El simple retraso en la comunicación del siniestro a la aseguradora no puede llevar aparejada la consecuencia de la pérdida del asegurado de la indemnización a que tiene derecho sino a que la aseguradora reclame al asegurado los daños y perjuicios que se le hayan podido ocasionar con dicho retraso.

 

La sentencia de la Audiencia Provincial  de Badajoz, sec. 3ª, de 20 de julio de 2022, nº 189/2022, rec. 227/2022, declara que el simple retraso en la comunicación del siniestro a la aseguradora no puede llevar aparejada, sin más, la trascendental consecuencia de la pérdida del asegurado de la indemnización a que tiene derecho, sino solo puede dar origen a que la aseguradora reclame al asegurado los daños y perjuicios que se le hayan podido ocasionar con dicho retraso. 

El artículo 16 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, establece que: 

"El tomador del seguro o el asegurado o el beneficiario deberán comunicar al asegurador el acaecimiento del siniestro dentro del plazo máximo de siete días de haberlo conocido, salvo que se haya fijado en la póliza un plazo más amplio. En caso de incumplimiento, el asegurador podrá reclamar los daños y perjuicios causados por la falta de declaración. 

Este efecto no se producirá si se prueba que el asegurador ha tenido conocimiento del siniestro por otro medio. 

El tomador del seguro o el asegurado deberá, además, dar al asegurador toda clase de informaciones sobre las circunstancias y consecuencias del siniestro. En caso de violación de este deber, la pérdida del derecho a la indemnización sólo se producirá en el supuesto de que hubiese concurrido dolo o culpa grave". 

A) Antecedentes de hecho: 

1. La entidad Operador de Transportes Transnoriega S.L. interpone demanda de reclamación de cantidad, 3.440,75 €, contra la entidad Great Lakes Insurance SE, representada en España por la entidad Names Agencia de Suscripción S.L., afirmando que: 

La entidad actora celebró un contrato de transporte con la entidad Capitrans S.L. para el transporte por carretera de 26 palets de nectarina desde Mérida a Inglaterra. 

Cuando el día 3 de agosto de 2020 la mercancía fue objeto de revisión exhaustiva por la persona de calidad de la empresa destinataria, Primafruit LTD, ésta se apercibe de la existencia de daños en la misma, con motivo de posibles alteraciones en la cadena de frío durante su transporte. 

La destinataria, dentro del plazo de 7 días que establece el artículo 30.1 del Convenio relativo al Contrato de Transporte Internacional de Mercancías por Carretera, informa de dichos daños a Capitrans S.L., y ésta, en ese momento, informa a la entidad actora que la mercancía se había recibido con problemas de temperatura y que procedieran a remitirle los tikets acreditativos del termógrafo del transporte a fin de verificar la causa de los daños. 

Remitidos esos tikets y dado que existían posibles irregularidades en la cadena de frío, la actora recibió en fecha 19 de agosto de 2020 la reclamación de Capitrans S.L., por lo que la actora comunicó el siniestro a la entidad Names Agencia de Suscripción S.L., a través de los corredores de la póliza. 

La aseguradora rechazó el siniestro oponiendo que en la descarga de la mercancía no se hizo reserva alguna por daños obvios, como son la congelación de la fruta, por lo que se entiende que la misma estaba en correcto estado, la peritación se realizó al día siguiente, desconociéndose en qué condiciones se mantuvo la mercancía en ese momento, y la ausencia de avería en el sistema de refrigeración. 

Reiterada por la actora esa reclamación afirmando que si bien no se hizo constar nada en el albarán, sí se recibió la reserva en tiempo, que la variación de temperatura en los sistemas de refrigeración y el estado en el que se recibió la fruta transportada acredita de manera sobrada que algún problema existía en la cadena de frío, la entidad demandada se reiteró en no asumir los referidos daños. 

La entidad actora abonó a la entidad Capitrans S.l. la factura de cargo, cuyo importe, descontada la franquicia de 500 euros, reclama a la entidad demandada. 

Invoca la cláusula de avería de equipo de frío del contrato de seguro, la mercancía transportada se encuentra asegurada en los casos en los que haya problemas con la cadena de frío, la destinataria de la fruta, Primafruit LTD, informó en tiempo de los daños existentes en la mercancía a Capitrans S.L., y ésta a la actora en el mismo día , en el termógrafo se aprecian las variaciones de las temperaturas, así, en dos momentos determinados durante el trayecto del día 1 de agosto de 2020, la caja frigorífica del camión pasó de 2°C hasta 37°C en un intervalo de 12 minutos, para después volver, en cuestión de 10 minutos, de esos 37°C hasta los 2°C, la cadena de frío, pues, no funcionó correctamente durante el trayecto hasta su destino; los artículos 54 a 62 y concordantes de la Ley de Contrato de Seguro relativos al seguro de transporte terrestre; y el artículo 30.1 del Convenio relativo al Contrato de Transporte Internacional de Mercancías por Carretera, no estamos ante daños obvios por congelación, ello hubiera sido así si se hubiera recibido toda la mercancía con daños por congelación, pero no fue así, de las 2.525 cajas de fruta que había que examinar solo un 20% estaban dañadas, por lo que no podía realizarse en el momento del albarán de recepción la reserva, el destinatario tenía el plazo de 7 días para la revisión pormenorizada de cada caja. 

2. La demandada se opuso a esta demanda alegando que el siniestro le fue comunicado tardíamente, 17 días después de acaecido el mismo, la entidad actora remitió una información contradictoria, reclama daños por congelación y las temperaturas estaban por encima de +3°C, no hay pues avería en el sistema de refrigeración, no consta que los daños se produjeron durante el transporte terrestre, y por ello, no podía activar cobertura alguna. 

3. En la sentencia de instancia se desestima la demanda al entender que la asegurada incumplió el deber de informar sobre el siniestro en el plazo legalmente establecido de 7 días, lo superó en más del doble, lo que provocó la indefensión de la aseguradora en cuanto a la comprobación, verificación y tasación de los daños. 

Como en la póliza de seguros se utiliza un término muy ambiguo "inmediatamente ", para la comunicación de un siniestro, que, por ello, no puede quedar a la interpretación de la aseguradora , ha de acudirse al establecido en el artículo 16 de la Ley de Contrato de Seguros "dentro del plazo máximo de siete días de haberlo conocido", sin que concurran ninguna de las excepciones previstas, que se haya fijado en la póliza un plazo más amplio y que la aseguradora tuviera conocimiento del siniestro con anterioridad. 

Como la actora conoció ya en fecha 3 de agosto de 2020 el siniestro, como se concluye tanto del propio relato de la demanda como de los documentos acompañados a la misma, la primera comunicación realizada a la aseguradora el día 20 de agosto de 2020, es decir, 17 días después del siniestro, 10 días después de lo que marca la Ley de Contrato de Seguro. 

Añade que informar a la aseguradora en tiempo del acaecimiento de un siniestro cubierto es muy importante porque le permite iniciar sus comprobaciones, valorar lo sucedido tanto jurídicamente para esclarecer la responsabilidad del asegurado y la suya propia frente a terceras partes, como patrimonialmente, porque puede valorar los daños cuanto antes y provisionarlos en sus balances como empresa, y puede aminorar las consecuencias patrimoniales del siniestro. 

B) La comunicación tardía del siniestro no determina el efecto liberatorio para la compañía de seguros. Interpretación jurisprudencial del artículo 16 de la Ley de Contratos de Seguros. 

1º) Argumenta la entidad apelante este motivo del recurso afirmando: 

Es amplia la jurisprudencia tanto del Tribunal Supremo como de las Audiencias Provinciales que entiende que el hecho de que una comunicación de un siniestro se produzca unos días más tarde del plazo establecido en el artículo 16 de la Ley del Contrato de Seguro no es motivo para que la aseguradora no cubra el siniestro; aunque exista comunicación tardía del siniestro, esto no exonera a la aseguradora del pago del mismo, tan solo le exoneraría una comunicación tardía por dolo o culpa grave del asegurado. 

En el presente caso, como ha quedado acreditado, la entidad actora dio parte del siniestro acaecido a su compañía de seguros en cuanto recibió la reclamación de la entidad propietaria de la mercancía que resultó dañada, y le dio las explicaciones oportunas y puso a su disposición toda la documentación que obraba en su poder para la correcta valoración del siniestro. 

No existió, pues, por parte de la actora ni dolo ni culpa en la comunicación tardía del siniestro, no se ocultaron datos a sabiendas, ni se retrasó en el envío de la documentación de manera maliciosa; no existió, pues, retraso alguno que pueda exonerar de cobertura a la aseguradora. 

2º) Pues bien, partimos del tenor del artículo 16 de la Ley de Contrato de Seguro: 

"El tomador del seguro o el asegurado o el beneficiario deberán comunicar al asegurador el acaecimiento del siniestro dentro del plazo máximo de siete días de haberlo conocido , salvo que se haya fijado en la póliza un plazo más amplio. En caso de incumplimiento, el asegurador podrá reclamar los daños y perjuicios causados por la falta de declaración. 

Este efecto no se producirá si se prueba que el asegurador ha tenido conocimiento del siniestro por otro medio. 

El tomador del seguro o el asegurado deberá, además, dar al asegurador toda clase de informaciones sobre las circunstancias y consecuencias del siniestro. En caso de violación de este deber, la pérdida del derecho a la indemnización sólo se producirá en el supuesto de que hubiese concurrido dolo o culpa grave."

Este precepto es claro, si bien el tomador del seguro o el asegurado o el beneficiario deberán comunicar al asegurador el acaecimiento del siniestro dentro del plazo máximo de 7 días de haberlo conocido, con las excepciones que recoge dicho precepto, las consecuencias de este incumplimiento no son negar al asegurado la cobertura del siniestro, como se concluye en la sentencia de instancia, sino, como dice este artículo, en su párrafo 1º, en caso de incumplimiento de dicho deber, el asegurador podrá reclamar los daños y perjuicios causados por la falta de declaración, cosa bien distinta; y en el caso que nos ocupa, no nos encontramos ante reclamación alguna de daños y perjuicios por el asegurador por tal motivo. 

Y si bien establece, en su párrafo 3º, la pérdida del derecho a la indemnización del asegurado, ello no por ese mero retraso en la comunicación, sino por la violación del deber del tomador del seguro o el asegurado de dar al asegurador toda clase de informaciones sobre las circunstancias y consecuencias del siniestro y solo en el supuesto de que hubiese concurrido dolo o culpa grave, y nada de esto se dice en la sentencia de instancia. 

Amén de que ese dolo o culpa grave debe invocarse por la aseguradora y acreditarse por la misma, conforme a las reglas de la carga de la prueba del artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, lo que no ha ocurrido en el caso que nos ocupa. 

En todo caso, y dados los términos empleados en la norma, se requiere que el tomador/asegurado de forma intencionada o por una culpa o negligencia de especial intensidad haya dejado de ofrecer a la aseguradora elementos e informaciones sobre las circunstancias y consecuencias del siniestro. 

La previsión del artículo 16 de la Ley de Contrato de Seguro tiene su fundamento en el interés del asegurador en conocer rápidamente la producción del siniestro para tomar las medidas oportunas, encaminadas principalmente a valorar el alcance del siniestro; pero el cumplimiento tardío de ese deber, tal y como expresa dicho precepto, en el inciso 2º de su párrafo 1º, se sanciona con una indemnización de los daños y perjuicios causados a cargo del asegurado , y no con la exoneración del cumplimiento de la obligación de la aseguradora de indemnizar. 

3º) El simple retraso, pues, en la comunicación del siniestro a la aseguradora, como sería el caso que nos ocupa, no puede llevar aparejada, sin más, la trascendental consecuencia de la pérdida del asegurado de la indemnización a que tiene derecho, sino solo puede dar origen a que la aseguradora reclame al asegurado los daños y perjuicios que se le hayan podido ocasionar con dicho retraso. 

4º) El juzgador de instancia incurre en un error en la interpretación que realiza de la sentencia del Tribunal Supremo que cita y transcribe, la núm. 264/2016, de 20 de abril, recurso núm. 50/2014, dictada en un supuesto en el que el asegurado formuló acción directa contra su aseguradora, con la que tenía suscrito un seguro de responsabilidad civil, en reclamación de la indemnización que había tenido que satisfacer en tal concepto a un paciente perjudicado, y la aseguradora opuso la falta de conocimiento del siniestro, y por tanto, incumplimiento del deber de información que le impone al asegurado el artículo 16 de la Ley de Contrato de Seguro, demanda que fue desestimada en primera instancia y en apelación, y confirmada en casación, recurso de casación que se desestima no porque estemos ante el supuesto del párrafo 1º de dicho precepto, sino ante el del párrafo 3º, que sí anuda al incumplimiento del deber de información la sanción de pérdida de la indemnización que le pueda corresponder al asegurado en virtud del contrato. 

Como se recoge en dicha sentencia estamos ante un supuesto en el que la aseguradora se negó al pago porque si bien inicialmente se le comunicó el siniestro, no tuvo más información del mismo por la asegurada hasta que le remitió la sentencia que le condenaba a pagar al perjudicado, y consideraba que había un incumplimiento grave del asegurado de la obligación impuesta en los artículos 16 y 17 de la Ley de Contrato de Seguro, que le libera del pago, puesto que una cosa es la comunicación del siniestro y otra distinta la obligación posterior de información, y así, ni fue emplazada para comparecer en aquel juicio, ni se le dijo nada sobre la existencia del pleito por su asegurada hasta que fue condenada la misma. 

Así, decía el Tribunal Supremo en su sentencia de 20 de abril de 2016:

"El problema se plantea en la aplicación del artículo 16.3 de la Ley de Contrato de Seguro que establece la obligación del asegurado de proporcionar en plazo legal a la aseguradora "toda clase de informaciones sobre las circunstancias y consecuencias del siniestro", a cuyo incumplimiento anuda la sanción de pérdida de la indemnización que le pueda corresponder en virtud del contrato de seguro en el caso de que hubiese concurrido dolo o culpa grave del asegurado; obligación que es distinta de la que exige el párrafo 1º, pues mientras esta se refiere a la comunicación del siniestro que recae sobre el tomador, asegurado o beneficiario, aquella se extiende a las circunstancias complementarias del hecho generador del daño asegurado del que en principio debe o puede responder; ambas impuestas por un deber de colaboración del asegurado con el asegurador en el marco no solo de la ley sino de la relación de contrato presidido por el principio de la buena fe, particularmente en el ámbito del artículo 16 de la LCS (sentencia del TS de 16 de octubre 2003). 

No estamos en el párrafo 1 º del artículo 16 de la LCS, sino en el 3 ª, que contempla un régimen jurídico diferente, puesto que la asegurada trasladó a la aseguradora copia de la reclamación patrimonial del perjudicado, sino ante una efectiva violación del deber de información, que resulta especialmente grave en seguros de responsabilidad civil por sus específicas características en orden a la valoración por la aseguradora de los requisitos que comporta para una correcta asunción y liquidación del siniestro con cargo al seguro. Si alguna obligación resulta relevante en estos casos esta no es otra que la de poner en conocimiento de la aseguradora la reclamación judicial del siniestro, facilitando su emplazamiento en el procedimiento iniciado a instancia del perjudicado, lo que no se hizo hasta que la responsabilidad del asegurado fue declarada judicialmente. Su incumplimiento supone una grave desatención de sus obligaciones y un grave perjuicio al asegurador , al que se le ha impedido toda posibilidad de defensa, y que se agrava cuando tampoco se siguieron los trámites contractualmente previstos para la tramitación del expediente de responsabilidad patrimonial y consiguiente liquidación del siniestro. 

Y ello es sin perjuicio de que el cumplimiento del deber de comunicación del siniestro puede conducir al de información, pues es posible cumplimentar aquella primera obligación y desatender luego los deberes de información complementaria a la aseguradora , como aquí ha ocurrido, para permitirla tramitar el siniestro, siempre a partir de una interpretación restrictiva de la norma tanto para valorar si ha habido dolo o culpa grave, como para estimar si se ha producido o no una verdadera violación del deber de información, tal y como ha mantenido la jurisprudencia de esta Sala desde la sentencia de 5 de julio 1990. 

Es consecuencia de un deber de colaboración del asegurado con el asegurador en el marco de la ley y del contrato, presidido por la buena fe. Estamos ante una efectiva violación del deber de información, que resulta especialmente grave en seguros de responsabilidad civil por sus específicas características en orden a la valoración por la aseguradora de los requisitos que comporta para una correcta asunción y liquidación del siniestro con cargo al seguro". 

C) Conclusión. 

Por todo ello, la comunicación tardía del siniestro del asegurado a la aseguradora en el caso que nos ocupa no puede conllevar la liberación de toda responsabilidad de la aseguradora, como se recoge la sentencia de instancia, y con ello, este "incumplimiento" no puede conllevar, por si solo, la desestimación de la demanda, como se hace en la resolución recurrida. 

Es más, entendemos que en el caso concreto que nos ocupa, no se produjo esa comunicación tardía del siniestro de la asegurada a la aseguradora: 

Si bien fue "comunicado" el siniestro a la actora por la empresa Capitrans S.L., que contrató a la misma para llevar a cabo el transporte de la mercancía que nos ocupa, el día 3 de agosto de 2020, el mismo día que ella tuvo conocimiento por la destinataria de la mercancía, Primafruit LTD, de daños en la misma, -véase conversación de WhatsApp obrante en el acontecimiento núm. 4 del visor-, ciertamente, ahí no se afirmaba contundentemente el siniestro, pues tras referir las quejas del cliente por presentarse antes de la fecha prevista, recordemos que la fecha de descarga estaba prevista para el día 3 de agosto de 2020 y, según esa conversación, se descargó el día anterior, 2 de agosto, lo que se refería era "Aparte dice que hay problemas de temperatura.", y le solicitaba que le remitiera los tickets del termógrafo del camión que llevó a cabo ese transporte. 

Desconocemos en qué fecha exacta la entidad actora remite a Capitrans S.L. los referidos tickets, lo que es cierto es que en fecha 16 de agosto de 2020 es cuando Capitrans S.L. le refiere a la entidad actora que el cliente les había informado que " había llegado mercancía con síntomas de congelación ", como se recoge en la comunicación de fecha 19 de agosto de 2020, en la que se dice: "Por todo ello le hacemos totalmente responsable de los hechos anteriormente mencionados, de manera que cualquier tipo de cargo que nos remita nuestro cliente se lo trasladaremos a usted como responsable de dichos actos ", -véase escrito que obra en el acontecimiento núm. 5 del visor-. 

Por ello, comunicando la asegurada a la aseguradora el siniestro en fecha 20 de agosto de 2020 -véase correo electrónico que obra en el acontecimiento núm. 7 del visor- entendemos que esa comunicación se realizó en plazo, y por ello, en ningún caso la actora incumplió su deber de comunicar el siniestro a su aseguradora.

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En la vía civil la aseguradora no debe abonar los intereses de la indemnización fijada por mala praxis médica en la prestación de asistencia sanitaria del art. 20 de la LCS, si la parte perjudicada opta por no demandarla en la vía contencioso-administrativa.

 

La sentencia del Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, de 17 de septiembre de 2020, nº 473/2020, rec. 2752/2017, entiende que la aseguradora no debe abonar los intereses de la indemnización fijada por mala praxis médica en la prestación de asistencia sanitaria del art. 20 de la LCS, si la parte perjudicada opta por no demandarla en la vía contencioso-administrativa.

No es factible que, discutida y fijada la responsabilidad patrimonial y la cuantía indemnizatoria en dicho orden jurisdiccional, se pretenda posteriormente promover un juicio civil para obtener exclusivamente los intereses que correspondan cuando podían haberse reclamado con intervención de la aseguradora en la vía contenciosa.

No es viable la posibilidad de ejercitar en la vía civil la acción directa contra la compañía aseguradora, no en reclamación del principal ya fijado y satisfecho en un previo procedimiento contencioso administrativo, sino exclusivamente los intereses del art. 20 de la LCS, una vez descontados los ya percibidos, a los que fue condenada la Administración demandada.

Si la parte perjudicada opta por no demandar a la aseguradora en vía contencioso administrativa, marginándola de la misma, cuando podía dirigir también la demanda contra ella conjuntamente con la Administración, no es factible que, discutida y fijada la responsabilidad patrimonial y la cuantía indemnizatoria en dicho orden jurisdiccional, se pretenda posteriormente promover un juicio civil, para obtener exclusivamente la diferencia de los intereses legales percibidos con los establecidos en el art. 20 de la LCS, cuando pudieron y debieron ser reclamados con intervención de la aseguradora en la vía contencioso administrativa (arts. art. 9.4 II de la LOPJ y 21 c) de la LJCA), o con la finalidad de buscar un más propicio tratamiento jurídico en la aplicación del art. 20 de la LCS).

A) Antecedentes relevantes.

1.- Objeto del proceso.

Es objeto de este juicio la acción directa del art. 76 de la Ley de Contrato de Seguro (en adelante LCS), que formula el actor contra la compañía Zurich, en su condición de aseguradora del Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña, en reclamación de 20.312 euros, correspondientes a los intereses del art 20 LCS, que se consideran pendientes de cobro. La base de hecho de tal reclamación deriva de una mala praxis médica de la que fue declarada responsable la administración sanitaria, en sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de dicha comunidad autónoma de fecha 4 de diciembre de 2013.

En la precitada resolución judicial, se condenó a la administración sanitaria a abonar la suma de 250.000 euros, por los graves daños corporales sufridos por el hijo menor del actor a consecuencia de la defectuosa atención sanitaria prestada, con los intereses legales desde la fecha de la reclamación administrativa. La cantidad objeto de condena fue consignada por la aseguradora y ya percibida por los perjudicados.

De dicha indemnización corresponde a cada progenitor del menor 25.000 euros, y la concreta cantidad, que se reclama en este litigio, son los intereses del art. 20 de la LCS, con relación dicho principal de 25.000 euros, computados desde el 30 de marzo de 2007, data en la que se hizo la reclamación patrimonial en vía administrativa, hasta el 26 de diciembre de 2013, fecha de consignación del principal de la indemnización con los intereses legales objeto de condena para su pago a los perjudicados, y todo ello una vez descontados 7.402,39 euros, ya percibidos en concepto de intereses legales ordinarios.

2.- La sentencia del Juzgado de Primera Instancia.

Formulada la correspondiente demanda judicial se tramitó juicio ordinario, cuyo conocimiento correspondió al Juzgado de Primera Instancia n.º 41 de Barcelona, que dictó sentencia en la que estimó la demanda, tras descartar la excepción de prescripción y la existencia de una cuestión prejudicial civil, basándose para ello en la sentencia de 25 de febrero de 2014, dictada en un caso que se consideró similar al presente.

El referido órgano jurisdiccional partió de la base fáctica de que el actor instó junto con su esposa reclamación administrativa, que fue desestimada por silencio, promoviendo posteriormente recurso contencioso-administrativo contra el Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña, a cuya actuación imputaban los daños y perjuicios sufridos por su hijo menor y por ambos progenitores.

Se razonó que el actor no tenía obligación alguna de demandar a Zurich, en sede contencioso-administrativa. Se declaró probado que se pagó la indemnización objeto de condena con los intereses legales; no obstante, se consideró que, desde que conoció la compañía de seguros la existencia del siniestro y correlativa reclamación a la administración asegurada, también sabía que quedaba expuesta, por incumplimiento de su obligación de satisfacer puntualmente el siniestro, a que se ejercitara contra ella una acción de condena al pago de los intereses del art. 20 LCS, sin que, por otra parte, concurriera causa justificada para liberarse del abono de los mismos.

Por todo lo cual, se estimó la demanda con imposición de costas.

3.- Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona en apelación.

Interpuesto recurso de apelación, su conocimiento correspondió a la sección 4.ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, que partió de la consideración de que el nudo gordiano del litigio radicaba en determinar si la indemnización por mala praxis médica, que ya fue abonada en el proceso seguido contra la administración autonómica, implicaba o no, que el derecho autónomo e independiente del tercero perjudicado establecido en el art 76 LCS (reclamando únicamente la diferencia de los intereses del art 20 LCS) se había extinguido por pago de la obligación de indemnizar.

La Audiencia Provincial de Barcelona, en su decisión, consideró que no era aplicable la doctrina de la sentencia de 25 de febrero de 2014, en la que se basaba el Juzgado, por sendas razones. En primer término, dado que, al tiempo del caso contemplado en dicha resolución, la aseguradora no podía ser demandada ante la jurisdicción contencioso-administrativa, y, además que, en aquel caso, a la fecha de interposición de la demanda, no se había cobrado la indemnización, por ello se reclamaba tanto el pago del principal como de los intereses del art. 20 LCS; a diferencia de lo que acontecía, en el caso litigioso, en el que, no sólo se había realizado la consignación de la indemnización, sino que además la parte actora había percibido su importe el 21 de febrero de 2014, antes de la interposición de la demanda, y no solo el principal, sino también de los intereses legales ordinarios.

Todo ello conduce al tribunal provincial a considerar que "cuando la parte actora ejercita la acción del art. 76 LCS ya no existe obligación de indemnizar, ya que el pago hecho por el deudor solidario extingue la obligación para todos los deudores solidarios". Y continúa argumentando, incluso admitiendo como cierto que la demandada incurrió en mora desde el momento en que tuvo conocimiento del siniestro (30.03.2007), para que se pueda exigir el pago de la demora es requisito previo e imprescindible que se pueda exigir el pago del principal, en este caso la indemnización.

Se citó la sentencia de 4 de marzo de 2015, en un caso de acción directa del art. 76 LCS, en la que el perjudicado, que había sido enteramente resarcido del daño corporal sufrido por el asegurado, se declaró carecía de derecho para pretender ser indemnizado de nuevo por la compañía aseguradora.

B) Examen del recurso de casación.

El recurso de casación se fundamentó en la infracción del artículo 1144 del Código Civil. En su desarrollo se consideró que la sentencia recurrida había infringido dicho precepto, al estimar que la sustanciación de un previo procedimiento contencioso-administrativo contra la administración sanitaria cercenaba la posibilidad de una posterior acción, ante los tribunales civiles, contra la compañía de seguros, con la finalidad de cobrar las cantidades no percibidas en el primer procedimiento (en concreto, los intereses del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro).

Al momento de desarrollarse los presentes hechos, no estaba en vigor la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, por lo que no se va a entrar en su interpretación.

1º) Opciones con las que contaban los perjudicados al tiempo de reclamar la indemnización correspondiente por la mala praxis sufrida.

A) En primer lugar, formular reclamación administrativa previa ante la propia Administración para obtener el resarcimiento del daño, en cuyo caso finalizado el expediente administrativo, con reconocimiento de responsabilidad y fijación de la indemnización correspondiente, se producen las consecuencias jurídicas siguientes, a las que se refiere la STS nº 321/2019, de 5 de febrero:

"(i) fijada la indemnización, la aseguradora o la propia asegurada pueden pagarla y extinguir el crédito; (ii) una vez declarada la responsabilidad y establecida la indemnización, si el perjudicado no acude a la vía contenciosa, esos pronunciamientos quedan firmes para la administración; (iii) pueden producirse, potencialmente, todos los efectos propios de las obligaciones solidarias, además del pago, ya mencionado; y (iv) la indemnización que queda firme en vía administrativa es el límite del derecho de repetición que el art. 76 LCS reconoce a la aseguradora".

Esta doctrina es ulteriormente ratificada en la sentencia del TS nº 579/2019, de 5 de noviembre.

B) Los perjudicados, en el caso de que hubieran optado por la vía administrativa, si formulada la preceptiva reclamación previa fuera desestimada, expresamente o por silencio administrativo, o cuando considerasen insuficiente la cantidad ofertada en concepto de indemnización por los daños y perjuicios sufridos, podrían cuestionar tal resolución ante la jurisdicción contencioso-administrativa de las formas siguientes:

a) Bien, mediante el ejercicio de una acción de condena exclusivamente dirigida contra la Administración, siendo la jurisdicción contencioso-administrativa a la que le compete el conocimiento de las reclamaciones sobre responsabilidad patrimonial dirigidas contra la Administración, según resulta de lo normado en el art. 2 e) Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha jurisdicción (en adelante LJCA).

b) Bien, demandando por dicha vía, conjuntamente con la administración a su aseguradora, como expresamente posibilita el art. 9.4 II de la Ley Orgánica del Poder Judicial (en adelante LOPJ), en consonancia con lo cual norma el art. 21 c) de la LJCA, que se consideran legitimadas pasivamente a "las aseguradoras de las Administraciones públicas, que siempre serán parte codemandada junto con la Administración a quien aseguren".

C) Por último, se les abría una tercera posibilidad, como era la de prescindir de la vía administrativa y demandar exclusivamente a la compañía de seguros, en su condición de sociedad mercantil, ante la jurisdicción civil, ejercitando contra ésta la correspondiente acción directa del art. 76 de la LCS (autos de la Sala de Conflictos del Tribunal Supremo, 3/2010, 4/2010, 5/2010 de 22 de marzo y sentencias 574/2007, de 30 de mayo, 62/2011, de 11 de febrero y 321/2019, de 5 de febrero).

La condena de la aseguradora dependerá de la existencia de responsabilidad patrimonial de la administración asegurada, que deberá acreditarse, en el proceso civil, bajo los parámetros propios del derecho administrativo, lo que no es cuestión extravagante sino expresamente prevista en el art. 42 de la LEC, que regula las cuestiones prejudiciales no penales que se susciten en el proceso civil.

2º) Particularidades del caso enjuiciado.

En el caso presente, los perjudicados optaron por la reclamación administrativa previa, que fue desestimada por silencio administrativo, lo que motivó que posteriormente interpusieran recurso contencioso administrativo, que finalizó por sentencia de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que fijó la indemnización correspondiente, la cual fue consignada en el procedimiento por la compañía de seguros junto con los intereses legales objeto de condena y efectivamente percibida. Los perjudicados no dirigieron demanda contencioso-administrativa contra la aseguradora.

3º) Decisión del tribunal.

El objeto de este pleito radica pues en determinar si es viable la posibilidad de ejercitar la acción directa contra la compañía aseguradora, no en reclamación del principal ya fijado y satisfecho, sino exclusivamente los intereses del art. 20 de la LCS, una vez descontados los ya percibidos, a los que fue condenada la Administración demandada.

No sirve para la resolución de la presente controversia el caso resuelto por la sentencia la sentencia del TS nº 71/2014, de 25 de febrero, en la que apoya el Juzgado su decisión, pues en ella expresamente se señala que "la reclamación en vía administrativa se produjo antes de la reforma del artículo 9.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en la redacción dada por la L.O. 19/2003, y que, como no podía ser de otra forma, la sentencia condenó únicamente a la Administración demandada [...]. La aseguradora no gozaba en esos momentos de legitimación para ser parte en el proceso contencioso".

Las diferencias, con el litigio que ahora nos ocupa, son evidentes; puesto que, a la fecha de los hechos enjuiciados en la sentencia 71/2014, la aseguradora no podía ser demandada en vía contencioso administrativa y, por lo tanto, tampoco en ella se podían reclamar los intereses del art. 20 de la LCS; la indemnización no había sido satisfecha al tiempo de interponer la demanda civil, y se postulaba una declaración de cobertura del seguro concertado con la demandada sobre los daños causados; mientras que, en el caso objeto de este recurso de casación, la aseguradora podía ser demandada ante la vía contencioso- administrativa, siendo decisión de los perjudicados no hacerlo, y la condena impuesta a la Administración, por principal e intereses, fue satisfecha por la compañía aseguradora antes de la presentación de la demanda civil, pocos días después de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Es de aplicación, en la actualidad, lo dispuesto en los arts. 32 y siguientes de la Ley 40/2015, del Sector Público, especialmente los arts. 34.3 y 35, reguladores de la materia, pero no vigentes a la fecha de los presentes hechos.

Pues bien, resolviendo el caso litigioso, si la parte perjudicada opta por no demandar a la aseguradora en vía contencioso administrativa, marginándola de la misma, cuando podía dirigir también la demanda contra ella conjuntamente con la Administración, no es factible que, discutida y fijada la responsabilidad patrimonial y la cuantía indemnizatoria en dicho orden jurisdiccional, se pretenda posteriormente promover un juicio civil, para obtener exclusivamente la diferencia de los intereses legales percibidos con los establecidos en el art. 20 de la LCS, cuando pudieron y debieron ser reclamados con intervención de la aseguradora en la vía contencioso administrativa (arts. art. 9.4 II de la LOPJ y 21 c) de la LJCA), o con la finalidad de buscar un más propicio tratamiento jurídico en la aplicación del art. 20 de la LCS).

No se vulnera el art. 1140 del CC, pues la compañía de seguros sólo responde si también lo debe hacer la asegurada, y solo en la medida en que lo deba hacer. Otra cosa es que incurra en mora, que consideramos no se produce, en el caso presente, pues elegida la vía contencioso-administrativa, sin interpelación de la aseguradora, la compañía quedó pendiente de la resolución dictada en dicha vía jurisdiccional, para fijar, en su caso, la cuestionada responsabilidad de la administración y la cuantía de la misma; y, una vez establecidas éstas, proceder, como así hizo, sin demora, a satisfacer su importe.

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La inadmisión de las demandas de revisión de sentencias firmes y de error judicial conllevará la pérdida del depósito constituido.

 

El Pleno de la Sala 1ª TS de 26 de enero de 2022 establece como criterio general que la inadmisión de las demandas de revisión de sentencias firmes y de error judicial conllevará la pérdida del depósito constituido.

Destino del depósito constituido con la interposición de las demandas de revisión (art. 513 de la LEC) y de error judicial (art. 293.1.c] de la LOPJ).

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha advertido que no existe un criterio uniforme sobre el destino del depósito que debe constituirse para la interposición de las demandas de revisión de sentencias firmes, según el art. 513.1 LEC, y de error judicial, por remisión del art. 293.1.c] LOPJ, cuando se acuerda la inadmisión a trámite de dichas demandas, supuesto que no está expresamente previsto en la LEC.

La finalidad principal del depósito es disuadir de la presentación de demandas infundadas. La revisión de sentencias firmes y el proceso de declaración de error judicial son medios excepcionales; en el primer caso, porque constituye una excepción al principio esencial de la irrevocabilidad de las sentencias que hayan ganado firmeza; y, en el segundo, porque el error judicial se circunscribe a las decisiones de hecho o de Derecho que carecen manifiestamente de justificación. En consecuencia, ese carácter excepcional exige proteger adecuadamente el cumplimiento del objetivo legal del depósito.

Por otro lado, la regulación de la LEC fue completada por la Disposición Adicional (D.A.) 15ª LOPJ, que, bajo la rúbrica «Depósito para recurrir», estableció las normas generales de todos los depósitos, también con el propósito de «disuadir a quienes recurran sin fundamento jurídico alguno», como explicó la exposición de motivos de la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre.

El apartado 9 de la D.A. 15ª establece que «cuando el órgano jurisdiccional inadmita el recurso o la demanda, o confirme la resolución recurrida, el recurrente o demandante perderá el depósito, al que se dará el destino previsto en esta disposición». Y, aunque el apartado 14 prevé que el depósito previsto en dicha disposición no será aplicable a la «revisión en el orden civil», debe entenderse que esa exclusión se limita a la cuantía del depósito, que el art. 513 LEC fija en 300 euros, frente a los 50 euros del apartado 3.e) de la D.A. 15ª, por lo que no afecta a la aplicación del apartado 9, sobre la pérdida del depósito en caso de inadmisión de la demanda.

Debe tenerse en cuenta, por último, que la LEC prevé la devolución del depósito a la parte demandante exclusivamente en los casos en que la demanda es estimada.

Por todo ello, se establece como criterio general que la inadmisión de las demandas de revisión y de error judicial conllevará la pérdida del depósito constituido para recurrir.

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Doctrina del Supremo sobre la duración de los contratos de arrendamiento de local de negocio anterior a la LAU de 1985 que fueron objeto de subrogación a favor de la hija del arrendatario así como ulterior traspaso al actual arrendatario, todo ello antes de la entrada en vigor de la ley arrendaticia de 1994.

 

La sentencia del Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, de 14 de octubre de 2022, nº 669/2022, rec. 7292/2021, considera que en casos de contrato de arrendamiento de local de negocio anterior a la LAU de 1985 que fue objeto de subrogación a favor de la hija del arrendatario así como ulterior traspaso al actual arrendatario, todo ello antes de la entrada en vigor de la ley arrendaticia de 1994, resulta contrario a derecho el desahucio por extinción de plazo contractual porque el arrendatario actual disfruta de prórroga legal derivada del régimen transitorio previsto en la nueva ley arrendaticia.

En virtud de este régimen se considera arrendatario tanto a quien fuera el originario arrendatario como al que hubiera ocupado su posición contractual por traspaso o subrogación pese a las diferencias entre ambas figuras.

Una vez se produce un traspaso con posterioridad a la nueva LAU, ello permitirá la continuación del arrendamiento por un mínimo de diez años a contar desde su realización o por el número de años que quedaren desde el momento en que se realice el traspaso hasta computar veinte años a contar desde la aprobación de la actual Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994.

Este plazo legal de duración se verá incrementado en cinco años más para compensar la pérdida de valor que implica la extinción del régimen de la prórroga forzosa para los cesionarios que tenían derechos arrendaticios en un momento en el cual no se había dictado la ley de 1994.

A) Antecedentes relevantes.

Es objeto del presente proceso la acción de extinción de un contrato de arrendamiento urbano por transcurso del tiempo en virtud del juego normativo de la disposición transitoria tercera, apartado B) 3. de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos (en adelante LAU).

A los efectos decisorios de la presente controversia hemos de partir de los siguientes antecedentes:

1.- En fecha 1 de octubre 1949, se firmó el contrato de arrendamiento del que trae causa este litigio, que fue suscrito como arrendatario por Don Marcial.

2.- Su objeto era un local bajo de 73 m2, ubicado en la Avda. de Cástrelos, n.º 93, de Vigo, destinado a negocio de ferretería.

3.- En fecha no determinada en este proceso, en cualquier caso, entre los años 1989 y 1990, falleció el arrendatario, y se subroga en su lugar su hija doña Agueda.

4.- En escritura pública de 23 de abril 1992, doña Agueda cedió por traspaso los derechos arrendaticios de los que era titular al demandado D. Agapito, y en dicha escritura intervino la arrendadora prestando su consentimiento.

5.- En el año 2008, falleció la arrendadora.

6.- El 1 de octubre de 2019, por la actora, en su condición de heredera de la propiedad, requirió al arrendatario para que desalojase voluntariamente el inmueble litigioso, al entender que el contrato expiraba el 1 de enero de 2020. El Sr. Agapito se negó a ello y estimó, por el contrario, que el contrato subiste hasta su fallecimiento o jubilación.

7.- La oposición del arrendatario determinó que la actual cotitular del bajo, doña Elena, que actúa en nombre propio y en beneficio de la comunidad hereditaria de los bienes y derechos de la arrendadora, presentase demanda de desahucio por expiración del plazo contractual, con apoyo normativo en la Disposición Transitoria Tercera, apartado B) 3., párrafos cuarto, quinto y sexto. Considera que, al haberse transmitido el local, por traspaso, en los 10 años anteriores a la entrada en vigor de la ley, el arrendamiento se extingue por el transcurso del número de años que quedaren hasta computar veinticinco años; es decir, el 1 de enero de 2020.

8.- El conocimiento de la demanda correspondió al Juzgado de Primera Instancia n.º 2 de Vigo que lo tramitó por el cauce del juicio verbal de desahucio n.º 200/2020.

9.- En la contestación a la demanda, el arrendatario alegó que es de aplicación el párrafo primero de la Disposición Transitoria tercera, apartado B. 3 de la LAU de 1994, de manera que el arrendamiento no se extingue hasta su jubilación o fallecimiento, sin perjuicio, en su caso, si concurren los presupuestos legales para ello, de la subrogación del cónyuge o descendiente del arrendatario, e incluso traspaso según el párrafo 4.º de tal transitoria.

10.- El procedimiento finalizó por sentencia desestimatoria de la demanda. La juzgadora de primera instancia argumentó, para ello, que las normas en las que se apoya el actor no resultan de aplicación, puesto que se refieren a los casos en que se produzcan subrogaciones con posterioridad a la entrada en vigor de la LAU. En apoyo de su tesis, cita una sentencia de la Audiencia Provincial de Salamanca de 30 de septiembre de 2020, cuya doctrina considera aplicable al caso.

11.- Contra dicha resolución la demandante interpuso recurso de apelación. Su conocimiento correspondió a la sección sexta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, que dictó una sentencia revocatoria de la pronunciada por el juzgado. El tribunal provincial razonó al respecto:

"[...] La Disposición Transitoria 3ª contempla por razones de índole jurídica dos supuestos diferenciados, por un lado, la situación del arrendatario persona física que lo es al momento de entrada en vigor de la LAU/1994 en virtud de subrogación o de traspaso producido con anterioridad a los 10 años previos a la entrada en vigor de la LAU de 1994, quien a su voluntad puede bien permanecer en el uso del local hasta su jubilación o fallecimiento, bien traspasar el local, dedicando la Disposición Transitoria 3ª sus cinco primeros párrafos a regular esta situación y, por otro, el que tratamos, arrendatario persona física que al momento de entrada en vigor de la LAU/1994 lo era en virtud de traspaso efectuado dentro de los diez años anteriores a su entrada en vigor, al que se refiere el párrafo sexto.

En consecuencia, acreditado que en el año 1994, con la entrada en vigor de la LAU el 1 de enero de 1995, sobre el contrato de arrendamiento inicial se había producido un traspaso previo, contrariamente a lo resuelto en la sentencia de instancia, el plazo que rige este supuesto es de 20 años desde la fecha entrada en vigor de la ley de 1994 prorrogable 5 años más, por existir un traspaso previo en 10 años antes de la entrada en vigor de la norma citada, o sea 25 años, de esta manera, de acuerdo con lo solicitado en la demanda debe declararse el desahucio del inmueble sito en la Avenida de Castrelos, nº. 93 bajo de Vigo por expiración del término, con apercibimiento de lanzamiento al demandado D. Agapito si no procede a su desalojo".

B) Recurso de casación.

El motivo del recurso de casación se interpone, por interés casacional, al amparo del artículo 477.2 n.º 3 LEC, por infracción de la Disposición Transitoria Tercera, apartado B) 3, de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, por inaplicación de su párrafo primero e indebida aplicación del párrafo sexto, en relación con los artículos 29 y 60 del Decreto n.º 4104/1964, de 24 de diciembre, que aprobó el Texto Refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964, y artículo 2.3 del Código Civil, que consagra el principio de no retroactividad de las leyes.

Se cita, para sustentar dicho recurso, la doctrina dimanante de las sentencias de esta Sala de lo Civil n.º 46/2018, de 30 de enero; n.º 439/2018, de 12 de julio, y n.º 74/2020, de 4 de febrero.

La parte recurrida no se opone a la admisibilidad del recurso de casación.

Es necesario, igualmente, destacar que el presente recurso se interpuso antes de que se dictasen por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo las sentencias n.º 863/2021, de 14 de diciembre y n.º 279/2022, de 31 de marzo, que abordan específicamente la cuestión controvertida en el recurso.

C) Cuestión controvertida.

La cuestión controvertida radica en la interpretación que debe darse a la Disposición Transitoria Tercera B) 3. de la LAU de 1994, aplicable al caso que nos ocupa, en el que nos hallamos ante un contrato de arrendamiento de un local de negocio concertado antes de la ley de 9 de mayo de 1985, que fue objeto de una subrogación a favor de la hija del arrendatario, así como ulterior traspaso al demandado, el 23 de julio de 1992, y, por lo tanto, antes de entrada en vigor de la nueva ley arrendaticia.

La precitada Disposición Transitoria Tercera B) 3. de la LAU de 1994, en lo que ahora nos interesa señala:

«3. Los arrendamientos cuyo arrendatario fuera una persona física se extinguirán por su jubilación o fallecimiento, salvo que se subrogue su cónyuge y continúe la misma actividad desarrollada en el local.

En defecto de cónyuge supérstite que continúe la actividad o en caso de haberse subrogado éste, a su jubilación o fallecimiento, si en ese momento no hubieran transcurrido veinte años a contar desde la aprobación de la ley, podrá subrogarse en el contrato un descendiente del arrendatario que continúe la actividad desarrollada en el local. En este caso, el contrato durará por el número de años suficiente hasta completar veinte años a contar desde la entrada en vigor de la ley.

La primera subrogación prevista en los párrafos anteriores no podrá tener lugar cuando ya se hubieran producido en el arrendamiento dos transmisiones de acuerdo con lo previsto en el artículo 60 del texto refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos. La segunda subrogación prevista no podrá tener lugar cuando ya se hubiera producido en el arrendamiento una transmisión de acuerdo con lo previsto en el citado artículo 60.

El arrendatario actual y su cónyuge, si se hubiera subrogado, podrán traspasar el local de negocio en los términos previstos en el artículo 32 del texto refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos.

Este traspaso permitirá la continuación del arrendamiento por un mínimo de diez años a contar desde su realización o por el número de años que quedaren desde el momento en que se realice el traspaso hasta computar veinte años a contar desde la aprobación de la ley.

Cuando en los diez años anteriores a la entrada en vigor de la ley se hubiera producido el traspaso del local de negocio, los plazos contemplados en este apartado se incrementarán en cinco años.

Se tomará como fecha del traspaso, a los efectos de este apartado, la de la escritura a que se refiere el artículo 32 del texto refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964».

Pues bien, mientras que la actora fundamenta su pretensión en el párrafo sexto de la mentada disposición general, puesto que el título arrendaticio del demandado sobre el local litigioso proviene de un traspaso llevado a efecto en el plazo de los diez años anteriores a la entrada en vigor de la ley, y con base en ello sostiene que el contrato se extinguirá a los 25 años; es decir, el 1 de enero de 2020, la parte demandada, por el contrario, entiende que es de aplicación el párrafo primero de dicha disposición y, por consiguiente, el contrato se extingue con la jubilación o fallecimiento del arrendatario, sin perjuicio de subrogación y traspaso, al entender que los párrafos cuarto, quinto y sexto regulan las facultades del arrendatario actual, entendiendo por tal quien ostente dicha condición jurídica al entrar en vigor la LAU de 1994, para transmitir sus derechos arrendaticios por traspaso.

D) Examen de los precedentes jurisprudenciales.

Esta Sala ha tenido oportunidad de pronunciarse, en distintas ocasiones, sobre la interpretación de la mentada disposición transitoria tercera de la LAU de 1994. La exposición de la doctrina jurisprudencial exige su sistematización en los siguientes grupos de casos.

1º) Supuestos de subrogación acaecidos con antelación a la LAU de 1994.

En un grupo importante de sentencias, entre las que se encuentran las indicadas como fundamento del interés casacional alegado, abordamos el juego de la precitada disposición transitoria tercera en los casos de transmisión de los derechos arrendaticios por subrogación -no por traspaso-, producida con antelación a la vigencia de la LAU de 1994.

De esta manera, en la sentencia del TS nº 46/2018, de 30 de enero, se pronunció en el sentido siguiente:

«[...] los contratos de arrendamiento para uso distinto del de vivienda celebrados con anterioridad al 9 de mayo de 1985 -como es el caso- subsistirán a voluntad del arrendatario, con sujeción a prórroga, al menos hasta que se produzca la jubilación o el fallecimiento de éste (Disp. Trans. Tercera. B.3. párrafo primero). Habiéndose producido la subrogación del hoy demandado como arrendatario en el contrato que su padre había concertado en el año 1979 -subrogación que tuvo lugar con anterioridad a la entrada en vigor de la LAU 1994, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 60 de la LAU 1964- el arrendatario a todos los efectos era el hoy demandado en el momento de la entrada en vigor de la nueva Ley y, en consecuencia, la norma transitoria se aplica a éste y no al inicial arrendatario, siendo así que dicha norma contempla exclusivamente las subrogaciones posteriores a la entrada en vigor de la nueva Ley prescindiendo de las que se hayan podido producir con anterioridad a dicho momento según la legislación entonces vigente. De esta forma el arrendamiento podrá extenderse a toda la vida del arrendatario y, en su caso, a la del cónyuge que se subrogue, o a un máximo de veinte años desde la entrada en vigor de la LAU 1994 si la subrogación se produce a favor de un descendiente».

En la sentencia del Tribunal Supremo n.º 439/2018, de 12 de julio, se trataba, igualmente, de un supuesto de subrogación del art. 60 de la LAU de 1964, acaecido con antelación a la vigencia de la LAU de 1994. En dicha resolución, se casó la sentencia de la Audiencia, mediante la aplicación de la doctrina establecida en la sentencia n.º 46/2018, de 30 de enero, que de esta manera se ratificó, con la reiteración de la doctrina de que «el actual arrendatario tenía tal condición cuanto entró en vigor la LAU de 1994, y, por tanto, tiene derecho a continuar como tal hasta su jubilación o fallecimiento».

De nuevo, dicha doctrina se reproduce por las sentencias ulteriores del Tribunal Supremo n.º 34/2019, de 17 de enero; n.º 74/2020, de 4 de febrero, y n.º 344/2020, de 23 de junio.

2º) Caso de traspaso concertado con antelación a los diez años anteriores a la vigencia de la LAU de 1994.

A este concreto supuesto, se refiere la sentencia del TS n.º 440/2018, de 12 de julio, que abordó un caso en que el título arrendaticio del demandado provenía de un traspaso llevado a efecto el 29 de febrero de 1984, en que se mantuvo la vigencia del vínculo arrendaticio con cita de la sentencia n.º 46/2018, de 30 de enero. En dicha resolución argumentamos:

«Esta sala se ha pronunciado sobre la cuestión en reciente sentencia n.º 46/2018, de 30 enero, en igual sentido que la ahora recurrida; teniendo en cuenta que, cuando se produce el traspaso, pasa a ser arrendatario a todos los efectos quien accede al mismo y continúa en el arrendamiento con todos los derechos y obligaciones propias del locatario. En este caso el traspaso se efectuó con anterioridad a los diez años previos a la entrada en vigor de la LAU 1994 y bajo la vigencia del TR de 24 de diciembre de 1964, con pleno derecho a prórroga forzosa por lo que, fuera de los casos en que dicha prórroga pudiera ser denegada, su derecho a permanecer en el uso del local se extiende hasta su jubilación o fallecimiento de conformidad con la norma transitoria citada. De no ser así se le estaría privando de un derecho adquirido en virtud de la ley vigente cuando el traspaso se produjo, momento en que incluso era irrenunciable anticipadamente el derecho a prórroga forzosa. De ahí que esta sala ha estimado que esa es la interpretación que ha de merecer la disposición transitoria tercera de la LAU (EDL 1994/18384), sin perjuicio de aquellos supuestos en que el legislador haya establecido alguna particularidad, como ocurre con el caso de los traspasos efectuados dentro de los diez años anteriores que han merecido una especial consideración».

3º) Caso de traspaso llevado a efecto con posterioridad a la entrada en vigor de la LAU de 1994.

Un nuevo supuesto litigioso fue abordado por la sentencia del TS nº 605/2018, de 6 de noviembre, en el que la parte demandada lo era en virtud de traspaso llevado a efecto en el año 2002, respecto de un contrato de arrendamiento celebrado en 1980. En dicha resolución, señalamos que:

«Es lo cierto que quien era arrendatario en el momento de la entrada en vigor de la LAU 1994 procedió al traspaso del local en favor de la hoy demandada en fecha 15 de enero de 2002 de conformidad con lo establecido en el artículo 32 del TR 1964. Para este caso la DT 3.ª contiene una norma especial ya que el beneficiario de este traspaso -la demandada- ya no será arrendatario hasta su jubilación o fallecimiento, pues le es de aplicación lo previsto en el apartado B3, párrafo quinto, DT 3.ª, en el sentido de que "este traspaso permitirá la continuación del arrendamiento por un mínimo de diez años a contar desde su realización o por el número de años que quedaren desde el momento en que se realice el traspaso hasta computar veinte años a contar desde la aprobación de la ley", aplicándose lógicamente el plazo que dé lugar a una duración mayor del contrato.

En este caso, el traspaso producido a favor de la demandada en el año 2002 produciría su efecto hasta veinte años después de la entrada en vigor de la LAU 1994, extinguiéndose el contrato al cumplirse dicho plazo, lo que ha tenido lugar el 31 de diciembre de 2014 como sostiene la parte demandante».

En cualquier caso, sobre esta sentencia necesariamente hemos de volver.

4º) Traspasos realizados dentro del plazo de los diez años anteriores a la entrada en vigor de la LAU de 1994.

Esta concreta problemática, que es la misma que se plantea en este proceso, fue abordada por la Sala en sendas sentencias, concretamente en la STS n.º 863/2021, de 14 de diciembre y en la STS n.º 279/2022, de 31 de marzo. En ambos casos, se trataba de la extinción de contratos de arrendamiento en los que los derechos arrendaticios de los demandados provenían de traspasos llevados a efecto en los diez años anteriores a la entrada en vigor de la nueva LAU de 1994.

En la sentencia del TS n.º 863/2021, de 14 de diciembre se dijo:

«Doctrina que, por lo que ahora interesa, se puede resumir en la siguiente fórmula: cuando el traspaso ha tenido lugar bajo la vigencia de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 24 de diciembre de 1964, pasa a ser arrendatario a todos los efectos, es decir, con todos los derechos, incluido el derecho a la prórroga forzosa, y todas las obligaciones, el adquirente, por lo que, fuera de los casos en que dicha prórroga pueda ser denegada, su derecho a permanecer en el uso del local se extiende, por regla general, hasta su jubilación o fallecimiento, ya que, de no ser así, se le estaría privando de un derecho adquirido en virtud de la ley vigente cuando el traspaso se produjo, momento en que incluso era irrenunciable anticipadamente el derecho a la prórroga forzosa.

Esta doctrina se aplica, siempre, claro está, que se trate de contratos de arrendamiento de local de negocio celebrados antes del 9 de mayo de 1985 y cuyo arrendatario sea una persona física, cuando el traspaso se produzca bajo la vigencia de la LAU 1964 y ello con independencia de que tenga o no tenga lugar en los diez años anteriores a la entrada en vigor de la LAU 1994.

Ese dato, el del traspaso en los diez años anteriores a la entrada en vigor de la LAU 1994, no excepciona la regla general mencionada, puesto que lo significativo de cara a la aplicación de la norma que la enuncia es que el traspaso se produjera antes de la entrada en vigor de la LAU 1994, sin que importe si tuvo lugar o no en los diez años anteriores a ella, lo que, a tales efectos, constituye un indiferente jurídico.

Pues bien, conforme a dicha regla, que, cuando se refiere al arrendatario, lo está haciendo al actual, es decir, al que lo es a la entrada en vigor de la LAU 1994 y con independencia, dado que ninguna discriminación establece, de que se trate del arrendatario original o del que hubiera pasado a ocupar su posición contractual por traspaso, el arrendamiento se extingue, como entendió con acierto la sentencia recurrida, por su jubilación o fallecimiento».

La doctrina de dicha sentencia del Supremo es refrendada por la sentencia del TS n.º 279/2022, de 31 de marzo, con cita de la anterior.

E) Reiteración del criterio de la Sala y estimación del recurso interpuesto.

No ofrece duda que nos encontramos en el ámbito de la Disposición Transitoria Tercera, apartado B) 3. de la LAU de 1994, pues el litigioso se trata de un contrato de arrendamiento de local de negocio concertado inicialmente en 1949, por lo tanto, con antelación al 9 de mayo de 1985, en el que además el arrendatario actual es una persona física, cuyo título posesorio proviene de un traspaso, y que disfruta de prórroga legal.

El traspaso tiene una regulación especial en la mentada disposición transitoria que debemos aplicar, sin que quepa identificar subrogación con traspaso. Sus diferencias son evidentes. La subrogación tiene su origen en la ley, opera a favor de personas normativamente predeterminadas vinculadas con el arrendatario, sin posibilidad de extenderla a otras distintas, y es gratuita para el subrogado; mientras que el traspaso es un negocio jurídico oneroso, susceptible de celebrarse con terceras personas, y se lleva a efecto necesariamente en vida del arrendatario cedente. Las reglas que debemos aplicar en este caso son pues las contempladas en los párrafos cuatro a seis.

No obstante, la disposición transitoria parte de una regla general, en su párrafo primero, en tanto en cuanto proclama, respetuosa con los derechos adquiridos, que «los arrendamientos cuyo arrendatario fuera una persona física se extinguirán por su jubilación o fallecimiento, salvo que se subrogue su cónyuge y continúe la misma actividad desarrollada en el local».

Esta Sala ha establecido que, cuando la transitoria tercera se refiere al arrendatario, hace alusión al que lo sea a la entrada en vigor de la LAU de 1994, con independencia de que se trate del originario arrendatario o el que hubiera ocupado su posición contractual por traspaso o subrogación (SSTS nº 46/2018, de 30 de enero; nº 439/2018, de 12 de julio), o más recientemente la STS nº 863/2021, de 14 de diciembre y STS nº 279/2022, de 31 de marzo, entre otras).

Pues bien, el párrafo cuarto de la transitoria tercera hace referencia a que el arrendatario actual y su cónyuge, si se hubiera subrogado, es decir quienes lo sean a la entrada en vigor de la LAU de 1994, podrán traspasar el local de negocio en los términos previstos en el artículo 32 del texto refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964, con lo que la norma se está refiriendo a los traspasos llevados a efecto con posterioridad a la entrada en vigor de la nueva LAU, si bien fijando un límite temporal de duración del nuevo arrendamiento, y sin perjuicio, claro está, de los derechos de tanteo y de retracto, así como los de participación en el precio e incremento de renta que pertenecen a la parte arrendadora (arts. 35, 36, 39 y 42 de LAU de 1964).

De esta manera, en el párrafo quinto, se norma que «este traspaso permitirá la continuación del arrendamiento por un mínimo de diez años a contar desde su realización o por el número de años que quedaren desde el momento en que se realice el traspaso hasta computar veinte años a contar desde la aprobación de la ley» que, como precisamos en la sentencia del TS n.º 605/2018, de 6 de noviembre, provocará la aplicación del plazo que dé lugar a una duración mayor del contrato.

El controvertido párrafo sexto, cuando establece que si «en los diez años anteriores a la entrada en vigor de la ley se hubiera producido el traspaso del local de negocio, los plazos contemplados en este apartado se incrementarán en cinco años», se refiere igualmente a los traspasos llevados a efecto con posterioridad a la LAU de 1994, que es la razón de ser de la disposición transitoria cuya exégesis nos corresponde, en coherencia con lo normado en su párrafo primero, y respetuosa con los derechos arrendaticios adquiridos por los cesionarios en un momento en el cual que no se había dictado la nueva ley de 1994.

Por consiguiente, la regla del párrafo sexto se refiere a los traspasos que se lleven a efecto tras la entrada en vigor de la LAU de 1994, por quienes ostentaban, en tal momento, la condición de arrendatarios, en virtud de un traspaso llevado efecto en los diez años inmediatamente anteriores a la entrada en vigor de dicha ley, y, con la probable finalidad de compensar la pérdida de valor que implica la extinción del régimen de la prórroga forzosa, se amplía el plazo legal de duración del contrato previsto en el párrafo quinto, a cinco años más.

No cabe, pues, interpretar dicha norma en el sentido de que se establece una específica causa de extinción de los contratos de arrendamiento, cuyos derechos se adquiriesen por traspaso en el precitado periodo crítico de los diez años anteriores a la vigencia de la nueva LAU, a modo de excepción a la regla general de pervivencia del contrato hasta la jubilación o fallecimiento del arrendatario.

Mantener la interpretación de la sentencia recurrida en casación significaría convertir la norma del párrafo sexto en un precepto autónomo, carente de conexión con los párrafos anteriores cuarto y quinto de la disposición transitoria, a pesar de que precisamente en función de ellos construye su proposición normativa y justifica su razón de ser, pues amplía en cinco años los plazos previstos en el párrafo anterior que, a su vez, limita la duración de los traspasos que se lleven a efecto al amparo del párrafo cuarto. Compartir la tesis de la parte actora supondría, también, abrir una excepción, no expresamente establecida, al régimen legal del párrafo primero, que opera como regla general del sistema, mediante una interpretación literal que entra en colisión con otra conjunta de la norma.

La sentencia del TS nº 440/2018, de 12 de julio, debe interpretarse como un obiter dicta (dicho sea de paso), pues el caso enjuiciado en dicha resolución se trataba de un traspaso llevado a efecto el 29 de febrero de 1984 y, por consiguiente, fuera del plazo contemplado en el párrafo sexto de la transitoria que conforma el objeto de este recurso.

Como precisan las sentencias de esta Sala de lo Civil nº 327/2010, de 22 de junio; nº 362/2011 de 7 de junio; nº 344/2018, de 7 junio, y nº 453/2018, de 18 de julio, no constituyen jurisprudencia los argumentos obiter dicta, a «mayor abundamiento» o «de refuerzo», sino la fundamentación de la resolución que tenga carácter decisivo o determinante del fallo; es decir, que constituya su ratio decidendi (SSTS n.º 238/2007, de 27 de noviembre; n.º 1348/2007), de 12 de diciembre; n.º 53/2008, de 25 de enero; n.º 58/2008, de 25 de enero; y n.º 597/2008, de 20 de junio, entre otras).

Por otra parte, la doctrina de la sentencia del Supremo nº 605/2018, de 6 de noviembre, en cuanto establece:

«En nada afecta a dicha conclusión el hecho de que se hubiera producido un traspaso a favor del Sr. Carlos Ramón -que a su vez traspasó el local a la demandada- en los diez años inmediatamente anteriores a la entrada en vigor de la ley ( DT 3.ª B.3, párrafo sexto) pues en aquél momento aún estaba vigente la LAU 1964 y el RDL 1985 y el legislador previó -en consideración a este dato- un aumento del plazo de vigencia de cinco años para tales traspasos, beneficio que en modo alguno puede ser considerado como transmisible en el presente caso a los nuevos arrendatarios a los que -como se ha dicho- se aplican los plazos del párrafo quinto en cuanto se constituyeron como arrendatarios mediante traspaso una vez producida ya la entrada en vigor de la LAU 1994».

Debe considerarse superada por las ulteriores sentencias del Tribunal Supremo n.º 863/2021, de 14 de diciembre, y n.º 279/2022, de 31 de marzo, cuya doctrina se reproduce en esta sentencia de Pleno.

F) Conclusión. Asunción de la sentencia de instancia.

Por todo ello, debemos casar la sentencia de la Audiencia, asumir la segunda instancia y, al conocer el recurso de apelación interpuesto, confirmar la sentencia de 11 de diciembre de 2020, dictada por el Juzgado de Primera Instancia n.º 2 de Vigo, en virtud del conjunto argumental antes expuesto.

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