julio de 2014, Rec. 282/13; de 2 de febrero de 2015, Rec. 279/13; de 19 de diciembre de 2017, Rcud. 624/2016 y de 13 de diciembre de 2018; entre muchas otras). Con la utilización de los elementos que ofrece la cuantificación de las sanciones de la LISOS, no estamos haciendo una aplicación sistemática y directa de la misma, sino que nos ceñimos a la razonabilidad que algunas de esas cifras ofrecen para la solución del caso, atendida a la gravedad de la vulneración del derecho fundamental. De esta forma, la más reciente doctrina de la Sala se ha alejado más -en la línea pretendida por la ya referida LRJS- del objetivo propiamente resarcitorio, para situarse en un plano que no descuida el aspecto preventivo que ha de corresponder a la indemnización en casos como el presente.
3º) Sin embargo, en multitud de ocasiones el recurso a la utilización de los elementos que ofrece la cuantificación de las sanciones de la LISOS no resulta, por sí mismo, suficiente para cumplir con relativa precisión la doble función de resarcir el daño y de servir de elemento disuasorio para impedir futuras vulneraciones del derecho fundamental. Ello es debido a que la horquilla de la cuantificación de las sanciones en la Lisos para un mismo tipo de falta (leve, grave, muy grave) resulta ser excesivamente amplía. Piénsese que, en estos momentos, la sanción por la comisión de una falta muy grave en materia laboral puede fijarse entre 7.501 euros y 225.018 euros, según el artículo 40 LISOS; y, al tiempo de producirse los hechos la horquilla de dichas sanciones estaba entre 6.251 euros y 187.515 euros. Por ello, el recurso a las sanciones de la LISOS debe ir acompañado de una valoración de las circunstancias concurrentes en el caso concreto. Aspectos tales como la antigüedad del trabajador en la empresa, la persistencia temporal de la vulneración del derecho fundamental, la intensidad del quebrantamiento del derecho, las consecuencias que se provoquen en la situación personal o social del trabajador o del sujeto titular del derecho infringido, la posible reincidencia en conductas vulneradoras, el carácter pluriofensivo de la lesión, el contexto en el que se haya podido producir la conducta o una actitud tendente a impedir la defensa y protección del derecho transgredido, entre otros que puedan valorarse atendidas las circunstancias de cada caso, deben constituir elementos a tener en cuenta en orden a la cuantificación de la indemnización.
D) Conclusión.
1º) La aplicación de los expuestos criterios al caso enjuiciado conduce a entender que la sentencia recurrida debió de haber estimado la pretensión de reconocer en favor del trabajador una indemnización por daños morales, por lo que, de acuerdo con el Ministerio Fiscal, debemos casar y anular en parte la sentencia recurrida, y resolver el debate de suplicación en el sentido de estimar en ese extremo el recurso de igual clase formulado por el demandante, y reconocer su derecho a la percepción de una indemnización en concepto de resarcimiento por los daños morales causados por la actuación empresarial vulneradora de derechos fundamentales, en concreto, de su garantía de indemnidad, manteniendo el resto de la sentencia en todos sus pronunciamientos.
2º) En lo que a su cuantificación se refiere, la Sala opta, tal como hicimos en nuestras recientes SSTS de 22 de febrero de 2022, Rcud. 4322/2019 y de 9 de marzo de 2022, Rcud. 2269/2019, por fijar prudentemente dicha indemnización, y no por devolver las actuaciones a la Sala de procedencia para que allí se fijen, lo que retardaría notablemente la plena satisfacción del derecho fundamental vulnerado. Para ello, hay que partir del hecho de que el recurrente había venido solicitando una indemnización de 150.000 euros y, que en su recurso solicitó, de manera subsidiaria, la cantidad de 76.087,8 euros correspondiente a dos veces y media su retribución anual, que está en el marco de las sanciones por infracciones muy graves, de conformidad con el artículo 40 de la LISOS.
Al respecto, la Sala, teniendo en cuenta la duración de la relación entre las partes (en torno a los 18 años), así como el resto de circunstancias del caso, especialmente el hecho de que se encontrara el trabajador una situación de Incapacidad Temporal cuyo origen estaba relacionado con los aspectos que, finalmente, dieron lugar a la violación de su derecho fundamental, estima adecuada la cantidad de 60.000 euros, que supone alrededor de dos anualidades de su salario y se sitúa en la franja media de las referidas sanciones del texto vigente de la LISOS y del que se encontraba en vigor al tiempo de producirse los hechos y que resulta más proporcionada y ajustada a las circunstancias del caso para resarcir en sus justos términos el perjuicio derivado del daño moral infringido al trabajador, a la vez que puede resultar disuasoria de futuras posibles conductas de ataque a los derecho.
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