Buscar este blog

domingo, 22 de noviembre de 2020

Cuando ocurre una incidencia informática en el desarrollo de una prueba de oposición que produce como consecuencia el restar un tiempo de examen a una aspirante, a diferencia de los que sucedió con otros, se privó a la misma de concurrir a esta prueba en condiciones de igualdad y se considera legítima y adecuada la pretensión de realizar de nuevo dicha prueba, para poder restablecer su derecho

A) Una sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, sec. 3ª, de 23 de septiembre de 2020, rec. 505/2019, ha ordenado repetir el examen de una opositora, que durante una prueba tuvo que esperar a que Windows se actualizase y acabó suspendiendo, al ser patente que no se observaron las bases que imponían un tiempo de 15 minutos para el ejercicio, y que con ello se vulneró el derecho de la aspirante a acceder en condiciones de igualdad a la función pública. 

La Audiencia Nacional declara que cuando ocurre una incidencia informática en el desarrollo de una prueba de oposición que produce como consecuencia el restar un tiempo de examen a una aspirante, a diferencia de los que sucedió con otros, se privó a la misma de concurrir a esta prueba en condiciones de igualdad y se considera legítima y adecuada la pretensión de realizar de nuevo dicha prueba, para poder restablecer su derecho, tras lo cual será nuevamente valorada y clasificada en la lista de aprobados si a ello hubiera lugar, adoptándose las determinaciones necesarias al efecto. 

Estamos en presencia de un caso fortuito, ajeno a la voluntad del aspirante y así lo dispone el artículo 1105 del Código Civil: "Fuera de los casos expresamente mencionados en la ley, y de los que así lo declare la obligación, nadie responderá de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse, o que, previstos, fueran inevitables". 

B) ALEGACIONES SOBRE LAS QUE SE FUNDAMENTA LA DEMANDA: La demandante fue convocada para la realización del segundo y último ejercicio correspondiente al Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa, de acuerdo con la Orden JUS/1166/2017, de 24 de noviembre, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia (BOE 30 de noviembre de 2018); ejercicio que tuvo lugar el día 30 de junio de 2018 en el turno de las 11:00 horas dentro del ámbito de Ministerio de Justicia con sede en Cáceres, en el que tuvo lugar una incidencia durante la realización del mismo. 

En la mitad del ejercicio irrumpió una ventana de actualización del programa Word 2010, con el que se realizaba, que ocupaba toda la extensión del documento objeto de examen, impidiendo su continuación hasta la eliminación de la ventana. 

Esto sucede sin advertencia previa, sin dictar instrucciones a seguir ante tal incidencia; pero sí se advierte para que no sea manipulado el documento de examen debido a que existe la posibilidad ocurrida ya en convocatorias anteriores de guardar o cancelar el documento de manera involuntaria. 

Estamos en presencia de un caso fortuito, ajeno a la voluntad del aspirante y así lo dispone el artículo 1105 del Código Civil: "Fuera de los casos expresamente mencionados en la ley, y de los que así lo declare la obligación, nadie responderá de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse, o que, previstos, fueran inevitables", normativa de aplicación subsidiaria de conformidad con lo establecido en el artículo 4.3 de dicho Código Civil.

Requiere a la vigilante Lucía, y esta tras ver la ventana de actualización y dudar y pensar sobre qué hacer, consigue finalmente eliminar dicha ventana y así permitirle proceder a la continuación del ejercicio. 

Esta pérdida de tiempo no es controlada de forma cronológica por dicha persona ni por ninguno de los responsables de vigilancia del examen allí presentes. Y, lo más importante, cuando es consciente de lo que sucede, la recurrente comienza a controlar el tiempo, de un minuto, si bien fue superior. 

El ejercicio descrito consiste en la transmisión de un documento, plasmando de manera idéntica el formato y el contenido del mismo durante quince minutos, con las máximas pulsaciones posibles con el objetivo de reproducir así la mayor parte posible del texto objeto de examen durante el periodo de realización otorgado para el examen. 

Por ello la parte demandante remarca la repercusión que supone la pérdida de más de un minuto en un examen en el que su duración está establecida en quince, siendo así determinante esta pérdida de tiempo y suponiendo más de un minuto sin escritura un desplome enorme de las pulsaciones a contar por minuto. 

Añade que no puede determinar desde cuándo llevaba dicha ventana en la pantalla de su monitor, lo que sí conoce y asegura es que escribió parte de un texto y cuando dirigió su mirada a la pantalla del monitor nada de él había quedado plasmado, y que desde que pudo controlar el tiempo transcurrido en ver la ventana. 

La incidencia no es corregida mediante la adición de un tiempo suplementario a la recurrente, y por el contrario al pedir una explicación a la vigilante, esta le expresa que se ha otorgado un periodo adicional de tiempo de treinta segundos a todos los allí presentes, que es el tiempo que esa persona estima perdido por la incidencia ocurrida en la persona de la recurrente, sin que en ningún momento aquel periodo sea controlado de manera cronológica. Esta solución profundiza y engrandece aún más la desventaja. 

C) Motivos en los que se funda el recurso: Vulneración del principio de igualdad: Los motivos sobre los que se articula el recurso, pueden sintetizarse del siguiente modo: 

1) Nulidad de actuaciones por vulneración de los artículos 14, 23 y 103 CE, artículos 483 a 489 de la LOPJ, artículos 7, 8, 9, 10, 17 y 37 del Reglamento de provisión, Orden JUS/1087/2018 de 4 de octubre y Acuerdo del tribunal calificador único de 23 de julio de 2018, artículos 47.1.a) y d) de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común o subsidiariamente el artículo 48. 

El hecho acaecido supone y es producto de una situación fortuita, no controlable ni previsible que no sólo impidió y obstaculizó continuar el examen y por tanto competir en igualdad de condiciones en el proceso selectivo, tal y como indica el artículo 103 y 14 de la CE y recoge de la misma manera el artículo 7.1 del Real Decreto 1451/2005, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Ingreso, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional del Personal Funcionario al Servicio de la Administración de Justicia. 

El tiempo de realización de este examen está descrito en las bases de la oposición, viene establecido directamente bajo criterio del Ministerio de Justicia, y en ningún momento puede transferirse esa potestad a un vigilante, para su modificación, y menos aún en desventaja del resto de opositores. Ello ha provocado una doble discriminación, por una parte, en relación a la aspirante y al resto de opositores porque se le han concedido un tiempo extra de 30 segundos a toda la clase cuando realmente debería de haberse otorgado únicamente a ella que fue quien sufrió la incidencia, dando lugar a una doble discriminación. 

Pretende el restablecimiento de su derecho a la posibilidad de poder repetir el examen sin las circunstancias impeditivas y obstaculizadoras que tuvo el día de los hechos y bajo las mismas condiciones y criterios objetivos que el resto de los aspirantes, porque sí superase la totalidad del proceso selectivo reiterada jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo, permite la adjudicación de la plaza. 

2) Infracción del principio de igualdad y no discriminación artículo 14 CE, 23 y 103 de la CE. Con ser ello suficiente para la estimación del presente recurso, tal proceder infringe el principio de igualdad (art. 14 CE), que sustenta el derecho fundamental a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos. 

3) Vulneración del artículo 14, 23 y 103 de la CE, al contemplar un aula de incidencias para el primer ejercicio y no para el segundo. 

Esta parte tiene conocimiento de que desde que se instauró este ejercicio de ofimática en la oposición , y cuando acontece algún impedimento impeditivo durante su realización (siendo frecuente puesto que hablamos de ordenadores en los que sin ser un hecho extraño puede surgir cualquier imprevisto que obstaculice su correcto desarrollo por el opositor), que pueda poner en desventaja particular o desigualdad al aspirante al que acontece con respecto al resto, se repite el examen en un aula designada así para ello. 

D) HECHOS: Participación de la aspirante. Incidencias acreditadas: 

La demandante participó en el proceso selectivo en el ámbito territorial del Ministerio de Justicia, en el que se convocaban 210 plazas. En el primero ejercicio obtuvo una nota de 90.75 puntos (siendo el mínimo para aprobar 87,75 en ese ámbito territorial, según el acuerdo adoptado a tal efecto por el Tribunal Calificador único de 12 de junio de 2018); en la segunda prueba de este obtuvo 35 puntos (siendo el mínimo para aprobar 20); y en el ejercicio de carácter práctico escrito y eliminatorio obtuvo 25 puntos en el apartado "formato" (nota mínima 22 según acuerdo de 23 de julio de 2018 del Tribunal Calificador) y 16,7 puntos en el apartado "velocidad" (siendo el mínimo 17,44), con un total de 41.7 puntos. 

Consta en las actuaciones que la reclamante realizó su examen (acontecimiento 17 del expediente judicial) el día 30 de junio de 2018 en el turno de las 11 horas, siendo vigilante y miembro del Tribunal de la prueba la funcionaria doña Lucía. Obra un escrito (doc.1 de la reclamación de 27 de julio y de 4 de julio de 2018 - acontecimiento 17- ) de esa misma fecha firmado por la aspirante y por Doña Lucía en el que la opositora explica que encontrándose realizando el examen la pantalla se vio repentinamente ocupada por una actualización de Windows 10, que invisibilizaba el documento en el que se realizaba el examen, imposibilitando su continuación. En el documento, reconocido en juicio como cuyo por Doña Lucía, se expresa literalmente: "Esto supone una pérdida adicional de tiempo de alrededor un minuto, desde que aparece la ventana de actualización en la pantalla, hasta que uno de los responsables de vigilancia del examen me atiende y me elimina la ventana de actualización. La pérdida de un minuto supone una pérdida de pulsaciones importante, además de lo que supone este tipo de incidencia en mitad de un examen para el estado de ánimo del opositor. Según me informa la persona que me atiende en esta incidencia, se añaden 30 segundos adicionales a todos los opositores …". 

En la prueba practicada en estas actuaciones, la testigo Doña Lucía afirmaba que efectivamente era la vigilante y Presidente de ese Tribunal, si bien mantiene que la opositora perdió "10 segundos como mucho", que firmó el documento donde se dice que perdió alrededor de un minuto, y que ella concedió a todos los opositores 30 segundos más, "porque le había saltado a 4 o 5"; si bien, ese tiempo adicional no era determinante a su juicio. La razón por la que adoptó tal solución, la justificó como la que entendió más sencilla y más rápida. 

A la vista de lo acaecido, la demandante realizó dos reclamaciones los días 4 de julio y 27 de julio de 2018 al Tribunal con el fin de que se pudiera solucionar la incidencia, alegando la importancia de haber perdido un minuto en una prueba de velocidad que duraba quince minutos, y que le colocaba en una situación de desigualdad frente al resto de los opositores. Sin embargo, no obtuvo respuesta, siendo excluida de la relación de aprobados al no obtener el mínimo exigido. 

Consta en el expediente que el último de los opositores que aprobó este segundo ejercicio en el ámbito del Ministerio de Justicia en el que participaba la demandante obtuvo en esta prueba un total de 41,77 puntos, y la recurrente 41,7. 

En la relación de aprobados el opositor con una puntuación más baja aprobó con 168,93 puntos. La demandante tenía un total de 167,45 que, tal y como se ha expresado, no era suficiente para aprobar ya que el segundo y último ejercicio era eliminatorio y no consiguió el mínimo. 

E) DOCTRINA DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD. 

1º) La queja que ha mantenido la demandante a lo largo de su reclamación previa, y a lo largo de su demanda, se resume en que el Tribunal Calificador ha desconocido el principio de igualdad en el acceso a la función pública (artículo 23.2 CE), y las bases de la convocatoria, en lo referente a los tiempos que se otorgaban para la realización del ejercicio de carácter práctico de velocidad en un tiempo limitado de quince minutos.

Así, en lo que aquí resulta de interés procede recordar que todo procedimiento selectivo de concurrencia competitiva ha de sujetarse a las bases de la convocatoria, a la que quedan vinculados los aspirantes y el Tribunal Calificador, así como la Administración convocante del proceso (artículo 16.4 Real Decreto 1451/2005, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Ingreso, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional del Personal Funcionario al Servicio de la Administración de Justicia) y que ha de desarrollarse de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, que rigen el acceso a la función pública ( artículo 103.3 CE) y el derecho fundamental del art. 23.2 CE que se enuncia en los siguientes términos: «Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes». 

"La expresión con arreglo a las Leyes, es indudable que fija el término de referencia del juego de las "condiciones de igualdad". Lo que suscita la cuestión de si puede resultar exigible por ese derecho y por el del art. 14 CE que los requisitos establecidos en la Ley deban alterarse respecto a la previsión general, arbitrando una solución singularizada para que quien, por razones estrictamente personales, aunque estas sean calificables de fuerza mayor, no pueda cumplir las exigencias generales. 

2º) Para dar respuesta a tal planteamiento, conviene examinar la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el art. 23.2 CE, que puede sintetizarse, por todas en la STC 30/2008 de 25 de febrero, F.J. 61, en que se dice: 

«a) En primer lugar, nos encontramos ante un derecho a la predeterminación normativa del procedimiento de acceso a las funciones públicas con los requisitos que señalen las leyes; como hemos declarado, por todas en las SSTC 73/1998, de 31 de marzo, y 138/2000, de 29 de mayo, la Constitución reserva a la ley, y, en todo caso, al principio de legalidad, la regulación de las condiciones de ejercicio del derecho, lo que entraña una garantía de orden material que se traduce en la imperativa exigencia de predeterminar cuáles hayan de ser las condiciones para acceder a la función pública, de conformidad con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, que sólo pueden preservarse y establecerse mediante la intervención positiva del legislador. Una verdadera predeterminación que ha de asegurar que la Administración encargada de valorar los candidatos no pueda actuar con un indiscriminado arbitrio, sino con el prudente y razonable que requiere el artículo 23. 2 CE, lo cual, por otra parte, es lo que hace posible, en su caso, el ulterior control jurisdiccional, puesto que el juez que lo es de la legalidad tendrá así un criterio con el que contrastar si la actuación administrativa se ha ajustado uno a las condiciones de igualdad mérito y capacidad previamente establecidas. En suma, "la fijación ex ante de los criterios de selección, tanto de carácter absoluto como relativo, en que consistan la igualdad, mérito y capacidad para cada función es la única forma de que pueda ejercerse el derecho mismo" (Sentencia del TC 48/1998, de 2 de marzo, FJ 7.b). 

b) En segundo lugar, pero en inescindible conexión con lo anterior, hemos destacado que nos hallamos ante un derecho de acceso a las funciones públicas "en condiciones de igualdad", lo que supone que las normas reguladoras del proceso selectivo han de asegurar a los ciudadanos una situación jurídica de igualdad en el acceso a las funciones públicas, con la inmediata interdicción de requisitos de acceso que tengan carácter discriminatorio (SSTC 193/1987, de 9 de diciembre,47/1990, de 20 de marzo, o353/1993, de 29 de noviembre), o de referencias individualizadas (STC 67/1989, de 18 de abril). Entre las específicas garantías que la jurisprudencia de este Tribunal ha ido situando en el contenido de este derecho fundamental, se encuentra la del derecho a la igualdad en la aplicación misma de la ley: "el derecho proclamado en el art. 23.2 CE incorpora también el derecho a la igualdad en la aplicación misma de la ley, de tal modo que, una vez garantizada la vinculación de la propia Administración a lo dispuesto en las normas reguladoras del procedimiento selectivo, ha de quedar también excluida toda diferencia de trato en el desarrollo del referido procedimiento. En todos los momentos del proceso selectivo la Administración está objetivamente obligada a dispensar a todos un trato igual. Las "condiciones de igualdad" a las que se refiere el art. 23.2 CE se proyectan, por tanto, no sólo en relación con las propias "leyes", sino también con su aplicación e interpretación (por todas, SSTC 10/1998, de 13 de enero, FJ 5, y73/1998, de 31 de marzo, FJ 3 c))" (STC 107/2003, de 2 de junio, FJ 4). En definitiva, el art. 23.2 CE, garantiza un trato igualitario a todos los participantes en un proceso selectivo (Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 7ª, Sentencia de 5 julio 2012, Rec. 4072/2010). 

3º) De acuerdo con esta doctrina, hemos de verificar si, atendidas las bases de la convocatoria, a la aspirante ahora demandante se le dispensó un trato en condiciones de igualdad en el desarrollo del examen, o si, por el contrario, el derecho a la igualdad en el acceso a la función pública resultó violado, en función de lo acaecido a lo largo de la última de las pruebas que debía superar. 

La respuesta ha de ser afirmativa, porque hemos de considerar probado no solo el hecho de que esta opositora se vio sorprendida por una incidencia informática que le impedía continuar el examen, sino que la única instrucción que tenían ante tal eventualidad era no manipular el sistema, por peligro de pérdida, y que la incidencia pudo durar alrededor de un minuto, tal y como quedó consignado en el documento que firmó la opositora y la vigilante Doña Lucía. 

Con ocasión de la prueba Doña Lucía afirmaba que fue menos tiempo, aunque no explicó por qué se desdijo de lo que había firmado previamente, a instancia de la opositora concernida por la incidencia; y tampoco logró dar una explicación satisfactoria acerca de la razón objetiva por la que decidió conferir 30 segundos más a todos los opositores, cuando la incidencia informática solo afectó a un número limitado de opositores (4 o 5). El problema de visualización de la pantalla del monitor restaba un tiempo de examen, lógicamente, al ocultar la pantalla y el documento con el que se trabajaba en ese momento, con lo que lejos de dar solución a la incidencia, la afectada quedó en una situación de desventaja respecto a los demás, puesto que perdió un tiempo de examen que luego no pudo recuperar. 

Este tiempo de un minuto aproximado, en un examen de 15 minutos, puede considerarse un periodo de tiempo relevante porque determina una pérdida del 6,66% del tiempo total de la prueba escrita (quince minutos en total).

Para valorar esta incidencia hemos de considerar que la prueba era una prueba de velocidad en la que se trataba de lograr el mayor número de pulsaciones por minuto, computándose de forma que a mayores pulsaciones sin errores mayor puntuación, y si se llegaba a superar un determinado número de pulsaciones se otorgaba una puntuación superior al tramo precedente (Véase punto tres del Baremo de corrección del segundo ejercicio - acontecimiento 11 del complemento de expediente-). 

4º) CONCLUSION: Por lo tanto, se ha de concluir que, al restar un tiempo de examen a esta aspirante, a diferencia de lo que sucedió con otros, se le privó de concurrir a esta prueba en condiciones de igualdad, en tanto que no se otorgó el mismo tiempo de examen que al resto de los opositores no afectados por la incidencia. En estas condiciones es patente que no se observaron las bases que imponían un tiempo de 15 minutos para este ejercicio, y que con ello se vulneró el derecho de acceder en condiciones de igualdad a la función pública, por lo que la pretensión de realizar de nuevo esta prueba se revela legítima y adecuada para poder restablecer su derecho, tras lo cual será nuevamente valorada y clasificada en la lista de aprobados si a ello hubiera lugar, adoptándose las determinaciones necesarias al efecto (como dotar de efectos retroactivos a la decisión a fin de incorporarse a la promoción que le hubiera correspondido). Esta nueva prueba se llevará a efecto en el plazo de un mes desde la firmeza de la sentencia, con objeto de restablecer eficazmente el derecho del artículo 23.1 y 24.1 CE. 

5º) En este mismo sentido se ha pronunciado el Tribunal Supremo afirmando que "esa repetición permitida a esas otras aspirantes estuvo plenamente justificada, por ir destinada a evitar que sufrieran las consecuencias de una anomalía técnica que era ajena a su conducta personal (lo contrario es lo que sí que habría sido discriminatorio para dichas dos aspirantes, porque se habría tolerado para ellas un obstáculo en el proceso selectivo que no tuvieron los demás concurrentes)";Y añade que es factible la presencia de una anomalía que si bien no impide totalmente la realización del examen, "dificultara la normal realización del ejercicio y la necesidad por ello de su repetición para amparar el derecho de la persona afectada a examinarse en condiciones de igualdad; y en este caso tal clase de anomalía no descarta la existencia de una inicial calificación correspondiente sólo a la parte de ejercicio que pudo ser realizada."(Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 7ª, Sentencia de 14 febrero 2007, rec. 7925/2002). Este es precisamente el caso que se somete a examen, debiendo entenderse igualmente que se produjo una vulneración del derecho fundamental de igualdad contemplado en el artículo 23.1 de la Constitución.

www.gonzaleztorresabogados.com





sábado, 21 de noviembre de 2020

No existe concurrencia de culpas si el peatón cruza la vía por un determinado punto al no existir pasos de peatones cercanos y el conductor del vehículo lo arroya pese a tener amplia visibilidad y circular a escasa velocidad, porque ello indica que la causa del siniestro fue que el conductor no estaba atento a la conducción.

A) La sentencia de la Audiencia Provincial de Ciudad Real, sec. 2ª, de 28 de julio de 2020, nº 534/2020, rec. 802/2019, no aprecia concurrencia de culpas si el peatón cruza la vía por un determinado punto al no existir pasos de peatones cercanos y el conductor del vehículo lo arroya pese a tener amplia visibilidad y circular a escasa velocidad, porque ello indica que la causa del siniestro fue que el conductor no estaba atento a la conducción. 

1º) Un peatón es la persona que, sin ser conductor, transita a pie por las vías públicas. También se consideran peatones los que empujan cualquier otro vehículo sin motor de pequeñas dimensiones o los minusválidos que circulan al paso con una silla de ruedas con motor o sin él. 

Cuando un peatón pretende cruzar una calle lo primero que se debe tener en cuenta es el lugar por el que se va a realizar. Se debe elegir el sitio más seguro, y está claro que el lugar que más garantías ofrece es un paso regulado por marcas viales, semáforos o agentes del tráfico. 

Si no existe ningún paso se cruzará por el lugar en el que se tenga mejor visibilidad, es decir por las esquinas y procurando evitar cruzar entre vehículos aparcados. 

2º) Por ello, el mero hecho de pasar por un lugar sin paso de peatones, como sostiene la resolución recurrida y la aseguradora, no determina sin más la culpa del peatón, para ello es necesario que con su modo de proceder, ya sea súbito imprevisto temerario o poco diligente, el peatón invada la vía e impida al conductor percibir su presencia; extremo sobre el que nada se ha probado, es más la actividad probatoria practicada ha adverado lo contrario, esto es que el conductor pese a tener amplia visibilidad y circular a escasa velocidad no llegó a realizar ninguna maniobra esquiva cuando el peatón cruzaba la calzada, signo inequívoco de que fue una desatención o descuido suyo la causa única, exclusiva y determinante del siniestro. 

B) ANTECEDENTES DE HECHO: La sentencia impugnada estima parcialmente la demanda y condena a la aseguradora demandada a abonar al actor la cantidad de 2.880, 17 euros, equivalentes al 70 % de los daños corporales y materiales sufridos a consecuencia del accidente de circulación sufrido el día 13 de enero de 2.017. 

Considera, en esencia, tras exponer las posiciones de las partes (FD I) y la doctrina legal y jurisprudencial aplicable (FD II), que las conductas del conductor del vehículo asegurado en la aseguradora demandada y del peatón atropellado contribuyeron a la producción del siniestro. La del primero al efectuar el giro a la izquierda y atropellar al peatón cuando cruzaba la calzada sin haberse acreditado que carecía totalmente de visibilidad que le impidiese advertir la presencia del segundo ni que le impidiese absolutamente realizar una maniobra evasiva no habiéndose demostrado que su irrupción fuese súbita, y la del segundo, al cruzar la vía por un lugar no habilitado para ello. Aplica, por ello, la compensación de culpas en la proporción antes referida 70-30 y reduce el montante de las indemnizaciones interesadas en dicha relación. 

Frente a la misma se alza la parte actora esgrimiendo un único motivo impugnativo, error de hecho en la valoración de la prueba e infracción de los art. 1.1 y 1.2 del RDL 8/2.004, de 27 de Octubre y la jurisprudencia que lo desarrolla. En su desarrollo argumentativo sostiene que aunque no existía un paso de peatones en el citado cruce de la Calle Pensamiento en su confluencia con la Avenida de los Estudiantes de Valdepeñas, eso no debe impedir la movilidad de los transeúntes imponiéndoles un largo rodeo hasta cruzar por un lugar habilitado erigiéndose en motivo para catalogar su conducta como negligente cuando el causante del siniestro fue exclusivamente el automovilista que efectuó un giro a la izquierda sin asegurarse que no cruzaba nadie resultando inimaginable para el peatón esa maniobra dada la amplia visibilidad que aquel tenía de tal suerte que en todo caso su contribución sería de escasa o desproporcionada entidad y aquella en determinante del mismo. 

Alegato que rechaza la aseguradora demandada insistiendo en que el cruce se verificó por un lugar inadecuado y no permitido sin cerciorarse de su invasión generó un riesgo, siendo su contribución causal relevante y la reducción una sanción a su descuidado comportamiento. 

C) OBJETO DE LA LITIS: Planteado el recurso en los términos expuestos el debate se circunscribe en esta alzada a determinar si en la producción del siniestro contribuyó causalmente con su conducta el peatón atropellado, y, en caso afirmativo, si la misma es de entidad escasa o desproporcionada en relación con la del conductor que es de tal magnitud cuantitativa o cualitativa que la torna en intranscendente al ser esta determinante del accidente. 

Pues bien, la resolución recurrida achaca responsabilidad al peatón única y exclusivamente por cruzar la calzada de la calle pensamiento por un lugar no señalizado como paso de peatones para hacerlo. Ese hecho es cierto. Se podría por ello sostener que su conducta infringe el artículo 124 del Reglamento General de Circulación que impone verificar el cruce donde existan pasos de peatones precisamente por aquellos. Mas la realidad es que en ese punto concreto no existe ningún paso de peatones señalizado; es más el único existente en la Calle Pensamiento se encuentra muy lejos y distante del lugar en que sucede el atropello, como así lo señala y reconoce el conductor del vehículo Sr. Donato tras exhibírsele el documento número dos de los que acompañan a la contestación a la demanda, sin que pueda exigírsele al peatón acudir a aquel para cruzar la vía; al igual que tampoco en la Avenida de los Estudiantes hay ningún paso de peatones antes de llegar a la altura de la Calle Pensamiento o en sus proximidades que permita o posibilite cruzar esta última calle antes de llegar a la mencionada confluencia si se viene en sentido contrario al que circulaba el vehículo y se transita por la acera de la izquierda, los que hay están antes en la citada Avenida pero con posterioridad al citado cruce, en concreto a la altura del Bar Cachumbo, paso de peatones que no se puede cruzar sin rebasar antes la citada calle siendo este aquel en el que el Sr. Donato, conductor del vehículo causante del siniestro, reconoció haberse detenido antes de que otro le diese preferencia y efectuase el giro obligatorio a la izquierda en cuya calzada se produce el punto de colisión con el peatón que cruzaba la citada Calle Pensamiento. 

En definitiva y recapitulando, que aunque no había paso de peatones señalizado para cruzar la vía en ese punto concreto, pese a que no se encuentre ninguna explicación lógica ni razonable a ello, la realidad es que el paso, al no haber otro lugar posible a una distancia próxima, se verifica por dicho punto no solo por ser una maniobra lógica y natural, sino porque ello está previsto como se infiere con una mera visualización del acerado en el que hay un marcado desnivel para facilitar el tránsito de carritos o vehículos de personas con movilidad reducida o adaptados lo que denota que es punto común y frecuente de tránsito. Por ello, la maniobra de cruce que realiza el peatón al cruzar por ese lugar no puede calificarse de extraña o sorpresiva, si bien al realizarse fuera de un paso de peatones señalizado ha de verificarse con prudencia, debiendo cerciorarse el peatón antes de iniciarla que puede hacerla sin riesgo ni entorpecimiento indebido. 

En consecuencia, el mero hecho de pasar por ese lugar como sostiene la resolución recurrida y la aseguradora no determina sin más su contribución causal, para ello es necesario que con su modo de proceder, ya sea súbito imprevisto temerario o poco diligente, el peatón invada la vía e impida al conductor percibir su presencia; extremo sobre el que nada se ha probado, es más la actividad probatoria practicada ha adverado lo contrario, esto es que el conductor pese a tener amplia visibilidad y circular a escasa velocidad no llegó a realizar ninguna maniobra esquiva cuando el peatón cruzaba la calzada, signo inequívoco de que fue una desatención o descuido suyo la causa única, exclusiva y determinante del siniestro.

www.gonzaleztorresabogados.com




La reclamación previa a la compañía aseguradora tras un accidente de trafico.

A) La sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, sec. 13ª, de 26 de julio de 2019, nº 284/2019, rec. 161/2019, declara que según el artículo 7 de la Ley 35/2015 de 22 de septiembre, para accidentes de tráfico ocurridos a partir del 1 de enero de 2016 será obligatorio presentar una reclamación previa a la compañía aseguradora antes de reclamar judicialmente. 

Esta reclamación previa deberá contener la identificación de quien la realiza, una declaración sobre las circunstancias del hecho, la identificación del vehículo y del conductor si se conociesen y toda la documental médica pericial o asistencial que tenga en su poder para poder cuantificar el daño. Esta reclamación extrajudicial la podrá realizar directamente el perjudicado o cualquier persona (abogado, procurador, familiar, etc…) en su representación sin necesidad de acreditar dicha representación. 

Este trámite servirá también para interrumpir el cómputo del plazo de prescripción desde el momento de su presentación hasta la emisión fehaciente al perjudicado de la oferta o respuesta motivada por parte de la compañía de seguros. 

No podremos presentar una demanda por la vía civil hasta que no hayamos recibido una oferta o una respuesta motivada, o bien hayan transcurrido los tres (3) meses desde la presentación de la reclamación previa. La oferta o respuesta motivada deberemos adjuntarlas a la demanda junto con la reclamación previa obligatoria efectuada. 

Si queremos pedir un informe médico forense al Instituto de Medicina Legal será indispensable esperar a tener en nuestro poder la oferta motivada, en el supuesto de que hayamos recibido una respuesta motivada no nos será posible dicha posibilidad. 

B) LA FALTA DE RECLAMACION PREVIA A LA COMPAÑÍA ASEGURADORA: La acción ejercitada por el demandante está amparada por la Ley 35/2015, de 22 de septiembre de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, que en su artículo 7 dispone: 

“El asegurador, dentro del ámbito del aseguramiento obligatorio y con cargo al seguro de suscripción obligatoria, habrá de satisfacer al perjudicado el importe de los daños sufridos en su persona y en sus bienes, así como los gastos y otros perjuicios a los que tenga derecho según establece la normativa aplicable. Únicamente quedará exonerado de esta obligación si prueba que el hecho no da lugar a la exigencia de responsabilidad civil conforme al artículo 1 de la presente Ley. 

El perjudicado o sus herederos tendrán acción directa para exigir al asegurador la satisfacción de los referidos daños, que prescribirá por el transcurso de un año. 

No obstante, con carácter previo a la interposición de la demanda judicial, deberán comunicar el siniestro al asegurador, pidiendo la indemnización que corresponda. Esta reclamación extrajudicial contendrá la identificación y los datos relevantes de quien o quienes reclamen, una declaración sobre las circunstancias del hecho, la identificación del vehículo y del conductor que hubiesen intervenido en la producción del mismo de ser conocidas, así como cuanta información médica asistencial o pericial o de cualquier otro tipo tengan en su poder que permita la cuantificación del daño. 

Esta reclamación interrumpirá el cómputo del plazo de prescripción desde el momento en que se presente al asegurador obligado a satisfacer el importe de los daños sufridos al perjudicado. Tal interrupción se prolongará hasta la notificación fehaciente al perjudicado de la oferta o respuesta motivada definitiva. 

La información de interés contenida en los atestados e informes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad encargadas de la vigilancia del tráfico que recojan las circunstancias del accidente podrá ser facilitada por éstas a petición de las partes afectadas, perjudicados o entidades aseguradoras, salvo en el caso en que las diligencias se hayan entregado a la autoridad judicial competente para conocer los hechos, en cuyo caso deberán solicitar dicha información a ésta”. 

A ello se añade que el art. 403.2 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, tras su reforma por Ley 7/2015, previene que: 

"No se admitirán las demandas cuando no se acompañen a ella los documentos que la ley expresamente exija para la admisión de aquéllas o no se hayan intentado conciliaciones o efectuado requerimientos, reclamaciones o consignaciones que se exijan en casos especiales". 

El doc. nº 5 de la demanda, consta un escrito dirigido por el actor, D Carlos Manuel , a la compañía de seguros CASER el día 7 de septiembre del 2016, documento sobre el que CASER no realizó impugnación alguna ni realizó manifestaciones al respecto en su contestación a la demanda, como manifestaciones de no haberlo recibido con antelación a la interposición de la demanda, 23 de septiembre del 2016, dicha reclamación previa, la única negación de la recepción la realiza en su escrito de oposición al recurso de apelación presentado por el Sr. Carlos Manuel , por lo tanto un argumento ex novo, que excede de lo dispuesto en el artículo 456 de la LEC. 

La Juzgadora a quo no dio valor al documento nº 5 de la demanda, sin realizar alegación alguna sobre el documento, que al estar acreditado su envío y recepción procede tener por efectuada la reclamación previa cumpliendo lo preceptuado en el art 7 de la Ley 35/2015 y 403 de la LEC, y ello debido a que los actos posteriores de la propia aseguradora CASER no van en el sentido de alegar la falta de reclamación previa, que lógicamente tendría que haber dado lugar a la inadmisión de la demanda conforme a los preceptos citados, pues la reclamación previa fue objeto de contestación por la compañía CASER, negando la responsabilidad del siniestro por el documento admitido por la Juzgadora en el acto de juicio, por lo tanto la responsabilidad del conductor, Sr. Carlos Daniel , en el siniestro también debe ser extendida a la compañía aseguradora CASER, desestimando el motivo del recurso del Sr. Carlos Daniel.

www.gonzaleztorresabogados.com






Presentar por un procurador un escrito en un Juzgado equivocado y elevar el error del apelante sobre la identificación del juzgado en el sistema de comunicación Lexnet a causa de inadmisibilidad del recurso de apelación atenta al principio de proporcionalidad.

A) La sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, sec. 1ª, de 20 de octubre de 2020, nº 544/2020, rec. 1747/2018, considera que presentar un escrito en un Juzgado equivocado y elevar el error del apelante sobre la identificación del juzgado en el sistema de comunicación Lexnet a causa de inadmisibilidad del recurso de apelación atenta al principio de proporcionalidad y a la finalidad de la interposición del recurso en plazo, cual es evitar la producción de cosa juzgada, ordenando que se resuelva el recurso de apelación sin tomar en cuenta el despiste del procurador. 

Por ello, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha estimado el recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto por la recurrente y ha anulado la sentencia de apelación de la Audiencia Provincial, ordenando que se resuelva el recurso de apelación sin tomar en cuenta el despiste del procurador. 

Si bien el error es imputable a la parte recurrente, el TS estima que los juzgados y tribunales deben aplicar un criterio proporcional en estos casos de despistes y el error no es tan grave como para inadmitir el recurso. Máxime cuando el escrito fue presentado en plazo y la intención de subsanar el error fue inmediata, concluye el Supremo. 

B) EL OBJETO DEL PROCESO: La mercantil PALM, S.A., formuló demanda contra el Banco Santander, S.A., en la que postuló se declarase la nulidad de las órdenes de compra de acciones Santander, adquiridas el 9 de julio de 2014, por vicio en el consentimiento, así como la nulidad del crédito ICO emprendedores suscrito el mismo día y su refinanciación el 17 de julio de 2015, por importe de 1.750.000 euros, con reposición de las cantidades soportadas por cada una de las partes, condenando a la demandada a abonar como daños y perjuicios ocasionados por su suscripción, diversas cantidades en concepto de gastos de constitución de las pólizas, intereses y gastos. 

Subsidiariamente, se solicitó se declarase la nulidad de las órdenes de compra de acciones del Banco de Santander, adquiridas el 9 de julio de 2014, por la concurrencia de intimidación como vicio en el consentimiento, condenando a la demandada a abonar las mismas cantidades por daños y perjuicios. 

Y, por último, también, subsidiariamente, la condena del banco a indemnizar los daños y perjuicios ocasionados, por grave negligencia e incumplimiento contractual, cuantificados en 1.086.809,25 euros. 

1º) Contra dicha sentencia se interpuso, por la entidad demandante, recurso de apelación, que fue presentado, a través de la plataforma Lexnet, a las 13,56 horas del día 28 de junio de 2017, dirigido, por error, al Juzgado de 1.ª Instancia n.º 64 de Madrid. El sistema admitió el escrito del recurso y acusó recibo. 

Con fecha 10 de julio de 2017, se dicta diligencia de ordenación por la Letrada de la Administración de Justicia, destinada en este último órgano jurisdiccional, en la que se hizo constar que habiéndose recibido dicho escrito devuélvase al procurador del recurrente por no corresponder a ningún procedimiento que se tramita en dicho Juzgado, resolución que aparece notificada el 17 de julio siguiente. 

El día 18 de julio, el procurador de la demandante presenta escrito, ante el Juzgado de Primera Instancia n.º 62 de Madrid, en el que solicita se tenga por presentado el escrito de interposición del recurso que, por error, se remitió al Juzgado de Primera lnstancia nº 64 de dicha localidad, lo admita a trámite y surta sus efectos oportunos en el procedimiento, dándose por subsanado el error cometido. 

2º) Por escrito de 19 de julio, la parte apelada se opuso a la admisibilidad del recurso, instando se dictase auto por mor del cual se denegase su admisión a trámite. 

3º) La Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia n.º 62 de Madrid dictó diligencia de ordenación de 26 de julio de 2017, en la que se señaló que, comprobándose estar en plazo el recurso de apelación, pese al error de su presentación ante el Juzgado de 1.ª Instancia n.º 64 de Madrid, únanse a los autos de su razón, se tiene por interpuesto dicho recurso, dando traslado a la parte contraria para que, en el plazo de 10 días, presentase escrito de oposición al recurso. 

4º) La sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid. La Audiencia Provincial, en su sentencia, consideró que el recurso había sido interpuesto dentro de plazo, dado que: 

"Una vez examinados los autos comprobamos los siguientes datos objetivos: En la impresión de notificaciones (Gestión Procesal), al folio 1134 de autos, consta que la sentencia recurrida fue notificada por Lexnet a las 7,58 horas del día 29 de mayo de 2017, al Colegio de Procuradores, y al día siguiente 30 de mayo de 2017 a los respectivos Procuradores de ambas partes. Iniciándose el cómputo del plazo de 20 días hábiles, en el día siguiente 31 de mayo de 2017,y fue presentado el recurso de apelación por Lexnet el día 28 de junio de 2017, a las 13,56 horas en el Juzgado de 1ª instancia nº 64 de Madrid, Después de consultar la agenda de señalamientos, contamos los 20 días de plazo de interposición desde el miércoles 31 de mayo de 2017, finalizando el plazo el martes 27 de junio de 2017, por lo que el miércoles 28 de junio de 2017, es el día de gracia del artículo 135.5 de la LEC. Por lo tanto, no resultó extemporáneo el acto de presentación por Lexnet a las 13,56 horas del día 28 de junio de 2017, en el Juzgado de 1ª instancia nº 64 de Madrid, después de agotarse el plazo de gracia del artículo 135.5 de la LEC". 

Sin embargo, comoquiera que el recurso no fue interpuesto en el Juzgado que conocía de los autos, sino en otro distinto , con infracción de lo dispuesto en el art. 458 de la LEC, cuando se presentó ante el juzgado competente (primera instancia nº 62 de Madrid), una vez constatada la existencia del error cometido, había transcurrido con creces el plazo legalmente previsto, por lo que se consideró que el recurso nunca debió de ser admitido a trámite, convirtiéndose, en trance decisorio, el motivo de inadmisión en causa de desestimación del recurso.

En uno de sus fundamentos jurídicos señala la Audiencia al respecto: 

"Y conforme al Auto del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª), de 28 de octubre de 2003 (Recurso de Queja núm. 1124/2003), recuerda como tiene "declarado el Tribunal Constitucional que no menoscaba el derecho a la tutela judicial efectiva la interpretación judicial de que resulta extemporánea Ia llegada fuera de plazo de un escrito de parte, presentado en tiempo pero en otro órgano judicial distinto del competente (SSTC 117/99, 260/2000, 41/2001 y 90/2002; AATC 134/97, 80/99, 137/99 y 182/99), y que no existe vulneración de tal derecho cuando la falta de respuesta en el fondo se debe a la pasividad, desinterés, negligencia, error técnico o impericia de las partes o profesionales que las representen o defiendan (SSTC 112/93, 364/93, 158/94, 262/94, 18/96 y 137/96)". Doctrina citada en el Auto nº 286/2005, de 31 de mayo, JUR 2005/155056, de la AP Cantabria, y en el Auto 120/2011, de 6 de junio, JUR 2011/291713, de esta A. P. Madrid, Sección 9ª". 

Contra dicha sentencia se interpuso recurso extraordinario por infracción procesal por la parte demandante. 

C) DOCRINA RESPECTO DE LOS ERRORES EN LEXNET: Es preciso tener también en cuenta que, conforme al artículo 13 del Real Decreto 1065/2015, de 27 de noviembre, sobre comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia, el sistema Lexnet es un medio de transmisión seguro de información que, mediante el uso de técnicas criptográficas, garantiza la presentación de escritos y documentos y la recepción de actos de comunicación, sus fechas de emisión, puesta a disposición y recepción o acceso al contenido de los mismos. Garantiza también el contenido íntegro de las comunicaciones y la identificación del remitente y destinatario de las mismas mediante técnicas de autenticación adecuadas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, y en el Reglamento UE N.º 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior y por el que se deroga la Directiva 1999/93/CE. 

Ahora bien, como señalan las sentencias del Tribunal Constitucional 55/2019, de 6 de mayo, FJ 5 y 34/2020, de 24 de febrero, FJ 3: 

"La modernización de la administración de justicia mediante la generalización en el uso de las nuevas tecnologías y, en lo que aquí nos atañe, a través de las comunicaciones electrónicas procesales, no constituye un fin en sí mismo sino un instrumento para facilitar el trabajo tanto del órgano judicial, como de los justiciables que actúan en los procesos a través de los profesionales designados o directamente por ellos cuando esto último es posible. No pueden en ningún caso erigirse tales medios tecnológicos, en impedimento o valladar para la obtención de la tutela judicial a la que "todas las personas" (art. 24.1 CE) tienen derecho". 

1º) Cada oficina judicial tiene acceso al contenido de los expedientes electrónicos relativos a los asuntos de los que conoce (arts. 26 y siguientes de la Ley 18/2011 de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia). Las comunicaciones procesales electrónicas "se realizarán, en todo caso, con sujeción a lo dispuesto en la legislación procesal" (art. 33.2 de la Ley 18/2011) y, en concreto, la "presentación de toda clase de escritos, documentos, dictámenes, informes u otros medios o instrumentos se ajustará a lo dispuesto en las leyes procesales" (art. 38.1 de la misma Ley 18/2011). 

Por todo ello, las incidencias acaecidas en las comunicaciones electrónicas, que puedan afectar a los derechos de las partes dentro de un proceso, deberán ser atendidas y resueltas, bien sea por el letrado de la administración de justicia o, en su caso, por el titular del órgano judicial competente, con sujeción a las normas procesales (sentencia del Tribunal Constitucional nº 55/2019, de 6 de mayo). 

2º) Conforme establece el art. 38.1 de la citada Ley 18/2011, la presentación de "toda clase de escritos, documentos, dictámenes, informes u otros medios o instrumentos", deberá de ir acompañada "en todo caso del formulario normalizado a que se refiere el apartado 4 del artículo 36". Y, concretamente, para el sistema Lexnet, en los arts. 9.3 y 17 del Real Decreto 1065/2015, remitiéndose este último a su anexo III, donde se distingue entre campos de datos de cumplimentación automática por el sistema; obligatorios (para toda clase de escritos, o solo para los escritos que no son de inicio del proceso) y opcionales. 

3º) De lo expuesto, hasta ahora, resulta la obligatoriedad de la comunicación con la Administración de Justicia de forma electrónica, siendo las partes litigantes a quienes compete la presentación y cumplimentación de los formularios normalizados que propician la introducción de los documentos procesales en el sistema. De lo que resulta que los errores sufridos, en tal cometido, son achacables a las partes que los cubren y presentan. Por consiguiente, es imputable a la entidad recurrente el error cometido en la designación del órgano judicial destinatario del recurso. 

Valorar tal circunstancia no es cuestión superflua o intrascendente, dado que nuestra jurisprudencia constitucional ha declarado que corresponde a las partes intervinientes actuar con la debida diligencia, sin que pueda alegar indefensión quien se coloca a sí mismo en tal situación o quien no hubiera quedado indefenso de haber actuado con la diligencia razonablemente exigible (por todas, sentencias del Tribunal Constitucional 211/1989, de 19 de diciembre, FJ 2; 235/1993, de 12 de julio, FJ 2; 172/2000, de 26 de junio, FJ 2; 87/2004, de 2 de noviembre, FJ 2 y 107/2005, de 9 de mayo, FJ 4). 

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, también, se ha manifestado en los mismos términos, cuando ha señalado reiteradamente que, para apreciar una indefensión vulneradora del artículo 24.1 de la Constitución Española, resulta necesario que la situación en que ésta haya podido producirse no se haya generado por una actitud voluntariamente consentida por el supuestamente afectado o atribuible a su propio descuido, pasividad, malicia o falta de la necesaria diligencia (sentencias del TS nº 575/2014, de 27 octubre; 22/2017, de 17 de enero o 236/2020, de 2 de junio, entre otras, con cita de la jurisprudencia constitucional). 

4º) Es preciso destacar también que la normativa reguladora de Lexnet no prevé el tratamiento de los posibles errores cometidos por el profesional o justiciable al cargar los datos exigidos por dicha plataforma. En este sentido, se expresa la precitada Sentencia del TC 55/2019, de 6 de mayo, FJ 4, en los términos siguientes: 

"No menos importante es el hecho de que ninguna de las normativas citadas regula el tratamiento de los posibles errores cometidos al cargar los datos en las distintas casillas que trae el impreso normalizado, sea por el profesional de la justicia o, en su caso, por la persona física o jurídica que se relaciona con el órgano judicial directamente a través de alguno de los canales de comunicación habilitados, si se trata de un procedimiento que no precisa de la intervención de profesionales (STC 6/2019, FJ 4). En realidad, lo único que el sistema exige es que se carguen los datos que resultan obligatorios, pero no verifica in situ que los mismos sean fidedignos. Es un sistema de transmisión de información y archivos por técnicas criptográficas cuyo propósito es permitir la comunicación segura entre el órgano judicial y las partes, de manera confidencial y autenticada, pero que no tiene asignada técnicamente la labor de control del contenido de los datos que transporta, labor esta última que resulta ya propia, lógicamente, de los funcionarios del órgano judicial , incluyendo el letrado de la administración de justicia, que reciben los escritos y han de proveer sobre ellos, en su caso adoptando el titular del órgano la resolución que corresponda. Esto explica que, en los casos de mera indicación errónea de alguno de los datos del formulario, el remitente no reciba un aviso de error del sistema ni el repudio de la transmisión, pues esto solo sucede cuando no ha sido posible iniciar esta última por haberse omitido rellenar alguna casilla obligatoria del impreso, o por fallos del sistema o del equipo del remitente; o cuando la misma no se ha completado por motivos técnicos. El error en alguno de los datos del formulario normalizado no puede condicionar por sí sola la validez del acto de comunicación correctamente realizado. No impugnados los datos de la transmisión electrónica y del recibo que la acredita, el control que cabe por las leyes procesales y la doctrina de este Tribunal Constitucional es aquel que cada órgano judicial debe llevar a cabo sobre el escrito procesal que recibe (el "documento principal"; en su caso con sus documentos anexos) y al que debe de proveer. Es este último, el escrito de iniciación o de trámite remitido, el que se pretende que surta efectos en el correspondiente procedimiento". 

5º) El derecho a la tutela judicial efectiva es de naturaleza prestacional y de configuración legal, de modo que sólo puede ejercerse por los cauces que el legislador, respetando el contenido esencial del derecho, haya querido articular, pues es a él a quien le incumbe configurar el marco normativo en el cual ha de desarrollarse la actividad judicial y más concretamente el proceso, en cuyo seno opera tal derecho fundamental directamente encaminado a la obtención de una respuesta motivada a las pretensiones ejercitadas por los litigantes (sentencias del Tribunal Constitucional 99/1985, de 30 de septiembre, FJ 4; 116/1986, de 8 de octubre, FJ 3; 175/1988, de 3 de octubre, FJ 1, y 113/1989, de 22 de junio FJ 3; 195/2007, de 11 de septiembre, FJ 36/2019, de 17 de enero, FJ 2). 

6º) Es oportuno recordar la consolidada doctrina constitucional que sostiene que el derecho a acceder a los recursos legalmente establecidos, contrariamente al derecho a acceder a la jurisdicción, no nace directamente de la Constitución, sino que se incorpora al derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión reconocido en el art. 24.1 CE, dentro de la configuración que reciba de las leyes procesales, correspondiendo al ámbito de libertad del legislador el establecimiento y regulación de los recursos procedentes en cada caso, siendo incluso posible que no existan, salvo en materia penal (Sentencias del Tribunal Constitucional 105/2006, de 3 de abril, FJ 3; 149/2015, de 6 de julio, FJ 3 y 166/2016, de 6 de octubre, FJ 3). 

En definitiva, el principio pro actione no opera con igual intensidad en la fase inicial del proceso, cuando se trata de acceder a la jurisdicción que, en las sucesivas instancias, cuando se intentan utilizar los recursos de nuestro sistema procesal (por todas, sentencias del Tribunal Constitucional 204/2012, de 12 de noviembre, FJ 4 y 166/2016, de 6 de octubre, FJ 3). 

7º) No obstante, con la finalidad de alcanzar la mayor eficacia del derecho a la tutela judicial efectiva surge la correlativa obligación constitucional, que debe de ser observada, por parte de los jueces y tribunales, de aplicar las normas que regulan los requisitos y presupuestos procesales, teniendo siempre en cuenta el fin perseguido por el legislador al establecerlos, y evitando cualquier exceso formalista, que los convierta en meros obstáculos procesales impeditivos de la tutela judicial efectiva que garantiza el art. 24.1 CE. 

En el sentido expuesto, la sentencia del Tribunal Constitucional nº 69/1990, de 5 de abril, FJ 2, señala que:



"[...] los Tribunales deben atender a un criterio teleológico; es decir a una razonable ponderación del medio en que consiste el requisito y el fin que con él se persigue, evitando la preponderancia de lo que es sólo instrumento con mengua de la finalidad última de la función jurisdiccional". 

Igualmente, en cuanto sea posible, es preciso acudir a la técnica de la subsanación, que permita atender a la voluntad de cumplimiento, aplicable a los supuestos de irregularidades formales o vicios de escasa importancia, por cumplimiento defectuoso, debido a un error o equivocación disculpable y no malicioso, que no genere consecuencias definitivas (sentencias del Tribunal Constitucional 222/1982, de 25 de enero de 1983 y 95/1983, de 14 de noviembre). 

Principio además consagrado en el art. 231 de la LEC, cuando norma que "[...] el Tribunal y el Letrado de la Administración de Justicia cuidarán de que puedan ser subsanados los defectos en que incurran los actos procesales de las partes", así como el art. 11.3 de la LOPJ, al proclamar, por su parte, que: 

"Los Juzgados y Tribunales, de conformidad con el principio de tutela efectiva consagrado en el artículo 24 de la Constitución, deberán resolver siempre sobre las pretensiones que se les formulen, y solo podrán desestimarlas por motivos formales cuando el defecto fuese insubsanable o no se subsanare por el procedimiento establecido en las leyes". 

En este sentido, señala la sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo nº 298/2016, de 5 de mayo, que: "El Tribunal Constitucional ha entroncado la subsanación de este tipo de defectos con las exigencias derivadas del derecho a la tutela judicial efectiva, que impide que las pretensiones de un litigante sean rechazadas con base en un defecto subsanable". Y todo ello, sin perjuicio de la distinción entre acto omitido y acto defectuoso, como recuerda la sentencia 360/2018, de 15 de junio. 

8º) En definitiva, los juzgados y tribunales deberán observar el principio de proporcionalidad, que impone un tratamiento jurídico distinto a los diversos grados de defectuosidad de los actos procesales, con criterios favorables a una tutela efectiva. 

A dicho principio de proporcionalidad hace referencia la sentencia del Tribunal Constitucional 107/2005, de 9 de mayo, FJ 4, con cita de la sentencia de ese mismo Tribunal 187/2004, de 2 de noviembre, FJ 2, cuando insta a los órganos jurisdiccionales integrantes del Poder Judicial, a:

 

"[...] llevar a cabo una adecuada ponderación de los defectos que adviertan en los actos procesales de las partes, guardando en sus decisiones la debida proporcionalidad entre la irregularidad cometida y la sanción que debe acarrear, y procurando, siempre que ello sea posible, la subsanación del defecto o irregularidad a fin de favorecer la conservación de la eficacia de los actos procesales y del proceso como instrumento para alcanzar la efectividad de la tutela judicial. Y añadimos que "en dicha ponderación debe atenderse a la entidad del defecto y a su incidencia en la consecución de la finalidad perseguida por la norma infringida, así como a su trascendencia para las garantías procesales de las demás partes del proceso. E igualmente debe atenderse a la voluntad y grado de diligencia procesal apreciada en la parte en orden al cumplimiento del requisito procesal omitido o irregularmente observado (SSTC 41/1992, de 30 de marzo; 64/1992, de 29 de abril; 331/1994, de 19 de diciembre; y 145/1998, de 30 de junio)". 

Lo expuesto no significa, sin embargo, incurrir en los excesos de un criterio antiformalista, que conduzca a prescindir de los requisitos establecidos por las leyes procesales, y, entre ellos, las normas que regulan los recursos en garantía de los derechos de todas las partes (sentencias del Tribunal Constitucional 187/2004, de 2 de noviembre, FJ 2; 107/2005, de 9 de mayo, FJ 4; 166/2016, de 6 de octubre, FJ 3); pero tampoco significa que quepa elevar cualquier defecto procesal a causa de inadmisión. En definitiva, en la proporcionalidad está la solución y la guía en el derecho a la tutela judicial efectiva de rango constitucional.

9º) En cualquier caso, adquiere especial importancia el cuidadoso examen de las circunstancias concurrentes, que operan además como condicionantes de la aplicación de un juicio de proporcionalidad, capaz de superar el rigorismo formal excesivo o no justificado. Así lo hace, el Tribunal Constitucional al considerar que ciertos errores de parte no merecen la grave consecuencia de la pérdida del recurso. 

De esta forma, en garantía del art. 24 CE, se han adoptado decisiones de tal clase, en atención a factores como la rápida reacción de la parte , una vez que tomó conciencia del error de identificación padecido y conocimiento de que se había declarado desierto el recurso de apelación, adoptando cuantas iniciativas tenía a su alcance para comunicar al órgano judicial dicha equivocación y solicitar su subsanación (Sentencias del Tribunal Constitucional 172/2000, de 26 de junio y 33/2004, de 8 de marzo). 

En situaciones excepcionales, se consideró también plenamente eficaz la presentación datada y cierta de un escrito ante un registro público distinto al del órgano judicial, en relación con los recursos de amparo, que llegan de forma extemporánea y son interpuestos por quienes actúan sin postulación y tienen su domicilio en una localidad lejana a Madrid (sentencia del Tribunal Constitucional 287/1994, de 27 de octubre, FJ 2). 

En la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 28 de mayo de 1998 (Pérez de Rada Cavanillas c. Reino de España) se consideró que no era exigible la presentación de un recurso civil de reposición en la sede del órgano judicial al concurrir las siguientes particularidades: el recurso debía ser motivado e interpuesto en un breve plazo perentorio (tres días); la notificación de la resolución recurrible tenía lugar en otro sitio alejado (Madrid, respecto de Aoiz, en Navarra); la recurrente había intentado sin éxito remitir su recurso por medio del Juzgado de guardia de Madrid y, finalmente, lo registró en plazo en el registro del Servicio de Correos de dicha capital. 

En la sentencia del Tribunal Constitucional nº 92/2002, de 22 de abril, en un caso de error material padecido en el encabezamiento del escrito con respecto al número del Juzgado al que se dirigía, como el caso que nos ocupa, se estimó el amparo, ponderando que dicha equivocación no puede llevar aparejada la grave consecuencia de la inadmisión de un recurso legalmente establecido, sin ponderar las circunstancias concurrentes, tales como si la presentación del escrito en un Juzgado distinto hubiera obedecido a una decisión deliberada y con intención de fraude de ley o a una "triquiñuela forense", así como que la entrada del escrito de anuncio del recurso en el Juzgado competente no se dilató más allá de lo que lo hubiera hecho si el Letrado hubiera presentado el escrito en el Juzgado de guardia. 

En la sentencia del Tribunal Constitucional nº 55/2019, de 6 de mayo, en un caso en el que, al cubrir el representante procesal de la parte el formulario normalizado para la transmisión electrónica por Lexnet, cometió un error al seleccionar el código del procedimiento, se consideró también vulnerado el derecho a la tutela judicial sin indefensión, al ser rechazado dicho escrito de parte que, en consecuencia, no fue procesalmente considerado.

En dicha ocasión, se tuvieron en cuenta factores tales como que los campos del documento electrónico a cubrir no fueran del todo claros y podían inducir a la confusión sufrida. No se consideró irrelevante que, en casos de simple error en los datos del formulario, éste no generase ningún aviso que dé margen a la persona para subsanarlo. Igualmente, que, en el escrito de impugnación del recurso de casación redactado y cargado en Lexnet, el cual debía ser examinado por la secretaría de la sala, se contenían datos, que no sólo eran suficientes sino correctos, de manera que permitían la total identificación del procedimiento al que iba dirigido y su finalidad pretendida con su presentación. 

D) CONCLUSION: Los actos procesales son los actos jurídicos de las partes y del órgano jurisdiccional que insertos en un procedimiento desencadenan efectos procesales. Dentro de los requisitos de los actos procesales se encuentran los concernientes al lugar, el tiempo y la forma. 

Cuando se alega, como es el caso, la vulneración del art. 24.1 de la CE, la valoración del tribunal deberá de ser casuística, atendiendo a las concretas circunstancias concurrentes, puesto que, como señala la sentencia del Tribunal Constitucional 41/2001 (FJ 6), "[...] la excepcionalidad de la situación y la diligencia de la parte sólo se puede apreciar, lógicamente, caso por caso". 

En el supuesto, que ahora examinamos, el recurso se interpuso por la parte demandante cumpliendo los requisitos de forma (art. 458.2 LEC), dentro del plazo de los veinte días legalmente previsto (art. 458.1 de la LEC), con lo que se evitaba la producción de la cosa juzgada formal (art. 207.3 LEC), y a través de la plataforma electrónica Lexnet como era preceptivo. Igualmente se dio traslado de las copias a la parte contraria que, desde luego, no niega su recepción, y que le permitían tomar puntual constancia de la pretensión de la contraparte y de su fundamentación, sin que sufriera merma alguna en su derecho de defensa (art. 24.2 CE). 

Se incurrió, no obstante, en un error, por supuesto imputable a la parte recurrente, consistente en que, en el escrito de interposición del recurso, se hizo constar como órgano destinatario del mismo el Juzgado de Primera Instancia n.º 64 de Madrid y no el n.º 62, que era el que conocía de los autos y ante el cual debería presentarse el recurso para proceder a su tramitación (art. 458.1 LEC). 

El escrito defectuoso de interposición del recurso de apelación fue admitido por el sistema electrónico Lexnet, que acusó recibo al recurrente. Al ser despachado, por la letrada de la administración de justicia del Juzgado n.º 64, a los efectos de darle el oportuno impuso procesal ( art. 279.1 LEC), constata, entonces y solo entonces, que el mismo no respondía a ningún procedimiento que se tramitara en el órgano jurisdiccional en el que prestaba sus servicios, ante lo cual se lo devolvió al procurador de la entidad recurrente que, inmediatamente, al día siguiente de la notificación de la diligencia de ordenación, que así lo acordaba, presenta el recurso ante el Juzgado competente , cuya letrada, tras comprobar la regularidad formal de su contenido y que, conforme al sistema electrónico Lexnet, fue presentado dentro de plazo, lo admite a trámite. 

No se había dictado ninguna resolución o diligencia de constancia acreditativa de la firmeza de la sentencia recurrida. 

La voluntad de corregir la irregularidad cometida fue inmediata y diligente, lo que conforma una concluyente manifestación de una inequívoca intención de cumplir las previsiones procesales. 

No existe el más mínimo atisbo que el error padecido respondiese a alguna torticera intención de demorar la resolución del proceso o fuera fruto de alguna triquiñuela procesal. Circunstancia a la que se refiere la sentencia de esta Sala 2/2020, de 8 de enero, al valorar, si bien en un caso que no guarda identidad de razón con el presente, que "[...] la actuación de la parte demandante no estuvo orientada a una prolongación artificial de los plazos para recurrir la sentencia". 

No es ajeno a nuestro ordenamiento procesal que determinados errores en la identificación del órgano competente sean susceptibles de subsanación, como así resulta con respecto a las normas que disciplinan la competencia funcional (art. 62.2 LEC). 

En este sentido, en el Auto del TS de 13 de abril de 2010 (recurso 686/2009), en un caso en que el recurrente dirigió su escrito de interposición del recurso de casación y del recurso extraordinario por infracción procesal a un órgano -esta Sala- que no era funcionalmente competente, pues debía de presentarse en el plazo de los veinte días ante el tribunal que hubiese dictado la sentencia recurrida, razonó que: 

"Ahora bien, no puede esta Sala desconocer que el legislador ha querido facilitar en la nueva ley de procedimiento la subsanación de la presentación de los escritos de recurso ante un órgano jurisdiccional funcionalmente incompetente, proporcionando a la parte recurrente un nuevo plazo de cinco días para su correcta interposición o anuncio (art. 62.2 LEC) [...] El legislador se ha decantado, por lo tanto, por establecer un especial régimen de subsanación de la incorrecta preparación o interposición de los recursos por haberse dirigido a órgano funcionalmente incompetente, seguramente movido por la intención de facilitar en mayor grado el acceso al sistema de recursos legalmente establecido, dotando de este modo de toda su dimensión al más genérico derecho a la tutela judicial efectiva ". 

En definitiva, se interpuso el recurso de apelación en tiempo y forma, salvo con el error cometido de dirigirlo ante juzgado distinto del que dictó la sentencia apelada. El sistema de comunicación Lexnet lo admitió y acusó recibo. Al tiempo de despacharse el escrito de interposición del recurso se aprecia la irregularidad cometida, y advertida ésta a la parte recurrente, de forma inmediata, realiza todo lo posible para corregirla, mediante la presentación de dicho escrito, sin demora, ante el órgano jurisdiccional que conocía de los autos. No existen indicios de actuación fraudulenta alguna y sí, por el contrario, manifestación de una conducta inequívoca de cumplir con los requisitos legales. Tampoco existió indefensión de la contraparte. 

En las circunstancias expuestas, consideramos que elevar el error de identificación del juzgado a causa de inadmisibilidad del recurso, atenta al principio de proporcionalidad y a la finalidad pretendida con la exigencia de interposición de los recursos dentro de plazo, cual es evitar la producción de cosa juzgada. 

Es por ello que, en función del conjunto argumental expuesto, siempre casuístico, no consideramos que el error padecido impida el acceso al recurso en una razonable interpretación del art. 24.1 CE, lo que determina la estimación del recurso interpuesto que denunciaba su vulneración.

www.gonzaleztorresabogados.com