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sábado, 23 de agosto de 2008

LA RESPONSABILIDAD DE LAS COMPAÑIAS AEREAS EN CASO DE ACCIDENTES


- Órganos competentes para investigar los accidentes aéreos: Ya se trate de accidentes civiles o militares es competente para su investigación la Jurisdicción Ordinaria, correspondiendo al Juzgado de Instrucción del lugar donde el accidente se ha producido.

La Ley 48/1960 de 21 julio sobre Navegación Aérea (LNA), hace una referencia muy breve a la investigación de los accidentes aéreos, al señalar en su art. 134 que corresponda las autoridades aeronáuticas la investigación de los accidentes aéreos. Este precepto es también aplicable a la navegación aérea militar por la disp. final 5ª de dicha Ley.

Como quiera que la dirección de la investigación corresponde al Juzgado de Instrucción, es obligación legal de la autoridad aeronáutica una leal y forzosa colaboración con el órgano judicial. Debiendo el Juez de Instrucción solicitar a la comisión aeronáutica la entrega del informe preliminar, que debe de estar realizado en un breve plazo de tiempo. Con dicho informe preliminar y un adecuado asesoramiento, el Juez instructor va a tener elementos suficientes, para en su caso, realizar diligencias ya orientadas a la determinación de responsabilidades.

Expresamente el art. 6 RD 389/1998 de 13 marzo, señala que si los investigadores observaran indicios de responsabilidad penal, deben ponerlo en conocimiento del Juez de Instrucción.

En todo caso, transcurridos como máximo 45 días desde la producción del accidente aéreo, el Juez de Instrucción debe tener en su mano el informe preliminar y a partir de ese momento practicar las pruebas que conduzcan a la determinación de responsabilidades concretas, pues el informe preliminar contendrá los datos de las cajas negras (date y voice recorder) y grabaciones de control aéreo, datos de meteorología, autopsias y datos de medicina aeronáutica, vestigios del accidente en tierra, etc., suficientes y necesarios para delimitar las causas del accidente aéreo.

El Juez de instrucción debe exigir que el informe definitivo esté concluido en tres meses como máximo.

Sin olvidar que no todos los accidentes dan lugar a la apertura de Diligencias Previas, pues como ocurre por ejemplo en materia de circulación de vehículos a motor, los accidentes sin daños personales se solucionan, bien extrajudicialmente, bien en la jurisdicción civil.

- Seguro Obligatorio. Indemnización a las víctimas y familiares de los accidentes aéreos: Una de las funciones del Juez de Instrucción es velar por que la víctimas sean indemnizadas a la mayor brevedad posible. Al efecto y con independencia de la causa del accidente , el sistema de seguros obligatorios permite dar satisfacción, aunque sólo sea de forma parcial, a los perjudicados y a sus familias.

La responsabilidad civil en el derecho de la navegación aérea tiene sus fuentes legales, además de en los arts. 1902 y 1903 del Código Civil, en la LNA 48/1960 de 21 de julio, referente a materias de índole civil, mercantil y administrativa. Parte nuestra legislación del Principio de soberanía del Estado sobre el espacio aéreo nacional y en su art. 120 LNA, abandonando la responsabilidad por culpa, establece el criterio de la responsabilidad objetiva del transportista aéreo al declarar que "la razón de indemnizar tiene su base objetiva en el accidente o daño y procederá, hasta los límites de responsabilidad que en este capítulo se establecen, en cualquier supuesto, incluso en el de accidente fortuito y aún cuando el transportista, operador o un empleado justifiquen que obraron con la diligencia debida".

De un mismo accidente de aviación puede hacer surgir de modo conjunto la responsabilidad objetiva del art. 120 antes mencionada y la subjetiva o por culpa de los art. 1902 y 1903 del Código Civil para el resarcimiento por ambos cauces de los perjuicios nacidos del accidente aéreo. En la responsabilidad objetiva existen unos baremos específicos y se aplican los Derechos especiales de giro (con su equivalente en euros). Por ejemplo 100.000 derechos especiales de giro equivalen a una indemnización de 140.836,57 €. Además se puede exigir la responsabilidad por culpa, siendo aplicados habitualmente los baremos utilizados para accidentes de trafico de la Ley 30/95. Es decir, de esa forma se consigue una doble indemnización y los correspondientes intereses.

El art. 127 LNA establece la obligatoriedad del seguro de pasajeros, el de daños causados a terceros y el de aeronaves destinadas a la actividad comercial o que sean objeto de hipoteca.

Asimismo, la disp. final 3ª del mismo Texto Legal (LNA) establece: "Quedan excluidas del Seguro Obligatorio de Viajeros, ampliado por Ley de veintiséis de septiembre de mil novecientos cuarenta y uno, las Empresas de transporte aéreo que acrediten tener constituido el correspondiente Seguro de Viajeros conforme al art. 127 de la presente Ley, deduciéndose, en este supuesto, del precio del billete, en el transporte aéreo nacional, el importe de la prima del indicado Seguro Obligatorio. En todo caso la indemnización se hará efectiva en el plazo máximo de treinta días".

- Indemnizaciones previstas por la Ley de Navegación Aérea: El RD 37/2001 de 19 enero actualiza las indemnizaciones fijadas por la LNA de 21 julio 1960 en caso de accidente aéreo y las extiende además del transporte, a los ocupantes de vuelos de la entidades de formación de pilotos, de vuelos de iniciación o panorámicas y a los de las empresas de trabajos aéreos de carácter comercial.

El art. 124 de la LNA establece que "la acción para exigir el pago de las indemnizaciones a que se refiere este capítulo prescribirá a los seis meses, a contar desde le fecha en que se produjo el daño".

Los art. 115 y ss LNA establecen un sistema de responsabilidad objetiva, si bien, las cuantías de las indemnizaciones que se aplican desde el 2 mayo 2001, son las siguientes, para viajeros y ocupantes:
a) Muerte e incapacidad total permanente
100.000 DEG
23.127.000 pesetas (unos 140.836,57 euros).
b) Incapacidad parcial permanente
Hasta 58.000 DEG
Hasta 13.413.660 pesetas.
c) Incapacidad parcial temporal
Hasta 29.000 DEEG.
Hasta 6.706.830 pesetas.
* Las cantidades varían en función de la cotización de los DEG (Derechos Especiales de Giro), que publica el Banco de España.

Ello no es sino la "adaptación" tardía de la LNA al "Reglamento de la Unión Europea" nº 2027/97 del Consejo de 9 octubre 1997, sobre "Responsabilidad de las Compañías Aéreas en caso de Accidente .

En el caso de que las lesiones o muerte afecten a terceras personas que no sean pasajeros (terceros en superficie), las indemnizaciones se incrementan en un 20%. Todo ello, sin perjuicio de la responsabilidad contractual y extracontractual exigible al transportista aéreo.

En consecuencia, el transportista aéreo responde "objetivamente" hasta el límite de la cobertura fijado legalmente, sin perjuicio de que sean exigibles mayores indemnizaciones en caso de dolo, negligencia o incumplimiento.

- Periodo de pago de las indemnizaciones: El Juez de Instrucción puede y debe requerir al propietario del avión accidentado la manifestación de las pólizas de seguro y el pago o consignación de las indemnizaciones legales en el plazo de treinta días desde el accidente. Las sumas consignadas deben de ser entregadas a los perjudicados, una vez acrediten su condición.

De no verificarse el pago será de aplicación el art. 20 Ley de Contrato de Seguro, en cuanto a los intereses.

- Regulación Legal por la Comunidad Europea de la responsabilidad de las compañías aéreas por los accidentes aéreos: El Reglamento nº 2027/97/CE del Consejo, de 9 de octubre de 1997, regula la responsabilidad de las compañías aéreas de la Comunidad Europea en relación con la responsabilidad con respecto a los pasajeros en caso de accidente, por daños sufridos en caso de muerte, herida o cualquier otra lesión corporal sufrida por un pasajero, cuando el accidente que haya causado el perjuicio haya ocurrido a bordo de una aeronave o en el curso de cualquiera de las operaciones de embarque o desembarque. Y el Reglamento 889/2002/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de mayo de 2002, que modifica el anterior completan el sistema; a estos hemos de añadir la Decisión del Consejo de 5 de abril de 2001 mediante la que la CE ratificaba el Convenio de Montreal de 1999 sobre unificación de ciertas reglas del transporte aéreo por lo que la citada normativa se incorpora a nuestro derecho.

El Reglamento 2027/1997/CE extiende la aplicación del Convenio de Montreal a todos los vuelos realizados por compañías aéreas comunitarias en supuestos de vuelos internos, intracomunitarios o extracomunitarios. Así se ha interpretado por la STJCE de 10 de enero de 2006 en el asunto C-344/2004.

El Reglamento 2027/1997/CE regula la compensación por daño y el Reglamento 261/2004/CE regula la compensación por falta de daño.

- El art. 2.1.c) establece que a efectos del presente Reglamento, se entenderá por, «personas con derecho a indemnización»: el pasajero o cualquier persona con derecho a reclamar respecto de dicho pasajero, de conformidad con la normativa aplicable.

- Limites de la responsabilidad de la compañía aérea:
1. a) La responsabilidad de una compañía aérea comunitaria por los daños sufridos en caso de muerte, herida o cualquier otra lesión corporal por un pasajero en caso de accidente, no estará sujeta a ningún límite financiero ya sea legal, convencional o contractual.
b) La obligación de seguro contemplada en el art. 7 del Reglamento (CEE) n° 2407/92 se entenderá como que las compañías aéreas comunitarias deberán estar aseguradas hasta el límite de la responsabilidad establecida con arreglo al apartado 2 y ulteriormente hasta un límite razonable.
2. Con respecto a cualquier daño y hasta un importe equivalente en ecus de 100 000 DEG, las compañías aéreas comunitarias no podrán excluir o limitar su responsabilidad demostrando que ellas y sus agentes adoptaron todas las medidas necesarias para evitar el perjuicio o que les resultó imposible adoptar dichas medidas.
3. No obstante lo dispuesto en el apartado 2, si la compañía aérea comunitaria probare que el perjuicio fue causado por la negligencia del pasajero lesionado o fallecido o ésta contribuyó a aquel, la compañía podrá ser total o parcialmente eximida de su responsabilidad de conformidad con el derecho aplicable.

- Criterio para cuantificar la cuantía de la indemnización en accidentes aéreos. Procede aplicar, conforme han hecho las partes el Régimen de responsabilidad civil para accidentes de circulación por analogía al siniestro. Conforme a la sentencia del TS, Sala Pleno, 429/2007, de 17 de abril de 2007 Recurso 2908/2001 (Ponente: Encarnación Roca Trias).

Es, decir, que además de la responsabilidad objetiva -que equivale a una indemnización de 140.836,57 €, en caso de muerte en accidente aéreo-, se puede exigir la responsabilidad por culpa, siendo aplicados habitualmente los baremos utilizados para accidentes de trafico de la Ley 30/95. Es decir, de esa forma se consigue una doble indemnización y los correspondientes intereses.

- Anticipos a cuenta de la indemnización: Sin demora y, en cualquier caso, a más tardar en un plazo de quince días siguientes a la determinación de la identidad de la persona física con derecho a indemnización, la compañía aérea comunitaria abonará los anticipos necesarios para cubrir las necesidades económicas inmediatas, de forma proporcional a los perjuicios sufridos (con un mínimo de 16.000 DEG, unos 20.296 euros).

Un pago anticipado no constituirá un reconocimiento de responsabilidad y podrá ser compensado con cualquier otra cantidad subsiguiente abonada de conformidad con la responsabilidad de la compañía aérea comunitaria, pero no será reembolsable salvo en los casos indicados en el art. 20 del Convenio de Montreal o cuando la persona que lo haya recibido no sea la titular del derecho a la indemnización.".

- Indemnización en caso de muerte o lesión: No hay límite económico fijado para la responsabilidad en caso de lesiones o muerte del pasajero. Para los daños de hasta 100000 DEG (cantidad aproximada en divisa local), la compañía aérea no podrá impugnar las reclamaciones de indemnización. Por encima de dicha cantidad, la compañía aérea sólo puede impugnar una reclamación en caso de que pueda probar que no hubo de su parte negligencia ni falta de otro tipo.

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domingo, 3 de agosto de 2008

DEFINICION Y FUNCIONES DE LAS OFICINAS DE FARMACIA

- En el ámbito de la comunidad autónoma de Canarias, las oficinas de farmacia y, por extensión, el resto de establecimientos farmacéuticos (botiquines, etc) tienen la condición de establecimientos sanitarios, y en ellos los ciudadanos reciben una atención sanitaria específica que ha venido en denominarse atención sanitaria farmacéutica.

- El art. 8.1 de la ley 4/2005, de 13 de julio de Ordenación farmacéutica de Canarias, regula de definición y funciones de las oficinas de farmacia:

A) DEFINCIÓN: La oficina de farmacia es un establecimiento sanitario privado, de interés público, sujeto a régimen de autorización administrativa previa, en el que se desarrollan, al menos, las siguientes funciones, bajo la dirección y gestión de uno o más farmacéuticos:

B) FUNCIONES DE LAS OFICINAS DE FARMACIA: De acuerdo a la ley autonómica son las siguientes:
1. La adquisición, custodia, conservación y dispensación de medicamentos, productos sanitarios y de aquellos otros utensilios que se utilicen para la aplicación de los anteriores, o de utilización o carácter tradicionalmente farmacéutico.

2. La colaboración con el Sistema Nacional de Salud y mutualismo laboral en la prestación farmacéutica, verificando el cumplimiento de las exigencias relativas a los usuarios y a la incorporación de la dispensación personalizada y las nuevas tecnologías tendentes a la implantación de la receta electrónica.

3. La vigilancia, control y custodia de las recetas médicas dispensadas, así como de los documentos sanitarios preceptivos, salvo en aquellos casos que proceda la tramitación para su gestión ante las entidades aseguradoras a efectos de su reembolso.

4. La garantía de la atención farmacéutica en su zona farmacéutica.

5. La elaboración de fórmulas magistrales y preparados oficinales, en los casos y según los procedimientos y controles que resulten de aplicación.

6. La información y el seguimiento de los controles de los tratamientos farmacológicos a los pacientes e historiales farmacoterapéuticos.

7. La colaboración en el control del uso individualizado de los medicamentos, a fin de detectar las reacciones adversas que puedan producirse y notificarlas a los organismos responsables de la farmacovigilancia.

8. La colaboración en los programas que promuevan las administraciones sanitarias sobre garantía de calidad de la asistencia farmacéutica y de la atención sanitaria en general, de promoción y protección de la salud, así como de prevención de la enfermedad y educación sanitaria.

9. La colaboración con la Administración sanitaria en la formación e información dirigidas al resto de profesionales sanitarios y usuarios sobre el uso racional de los medicamentos.

10. La actuación coordinada con la estructura asistencial del Servicio Canario de la Salud, así como la aportación, utilizando las nuevas tecnologías de la comunicación, de los datos necesarios para la adecuada gestión de la prestación farmacéutica por parte de este organismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.2.

11. La colaboración en la docencia para la obtención del título de licenciado en Farmacia, de acuerdo con lo previsto en las directivas comunitarias y en la normativa estatal en materia de educación y de universidades, por las que se establecen los correspondientes planes de estudio en cada una de ellas.

12. Dar consejo farmacéutico a los usuarios.

13. Cualquier otra función o servicio que se determine reglamentariamente.
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sábado, 2 de agosto de 2008

EL CONCURSO DE ACREEDORES


- CONCURSO DE ACREEDORES:

En el Congreso sobre derecho mercantil y consursal celebrado en San Bartolomé de Tirajana los días 18 y 19 de julio de 2008, acudió la letrada de GONZALEZ TORRES ABOGADOS SL especialista en derecho civil y mercantil doña Leocricia Gonzalez Dominguez.
Según el Magistrado Juez de lo Mercantil nº SIETE de Madrid don SANTIAGO SENENT MARTINEZ, el Concurso de Acreedores tiene por finalidad:

1.- El pago ordenado de los créditos del deudor en caso de insolvencia de éste.
2.- Este pago se produce por medio de un convenio entre el deudor y sus acreedores o de la liquidación de sus bienes.
3.- La viabilidad y continuación de la empresa.

Es preciso para poder plantear un concurso de acreedores que se produzca la imposibilidad de cumplir regularmente las obligaciones exigibles, debido a una crisis empresarial que puede ser temporal o definitiva y, en principio, el concurso se plantea por el empresario en un intento de superar esas situación de insolvencia.

Constituye un instrumento eficaz para superar la crisis empresarial, aunque bien es cierto que no siempre es así, dado que en la mayoría de los casos se recurre a ella muy tarde. Así en principio el art 44 de la LC dispone que la declaración de concurso no interrumpe la continuidad de la actividad de la empresa, se desarrolla ésta normalmente si bien bajo la supervisión o la gestión directa de la administración concursal, se mantienen las relaciones contractuales, y en algunos casos pueden adoptarse medidas (autorizadas por el Juez) de cierre de oficinas o establecimientos del deudor, cese parcial de la actividad, expedientes de regulación de empleo, la modificación o extinción de las relaciones laborales previstas en los arts 44 y 64 de la LC.

Asimismo declarado el concurso no pueden iniciarse ejecuciones judiciales o extrajudiciales, ni apremios administrativos contra el patrimonio del deudor, y los iniciados han de suspenderse y se contemplan reglas especiales para la ejecución de las garantías reales.

- CONVENIO Y LIQUIDACION:

La realidad según don Enrique Sanjuán y Muñoz, Magistrado Juez del Juzgado de lo mercantil nº UNO de Málaga aunque en la exposición de motivos de la Ley se afirme que el convenio es la solución normal del concurso de acreedores la realidad es que tanto el convenio como la liquidación se encuentran en un mismo plano y rige por tanto, el principio de igualdad de trato.

A) La solución del CONVENIO supone una quita y una espera para el pago de los créditos los cuales se distinguen como privilegiados, ordinarios y subordinados según los clasifica la propia Ley, estos últimos son normalmente los créditos de las empresas del mismo grupo.

Igualmente puede contemplar la enajenación total o parcial de la empresa con la obligación del adquirente de asunción de la actividad. También puede establecer la fusión o escisión de la empresa, art 100 LC. El Convenio puede presentarse por el propio acreedor al presentar el concurso a modo de propuesta o bien elaborarse más tarde.

B) La LIQUIDACION puede realizarse mediante la venta total o parcial de la unidades productivas siendo preferentes las ofertas que conlleven la continuidad de la actividad art 149LC.

Los efectos de la LIQUIDACIÓN son más severos que los del convenio, pues el concursado quedará sometido a la situación de suspensión en el ejercicio de sus facultades patrimoniales de administración y disposición y sustituido por la administración concursal; si fuere persona natural perderá el derecho de alimentos con cargo a la masa, si es persona jurídica se acordará su disolución de no estar ya acordada y, en todo caso, el cese de sus administradores o liquidadores.

La ley expresamente prevé en esta fase el vencimiento anticipado de los créditos aplazados y conversión en dinero de los que consistan en otras prestaciones. La Ley prevé la liquidación como una concesión para el deudor que puede optar por ella como alternativa al convenio, pero también le impone la obligación de optar por la liquidación cuando conozca de la imposibilidad de llevar a cabo el convenio una vez aprobado. Por tanto puede ser planteada de oficio, a solicitud de los acreedores o del deudor. Arts 142 y 143 de la Ley.

Sea a solicitud, del acreedor, deudor o de oficio por el Juez habrá de darse publicidad conforme a los artículos 23 y 24 de la LC.
- El concurso concluye en liquidación por pago completo; por insuficiencia de la masa; por desistimiento o renuncia.

- EL CONCURSO DE PERSONAS FISICAS O PARTICULARES:

Tiene unos efectos personales inmediatos cual es las limitaciones de derechos fundamentales, cuales son; el derecho a las comunicaciones; posibilidad de registros domiciliarios; deber de residencia; arresto domiciliario (como medida cautelar); retirada pasaporte; vigilancia policial.
Igualmente tiene otros efectos patrimoniales importantes, entre los que están la protección de terceros adquirentes de bienes frente al concursado; alteración del régimen de la libertad de testar previsto en el art 40 de la LC e incluso la administración concursal puede afectar la herencia yacente según el art 182 de la LC.

El concursado persona física tiene derecho a alimentos y si el concurso es voluntario su cuantía se determinará por la Administración concursal o en su caso por el Juez del concurso con cargo a la masa activa salvo en el supuesto de liquidación que se pierde este derecho.

Asimismo rige un control de los negocios jurídicos con personas especialmente relacionadas en los dos años anteriores al concurso, art 23 de la LC., y en cualquier caso son créditos subordinados.

La realidad es que se demuestra en la práctica que a diferencia del derecho alemán, el concurso de persona física en España, nace con una dificultad cual es, que la clasificación de los créditos en privilegiados, ordinarios y subordinados es la misma que para las personas jurídicas destacando además una insuficiencia normativa para el concurso de particulares que la hace prácticamente ineficaz.
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leocricia@gonzaleztorresabogados.com


viernes, 1 de agosto de 2008

LAS ACTUACIONES JUDICIALES DURANTE EL MES DE AGOSTO



- HABILITACION DE DIAS INHABILES DURANTE EL MES DE AGOSTO PARA ACTUACIONES JUDICIALES.

1º) REGLA GENERAL: Con relación a las actividades judiciales de los Tribunales durante el mes de agosto, la regla general para todas las jurisdicciones, la establece el art. 183 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, cuando establece que “Serán inhábiles los días del mes de agosto para todas las actuaciones judiciales, excepto las que se declaren urgentes por las leyes procesales. No obstante, el Consejo General del Poder Judicial, mediante reglamento, podrá habilitarlos a efectos de otras actuaciones”.

2º) EXCEPCION.- JURISDICCIÓN PENAL: Con la evidente excepción de la instrucción de las causas criminales en la Jurisdicción Penal, para las cuales todos los días del año y todas las horas serán hábiles para la instrucción de las causas criminales sin necesidad de habilitación especial, de acuerdo al art. 184 de la LOPJ.

3º) JURISDICCION CIVIL: Para la Jurisdicción Civil, el art. 131 de la LEC, regula la habilitación de días y horas inhábiles:

1. De oficio o a instancia de parte, los tribunales podrán habilitar los días y horas inhábiles, cuando hubiere causa urgente que lo exija.
2. Se considerarán urgentes las actuaciones del tribunal cuya demora pueda causar grave perjuicio a los interesados o a la buena administración de justicia, o provocar la ineficacia de una resolución judicial.
3. Para las actuaciones urgentes a que se refiere el apartado anterior serán hábiles los días del mes de agosto, sin necesidad de expresa habilitación. Tampoco será necesaria la habilitación para proseguir en horas inhábiles, durante el tiempo indispensable, las actuaciones urgentes que se hubieren iniciado en horas hábiles.
4. Contra las resoluciones judiciales de habilitación de días y horas inhábiles no se admitirá recurso alguno.

4º) JURISDICCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA: Para la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, dice el art. 128, en sus párrafos 2 y 3 de la LJCA:

2. Durante el mes de agosto no correrá el plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo ni ningún otro plazo de los previstos en esta Ley salvo para el procedimiento para la protección de los derechos fundamentales en el que el mes de agosto tendrá carácter de hábil.
3. En casos de urgencia, o cuando las circunstancias del caso lo hagan necesario, las partes podrán solicitar al órgano jurisdiccional que habilite los días inhábiles en el procedimiento para la protección de los derechos fundamentales o en el incidente de suspensión o de adopción de otras medidas cautelares. El Juez o Tribunal oirá a las demás partes y resolverá por auto en el plazo de tres días, acordando en todo caso la habilitación cuando su denegación pudiera causar perjuicios irreversibles.

5º) JURISDICCION LABORAL: Para la Jurisdicción Laboral, es el art. 43 del Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, el que regula las actuaciones judiciales durante el mes de agosto de cada año judicial:

1. Las actuaciones judiciales deberán practicarse en días y horas hábiles.
2. Las actuaciones se realizarán en el término o dentro del plazo fijado para su práctica. Transcurridos éstos, se dará de oficio al proceso el curso que corresponda.
3. Salvo los plazos señalados para dictar resolución judicial, todos los plazos y términos son perentorios e improrrogables, y sólo podrán suspenderse y abrirse de nuevo en los casos taxativamente establecidos en las leyes.
4. Los días del mes de agosto serán inhábiles, salvo para las modalidades procesales de despido, extinción del contrato de trabajo de los arts. 50 y 52 TR LET, vacaciones, materia electoral, conflictos colectivos, impugnación de convenios colectivos y tutela de la libertad sindical y demás derechos fundamentales.
Tampoco serán inhábiles dichos días para las actuaciones que tiendan directamente a asegurar la efectividad de los derechos reclamados o para las de aquellas que, de no adoptarse, puedan producir un perjuicio de difícil reparación.
5. El Juez o Tribunal podrá habilitar días y horas inhábiles para la práctica de actuaciones cuando no fuera posible practicarlas en tiempo hábil, o sean necesarias para asegurar la efectividad de una resolución judicial. Iniciada una actuación en tiempo hábil podrá continuar hasta su conclusión sin necesidad de habilitación.
6. A los efectos del plazo para interponer recursos, cuando en las actuaciones medie una fiesta oficial de carácter local o autonómico, se hará constar por diligencia.
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CALENDARIO LABORAL DE GONZALEZ TORRES ABOGADOS EN AGOSTO DE 2008


Ponemos en conocimiento de nuestros amigos y clientes que durante el mes de agosto de 2008, por descanso del personal, las oficinas de Las Palmas de Gran Canaria de Gonzalez Torres Abogados SL estarán cerradas desde el día 4 de agosto al día 24 de agosto.

Abriremos el día 25 de agosto de 2008 desde las 8:00 hasta las 15:00 horas.

Seguiremos atendiendo sus consultas urgentes en los TF móviles de los abogados o por email.

Atentamente,
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