El pago de alimentos solo puede retrotraerse al momento de la interposición de la demanda cuando se trate de la primera resolución que fije la pensión, de manera que cuando se adopte una modificación de dicha pensión, su devengo se inicia desde el dictado de la sentencia recaída en el procedimiento de modificación.

 

A) La sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, sec. 1ª, de 30 de noviembre de 2020, nº 644/2020, rec. 5169/2019, determina que el pago de alimentos solo puede retrotraerse al momento de la interposición de la demanda cuando se trate de la primera resolución que fije la pensión, de manera que cuando se adopte una modificación de dicha pensión, su devengo se inicia desde el dictado de la sentencia recaída en el procedimiento de modificación.

La pensión compensatoria tiene como finalidad facilitar la superación del desequilibrio económico que la separación matrimonial ha producido en uno de los cónyuges, teniendo para ello en cuenta una serie de circunstancias concurrentes que cumplen un doble objetivo, a saber, la fijación de la cuantía de la pensión, y la duración de su prestación, en consonancia con la previsión de superación del desequilibrio.

B) ANTECEDENTES.

1º) Acciones ejercitadas y sentencia de primera instancia. 

Los presentes recursos traen causa de la demanda de divorcio promovida por la esposa en la que se solicitaba que se dictara sentencia declarando haber al divorcio de los cónyuges y el establecimiento como medidas definitivas las medidas adoptadas como provisionales en auto de medidas "coetáneas" adoptadas por el propio órgano jurisdiccional, si bien incrementando el importe de las pensiones alimenticias de 150 euros, fijado en medidas, a la cantidad de 250 euros para cada uno de los dos hijos en común (nacidos, respectivamente, en los años 2001 y 2007). 

La sentencia de primera instancia, con estimación parcial de la demanda, estableció la guarda y custodia de los hijos en común, sin establecimiento de pensión alimenticia alguna, al encargarse cada uno de los progenitores de los alimentos en sus respectivos periodos de custodia alternos, y denegando el reconocimiento de pensión compensatoria a favor de la esposa al no existir desequilibrio económico tras la ruptura. 

2º) Sentencia de segunda instancia. 

Formulado recurso de apelación, la Audiencia Provincial de Valencia estimo parcialmente el recurso, al establecer una pensión alimenticia con cargo al padre por importe de 250 euros mensuales, por cada hijo, desde la interposición de la demanda, y una pensión compensatoria por importe de 500 euros sin límite temporal. 

Considera la sala de apelación que, en contra de lo determinado en la sentencia de primera instancia, no consta que la Sra. Santiaga tuviera actividad remunerada continuada desde el matrimonio en el año 2000, y sin que pueda decirse que se ha incorporado al mercado laboral desde la ruptura, pues los contratos en el año 2017 fueron de carácter temporal y de escasa remuneración. 

C) Sobre la cuestión controvertida, relativa a la aplicación de la retroactividad limitada de los alimentos determinada en el art. 148 CC, debe de destacarse la reciente sentencia de la Sala de lo Civil del TS nº 86/2020, de 6 de febrero, que ha venido a determinar: 

"Esta Sala mantiene una doctrina constante en relación con la retroactividad de la pensión alimenticia, entendiendo que cuando se plantea procedimiento de modificación de medidas, la pensión que en él se fije (si es diferente a la de primera instancia), opera desde el dictado de la sentencia fallada en el procedimiento de modificación. 

"Sin embargo, cuando la pensión se fija en la primera instancia, la pensión se ha de abonar desde la fecha de interposición de la demanda (art. 148 del C. Civil)". 

En igual sentido la sentencia del TS invocada por el recurrente, de 17 de enero de 2019, cuando declara que:

"Será solo la primera resolución que fije la pensión de alimentos la que podrá imponer el pago desde la interposición de la demanda, porque hasta esa fecha no estaba determinada la obligación...". 

Siguiendo esta doctrina jurisprudencial, debemos entender que se acierta en la sentencia recurrida cuando se fijan los alimentos desde la interposición de la demanda, dado que la sentencia de la Audiencia Provincial es la primera sentencia que fija los alimentos, ya que la sentencia del juzgado no los fijaba y dejaba sin efecto los establecidos en el auto de medidas. 

Sin embargo, sí debe estimarse parcialmente el motivo, en el sentido de que habrá de descontarse lo pagado en concepto de alimentos en virtud de medidas coetáneas a la interposición a la demanda, tal y como se solicita, para evitar el pago duplicado (Sentencia del TS nº 600/2016, de 6 de octubre, y las que ella cita). 

D) Fijación de un límite temporal para la percepción de la pensión compensatoria. 

1º) La sentencia del TS nº 153/2018, de 15 de marzo, resume la doctrina de la Sala sobre la fijación de un límite temporal en la pensión compensatoria: 

"El establecimiento de un límite temporal para su percepción, además de ser tan solo una posibilidad para el órgano judicial, depende de que con ello no se resienta la función de restablecer el equilibrio que le es consustancial, siendo ésta una exigencia o condición que obliga a tomar en cuenta las específicas circunstancias del caso, particularmente, aquellas de entre las comprendidas entre los factores que enumera el artículo 97 CC (que según la doctrina de esta Sala, fijada en STS de 19 de enero de 2010, de pleno (RC núm. 52/2006), luego reiterada en SSTS de 4 de noviembre de 2010 (RC núm. 514/2007), 14 de febrero de 2011 (RC núm. 523/2008), 27 de junio de 2011 (RC núm. 599/2009)  y 23 de octubre de 2012 (RC núm. 622/2012), entre las más recientes, tienen la doble función de actuar como elementos integrantes del desequilibrio, en tanto en cuanto sea posible según la naturaleza de cada una de las circunstancias, y, una vez determinada la concurrencia del mismo, la de actuar como elementos que permitirán fijar la cuantía de la pensión), que permiten valorar la idoneidad o aptitud de la beneficiaria para superar el desequilibrio económico en un tiempo concreto, y, alcanzar la convicción de que no es preciso prolongar más allá su percepción por la certeza de que va a ser factible la superación del desequilibrio, juicio prospectivo para el cual el órgano judicial ha de actuar con prudencia y ponderación, con criterios de certidumbre. Pero a partir de la valoración de esos factores, ya sea para fijar un límite temporal a la obligación como para fijar la cuantía de ella el juicio prospectivo del órgano judicial debe realizarse con prudencia, y ponderación y con criterios de certidumbre. En definitiva, como recoge la sentencia de 10 de febrero de 2005, rc. 1876/2002, con certidumbre o potencialidad real determinada por altos índices de probabilidad, que es ajena a lo que se denomina futurismo o adivinación (STS de 2 de junio de 2015, rc. 507/2014). El plazo habrá de estar en consonancia, por tanto, con la previsión de superación del desequilibrio". 

2º) Aplicada la doctrina jurisprudencial al caso de autos, debemos declarar que procede la desestimación de este motivo del recurso de casación por interés casacional, dado que por la edad de la recurrente, ausencia de formación, duración del matrimonio, edad en la que se contrajo, dedicación a la familia, e ingresos actuales y futuros del esposo, de acuerdo con el art. 97 del Código Civil, procede establecer la pensión compensatoria con carácter indefinido, con el fin de evitar el desequilibrio que la situación de divorcio produce en la Sra. Santiaga que, con su dedicación a la familia, posibilitó el desarrollo profesional del que fue su esposo, no apreciándose posibilidades ciertas de inserción en la vida laboral, al menos con la entidad que se requeriría, todo ello sin perjuicio de valorar, en su momento, futuras alteraciones que evidenciaran una mayor potencialidad económica de la Sra. Santiaga.

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No concurre causa justificada, conforme al art. 20.8 de la LCS, que ampare la pasividad de la aseguradora en la liquidación del siniestro, cuando no cuestiona su realidad, tampoco la responsabilidad de la conductora asegurada, ni la existencia de cobertura derivada del seguro obligatorio de la circulación suscrito con la causante del daño.

 

A) La sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, sec. 1ª, de 2 de marzo de 2021, nº 110/2021, rec. 2986/2018, sintetiza la jurisprudencia sobre los intereses del art. 20 de la LCS en los siguientes términos: no concurre causa justificada, conforme al art. 20.8 de la LCS, que ampare la pasividad de la aseguradora en la liquidación del siniestro, cuando no cuestiona su realidad, tampoco la responsabilidad de la conductora asegurada, ni la existencia de cobertura derivada del seguro obligatorio de la circulación suscrito con la causante del daño. 

La aseguradora tan solo discrepa de la cuantía de la indemnización postulada en la demanda, lo que no es causa justificada conforme a una reiterada jurisprudencia para evitar la aplicación de los mentados intereses. 

B) ANTECEDENTES RELEVANTES: 

1.- Es objeto del proceso la reclamación indemnizatoria formulada por los demandantes como consecuencia del accidente de circulación, que acaeció el día 17 de diciembre de 2013, en el que resultó lesionada la actora y con daños materiales el vehículo del demandante. No se discute la realidad del siniestro, ni la cobertura del mismo por la compañía de seguros demandada Generali España, S.A. 

2.- Antes de la interposición de la demanda, en contestación a la reclamación efectuada, doña Pepa recibió una oferta de la compañía aseguradora por la cantidad de 4.448,16 euros, que se reputó insuficiente, sin que la demandada llegara a consignar su importe a disposición de la lesionada. Ninguna oferta fue recibida para reparar los daños materiales. 

3.- Con fecha 12 de enero de 2015, los demandantes interpusieron demanda en reclamación de la cantidad de 12.580,91 euros, de los que 914,33 euros era por daños materiales y el resto de la cantidad por las lesiones sufridas por la demandante. El conocimiento de la demanda correspondió, por turno de reparto, al Juzgado de Primera Instancia n.º 2 de Roquetas de Mar, que la tramitó por el cauce del procedimiento ordinario bajo el nº 129 /2015. 

4.- En el mes de mayo del año 2015, la demandada Generali Seguros, S.A., contestó a la demanda, en la cual reconoció la realidad del accidente y la culpabilidad de la conductora asegurada, pero se opuso a la indemnización pretendida por la actora, al considerarla desproporcionada con base al informe pericial médico aportado, así como en atención a la levedad de la colisión generadora de las lesiones. La compañía, en definitiva, entendió que la indemnización que le correspondía a la actora, por las lesiones sufridas, era tan solo la de 4.719,19 euros, y, en consecuencia, se allanó parcialmente a la demanda y consignó dicha cantidad a disposición de la demandante. 

5.- Seguido el juicio, en todos sus trámites, se dictó sentencia por parte del Juzgado de Primera Instancia n.º 2 de Roquetas de Mar, en la que se estimó parcialmente la demanda, condenando a Generali, S.A., a abonar a la actora la suma de 9.634,86 euros, y comoquiera que ya había sido abonada la suma de 4.719,19 euros, deberá entregar como parte del principal pendiente la de 4.915,67 euros, a la que habrá de añadirse el interés legal del dinero desde el 27 de enero de 2015, todo ello sin hacer especial condena en costas. 

6.- Sobre la aplicación de los intereses de demora del art. 20 de la LCS interesados por la parte actora, la sentencia del juzgado los rechaza con base al argumento siguiente: 

"[...] no se consideran aplicables al caso que nos ocupa. apreciando que desde el momento de la contestación la aseguradora manifestó el allanamiento parcial a la cantidad correspondiente con la indemnización valorada por el médico experto valorador del daño corporal, sin que la contraria hubiera presentado en su demanda dictamen que posibilitará la objetividad de la valoración del daño, la suma prevista fue convenientemente consignada y entregada a la parte contraria a lo que debe de sumarse la desproporción de la cuantía interesada por Ia demandante respecto de la ulteriormente concedida una vez valorada la prueba existente y los perjuicios sufridos, apreciando que concurre la circunstancia prevista en el artículo 20 apartado octavo de la antedicha disposición legal; por tanto, se aprecia que los intereses aplicables en los que se deberá incrementar la cantidad concedida será respecto de la parte demandada el legal del dinero desde la fecha de interposición de la demanda, primera reclamación directa que consta haberse dirigido a la compañía aseguradora (artículos 1100, 1101 y 1108 C.c.)". 

7.- Formulado escrito de complemento de la sentencia, ya que la resolución dictada no contenía pronunciamiento alguno sobre la reclamación llevada a efecto por D. Emilio, por los daños materiales sufridos en su vehículo de motor, se dictó auto de 18 de julio de 2016, completando el fallo para incluir la condena a la aseguradora a abonar al referido demandante la cantidad de 914,33 euros, sin contener pronunciamiento sobre la aplicación de intereses de demora. Se hizo saber a las partes el carácter irrecurrible de dicho auto. 

C) DOCTRINA DEL TRIBUNAL SUPREMO: 

La aseguradora niega la existencia de mora con base en un argumento no esgrimido en la contestación, y como tal no debatido en las instancias, cual es que, en ningún momento previo a la interposición de la demanda, se ha efectuado reclamación o petición motivada de indemnización por parte de los demandantes, con sujeción al art. 7.1 III del RDL 8/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor (LRCSCVM). 

Tal argumento no puede ser apreciado por sendos motivos. 

Primero, por tratarse de una cuestión nueva que, como tal, no puede ser contemplada al resolver el recurso que nos ocupa (Sentencias del TS nº 614/2011, de 17 noviembre; nº 632/2012, de 29 octubre; nº 32/2013, de 6 de febrero; nº 268/2013, de 22 de abril y nº 772/2014, de 12 de enero de 2015). 

En segundo lugar, dado que sí hubo reclamación a la compañía aseguradora. 

En efecto, en el hecho cuarto de la demanda, la parte actora hace expresa referencia a un ofrecimiento de pago efectuado a su favor, por parte de la compañía de seguros, de 4486,16 euros, con respecto al cual, en el escrito de contestación, la compañía aseguradora guarda significativo silencio. 

En los autos obra dicho ofrecimiento llevado a efecto mediante documento, aportado con el escrito de demanda con el número 15, en el que consta literalmente: Fecha de siniestro 17 de diciembre de 2013, Referencia de siniestro: S/Ref. 5897, y el texto siguiente: "en relación (a) la reclamación que tiene formulada y dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos de Motor, le presentamos la siguiente oferta motivada...", en la que figura desglosada por conceptos la cantidad de dinero que fue ofertada. 

Tras advertir que su aceptación no implica renuncia de acciones, se señala que, de no aceptarse, se procederá conforme a la indicada ley; pero lo cierto es que no consta pago ni consignación para pago para evitar el devengo de los intereses de demora (Sentencias del TS nº 329/2011, de 19 de mayo y 641/2015, de 12 de noviembre). 

El art. 9 a) de la LRCSCVM dispone que "la falta de devengo de intereses de demora se limitará a la cantidad ofertada y satisfecha o consignada" y, en este caso, ninguna consignación se llevó a efecto en tal concepto. 

Sólo, al interponerse la demanda, la compañía de seguros se allana parcialmente y consigna para pago la suma de 4.719,19 euros, cantidad que es cobrada por la demandante, por lo que la compañía se encontraba en mora al no haber pagado o consignado dentro de los tres meses desde el conocimiento del siniestro, siendo como tal deudora al devengo de los intereses del art. 20 de la LCS, de la manera siguiente: desde la fecha de siniestro sobre la cantidad objeto de condena de 9634,86 euros, por las lesiones sufridas, hasta la fecha de dicha consignación parcial, y, a partir de tal data, sobre la suma pendiente de pago de 4.915,67 euros (9.634,86 - 4.719,19) hasta su completo abono. En relación con la suma adicional de 914,33 euros, por daños materiales, desde la fecha del siniestro hasta su pago. 

D) En este caso, no concurre causa justificada, al amparo del art. 20.8 de la LCS, que justifique la pasividad de la aseguradora demandada en la liquidación del siniestro, cuando no cuestiona su realidad, tampoco la responsabilidad de la conductora asegurada, ni la existencia de cobertura derivada del seguro obligatorio de la circulación suscrito con la causante del daño. La demandada tan solo discrepa de la cuantía de la indemnización postulada en la demanda, lo que no es causa justificada conforme una reiterada jurisprudencia para evitar la aplicación de los mentados intereses (Sentencias del TS nº 328/2012, de 17 de mayo, nº 641/2015, de 12 de noviembre; nº 317/2018, de 30 de mayo; nº 47/2020, de 22 de enero y nº 643/2020, de 27 de noviembre entre otras muchas). 

Los intereses se calcularán, durante los dos primeros años, al tipo legal más un 50% y, a partir de ese momento, al tipo del 20% si aquel no resulta superior (sentencias de pleno del TS nº  251/2007, de 1 de marzo, seguida, entre otras, por las sentencias del TS nº  632/2011, de 20 de septiembre; 165/2012, de 12 de marzo; 736/2016, de 21 de diciembre; 222/2017, de 5 de abril; 562/2018, de 10 de octubre; 140/2020, de 2 de marzo; 419/2020, de 13 de julio; 503/2020, de 5 de octubre y 643/2020, de 27 de noviembre).

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Es accidente laboral in itinere la colisión mortal de un trabajador tras una colisión por alcance por no estar acreditado que el fallecido condujese bajo los efectos de sustancias tóxicas, a pesar de haber dado positivo por alcohol anfetaminas y cannabis.

 

A) La sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Valladolid), sec. 1ª, de 17 de diciembre de 2020, rec. 1180/2020, considera accidente laboral in itinere la colisión mortal de un trabajador tras una colisión por alcance por no estar acreditado que el fallecido condujese bajo los efectos de sustancias tóxicas, a pesar de haber dado positivo por alcohol etílico, anfetaminas y cannabis. 

El Tribunal  confirma la sentencia del Juzgado y declara que el accidente mortal de tráfico es un accidente laboral in itinere. Colisión por alcance cuando el vehículo se encontraba parado por una avería, en el carril derecho, con las luces de emergencia conectadas, en horario nocturno, y usando el cinturón de seguridad, y sin que hubiera colocado sobre la calzada los triángulos de señalización. 

No hay imprudencia temeraria del trabajador. No puede presumirse imprudencia temeraria por el simple dato de la presencia de cannabis, anfetamina y alcohol en el análisis realizado al trabajador tras el accidente, pues no consta ni el grado de la ingesta, ni la fecha de la misma, ni su influencia en la conducción del vehículo siniestrado. No existe relación de causalidad entre el consumo de sustancias y el accidente. 

B) HECHOS:   

1º) Según el atestado instruido por la Guardia Civil, el Renault Twingo conducido por el Sr. Plácido se encontraba parado por avería mecánica sobre el carril derecho de la plataforma sentido Arroyo de la Encomienda, con las luces de emergencia conectadas, siendo horario nocturno, encontrándose el conductor en su asiento haciendo uso del sistema de retención (cinturón de seguridad), y sin que hubiera colocado sobre la calzada los triángulos de señalización. Las condiciones más relevantes relativas a las personas, en relación con las causas del siniestro, y según el atestado, fueron: 

- Por lo que respecta al conductor del Renault Twingo: No señalizar la presencia de un obstáculo o peligro creado en la vía por el conductor (triángulo de señalización del tipo V-16). 

- Por lo que respecta a la conductora del Opel Astra: distracción o desatención continua en la conducción, y horario nocturno del que pudiera verse influenciada por una somnolencia, no descartable. 

El trabajador sufrió, como consecuencia del referido accidente, un politraumatismo y hemorragia aguda que le provocaron la muerte. Los demandantes, son padres y herederos abintestato de D. Plácido. 

2º) Realizado tras el accidente análisis de las muestras de sangre y humor vitro obtenidas en la autopsia de D. Plácido, el resultado determinó el consumo de alcohol etílico, anfetamina y cannabis, en las cantidades reflejadas en el informe que obra unido al expediente electrónico cuyo contenido se da íntegramente por reproducido. 

C) DOCTRINA DEL TRIBUNAL SUPREMO: El argumento de censura es, de forma exclusiva, que el conductor actuó, en este caso, con imprudencia temeraria, y que ello excluye la existencia de accidente de trabajo. 

La jurisprudencia ha considerado la imprudencia temeraria como «una imprudencia de tal gravedad que notoriamente revele la ausencia de la más elemental precaución sin esa elemental y necesaria previsión de un riesgo posible, y la inmotivada, caprichosa o consciente exposición a un peligro cierto» (Sentencia del TS de 19 de abril de 1968); «una temeraria e inexcusable imprevisión del siniestro..., sin observar las más elementales medidas de precaución que el hombre menos previsor adoptaría» (STS 10 Dic. 1968); «una imprudencia... de gravedad excepcional, que no esté justificada por motivo legítimo y comporte una conciencia clara del peligro» (Sentencia del TS de 20 marzo de 1970 y 6 de febrero de 1971); «la imprudencia temeraria exige... se hayan omitido las más elementales precauciones en la ejecución del acto causal, realizándolo con desprecio del riesgo cierto que del mismo se deriva» (Sentencia del TS, de 23 de octubre de 1971); «para apreciar la imprudencia temeraria... es necesaria una conducta de gravedad excepcional, una conciencia clara del peligro y una exposición al riesgo, voluntaria y consciente» (Sentencia del TS de 4 de marzo de 1974). 

En todo caso, la doctrina jurisprudencial (entre otras, sentencias del Tribunal Supremo de 18 de septiembre de 2007 y 22 de enero de 2008) viene manteniendo que "el concepto de imprudencia temeraria no tiene en este ámbito del ordenamiento la misma significación que en el campo penal, desde el momento en que los bienes jurídicos protegidos en uno y otro caso son distintos, requiriéndose una mayor intensidad en la conducta cuando se trata de reprochar penalmente determinadas acciones u omisiones". 

Específicamente, en lo relativo a la configuración como imprudencia temeraria de la presencia en el accidentado de sustancias toxicas, no puede establecerse un criterio apriorístico y de aplicación general. Como señala la Sentencia del TS de 31-3-1999, no cabe "hacer una declaración general ... sobre si una determinada tasa de alcoholemia puede configurarse como la imprudencia que rompe la relación de causalidad. La imprudencia se configura en relación con las circunstancias de hecho que se dan en cada supuesto litigioso, y esas circunstancias concurrentes son de apreciación inicial del juzgador en cada caso concreto, para determinar si existe o no la causa de exclusión de la presunción de laboralidad". 

Por tanto, según indica la sentencia de la Sala de lo Social del TS de 30 de mayo de 2012, rec. 537/2012, no puede presumirse la imprudencia temeraria por el simple dato de la presencia de cannabis, anfetamina y alcohol en el análisis realizado al hijo de los demandantes tras el accidente, puesto que no consta ni el grado de la ingesta, ni la fecha de la misma, ni tampoco su influencia en la conducción del vehículo siniestrado. Y, en consecuencia, no puede afirmarse que exista una relación de causalidad entre el consumo de tales sustancias y el accidente de tráfico en que se produjo el fallecimiento, cuya dinámica revela que el trabajador ni siquiera se encontraba conduciendo. 

Tampoco respecto del hipotético primer siniestro, del que, como ya hemos afirmado, no consta en qué concretas circunstancias se habría producido, ni en relación con su vinculación causal con el segundo, ni respecto a las condiciones personales, viales y de conducción concurrentes. Así lo manifiesta igualmente la juzgadora de instancia a la hora de razonar su pronunciamiento estimatorio, que, en consecuencia, debe ser confirmado.

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Sentencia declara al trabajador en situación de incapacidad absoluta por una depresión de larga duración, porque es un síntoma de grave enfermedad psíquica, según reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo.

 

A) La sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (Las Palmas), sec. 1ª, de 28 de enero de 2021, nº 88/2021, rec. 1001/2020, declara al trabajador en situación de incapacidad absoluta por una depresión de larga duración, porque es un síntoma de grave enfermedad psíquica. 

En la depresión, el pensamiento, la comunicación y otras actividades de tipo general se hacen más lentos, hasta cesar todas las actividades voluntarias, produciendo incapacidad de concentración La persona con depresión está a menudo indecisa y recluida en sí misma, tiene una progresiva sensación de desamparo y desesperanza y piensa en la muerte y en el suicidio. 

Por tanto, la depresión importante o mayor, dada su larga evolución inhabilita para cualquier actividad que requiera como el trabajo por cuenta ajena una responsabilidad, el cumplimiento de un horario, el desplazamiento diario al centro de trabajo, el sometimiento a las instrucciones y disciplina empresarial, etc. 

B) HECHOS: La sentencia del Juzgado de lo Social nº 2 de Las Palmas de Gran Canaria, desestima la demanda del actor con categoría profesional de estibador portuario, quien solicitaba el grado de incapacidad permanente absoluta y la contingencia de enfermedad profesional; reconociéndosele al mismo las siguientes lesiones: 

"...Patología osteoarticular: Enfermedad de Dupuytren en mano izquierda, mano dominante, con 2º y 5º dedo izquierdo en resorte, BM de mano izquierda 4/5 "fracturas consolidadas y sin complicaciones. 

Patología otorrinolaringológica: Traumatismo crónico con hipoacusia neurosensorial leve en agudos según audiometría y acúfenos. 

Patología psiquiátrica: Trastorno por estrés postraumático, se encuentra en tratamiento psiquiátrico y psicoterapéutico desde junio de 2015. Patología psiquiátrica cronificada, impresiona buen pronóstico, evolución lenta, con limitación funcional moderada. 

El peritado se encuentra limitado para desarrollar una actividad laboral que implique esfuerzos importantes, nocturnidad, manejo de maquinaria pesada o peligrosa, tareas estresantes, concentración continua y que impliquen el traslado de grandes cargas. (informe médico forense)...". 

C) DOCTRINA DEL TRIBUNAL SUPREMO:

La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha elaborado un cuerpo de doctrina y que se puede resumir en los siguientes términos: Deben valorarse más que la índole y naturaleza de los padecimientos determinantes de las limitaciones que ellos generen, éstas en sí mismas, en cuanto impedimentos reales y suficientes para dejar a quien lo sufre sin posibilidad de iniciar y consumar las faenas que corresponden a un oficio, siquiera el más simple de los que, como actividad laboral retribuida, con una u otra categoría profesional, se dan en el seno de una empresa o actividad económica de mayor o menor volumen (Sentencias del TS de 26 enero 19982 (RJ 1982, 288), 24 marzo 1986 (RJ 1986, 1381) y 13 octubre 1987. No sólo debe ser reconocido este grado de incapacidad al trabajador que carezca en toda posibilidad física para realizar cualquier quehacer laboral, sino también aquel que, con aptitudes para algunas actividades, no tenga facultades reales para consumar, con cierta eficacia, las tareas que componen una cualquiera de las variadas ocupaciones que ofrece el ámbito laboral. Sin que impida esta calificación la posibilidad de desarrollar aquellas actividades marginales que el artículo 138 de la Ley General de la Seguridad Social declara compatibles con la percepción de pensión por incapacidad permanente absoluta (Sentencias de 24 marzo y 12 julio 1986 (RJ 1986, 1381 y 4035) y 13 octubre 1987). 

La realización de una actividad laboral, por liviana que sea, incluso las sedentarias, sólo puede consumarse mediante la asistencia diaria al lugar de trabajo, permanencia en el mismo durante toda la jornada laboral, debe poder realizarse con un mínimo de profesionalidad, rendimiento y eficacia, actuando de acuerdo con las exigencias, de todo orden, que comporta la integración de una empresa, en régimen de dependencia de un empresario dentro de un orden preestablecido y en interrelación con los quehaceres de otros compañeros, por cuanto no es posible pensar que en el amplio campo de las actividades laborales exista alguna en la que no sean exigibles esos mínimos de dedicación, diligencia y atención que son indispensable en el más simple de los oficios y en la última de las categorías profesionales (Sentencias del TS de 14 diciembre 1983 (RJ 1983, 6211), 16 febrero 1984 (RJ 1984, 888), 9 octubre 1985 (RJ 1985, 4699), 13 octubre 1987 y 3 febrero, 20 y 24 marzo, 12 julio y 30 septiembre 1986 (RJ 1986, 688, 1365, 1381, 4035 y 5221) , salvo que se den un singular afán de superación y espíritu de sacrificio por parte del trabajador y un grado intenso de tolerancia en el empresario pues, de no coincidir ambos, no cabe mantener como relaciones laborales normales aquellas en las que se ofrezcan tales carencias. 

Esta Sala de Suplicación del TSJ de Canarias ha venido en multitud de sentencias explicando los criterios a tener en cuenta para valorar la entidad invalidante de la patología psíquica, especialmente la depresión, recordando el contenido de diversas sentencias de la Sala 4ª del Tribunal Supremo del modo siguiente: 

"La invalidez permanente absoluta para todo trabajo supone la impotencia para el ejercicio útil de cualquier actividad por liviana o sedentaria que sea, sentencia del Tribunal Supremo de 2 de marzo de 1985, y la inhabilidad para toda posible actividad dentro de la amplia gama de quehaceres laborales, por lo que implica no poder realizar ningún esfuerzo, ni siquiera un trabajo sedentario según sentencias del Tribunal Supremo de 23 y 30 de enero de 1989, 14 de febrero y 7 de marzo de 1989, y del relato de hechos probados de la sentencia de instancia queda acreditado que la actora padece trastorno depresivo mayor, en tratamiento desde hace más de dos años además de hipotiroidismo e hipertensión arterial con antecedentes de insuficiencia cardíaca a hipoparatiroidismo postquirúrgico. 

Estas dolencias producen en la actora las siguientes limitaciones funcionales: bajo estado de ánimo, de evolución crónica (superior a dos años), con trastornos de atención y concentración, precisando el empleo de medicación, tanto somática como psicofarmacológica, de forma constante, con disminución notable del ritmo de ejecución de las tareas, con baja capacidad de afrontar el estrés, con fácil fatigabilidad, dificultad de mantener un horario estable y en el trato al público. La actora ve descompensados sus rasgos caracteriales por sus vivencias de inutilidad y la presencia de enfermedades somáticas, interfiriendo negativamente en el curso de sus trastornos, empeorando su capacidad de recuperación. 

Como ya dijimos en las sentencias de esta Sala del TSJ de Canarias, recursos 268/2000 y 1250/2001, la depresión de larga duración es un síntoma de grave enfermedad psíquica ya que un episodio de depresión dura habitualmente de 6 a 9 meses, y entre un 15 y 20 por 100 de pacientes dura algo más de dos años. En la depresión, el pensamiento, la comunicación y otras actividades de tipo general se hacen más lentos, hasta cesar todas las actividades voluntarias, produciendo incapacidad de concentración La persona con depresión está a menudo indecisa y recluida en sí misma, tiene una progresiva sensación de desamparo y desesperanza y piensa en la muerte y en el suicidio (en el caso de autos ya la actora intento ahorcarse). El depresivo tiene dificultad para conciliar el sueño y se despiertan repetidamente, sobre todo temprano de madrugada. Es habitual una pérdida del deseo sexual o del placer en general. El depresivo se muestra inapetente, es pasivo y aletargado, introvertido, escéptico, hipercrítico o en constante queja y lleno de auto reproches. En las depresiones graves se tienen delirios (creencias falsas) o alucinaciones, viendo y oyendo cosas que no existen y se tiene sentimientos de inseguridad y de poca valía. Por tanto, la depresión importante o mayor, dada su larga evolución inhabilita para cualquier actividad que requiera como el trabajo por cuenta ajena una responsabilidad, el cumplimiento de un horario, el desplazamiento diario al centro de trabajo, el sometimiento a las instrucciones y disciplina empresarial, etc., etc., habiéndolo entendido así esta Sala en situaciones similares como la contemplada en el recurso de suplicación número 167 /2001. Por ello la Sala entiende que una persona como la demandante con depresión mayor e hipotiroidismo e hipertensión arterial con antecedentes de insuficiencia cardíaca a hipoparatiroidismo postquirúrgico, no se encuentra capacitada para desempeñar el más sencillo, simple, sedentario y relajante de los trabajos que el mercado laboral pueda ofrecer, pues debe considerarse que la aptitud para una actividad laboral módica implica la posibilidad de llevar a cabo tareas con profesionalidad y con unas exigencias mínimas de continuidad, eficacia y rendimiento ( sentencia del Tribunal Supremo de 13 de junio de 1.989  y Sala de lo Social en Las Palmas de Gran Canaria del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de fecha 26 de mayo de 1.992), sin que tal aptitud exista actualmente en la actora ni siquiera con la posibilidad de un ejercicio esporádico de alguna labor que no sean las meramente ocupacionales, implicando ello que no puede realizar trabajos sedentarios y livianos que supongan la permanencia en centro de trabajo durante ocho horas, o requieran una mínima destreza manual o intelectual pues como ha afirmado esta Sala de lo Social en Las Palmas del TSJ de Canarias en sentencia de 2 de diciembre de 1.997 recurso 1018, la grave patología de la actora le impide llenar de contenido la realización laboral, pues difícilmente podrá mantenerse en su puesto de trabajo durante la jornada laboral, someterse a las órdenes y directrices del empresario, integrarse en la plantilla con el resto de compañeros y realizar en definitiva con profesionalidad, rendimiento y eficacia las tareas esenciales del quehacer laboral, como no fuera a costa de un esfuerzo inexigible o magnanimidad del empresario. 

Conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo plasmada en sentencias de 14 de marzo de 1.979, 12 de mayo y 15 de junio de 1.981, el artículo 137.5 de la LGSS de 1.994 (anterior art.135) no ha de ser interpretado exclusivamente a través de su tenor literal, entendido rígidamente, pues de hacerlo así, terminaría resultando imposible su real aplicación, ya que en definitiva toda persona siempre estaría en condiciones de llevar a cabo alguna actividad por liviana que fuera de cuantas integran todas las profesiones u oficios en que se descomponen la variada gama de las actividades económico - laborales y si por el contrario teniendo muy en cuenta la objetividad que el sentido propio de sus palabras comportan sin perder de vista el contexto y sus antecedentes históricos. 

La sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de fecha 27 de febrero de 1.990 (R1243) señala que la prestación de un trabajo por liviano que sea, incluso sedentario, solo puede realizarse mediante asistencia diaria al lugar de trabajo permaneciendo en él durante la jornada laboral y estando en condiciones de consumar la tarea, siquiera leve, que ha de demandar un cierto grado de atención y una moderada actividad física, doctrina que aplicada al supuesto enjuiciado implica que los padecimientos de la actora con notoriedad la imposibilidad de todo ello para la demandante, a no ser que se le quiera situar en situación de riesgo evidente, lo que en definitiva supone reconocer que se encuentra incapacitada absolutamente para toda actividad. 

La sentencia del TS de 9 de febrero de 1.987 establece que no sólo debe ser reconocida la invalidez absoluta al trabajador que carezca de toda posibilidad física para realizar cualquier quehacer laboral, sino también a aquél que, aún con aptitudes para algunas actividades, no tenga facultades reales, para consumar con cierta eficacia, las tareas componentes de una cualquiera de las variadas ocupaciones que ofrece el ámbito laboral, y para determinación del grado de incapacidad (Sentencias del TS de 7 de marzo y 11 de diciembre de 1.990) han de apreciarse conjunta o simultáneamente, de un lado la severidad de la incapacitación y, de otro, las posibilidades reales de hallar ocupación, pero evitando una interpretación literal y rígida del art.137.5 LGSS, en evitación de que resulte imposible su aplicación real. 

Siguiendo la doctrina del Tribunal Supremo en sentencia de 9 de julio de 1.990, no es ni jurídica ni humanamente pensable que una trabajadora afectada de los padecimientos que como secuelas definitivas se declaran pueda mantener ni siquiera mínimas posibilidades de realizar las tareas que comporta cualquier relación laboral por cuenta ajena. Según estimaron las sentencias de esta Sala de lo Social en Las Palmas de G.C. de fecha 25 de febrero de 1.994 recurso 863/93 y 25 de septiembre de 1.998 recurso 173/97, procede reconocer el grado de incapacidad absoluta, ya que a mayor abundamiento, al demostrarse las enfermedades que invalidan al sujeto para toda actividad laboral por cuenta ajena, se produce una inversión de la carga de la prueba y es el INSS el que ha debido acreditar suficientemente que tipo de puesto de trabajo pudiera ser desempeñado por persona que como la hoy demandante sufre los padecimientos ya relatados. 

El Tribunal Supremo en su momento se ha pronunciado en casos similares al hoy enjuiciado estimando la invalidez absoluta en casos de depresión: sentencias de 17-2-1988; 23-3-1988; 13-3-1989 y 7-6-1989) y en un supuesto de agorafobia: sentencia TS de 17 de julio de 1989. 

D) CONCLUSION: A la vista de lo expuesto el motivo ha de prosperar, pues es difícil pensar en un trabajo que no requiera concentración, responsabilidad, atención continuada y ritmo de ejecución y planificación. 

El actor no puede realizar tareas de esfuerzos, ni trabajos que exijan las dinámicas expuestas en el párrafo anterior. 

Cualquier trabajo ha de desarrollarse bajo la dirección de un tercero, con eficacia, dedicación, rendimiento y profesionalidad, en una jornada ordinaria, con el estrés propio de cualquier actividad reglada y por cuenta ajena, y con la responsabilidad propia de cualquier trabajo. 

No se trata de pensar en una actividad teórica o utópica donde no se den las dinámicas expuestas, sino en el mercado laboral existente, donde es imposible, por las características de la prestación de la relación laboral, encontrar un trabajo sin esfuerzo, sin estrés, sin responsabilidad y sin concentración y atención continuada. 

Considera, por ello, la Sala que las lesiones que el actor padece son acreedoras del grado de incapacidad permanente absoluta, habiendo errado el juzgador al encajar los hechos en la norma, pues las lesiones que recoge son tributarias de la incapacidad permanente absoluta, con derecho al 100% de la base reguladora.

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La ampliación de la demanda contra quien en todo instante ha sido el real empresario del trabajador transcurridos los veinte días hábiles desde su despido determina la caducidad de la acción de despido.

 

A) La sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo (Social), sec. 1ª, S 14-01-2021, nº 44/2021, rec. 888/2019, declara que si la ampliación de la demanda de la trabajadora contra quien en todo instante ha sido el real y explícito empresario de la misma, tuvo lugar transcurridos los veinte días hábiles que establece la ley para el ejercicio de la acción de despido, nos encontramos ante una circunstancia que de manera irremediable determina la caducidad de la acción de despido, pues la misma acaece respecto de un empresario ya conocido de manera indubitada con carácter previo.

La parte actora tuvo desde el inicio de la prestación de servicios, durante su transcurso y al tiempo del despido, los datos necesarios e imprescindibles para articular la demanda frente al empleador real; empero, la formuló contra otra entidad del grupo empresarial, respecto de la que no figura elemento fáctico alguno sobre una eventual vinculación de naturaleza laboral, ni ninguna interposición lícita ni ilícita en el curso de la relación, y ni siquiera una apariencia formal de aquella calidad. 

La ampliación de la demanda contra quien en todo instante ha sido el real y explícito empresario de la trabajadora tuvo lugar transcurridos los veinte días hábiles desde su despido, circunstancia que de manera irremediable determinaba la caducidad de la acción de despido. 

B) OBJETO DE LA LITIS:

1º) El recurso de casación unificadora interpuesto por la empresa Colegio Torrevilano, S. A. gira en torno a la caducidad de la acción de despido que sostiene concurrente en el presente litigio. 

Impugna la empresa la sentencia de la sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 17.09.2018, R. 488/18, que desestimó su recurso frente a la dictada en la instancia que no había apreciado la excepción de caducidad. La actora, profesora de primaria, vio extinguido su contrato, con efectos 3 de julio de 2017 y comunicación de 30 de junio, por cumplimiento de una condición resolutoria: no haber obtenido la habilitación en lengua inglesa. El contrato se firmó por el Colegio Torrevilano, que igualmente figura en las nóminas de aquélla. El acto de conciliación se celebró el 11.08.2017 con resultado de sin avenencia frente a la empresa Educare, Inversión en centros educativos, S. L., (en adelante Educare). La ampliación de la demanda frente a Colegio Torrevilano tuvo lugar el 16.02.2018. La sentencia de instancia estimó la falta de legitimación pasiva de Educare y condenó a Colegio Torrevilano por despido improcedente. 

2º) La Sala del TSJ desestimó la excepción de caducidad remitiéndose a la sentencia de instancia que indicaba que, de acuerdo con el art. 103. 2 LRJS, aunque la actora conocía al empleador ya que en el contrato y las nóminas consta Colegio Torrevilano, fue a instancia del juzgado cuando se verificó la ampliación de la demanda, tras las alegaciones de la empresa demandada, que también compareció ante el SMAC, manifestando la necesidad de demandar al Colegio Torrevilano. Entiende así que el tiempo transcurrido desde la interposición de la papeleta de conciliación contra Educare hasta la ampliación de la demanda, no es imputable a la trabajadora a título de dolo o culpa, ya que el nombre de un colegio suelen ser nombres comerciales y detrás suele estar la sociedad empleadora. 

C) VALORACION DE LA PRUEBA: Sostiene el recurso que, al dirigirse la demanda frente a otra empresa del grupo mercantil -no empleadora de la parte actora-, se ha producido la caducidad de la acción por despido cuando finalmente amplia la misma frente al empresario real. 

Los datos fácticos relevantes a tal efecto evidencian que la actora suscribió el contrato de trabajo en septiembre de 2014 con el centro educativo Colegio Torrevilano, S.L.; que en sus nóminas figuraba dicha entidad, al igual que en el acuerdo suscrito en 2015 y en la propia carta de despido. En la correlativa resultancia de hechos no consta referencia ninguna a la empresa contra la que, sin embargo, dirigió aquélla su demanda. 

En la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 5 de mayo de 2016, rcud 2346/2014, recapitulamos la doctrina dictada en esta materia. Así, en primer lugar, con remisión a la STS de 15 noviembre 2006 (rec. 2764/2005). Esta examina el alcance del precepto en cuestión (bien que en la redacción albergada por la Ley de Procedimiento Laboral de 1995) y subraya la relevancia de que "el trabajador tuvo conocimiento de la transmisión desde la misma fecha en que la misma se materializó en 15/Enero, de manera que desde la misma fecha en que le fue comunicado su despido objetivo [18/Febrero] pudo haber dirigido su demanda contra la adquirente "DIMAROSA", por lo que la ampliación de la demanda -dirigiéndola contra ella- en 11/Junio fue palmariamente extemporánea y desajustada a la prevención temporal de los arts. 59.3 ET y 103 LPL, infringidos por la sentencia recurrida". 

Seguidamente, detalla la Sentencia del TS 6.03.2013 (rec. 1870/2012) que aquilató las consecuencias prácticas de las previsiones del art. 103 LRJS, y resume la clave de la aplicación de garantía comprendida en el precepto: depende de si el trabajador que demanda erróneamente conoce o no la identidad del verdadero empleador. La clave está en precisar si la persona despedida tiene "datos suficientes en la fecha del despido para poder dirigir la demanda contra la empresa", siendo determinante si hay "constancia cierta de que conociera en el momento del despido, si quiera de forma mínima pero suficiente" quién es el real empleador. 

A diferencia de lo entonces acaecido, concluyendo la ausencia del presupuesto de contradicción -dado que allí se estaba contrastando un supuesto en el que la demanda se formuló contra el empresario erróneamente identificado con otro en la que la empleadora aparecía correctamente reseñada, y rompía la similitud igualmente la existencia o no de dudas acerca de a quién debía demandarse-, en el actual, cumplimentada como dijimos la exigencia de una identidad sustancial, se impone responder positivamente al recurso interpuesto. 

La parte actora tuvo desde el inicio de la prestación de servicios, durante su transcurso y al tiempo del despido, los datos necesarios e imprescindibles para articular la demanda frente al empleador real; empero, la formuló contra otra entidad del grupo empresarial, respecto de la que no figura elemento fáctico alguno sobre una eventual vinculación de naturaleza laboral, ni ninguna interposición lícita ni ilícita en el curso de la relación, y ni siquiera una apariencia formal de aquella calidad. 

El cauce ampliatorio concedido en la instancia, motivado efectivamente por la carencia de demanda contra el verdadero empleador, no puede, sin embargo, subsanar una deficiencia asignable de manera exclusiva a la trabajadora, por cuanto ésta disponía de un conocimiento suficiente de la posición de su empresario. 

Recordaremos al efecto el contenido del citado art. 103 LRJS al disponer que: "Si se promoviese papeleta de conciliación o solicitud de mediación o demanda por despido contra una persona a la que erróneamente se hubiere atribuido la cualidad de empresario, y se acreditase con posterioridad, sea en el juicio o en otro momento anterior del proceso, que lo era un tercero, el trabajador podrá promover nueva demanda contra éste, o ampliar la demanda si no se hubiera celebrado el juicio, sin que comience el cómputo del plazo de caducidad hasta el momento en que conste quién sea el empresario.", para excluir, en fin, su aplicación al caso que nos ocupa. 

La ampliación de la demanda contra quien en todo instante ha sido el real y explícito empresario de la trabajadora tuvo lugar transcurridos los veinte días hábiles desde su despido, circunstancia que de manera irremediable determinaba la caducidad de la acción de despido. Ni la presunta atribución del error al primer demandado, por haber comparecido al acto de conciliación, tiene virtualidad para enervar dicho instituto, ni tampoco la ampliación otorgada por el órgano judicial, pues la misma acaece respecto de un empresario ya conocido de manera indubitada con carácter previo. En consecuencia, la formulación contra éste lo fue de forma extemporánea. 

La doctrina de contraste, afirmando que no puede transformarse la causa excepcional de suspensión de los efectos de la caducidad en un instrumento de subsanación de errores materiales, pues no se trataba de un empresario aparente o que el trabajador desconociera, es la que ha de entenderse correcta.

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En los procesos de conflicto colectivo en los que se acuerda la suspensión de contratos y reducción de jornada por causas organizativas y de producción, la acción caduca cuando desde la presentación de la demanda transcurren más de veinte días hábiles desde la notificación por escrito a los trabajadores o a sus representantes de las medidas.

 

A) La sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional (Social), sec. 1ª, de 2 de febrero de 2021, nº 4/2021, rec. 151/2020, declara que en los procesos de conflicto colectivo en los que se acuerda la suspensión de contratos y reducción de jornada por causas organizativas y de producción, la acción caduca cuando desde la presentación de la demanda transcurren más de veinte días hábiles desde la notificación por escrito a los trabajadores o a sus representantes de las medidas. 

La acción para impugnar una decisión empresarial de suspensión colectiva de contratos de trabajo o de reducción de jornada se encuentra sujeta a un plazo de prescripción de veinte días a contar desde la notificación de la decisión a los trabajadores afectados y a sus representantes legales, debiendo tramitarse por los cauces de la modalidad procesal de conflicto colectivo, plazo este que no debe entenderse suspendido ni por la vigencia del Estado de Alarma, ni por la interposición de papeleta de mediación o conciliación previa. 

B) OBJETO DE LA LITIS: La parte actora ESK alega que existe una mala conformación de la mesa negociadora sobre expedientes distintos relativos a dos empresas diferenciadas, que de cara a la negociación se presentan en todo momento como una sola, escogiéndose asimismo la representación de los trabajadores en base exclusiva a la presencia sindical en una de ellas, ABB, no teniendo en cuenta en absoluto la de ABBES. En este sentido se crea la apariencia de una única empleadora ABB, que negocia y aplica la medida en base a un único expediente regulador con identidad de causa, y que en la propia negociación no están representadas las dos plantillas. Solicitando se dicte sentencia por la que declare la nulidad de la medida de suspensión temporal de contratos notificada el día 15 de abril de 2020, condenando a las demandadas a reponer a la plantilla afectada en sus anteriores condiciones de trabajo y a abonar los daños y perjuicios ocasionados en materia de días de alta, cotización y abono de salarios. 

C) DOCTRINA JURISPRUDENCIAL: 

Como dijimos en Sentencia de esta Sala de lo Social de la Audiencia Nacional de 12 de noviembre de 2020 (rec. núm. 162/2020) en apreciación de la excepción procesal de caducidad de un conflicto colectivo: 

"El art. 59 del Estatuto de los trabajadores señala en sus apartados 3 y 4 lo siguiente: 

"3. El ejercicio de la acción contra el despido o resolución de contratos temporales caducará a los veinte días siguientes de aquel en que se hubiera producido. Los días serán hábiles y el plazo de caducidad a todos los efectos. El plazo de caducidad quedará interrumpido por la presentación de la solicitud de conciliación ante el órgano público de mediación, arbitraje y conciliación competente. 

4. Lo previsto en el apartado anterior será de aplicación a las acciones contra las decisiones empresariales en materia de movilidad geográfica y modificación sustancial de condiciones de trabajo. El plazo se computará desde el día siguiente a la fecha de notificación de la decisión empresarial, tras la finalización, en su caso, del periodo de consultas." 

2ª.- Que el referido plazo de caducidad de 20 días se extiende igualmente a las decisiones empresariales de suspensión del contrato y reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o derivadas de fuerza mayor por el art. 138.1 de la LRJS , precisando además que la demanda deberá presentarse en el plazo de caducidad de los veinte días hábiles siguientes a la notificación por escrito de la decisión a los trabajadores o a sus representantes, procedimientos estos que el art. 64.1 de la referida LRJS excluye del trámite de la conciliación previa. 

3ª.- Que la Disposición Adicional 2ª del RD 463/2.020 rubricada "Suspensión de plazos procesales" dispone lo siguiente: 

"1. Se suspenden términos y se suspenden e interrumpen los plazos previstos en las leyes procesales para todos los órdenes jurisdiccionales. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo. 

2. En el orden jurisdiccional penal la suspensión e interrupción no se aplicará a los procedimientos de habeas corpus, a las actuaciones encomendadas a los servicios de guardia, a las actuaciones con detenido, a las órdenes de protección, a las actuaciones urgentes en materia de vigilancia penitenciaria y a cualquier medida cautelar en materia de violencia sobre la mujer o menores. Asimismo, en fase de instrucción, el juez o tribunal competente podrá acordar la práctica de aquellas actuaciones que, por su carácter urgente, sean inaplazables. 

3. En relación con el resto de los órdenes jurisdiccionales la interrupción a la que se refiere el apartado primero no será de aplicación a los siguientes supuestos: 

a) El procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona previsto en los artículos 114 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, ni a la tramitación de las autorizaciones o ratificaciones judiciales previstas en el artículo 8.6 de la citada ley. 

b) Los procedimientos de conflicto colectivo y para la tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas regulados en la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social. 

c) La autorización judicial para el internamiento no voluntario por razón de trastorno psíquico prevista en el artículo 763 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. "d) La adopción de medidas o disposiciones de protección del menor previstas en el artículo 158 del Código Civil". 

4ª- Que el art. 153.1 de la LRJS señala que : "Se tramitarán a través del presente proceso las demandas que afecten a intereses generales de un grupo genérico de trabajadores o a un colectivo genérico susceptible de determinación individual y que versen sobre la aplicación e interpretación de una norma estatal, convenio colectivo, cualquiera que sea su eficacia, pactos o acuerdos de empresa, o de una decisión empresarial de carácter colectivo, incluidas las que regulan el apartado 2 del artículo 40, el apartado 2 del artículo 41, y las suspensiones y reducciones de jornada previstas en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores que afecten a un número de trabajadores igual o superior a los umbrales previstos en el apartado 1 del artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, o de una práctica de empresa y de los acuerdos de interés profesional de los trabajadores autónomos económicamente dependientes, así como la impugnación directa de los convenios o pactos colectivos no comprendidos en el artículo 163 de esta Ley”. 

5ª - Que lo señalado en el precepto arriba transcrito debe completarse con lo dispuesto en el art. 6 del RD Ley 16/2.020 que bajo la rúbrica "Tramitación de la impugnación de expedientes de regulación temporal de empleo a que se refiere el artículo 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19", dispone lo siguiente: 

"1. Se tramitarán conforme a la modalidad procesal de conflicto colectivo, las demandas presentadas por los sujetos legitimados a los que se refiere el apartado 2 de este artículo, cuando versen sobre las suspensiones y reducciones de jornada adoptadas en aplicación de lo previsto en el artículo 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, y dichas medidas afecten a más de cinco trabajadores. 

2. Además de los sujetos legitimados conforme al artículo 154 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, estará igualmente legitimada para promover el citado procedimiento de conflicto colectivo la comisión representativa prevista en la normativa laboral dictada para paliar los efectos derivados del COVID-19 en relación con los expedientes de regulación temporal de empleo a que se refiere este artículo". 

7ª.- Que es doctrina seguida por esta Sala la expresada en la sentencia de la AN de 27-2-2.017 -proc. 326/2016 -de la forma siguiente: 

"Tal y como consta en el relato de hechos probados, la notificación de la decisión empresarial se verificó el día 20 de octubre de 2016, y si bien es cierto que se intentó la mediación previa ante el SIMA el 14 de noviembre de 2016, teniendo lugar el acto de mediación el 24 de noviembre siguiente, la interposición del procedimiento de mediación, no suspender plazo de caducidad que opera en sus propios términos y alcance temporal, ya que dicho requisito o exigencia ésta exceptuada por el artículo 64.1 LRJS, habiendo caducado la acción por expiración del plazo de 20 días en fecha 17 de noviembre de 2016, y por tanto cuando se presentó la demanda el 30 de noviembre siguiente había transcurrido el plazo de caducidad establecido en el artículo 138.1 de la LRJS, y sin que incida en ello, como a continuación se expone, la interposición del procedimiento de mediación ante el SIMA. 

Así lo ha entendido el Tribunal Supremo en sentencia de 16/09/2014 (recurso 251/2013 ) en relación al plazo de caducidad de 20 días ex arts. 138.1 LRJS:

"La demanda deberá presentarse en el plazo de caducidad de los veinte días hábiles siguientes a la notificación por escrito de la decisión a los trabajadores o a sus representantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 59 del Estatuto de los Trabajadores, plazo que no comenzará a computarse hasta que tenga lugar dicha notificación... "; 41.5 y 59.4 ET: " Lo previsto en el apartado anterior será de aplicación a las acciones contra las decisiones empresariales en materia de... modificación sustancial de condiciones de trabajo. El plazo se computará desde el día siguiente a la fecha de notificación de la decisión empresarial, tras la finalización, en su caso, del período de consultas ").... En el presente caso, tal notificación no se efectúa hasta el día 09-05-2013 (HP 14º) y la demanda objeto del presente procedimiento se presentó el día 28-05-2013, por lo que no había trascurrido en el plazo de caducidad de los veinte días hábiles siguientes a la notificación por escrito de la decisión a los representantes de los trabajadores, y sin que incida en ello, como a continuación se expone, la posible suspensión ulterior para subsanación de un defecto que, conforme a la jurisprudencia social, no era exigible, por lo que el motivo cuarto del recurso debe ser igualmente desestimado. 

Debe reiterarse y recordarse que en la interrelación entre el art. 64 LRJS que excluye de las reclamaciones de modificación sustancial de las condiciones de trabajo la exigencia de conciliación o mediación previas y el art. 156.1 LRJS que dispone como requisito necesario para la tramitación del proceso de conflicto colectivo el intento de conciliación o de mediación previas en los términos previstos en el art. 63 LRJS, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, en STS/IV 9-diciembre-2013 (rco 85/2003), ha optado por interpretar de que debe prevalecer la norma específica de exclusión de tales presupuestos preprocesales y que el referido trámite preprocesal parecería redundante en una materia en la que la impugnación en vía judicial la de la decisión del empresario se ha de llevar a cabo después de agotado el periodo de consultas con los representantes de los trabajadores ", con la derivada consecuencia que su inadecuada utilización no suspende el plazo de caducidad de 20 días hábiles para el ejercicio de tal acción. 

"En relación a la exclusión del requisito de conciliación previa, la STS de 16/12/2014 (recurso 263/2013 ), declara: Esta Sala de casación en STS/IV 9-diciembre-2013 (rco 85/2013 ) ha interpretado que la posible contradicción entre los arts. 64 y 156.1 LRJS debe resolverse en el sentido de que " aun cuando es cierto que con carácter general el artículo 156.1 LRJS dispone como requisito necesario para la tramitación del proceso de conflicto colectivo el intento de conciliación o de mediación en los términos previstos en el artículo 63..., sin embargo en estas reclamaciones de modificación sustancial de las condiciones de trabajo entra en juego la regla especial citada, la del artículo 64 LRJS que excluye ese requisito de conciliación previa ", argumentándose que " si bien es cierto que el artículo 63 LRJS establece una regla general como requisito previo al proceso de exigir la conciliación previa, sin embargo en el artículo siguiente, el 64.1 LRJS y con absoluta claridad se establecen una serie de excepciones a esa exigencia preprocesal, entre las que se encuentra la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, trámite que, por otra parte, parecería redundante en una materia en la que la impugnación en vía judicial la de la decisión del empresario se ha de llevar a cabo después de agotado el periodo de consultas con los representantes de los trabajadores. Además... en las reclamaciones referidas a la modificación sustancial de las condiciones de trabajo la idea de celeridad impulsa evidentemente la ordenación procesal que se hace del cauce para impugnarla en un breve plazo de tiempo, lo que además redunda en beneficio de la seguridad jurídica, razones de la regulación del proceso y de la decisión que adoptó la sentencia recurrida que excluyen cualquier planteamiento de vulneración del artículo 24 CE"; en el mismo sentido se pronuncia la STS/IV 16-septiembre-2014 (rco 251/2013 ). Debiendo, por tanto, desestimarse este motivo de impugnación”. 

D) VALORACION: De las consideraciones expuestas se infiere con claridad que la acción para impugnar una decisión empresarial de suspensión colectiva de contratos de trabajo o de reducción de jornada se encuentra sujeta a un plazo de prescripción de veinte días a contar desde la notificación de la decisión a los trabajadores afectados y a sus representantes legales, debiendo tramitarse por los cauces de la modalidad procesal de conflicto colectivo , plazo este que no debe entenderse suspendido ni por la vigencia del Estado de Alarma, ni por la interposición de papeleta de mediación o conciliación previa. 

Lo cual traslado al supuesto enjuiciado nos ha de llevar a estimar la caducidad invocada puesto que la demanda fue presentada el día hábil vigésimo segundo posterior a la notificación a los afectados y a sus representantes legales de la decisión patronal acordada. En efecto esta se notifica el viernes 17 de abril, siendo en consecuencia el primer día a contar el lunes 20 de dicho mes, y excluyendo de dicho cómputo los sábados, domingos y los viernes festivos en la sede de este tribunal días 1 y 15 de mayo-fiesta de carácter estatal y local, respectivamente-, resulta que el día 21 de mayo, fecha de presentación de la demanda habían transcurrido 22 días hábiles desde la notificación de la decisión patronal dispone como requisito necesario para la tramitación del proceso de conflicto colectivo el intento de conciliación o de mediación previas en los términos previstos en el art. 63 LRJS, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, en STS/IV 9-diciembre-2013 (rco 85/2003 ) , ha optado por interpretar de que debe prevalecer la norma específica de exclusión de tales presupuestos preprocesales y que el referido trámite preprocesal parecería redundante en una materia en la que la impugnación en vía judicial la de la decisión del empresario se ha de llevar a cabo después de agotado el periodo de consultas con los representantes de los trabajadores", con la derivada consecuencia que su inadecuada utilización no suspende el plazo de caducidad de 20 días hábiles para el ejercicio de tal acción. 

"En relación a la exclusión del requisito de conciliación previa, la STS de 16/12/2014 (recurso 263/2013 ), declara: Esta Sala de casación en STS/IV 9-diciembre-2013 (rco 85/2013 ) ha interpretado que la posible contradicción entre los arts. 64 y 156.1 LRJS debe resolverse en el sentido de que " aun cuando es cierto que con carácter general el artículo 156.1 LRJS dispone como requisito necesario para la tramitación del proceso de conflicto colectivo el intento de conciliación o de mediación en los términos previstos en el artículo 63..., sin embargo en estas reclamaciones de modificación sustancial de las condiciones de trabajo entra en juego la regla especial citada, la del artículo 64 LRJS que excluye ese requisito de conciliación previa", argumentándose que " si bien es cierto que el artículo 63 LRJS  establece una regla general como requisito previo al proceso de exigir la conciliación previa, sin embargo en el artículo siguiente, el 64.1 LRJS y con absoluta claridad se establecen una serie de excepciones a esa exigencia preprocesal, entre las que se encuentra la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, trámite que, por otra parte, parecería redundante en una materia en la que la impugnación en vía judicial la de la decisión del empresario se ha de llevar a cabo después de agotado el periodo de consultas con los representantes de los trabajadores.

Además... en las reclamaciones referidas a la modificación sustancial de las condiciones de trabajo la idea de celeridad impulsa evidentemente la ordenación procesal que se hace del cauce para impugnarla en un breve plazo de tiempo, lo que además redunda en beneficio de la seguridad jurídica, razones de la regulación del proceso y de la decisión que adoptó la sentencia recurrida que excluyen cualquier planteamiento de vulneración del artículo 24 CE"; en el mismo sentido se pronuncia la STS/IV 16-septiembre-2014 (rco 251/2013 ). Debiendo, por tanto, desestimarse este motivo de impugnación. 

"De las consideraciones expuestas se infiere con claridad que la acción para impugnar una decisión empresarial de suspensión colectiva de contratos de trabo o de reducción de jornada se encuentra sujeta a un plazo de prescripción de veinte días a contar desde la notificación de la decisión a los trabajadores afectados y a sus representantes legales, debiendo tramitarse por los cauces de la modalidad procesal de conflicto colectivo , plazo este que no debe entenderse suspendido ni por la vigencia del Estado de Alarma, ni por la interposición de papeleta de mediación o conciliación previa". 

E) CONCLUSION: Lo cual traslado al supuesto enjuiciado nos ha de llevar a estimar la caducidad invocada puesto que la notificación de la medida a la representación legal, es de 15 de abril de 2020 (hecho no controvertido), mientras que la presentación de la demanda data de 18 de mayo 2020 (descriptor 18) sin que conste en autos que se haya presentado en fecha anterior, ni la parte haya aportado prueba alguna, más allá de la mera alegación, sin soporte documental de justificante de lex net o similar que apoye su versión. 

Por lo que es claro que opera el plazo de caducidad de 20 días en tanto que el artículo 138 de la LRJS establece: "La demanda deberá presentarse en el plazo de caducidad de los veinte días hábiles siguientes a la notificación por escrito de la decisión a los trabajadores o a sus representantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 59 del Estatuto de los Trabajadores, plazo que no comenzará a computarse hasta que tenga lugar dicha notificación". 

La apreciación de la excepción procesal de caducidad impide entrar a conocer del resto de cuestiones y conflicto de fondo alegadas.

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