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domingo, 9 de agosto de 2020

El contrato de vitalicio o contrato de alimentos vitalicios tiene por objeto proporcionar vivienda, manutención y asistencia de todo tipo a una persona durante su vida, pero las partes pueden pactar las prestaciones que tengan por conveniente

 A) La sentencia del Tribunal Supremo (Civil), sec. 1ª, de 14 de marzo de 2019, nº 159/2019, rec. 2608/2016, establece que en un contrato de compraventa de inmueble con reserva de usufructo celebrado entre padres e hijos en que subyace un contrato de vitalicio, por el cual el precio obtenido por la venta debía destinarse a atender las necesidades de los padres vendedores, existe aleatoriedad por la indeterminación tanto sobre el momento de extinción del contrato como sobre la cuantía de los alimentos. 

El contrato de vitalicio se diferencia del de renta vitalicia, teniendo por objeto proporcionar vivienda, manutención y asistencia de todo tipo a una persona durante su vida y pudiendo pactar las partes las prestaciones libremente.

Por el contrato de alimentos, se viene a regular lo que la doctrina denominaba "el contrato de vitalicio", "contrato de pensión alimenticia" o "contrato de alimentos vitalicios", cuyo objeto del contrato es proporcionar vivienda, manutención y asistencia de todo tipo a una persona durante su vida, pero las partes pueden pactar las prestaciones que tengan por conveniente, aunque debe tener un contenido mínimo, al menos el del artículo 142 del Código Civil que establece que "se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica".

B) El artículo 1790 y ss. del Código Civil fueron derogados por la Ley de Contrato de Seguro y, posteriormente, creados de nuevo por la Ley de Protección Patrimonial de las Personas con Discapacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la normativa tributaria con esta finalidad.

El artículo 1790 del Código Civil establece que: "Por el contrato aleatorio, una de las partes, o ambas recíprocamente, se obligan a dar o hacer alguna cosa en equivalencia de lo que la otra parte ha de dar o hacer para el caso de un acontecimiento incierto, o que ha de ocurrir en tiempo indeterminado".

El artículo 1791 del Código Civil establece que: "Por el contrato de alimentos una de las partes se obliga a proporcionar vivienda, manutención y asistencia de todo tipo a una persona durante su vida, a cambio de la transmisión de un capital en cualquier clase de bienes y derechos".

C) Bajo esta rúbrica del contrato de alimentos se viene a regular lo que la doctrina denominaba "el contrato de vitalicio", "contrato de pensión alimenticia" o "contrato de alimentos vitalicios". Se trata de un contrato autónomo que se diferencia claramente del contrato de renta vitalicia ya que en el contrato de alimentos la prestación alimenticia es indeterminada en su cuantía, puesto que está en función de las necesidades del alimentista, mientras que en la renta vitalicia la pensión o renta consiste en una cantidad fija y determinada en dinero o en especie; y, además de otras diferencias, el contrato de alimentos tiene por objeto tanto prestaciones de dar como de hacer, mientras el objeto de la renta vitalicia es una prestación de dar ( sentencia de esta sala n.º 646/2003, de 1 de julio ). Se trata de un contrato aleatorio porque existe riesgo o causa de la indeterminación del momento en que ha de extinguirse el contrato y de la cuantía de los alimentos. El objeto del contrato es proporcionar vivienda, manutención y asistencia de todo tipo a una persona durante su vida, pero las partes pueden pactar las prestaciones que tengan por conveniente, aunque debe tener un contenido mínimo, al menos el del artículo 142 CC que establece que "se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica".

D) La sentencia de la Audiencia Provincial de Salamanca, sec. 1ª, de 30 de enero de 2019, nº 25/2019, rec. 256/2018, concluye que procede la nulidad del contrato de vitalicio cuando falta la causa del mismo. Y ello sucede cuando el cedente no adquiere con la cesión derecho alguno que no tuviera previa y legalmente salvaguardado con cargo a sus hijos, esto es, poder exigirles alimentos en una eventual situación futura de necesidad.

El contrato sobre el que solicita la declaración de nulidad debe calificarse de contrato de vitalicio, que es aquel en el que una persona cede a otra determinados bienes o derechos a cambio del compromiso que contrae la que los recibe de dar a la primera alimentos y asistencia durante toda su vida. Se trata de una figura contractual que era atípica, admitida por la doctrina científica y la jurisprudencia. Así se declaró que al amparo del principio de libertad contractual las partes pueden pactar que una de ellas se obligue con respecto a la otra a prestar alimentos en la extensión, amplitud y término que convengan mediante la contraprestación que fijen, dando lugar al denominado vitalicio que estaba configurado como un contrato autónomo, innominado y atípico, susceptible de las variedades propias de su naturaleza y finalidad, regido por las cláusulas, pactos y condiciones que se incorporen al mismo, en cuanto no sean contrarias a las leyes, a la moral o al orden público (Sentencia del TS de 28 de mayo de 1.965, Sentencias del TS de 12 de noviembre de 1.973 y 1 de julio de 1.982. Esta última sentencia lo califica de contrato atípico y lo apoya en el principio de autonomía de la voluntad privada delartículo1.255 del Código Civil).

Actualmente este contrato es un contrato típico con sustantividad propia, ya que ha sido introducido en los artículos 1.791 a 1797 del Código Civil por la Ley de Protección Patrimonial de las Personas con Discapacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la normativa tributaria con esta finalidad.

E) La sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra, sec. 1ª, de 5 de junio de 2017, nº 285/2017, rec. 267/2017, determina que estamos ante un contrato de renta vitalicia y no ante un contrato de vitalicio cuando se está ante un contrato gratuito, aparentemente con causa de mera liberalidad al que no le son aplicables las causas de modificación y extinción de la prestación de alimentos.

El art. 1.791 del Código Civil define el contrato de alimentos como aquél por el que " ...una de las partes se obliga a proporcionar vivienda, manutención y asistencia de todo tipo a una persona durante su vida, a cambio de la transmisión de un capital en cualquier clase de bienes y derechos".

1º) Este contrato fue tipificado por primera vez en el Código Civil por la Ley 41/2003, de Protección Patrimonial de las personas con discapacidad, si bien dicho negocio venía siendo frecuentemente utilizado en la práctica bajo la denominación de contrato de "vitalicio ". Previamente y con tal denominación, la Ley 4/1995, de 24 de mayo, de derecho civil de Galicia, ya contemplaba esta categoría contractual, a la que la vigente Ley 2/2006, de 14 de junio, dedica los arts. 147 y ss., proclamando que "Por  el contrato de vitalicio una o varias personas se obligan respecto a otra u otras a prestar alimentos, en los términos que convengan, a cambio de la cesión de determinados bienes o derechos”.

Antes de su consagración legal, el contrato de vitalicio o cesión de bienes a cambio de alimentos era considerado por la jurisprudencia y doctrina mayoritarias como una modalidad contractual autónoma e independiente de la renta vitalicia (SSTS de 27 de noviembre de 2001 y 9 de julio de 2002). Solía caracterizarse como un contrato consensual, bilateral, oneroso y aleatorio, y, como tal contrato bilateral y generador de obligaciones recíprocas para ambas partes contratantes, se consideraba admisible su resolución en caso de incumplimiento, al contrario de lo que prevé el art. 1805 CC para el contrato de renta vitalicia (cfr. SSTS 2 de julio de 1992, 17 de julio de 1998 y 1 de julio de 2003).

La lectura de los arts. 1.791 CC y 147 Ley 2/2016 revela que esta naturaleza se mantiene en la regulación legal, es decir, el legislador ha configurado el contrato de alimentos , de acuerdo con los caracteres anteriormente atribuidos al contrato de vitalicio , como un contrato consensual y sinalagmático, oneroso y aleatorio. El carácter sinalagmático resulta indiscutible a la vista de la definición contenida en ambos preceptos ("... una de las partes se obliga a proporcionar... a cambio de un capital... "), reconociendo además los arts. 1.795 CC y 153 Ley 2/2006 la facultad del alimentista o cedente de resolver dicho contrato en caso de incumplimiento del alimentante o cesionario.

2º) Pues bien, el examen de la prueba practicada demuestra que no nos encontramos ante un contrato de alimentos o de vitalicio, toda vez que no consta que Dña. Lorenza transmitiera bienes o derechos de ninguna clase a su hijo D. Luis Manuel, de modo que la fijación de una renta aparezca como contraprestación. Es más, no solo no se contiene en el contrato la más mínima mención a tal circunstancia, sino que, aunque la demandante insistió en el juicio en que el contrato respondía a una especie de compensación por los bienes que había transmitido a sus hijos (en particular a D. Fructuoso y D. Luis Manuel), lo cierto es que este último ha negado categóricamente que le hubiera sido adjudicado ni bienes ni derechos ni capital de ninguna clase.

Estaríamos, así, ante un contrato aleatorio, unilateral, cuya causa radicaría en los deberes de solidaridad familiar, a los que, por cierto, se alude en el texto del documento.

3º) En cualquier caso, la resolución contractual propugnada es inviable por varias razones:

a) La primera, de carácter formal, estriba en que se trata de un contrato a cuya celebración concurrieron, de una parte y como beneficiaria, Dña. Lorenza, y, por otra parte, como obligados al pago de una renta vitalicia total de 900 euros, sus tres hijos, D. Fructuoso, D. Heraclio y D. Luis Manuel, aunque luego a efectos internos dicha renta se distribuyera por iguales terceras partes; por consiguientemente, la pretensión de resolución contractual debería haberse formulado frente a todos los intervinientes en el contrato y no solo frente a Dña. Lorenza, en lo que constituye una claro supuesto de falta de litisconsorcio pasivo necesario.

En efecto, la Sentencia del TS 479/2011, de 11 de junio, trae a colación la jurisprudencia expuesta en la STS 670/2010, de 4 noviembre, que declara que: "para que concurra el litisconsorcio necesario, a tenor del artículo 12 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, es preciso que por razón de lo que sea objeto del juicio la tutela jurisdiccional solicitada sólo pueda hacerse efectiva frente a varios sujetos conjuntamente considerados, ya que, como sostiene la sentencia 266/2010, de 4 mayo , con cita de las de 16 diciembre 1986 , 28 diciembre 1998 y 28 junio 2006 «se exigen conjuntamente como requisitos para la existencia de la figura del litisconsorcio pasivo necesario, los siguientes: a) Nexo común entre presentes y ausentes que configura una comunidad de riesgo procesal; b) Que ese nexo, sea inescindible, homogéneo y paritario; y c) Que el ausente del proceso no haya prestado aquiescencia a la pretensión del actor»; y añade lo siguiente: "la característica del litisconsorcio pasivo necesario, que provoca la extensión de la cosa juzgada, es que se trate de la misma relación jurídico- material sobre la que se produce la declaración, pues, si no es así, si los efectos a terceros se producen con carácter reflejo, por una simple conexión o porque la relación material sobre la que se produce la declaración le afecta simplemente con carácter prejudicial, entonces la intervención del tercero en el litigio podrá ser voluntaria o adhesiva, mas no forzosa...»."

En el supuesto de autos nos hallamos ante la misma relación jurídico-material, en tanto que derivada de las obligaciones asumidas en un único contrato, que establece una renta global, de manera que, la resolución contractual en relación a uno de los obligados afectaría ineludiblemente a los otros dos (cfr. art. 148.2 Ley 2/2006).

b) En segundo lugar, porque, si estuviéramos ante un contrato de alimentos o de vitalicio, el obligado carece de la facultad de resolver el contrato. De hecho, el art. 1.793 CC dispone que la extensión y calidad de la prestación de alimentos " serán las que resulten del contrato y, a falta de pacto en contrario, no dependerá de las vicisitudes del caudal y necesidades del obligado ni del caudal de quien los recibe ", mientras el art. 1.704 CC añade que la obligación de dar alimentos " no cesará por las causas a que se refiere el artículo 152, salvo la prevista en el apartado primero " (muerte del alimentista); y en el caso del vitalicio , la Ley gallega no autoriza al cesionario a resolver la relación contractual, sino a desistir (art. 153).

c) Y lo mismo sucede si se entiende que estamos ante un contrato unilateral, no sinalagmático, al que no es de aplicación ni los arts., 142 y ss., ni los arts. 1101 y ss., todos del Código Civil, sino los pactos alcanzados entre las partes.

d) Finalmente, aun prescindiendo de las anteriores consideraciones, el demandado reconviniente no ha acreditado la realidad de los hechos en que fundamenta su petición, esto es, que se haya producido una modificación sustancial de las circunstancias, concretada en un empeoramiento relevante de su situación económica, puesto que todo el esfuerzo probatorio se ha orientado a demostrar su apartamiento de los negocios del grupo familiar, sin aportar elementos objetivos tales como la declaración del IRPF de los últimos años, informes del Registro de la Propiedad, del Catastro o del Registro de Vehículos, solicitud de información al Punto Neutro Judicial que permitiera conocer datos bancarios, informes de vida laboral de la Tesorería General de la Seguridad Social..., que posibilitaran la comprobación de las consecuencias patrimoniales derivadas de tales afirmaciones.

F) La sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, sec. 14ª, de 24 de mayo de 2017, nº 168/2017, rec. 20/2017, declara los requisitos de un contrato de vitalicio.

1º) El contrato que nos ocupa podía calificarse de contrato de vitalicio , que reconoce nuestra jurisprudencia en la Sentencia del T.S. de 12-6-2008 que declara: "Esta modalidad contractual ha sido jurisprudencialmente delimitada frente a la donación modal u onerosa y frente a la renta vitalicia como un contrato autónomo, innominado y atípico, susceptible de las variedades propias de su naturaleza y finalidad, regido por las cláusulas, pactos y condiciones incorporadas al mismo en cuanto no sean contrarias a la ley, la moral y el orden público "artículo 1255 del Código Civil", y al que son aplicables las normas generales de las obligaciones - Sentencias de 1 de julio de 2003 y 25 de febrero de 2007, entre otras-. La Sentencia del TS de 1 de septiembre de 2006 precisa que es ésta una modalidad de contrato que participa en parte del carácter del de renta vitalicia , aunque no es enteramente el mismo, por el que se hace cesión de bienes a cambio de la obligación de dar asistencia y cuidados durante toda la vida del o de los cedentes; caracterización en la que fácilmente tiene cabida el contrato celebrado entre Coloma y las demandantes, en el que la primera cedía a las segundas la nuda propiedad de las fincas detalladas, y, en contraprestación a esta cesión, éstas quedaban obligadas frente a aquélla a prestar alimentos en la extensión determinada en los artículos 142 y siguientes del Código Civil, transmitiéndose dicha obligación a los respectivos herederos de las cesionarias, al fallecimiento de las mismas, y estando prohibida la constitución de gravámenes o hipotecas sobre los bienes adquiridos, así como su enajenación, en vida de la cedente, sin su consentimiento expreso.

Esta calificación de la relación negocial convive pacíficamente con el resultado de la interpretación de los términos del contrato en punto a la extensión y contenido de la obligación de alimentos que, partiendo de su carácter pacticio, lleva al tribunal de instancia a desconectarla del presupuesto de la necesidad del alimentista. Ni esta conclusión, ni la alcanzada en orden al contenido de la obligación, es contraria a la lógica: las circunstancias que, a modo de hechos reveladores de la voluntad de los contratantes, se reseñan en la sentencia recurrida, entre las que destaca que la cedente tenía garantizado cierto sustento, habida cuenta de su condición de religiosa y de que se reservaba el usufructo de los bienes cuya nuda propiedad se cedía, permiten razonablemente colegir que las cesionarias eran conscientes de que la cedente no iba a necesitar en sentido estricto de alimentos, y de ahí, también como lógica consecuencia, que la prestación alimentaria no se hallase vinculada a la necesidad de la alimentista, pues de ser así, dadas las circunstancias reseñadas, quedaría desprovista de contenido. Es, por tanto, razonable entender, como lo ha hecho la Audiencia, que la referencia a los artículos 142 y siguientes del Código Civil  servía para integrar en la relación pacticia el contenido de la prestación en que la obligación consistía, comprensiva de los conceptos indicados en el aludido artículo 142, pero desvinculado del presupuesto de la necesidad del alimentista. De manera que si la calificación contractual no es el resultado de un proceso ilógico, ni la interpretación de los términos del contrato se revela irrazonable, ni, en fin, demuestra ser producto de un patente error, no es dable acoger la denuncia casacional de estos dos primeros motivos del recurso, al faltar los presupuestos que autorizan la revisión en esta sede de la calificación y la hermenéusis de los contratos; como tampoco cabe aceptar que se hayan infringido los artículos invocados sobre los que aquélla se sustenta, y, en especial, el que regula la distribución de la carga de la prueba, cuya regla sólo se concibe infringida desde la particular calificación y exégesis que propugna la parte recurrente."

Criterio que mantiene la Sentencia del T.S. de 25-5-2009 que lo caracteriza como:  "La sentencia ahora impugnada entiende que el contrato celebrado entre los señores Beatriz Sabina Ezequias José Francisco Laura Olga Prudencio y sus hijos era atípico y semejante al contrato denominado "vitalicio " aceptado por la jurisprudencia de esta Sala en diversas sentencias. De acuerdo con dicho contrato, una de las partes entrega a la otra alimentos o prestaciones de cualquier tipo que convengan, normalmente a cambio de la entrega de bienes, de manera que en dicho contrato "(...) la causa, como contrapunto de la entrega de unos bienes inmuebles transmitidos en propiedad (art. 1802 del Código), es decir, aquello en consideración a lo que se hace la entrega a los efectos del art. 1274, es la prestación de los servicios, cuidados y atenciones, durante todo el tiempo de la «vida contemplada», no pudiéndose hablar de precio porque éste no existe ni tiene por qué existir(...)" ( STS de 1 julio 1982). La sentencia del Tribunal Supremo de 12 junio 2008, con cita de la STS de 1 septiembre 2006, dice que este contrato participa en parte del de renta vitalicia , aunque no coincide y en él "(...) se hace cesión de bienes a cambio de la obligación de dar asistencia y cuidados durante toda la vida del o de los cedentes" (asimismo, SSTS de 1 julio 2003 y 9 julio 2002).

En España el vitalicio es un contrato atípico, por bien que en la ley catalana 22/2000, de 29 diciembre, de acogida de personas mayores, se regula un contrato de acogida, de tipo oneroso, bilateral y formal, en cuya virtud se establece una relación de convivencia entre acogidos/do y acogedor, que tiene como finalidad procurar la subsistencia y la asistencia de los acogidos, a cambio de un precio, que puede consistir en la transmisión de determinados bienes propiedad de los acogidos. En el derecho español, al ser un contrato atípico, rige la libertad de pactos, de modo que "justo porque es un contrato innominado (el término, como se dijo, es genérico), sin tipificación específica, habrá de regirse por los pactos, cláusulas y condiciones que las partes establezcan, con la cobertura legal, común a toda clase de vitalicio como contrato oneroso que elCódigo regula, es decir la renta vitalicia , cuyas normas, establecidas en los arts. 1802 a 1808, ambos inclusive, habrán de ser aplicables, analógicamente, atemperadas a las especialidades de cada supuesto" (STS de 1 julio 1982, así como las anteriormente citadas en esta sentencia).

2º) Dados estos precedentes, debemos examinar si el contrato cuya calificación ahora se discute, responde a los rasgos generales recogidos en las sentencias que lo admiten.

1º Se trata de un contrato en el que ambos propietarios, los padres de los ahora litigantes, disponen en favor de sus hijos, de una finca propiedad ganancial de ambos.

2º Los cuatro hijos asumen dos tipos de obligaciones: a) patrimoniales, consistentes en el pago de una renta fija que podrá ser aumentada si aumentan las necesidades, (cláusulas segunda, quinta y sexta), con la correspondiente garantía consistente en la limitación de la facultad de disponer (cláusula cuarta), y b) personales, consistentes en la convivencia en la casa familiar y una asistencia especial en el caso de enfermedad, estableciéndose de forma muy concreta los turnos y sustituciones (cláusula tercera), con la correspondiente sanción para el caso del incumplimiento de dichas obligaciones. Finalmente, se establece también la representación en relación con la administración de las rentas de los padres.

Las estipulaciones pactadas pueden identificarse con el descrito contrato de vitalicio , ya que hay transmisión de bienes de presente y asunción de obligaciones como consecuencia de dicha transmisión.

Por ello debe declararse que la calificación del contrato concluido por las partes ahora litigantes debe ser considerada como correcta, como además la entendieron las propias partes contratantes que lo cumplieron a lo largo de más de veinte años, a partir de la firma del citado contrato en 1976 y hasta la muerte de Dª Olga en 1996. Además, la regla contenida en el artículo 1284 CC a favor de la interpretación más favorable a la eficacia de los contratos (repetida en el artículo 5. 106 de los Principios del Derecho Europeo de contratos (PECL) y del artículo II.-8.106 del Draft Common frame of reference (DCFR)), lleva a esta Sala también a declarar correcta la calificación efectuada por la Sala de instancia en la sentencia recurrida."

3º) Por último, la Sentencia del T.S. de 29-9-2014 declara: "El primero de los motivos del recurso de casación se funda en la infracción de una serie de artículos del Código civil, 1255, 1274, 1277 así como artículos 618, 619, 622 por entender que la sentencia de la Audiencia Provincial objeto del recurso incurre en el error de considerar que el contrato suscrito encubre una donación.

Dicho contrato, en escritura pública de 15 febrero 2005, es titulado como: "Cesión de bienes con reserva de usufructo a cambio de alimentos, renta vitalicia y usufructo".

En este contrato se estipula que:

"Dª Marcelina cede a don Juan Ignacio que adquiere para sí, la nuda propiedad de la totalidad de las acciones antes descritas en el apartado I) expositivo de esta escritura, libres de cargas y gravámenes, al corriente en el pago de toda clase de contribuciones, impuestos y arbitrios, y con cuanto les sea anejo, accesorio o dependiente."

La cedente se reserva el usufructo de dichas acciones. Como contraprestación, se fija a su favor y a cargo del cesionario la obligación de alimentos, una renta vitalicia y el usufructo sobre una determinada vivienda propiedad del cesionario.

Este contrato ha sido calificado de contrato vitalicio por las partes. Ciertamente, se puede calificar así y es definido por la sentencia del TS de 18 enero 2001 que recoge numerosa jurisprudencia anterior:

 

"Es el contrato que doctrinal y jurisprudencialmente ha sido calificado como contrato de vitalicio, contrato autónomo, innominado o atípico, que participa en parte del carácter de renta vitalicia aunque no es enteramente el mismo, por el que se hace cesión de bienes a cambio de la obligación de dar asistencia y cuidados durante toda la vida del o de los cedentes".

 Lo anterior es reiterado y desarrollado por las sentencias del Tribunal Supremo de de 9 julio 2002 y 1 de julio de 2003. 

Con más precisión puede considerarse contrato complejo o más propiamente contrato mixto en el que se combinan elementos de contratos distintos, aunque prevalece uno de ellos. En el concreto caso presente, el prevalente es el contrato de alimentos introducido legislativamente en el Código civil, artículos 1791 y siguientes por la ley 41/2003, de 18 noviembre. Este contrato se halla dentro del título de los contratos aleatorios o de suerte pues el alea es la duración de la vida humana, la del alimentista. 

4º) Por lo cual, la sentencia de la Audiencia Provincial objeto del presente recurso, destaca el animus donando que aparece en el mismo. 

También es cierto que la jurisprudencia de esta Sala, desde la sentencia dictada por el pleno de la misma y seguida por innumerables posteriores, de 11 enero 2007 mantiene que no cabe la simulación relativa de compraventa simulada de inmuebles (no es el caso presente) que disimula una donación, por faltar en ésta los elementos esenciales de forma que exige el artículo 633 del Código civil. Pero no es lo mismo el contrato de compraventa de inmuebles, esencialmente oneroso, con el presente que, como se ha dicho, presenta una transmisión de bienes muebles con un incuestionable animus donandi. En todo caso, aunque se aceptara que no es posible esta simulación relativa que encubre una donación, no podría esta Sala estimar que se trata de la simulación absoluta que ha acordado la sentencia de primera instancia porque ello perjudicaría al recurrente -las demandantes no han recurrido- y daría lugar a la reformateo in puéis que no es admisible en ningún caso.

La sentencia recurrida aprecia no sólo la realidad del contrato y rechaza la causa ilícita, por no entender probada la finalidad torticera, pero sí reconoce la donación disimulada, con todas sus consecuencias, como es la inoficiosidad de la misma.

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martes, 4 de agosto de 2020

La subsanabilidad de los defectos de las solicitudes de los administrados en los procedimientos administrativos selectivos es de plena aplicación en materia de subvenciones

A) La sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, sec. 1ª, de 11 de octubre de 2018, nº 324/2018, rec. 397/2017, declara que la subsanabilidad de los defectos de las solicitudes de los administrados en los procedimientos administrativos es de plena aplicación en materia de subvenciones, pues nos encontramos ante unas resoluciones que se enmarcan en un procedimiento administrativo selectivo de concurrencia competitiva.

Así apreciada la naturaleza del procedimiento administrativo es de plena aplicación la doctrina jurisprudencial recaída sobre el artículo 71 Ley 30/1992. Tal doctrina tiene carácter transversal y al margen de la concreta materia sobre la que recaiga (subvención, oposiciones, concursos, cualquier tipo de proceso selectivo) y por lo tanto de aplicación a la materia que nos ocupa.

Pues existe el deber de la Administración de requerir al interesado para que se subsanen las deficiencias cuando se aprecie que el mismo no cumple los requisitos que exige el ordenamiento en vigor.

El derogado artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, regulaba la subsanación y mejora de las solicitudes:

 

“1. Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos que señala el artículo anterior y los exigidos, en su caso, por la legislación específica aplicable, se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42.

 

2. Siempre que no se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva, este plazo podrá ser ampliado prudencialmente, hasta cinco días, a petición del interesado o iniciativa del órgano, cuando la aportación de los documentos requeridos presente dificultades especiales”.

El vigente artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, regula la subsanación y mejora de las solicitudes, y ampliación del plazo.

 

“1. Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos que señala el artículo 66, y, en su caso, los que señala el artículo 67 u otros exigidos por la legislación específica aplicable, se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21.

 

2. Siempre que no se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva, este plazo podrá ser ampliado prudencialmente, hasta cinco días, a petición del interesado o a iniciativa del órgano, cuando la aportación de los documentos requeridos presente dificultades especiales”.

B) HECHOS: La Sociedad recurrente explica en demanda que al solicitar el pago de la subvención cometió un error material, al aportar una factura, la 1012656 aunque en el detalle de facturación se enunciaba otra; la número 8010179, que se corresponde con parte del importe de la inversión auxiliable. Recuerda que la inversión se realizó y que las facturas están pagadas. La factura número 8010179 es de 11 de mayo de 2012 y el justificante de pago es de fecha 4 de julio de 2012. Aporta contrato de compraventa del robot de ordeño por importe de 148.680 euros. Por todo ello defiende que se produjo un error material que se debe entender subsanado con la documentación aportada en el recurso de alzada, y suplica la estimación de su recurso anulando la Orden Foral 184/2017 y declarando su derecho a la subvención originariamente concedida por la inversión realizada. Cita jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la subsanabilidad de las solicitudes y apela al principio de proporcionalidad al que alude la Sentencia del TSJ de Castilla y León 16 de noviembre de 2016.

El Gobierno de Navarra se opone a demanda y señala que no se puede admitir la subsanación pretendida de contrario porque no nos hallamos ante un supuesto de subsanación sino de incumplimiento ya que la SAT recurrente no aportó la factura 8010179 junto con la solicitud de abono, y ha pretendido subsanar el defecto acompañándola al recurso de alzada. Se presentaron en el momento de solicitar el abono de la ayuda, como justificativas de la inversión dos facturas, no coincidiendo una de ellas con el número asignado en el detalle de facturación. No obstante, y dado que el importe de la presentada y de la relacionada en el detalle de facturación si coincidía se abonó el importe solicitado. La administración entiende incumplido el artículo 24.3 de la Orden Foral 143/2011 que establece las bases de la ayuda sin que pueda apelarse al artículo 71 Ley 30/1992 porque no es aplicable en este caso al no existir error a subsanar sino falta de cumplimiento de los requisitos para acceder a la ayuda pública. Tampoco entiende la administración demandada aplicable el principio de proporcionalidad a este caso. Explica que es un supuesto diferente al analizado en la STSJ Castilla León citada en demanda y concluye que en este caso no se ha vulnerado dicho principio porque la recurrente conocía o debía conocer las consecuencias de la falta de aportación de la factura en plazo. Por todo ello solicita la desestimación de la demanda.

C) Por lo tanto por un lado las bases de la convocatoria deben interpretarse en la forma más favorable (y nunca en radical oposición como pretende el demandado) conforme a los principios constitucionales y a las prescripciones legales (principio de jerarquía normativa, principio de legalidad, principio de proporcionalidad y racionalidad).

Por otro lado el artículo 71 LRJ y PAC debe interpretarse en el sentido de la imposibilidad de subsanación de defectos sustanciales atinentes a la esencia de los méritos alegados (en el caso de los documentos justificativos de méritos) y la posibilidad , por contra, de la subsanación de defectos formales o meramente materiales (en el caso de la documentación aportada) , ya afecten a la autenticidad o fehaciencia, ya al contenido ( formal), de la información que proporciona (todo ello conforme a los principios de racionalidad y proporcionalidad en la derivación de consecuencias del incumplimiento de los requisitos administrativos y conjugado con los superiores principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública (arts. 23.2 y 103 de la CE) que han de inspirar la interpretación finalista de aquellas bases).

El principio de racionalidad y proporcionalidad alcanza su máxima expresión en los supuestos en que los documentos son expedidos por organismos/sujetos ajenos al demandante que suelen tener un contenido predeterminado y no modulable por el interesado (modelo proforma/ modelo normalizado) ni en su forma ni en su contenido y que suelen ser expedidos en masa y sin particularización especial ad casum.

D) Doctrina sobre la subsanabilidad de solicitudes. El Tribunal Superior de Justicia de Navarra tiene una consolidada jurisprudencia sobre la posibilidad de subsanar solicitudes en procedimientos administrativos, destacando la sentencia nº 935/2013 de 5 de noviembre, en la que se interpreta el artículo 71.1 LRJPAC. El caso analizado en la sentencia se plantea en relación a la valoración de méritos en un concurso, pero como se destaca en el comienzo del fundamento jurídico segundo que a continuación se transcribe, la doctrina expuesta es transversal, aplicable a supuestos de subvenciones como el presente.

De la doctrina del Tribunal Superior de Justicia de Navarra sobre la subsanabilidad de defectos en la acreditación de méritos y en las solicitudes de los procedimientos administrativos.

La doctrina dictada por este Tribunal Superior de Justicia sobre la subsanabilidad de los defectos de las solicitudes de los administrados en los procedimientos administrativos (recaída en la interpretación del artículo 71 LRJ y PAC) es de plena aplicación al presente caso sobre la base de los siguientes razonamientos: 

1º) Nos encontramos ante unas resoluciones que se enmarcan en un procedimiento administrativo selectivo de concurrencia competitiva, que derivan de la Resolución 2470/2009 de 14 de Diciembre de la Directora de recurso humanos - modificada por resolución 245/2010- por la que se aprueba la convocatoria de ingreso y acceso al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria. 

2º) Así apreciada la naturaleza del procedimiento administrativo es de plena aplicación la doctrina jurisprudencial recaída sobre el artículo 71 LRJ y PAC. Tal doctrina tiene carácter transversal y al margen de la concreta materia sobre la que recaiga (subvención, oposiciones, concursos, cualquier tipo de proceso selectivo; Sentencia del TS 4-2-2003) y por lo tanto de aplicación a la materia que nos ocupa. La doctrina de esta Sala y del Tribunal Supremo al respecto es reiteradísima y uniforme (Sentencias del TS 4-2-2003 y 14-9-2004).

El artículo 71 de la Ley 30/1992, como anteriormente lo hiciera el 71 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 1958, reconoce en términos amplios la posibilidad de subsanación de las faltas y omisiones apreciables en las solicitudes de los interesados y la procedencia del requerimiento administrativo para su subsanación en plazo. Aun referida en el apartado 1 a las solicitudes de iniciación del procedimiento, la doctrina y la jurisprudencia la han interpretado en un sentido amplio comprensivo de cualquier acto de los interesados y aplicable también a los procedimientos selectivos. La sentencia del Tribunal Supremo de 4 de febrero de 2003, dictada en recurso de casación en interés de ley saliendo al paso de su pretendida inaplicabilidad a estos últimos, en lo que a la acreditación documental de méritos de los concursantes se refiere, así lo corroboró, tras advertir que su aplicación venía implícitamente autorizada por el apartado 2 del mismo artículo, que excluye la ampliación del plazo de subsanación en los "procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva".

La Sentencia del TS de fecha 4 de febrero de 2.003, admite expresamente que el trámite de subsanación de defectos a que se refiere el artículo 71 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común afirmando que es plenamente aplicable en los procedimientos selectivos, al considerar en su Fundamento de Derecho Sexto que "resulta aplicable en la cuestión examinada el artículo 71 de la Ley 30/92, como antes exigía el antiguo artículo 71 en la redacción de 1958, pues se impone en ambos preceptos el deber de la Administración de requerir al interesado para que se subsanen las deficiencias cuando se aprecie que el mismo no cumple los requisitos que exige el ordenamiento en vigor y como señala en este punto el Ministerio Fiscal, la redacción del apartado segundo del artículo 71 excluye los procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva para la ampliación prudencial hasta cinco días del plazo cuando la aportación presente dificultades especiales, luego si se prohíbe dicha ampliación, es claro que el precepto autoriza la concesión del plazo de los diez días cuando se trate de un procedimiento selectivo de concurrencia competitiva, como es el caso planteado.

Esa misma línea jurisprudencial de amplitud en la aplicabilidad del art. 71 de la Ley 30/1992 en procedimientos selectivos, no solo respecto de las omisiones en la solicitud inicial, sino en ulteriores fases del procedimiento (incluido en sede de recurso administrativo), se continúa, y se refuerza, en la STS 30-12-2009 (Recurso de casación 1842/2007) y STS 20-5-2011, dictada en el Recurso de Casación 3481/2009, en el que la subsanación cuestionada, , se refería, dentro de un proceso selectivo, a su fase de concurso y a la acreditación de méritos alegados en él.

Y esta línea ha seguido la sentencia del TJ Navarra de 23 de octubre de 2012 Rc224/2011 que recoge y plasma la doctrina de esta Sala.

3º) La sentencia del TJ de Navarra de fecha 20-11-2003 (y la STJ de Navarra de 14-12-2005) sentaba en línea de principio en la materia: "Los requisitos exigidos en la convocatoria deben acreditarse en el momento de la solicitud como es principio básico consustancial al principio de seguridad jurídica. Y tal principio solo cede ante circunstancias excepcionales y respecto de mérito o requisitos alegados que en todo caso deben expresarse en el mismo momento en que se conocen".

Doctrina que ya se recogía en sus fundamentos en la sentencia del TJ de Navarra de fecha 6-4-2000 (Rc 30/1997) que reseñaba:

"a) Que las bases de la convocatoria (bases 3.3 y 6.3.1 a) establece que el Tribunal únicamente puede valorar los méritos aportados documentalmente con la instancia y no pudiendo por lo tanto aportar y acreditar méritos nuevos en un momento posterior. Tal base ha sido respetada en el presente caso puesto que la hoy codemandada acreditó documentalmente en tiempo los méritos que fueron valorados; el Tribunal concedió plazo (en base al artículo 71.1 de la ley 30/92) para subsanar determinados defectos de la documentación ya aportada (que no solo consistió, como señala la actora, en un informe de vida laboral sino también en los documentos que obran en el expediente a los folios 235, 236 y 237 y que ya acreditaban los méritos-base exigidos), sin que en este supuesto se hayan aportado y acreditado nuevos méritos que en su día no fueran ya acreditados documentalmente ( y en cuyo caso, que no es el presente, entraría en juego la citada base) sino mera subsanación de los debidamente acreditados en su momento.

b) en cuanto a la vulneración del principio de igualdad, debe también rechazarse tal alegación porque , por un lado la aplicación de tal principio exige partir de una supuesto de hecho igual, extremo éste que no se da como se comprueba del examen del expediente administrativo ( ya que la actora presentó la oportuna documentación y le fue valorada conforme a las bases), y por otro no puede pretenderse (como ya se ha apuntado ut supra) , en base a este principio, la aportación documental por la actora de nuevos méritos que no fueron aportados en su momento.".

4º) JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO: Tal doctrina ha sido reiteradamente aplicada de manera uniforme por esta Sala haciéndose eco de la Jurisprudencia del Tribunal Supremo. Así nuestra STJ de Navarra 8-10-2010 (Rc 271/2009) recoge y sintetiza tal doctrina que es de plena aplicación, al señalar:

 

"PRIMERO. - A través de este recurso contencioso-administrativo se impugna la Orden Foral...... por la que se desestima el recurso de alzada interpuesto por la hoy demandante frente a la Resolución…; en esta última Resolución se aprobó la valoración definitiva de méritos correspondientes a la fase de concurso de la convocatoria de ingreso en el Cuerpo de Maestros ......

 

Pues bien, lo que principalmente se discute en este recurso es si deben valorarse los servicios prestados por la recurrente en la Escuela Municipal de Música, a la vista del documento aportado por la aspirante para la acreditación de los mismos: este documento consiste en una certificación fechada el 3.8.2001 y expedida por el director de dicha Escuela, con el Vº Bº de un inspector del Servicio de Inspección Técnica y de Servicios del Departamento de Educación. La decisión adoptada en vía administrativa consistió en no valorar los indicados servicios porque "el certificado presentado por la aspirante no está expedido por la autoridad competente", que al decir de la resolución impugnada es el Secretario del Ayuntamiento de Lekunberri.

 

Debemos añadir a este preámbulo que la demandante, al interponer el recurso de alzada, acompañó una certificación de los indicados servicios, esta vez expedida por el Secretario Municipal; de otro lado, interesa resaltar que nadie discute la realidad de los controvertidos servicios en la señalada Escuela de Música.

 

TERCERO .- Entrando ya en el estudio de la pretensión que nos ocupa, entendemos que debemos acotarla, pues constituye el argumento básico de la demanda y de la resolución impugnada, a la posibilidad de subsanación que establece el invocado art 71 LPA ; además, la alegación en esta controversia de los arts. 24 y 103.3 CE no ha pasado de ser una cita puramente retórica, e incluso la sentencia del Tribunal Supremo (TS) de 27.5.2010se inclina en este punto por el art 23.2 CE- acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas-.

 

Pues bien, el TS viene manteniendo una clara doctrina legal proclive a la cuestionada subsanación en determinados supuestos. Así, la sentencia del TS, ya citada, de 27.5.2010 recoge que "las Sentencias de 7 de abril -recurso 7928/00- y11 de mayo de 2006 -recurso 3342/01-, entre otras, recuerdan el criterio jurisprudencial uniforme de que las bases de la convocatoria de un concurso o pruebas selectivas constituyen la ley a la que ha de sujetarse el procedimiento y resolución de los mismos, de tal manera que, una vez firmes y consentidas, vinculan por igual a los participantes y a la Administración, así como a los Tribunales y Comisiones encargados de la valoración de los méritos, no pudiéndose modificar sino de acuerdo con las previsiones establecidas en la Ley 30/1992. La Sentencia del TS de 18 de febrero de 2009 -recurso 8926/04- señala que la interpretación y aplicación de tales bases debe hacerse siempre en el sentido más favorable a la mayor efectividad del artículo 23.2 CE y, en consecuencia, deberá ser rechazada cualquier aplicación de las mismas que conduzca a un resultado que no sea compatible con el derecho reconocido en el precepto constitucional que acaba de mencionarse....

 

... por lo que se refiere al principio de subsanación consagrado en el artículo 71 de la Ley 30/92, una reiterada jurisprudencia de esta Sala insiste en que debe requerirse al interesado para que pueda subsanar los posibles defectos que pueda contener su solicitud y, así, la jurisprudencia de esta Sala ha sentado, entre otros, los siguientes criterios:

 

a) La tesis de la plena subsanabilidad de los defectos en una oposición o concurso ha sido reconocida en la sentencia del Tribunal Supremo de 6 de noviembre de 1990 con cita de los derogados artículos 54 y 71 de la Ley de Procedimiento Administrativo, al considerar que era subsanable la omisión, lo que no comporta la infracción de la doctrina jurisprudencial en orden al carácter vinculante de las bases del concurso.

 

b) La Sentencia de esta Sala y Sección de 4 de febrero de 2003, recaída en el recurso de casación en interés de la Ley número 3437/01 , partiendo de la doctrina que acaba de expresarse, destaca el criterio que ya la Sentencia de 7 de julio de 1997 de la Sala Tercera, Sección Sexta, fijó en interpretación del artículo 71 de la Ley 30/92 cuando reconoció que la omisión de datos y errores exige que el órgano administrativo competente se lo haga saber al interesado, señalando dichos errores u omisiones y concediéndole un plazo de diez días para subsanación con la advertencia de que si no lo hiciere, se procederá al archivo del expediente.

 

Concluía la Sentencia de 4 de febrero de 2003 que en el supuesto enjuiciado resultaba aplicable en la cuestión examinada el artículo 71 de la Ley 30/92, como antes exigía el antiguo artículo 71 de la Ley de Procedimiento Administrativo en la redacción de 1958, pues se impone en ambos preceptos "el deber de la Administración de requerir al interesado para que se subsanen las deficiencias cuando se aprecie que el mismo no cumple los requisitos que exige el ordenamiento en vigor".

 

Por su parte, la sentencia del TS de 14.12.2009 expresa que "el problema estriba en determinar si la sentencia ha infringido el artículo 71 de la Ley 30/1992 por no aceptar que procediera la subsanación de la justificación de las horas lectivas. Subsanación que, conforme ha subrayado esta Sala en la sentencia de 4 de febrero de 2003 citada por la recurrente, es aplicable a los procedimientos selectivos, aunque, como también se ha dicho, no permite otra cosa que lo previsto en ese precepto: salvar la falta de requisitos exigidos o acompañar los documentos preceptivos, pero nunca introducir elementos nuevos como méritos no alegados en la solicitud que inició el procedimiento. En fin, es cierto que en la sentencia del TS de 14 de septiembre de 2004 (casación 2400/1999) hemos dicho que cuando de las bases pueda surgir una duda razonable sobre su significado o alcance procederá subsanar el error material cometido.

 

... los méritos sobre los que gira la controversia fueron alegados en su momento por la interesada y justificados en lo sustancial con los diplomas y su autovaloración, aunque no se hicieran constar en los documentos que presentó las horas lectivas correspondientes, cosa por otro lado no exigida expresamente por las bases. Ese dato sí lo justificó con los que acompañaron a su reclamación contra la valoración provisional del concurso, pero el tribunal calificador, erróneamente, no lo advirtió. ...

 

Todo esto significa que no habiendo requerido la Administración a la Sra. que subsanara la falta de constancia en los diplomas presentados de las horas lectivas, fuera procedente que el tribunal calificador lo hiciera cuando la interesada reclamó contra la valoración provisional de sus méritos. Por eso, el hecho de que, una vez advertido su error, pidiera la aportación de certificados para él válidos al tiempo que era coherente con el artículo 71 de la Ley 30/1992, no significaba ningún trato desigual para los demás aspirantes. No lo suponía porque no estaba abriendo el camino para que la Sra.... hiciera valer méritos nuevos sino para completar la justificación de los que adujo ...".

 

Por fin, la sentencia del TS de 14.9.2004 es especialmente significativa por lo que ahora nos importa, al expresar que "el razonamiento que la Sala de instancia ha seguido no significa ignorar o desatender el carácter vinculante de las bases de la convocatoria. Lo que hace la sentencia recurrida es interpretar aquel requisito con un criterio de racionalidad (deducible de lo que dispone el artículo 9.3 de la Constitución) y ponderar las singulares circunstancias del caso enjuiciado, para, en función de todo ello, permitir que el recurso administrativo sea una posibilidad de completar lo exigido en la convocatoria por apreciar razones que así lo aconsejaban. Por otra parte, la decisión que adopta, como expresamente señala, es coincidente con el criterio sentado por esta Sala en la sentencia de 11 de octubre de 1991y representado por la conveniencia de evitar, en los procesos selectivos, exclusiones que puedan resultar desproporcionadas.

 

Pero debe destacarse también que esos criterios de racionalidad y proporcionalidad, que antes se han apuntado, no permiten valorar como incumplimiento de las repetidas bases aquellos comportamientos de los aspirantes que no respondan a una resistencia a observarlas, sino a una razonable duda sobre su significado o alcance. Cuando esto último suceda lo procedente será permitir subsanar el error inicial en que se pueda haber ocurrido".

Y este es también el criterio de este Tribunal Superior de Justicia de Navarra. Así, nuestra sentencia de 10.2.2010, indica que: "la antigüedad constaba fehacientemente a la propia Administración convocante con lo que por un lado debió (como así hizo) computarlo y valorarlo plena y correctamente conforme a los datos que le obraban y segundo si no lo hubiera hecho así debería haberle dado traslado de subsanación conforme al artículo 71 LRJ y PAC (pues repetimos es un mérito alegado que estaba en el pleno conocimiento de la propia Administración convocante)...".

Y la sentencia del TSJ de Navarra de 22.3.2010 se pronuncia al respecto así: "La recurrente presentó con la solicitud de participación en el procedimiento selectivo la certificación de servicios ... Ese documento no fue tenido en cuenta en la valoración provisional de méritos en aplicación de las bases de la convocatoria sobre la acreditación de los servicios prestados en otros centros ... porque el certificado no llevaba el visto bueno del Servicio de Inspección Técnica y de Servicios.

En el trámite de reclamación la recurrente presentó el certificado de los mismos servicios docentes con el visto bueno del Servicio de Inspección ...En la valoración definitiva de los méritos tampoco fue admitido ese documento.

Se trata como se ve de un defecto puramente formal en la acreditación de un mérito no alegado ex novo en la fase de valoración sino antes mediante la oportuna presentación del documento (certificación) que ha de tenerse por defectuosa al adolecer del visto bueno del Servicio de Inspección exigido por la convocatoria y por lo tanto subsanable como bien argumenta la recurrente, a falta de requerimiento del tribunal del concurso, en el trámite de reclamaciones contra la valoración provisional de méritos.

Las bases de la convocatoria no pueden ser interpretadas y aplicadas por lo que hace al caso sino de conformidad con el artículo 71 de la Ley de Procedimiento Común.

Ese precepto no autoriza la subsanación de los defectos sustanciales (por ejemplo, la falta de alegación o de adquisición oportuna del mérito) pero si de los formales o meramente materiales como los errores de esa índole en la solicitud o en los documentos presentados dentro del plazo establecido.

Hay que distinguir, pues, el supuesto de defecto de alegación y acreditación en plazo del mérito, del supuesto de alegación y acreditación oportunas, aunque defectuosas.

En aplicación del precepto legal citado no es subsanable el defecto de acreditación puntual del mérito, pero si es subsanable la acreditación defectuosa".

Y en el mismo sentido podemos citar la sentencia nº 604/2006 del TJ de Navarra de 8-9-2006:  "Conjugando la vinculación a las bases de la convocatoria como ley del concurso con los principios de racionalidad y proporcionalidad en la derivación de consecuencias del incumplimiento de los requisitos administrativos y con los superiores principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública (arts. 23.2 y 103 CE) que han de inspirar la interpretación finalista de aquellas bases (Sentencia de  9 diciembre 2002, del Tribunal Supremo), la jurisprudencia dominante se inclina por la distinción entre la total falta de acreditación de méritos alegados, por falta de presentación en el plazo fijado al efecto de los documentos requeridos para su justificación y la defectuosa, incompleta o insuficiente acreditación de méritos, por carencias, omisiones, errores o deficiencias en la documentación aportada, ya afecten a la autenticidad o fehaciencia, ya al contenido (formal), de la información que proporciona. En el primer caso, existe un incumplimiento pleno de la carga impuesta a los partícipes en el proceso selectivo para la valoración de sus méritos por el tribunal calificador, al que no cabe imponer la suposición de su realidad y el ofrecimiento de un nuevo plazo adicional para su acreditación; en el segundo, existe en cambio un cumplimiento básico o fundamental, aunque deficiente, de aquella carga, merced a una aportación documental que, aun no ofreciendo una plena acreditación de los servicios alegados, es elocuentemente expresiva de su realidad y permite tenerla por cierta con la subsanación de la omisión o deficiencia que impide tenerla definitivamente por tal. De esta diferencia se hacen eco, implícitamente, la sentencia del Tribunal Supremo de 14 de septiembre de 2004y, de manera más explícita, las de los Tribunales Superiores de Justicia de Castilla-La Mancha de 17 de marzo de 2006, Cataluña de 19 de septiembre de 2005 y Galicia de 26 de octubre de 2005".

D) CONCLUSION: Como fácilmente puede advertirse, la aplicación de la anterior doctrina legal y la proyección de los propios precedentes de la Sala conducen derechamente a la estimación del recurso. Ya hemos advertido previamente que nadie discute la realidad de los servicios prestados por la actora en la Escuela de Música Aralar, servicios que, por cierto, fueron apreciados - y de distinta forma- por la propia Administración en dos ocasiones anteriores, con motivo de sendas contrataciones temporales.

De otro lado, la misma Administración nos ha obsequiado con prolijas y técnicas argumentaciones para llegar a la conclusión de que los discutidos servicios debían encuadrarse en el capítulo 1.2 del anexo I de la Convocatoria -experiencia docente en especialidades de distintos cuerpos al de Maestros, en centros públicos-, lo que requeriría el conflictivo certificado expedido por la Administración Educativa competente, razonamiento jurídico que no tiene por qué estar al alcance del ciudadano profano. Como también tiene que ser complejo para un aspirante u opositor deducir que dicha "Administración Educativa competente" era en este supuesto el Secretario Municipal. Y, en cualquier caso, la recurrente presentó en tiempo oportuno el certificado litigioso con el Vº Bº de la propia Administración, certificado que por lo demás sería apto para valorarlo con arreglo al capítulo 1.4 del anexo I de la Convocatoria -experiencia docente en especialidades de distinto nivel educativo que el impartido por el Cuerpo de Maestros, en otros centros-, pues en este caso se exigía un certificado del centro con el Vº Bº del Servicio de Inspección Técnica y de Servicios. Por lo demás, ya hemos dicho que la actora presentó junto con su recurso de alzada el mismo certificado, pero expedido por el Secretario Municipal, con lo que está subsanado el pretendido defecto.

En suma, estas circunstancias del caso, unidas a la doctrina legal expresada, conllevan la posibilidad de subsanación regulada en el alegado art 71 LPA, subsanación que, como hemos reiterado, ya se ha producido. .....".

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