La sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal
Supremo, sec. 1ª, de 3 de abril de 2024, nº 297/2024, rec. 1041/2022, concede una indemnización al menor, ya
mayor de 16 años, a pesar de que la madre del menor renunció a cualquier tipo
de indemnización económica, porque no infringe principio alguno y debe ser
mantenida.
Porque el interés superior del menor es
la consideración primordial a la que deben atender todas las medidas
concernientes a los menores 'que tomen las instituciones públicas o privadas de
bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos
legislativos', según el art. 3.1 de la Convención sobre los derechos del niño
ratificada por España.
El artículo 109 del Código Penal:
1. La ejecución de un hecho descrito por la ley como delito obliga a reparar, en los términos previstos en las leyes, los daños y perjuicios por él causados.
2. El perjudicado podrá optar, en todo caso, por exigir la responsabilidad civil ante la Jurisdicción Civil.
A) El motivo del recurso de casación es
por la infracción del art. 109 CP al fijarse una responsabilidad civil que ha
sido renunciada tanto por el menor como por su madre.
El Ministerio Fiscal se opone al motivo
por falta de fundamento, toda vez que: I) nada obra sobre la renuncia en la
declaración de hechos probados; II) la expresión que se recoge en la
declaración de la denunciante -folio 95 actuaciones- que "no quiere
reclamar ningún tipo de indemnización económica" no integra renuncia
conforme a los criterios de esta Sala; III) la indemnización le corresponde
conforme las previsiones del art. 109 CP; y IV) la petición de responsabilidad
civil ha sido solicitada en las conclusiones definitivas del Ministerio Fiscal.
Previamente habrá que recordar -vid STS
25/2022, de 14-1- que la comisión de cualquier ilícito penal trae consigo el
nacimiento de la acción orientada al castigo del culpable. Acción que podrá ser
ejercitada a través de los propios órganos del Estado (acusación pública) o
directamente por los particulares (acusación privada y acusación particular) en
atención a la naturaleza del ilícito cometido.
Por el contrario, la acción civil es
contingente tanto en un sentido sustancial como procesal. Sustancialmente
porque, como es sabido, no todos los ilícitos penales producen un perjuicio
evaluable económicamente a persona o personas determinadas. Procesalmente,
porque el ejercicio de la acción civil en el proceso penal puede resultar
exceptuado bien por la renuncia de su titular, bien por la reserva de las
acciones correspondientes para ejercitarlas ante la jurisdicción civil.
Ahora bien, entre los principios que
conforman nuestro proceso penal, el conocido como principio de legalidad se
señala frente al principio de oportunidad. En virtud de aquél los funcionarios
del órgano de naturaleza publica e instituido, entre otros, con ese fin -en
nuestro caso el Ministerio Fiscal- deberán promover en todo caso las
correspondientes acciones penales, tan luego como les conste la existencia de
un eventual delito o falta, menos lógicamente, aquellas cuya persecución el
ordenamiento jurídico-penal reserva exclusivamente a la querella privada
(delitos de naturaleza privada).
En nuestro ordenamiento este aspecto del
principio de legalidad penal se fundamenta en los arts. 100, 105 y 271 LECrim.
que imponen el ejercicio de oficio de Ley Penal y la no aplicación del
principio de oportunidad.
Por ello, el ejercicio de la acción
penal no se extingue por la renuncia del ofendido. En el ámbito de los llamados
delitos públicos, el procedimiento penal puede iniciarse, incluso sin la
voluntad del perjudicado, a impulsos del Ministerio Fiscal que, conforme
resulta del art. 105, viene obligado al ejercicio de la acción penal. En los llamados delitos semipúblicos o
semiprivados, en cambio, el procedimiento penal depende de la presentación de
la correspondiente denuncia por parte de la persona agraviada que, en esta
medida, puede resolver o no que el procedimiento penal se inicie. Sin embargo,
también en estos casos, delitos semipúblicos, una vez abierto el procedimiento
penal, presentada denuncia por parte del ofendido, la renuncia del mismo al
ejercicio de las acciones penales no impedirá la continuación del
procedimiento. Sólo en el ámbito propio de los llamados delitos privados, la
renuncia del ofendido al ejercicio de la acción penal extingue la posibilidad
de ejercitar la misma.
En los casos de delito público el
legislador entiende que afecta a intereses que exceden de los de quienes son
afectados directamente por su comisión. Y como tal debe ser perseguido de
oficio por el Ministerio Fiscal, que debe ejercitar las acciones penales,
cuando entienda que resultan procedentes, desde que tenga noticia de su
comisión (artículo 105 de la LECrim).
No existe un poder de disposición sobre
la acción penal en manos de los particulares en estos casos, aunque quede a su
libre determinación todo lo relativo a la responsabilidad civil derivada del
delito, que continúa siendo una cuestión de esa naturaleza, aunque la
reparación se pretenda y se acuerde en la vía penal, lo que ocurrirá siempre
que no exista una previa renuncia o reserva de las acciones civiles por parte
del perjudicado. Pero la renuncia o la reserva al ejercicio de la acción civil
no afecta a la penal derivada del delito (STS. 12.3.2004).
Por tanto, por lo que respecta a las
acciones civiles, cualquiera que sea la naturaleza del delito del que procedan,
la renuncia del ofendido extingue las mismas que, desde ese momento, no podrán
ser ya ejercidas en su nombre por el Ministerio Fiscal (STS. 13/2009 de 20.1.2009). La
renuncia por el perjudicado a esta clase de acciones tendrá los mismos límites
que aparecen impuestos por el ordenamiento privado (perjuicio de terceros,
orden público) art. 62. Código Civil (STS nº 29/2007 de 15.1.2007).
En definitiva -como precisa la STS.
1045/2005 de 29.9- debe significarse que, así como la acción penal por delito o
falta que dé lugar al procedimiento de oficio no se extingue por la renuncia
del perjudicado, sí se extinguen como consecuencia de la renuncia a las
acciones civiles cualquiera que sea el delito o falta de que proceden (art.
106.1 L.E.Cr.).
Del mismo modo, el art. 109.2º C.P.
contempla la posibilidad de la renuncia al ejercicio de la acción civil
"ex delicto" en el curso del proceso penal, en armonía con el
criterio doctrinal de que, aun ejercitada dentro del proceso penal, la pretensión
civil no pierde su naturaleza y se rige por los principios propios de esta rama
procesal, entre los que se encuentra el dispositivo y los que son consecuencia
del mismo, como el de renunciabilidad que establecen los artículos 106 y
siguientes L.E.Cr. y el de reserva para ejercitarla en un procedimiento civil
una vez concluido el de naturaleza penal, que previene el art. 112 L.E.Cr.
Ahora bien, la renuncia al ejercicio de
la acción civil en el proceso penal debe observar las exigencias marcadas por
la Ley Procesal penal, en concreto por el art. 108, que requiere que el
ofendido renuncie "expresamente" a su derecho de restitución,
reparación o indemnización, insistiendo el art. 110 en que es menester que la
renuncia de este derecho se haga en su caso de una manera "expresa y
terminante", lo que no acontece en casos de no ratificación judicial de
renuncias en sede policial e incomparecencia al acto del juicio oral no puede
equivaler necesaria y automáticamente a la renuncia al ejercicio de la acción
civil, renuncia que debe ser expresa y terminante (STS. 1045/2005 de 29.9.2005),
"que no deje lugar a duda por su claridad y contundencia acerca de cuál
fue la voluntad del renunciante" y "los actos de renuncia tienen que
ser interpretados de un modo absolutamente restrictivo" (STS 908/2014, de
30-12.2024). Hay que atender a las frases y al contexto, ya que "toda
renuncia de derechos, para producir efectos, debe ser clara y precisa, sin que
puedan equipararse a ella manifestaciones o actos equívocos (STS 566/2015, de
9-10.2015).
En este sentido se pronuncia también la
STS nº 908/2014, de 30-12.2014: "la renuncia para que tenga efectividad
extintiva del derecho a ser reparado, que sea formal y expresa (STS 681/2012,
de 20-9; 1394/2011, de 27-9); expresa y terminante, que no deje lugar a duda
por su claridad y contundencia, acerca de cuál fue la voluntad del renunciante
(SSTS 1753/2003, de 19-2 y 250/2005, de 28-2.2005).
B) Debe prevalecer el interés superior
del menor como principio constitucional y canon de motivación de las
resoluciones judiciales.
1º) En primer lugar, se trata de una
cuestión nueva planteada concretamente en casación. No olvidemos que el Ministerio Fiscal
en su recurso de apelación ante el TSJ al pedir la revocación de la sentencia
absolutoria, solicitó las penas e indemnización civil que había solicitado en
la instancia, sin que el acusado absuelto cuestionara este último pedimento.
Y jurisprudencia consolidada de esta
Sala ha afirmado que el recurso de casación por infracción de ley se
circunscribe a los errores legales que pudo haber cometido el juzgador al
enjuiciar los temas sometidos a su consideración por las partes, o, en su caso,
el Tribunal de apelación al conocer del correspondiente recurso. Lo que implica
que no puedan formularse ex novo y per saltum alegaciones relativas a otros
que, pudiendo haberlo sido, no fueron suscitados con anterioridad. Lo contrario
adentraría a esta Sala en cuestiones sobre las que los tribunales que nos
precedieron en el conocimiento del asunto no se pronunciaron, y a decidir sobre
ellas por primera vez y no en vía de recurso, lo que desnaturalizaría la
casación.
2º) Tradicionalmente se han venido
admitiendo dos clases de excepciones a este criterio. En el caso de infracción de preceptos
penales sustantivos, cuya subsanación beneficie al reo y pueda ser apreciada
sin dificultad en el trámite casacional, porque la concurrencia de todos los
requisitos exigibles para la estimación de la misma conste claramente en el
propio relato fáctico de la sentencia impugnada, independientemente de que se
haya aducido o no por la defensa. Y, también, en el caso de infracciones
constitucionales que puedan ocasionar materialmente indefensión.
Se trata de excepciones a la regla
general que se fueron asentando en un sistema en el que el recurso de casación
estaba abocado a suplir una inexistente segunda instancia, que han sido
interpretadas con una generosidad no justificada si ha mediado un previo
recurso de apelación, como en este caso. Por lo que, una vez generalizada la
doble instancia penal, como concluyó la STS 67/2020, de 24 de febrero, que
condensó abundante jurisprudencia al respecto, y en el mismo sentido las SSTS
127/2020 de 14 de abril o 260/2020 de 28 de mayo, "en rigor, debe
rechazarse en casación, como cuestión nueva, el examen de aquellas cuestiones
que no fueron planteadas en apelación, cuando el recurrente pudo hacerlo".
Criterio respaldado por la STS 345/2020 de 25 de junio, del Pleno de esta Sala.
En palabras que tomamos de la STS nº
84/2018 de 15 de febrero
"es consustancial al recurso de casación, dada su naturaleza de recurso
devolutivo, que el mismo se circunscriba al examen de los errores legales que
pudo cometer el Tribunal de instancia -en el presente caso, el órgano ad quem
llamado a resolver la apelación- al enjuiciar los temas que las partes le
plantearon, sin que quepa ex novo y per saltum formular alegaciones relativas a
la aplicación o interpretación de preceptos sustantivos no invocados, es decir,
sobre cuestiones jurídicas no formalmente planteadas ni debatidas por las
partes. Esta Sala necesita resolver siempre sobre aquello que antes ha sido
resuelto en la instancia tras el correspondiente debate contradictorio, con la
salvedad de que la infracción contra la que se recurre se haya producido en la
misma sentencia (cfr. SSTS 1237/2002, 1 de julio y 1219/2005, 17 de octubre).
En caso contrario, el Tribunal de casación estaría resolviendo por primera vez,
es decir, como si actuase en instancia y no en vía de recurso, sin posibilidad
de ulterior recurso sobre lo resuelto en relación con estas cuestiones nuevas (STS
nº 1256/2002 4 de julio, y STS nº 545/2003 15 de abril)".
En segundo lugar, sobre aquella
manifestación de la madre de no querer reclamar ningún tipo de indemnización,
no consta que el menor, en el juicio oral, ya mayor de 16 años, fuese
preguntado si la ratificaba (vid. art. 166 Código Civil).
Y, por último, debería prevalecer el
interés superior del menor como principio constitucional y canon de motivación
de las resoluciones judiciales.
Así, dice la STC 178/2020, de 14-12.2020,
que:
"Son muy numerosos ya los
pronunciamientos en los que este tribunal ha insistido en la necesidad de que
todos los poderes públicos cumplan el mandato dirigido a ellos en el art. 39 CE
y atiendan de un modo preferente la situación del menor de edad, observando y
haciendo observar el estatuto del menor como norma de orden público (STC
141/2000, FJ 5). Deben procurarlo, incluso si ello significa atemperar la
rigidez de algunas normas procesales o sacrificar los legítimos intereses y
perspectivas de terceros (SSTC187/1996, de 25 de noviembre, FJ 2, y 77/2018, de
5 de julio, FJ 2). Hemos advertido en todas aquellas ocasiones en las que se
nos ha planteado una posible lesión del derecho fundamental de un menor, que su
interés superior "inherente a algunas de las previsiones del art. 39 CE
es, considerado en abstracto, un bien constitucional suficientemente relevante
para motivar la adopción de medidas legales que restrinjan derechos y
principios constitucionales" (STC 99/2019, de 18 de julio, FJ 7). En la STC
64/2019, de 9 de mayo, FJ 4, se subraya que "[e]l interés superior del
menor es la consideración primordial a la que deben atender todas las medidas
concernientes a los menores 'que tomen las instituciones públicas o privadas de
bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos
legislativos', según el art. 3.1 de la Convención sobre los derechos del niño
ratificada por España mediante instrumento de 30 de noviembre de 1990. Como
detalla la observación general núm. 14, de 29 de mayo de 2013, del Comité de
Naciones Unidas de Derechos del Niño, el citado precepto enuncia uno de los
cuatro principios generales de la Convención en lo que respecta a la
interpretación y aplicación de todos los derechos del niño, a aplicar como un
concepto dinámico que debe evaluarse adecuadamente en cada contexto. Es uno de
sus valores fundamentales, y responde al objetivo de garantizar el disfrute
pleno y efectivo de todos los derechos reconocidos por la Convención. Añade que
no hay jerarquía de derechos en la Convención: todos responden al 'interés
superior del niño' y ningún derecho debería verse perjudicado por una
interpretación negativa del interés superior del menor. [...] En caso de que no
puedan respetarse todos los intereses legítimos concurrentes, deberá primar el
interés superior del menor sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera
concurrir (FJ 4)".
3º) Pues bien, para valorar qué es lo
que resulta más beneficioso para el menor, ha de atenderse especialmente a las
circunstancias concretas del caso, pues no hay dos supuestos iguales, ni puede
establecerse un criterio apriorístico sobre cuál sea su mayor beneficio. Por lo demás, casi huelga advertir que
no es este tribunal "un cauce destinado para asegurar el acierto judicial
en la interpretación y aplicación de la legalidad ordinaria, o en la valoración
de los hechos que las partes en litigio someten a su conocimiento y examen,
pues, a salvo la manifiesta y grosera irrazonabilidad, arbitrariedad o yerro de
la resolución judicial impugnada, esa interpretación y valoración es
competencia de la jurisdicción ordinaria, a la que la Ley ha atribuido también
en exclusiva la ponderación de cuál sea el interés superior del menor en cada
caso, [...]. Una interpretación y ponderación de intereses que este tribunal
difícilmente podrá revisar, no solo por su lejanía y falta de inmediatez
respecto de las circunstancias del caso, que le vienen dadas como hechos que no
puede revisar, sino también por no ser su función la propia de una tercera
instancia llamada a revisar lo decidido por los órganos judiciales ordinarios (SSTC
198/2000, 203/2000, y 256/2000; AATC 141/2000, 234/2000, 237/2000, y 28/2001,
de 1 de febrero, FJ 4, entre otras)".
La decisión de cuál sea en cada caso el
interés superior del menor corresponde tomarla a los jueces y tribunales
ordinarios, aunque es de nuestra incumbencia examinar si la motivación ofrecida
por los mismos para adoptar cuantas medidas conciernen a los menores, está
sustentada en su mayor beneficio y así comprobar que no se han lesionado sus
derechos fundamentales (STC 221/2002, FJ 4, y ATC 28/2001, de 1 de febrero).
Porque, una vez más hemos de subrayar que "el canon de razonabilidad
constitucional deviene más exigente por cuanto que se encuentran implicados
valores y principios de indudable relevancia constitucional, al invocarse por
el demandante de amparo el principio del interés superior del menor que tiene
su proyección constitucional en el art. 39 CE y que se define como rector e
inspirador de todas las actuaciones de los poderes públicos, tanto
administrativas como judiciales" (SSTC 141/2000, de 29 de mayo, FJ 5;
217/2009, de 14 de diciembre, FJ 5; 127/2013, de 3 de junio, FJ 6, y 138/2014,
de 8 de septiembre, FJ 2, entre otras)."
C) Conclusión.
En aplicación de esta doctrina, debemos
verificar que la decisión de la Audiencia concediendo la indemnización al
menor, ya mayor de 16 años, a pesar de lo manifestado por su madre, no infringe
principio alguno y debe ser mantenida.
www.gonzaleztorresabogados.com
928 244 935
No hay comentarios:
Publicar un comentario