La sentencia de la Sala de lo Social del
Tribunal Supremo, sec. 1ª, de 22 de abril de 2025, nº 330/2025, rec. 1266/2023, considera que el actor, que ha obtenido
sentencia reconociendo la existencia de discriminación retributiva, tiene
derecho a una indemnización de daños y perjuicios derivados de dicha
vulneración, cuantificada en la diferencia retributiva que no han percibido.
La Sala entiende que la prescripción de
la acción no concurre, al tener que partir su cómputo desde el momento en que
cesa la situación discriminatoria, la cual se mantenía cuando se ejercitó la
acción.
A) Términos del debate casacional.
La cuestión objeto del presente recurso
de casación para la unificación de la doctrina consiste en determinar si la
actora, que ha obtenido una sentencia favorable, reconociendo la vulneración
del derecho a la igualdad retributiva derivada de la percepción de un salario
inferior al establecido en el convenio por haber sido contratados temporalmente
al amparo de un programa de subvención a la contratación convocado por el
Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), tiene derecho a una indemnización de
daños y perjuicios derivados de dicha vulneración, cuantificada en la
diferencia retributiva que no han percibido.
B) Doctrina sobre la prescripción de la
acción resarcitoria.
1º) El plazo para el ejercicio de la
acción resarcitoria de los daños y perjuicios causados por violación de
derechos fundamentales no es de caducidad sino de prescripción de un año.
Así, lo expresamos en la STS 729/2018 de
10 julio (rcud. 3269/2016) que remite a la STS -de Pleno- de 26 de enero de
2005 (R. 35/2003) en el sentido proceder la aplicación del plazo de
prescripción de un año del artículo 59.1 del ET para el ejercicio de las
acciones que nazcan con ocasión del contrato de trabajo.
En esta sentencia, tras señalarse que
"desde la STC 7/1983 de 14 de febrero. De acuerdo con esta premisa, los
derechos fundamentales son "permanentes e imprescriptibles"; lo que
es compatible, no obstante, con que "el ordenamiento limite temporalmente
la vida" de las acciones concretas que derivan de las lesiones infligidas
a tales derechos.
De esta manera dichas acciones
prescriben y se agotan, sin que se extinga por ello el derecho fundamental,
"que el ciudadano podrá continuar ejerciendo y que podrá hacer valer en
relación con cualquier otra lesión futura".
La propia STC 7/1983 declara que
corresponde al legislador, a la hora de regular los distintos derechos
fundamentales, la determinación del período de tiempo dentro del cual se podrá
reaccionar frente a supuestas o reales vulneraciones de estos, lo que nos
conduce, en casos como el presente, a las normas legales existentes sobre los
plazos de la prescripción extintiva.
De nuevo, en la STS nº 524/2024 de 3 de
abril (rcud. 5599/2022) nos apoyamos en un amplio número de pronunciamientos
para concluir que la acción resarcitoria no puede entenderse nacida hasta que
queda sin efecto la situación a la que se vincula la existencia de los daños.
De esta manera, resulta evidente que no había prescrito la acción de los
actores para reclamar por la vulneración de su derecho a la igualdad y no
discriminación en materia retributiva, dado que esa situación discriminatoria
subsistía en el momento en que se ejercitó la acción. Finalmente, aclaramos que
en este caso el acudir a las diferencias salariales para fijar el lucro cesante
no supone estar ante reclamación ordinaria de cantidad, sino
"...simplemente ante un criterio -objetivo, claro, transparente y
totalmente adecuado- para fijar la cuantía de la indemnización que resarce los
daños y perjuicios causados".
2º)
Debemos partir de la base de que la prescripción es una
institución no fundada en principios de estricta justicia, sino en la
presunción de abandono o dejadez en el ejercicio del propio derecho y seguridad
jurídica, por lo que la aplicación que de la misma se haga por los
Tribunales no debe ser rigurosa sino cautelar y restrictiva, tal y
como viene reconociendo la doctrina de la Sala IV [STS de 28 de febrero de 2018, recurso 16/2017 (SP/SENT/945120),
entre otras].
El art. 179.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social prescribe
que "la demanda habrá de interponerse dentro del plazo general
de prescripción o caducidad de la acción previsto para las conductas
o actos sobre los que se concrete la lesión del derecho fundamental o libertad
pública". Interpretando este precepto, el Tribunal Supremo viene
manteniendo que el plazo para el ejercicio de la acción resarcitoria de los
daños y perjuicios causados por violación de derechos fundamentales no
es de caducidad, sino de prescripción de un año. Así, lo declara la
STS 729/2018 de 10 julio (rcud 3269/2016) que a su vez remite a la STS -de Pleno- de 26 de enero de 2005, recurso 35/2003 (SP/SENT/288093),
en el sentido proceder la aplicación del plazo de prescripción de un año del
artículo 59.1 del ET para el ejercicio de las acciones que nazcan con ocasión
del contrato de trabajo.
La STC 7/1983 declara que corresponde al
legislador, a la hora de regular los distintos derechos fundamentales, la
determinación del período de tiempo dentro del cual se podrá reaccionar frente
a supuestas o reales vulneraciones de estos, lo que nos conduce a las normas
legales existentes sobre los plazos de la prescripción extintiva.
De acuerdo con esta premisa, los
derechos fundamentales son "permanentes e imprescriptibles"; lo
que es compatible, no obstante, con que "el ordenamiento limite
temporalmente la vida" de las acciones concretas que derivan de las
lesiones infligidas a tales derechos. De esta manera dichas acciones
prescriben y se agotan, sin que se extinga por ello el derecho fundamental,
"que el ciudadano podrá continuar ejerciendo y que podrá hacer valer en
relación con cualquier otra lesión futura".
La STS 524/2024, de 3 de abril -rcud. 5599/2022- (SP/SENT/1218847)
se apoya en un amplio número de pronunciamientos para concluir que la acción
resarcitoria no puede entenderse nacida hasta que queda sin efecto la situación
a la que se vincula la existencia de los daños. De esta manera, resulta evidente
que no se puede considerar prescrita la acción para reclamar por la
vulneración de su derecho a la igualdad y no discriminación en materia
retributiva, mientras la situación discriminatoria subsista en el
momento en que se ejercita la acción. Finalmente, que en este caso el acudir a
las diferencias salariales para fijar el lucro cesante no supone estar
ante reclamación ordinaria de cantidad, sino "...simplemente ante un
criterio -objetivo, claro, transparente y totalmente adecuado- para fijar la
cuantía de la indemnización que resarce los daños y perjuicios causados.".
C) Resolución.
No podemos apreciar la prescripción
sostenida por la demandada, al tener que partir su cómputo desde el momento en
que cesa la situación discriminatoria, la cual se mantenía cuando se ejercitó
la acción.
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