La sentencia de la Sala de lo Social del
Tribunal Supremo, sec. 1ª, de 25 de septiembre de 2025, nº 1314/2025, rec.
4076/2020, declara que el derecho de retención de los
usufructuarios se extingue al reintegrar el crédito, por el incremento del
valor del inmueble, con los frutos percibidos durante la ocupación del inmueble
y tras la extinción del usufructo.
El derecho de ocupación no da derecho a
percibir, sin límite alguno, los frutos del inmueble, debiendo el ocupante
restituir la posesión al propietario y abonar indemnización por daños y
perjuicios derivados de la ocupación indebida.
Cuando un usufructuario realiza obras
extraordinarias indispensables para la subsistencia de un inmueble, tiene
derecho a retener la posesión hasta reintegrarse con el aumento de valor
generado por dichas obras, pero este derecho de retención se extingue una vez
que el crédito se haya saldado con los frutos percibidos por la ocupación del
inmueble tras la extinción del usufructo, momento a partir del cual el ocupante
debe restituir la posesión al propietario y abonar indemnización por daños y
perjuicios derivados de la ocupación indebida.
El Tribunal Supremo da razón a los nudos
propietarios en cuanto a la extinción del derecho de ocupación de los
demandados tras la extinción del usufructo, declarando que el derecho de
retención de los antiguos usufructuarios se ha extinguido al haberse
reintegrado el crédito por el incremento del valor del inmueble con los frutos
percibidos durante la ocupación posterior.
Se reconoce la obligación de los
demandados de restituir la posesión y de indemnizar por daños y perjuicios
desde la firmeza de la sentencia hasta la entrega efectiva. Se desestima la
reconvención de los demandados y se confirma la condena a indemnizar por la
reposición del inmueble a su estado original. E
El fallo estima parcialmente el recurso
extraordinario por infracción procesal para aplicar el efecto positivo de la
cosa juzgada de la sentencia anterior, y desestima el recurso de casación,
manteniendo la doctrina sobre el derecho de retención del usufructuario y su
extinción con la compensación por frutos. No se produce un cambio doctrinal,
sino una reafirmación y precisión en la aplicación del derecho de retención y
la cosa juzgada.
La sentencia destaca la aplicación
vinculante del efecto positivo de la cosa juzgada entre procesos conexos con
las mismas partes, obligando a respetar pronunciamientos firmes previos sobre
el derecho de retención del usufructuario. Además, clarifica que el derecho de
retención del artículo
502 CC se extingue cuando el crédito se reintegra con los frutos percibidos
tras la extinción del usufructo, delimitando así el alcance temporal y material
de dicho derecho en situaciones de ocupación postusufructo.
A) Establece el artículo 502 del Código
Civil:
“Si el propietario hiciere las
reparaciones extraordinarias, tendrá derecho a exigir al usufructuario el
interés legal de la cantidad invertida en ellas mientras dure el usufructo.
Si no las hiciere
cuando fuesen indispensables para la subsistencia de la cosa, podrá hacerlas el
usufructuario; pero tendrá derecho a exigir del propietario, al concluir el
usufructo, el aumento de valor que tuviese la finca por efecto de las mismas
obras.
Si el propietario
se negare a satisfacer dicho importe, tendrá el usufructuario derecho a retener
la cosa hasta reintegrarse con sus productos”.
B) Introducción.
1º) Los nudos propietarios adquirieron un inmueble con
usufructo vitalicio que, tras la extinción del usufructo, continuó ocupado por
los antiguos usufructuarios quienes realizaron obras de rehabilitación
consideradas mejoras extraordinarias, generando un derecho de retención que fue
objeto de litigio para determinar la extinción del derecho de ocupación y la
indemnización por el uso y las obras realizadas.
¿Debe reconocerse el derecho de
retención de los antiguos usufructuarios tras la extinción del usufructo por
las mejoras extraordinarias realizadas en el inmueble y cómo debe computarse la
indemnización por el uso y el incremento de valor del inmueble?.
Se reconoce la extinción del derecho de
ocupación de los antiguos usufructuarios tras la extinción del usufructo y el
reintegro de su crédito con los frutos del inmueble, condenándolos a restituir
la posesión y a indemnizar por daños y perjuicios; se confirma que el derecho
de retención previsto en el artículo 502 del Código Civil cesa cuando el
crédito queda saldado con los frutos de la cosa.
El tribunal fundamenta su decisión en el
artículo 502 del Código Civil que regula el derecho de retención del
usufructuario por mejoras extraordinarias, el principio de cosa juzgada
positiva conforme al artículo 222.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y la
jurisprudencia que establece que el derecho de retención cesa cuando el crédito
se reintegra con los frutos del inmueble, rechazando la aplicación de la
compensación de deudas prevista en los artículos 1195 y 1196 del Código Civil y
confirmando la extinción del usufructo y la consiguiente consolidación del
dominio a favor de los nudos propietarios.
2º) El Alto Tribunal clarifica el
alcance temporal y los límites materiales del derecho de retención del
usufructuario mediante las siguientes reglas jurídicas:
- Extinción por auto-reintegro:
El derecho de retención por obras extraordinarias (Art. 502 CC) no es un título
de ocupación indefinido. Se extingue automáticamente en el momento en que el
crédito del retenedor queda saldado con los frutos o rentas (productos)
percibidos del inmueble tras la extinción del usufructo.
- Prohibición de enriquecimiento
injusto: El retenedor no puede disfrutar gratuitamente del inmueble ni
lucrarse indefinidamente. Los frutos percibidos durante la retención
post-usufructo operan como un pago en especie que reduce progresivamente la
deuda del nudo propietario.
- Efecto Positivo de la Cosa Juzgada
(art. 222.4 LEC): Al existir un litigio previo firme que determinó la
existencia de las obras y el crédito inicial, los tribunales de procesos
conexos posteriores están obligados a respetar dicho pronunciamiento. Solo les
corresponde cuantificar el remanente, descontando los frutos obtenidos.
- Consecuencias de la retención indebida: Una vez que los frutos igualan o
superan el valor del incremento de la finca por la obra:
- Cesa
la causa de posesión legítima.
- Nace
la obligación de restitución inmediata del inmueble.
- Se
devenga una indemnización por daños y perjuicios (equivalente al valor de
mercado del uso o alquiler del inmueble) desde que la ocupación se torna
ilegítima hasta la entrega efectiva.
C) Antecedentes del caso.
Son antecedentes necesarios para
resolver los recursos los siguientes:
1.- Los demandantes, los hermanos D.
Pedro Enrique y D.ª Ángela, adquirieron en 1991 como nudos propietarios un
inmueble descrito como «finca rústica, finca registral nº 6666 del Registro de
la Propiedad nº 10 de Zaragoza». El usufructo vitalicio fue adquirido
simultáneamente por su padre D. Higinio. Otro hermano, D. Pelayo, fue también
adquirente de una parte indivisa de la nuda propiedad, que luego vendió a sus
hermanos en escritura pública de 29 de octubre de 2004.
2.- Como consecuencia del impago, al
menos en parte, del precio de las obras realizadas en dicha finca por el
codemandado D. Simón, consistentes en la construcción de un chalet con piscina,
vestuarios y jardín, se tramitó el juicio de menor cuantía 369/1993 del Juzgado
de Primera Instancia núm. 12 de Zaragoza frente a D. Higinio.
En ejecución del pronunciamiento de
condena dictado en ese litigio, por valor de 3.237.440 pesetas (juicio
ejecutivo 369/90-C) el acreedor se adjudicó para su sociedad consorcial en
subasta pública, según resolución judicial de 4 de julio de 1996, el usufructo
vitalicio tanto de la finca rústica en sí como de lo en ella edificado. Este
derecho real había sido tasado en 3.960.000 pesetas. La vivienda constituía
entonces el domicilio de D. Higinio y de su familia y era una casa
perfectamente habitable. En el proceso de ejecución hubo varios intentos por
parte del ejecutado de suspender el lanzamiento. Se aportó a tal efecto el
certificado censal del Ayuntamiento de Zaragoza, expedido el 26 de julio de
1994, para acreditar el empadronamiento del matrimonio y de sus tres hijos en
la vivienda en cuestión y se presentaron varios escritos en los que se afirmaba
que constituía su único domicilio.
3.- La entrega de la posesión al
acreedor se produjo través de la comisión judicial el 15 de octubre de 1997. En
la diligencia levantada al efecto se constató que las puertas, marcos,
radiadores, sanitarios, conducciones y otros elementos habían sido arrancados,
lo que quedó ratificado mediante acta notarial de 18 de noviembre de 1997, en
la que se dejó constancia de que faltaban «una serie de elementos básicos de
cualquier vivienda tales como puertas, ventanas, radiadores de calefacción,
cuadros eléctricos, interruptores, conducciones de agua y electricidad,
sanitarios, elementos de cocina, bomba de agua, caldera de calefacción y
otros», que habían sido eliminados después de la construcción. También en el
techo del hall, que se encontraba parcialmente al descubierto, había sido
arrancado el falso techo de escayola. En los elementos exteriores, faltaba la
depuradora de la piscina y todos los elementos de conducción de agua y grifería
de la zona de duchas.
El acta constaba de 17 fotografías que,
según se expresa en ella, solo recogían algunos de los desperfectos. Simón
formuló denuncia por estos hechos en la que refirió que «pudo comprobar que del
chalet reseñado personas desconocidas le sustrajeron todas las puertas
interiores, ventanas, los radiadores, calefacción y su caldera [...]». Es un
hecho no controvertido que dicha denuncia fue sobreseída.
4.- Es también un hecho pacífico que se
tramitó un segundo litigio entre Simón como demandante y la aseguradora Ocaso
como demandada ( juicio de menor cuantía 68/1999, del Juzgado de Primera
Instancia núm. 12 de Zaragoza) en el que se estableció una valoración de daños
por vandalismo a cargo de dicha aseguradora por importe de 6.950.000 pesetas,
con intereses legales desde la fecha del siniestro, según auto de 23 de octubre
de 2000, en el que se razonaba que «como se expone en la prueba pericial,
existe una dificultad en la valoración de los daños por la gravedad de los
daños (sic) producidos», pese a lo cual «el perito valora el daño en 6.950.000
pesetas, cantidad muy similar a la solicitada por el actor y basada en un
informe pericial [...]. Atendiendo las pruebas practicadas ha de reconocerse al
actor la cantidad máxima solicitada de 6.758.602 pesetas, más los intereses
establecidos en la sentencia», que según la parte dispositiva de dicho auto fue
el interés legal incrementado en dos puntos desde la fecha del siniestro. Los
recurrentes no discuten el cobro de una indemnización total cifrada, por su
valor en euros, en 40.602,02 euros.
5.- Entre octubre de 2002 y marzo de
2003 los usufructuarios realizaron obras de rehabilitación y reforma para poder
utilizar el inmueble, cuyo presupuesto fue, según consta en el expediente
administrativo de obras del Ayuntamiento de Zaragoza, de 28.487,92 euros. Las
obras fueron realizaron con los medios propios del usufructuario, constructor
de profesión.
6.- La Sra. Ángela denunció ante la
Policía Local el 22 de octubre 2002 la realización de las obras sin licencia.
Regularizada la situación y obtenida la licencia, los nudos propietarios
instaron un juicio verbal sumario de suspensión de obra nueva (identificado
como juicio verbal 3000091/2003 del Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de
Zaragoza), que finalizó con sentencia desestimatoria. Frente a la demanda, los
usufructuarios alegaron que las obras eran necesarias para la habitabilidad de
la vivienda. En la sentencia desestimatoria se indicó que «hoy, objetivamente
valorado el acta notarial de 18 de noviembre de 1997, días después de la fecha
de lanzamiento del padre de los nudos propietarios (15-10-1997) y el reportaje
fotográfico del perito [...], se aprecia una mejoría considerable del inmueble
que repercute en la propiedad y de los cuales no tiene derecho a indemnización
el usufructuario ( art. 487 CC) salvo las que puedan considerarse reparaciones
extraordinarias ( art. 502 CC)», que dicha sentencia no analizó por entender
que no era el objeto de ese concreto procedimiento sumario. Está incorporado al
expediente de primera instancia - folios 228 a 247- un acta notarial de 20 de
julio de 2017 en la que se indica el perfecto funcionamiento de las
instalaciones del chalet y se recogen fotografías acreditativas de su estado.
7.- El 6 de agosto de 2016 falleció el
usufructuario original, padre de los aquí demandantes, lo que determinó la
extinción del usufructo y, con ella, el derecho de uso de los demandados y la
consolidación del dominio, que se inscribió en el Registro de la Propiedad en
fecha 21 de abril de 2017. No obstante, los demandados siguieron ocupando el
inmueble.
8.- D. Pedro Enrique y D.ª Ángela
instaron un juicio de desahucio por precario contra los ocupantes (juicio
verbal 951/2017 del Juzgado de Primera Instancia núm. 15 de Zaragoza), según
demanda que fue estimada en primera instancia en sentencia de 1 de marzo de
2018. En dicho proceso los usufructuarios intentaron formular reconvención para
hacer valer su derecho de retención y su crédito respecto del incremento del
valor del inmueble por las mejoras extraordinarias realizadas, pero tal
reconvención no fue admitida a trámite.
La Audiencia Provincial de Zaragoza,
sección 5ª, no obstante, revocó dicha resolución en sentencia de 6 de
septiembre de 2018. La razón decisoria de la estimación del recurso de
apelación de los ocupantes y de la desestimación de la demanda fue el derecho
de retención del art. 502 del Código Civil(CC) generado a raíz de las obras
llevadas a cabo por los usufructuarios. Este es su pasaje más relevante:
«El art. 502 C.c. recoge un derecho de retención
[sic] por parte del usufructuario de la casa usufructuada, si el nudo
propietario no le satisface el aumento de valor de la finca, como consecuencia
de obras extraordinarias que hubieran correspondido al propietario y que tuvo
que hacer el usufructuario.
»La jurisprudencia se muestra favorable
a ese derecho de retención [sic] cuando se den [sic] los requisitos del citado
art. 502 C.c. En ese sentido, S.A.P. Madrid, secc. 11 , 215/11, 15-4 y
Zaragoza, secc. 4ª, 17/1999, 8-2 .
»En primer lugar, hay que distinguir
entre obras o reparaciones ordinarias y extraordinarias. Aquéllas son las
derivadas del uso normal y del paso del tiempo y suelen ser de escasa entidad
económica. Estas son de mayor envergadura y están adornadas del requisito de la
indispensabilidad (S.A.P. La Coruña, secc. 6ª, 26-11-2005).
»SEXTO.- Por otro lado, hay que conjugar
la negativa del propietario a ejecutarlas, con el derecho a realizarlas por sí
por el arrendatario, a expensas de aquél.
»Pero, en todo caso, el derecho
económico que resulta a favor del usufructuario (en ocasiones del arrendatario,
por revisión [sic: remisión] del art. 1573 C.c.) no es el precio de las
reparaciones, sino el aumento del valor que tuviera la finca por efecto de esas
obras extraordinarias (S.A.P. Madrid, secc. 12 , 26-5-2010 ).
»SÉPTIMO.- En este caso se recibe una
finca con vivienda; ésta en estado de total inhabitabilidad. No consta que, en
ningún momento, se requiriera a la propiedad para quitar [sic] obras que se
consideran claramente extraordinarias (puertas, ventanas, escalera,
calefacción, sanitarios, etc.). Y tampoco se ha acreditado en esta litis el
contenido del derecho que autoriza "retener" (el aumento del valor de
la finca). Aunque sí puede inferirse, conceptualmente que ese aumento pueda
existir. Si comparamos las actas notariales de 18-11-1997 y de 20-7-2017.
»OCTAVO.- Entiende este tribunal que el
derecho a retener constituye un título para ocupar. Este es el contenido propio
de este procedimiento.
»NOVENO.- Partiendo de esta premisa,
considera este tribunal que -aunque con elementos no definidos (aún) del todo-
sí existen los datos fácticos que habilitan el derecho de retención, [sic] de
mantenimiento del ius utendi, en tato se reintegra del aumento del valor
sufrido por la finca exclusivamente en base a las reparaciones extraordinarias
( S.A.P. Zaragoza, secc. 4ª, 71/2999, 8-2)».
La ocupación del inmueble se mantiene
hasta la fecha. Ninguna de las partes ha comunicado al tribunal ningún cambio
al respecto.
9.- La sentencia de la segunda instancia
del juicio de desahucio por precario fue declarada firme y, a los pocos días,
el 29 de octubre de 2018, los hermanos Ángela instaron las diligencias
preliminares mencionadas en los antecedentes de hecho de esta resolución, que
tenían por objeto la aportación por los usufructuarios de los documentos
acreditativos de las obras extraordinarias indispensables que a tenor del
artículo 501 CC hubieran realizado en el inmueble y del estado actual del
mismo, así como la facilitación del acceso al mismo de un perito que realizaría
un informe sobre el eventual incremento del valor de la finca a consecuencia de
esas obras extraordinarias. La práctica de las diligencias preliminares tuvo
lugar el 18 de enero de 2019.
10.- En el litigio del que deriva este
recurso, los propietarios pretenden la recuperación del pleno dominio y de la
posesión del inmueble, según demanda presentada el 25 de febrero de 2019, y la
denegación del derecho de retención de los usufructuarios, que a su juicio no
concurre porque las obras realizadas por ellos no son mejoras extraordinarias
y, subsidiariamente, porque el eventual incremento del valor de la propiedad
habría quedado consumido por la ocupación mantenida desde la extinción del usufructo.
Con apoyo en el informe pericial que aportaron con la demanda, solicitaron que
el aumento de valor se fijara en 950 € y, más subsidiariamente aun, en 5.500 €.
Pidieron, no obstante, la designación de un perito judicial para que
dictaminara, entre otros extremos, el importe del incremento de valor por
mejoras extraordinarias.
Quienes habían sido usufructuarios, por
su parte, habían intentado un acto de conciliación para fijar el incremento del
valor del inmueble, según demanda presentada el 23 de marzo de 2019. La vía
conciliatoria quedó frustrada porque ya se había presentado de contrario la
demanda contenciosa, a la que se opusieron sus destinatarios quienes, a su vez,
formularon reconvención en ejercicio el derecho de retención del art. 502 CC
hasta tanto no se les abonara el aumento de valor que ha experimentado el
inmueble por las obras de mejora extraordinarias realizadas, que cifran en
140.000 euros.
11.- La sentencia de primera instancia
estimó en parte la demanda y la reconvención, sin imposición de costas a
ninguna de las partes. Determinó, con apoyo en el informe pericial aportado por
los demandados y, esencialmente, en el elaborado por el perito de designación
judicial, que el incremento del valor del inmueble por las obras ejecutadas era
de 80.000 €, si bien había que descontar la indemnización percibida en su día
de la aseguradora (40.620,02 €), con la correspondiente actualización, para
evitar un enriquecimiento injusto, así como el coste de reponer determinados
elementos constructivos a su estado original (3.550 €). En consecuencia,
concluyó que los demandados reconvinientes debían percibir 8.830,02 € y que
cuando se les abone esa cantidad no tendrán derecho alguno a seguir ocupando el
inmueble, por lo que de continuar en la posesión tendrían que abonar la suma
mensual de 750 euros.
12.- La sentencia de primera instancia
fue apelada por los demandados e impugnada por los demandantes. Respecto del
recurso de apelación, los demandados se aquietaron con los pronunciamientos de
la sentencia de primera instancia que estimaban el valor del uso del inmueble
en 750 € mensuales, aunque solo regiría desde el momento en el que cesara el
derecho de retención, y con la minoración de su crédito en 3.550 € por el coste
de reposición de la distribución del inmueble a su estado original. El único motivo
de apelación fue el cómputo en la determinación del crédito a su favor de la
indemnización abonada por la aseguradora Ocaso.
La Audiencia Provincial al resolver el
recurso de apelación de los primeros, apuntó que todo lo relacionado con el
cómputo de dicha indemnización podría ser una cuestión nueva que había sido
suscitada en la fase de conclusiones y que «podría suponer una alteración de la
causa de pedir», si bien consideró que se trataba de un debate estéril debido
al éxito de la impugnación de la sentencia, que explicó a continuación, y
desestimó el recurso de apelación.
Para estimar la impugnación de los
demandantes, la sentencia razonó que el hipotético incremento de valor del
inmueble no podía determinarse siguiendo el método del principal informe
pericial tomado en consideración por la sentencia de primera instancia, el del
perito judicial, al que critica por computar una plusvalía que no viene al
caso, porque compara el valor del inmueble en 1997 y el valor actual (parecer
decir que esa plusvalía no tiene origen en las obras), por basarse en el valor
actualizado de las obras realizadas -en lugar de en el incremento del valor
imputable a esas obras-, por no tener en cuenta la obsolescencia de unas obras
que tenían ya una antigüedad de 18 años, y por computar partidas que no podían
calificarse como obras extraordinarias (alicatado de baños y cocinas,
impermeabilización y solera de hormigón que no consta que fuera necesario,
pulido y abrillantado, puertas de armario, repasos y pintado, placa y
horno...), y partidas de gastos generales y beneficio industrial que, al no aportar
el demandado factura alguna, no están acreditadas.
En opinión de la Audiencia, para
calcular el aumento de valor hay que considerar el inmueble en el estado que
tenía cuando fue entregado en 1997 -y no afirmando que estaría en ruina, porque
no se le entregaron ruinas al usufructuario, idea esta que se reitera a lo
largo de la sentencia- y compararlo con el estado actual, con una reforma que
tiene 18 años de antigüedad. Se basa, con todo ello, en el informe pericial de
los demandantes, que cifra el máximo del incremento de valor del inmueble en
5.500 €, y considera que los antiguos usufructuarios a lo sumo podrían
compensar su hipotético crédito con los frutos que perciben por la ocupación de
la finca, esto es, compensar el disfrute de la finca desde el 6 de agosto de
2016 -fecha de fallecimiento del usufructuario inicial- con el hipotético
crédito correspondiente al aumento de valor. El valor de disfrute se cifró en
unos 750 € mensuales, que, multiplicados por 47 meses de disfrute tras la
extinción del usufructo, llevan a una cifra -35.250 €- muy superior al de ese
hipotético aumento de valor.
En definitiva, la sentencia desestimó el
recurso de apelación y estimó la impugnación de la sentencia de primera
instancia, que revocó parcialmente. El resultado fue: (i) la estimación de la
demanda, la declaración de la extinción del derecho de los demandados a seguir
ocupando el inmueble, con la condena a restituir la posesión a los actores y a
abonar una indemnización de 750 € mensuales desde la firmeza de la sentencia
hasta la efectiva entrega de la posesión, así como la suma de 3.550 € por el
coste de reposición del inmueble a su estado original; (ii) la desestimación de
la reconvención; y (iii) la no imposición de las cosas de la demanda, de la
reconvención, de la apelación y de la impugnación a ninguna de las partes.
D) Recurso extraordinario por infracción
procesal. Segundo motivo.
1º) Planteamiento.
1.- El segundo motivo del recurso
extraordinario por infracción procesal se formula al amparo del ordinal 2º del
artículo 469.1 LEC, por infracción del artículo 222 de la LEC y del principio
de cosa juzgada, en su aspecto positivo, en relación con los efectos que debe
producir en este procedimiento la sentencia dictada por la Sección 5ª de la
Audiencia Provincial de Zaragoza de fecha 6 de septiembre de 2018 en el recurso
de apelación 658/2018.
2.- En el desarrollo del motivo se alega
que la sentencia que puso fin al juicio de desahucio por precario instado por
los propietarios del inmueble desestimó la demanda precisamente por considerar
que los ocupantes tenían a su favor el derecho de retención del art. 502 CC,
pues habían recibido dicho inmueble en estado de completa inhabilidad y habían
realizado importantes obras para poder utilizarlo conforme a su destino, lo que
justificaba la ocupación de los usufructuarios hasta tanto se les abonara el
aumento del valor experimentado por la finca a causa de las mejoras. Sin
embargo, siguen diciendo los recurrentes, la sentencia recurrida se aparta por
completo de los pronunciamientos de esa previa sentencia firme al negar,
primero, el estado de inhabitabilidad en que se recibió la vivienda, más tarde,
la calificación como «mejoras» de las obras realizadas, y, finalmente, el
derecho de retención que constituyó la razón decisoria de la desestimación del
desahucio por precario.
2º) Decisión de la sala.
Procede estimar este segundo motivo de
infracción procesal por las razones que se explican a continuación.
1.- El art. 222.4 LEC establece que:
«Lo resuelto con fuerza de cosa juzgada
en la sentencia firme que haya puesto fin a un proceso vinculará al Tribunal de
un proceso posterior cuando en éste aparezca como antecedente lógico de lo que
sea su objeto, siempre que los litigantes de ambos procesos sean los mismos o
la cosa juzgada se extienda a ellos por disposición legal».
2.- Sobre el efecto positivo que produce
una sentencia firme existe una abundante jurisprudencia de esta sala y del
Tribunal Constitucional (TC), que se recoge, entre otras muchas, en las
sentencias 1354/2024, de 21 de octubre, y 853/2025, de 28 de mayo, ambas con
citas de múltiples resoluciones precedentes, como la 102/2022, de 7 de febrero
o la 528/2025, de 1 de abril. En las dos sentencias de 2025 se explica el
efecto positivo de la cosa juzgada y su contraposición al efecto negativo de la
misma institución:
«La cosa juzgada material es el efecto
externo que desencadena una resolución judicial firme, que ha alcanzado, por lo
tanto, el estado de cosa juzgada formal (art. 207.3 LEC), sobre los restantes
órganos jurisdiccionales o sobre el mismo tribunal en un procedimiento
distinto, consistente en una vinculación negativa o positiva, ambas reguladas
en el art. 222 LEC. La primera impide un nuevo proceso sobre el mismo objeto ya
juzgado; mientras que, conforme a la segunda, lo resuelto en un primer proceso
debe tenerse en cuenta en el segundo cuando sea un antecedente lógico de lo que
constituye su objeto [...] .
»La cosa juzgada material, en su efecto
negativo o excluyente, exige la plena coincidencia entre los objetos de un
primer proceso resuelto por sentencia firme, con respecto a un proceso ulterior
en el que se invoca su eficacia excluyente; es decir, que se trate de los
mismos sujetos, el mismo petitum (lo que se pide) y la misma causa petendi
(fundamento fáctico y jurídico de lo solicitado) [...]. De darse dichas
identidades, la vigencia del principio non bis in ídem (no dos veces sobre lo
mismo) determinaría la inutilidad e ineficacia del proceso ulterior con
prevalencia de lo resuelto en el primer proceso, o lo que es lo mismo de lo ya
decidido.
»Por el contrario, el efecto positivo o
prejudicial de la cosa juzgada no exige la plena identidad entre los objetos de
los procesos, sino la conexidad entre ellos, siempre que los sujetos sean los
mismos, y lo resuelto en el primer juicio, mediante pronunciamiento firme, sea
parte del objeto del segundo de los promovidos, o, como dice el art. 222.4 LEC,
que "aparezca como antecedente lógico de lo que sea su objeto".
»Puede sostenerse entonces que mientras
que la cosa juzgada negativa se fundamenta en la identidad, la cosa juzgada
positiva en la conexidad; mientras que la primera impide la existencia de un
proceso posterior; la segunda no lo evita, aunque lo condiciona en el sentido
de que el tribunal del segundo juicio queda vinculado por el pronunciamiento
firme de la sentencia dictada en el proceso anterior. En definitiva, se
requiere la existencia de una relación jurídica dependiente o conexa de otra,
ya resuelta por sentencia firme; no, desde luego, idéntica, pues entonces se
desencadenaría el efecto excluyente o negativo de la cosa juzgada.
» Esta sala, en la sentencia del TS nº 150/2021,
de 16 de marzo, con cita de las sentencias del TS nº 117/2015, de 5 de marzo y STS
nº 383/2014, de 7 de julio, cuya doctrina fue ratificada en la ulterior STS nº 488/2021,
de 6 de julio, tiene declarado que:
"[...] la función positiva de la
cosa juzgada consiste en que el tribunal que deba pronunciarse sobre una
determinada relación jurídica que es dependiente de otra ya resuelta ha de
atenerse al contenido de la sentencia allí pronunciada; o lo que es lo mismo,
queda vinculado por aquel juicio anterior sin poder contradecir lo ya decidido.
Es el efecto al que se refiere el artículo 222.4 LEC para el que no se exige
que concurran las tres identidades que integran el efecto negativo o preclusivo
de la cosa juzgada, pues basta con la identidad subjetiva en ambos procesos,
cualquiera que sean las posiciones que se ocupen en cada uno de ellos, y con
que lo que se haya decidido en el primero constituya un antecedente lógico de
lo que sea objeto del posterior [...]. La finalidad perseguida es evitar
pronunciamientos contradictorios incompatibles con el principio de seguridad
jurídica y, en consecuencia, con el derecho a la tutela efectiva cuando se está
ante una sentencia firme que afecte a materias indisolublemente conexas con las
que son objeto de un pleito posterior". [...]
»La STS 194/2014, de 2 de abril, ya se
había pronunciado con anterioridad en el mismo sentido, al proclamar: [...]
»Cuando el art. 222.4 de la LEC se
refiere a que lo resuelto por sentencia firme en un proceso anterior constituya
antecedente lógico del objeto de otro posterior, no se está refiriendo a los
denominados efectos reflejos de una sentencia, ni tampoco a la eficacia
probatoria que puede desencadenar en otro litigio, ni requiere, por supuesto,
la identidad de sus objetos procesales, sino lo que exige es la existencia de
un nexo lógico entre ambos litigios, o dicho con mayor precisión una relación
de conexidad, de estricta o indisoluble dependencia, que imponga la
coordinación y no tolere la contradicción de decisiones.
3.- Las sentencias de esta sala de lo
Social del TS nº 853/2025, de 28 de mayo, y STS nº 528/2025, de 1 de abril,
explican, también con cita de otras más antiguas (sentencias del TS nº 789/2013,
de 30 de diciembre, STS nº 306/2019, de 3 de junio, y STS nº 1218/2023, de 8 de
septiembre) que «[e]l
efecto prejudicial de la cosa juzgada se vincula al fallo, pero también a los
razonamientos de la sentencia cuando constituyan la razón decisoria».
4.- Las mismas sentencias se hacen eco
de la jurisprudencia del TC sobre el art. 222.4, que está expuesta, entre
otras, en la STC 173/2021, de 25 de octubre, cuando explica así la
trascendencia constitucional del efecto vinculante de lo resuelto con carácter
firme en un proceso anterior:
»"Queda de esta forma protegida y
garantizada por el art. 24.1 CE 'la eficacia de la cosa juzgada material, en su
aspecto positivo o prejudicial, impidiendo que los tribunales, en un proceso
seguido entre los mismos sujetos, puedan desconocer o contradecir las
situaciones jurídicas declaradas o reconocidas en una sentencia que haya
adquirido firmeza, efecto que se produce cuando se desconoce lo resuelto en
sentencia firme, en el marco de procesos que examinan cuestiones que guardan
con aquellas un relación de estricta dependencia".
»Ahora bien, este efecto positivo
vinculante de lo resuelto exige además que forme parte del objeto del segundo
proceso una cuestión ya decidida en la sentencia firme anterior, dictada entre
los mismos sujetos, siempre que hubiera podido ser debatida y discutida en su
seno con plena contradicción».
Más recientemente, la STC 31/2025, de 10
de febrero (FJ 2), proclama que:
«La intangibilidad de lo decidido en una
resolución judicial firme no afecta solo al contenido del fallo, sino que
también se proyecta sobre aquellos pronunciamientos que constituyen ratio
decidendi de la resolución, aunque no se trasladen al fallo (STC 15/2006, de
16 de enero, FJ 6) o sobre los que, aun no constituyendo el objeto mismo del
proceso, resultan determinantes para la decisión adoptada (SSTC 62/2010, de 18
de octubre, FJ 5, y STC nº 39/2012, de 29 de marzo, FJ 5)».
5.- El juicio verbal de desahucio por
precario es un juicio plenario en el que la sentencia que le pone fin produce
plenos efectos de cosa juzgada ( sentencias 515/2023, de 18 de abril, y
233/2025, de 12 de febrero). En palabras de esta última:
«Es doctrina de esta sala [...] (iii)
que los presupuestos de este tipo de proceso son: (a) el título que ostenta el
demandante, (b) la identificación del bien poseído en precario y (c) la
insuficiencia o carencia de título del demandado; y (iv) que en él podrán
enjuiciarse las relaciones jurídicas que puedan alegarse como justificación de
la posesión cuya recuperación se pretenda y la existencia de una situación
posesoria que revista las características propias del precario, sin las
limitaciones propias de un proceso sumario en cuanto a los medios de ataque y
defensa, al tratarse de un proceso que, si bien limitado a ese objeto, tiene
carácter plenario, y cuya sentencia produce efectos de cosa juzgada.
»En consecuencia, el juicio de desahucio
por precario es el cauce procesal adecuado para determinar si la demandante
tiene derecho a recuperar la plena posesión de la vivienda litigiosa y para
valorar tanto el título que ostenta sobre ella como la carencia o insuficiencia
del título de los demandados».
6.- La sentencia firme dictada en el
previo proceso de desahucio por precario seguido entre las mismas partes tuvo
como razón decisoria explícita el derecho de retención que el art. 502 CC reconoce
al usufructuario que ha realizado mejoras extraordinarias en la cosa
usufructuada. Nos remitimos a lo expuesto en el fundamento de derecho primero
de esta resolución, apartado 8, que sirve como sustento de algunos contenidos
esenciales que son vinculantes en este nuevo procedimiento. Así: (i) el
usufructuario había recibido la posesión de la vivienda en situación de «total
inhabitabilidad» para el uso que le era propio, que, en el contexto de la
resolución, equivalía a un estado de ruina, entendido en sentido coloquial,
esto es, en el sentido de que resultaba imposible la utilización del inmueble
conforme a su destino y de que, de no haber realizado las obras, su estado
habría conducido a un deterioro mayor solo reversible con un coste muy elevado;
(ii) las obras realizadas por el usufructuario son claramente mejoras
extraordinarias (se enumeran, sin ánimo exhaustivo, la instalación de puertas,
ventanas, escalera, calefacción, sanitarios, etc.); (iii) el derecho económico
que resulta a favor del usufructuario no es el precio de las reparaciones, sino
el aumento del valor que haya tenido la finca por efecto de esas obras
extraordinarias, cuyo importe no había quedado acreditado en el juicio de
desahucio -ya se ha apuntado que el Juzgado inadmitió la reconvención formulada
al respecto-; (iv) pese a esa falta de cuantificación, el aumento del valor de
la finca existía como tal y se apreciaba por la mera comparación entre las
actas notariales de 18 de noviembre de 1997 y de 20 de julio de 2017; (v) la constatación
del aumento de valor del inmueble por efecto de las mejoras extraordinarias
generaba un derecho de retención que constituía un título suficiente para
legitimar la posesión por los usufructuarios del inmueble.
La sentencia recurrida no ha tenido en
cuenta el efecto vinculante de estos pronunciamientos y, al contrario, ha
resuelto en contradicción con ellos en los siguientes aspectos: (i) cuando
niega, a efectos prácticos, la inhabitabilidad del inmueble a la fecha de
entrega de la posesión; (ii) cuando afirma que varios de los conceptos
incluidos en el presupuesto de las obras no integran el concepto de mejoras
extraordinarias, categoría de la que excluye, a título de ejemplo, las puertas
de los armarios empotrados, la pintura, tapar agujeros de las paredes, el
alicatado de los baños y la cocina, la impermeabilización y solera de hormigón,
el pulido y abrillantado, los repasos y la pintura y la placa y horno de la
cocina; (iii) cuando afirma que las reparaciones que se realizan mucho antes de
la finalización del usufructo van perdiendo paulatinamente su valor hasta el
punto de que, al terminar el usufructo, no hay incremento de valor alguno y del
que hubo no se benefició el propietario, por lo que no parece justo que este
tenga que pagar nada, por más que luego parece acabar reconociendo, de forma
ciertamente contradictoria, que podría admitirse un hipotético aumento de valor
de 5.500 euors.
En suma, el litigio se ha resuelto de
espaldas a lo decidido con carácter firme en el desahucio por precario, por lo
que se ha vulnerado el art. 222.4 LEC.
7.- La oposición de los recurridos se
basa en una errónea e interesada interpretación de este motivo del recurso, al
que imputan falazmente utilizar como base argumental la identidad de objeto
entre uno y otro procedimiento, cuando no es ese el planteamiento, pues la sentencia del desahucio por
precario es siempre tratada por los recurrentes como antecedente lógico con
efectos de cosa juzgada positiva, nunca como un procedimiento de igual
contenido que impida un nuevo litigio, y de hecho la norma que se considera
infringida es el apartado cuarto del artículo 222, esto es, la regulación del
efecto positivo -no negativo- de la cosa juzgada.
8. La estimación de este motivo del
recurso por infracción procesal determina, conforme a lo dispuesto en la regla 7.ª de la disposición
final 16.ª 1 LEC, en la redacción aplicable al caso, que proceda dictar nueva
sentencia teniendo en cuenta lo alegado como fundamento del recurso de casación
(sentencias del TS nº 672/2025 y las que cita: STS nº 335/2019, de 25 de junio,
STS nº 123/2019, de 26 de febrero, STS
nº 103/2019, de 19 de febrero, STS nº 554/2018, de 9 de octubre, y STS nº
80/2018, de 14 de febrero)-
E) Recurso de casación. Primer y segundo
motivos.
1.- Planteamiento.
1.- El primer motivo del recurso de
casación se basa en la vulneración de los artículos 1195 y 1196 CC y de la
jurisprudencia que los interpreta, al realizar la sentencia recurrida una
compensación entre deudas o créditos de las partes a pesar de no concurrir los
requisitos exigidos para que proceda dicha compensación.
En su desarrollo, alega que la audiencia
ha compensado el disfrute de la finca con el hipotético crédito correspondiente
al aumento de su valor, sin tener en cuenta el contenido del derecho de
retención ni la ausencia de los requisitos que la jurisprudencia de esta sala
exige para aplicar la compensación. Añade que, aunque en la llamada
compensación judicial no son exigibles todos los requisitos establecidos en el
artículo 1196 CC para la compensación legal, pues no es necesario que las dos
deudas compensables sean líquidas y exigibles al inicio del litigio, sí es
necesaria la concurrencia de créditos y títulos recíprocos y que las partes
sean acreedoras y deudoras por derecho propio ( STS 273/2001, de 26 de marzo, y
STS nº 552/1998, de 8 junio de 1998). Defiende que en este caso los recurrentes
no son deudores de los nudos propietarios, pues disponen de un derecho de
retención reconocido legal y judicialmente y hasta que la parte contraria no
abone el incremento del valor del inmueble por las mejoras extraordinarias no
nacerá a su cargo la obligación de indemnizar por el uso de la finca, por lo
que no se da la exigencia principal de la compensación, esto es, que ambas
partes sean deudoras y acreedoras la una de la otra.
2. El segundo motivo del recurso de
casación, muy relacionado con el anterior, denuncia la vulneración de los
artículos 451.1, 455 y 502 CC en la compensación del incremento de valor de la
cosa usufructuada con los frutos inherentes a la utilización de la misma
cuando, por disposición del artículo 451.1 del Código Civil -párrafo 1º-, tales
frutos pertenecían a los recurrentes. Alega la oposición a la doctrina
reflejada en las sentencias 275/2013, de 30 de abril y 8055/1994, de12 de
diciembre de 1994.
En su desarrollo, los recurrentes
defienden que el derecho de retención les convierte en poseedores de buena fe
que hacen suyos los frutos percibidos y que solo mutaría esa condición con la
firmeza de la eventual sentencia que denegara el derecho del art. 502 o con el
abono efectivo por los propietarios del incremento del valor de la finca a
consecuencia de las mejoras extraordinarias llevadas a cabo sobre la misma.
Añaden que la devolución de los frutos solo está contemplada en el artículo 455
CC (EDL 1889/1) para los poseedores de mala fe, que no es su caso.
3. La parte recurrida se opone a estos
dos motivos del recurso de casación alegando que la sentencia recurrida no ha
aplicado la compensación regulada en los arts. 1195 y 1196, sino la
compensación específica del artículo 502 CC (EDL 1889/1), que faculta al
acreedor para reintegrarse en su crédito con los productos de la cosa,
situación ésta que hace además inaplicables los arts. 451 y 455. Cita en
defensa de su tesis la sentencia de esta sala de 19 de noviembre de 1958.
2.- Decisión de la sala. Resolución
conjunta de los dos motivos. Desestimación.
1.- Debido a la evidente conexión que
presentan ambos motivos, serán resueltos conjuntamente.
2.- Es sabido que el derecho de
retención carece de una regulación sistemática en el CC. Cuenta con menciones
fragmentarias, generalmente poco precisas, en los artículos dedicados a
instituciones muy variadas.
Se menciona, por ejemplo, en la liquidación de los estados posesorios (arts.
453 y 463) vinculados a situaciones de diferente cariz; en el derecho de
accesión -art- 361-; en el usufructo (arts. 494 -retención por el nudo
propietario de los bienes usufructuados en calidad de administrador mientras el
usufructuario no preste la fianza en los casos en que deba darla-, 502 -derecho
de retención del usufructuario hasta reintegrarse con los productos de la finca
usufructuada del crédito eventualmente existente a su favor por el aumento de
valor que haya experimentado dicha finca a consecuencia de las mejoras
extraordinarias realizadas por él- y 522 -derecho de retención del
usufructuario por los desembolsos de que deba ser reintegrado-); en el derecho
de retención del enjambre de abejas ajeno que asiste al propietario del fundo
invadido en determinados casos de pasividad del propietario del enjambre (art.
612); en el arrendamiento de obra en cosa mueble (art. 1600, que faculta a
quien ha ejecutado la obra para «retenerla en prenda» hasta que se te pague);
en el mandato (art. 1730, sobre las cosas objeto del mandato hasta que el
mandante abone la indemnización y reembolsos de los artículos 1728 y 1729); y
en el depósito (art. 1780: el depositario puede «retener en prenda» la cosa
depositada hasta el completo pago de lo que se le deba por razón del depósito).
El derecho de retención es, además,
inherente al contrato de prenda ( art. 1866) e incluso fuera del Código Civil
se regulan derechos de retención como el previsto en el art. 276.1º C.Com sobre
los efectos que el comisionista recibió en consignación o el regulado en el
art. 5.3 de la Ley 40/2002, de 14 de noviembre, reguladora del contrato de
aparcamiento de vehículos.
3.- La jurisprudencia de esta sala se ha
hecho eco desde antiguo de la falta de una regulación sustantiva y sistemática
del derecho de retención. La sentencia del TS nº 446/1987, de 7 de julio,
citando otra más antigua STS de 24 de junio de 1941 razonaba al respecto:
«"que notorio, como es, que por el
Código Civil español no ha sido regulado el derecho de retención como
institución sustantiva, aunque sean numerosas sus aplicaciones en materia civil
(artículos 453, 464, 502, 1.600, 1.730, 1.780, 1.892 entre otros) y en materia
mercantil (artículos 276 , 704 , 843 y 868 , "ad exemplum") se da el
caso, por falta de esa unidad conceptual y méritos de esa dispersión, de que
sean también diversas las consecuencias jurídicas y económicas de ese derecho
que, en unos supuestos, como el contemplado por el artículo 502 del Código
Civil, lleva anejo un derecho de reintegro; en otros, se traduce en una
preferencia o prioridad como en la de los eventos a que aluden los números
cuatro, quinto y séptimo del artículo 1.922 y en algunos, como en los casos a
que se refieren los artículos 276 , 704 y 842 del Código de Comercio, el
privilegio originario, se aproxima, casi hasta la confusión a un derecho de
garantía [...]».
4.- En los últimos años la mayoría de
las sentencias dictadas sobre el derecho de retención se han centrado en
reiterar su exclusión en las situaciones simples de precario ( sentencias del
TS nº 755/5021, de 3 de noviembre, STS nº 123/2018, de 7 de marzo, y STS nº 63/2006,
de 9 de febrero), cuestión que carece aquí de toda relevancia, habida cuenta de
la sentencia firme del pleito precedente.
Pero también se ha estudiado el
contenido del derecho de retención ligado a la liquidación de los estados
posesorios, dando lugar a una doctrina que resulta pertinente para resolver el
recurso de casación porque el segundo motivo trata por igual, de forma
incorrecta, el derecho de retención aplicable a esas situaciones, regulado en
el art. 453, que es la principal norma citada como infringida, y del derecho de
retención del art. 502 que, como ahora se verá, tiene un contenido diferente.
La sentencia del TS nº 876/2024, de 18
de junio, compendia esta doctrina sobre el derecho de retención en los
siguientes términos:
«1.- En los últimos años, la sala ha
conformado un cuerpo de doctrina sobre los derechos del poseedor en relación
con los gastos necesarios y los gastos útiles en la cosa poseída y la exigencia
de la buena fe y las situaciones de precario a los efectos de obtener el
reembolso de tales gastos, o correlativamente un derecho de retención sobre el
inmueble mientras no le sean reembolsados, constituido básicamente por las
sentencias del TS nº 123/2018, de 7 de marzo, STS nº 586/2019, de 6 de
noviembre, STS nº 614/2020, de 17 de noviembre, y STS nº 755/2021,
de 3 de noviembre, que su vez, compendian y sistematizan otras muchas
anteriores.
»2.- En tales resoluciones hemos
declarado que de la regulación contenida en los arts. 453 y 454 CC se
desprenden con claridad las siguientes reglas: (i) todo poseedor (aún sin ser
de buena fe) tiene derecho al abono de los gastos necesarios; (ii) sólo el
poseedor de buena fe tiene derecho al abono de los gastos útiles o del aumento
de valor que por ellos haya adquirido la cosa (opción que corresponde a quien
haya vencido en la posesión); (iii) el poseedor de buena fe también tiene
derecho en ambos casos (gastos necesarios y útiles) a la retención de la cosa
en garantía del derecho de abono; (iv) ningún poseedor, aunque sea de buena fe,
puede exigir el abono de los gastos suntuarios (de puro lujo o recreo).
Asimismo, la jurisprudencia de esta sala
ha interpretado el art. 453 CC tanto en lo que se refiere a la distinción de
los conceptos de gastos necesarios y gastos útiles, como en relación con el
concepto de buena fe en las situaciones de tenencia de las fincas en precario,
a los efectos de determinar la existencia o no de un derecho de retención de la
finca, como título enervante de una eventual acción de desahucio.
»3.- En particular, la sala ha abordado
en distintos precedentes la cuestión de si el precarista puede tener la
condición de poseedor de buena fe a los efectos de obtener el reembolso de los
gastos útiles hechos en la finca durante el tiempo de duración del precario,
cuestión que ha resuelto en sentido negativo, con la consecuencia de haber
negado correlativamente el derecho de retención para oponerse al desahucio.
[...]
»El derecho de retención actúa como
garantía del derecho de abono de los gastos o mejoras hechas en la finca, de
forma que aquel derecho sólo existirá cuando exista este derecho de reembolso,
pues como derecho de garantía es accesorio de la obligación a cuyo
aseguramiento sirve (aunque no siempre que existe el derecho de reembolso se
reconoce también el de retención, ex art. 453-I CC».
5.- En lo que aquí interesa, existe una
diferencia esencial entre el derecho de retención previsto en el art. 453 CC («[l]os
gastos necesarios se abonan a todo poseedor; pero sólo el de buena fe podrá
retener la cosa hasta que se le satisfagan») y del art. 502 CC. Esta norma, privativa del usufructo,
establece el régimen de las reparaciones extraordinarias realizadas en la cosa
usufructuada, que pueden ser realizadas por el nudo propietario, en cuyo caso
tendrá derecho a exigir al usufructuario el interés legal de la cantidad
invertida en ellas mientras dure el usufructo, o por el usufructuario, cuando
fuesen indispensables para la subsistencia de la cosa; de ser así, el
usufructuario tendrá derecho a exigir del propietario, «al concluir el
usufructo, el aumento de valor que tuviese la finca por efecto de las mismas
obras». Si el propietario se negare a satisfacer dicho importe, tendrá el
usufructuario derecho a retener la cosa «hasta reintegrarse con sus productos».
El derecho de retención del
usufructuario tiene, pues, en el art. 502 CC un límite explícito que no se
menciona en el art. 453: la satisfacción del crédito del usufructuario con
cargo a los frutos de la cosa usufructuada, de modo que, alcanzado ese límite,
cesará la operatividad del derecho de retención. De ahí que doctrinalmente se
haya defendido una caracterización singular de este derecho de retención
cercano al derecho de garantía sobre los productos de la cosa o al derecho de
anticresis del art. 1881 CC, aun sin realización del valor de dichos productos.
Al margen de estas aportaciones
doctrinales, esta caracterización singular tiene sentido en el contexto propio
del usufructo, cuyo régimen estructural, como derecho real que confiere el
derecho «a disfrutar los bienes ajenos con la obligación de conservar su forma
y sustancia» (art. 467) y a percibir los frutos de la cosa (art. 469) permite
explicar por qué en esta concreta modalidad del derecho de retención el
usufructuario solo puede mantener el ejercicio de ese derecho hasta que, con
los frutos que perciba, quede saldado su crédito por el mayor valor de la cosa
usufructuada.
No se discute -ambas partes lo asumen-
que la extinción del usufructo, que se produjo en este caso con el
fallecimiento del usufructuario original el 6 de agosto de 2016, supuso como
consecuencia inmediata que los usufructuarios dejaran de ser tales. El art.
513.1 establece como causa de extinción del usufructo vitalicio, como era el
caso, la muerte del usufructuario y la jurisprudencia sobre el particular
(sentencia de 19 de noviembre de 1958 - ROJ: STS 100/1958- que, aunque referida
al usufructo sometido a plazo es extrapolable al resto de las causas de
extinción) considera que esa extinción se produce «por ministerio de la Ley
[...] y el nudo propietario recobra la integridad de su dominio sobre la cosa»,
a lo que añade:
«[...] y si durante la subsistencia del
usufructo el usufructuario, conforme a los artículos 431 y 432 de dicho Código,
rectamente interpretados, ha de entenderse que aunque ostente la legítima
posesión de su derecho posee la cosa, en cuanto al dominio de la misma, en
nombre del dueño o nudo propietario, al extinguirse el usufructo, su posesión
sobre la cosa, no existiendo términos hábiles para aquella distinción, resulta
desprovista de todo título propio y sólo es concebible en nombre del dueño, por
lo que la tenencia material en que se mantenga no afecta ni a la estimación del
usufructo ni a la consiguiente adquisición del pleno dominio y posesión real de
la cosa por parte del nudo propietario».
Todo ello implica que los usufructuarios
dejaron de ser tales y pasaron a ser poseedores legitimados por el derecho de
retención del art. 502, de modo que su derecho a percibir los frutos, que antes
les habilitaba el contenido propio del derecho de usufructo, transmutó cuando
este se extinguió. A partir de entonces, pasó a ser una facultad de
reintegrarse con los productos de la cosa del eventual crédito existente a su
favor por el mayor valor alcanzado por la finca a causa de las mejoras
extraordinarias sufragadas por ellos. Facultad que, en la clara dicción del
art. 502, no es ilimitada en el tiempo ni depende estrictamente de que el
propietario abone de forma voluntaria o forzosa lo que debe, sino únicamente de
que el usufructuario logre la satisfacción de ese crédito con el reintegro de
los productos de la cosa.
De ahí que la sentencia de esta sala de
lo Civil del TS de 19 de noviembre de 1958 (ROJ: STS 100/1958) calificara el
derecho de retención del art. 502 como un derecho de garantía que cesa en el
momento en que el crédito del usufructuario queda saldado con los productos de
la cosa:
«[...] y si bien es cierto que al
usufructuario asiste, según el citado artículo 522, en relación con el 502 del
repetido Código, el derecho de retención de la cosa hasta reintegrarse de los
desembolsos que le fueren de abono, ello ni impide la extinción del usufructo,
sino que la supone, ni tiene otro alcance, dados los términos del citado
artículo 502, que un derecho de garantía, que cesa en el momento mismo en que
queden reintegrados aquellos desembolsos, bien con los productos de la cosa,
bien mediante su pago por el propietario a un tercero, dando lugar en todo
caso, mientras persista, a una posesión en nombre del dueño; pero de cualquier
modo, y sea cual fuere su alcance, es evidente que tratándose de un supuesto
excepcional, en forma alguna podría aceptarse como principio o regla general
que desvirtúe por su sola eventualidad los efectos morales de la extinción del
usufructo»
6.- Una cosa es que el derecho de
ocupación, mientras está legitimado por la pervivencia del crédito de quien fue
usufructuario, procure a los ocupantes una posesión «en nombre del dueño» y
otra muy distinta que tengan derecho a seguir percibiendo incondicionalmente
los frutos de la cosa como si el usufructo extinguido permaneciera en vigor. Por ello, no es correcta la tesis de
los recurrentes cuando defienden que el derecho de ocupación les daba derecho a
percibir, sin límite alguno, los frutos del inmueble con la expresa
habilitación legal del art. 453 CC, pues no es esa la norma aplicable, sino el
art. 502 CC.
7.- La base fáctica, inamovible para
esta sala, que resulta del resumen de antecedentes expuesto en el fundamento de
derecho primero de esta resolución y de la desestimación del primer motivo de
infracción procesal, y la postura procesal de las partes, obliga a partir de
las siguientes premisas:
i) la sentencia de primera instancia
cifró el crédito de los usufructuarios por el mayor valor del inmueble
imputable a las mejoras extraordinarias, con las minoraciones pertinentes en
8.382,02 €;
ii) dicha sentencia también cuantificó
el valor de uso de la vivienda, equivalente al valor de sus frutos mientras era
usufructuada o poseída, en 750 €, en un pronunciamiento que no fue discutido
por ninguna de las partes en la segunda instancia;
iii) los demandados fundaron su recurso
de apelación en un único argumento: la admisión indebida de una cuestión que
consideraron nueva, cual era el cómputo en la determinación de su crédito de la
indemnización que percibieron de la aseguradora Ocaso -lo que el Juzgado
justificó con la doctrina que proscribe el enriquecimiento injusto-, por lo que
la única pretensión del recurso de apelación fue que dicho crédito se
incrementara por efecto de la exclusión de dicha indemnización hasta 48.382,02
€. No discutieron que existía un crédito a favor de los propietarios por valor
de 3.550 € por el coste de reposición de la distribución original del inmueble.
iv) la Audiencia consideró que el mayor
valor del inmueble podría establecerse a lo sumo -y en términos un tanto
hipotéticos- en 5.500 €, de modo que, atendido el valor de los frutos (750 €
por 47 meses de ocupación), los antiguos usufructuarios ya habían cobrado su
crédito sobradamente;
v) la Audiencia también apuntó,
utilizando un tiempo verbal condicional, que la cuestión de la indemnización
abonada por el seguro «podría suponer una alteración de la causa de pedir», sin
llegar a afirmarlo rotundamente. En todo caso, desestimó el recurso de
apelación, de modo que los demandados tenían gravamen suficiente -en el peor de
los casos, un gravamen eventual- para impugnar la decisión de la Audiencia de
convertir en irrelevante su único argumento del recurso de apelación; debieron
hacerlo a través del oportuno recurso extraordinario por infracción procesal, y
no lo han hecho, pues se han limitado a supeditar el análisis de esa cuestión a
la eventual asunción de la instancia que realizaría esta sala si estimara el
recurso de casación, lo que no sucederá porque el recurso no puede prosperar.
vi) Que el valor del crédito favorable a
los usufructuarios fijado en la sentencia de primera instancia (8.382,02 €)
estaría igualmente reintegrado por los frutos producidos por el inmueble desde
el 6 de agosto de 2016.
8.- Así las cosas, los dos primeros
motivos del recurso de casación deben ser desestimados. En primer lugar, porque no es aplicable
el derecho de retención genérico del art. 453 CC, de modo que esta norma no ha
podido ser infringida; en segundo lugar, porque los dos motivos se construyen
de espaldas a la especialidad del derecho de retención del art. 502 CC y a la
extinción de dicho derecho cuando el crédito de quienes fueran usufructuarios
quedó saldado con la percepción de los frutos de la cosa, a razón de esa suma
no discutida de 750 € mensuales.
Piénsese que el crédito fijado en
primera instancia se habría saldado en algo más de once meses, a contar desde
el 6 de agosto de 2016, y el más reducido tomado en consideración teórica por
la Audiencia en poco más de siete meses, por lo que no hay duda de que el
derecho de retención ha quedado extinguido.
En tercer lugar, aunque la Audiencia
emplea en algunos pasajes el término «compensar» o «compensación», no lo hace
en el sentido estricto que esta institución tiene en los arts. 1195 y 1196 CC,
que no son objeto de aplicación ni pueden, por tanto, haber sido vulnerados,
sino en el propio del art. 502 CC, esto es, en referencia al momento en el que
los antiguos usufructuarios quedaron saldados de su crédito con el reintegro de
los productos del inmueble.
9.- Por todo ello, el resultado práctico
del dictado de la nueva sentencia al que nos conduce la estimación del segundo
motivo de infracción procesal,
será, tras la desestimación de estos dos motivos de casación, similar al de la
sentencia recurrida, aunque la fundamentación jurídica difiera en algunos
puntos. Tampoco cambiaría con la cuantificación del crédito fijada por el
Juzgado de Primera Instancia y, no impugnado debidamente el cómputo de la
indemnización abonada por la aseguradora, el recurso de apelación carecería, en
este momento, de cualquier efecto útil.
F) Recurso de casación. Tercer motivo.
1. Planteamiento.
1.- El tercer motivo, que se formula con
carácter subsidiario para el caso de desestimación de los motivos anteriores,
se basa en la vulneración del artículo 1968.2º del Código Civil y del principio
de seguridad jurídica reconocido en el artículo 9.3 CE que se produce cuando la
Audiencia compensa deudas o créditos entre ambas partes, a pesar de haber
transcurrido en muchas de ellas el plazo de un año de prescripción. Cita como
doctrina jurisprudencial infringida la que resulta de las sentencias 589/2015,
de 14 de diciembre de 2015 y 454/2016, de 4 de julio de 2016.
2.- En su desarrollo, alega que el
disfrute de la finca tras la extinción del usufructo daría lugar a una
obligación indemnizatoria de naturaleza extracontractual, que cuenta con un
plazo de prescripción de un año ( art. 1968 CC), y no un derecho personal de
los propietarios sometido al plazo general de cinco años del art. 1964 CC.
Concluye, por ello, que cualquier suma a su cargo por los frutos devengados
antes del último año estaría prescrita.
2. Decisión de la sala de lo Civil del
Tribunal Supremo.
1.- Ya hemos explicado que la sentencia
recurrida no aplica la compensación de deudas o créditos entre las partes en el
sentido de los artículos 1195 y 1196. Estamos, además, ante una cuestión
enteramente novedosa que no fue planteada ni en la contestación a la demanda ni
en la reconvención, ni en el recurso de apelación -en el que, de haberse
introducido, sería igualmente una cuestión nueva- por lo que no puede ser
admitida en casación.
2.- En efecto, este motivo debe
desestimarse, porque se trata de un planteamiento novedoso por no haberse
formulado oportuna y explícitamente en el momento procesal adecuado, por lo que
su examen implicaría vulnera los principios de preclusión, contradicción y
defensa, estos dos últimos con valor de garantías constitucionales
fundamentales ( art. 24.1 CE).
Como hemos indicado en múltiples
resoluciones, la jurisprudencia de esta Sala veda plantear cuestiones per
saltum, que son aquellas que pudiendo plantearse, no lo fueron, en la primera
instancia y/o en la apelación (Sentencias del TS nº 614/2011, de 17 noviembre; STS
nº 632/2012, de 29 octubre; STS nº 32/2013, de 6 de febrero; STS nº 268/2013,
de 22 de abril, entre otras muchas). No pueden plantearse en casación
cuestiones que no hayan sido formuladas en la apelación, «pues el recurso de
casación permite denunciar las infracciones legales en que el tribunal de
apelación haya podido incurrir al resolver las cuestiones planteadas en el
recurso de apelación, pero no permite hacer un nuevo planteamiento de la
cuestión litigiosa, distinta a la que se sometió a la consideración del
tribunal de apelación» (Sentencia del Pleno 772/2014, de 12 de enero de 2015).
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