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domingo, 22 de noviembre de 2026

El retraso diagnóstico de una fractura-luxación no constituyó una infracción de la lex artis o una pérdida de oportunidad terapéutica que genere responsabilidad patrimonial de la administración porque no no basta el retraso diagnóstico: debe acreditarse que una actuación omitida privó de una alternativa terapéutica con posibilidades relevantes de mejorar el resultado.

 

La sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Vasco, sec. 3ª, de 10 de noviembre de 2026, nº 388/2026, rec. 403/2025, desestima la apelación interpuesta, pues no estamos ante un supuesto de pérdida de oportunidad, toda vez que a la paciente no se le dejó de practicar actuación médica alguna ni tampoco se omitió tratamiento posible y es que, si bien los peritos que informaron en este procedimiento apreciaron la existencia de retraso en el diagnóstico, consta una evaluación clínica, la exploración física y la realización de pruebas complementarias que se consideraron necesarias para conseguir, como se indica en el informe, una impresión diagnóstica para pautar un tratamiento ajustado y proporcionado, incluyendo la necesidad de seguimiento, así como información sobre la posibilidad de signos de alarma y se llegó a la impresión diagnóstica acertada de artritis postraumática, que como indica el nombre es dolor en una zona articular tras una contusión, concluyendo que tras visualizar los estudios radiológicos, éstos son de difícil interpretación para localizar la fractura posteriormente descrita.

Para indemnizar por pérdida de oportunidad no basta con demostrar un retraso diagnóstico; es necesario probar que se omitió una actuación que habría ofrecido una probabilidad cierta y relevante de un mejor resultado.

Cuando la asistencia inicial es conforme a la lex artis, las pruebas disponibles no permiten razonablemente identificar una lesión y el retraso diagnóstico no se vincula de forma acreditada con una pérdida real de posibilidades terapéuticas, no procede reconocer responsabilidad patrimonial sanitaria por pérdida de oportunidad; la mera posibilidad de un resultado mejor no basta.

La Sala da la razón a la Administración sanitaria y confirma la sentencia de instancia. Considera que la primera atención fue correcta, atendiendo a la exploración, las radiografías y la valoración del perito de urgencias, quien estimó que las imágenes eran difíciles de interpretar y que no se incumplió la lex artis. Aunque hubo retraso en el diagnóstico definitivo, la Sala entiende que no se acredita una pérdida de oportunidad: no se omitió una actuación o tratamiento que, según la prueba, hubiera ofrecido una posibilidad cierta de mejor resultado.

La afirmación pericial de que las fracturas «podrían» haber consolidado con tratamiento conservador expresa una posibilidad, no una conclusión firme; además, se tuvo en cuenta que la paciente pidió el alta y no habría seguido la indicación de descarga total, lo que pudo influir en las secuelas.

Se desestima íntegramente el recurso de apelación, se confirma la sentencia que rechazó la reclamación y no se imponen costas por la dificultad técnica de valorar los hechos y la asistencia médica. La resolución no declara un cambio de criterio ni fija o modifica doctrina.

La resolución distingue entre el reconocimiento de un retraso diagnóstico y la acreditación de una pérdida de oportunidad indemnizable: el retraso, por sí solo, no genera responsabilidad si la atención se ajustó a la lex artis y no se prueba que privara a la paciente de una posibilidad terapéutica relevante. También subraya que una hipótesis de posible mejoría, formulada en términos inciertos, no demuestra por sí misma el nexo causal.

A) Introducción.

1º) Una paciente reclamó responsabilidad patrimonial a Osakidetza por el retraso en diagnosticar una fractura-luxación de Lisfranc tras una primera atención en urgencias, alegando que el diagnóstico temprano habría permitido un tratamiento conservador.

¿El retraso diagnóstico constituyó una infracción de la lex artis o una pérdida de oportunidad terapéutica que genere responsabilidad patrimonial de Osakidetza?.

No; se desestima la apelación y se confirma que no se acreditó mala praxis ni pérdida de oportunidad indemnizable, sin fijación de doctrina ni cambio de posición doctrinal.

Conforme a los principios de responsabilidad patrimonial sanitaria, la lex artis y la doctrina jurisprudencial de la pérdida de oportunidad, no basta el retraso diagnóstico: debe acreditarse que una actuación omitida privó de una alternativa terapéutica con posibilidades relevantes de mejorar el resultado, y la Sala consideró correcta la primera asistencia, incierta la eventual consolidación y relevante que la paciente solicitara el alta y no siguiera la descarga indicada.

2º) Fundamentos jurídicos (Por qué no hay responsabilidad).

- Cumplimiento de la lex artis: Aunque existió un retraso en el diagnóstico definitivo, la atención inicial fue adecuada. Las pruebas realizadas (radiografías) eran correctas y suficientes en ese momento (no era preceptivo un TAC inicial), siendo las imágenes de difícil interpretación para detectar la lesión.

- Inexistencia de pérdida de oportunidad: Para indemnizar por pérdida de oportunidad no basta con demostrar un retraso diagnóstico; es necesario probar que se omitió una actuación que habría ofrecido una probabilidad cierta y relevante de un mejor resultado.

- Falta de nexo causal: La hipótesis pericial de que la lesión «podría» haber consolidado con tratamiento conservador expresa una mera posibilidad, no una certeza. Además, el tribunal valora la conducta de la propia paciente (pidió el alta y no habría seguido la pauta de descarga total), lo que pudo incidir en sus secuelas.

B) Antecedentes.

1º) La representación procesal de doña Gregoria, interpuso recurso de apelación contra la sentencia nº 50/2025, de fecha 5 de marzo de 2.025, dictada por el Juzgado Contencioso-administrativo nº 3 de Bilbao, en el recurso contencioso-administrativo nº 253/2023, deducido contra la desestimación presunta por silencio administrativo del Director General de Osakidetza de la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por el recurrente en fecha 21 de julio de 2.022, como consecuencia de lo que considera un retraso en el diagnóstico de la fractura del segundo y tercer metatarsiano en la asistencia sanitaria recibida en el servicio de urgencias del Hospital Basurto el 17 de abril de 2.022.

La sentencia de instancia, en el primer Fundamento de Derecho, fijó los hechos que estimó probados - que se admiten por esta Sala-, y que concretó en los siguientes:

"Gregoria de 38 años de edad, enfermera del Hospital de Basurto y sin antecedentes médico-quirúrgicos de interés, acudió a las Urgencias del Hospital Basurto el 17/4/22 refiriendo torsión del tobillo del pie izquierdo. Se le realizó exploración física donde se evidenció dolor a la palpación en región dorsal de pie izquierdo, sin presentar deformidades, datos inflamatorios ni alteraciones del aparato flexo- extensor.

Se le realizó radiografía del tobillo anteroposterior y lateral y radiografía de pie anteroposterior y lateral sin evidenciarse lesiones óseas agudas. Se diagnosticó de artritis postraumática por el bloque quirúrgico traumatológico de la Urgencia, indicándose tratamiento antiinflamatorio, medidas físicas y seguimiento por su médico de atención primaria en 7 días, para evolución de su sintomatología, y se explicaron signos de alarma ante lo cuales debía acudir de nuevo a la Urgencia.

La paciente volvió a acudir el 2/6/22 a la urgencia en el bloque quirúrgico traumatológico, por persistencia del dolor en pie izquierdo de un mes y medio de evolución. Tras explorar a la paciente, ésta presenta exploración neurovascular normal, movilidad conservada y dolor en base de 2o -3o metatarsianos. Se le realiza una radiografía de pie, y se le diagnóstica de posible fractura de 2o metatarsiano y es remitida a consultas externas ambulatorias de traumatología en una semana.

El día 10/6/22 la paciente es valorada en la consulta ambulatoria de traumatología y se deriva a la urgencia ante sospecha de fractura luxación de Lisfranc para completar estudio. Se solicita un TAC de pie izquierdo por el que se apreció fractura en la base del 2º, 3º y 4º metatarsiano y fractura del cuneiforme medial, fue diagnosticado de fractura de luxación de Lisfranc y se realiza preoperatorio.

La paciente fue intervenida del 13/06/22 bajo anestesia raquídea, se realiza reducción abierta y osteosíntesis con tornillos Fast."

Seguidamente, tras dar cuenta de los términos de la impugnación de la actora y oposición de la demandada y sentar los principios rectores de la responsabilidad patrimonial de la Administración, resolvió la discusión procesal en el Fundamento de Derecho Cuarto, desestimando la petición de responsabilidad de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la asistencia prestada a doña Gregoria, en los siguientes términos literales:

"CUARTO.- Del análisis de la documentación médica aportada con el expediente administrativo y en particular de periciales aportadas se alcanza la conclusión de que no se ha acreditado este daño indemnizable.

El informe pericial emitido a instancia de ambas partes por el Dr. Raimundo especialista en Traumatología y Cirugía Ortopédica ratificado en la vista indica:

La radiografía del pie, del 17 de Abril, que consta como lateral, es una vez vista una proyección oblicua. El 17 de Abril hay una radiografía del tobillo anteroposterior y lateral, y una radiografía del pie anteroposterior y oblicua. En ellas se ve la fractura de la primera cuña y la fractura de la base del 2 metatarsiano. La RM o TAC ante la ausencia de mejoría de la paciente se le realizó el 13 de Diciembre de 2.022 donde se observa una fractura de la base del 2 metatarsiano y se le indica ante el dolor la extracción del material de osteosíntesis. Indica el perito que fue correcto el estudio radiológico realizado el L7 de Abril de 2.022, sin ser preceptivo en ese momento realizar una TAC.

Es correcto en un postoperatorio de intervención de Lisfranc prohibir la carga en la extremidad durante un periodo de tiempo prolongado. en la fractura-luxación de Lisfranc, los pacientes con retrasos diagnósticos pueden obtener resultados similares a los diagnosticados de inmediato si la estabilización quirúrgica es correcta, y en la mayoría de los casos, obtenida mediante reducción abierta.

En el mismo sentido el Dr. Begoña, médico de Urgencias que emite Informe A INSTANCIA DE Osakidetza indica en sus conclusiones también ratificadas que:

Se realizó una correcta evaluación clínica, sin embargo, no sospechó en los estudios radiológicos realizados la Fractura a nivel de Metatarsianos, que sí fue sospechada en la segunda visita a urgencias.

Una vez sospechada esta fractura y con la impresión diagnóstica de fractura-luxación de Lisfranc es ya solicitado el TAC que confirma la lesión.

Existe amplia documentación bibliográfica que demuestra una frecuente demora en el diagnóstico de este tipo de lesión, especialmente como sucede en este caso cuando el modo de lesión no es de alta energía. Incluso más del 20% se diagnosticas de forma tardía o no se diagnostican.

Existe una demora en el diagnóstico definitivo de la lesión, sin embargo, la evolución y el seguimiento en esta segunda valoración si se pareció la lesión y se iniciaron los procedimientos adecuados para su mejor tratamiento.

En esta última cuestión ambos peritos coinciden, no existió mala praxis realizando la radiografía inicial y el seguimiento una vez detectada la lesión fue correcto, teniendo en cuenta además que la actora se reincorporó a trabajar, y en efecto reconocen ese retraso en el diagnóstico si bien no puede considerarse acreditado el segundo elemento necesario para apreciar la responsabilidad que es la incidencia de ese retraso en el resultado final, la probabilidad de otro resultado que no aprecian desde luego los peritos.

Por ello procede la desestimación de la demanda."

2º) La parte apelante interesa de esta Sala el dictado de sentencia que revoque la de la instancia, con estimación del recurso contencioso-administrativo, atribuyendo al órgano judicial de instancia una defectuosa apreciación de la prueba en lo que a la pérdida de oportunidad terapéutica se refiere, que fundamenta en el retraso de diagnóstico de las fracturas del segundo y tercer metatarsiano que podían apreciarse en las radiografías del primer día que la recurrente y ahora apelante acudió a los servicios de urgencias, esto es, el 17 de abril de 2.022, según informó el perito judicial, especialista en traumatología, Dr. Raimundo.

Añade que, según dicho perito, de haberse hecho tratamiento conservador el día 17 de abril de 2.022, las fracturas de los metatarsianos podrían haber consolidado, de lo que deduce la existencia de una pérdida de oportunidad.

La parte apelada, Osakidetza- Servicio Vasco de Salud respondió en contra del recurso y en apoyo de la sentencia, interesando su desestimación, manteniendo la interpretación de la sentencia de instancia.

C) Recurso de apelación.

La parte apelante reprocha a la sentencia de instancia un error en la valoración de la prueba, al no apreciar que en el caso en estudio ha existido una pérdida de oportunidad terapéutica, por no haberse aplicado tratamiento conservador en relación con las fracturas de los metatarsianos que, según dicha parte, eran apreciables en las radiografías realizadas a la recurrente el día 17 de abril de 2.022.

En la medida en que se trae a debate la aplicación de la doctrina de la pérdida de oportunidad, interesa recordar que según la jurisprudencia del Tribunal Supremo (sentencia del TS de 7 de julio de 2.008, (rec. núm. 4476/2004), entre otras) la pérdida de oportunidad se define como:

"La privación de expectativas, (...) y constituye, como decimos, un daño antijurídico, puesto que, aunque la incertidumbre en los resultados es consustancial a la práctica de la medicina (circunstancia que explica la inexistencia de un derecho a la curación), los ciudadanos deben contar, frente a sus servicios públicos de la salud, con la garantía de que, al menos, van a ser tratados con diligencia aplicando los medios y los instrumentos que la ciencia médica pone a disposición de las administraciones sanitarias; tienen derecho a que, como dice la doctrina francesa, no se produzca una «falta de servicio»". Como afirma la sentencia de 21 de febrero de 2.008, recurso de casación núm. 5271/2.003 , "en el caso de autos no se ha dejado de practicar actuación médica alguna ni se ha omitido tampoco ningún tratamiento posible, en eso consiste la pérdida de oportunidad".

Por otra parte, la jurisprudencia del Tribunal Supremo (sentencias del TS de 13 de julio y STS 7 de septiembre de 2.005, STS de 4 y 12 de julio de 2.007, entre otras), configura la doctrina de la pérdida de oportunidad:

"Como una figura alternativa a la quiebra de la lex artis que permite una respuesta indemnizatoria en los casos en que tal quiebra no se ha producido y, no obstante, concurre un daño antijurídico consecuencia del funcionamiento del servicio. Sin embargo, en estos casos, el daño no es el material correspondiente al hecho acaecido, sino la incertidumbre en torno a la secuencia que hubieran tomado los hechos de haberse seguido en el funcionamiento del servicio otros parámetros de actuación, en suma, la posibilidad de que las circunstancias concurrentes hubieran acaecido de otra manera. En la pérdida de oportunidad hay, así pues, una cierta pérdida de una alternativa de tratamiento, pérdida que se asemeja en cierto modo al daño moral y que es el concepto indemnizable. En definitiva, es posible afirmar que la actuación médica privó al paciente de determinadas expectativas de curación, que deben ser indemnizadas, pero reduciendo el montante de la indemnización en razón de la probabilidad de que el daño se hubiera producido, igualmente, de haberse actuado diligentemente" (...)

Atendiendo a lo expuesto, resulta primordial determinar si la primera asistencia recibida por la recurrente en el servicio de urgencias del Hospital Basurto fue la adecuada, no sólo en atención a la radiografía realizada, sino también en relación a la exploración física realizada, a fin de determinar si estas actuaciones médicas proporcionaron datos suficientes para evitar - o al menos - reducir, los daños sufridos, y, la conclusión alcanzada por esta Sala, es que dicha primera asistencia prestada en el servicio de urgencias el 17 de abril de 2.022 fue correcta, en alineación con el informe del perito Dr. Begoña, médico especialista en urgencias, al que damos preferencia por el criterio de especialidad médica, al pertenecer a la rama que prestó la asistencia sanitaria que ahora se enjuicia, quien señaló en su informe que "tras el estudio del informe médico y la documentación, la atención prestada en el Servicio de Urgencias no incumple o contradice la lex artis médica. Consta claramente expresado en el informe médico del 17/04/22 una actuación médica correcta (...)".

Tampoco considera esta Sala que estemos ante un supuesto de pérdida de oportunidad, toda vez que a la paciente no se le dejó de practicar actuación médica alguna ni tampoco se omitió tratamiento posible y es que, si bien los peritos que informaron en este procedimiento apreciaron la existencia de retraso en el diagnóstico , tal y como informó el Dr. Begoña, "consta una evaluación clínica, la exploración física y la realización de pruebas complementarias que se consideraron necesarias para conseguir, como se indica en el informe, una impresión diagnóstica para pautar un tratamiento ajustado y proporcionado, incluyendo la necesidad de seguimiento, así como información sobre la posibilidad de signos de alarma" y "se llegó a la impresión diagnóstica acertada de artritis postraumática, que como indica el nombre es dolor en una zona articular tras una contusión", concluyendo que "tras visualizar los estudios radiológicos del día 17/4/22, éstos son de difícil interpretación para localizar la fractura posteriormente descrita".

Insiste la apelante que las fracturas de los metatarsianos, de haberse hecho el tratamiento conservador el día 17 de abril de 2.022, "podrían" haber consolidado, como así aseveró en el acto de la vista el perito especialista en traumatología, Dr. Raimundo.

Sin embargo, dicho argumento impugnatorio no puede ser acogido ya que apurando dialécticamente el planteamiento que realiza la apelante, ha de tenerse en cuenta, no sólo que el Dr. Raimundo al afirmar que "podrían" haber consolidado, dejó espacio para la duda, al no tratarse de una afirmación que declare que esa consolidación podía haberse producido con total firmeza y seguridad, sino también que fue la propia paciente la que impidió que dicho tratamiento conservador pudiera realizarse, al pedir el alta médica y que tal y como informó el perito Dr. Raimundo en sede judicial, la desatención de la indicación de descarga total pautada por su médico de atención primaria, quien emitió la baja laboral, ha podido repercutir en las secuelas que padece la paciente (minutos 22 y 23 del vídeo de la vista).

Expuesto lo que antecede, la teoría de la pérdida de oportunidad deviene inaplicable.

Se sigue de lo anterior la desestimación de las pretensiones de la recurrente y, con ello, del presente recurso.

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En las acciones reivindicatorias relacionadas con la titularidad de animales, la inscripción en un registro administrativo no es prueba concluyente de dominio, siendo necesario acreditar mediante prueba lógica, documental o testimonial el título de propiedad, identificación del objeto y desposesión.

 

La sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas, sec. 3ª, de 1 de diciembre de 2025, nº 662/2025, rec. 537/2022, declara que en las acciones reivindicatorias relacionadas con la titularidad de animales, la inscripción en un registro administrativo no es prueba concluyente de dominio, siendo necesario acreditar mediante prueba lógica, documental o testimonial el título de propiedad, identificación del objeto y desposesión, y en caso de contradicción probatoria, el tribunal debe valorar la totalidad del conjunto probatorio para determinar la titularidad.

El tribunal desestima el recurso de apelación porque la parte actora no logró acreditar fehacientemente su propiedad exclusiva sobre el perro Pelirrojo. La sentencia del juzgado de instancia se fundamenta en una valoración lógica y racional de la prueba practicada, que incluyó documentos, mensajes de WhatsApp y testimonios, que demostraron que la negociación y compra la realizó el demandado y no la actora, a pesar de que esta última recogió al animal. La inscripción en registros administrativos y la cartilla veterinaria no son prueba definitiva de propiedad exclusiva, especialmente cuando existen inscripciones contradictorias y falta de un título jurídico específico. Los argumentos de la parte actora no superaron la carga de la prueba ni desmontaron las alegaciones de la parte demandada.

En consecuencia, se confirma la sentencia inicial que desestimó la demanda y se imponen las costas a la parte actora por ausencia de dudas relevantes en la primera instancia y por la presentación de un recurso infundado. No se establece un cambio doctrinal en la interpretación del artículo 348 del Código Civil, sino que se reafirma la importancia de una valoración integral y equilibrada de la prueba para la determinación de la propiedad.

La sentencia destaca la importancia de no considerar como determinante la inscripción en registros administrativos para la acreditación del dominio en la propiedad de animales y otros bienes muebles, insistiendo en la necesidad de valorar integralmente las pruebas, la relación contractual, la posesión y las circunstancias fácticas del caso para resolver la titularidad, lo que refuerza el criterio jurídico respecto a la prueba en controversias sobre propiedad de animales.

A) Introducción.

1º) Tras la ruptura de una pareja, ambas partes reclamaron la propiedad de un perro adquirido en Tenerife, cuya posesión tenía una de ellas y que figuraba inscrito a nombre de ambas, en momentos distintos, en el registro Zoocan.

La parte actora ejercita una acción reivindicatoria y declarativa de dominio sobre un perro llamado Pelirrojo, alegando poseer la propiedad basada en documentos como la cartilla de vacunación y la inscripción en el registro Zoocan a su nombre; por su parte, el demandado alega que adquirió el animal mediante compra previa, aportando mensajes y documentos contradictorios. Ambos poseen inscripciones en el registro con dos microchips distintos. El perro fue recogido en Tenerife por la actora aunque la negociación se realizó por el demandado. La sentencia de instancia desestima la demanda por falta de acreditación del dominio exclusivo por parte de la actora.

¿Acreditó la demandante ser propietaria exclusiva del perro y, por tanto, tener derecho a reivindicar su posesión?.

No; se desestimó la apelación y se confirmó que la demandante no había probado la titularidad exclusiva del animal, sin que se estableciera un cambio doctrinal.

Conforme al artículo 348 del Código Civil, la acción reivindicatoria exige acreditar el dominio, identificar el bien y demostrar su posesión por el demandado, y, según las reglas de carga de la prueba del artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la inscripción administrativa en Zoocan y las atenciones veterinarias no bastaron para probar la propiedad exclusiva frente a los mensajes que vinculaban al demandado con la adquisición y la existencia de inscripciones contradictorias.

2º) Fundamentos de Derecho y Doctrina Aplicada:

- Valor probatorio de los registros administrativos: La inscripción en registros administrativos (como Zoocan) y la cartilla veterinaria no constituyen prueba concluyente ni definitiva del dominio, especialmente cuando existen inscripciones duplicadas/contradictorias y ausencia de un título jurídico de adquisición.

- Requisitos de la acción reivindicatoria (art. 348 CC): Exige probar cumulativamente el título de propiedad, la plena identificación del bien y la posesión indebida por el demandado. Sin alteración doctrinal, la Sala reafirma que estos requisitos deben acreditarse mediante una valoración integral y lógica de todo el conjunto probatorio.

- Carga de la prueba (art. 217 LEC): La demandante no logró superar la carga probatoria ni desvirtuar la prueba documental, testifical y los mensajes de WhatsApp que demostraban que la negociación y compra del animal fueron realizadas por el demandado (siendo irrelevante a efectos traslativos que ella lo recogiera físicamente).

B) Antecedentes.

Por la parte actora se formuló demanda de juicio ordinario en ejercicio de una acción reivindicatoria (y declarativa de dominio) en relación al perro de nombre Pelirrojo, solicitándose que se condenara al demandado a entregar a la actora la posesión pacífica y el disfrute del mencionado perro, que se reconociera el derecho de titularidad de la demandante de dicho animal y se condenara en costas al demandado.

Tras la oposición de la parte demandada, que se considera propietario del animal, la sentencia apelada desestimó la demanda al considerar en esencia y en síntesis reductora que la parte actora no había acreditado el derecho de propiedad sobre el perro Pelirrojo.

Frente a dicha resolución se alza la parte actora, quien viene a sustentar su recurso de apelación en una errónea valoración de la prueba, pues habría sido la parte apelante quien contactó con los propietarios originales del perro Pelirrojo, que fue ella la que se trasladó a Tenerife a por el perro en Mayo del 2017, que fue a ella a quien se lo entregaron, que fue ella la que lo trajo a Lanzarote con su cartilla original y que fue el veterinario Don Bruno quien lo trató desde cachorro, poniéndole todas las vacunas y solicitando el Alta en el Registro Canario de Identificación Animal (ZOOCAN) del animal a nombre de la demandante apelante, documento que acreditaría que ella es la titular y responsable del animal frente a dicha registro, pues el alta en dicha entidad a nombre del demandado es posterior así como la nueva cartilla que no contiene ninguna nueva vacuna.

Así mismo se alega en el recurso de apelación que dicho veterinario manifestó en la vista no conocer al demandado y que dio de alta al microchip que puso al perro en el referido registro, siendo una negligencia administrativa que el perro tenga dos microchips, siendo necesario para que haya un cambio de titularidad que se firme un documento privado entre el anterior propietario y el nuevo, documento que no existe. Así mismo la parte apelante valora el resto de declaraciones testificales, en especial el de la veterinaria que le habría puesto otro microchip.

Finalmente se alude en el recurso de apelación a la infracción por la sentencia apelada del artículo 348 del CC pues sí que se habría acreditado en autos todos los requisitos legales y jurisprudenciales para el éxito de la acción reivindicatoria entablada en la demanda.

Subsidiariamente solicita la parte apelante que no se le impongan las costas de la instancia por las dudas de hecho existentes.

La parte apelada se opuso expresamente al recurso de apelación.

C) Requisitos de la acción reivindicatoria.

Como antes se señaló por la representación procesal de la parte actora, ahora apelante se promovió demanda ejercitando una acción reivindicatoria en relación al perro que decía ser de su propiedad, de nombre Pelirrojo, y cuya posesión ostentaba sin su autorización el demandado, quien había sido en otro tiempo su pareja sentimental.

A tal efecto procede señalar los requisitos según la doctrina y la jurisprudencia en todos los supuestos de las acciones otorgadas por el artículo 348 del C. Civil, que son los siguientes:

a) Justificación de un título dominical que no es preciso consista en la presentación de un título inscrito que demuestre por sí solo que el accionante ostente el dominio, pues basta que lo demuestre por los demás medio de prueba que la ley admite (Sentencias del Tribunal Supremo de 3 de octubre de 1972, STS de 23 de enero de 1989 y STS de 18 de julio de 1989), incumbiendo la prueba del título de dominio al reivindicante o peticionario de la acción de mera.

b) Identificación del objeto de la acción.

c) El hecho de la desposesión por el demandado (Sentencias del Tribunal Supremo de 9 de diciembre de 1980, STS de 3 de julio de 1981, STS de 4 de diciembre de 1984 y STS de 18 de julio de 1989), negativa del alegado derecho o de cualquier otro acto que haga precisa la defensa que con la acción se pretende, sin que en la acción meramente declarativa sea menester que el demandado sea poseedor, siendo suficiente que contravierta el derecho de propiedad, bastando la no acreditación de cualquiera de estos requisitos para que la acción pueda ser desestimada.

D) Valoración jurídica.

En el supuesto enjuiciado el debate planteado en el recurso afecta esencialmente a la valoración de la prueba y a la aplicación de las normas sobre la carga de la prueba, extremo este último donde -con carácter general- opera el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil  y, al respecto, este Tribunal comparte la valoración dela prueba llevada a cabo por el Juez de instancia en la sentencia recurrida ya que descansa en una valoración lógica y racional de las pruebas practicadas en el procedimiento llegando a una decisión absolutamente correcta que objetivamente se corresponde con los resultados de las pruebas practicadas y con las reglas generales sobre la carga de la prueba.

Y no discutiéndose que en el supuesto enjuiciado concurren los requisitos de identificación del animal Pelirrojo reivindicado y de su posesión por el demandado, lo que no acredita la actora apelante es que sea propietaria del mismo.

Y de entrada la parte actora no identifica en la demanda el acto o negocio jurídico por el que adquirió la titularidad exclusiva de Pelirrojo, limitándose a indicar que es propietaria del perro por los documentos 3 y 4 adjuntos a la demanda, que serían la cartilla de vacunación del perro y el documento administrativo de inscripción con microchip en el registro canario de identificación (Zoocan) a solicitud del veterinario Don Bruno y a nombre de la actora, y ello a diferencia del demandado, quien en su contestación a la demanda señala ser propietario al comprar al Pelirrojo y pagar el precio por él.

Y es que en relación a la inscripción de los perros en los registros de animales de compañía, la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid , Sección 9ª, nº 582/2016, de 17 de noviembre, señala:

"Sobre esta cuestión no puede entenderse que el hecho de que el animal este inscrito a su nombre en el Registro Informatizado de Animales de Compañía, pueda deducirse sin más el dominio sobre el bien, pues si en relación a los bienes inmuebles su inscripción solo es una presunción iuris tantum del dominio a favor de la persona a cuyo favor está inscrita la finca, el hecho de que el animal este inscrito a nombre del actor en un registro administrativo, puede ser un dato a tener en cuenta a fin de resolver sobre el dominio del animal, pero en modo alguno de un dato esencial a tal fin . ".

Pues bien, en el supuesto enjuiciado, dicha inscripción no puede ser definitiva para declarar a la actora propietaria exclusiva del animal, pues tal y como consta en la cartilla de vacunación de Pelirrojo, el mismo procede de Tenerife, no apareciendo rellenada la parte relativa a su dueño y poniéndosele su primera vacuna en dicha isla el día 19 de mayo del 2017 y si se leen los mensajes de wasaps admitidos como prueba documental en la instancia y en la alzada, unidos de un lado a los folios 89 a 93 (aportados por la parte demandada) y de otro lado a los folios 130 y 131( aportados por la parte actora), se constata que quien negoció la adquisición del perro con "Golen Tenerife Juan", consiguiendo incluso una rebaja del precio porque se tenía que viajar desde Lanzarote a Tenerife para ir a recoger el animal, fue el demandado y no la actora (ver el mensaje donde el vendedor dice al demandado, "Sí, venga te bajo algo para el billete"). Cierto es que quien fue a recoger finalmente el animal a Tenerife fue la actora, pero ya había avisado de ello el demandado al vendedor diciendo "Va la novia mía al final", exnovia y actora, que no acredita que entrara en contacto con el vendedor de Pelirrojo, hasta el mismo día del viaje a Tenerife para ir a recoger el animal el 22 de mayo del 2017.

El hecho de que las asistencias al veterinario Sr, Bruno, para poner las vacunas al animal en mayo, junio y julio del 2017, las realizara la actora, no le atribuye la titularidad dominical exclusiva del animal pues en esa época las partes eran pareja. Tampoco atribuye una titularidad exclusiva del animal a la actora el hecho de que la vacuna de la rabia puesta a Pelirrojo por ese mismo veterinario el 7 mayo del 2019 y el microchip puesto ese mismo día con alta en Zoocan, fuera a instancia de la actora, en una época en la que ya había crisis en la pareja, sin que el veterinario diera una explicación razonable en la vista de la tardanza desde el 2017 al 2019, en dicha alta, aludiendo al coste de unos 50 euros que no es excesivo, por lo que dicho hecho tampoco puede ser definitivo para declarar propietaria exclusiva del perro a la actora, máxime cuando el demandado también ha aportado documentación administrativa de que Pelirrojo también está a su nombre y con microchip con numeración diferente en Zoocan, por mucho que su inscripción fuera posterior a la de la actora, pues insistimos ambas inscripciones contradictorias del animal en Zoocan datan del año 2019, cuando la pareja ya estaba en crisis, no correspondiendo determinar a este Tribunal, si el animal tiene puesto en la actualidad uno o dos microchips, al no aportarse prueba al respecto al no bastar la documental aportada, o si la segunda veterinaria, D ª Paulina a cuya clínica llevó el demandado el perro en octubre del 2019, y que manifestó haber puesto un microchip a Pelirrojo en esa fecha, tras haber comprobado como siempre hacía con un lector, que el animal no tuviera ya puesto un microchip, ha incurrido o no en negligencia profesional.

En definitiva, que con la prueba obrante en autos ha de confirmarse la sentencia apelada y consiguiente desestimación de la demanda, al no haber acreditado la parte actora la propiedad o titularidad exclusiva de Pelirrojo.

Por lo expuesto procede la desestimación del recurso de apelación analizado.

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sábado, 21 de noviembre de 2026

La publicación de detalles íntimos y fotografías obtenidas sin consentimiento de las redes sociales, relativos a una persona con relevancia pública sobrevenida limitada, no está justificada por el interés público cuando dicha información va más allá del hecho noticiable y afecta a la esfera de la intimidad y a la propia imagen.

 

La sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz, sec. 8ª, de 17 de julio de 2026, nº 255/2026, rec. 80/2026, declara que la publicación de detalles íntimos y fotografías obtenidas sin consentimiento de las redes sociales, relativos a una persona con relevancia pública sobrevenida limitada, no está justificada por el interés público cuando dicha información va más allá del hecho noticiable y afecta a la esfera de la intimidad y a la propia imagen, siendo requerida una diligencia activa y profesional para evitar la difusión de rumores o informaciones sin contrastar.

El tribunal da razón a los demandantes, confirmando que aunque la cancelación de la boda y la relevancia social del torero justifican la difusión de la noticia, la extensión y el contenido de las publicaciones excedieron el interés público al incluir datos íntimos y fotografías sin consentimiento. Se concluye que la demandada hizo una reelaboración y amplificación de informaciones sin suficiente diligencia para evitar la propagación de rumores, infringiendo así los derechos a la intimidad y propia imagen.

Se confirma la condena a indemnizar por daño moral, debiendo aplicarse el interés legal desde la sentencia de primera instancia, modificando parcialmente la condena únicamente respecto al cómputo de intereses.

El fallo corresponde a una estimación parcial del recurso de apelación, manteniendo en esencia la doctrina anterior y reforzando la necesidad de un equilibrio riguroso entre libertad informativa y derechos fundamentales.

La sentencia destaca el control restrictivo sobre la difusión de información relativa a personas con relevancia pública sobrevenida, delimitando el alcance de la libertad informativa respecto a la intimidad y la propia imagen, especialmente cuando se utilizan imágenes tomadas sin consentimiento de redes sociales y se transmiten rumores o datos no contrastados, estableciendo un criterio claro sobre la obligación de diligencia y respeto en los medios de comunicación en la era digital y de redes sociales.

A) Introducción.

1º) Semana S.L. publicó durante más de dos meses informaciones sobre la cancelación de la boda de una persona con notoriedad pública e incluyó detalles privados sobre ella y su padre, además de fotografías de la novia obtenidas de su perfil de Facebook sin su consentimiento.

La sentencia confirma que las publicaciones vulneraron la intimidad de ambos demandantes y la propia imagen de la novia, y se mantiene la orden de retirada de los contenidos.

Se confirman las indemnizaciones de 80.000 euros para la novia y 10.000 euros para su padre.

Los intereses se devengan desde la sentencia de primera instancia, no desde la presentación de la demanda; por ello, el recurso se estima parcialmente solo en este extremo. No se establece un cambio de doctrina.

Conforme al artículo 20.4 de la Constitución y a la Ley Orgánica 1/1982, el interés público en la cancelación de la boda no justificaba difundir detalles íntimos irrelevantes ni fotografías extraídas de una red social sin consentimiento, y no era aplicable el reportaje neutral porque Semana S.L. reelaboró informaciones y difundió rumores; el artículo 9.3 de dicha ley sustenta la indemnización por daño moral atendiendo a la gravedad y difusión de la intromisión, mientras que los intereses se devengan desde que la indemnización queda fijada judicialmente, con arreglo al artículo 576 de la LEC.

2º) La sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz (Sección 8.ª), n.º 255/2026, de 17 de julio de 2026, resuelve el recurso de apelación interpuesto por la editorial Semana S.L. en un procedimiento sobre vulneración de derechos fundamentales, declarando:

- Vulneración de derechos (Intimidad y Propia Imagen): Aunque la cancelación de la boda con un torero de notoriedad pública otorgó a la novia (y, de forma colateral, a su padre) una relevancia pública sobrevenida, esta tiene un alcance limitado. La Audiencia confirma que el interés informativo del suceso no ampara la publicación durante más de dos meses de datos íntimos innecesarios ni de cinco fotografías extraídas de su perfil de Facebook sin autorización.

- Exclusión del reportaje neutral y deber de diligencia: El tribunal rechaza aplicar la doctrina del reportaje neutral porque el medio no se limitó a reproducir declaraciones ajenas, sino que reelaboró, amplificó y difundió rumores sin el contraste y la diligencia profesional exigibles.

- Indemnizaciones y medidas: Se confirma la obligación de retirar los contenidos y el pago por daño moral (art. 9.3 de la Ley Orgánica 1/1982) fijado en primera instancia: 80.000 euros para la novia y 10.000 euros para su padre (frente a los 500.000 y 40.000 euros solicitados inicialmente en la demanda).

- Estimación parcial (Cómputo de intereses): El recurso de Semana S.L. solo prospera en un aspecto técnico: los intereses no se devengan desde la interposición de la demanda, sino desde la fecha de la sentencia de primera instancia, momento en que se cuantifica judicialmente la indemnización (art. 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

B) Antecedentes.

Por la representación procesal de doña Rosario y don Julio se interpuso demanda de juicio ordinario contra la mercantil Semana S.L, en la que, en lo que ahora interesa, solicitaba se dictara sentencia por la que se declarara la vulneración del derecho a la intimidad personal de ambos demandantes y a la propia imagen de Doña Rosario por parte de la demandada y se la condenara al pago de una indemnización de 500.000 euros en el caso de Doña Rosario y de 40.000 euros en el caso de Don Julio, tanto por las cinco imágenes de doña Rosario publicadas en la revista Semana en su versión física, en su versión digital (www.semana.es) y en su cuenta de Facebook, como por las publicaciones a través de los mismos medios relativas al hecho ocurrido el 2 de diciembre de 2023 consistente en la ruptura de la relación sentimental de Doña Rosario con el torero Florencio, quien decidió en el último momento no acudir a su boda programada para ese día, publicándose datos relativos a la intimidad de ambos demandantes innecesarios para informar sobre dicho suceso.

Tras seguirse los trámites correspondientes, la Magistrado Juez del antiguo Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de Jerez de la Frontera estimó sustancialmente la demanda y, entre otros pronunciamientos, condenó a la demandada a abonar a Doña Rosario la suma de 80.000 euros y a Don Julio la cantidad de 10.000 euros por daño moral, en ambos casos con los intereses legales desde la interpelación judicial, así como los procesales del artículo 576 LEC.

En la sentencia de instancia se razona que desde el 3 de diciembre de 2023 al 7 de febrero de 2024 la demandada realizó diversas publicaciones en la revista Semana relativas a la cancelación de la boda, tanto en su versión física (la n.º 4375 de 13 de diciembre de 2023, la n.º 4376 de 20 de diciembre de 2023 y la n.º 4384 de 7 de febrero de 2024) como en su versión digital en la página web "www.semana.es (en fechas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 21 y 23 de diciembre de 2023, y 24 y 25 de enero de 2024) y en la cuenta de la demandada en Facebook (entre los días 3 de diciembre de 2023 y 25 de enero de 2024) en las que se dan detalles de la boda (preboda, invitados, detalles de la ceremonia que se iba a celebrar, banquete, menú, gastos, cuándo, cómo y quién comunicó la decisión del torero de no casarse, destino del vestido de novia ); detalles de la novia (profesión, lugar de trabajo, su relación de convivencia durante dos años con el torero); reacciones de la novia , que incluyen desde su estado emocional (destrozada, se refugia en casa de sus padres) hasta sus planes de futuro (viaje de novios , lugar al que fue tras la ruptura, su incorporación al trabajo, destino del traje nupcial, nulas posibilidades de reconciliación de la pareja); causas de la ruptura (se especula con la posible infidelidad de uno u otro miembro de la pareja, con la mala relación del padre de la novia con el torero o con el consejo del sacerdote que iba a oficiar la boda y, en concreto, en un reportaje del 5 de diciembre de 2023 que se titula "la monumental bronca de Florencio y el padre de su novia que propició la cancelación de la boda" se hace referencia a una agria discusión entre suegro y yerno que habría sido detonante de la decisión del diestro -lo que éste desmintió posteriormente en una entrevista con Gabriel- y en otras publicaciones se hace alusión a la influencia de las respectivas familias y a las presiones que pudo sufrir el torero para contraer un matrimonio que no deseaba). La mayor parte de los reportajes se ilustran con una o varias fotografías de Doña Rosario (cinco imágenes diferentes que se reproducen retocadas (con imágenes del torero y de la iglesia) o sin retocar y que se obtuvieron del perfil de Rosario en la red social Facebook (como se indica al pie de la primera fotografía publicada y como se infiere de la referencia en las demás fotografías a las redes sociales y del interrogatorio de la actora y de la testifical depuesta en juicio). Se razona que Doña Rosario no tenía notoriedad pública (joven cardióloga) y su padre gozaba tan solo de reconocimiento en su entorno profesional como ingeniero agrónomo y circunscrito a la localidad de Jerez de la Frontera y ni uno ni otro demandante habían hecho públicos datos de su vida privada.

Se admite como hecho noticiable la boda de Doña Rosario con el torero y la cancelación del compromiso nupcial pocas horas antes de la boda, dada la cierta fama del novio como torero y la invitación a la boda de algunos personajes famosos. Pero se considera de escaso o nulo interés en relación con la formación de la opinión pública tanto la reiterada incidencia en aspectos de la vida personal de Doña Rosario (preboda y comportamiento de los novios en esa fiesta, estado emocional de la novia tras la ruptura y sus reacciones, decisiones o planes) ilustrando las publicaciones con imágenes privadas de la misma, como la conversación que Don Julio habría mantenido con el torero poco antes de la boda y su conexión con las causas de la ruptura matrimonial.

Se concluye que la injerencia en la intimidad de ambos demandantes por parte de la entidad demandada fue clara ya que, de una parte, se revelaron aspectos de Doña Rosario que pertenecen a lo íntimo, como su estado emocional o reacciones de Doña Rosario al conocer la noticia de la anulación de la boda, la fiesta preboda o sus planes de futuro (aprovechar el viaje de novios con sus amigas, irse a la playa con su madre o si pensaba reconciliarse con Florencio) y, de otra, en relación con Don Julio pertenece también a la esfera de lo íntimo la relación que pudiera tener con su futuro yerno y las conversaciones privadas que pudiera haber mantenido con él. Igualmente se considera que las fotografías de Doña Rosario fueron extraídas de su red social en Facebook, sin que constara el permiso de la actora, lo que se considera también una intromisión por parte de la demandada en el derecho de la actora a su propia imagen.

Frente a dicha sentencia ha interpuesto recurso de apelación la entidad Semana, S.L alegando que los protagonistas de un hecho relevante públicamente, como lo fue la cancelación de la boda del diestro, ostentan una relevancia pública sobrevenida que justifica la publicación de informaciones sobre dichos protagonistas, como lo eran indudablemente la novia y el padre de la novia y, en concreto, la posible mala relación del padre de la novia con el torero como detonante de la ruptura; las informaciones publicadas formaban parte del núcleo esencial del hecho informativo noticiable; la boda ya gozaba de relevancia pública (estuvo presente la agencia de noticias Gtres y otras televisiones) y cuánto más su cancelación, prevaleciendo por ello la libertad de información al derecho a la intimidad de sus protagonistas; el carácter proporcional e inocuo para los derechos concernidos de la información divulgada; la aplicación al caso de la doctrina del reportaje neutral al haber actuado la demandada como mero transmisor de información previamente publicada por otros medios de comunicación; las fotografías de Doña Rosario eran de dominio público y no fueron extraídas de redes sociales, resultando accesorias a la información. Subsidiariamente, impugna el importe de las indemnizaciones a cuyo pago se le condena y que considera desproporcionado atendidos los estándares judiciales en asuntos similares, la errónea valoración de la difusión e impacto mediático de su revista "de prensa", la difusión de las noticias durante escasos dos meses, la circunstancia de que las imágenes y las noticias ya habían sido difundidas en otros medios de comunicación, el carácter no denigrante de la información y la inocuidad de los datos publicados y la ausencia total de acreditación de un perjuicio real y tangible. Igualmente se alega por la demandada la improcedencia en el caso del pago de intereses legales desde la interposición de la demanda, al no hallarnos ante una deuda previa entre las partes.

La representación de los demandantes y el Ministerio Fiscal se han opuesto al recurso y han solicitado la confirmación de la sentencia de instancia.

C) La resolución del recurso exige partir, en primer lugar, del hecho de que la mercantil Semana S.L no cuestiona ni en la instancia ni en su recurso el contenido de las publicaciones que realizó en su revista, tanto en su versión física, como en su versión digital, en la página web www.semana.es, y en su cuenta de la red social Facebook. Tampoco discute ni el número de dichas publicaciones ni su extensión en el tiempo desde el 3 de diciembre de 2023 al 7 de febrero de 2024. Lo que plantea la demandada es, en esencia, la relevancia pública sobrevenida de los demandantes, la de ser una mera transmisora de información previamente publicada, la obtención de las fotografías del dominio público informativo y, en su caso, el importe de la indemnización. Ello nos conduce al examen de si concurrió en el caso la intromisión ilegítima que se imputa a la demandada y a analizar, en su caso, las consecuencias económicas de la lesión de los citados derechos fundamentales.

La demandada fue condenada por atentar al derecho a la intimidad de ambos demandados por el contenido de las publicaciones vertidas en su revista durante dos meses con motivo de la cancelación por el diestro, Florencio, de su boda con Doña Rosario pocas horas antes de su celebración y por atentar al derecho a la imagen de Doña Rosario por las fotografías publicadas en dichas publicaciones y extraídas sin su consentimiento de su red social en Facebook.

En la sentencia se considera probado que en las referidas publicaciones se hizo mención a aspectos de la vida íntima y privada de Doña Rosario y de su padre que resultaban innecesarios para informar sobre el hecho noticiable, como lo fue efectivamente la cancelación de la boda poco antes de su celebración, tales como los datos profesionales de la novia , su reacción, estado de ánimo y planes tras la ruptura, la preboda, gastos de la boda o causas de la ruptura con expresa mención a una conversación entre Don Julio, padre de la novia , y el torero como detonante. Igualmente se considera acreditada la ilustración de dichos reportajes con cinco fotografías de Doña Rosario extraídas de su red social en Facebook.

Sentado lo anterior, la recurrente, sin negar el contenido de las publicaciones ni su ilustración con fotografías de Doña Rosario, alega de nuevo en la alzada la condición de los demandantes como personas con relevancia pública sobrevenida, alegato que no fue acogido por la Magistrada Juez a quo con la repercusión pretendida y que tampoco podemos acoger ahora.

Hemos de recordar que el art.20.4 CE establece que las libertades de expresión e información "tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen [y a la protección de la juventud y de la infancia]".

Y como se afirma en la STS, 1617/2023, de 21 de noviembre: 

"Para que pueda considerarse justificada una intromisión en los citados derechos fundamentales (honor, intimidad y propia imagen) es preciso que la información o la expresión se refiera a asuntos de relevancia pública o interés general, ya por la propia materia a la que aluda la noticia o el juicio de valor, o por razón de las personas, esto es, porque se proyecte sobre personas que ejerzan un cargo público o una profesión de notoriedad o proyección pública (STC 68/2008; STS de 6 de julio de 2009)......La "proyección pública" se reconoce en general por razones diversas: por la actividad política, por la profesión, por la relación con un importante suceso, por la trascendencia económica y por la relación social, entre otras circunstancias (STS 17 de diciembre de 1997)."

El TS en supuestos en los que el derecho a la intimidad entra en conflicto con las libertades de información y expresión considera que el elemento legitimador es la relevancia pública del hecho divulgado y, también, se ha de comprobar que el afectado no haya adoptado pautas de comportamiento que permitan entender que consiente expresamente el público conocimiento de determinados aspectos privados, dado que corresponde a cada persona acotar el ámbito de intimidad personal y familiar que reserva al conocimiento ajeno.

En este sentido, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional recogen y definen la figura de "personaje público con publicidad sobrevenida", en la que encajaría Doña Rosario, como novia cuyo compromiso matrimonial fue cancelado, e incluso, aunque de forma muy tangencial y momentánea, Don Julio, como padre de la novia. Pero tal circunstancia no justifica cualquier difusión de su imagen pública ni la publicación de datos privados intrascendentes para informar sobre el hecho noticiable. La función que la libertad de información desempeña en una sociedad democrática justifica que se informe sobre el hecho noticiable (la cancelación de la boda de un torero) y que en esa información se incluya información gráfica relacionada con tal hecho, como pueden ser las imágenes de los invitados o de la iglesia, pero no justifica que pueda utilizarse cualquier imagen de la afectada, y en concreto, imágenes de la novia que carezcan de cualquier conexión con los hechos noticiables y cuya difusión no haya consentido expresamente. Y, en concreto, la libertad de información no justifica la difusión pública de la imagen de una persona obtenida de las fotografías obrantes en las cuentas de las redes sociales, puesto que la formación de una opinión pública libre no exige ni justifica que se afecte al derecho fundamental a la propia imagen con esa gravedad y de un modo que no guarda la necesaria conexión con los hechos de relevancia pública objeto de la información (así, STS Pleno de 19-12-2019, n.º 697/2019, rec.4528/2018).

Los razonamientos contenidos en la sentencia y en el recurso sobre el interés público en los hechos objeto de la información son correctos en lo concerniente a cancelación en si de la boda poco antes de celebrarse habida cuenta del hecho en sí y de la cierta fama de uno de los contrayentes como torero y al carácter de los invitados, algunos de ellos famosos. Pero no por ello pueden considerarse protegidos por la libertad de información cualesquiera noticias o reportajes que se elaboren sobre este hecho. Así la demandada no se limita a informar sobre tan inhabitual suceso sino que realiza afirmaciones tajantes sobre la reacción y estado de ánimo de la novia y sobre las decisiones que tomó tras conocer la anulación de su boda y sostiene determinadas hipótesis sobre la causa de la ruptura como la infidelidad de uno u otro novio , el consejo del sacerdote e incluso una conversación entre el padre de la novia y el torero y refiere las presiones de ambas familias sobre el torero para decidirse a contraer un matrimonio que no deseaba.

La sentencia considera probado y no se discute que los demandantes nunca quisieron revelar ningún aspecto de su vida íntima y privada, incluida la relación sentimental entre Doña Rosario y el torero y el hecho de que se cancelara la boda, más allá de la noticia de la anulación del compromiso matrimonial, no dota a los demandantes, por el solo hecho de ser la novia y su padre, de una mayor trascendencia pública en orden a divulgar conversaciones privadas entre el torero y su futuro suegro ni para difundir imágenes de la novia extraídas de su red social y sin conexión con el enlace matrimonial ni para publicar detalles íntimos sobre la reacción de la novia o sobre sus planes posteriores a la ruptura del compromiso.

Por otra parte, cuando de intimidad se trata, el elemento para determinar que la información vertida o las expresiones empleadas son legítimas no es su veracidad, entendida como diligencia del profesional de la información, sino el interés público del asunto que, como se ha dicho, no alcanza en el caso a circunstancias ajenas a la cancelación del compromiso y pertenecientes en todo caso al ámbito de la intimidad de los demandantes.

De todo ello se concluye que la libertad de información no puede en este caso prevalecer sobre los derechos a la intimidad y a la propia imagen de uno y otro demandante. El hecho de que las publicaciones realizadas no tengan carácter denigrante carece de relevancia en el caso al no propugnarse en la demanda ningún atentado contra el honor de los actores y el carácter inocuo de las publicaciones no puede defenderse cuanto afectan a la intimidad de las personas concernidas.

D) Alega también la recurrente la infracción de la doctrina jurisprudencial sobre el reportaje neutral al haberse limitado la demandada a reproducir lo publicado en otros medios, lo que habría supuesto una transmisión neutra de las manifestaciones de otro, sin reelaboración de la noticia.

La STC 76/2002, de 8 de abril (FJ 4), a la que se remite la más reciente STC 24/2019, de 25 de febrero, como expresión de la jurisprudencia constitucional al respecto, señala los requisitos del reportaje neutral en los siguientes términos:

"a) El objeto de la noticia ha de hallarse constituido por declaraciones que imputan hechos lesivos del honor o de la intimidad, pero que han de ser por sí mismas, esto es, como tales declaraciones, noticia y han de ponerse en boca de personas determinadas responsables de ellas (SSTC 41/1994, de 15 de febrero, FJ 4 y 52/1996, de 26 de marzo, FJ 5). De modo que se excluye el reportaje neutral cuando no se determina quién hizo tales declaraciones (STC 190/1996, de 25 de noviembre, FJ 4b).

"b) El medio informativo ha de ser mero transmisor de tales declaraciones, limitándose a narrarlas sin alterar la importancia que tengan en el conjunto de la noticia (STC 41/1994,de 15 de febrero, FJ4), de modo que si se reelabora la noticia no hay reportaje neutral (STC 144/1988, de 30 de junio, FJ 5) y tampoco lo hay cuando es el medio el que provoca la noticia, esto es, en el llamado periodismo de investigación (STC 6/1996, de 16 de enero), sino que ha de limitarse a reproducir algo que ya sea, de algún modo, conocido.

"c) En los casos de reportaje neutral propio la veracidad exigible se limita a la verdad objetiva de la existencia de la declaración, quedando el medio exonerado de responsabilidad respecto de su contenido (STC 232/1993, de 12 de julio, FJ 3). Consecuentemente la mayor o menor proximidad al reportaje neutral propio modula la responsabilidad por el contenido de las declaraciones (SSTC 240/1992, FJ7 y 144/1998, FJ5)".

Por su parte, en las SSTS 76/2020, de 4 de febrero, 270/2022, de 30 de marzo y 653/2022, de 11 de octubre se dispone que:

"[...] no debe confundirse que la información obtenida y comunicada públicamente haya sido contrastada conforme a pautas profesionales y adecuadas a las circunstancias concurrentes con la institución del "reportaje neutral", que consiste en que el objeto de la noticia esté constituido por declaraciones ajenas que imputan hechos lesivos para el honor, que sean noticia por sí mismas. Como tales declaraciones, han de ponerse en boca de personas determinadas, responsables de ellas. El medio informativo ha de ser mero transmisor de tales declaraciones, limitándose a narrarlas sin alterar la importancia que tengan en el conjunto de la noticia pues si se reelabora la noticia no hay reportaje neutral. De darse estos presupuestos, la veracidad exigible se limita a la verdad objetiva de la existencia de la declaración".

Además, el Alto Tribunal ha tenido ocasión de señalar que el reportaje neutral o información neutral exige la ausencia de indicios racionales de falsedad evidente de lo difundido, a fin de evitar que el reportaje neutro sirva indebidamente a la divulgación de simples rumores o insidias, pues resultaría absurdo que, con el pretexto de tratarse de un reportaje neutral, se pudiera difundir -reproduciéndola- una información sobre la que existe constancia de que supone una intromisión ilegítima en el ámbito de protección de un derecho fundamental (por todas, sentencias del TS nº 748/2022, de 3 de noviembre; STS nº 617/2016, de 10 de octubre; STS nº 378/2015, de 7 de julio y STS nº 472/2014, de 12 de enero).

Pues bien, en este caso, en las publicaciones litigiosas se informa sobre un hecho noticioso publicado por vez primera el 2 de diciembre de 2023 por el diario ABC en su cuenta de red social X. Pero, como se afirma en la sentencia apelada y no se contradice por la apelante, la versión de los hechos no se reproduce sin más sino que es reelaborada por la revista Semana. Así en el diario ABC se hace una breve reseña de la cancelación de la boda de la que se hicieron eco otros medios de comunicación nacionales y extranjeros. Pero en la primera noticia de la demandada, de 3 de diciembre de 2023, en su página web y en su cuenta en Facebook, se amplía la información dada por ABC y así se dice que la novia estaba destrozada y que se refugió en casa de sus padres; que los invitados estaban desconcertados; que el matador asumiría por completo los gastos de la boda; que se celebró una preboda el día anterior con una fiesta en la que se veía a los novios enamorados; que la boda iba a ser de "cuento de hadas" y que la novia estaba a punto de dejar prendados a todos los presentes con su look nupcial.

En algunas las siguientes publicaciones y como también se detalla en la sentencia apelada se hace mención a la fuente, en concreto a la cadena Telecinco y al programa "TardeAr" y a otros programas del sector de la prensa de sociedad o prensa rosa, esto es, a programas bajo el formato de noticias comentadas por tertulianos. Pero no se menciona a la concreta persona interviniente en el programa fuente de la información, la cual no ésta, por tanto, identificada, asumiendo la demandada y haciendo propio lo que pueden considerarse en muchos casos como meros rumores sin contraste profesional alguno y sin que el mero hecho de reproducir noticias de otros medios permita considerar legítimas técnicas que invadan derechos protegidos.

Por tanto la revista Semana, en uno casos, reelaboró las noticias de otros medios y, en casi todas sus publicaciones, transmitió como hechos verdaderos simples rumores carentes de toda constatación o meras insinuaciones sin comprobar su realidad mediante las oportunas averiguaciones propias de un profesional diligente.

En consecuencia, esta Sala comparte las conclusiones de la sentencia recurrida de que no existió una transmisión objetiva y neutral de la información de terceros, de modo que la diligencia del informador no podía en este caso limitarse a la verdad objetiva de lo dicho por aquellos y que, asumiendo una conducta activa y no pasiva, la recurrente debió desplegar la mínima diligencia a su alcance para cerciorarse de que no estaba divulgando como ciertos meros rumores que afectaban a la esfera de la intimidad de los actores.

Tampoco desde el ángulo del posible carácter desproporcionado puede ser revertido el juicio de ponderación realizado por la Magistrada Juez a quo. En este sentido, y con respecto a la persona de Doña Rosario, la sentencia recurrida alude a que la información divulgada, por la forma en que esta es presentada, no tiene cabida en el ámbito de protección constitucional otorgado a la libertad de información, pues de forma continuada en el tiempo, durante más de dos meses, el medio editado y dirigido por la recurrente siguió divulgando informaciones y publicando imágenes sobre la demandante en las que hizo alusiones innecesarias a su vida privada y a la esfera de su intimidad que no cabe justificar por razón del interés informativo de la materia. Y lo mismo cabe argüir respecto de Don Julio al hacer también mención innecesaria a sus relaciones personales con el torero y a la hipotética incidencia de una conversación que mantuvo con el novio como causa de la cancelación de la boda.

E) Indemnización.

La demandada impugna, con carácter subsidiario, el pronunciamiento relativo al quantum indemnizatorio, que considera desproporcionado.

Ante todo recordar que el artículo 9 de la Ley Orgánica 1/1982, sobre protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, determina que la tutela judicial frente a intromisiones ilegítimas en tales derechos comprenderá la adopción de todas las medidas necesarias para poner fin a la intromisión ilegítima, y así en particular, entre otras, "el restablecimiento del perjudicado en el pleno disfrute de sus derechos, con la declaración de la intromisión sufrida, el cese inmediato de la misma y la reposición del estado anterior"; así como "la indemnización de los daños y perjuicios causados". La norma también establece expresamente que "La existencia de perjuicio se presumirá siempre que se acredite la intromisión ilegítima. La indemnización se extenderá al daño moral, que se valorará atendiendo a las circunstancias del caso y a la gravedad de la lesión efectivamente producida, para lo que se tendrá en cuenta, en su caso, la difusión o audiencia del medio a través del que se haya producido".

En cuanto al resarcimiento indemnizatorio por los daños morales causados, afirma el TS que:

"Como hemos recordado en la sentencia 53/2017, de 27 de enero, la doctrina jurisprudencial reiterada del TC y del TS, insiste en que las bases para la ponderación de los daños morales irrogados por vulneración del derecho al honor, intimidad y propia imagen, están fijados en el art. 9.3 de la LO 1/1982, determinándose que la valoración del daño moral debe atenderse a las circunstancias del caso y a la gravedad de la lesión efectivamente producida, para lo que se tendrán en cuenta, en su caso, la difusión o audiencia del medio a través del que se haya producido. En tal sentido, en la ponderación de la lesión moral habrá que atender a cuestiones como (i) el grado de difusión alcanzada; (ii) la gravedad de los calificativos; (iii) la aportación de imágenes a la noticia; (iv) el lugar que ocupe la noticia en el conjunto de la publicación o programa; (v) la posibilidad de difusión digital; y (vi) la falta de beneficio económico para el medio a resultas de la publicación, lo que, en su caso, aminoraría la indemnización" (entre otras, STS 551/17, de 11 de octubre). 

Además, la jurisprudencia del TS también indica expresamente que no cabe fijar una indemnización meramente simbólica en estos supuestos:

"Como declaran las sentencias de esta sala 386/2011, de 12 de diciembre, STS nº 696/2014, de 4 de diciembre, y STS nº 261/2017, de 26 de abril (con cita de otras muchas), en estos casos de intromisión en el derecho al honor no es admisible que se fijen indemnizaciones de carácter simbólico, pues al tratarse de derechos protegidos por la Constitución como derechos reales y efectivos, una indemnización de tal naturaleza convertiría la garantía jurisdiccional en un acto meramente ritual, incompatible con el contenido de los artículos 9.1, 1.1 y 53.2 CE y la correlativa exigencia de una reparación acorde con el relieve de los valores e intereses en juego" (misma STS nº 551/17).

En el presente caso, ponderando razonablemente la cuantía de la indemnización por daño moral, no se aprecia, a juicio de esta Sala, una desproporción por cuanto es obvia la inquietud y desasosiego derivado de la persistencia en aspectos atinentes a la intimidad de Doña Rosario y relativos fundamentalmente a su reacción y estado emocional tras la cancelación de su boda con el diestro y es obvio también el malestar por la innecesaria atención de la que fue objeto su padre al apuntarle como detonante de dicha cancelación y que, en ambos casos, tuvo una innegable perspectiva, social, familiar y personal.

Es cierto que no consta la concreta difusión de todas las publicaciones en las que se realizaron los comentarios lesivos ni documental de la que resulte un sufrimiento psicológico de los demandantes concreto y tangible. Pero es obvio que los reportajes se emitieron en una revista de difusión nacional, cuya audiencia, si fuera escasa o distinta de la señalada por la Magistrada a quo habría sido evidenciada por la propia recurrente, y que tales publicaciones se realizaron tanto en la revista física (respecto de la que la sentencia de instancia tiene por probado que se vendieron 42.681 ejemplares en relación con el número publicado el 13 de diciembre de 2023, 38.962 ejemplares del número de 20 de diciembre de 2023 y 40.325 en el caso del número publicado el 7 de febrero de 2024; lo que la demandada no ha negado), como en la edición digital a través de su página web que cuenta con tres millones de usuarios y en su red social de Facebook que cuenta con 953.192 seguidores (lo que tampoco ha desvirtuado la demandada limitándose a decir que lo importante sería conocer la cifra de usuarios únicos de la noticia web, que no aporta, o el número de interacciones de las publicaciones en su cuenta de Facebook sin aportar tampoco el número de entradas que tuvo cada noticia) y que las publicaciones se prolongaron dos meses en el tiempo. La sensación anímica de inquietud, impotencia y angustia que tuvieron que padecer los demandantes resulta evidente. Debemos recordar, además, que la intromisión ilegítima en el caso de Doña Rosario tuvo lugar no solo en el derecho a su intimidad personal sino también en el derecho a su propia imagen y que las publicaciones que le afectan fueron muy superiores en número a las que aludían a su padre.

No existen, por tanto, razones objetivas para discrepar de la cantidad fijada por la Magistrada Juez de instancia, que ha de confirmarse.

F) Se fijan los intereses desde la fecha de la sentencia.

La entidad demandada muestra también su disconformidad con el día inicial del cómputo de los intereses moratorios, fijado en la sentencia a partir de la fecha de presentación de la demanda, y que considera la recurrente que debería de fijarse desde la fecha de la sentencia al no tratarse de una cantidad líquida.

Dicho motivo debe ser estimado.

En efecto, el artículo 1.108 CC fija como criterio indemnizatorio, cuando se condena al pago de una cantidad de dinero, la condena al pago de los intereses convencionales, o en su defecto del interés legal. El cómputo, conforme señala el artículo 1.109 CC se devengará desde que son judicialmente reclamados. Ahora bien, para ello es preciso que exista una cantidad líquida que no se da en los casos de reclamaciones por derecho al honor que no puede tener el mismo tratamiento que el incumplimiento de una obligación que es el ámbito específico de aplicación del citado artículo 1.109 CC. En este caso, el derecho a la indemnización sólo surge desde el momento en el que se declara judicialmente la vulneración del derecho al honor de la parte actora y su importe pues, con independencia de lo que se reclame en la demanda, sólo se puede fijar en la sentencia condenatoria tras el reconocimiento de la vulneración del derecho fundamental. En consecuencia, la cantidad sólo será liquida desde que se fija judicialmente, lo que implica que sólo a partir de dicho momento se inicia el cómputo de los intereses de la indemnización judicialmente reconocida, pues sólo desde dicho momento se puede considerar en mora la parte condenada al pago de dicha cantidad.

De forma expresa se indica en la STS nº 245/19, de 25 de abril cuando señala que: 

"Esta cantidad devengará el interés legal, incrementado en dos puntos, desde la fecha de la sentencia de primera instancia, por entender que el incumplimiento de los requisitos impuestos por la normativa de protección de datos para la comunicación de los datos personales del demandante al registro de morosos justificaba que ya desde la sentencia del Juzgado de Primera Instancia se hubiera fijado una indemnización a su favor".

En consecuencia, el único interés legal aplicable en el caso será el del artículo 576 LEC, esto es, desde que se declara la vulneración del derecho y se fija judicialmente el importe de la indemnización, en este caso, desde la sentencia de primera instancia al haberse confirmado la cantidad fijada en la misma.

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