Doctrina del Tribunal Supremo sobre los efectos de la
separación de hecho y la disolución y liquidación del régimen económico
matrimonial de gananciales.
Los efectos de la separación
de hecho y la disolución y liquidación del régimen económico matrimonial de
gananciales ha sido abordada por diversas sentencias de la sala.
Sobre el momento de la disolución de la sociedad de
gananciales, en la sentencia del TS nº 297/2019, de 27 de mayo, ha dicho el Tribunal Supremo:
"A) Conforme al art. 1392.1.° CC, "la sociedad de gananciales
concluirá de pleno derecho cuando se disuelva el matrimonio" y, conforme
al art. 95 CC, "la sentencia firme producirá, respecto de los bienes del
matrimonio, la disolución del régimen económico matrimonial" (en la
redacción literal vigente hasta la reforma por la Ley 15/2015, de 2 de julio).
"De manera coherente con la idea de que durante la tramitación del
proceso matrimonial el régimen económico matrimonial está vigente hasta que se
extingue por sentencia firme, el art. 103.4.ª CC (y art. 773 LEC) contempla la
posibilidad de que una vez admitida la demanda el juez adopte medidas de
administración y disposición sobre los bienes gananciales, incluidos "los
que adquieran en lo sucesivo", lo que presupone que el régimen no se ha
extinguido.
"Resulta especialmente relevante que la ley, que contempla como efecto
de la admisión de la demanda la revocación de los consentimientos y poderes
otorgados (art. 102 CC), no establezca como efecto de la admisión de la demanda
la extinción del régimen económico, ni la suspensión del mismo durante la
tramitación del procedimiento. La ley tampoco prevé la retroacción de los
efectos de la sentencia una vez dictada.
"El que una vez admitida a trámite la demanda de divorcio se pueda solicitar
la formación de inventario (art. 808 LEC) solo supone la apertura de un trámite
procedimental que tiene carácter cautelar, pues se dirige a determinar y
asegurar el caudal partible, como muestra que al final del inventario (que en
todo caso debe hacerse conforme a la legislación civil, según reclamen los
arts. 806, 807, 808.2, 809.1 LEC), el tribunal resuelve lo procedente sobre la
administración y disposición de los bienes incluidos en el inventario (art. 809
LEC). Con ello hay que admitir que, si la disolución se produce después que el
inventario, podrán incorporarse nuevos bienes gananciales.
"B) La separación de hecho no produce como efecto la disolución del
régimen, pero si dura más de un año permite a cualquiera de los cónyuges
solicitar su extinción, lo que solo tendrá lugar cuando se dicte la
correspondiente resolución judicial (arts. 1393.3 .º y 1394 CC).
"C) La jurisprudencia de esta sala ha admitido que cuando media una
separación de hecho seria y prolongada en el tiempo no se integran en la
comunidad bienes que, conforme a las reglas del régimen económico serían
gananciales, en especial cuando se trata de bienes adquiridos con el propio
trabajo e industria de cada uno de los cónyuges y sin aportación del otro.
"Esta doctrina, como puso de relieve la sentencia del TS nº 226/2015,
de 6 de mayo, no puede aplicarse de un modo dogmático y absoluto, sino que
requiere un análisis de las circunstancias del caso. Es lógico que así sea
porque, frente a los preceptos que establecen que la sociedad de gananciales
subsiste a pesar de la separación de hecho (arts. 1393.3 .º, 1368 y 1388 CC)
solo cabe rechazar la pretensión del cónyuge que reclama derechos sobre los
bienes a cuya adquisición no ha contribuido cuando se trate de un ejercicio
abusivo del derecho contrario a la buena fe (art. 7 CC).
"D) Nada de esto sucede en el caso.
"Como dijo la sentencia del TS nº 179/2007, de 27 de febrero, para
rechazar la pretensión del recurrente de que se considerara extinguida la
sociedad de gananciales desde el auto de medidas: "La fecha de la
liquidación del régimen en casos de procedimientos de separación y divorcio, es
la establecida en la sentencia, según lo establecido en el artículo 95 CC y por
tanto esta Sala debe estar de acuerdo con la Sala sentenciadora que así lo
determinó. Sin embargo, el recurrente opone dos argumentos a esta sentencia:
1.º El primer argumento se funda en que el auto de medidas provisionales
extinguió el régimen, en virtud de lo establecido en los artículos 103 y 104 CC
y estas afirmaciones no pueden ser admitidas por esta Sala. Deben distinguirse
dos tipos de medidas durante la tramitación de los procesos de separación: 1.
Las que se producen automáticamente una vez admitida a trámite la demanda de
separación, que están contenidas en el artículo 102 CC y que consisten en la
separación personal de los cónyuges y el cese de la presunción de convivencia,
así como la extinción de los poderes que se hubieren otorgado mutuamente. 2.
Las medidas que pueden acordarse previa petición de los cónyuges y, en su
defecto, por el Juez, que son las contenidas en el artículo 103 CC,
estableciendo el artículo 104 CC que "el cónyuge que se proponga demandar
la nulidad, separación o divorcio de su matrimonio puede solicitar los efectos
y medidas a que se refieren los dos artículos anteriores". Entre estas, el
artículo 103.4 CC permite al Juez "señalar atendidas las circunstancias,
los bienes gananciales o comunes que, previo inventario, se hayan de entregar a
uno u otro cónyuge y las reglas que se han de observar en la administración y
disposición, así como en la obligatoria rendición de cuentas sobre los bienes
comunes o parte de ellos que se reciban y los que adquieran en lo
sucesivo". Por tanto, esta regla no determina la extinción del régimen de
gananciales, sino que lo que en realidad señala es su continuación, a pesar de
la interposición de una demanda de separación y está destinada a proteger los
intereses del cónyuge que no tenga la administración de estos bienes, pero no
más. 2.º La jurisprudencia contenida en las sentencias que el recurrente
considera infringidas, es decir las de 17 junio 1988, 23 diciembre 1992 y 27
enero 1998, a las que debe añadirse la de 11 octubre 1999, está admitiendo que
la separación de hecho consentida por ambos cónyuges produce la extinción del
régimen económico matrimonial de los gananciales. Pero también en este caso, la
extinción debe ser declarada por el Juez (artículo 1393, 3º CC) que determinará
que sus efectos se produjeron en el momento en que se inició la separación libremente
consentida.
""En el presente litigio no ha ocurrido ninguno de los supuestos
previstos por la ley para que deba tenerse como fecha de la extinción del
régimen un momento distinto del establecido en el artículo 95.1 CC, es decir,
no ha existido una separación libremente consentida por los cónyuges, porque se
ha iniciado el procedimiento contencioso, cuyas consecuencias sobre la
liquidación del régimen ahora se ventilan, y tampoco se ha determinado cuál ha
sido el contenido del auto de medidas provisionales que a tenor de lo dispuesto
en el artículo 103.4º CC, no estableció esta cesación, ya que fue la sentencia
de separación de 16 de junio de 1997 la que determinó la extinción del régimen
matrimonial y se remitió a la ejecución de la sentencia para la liquidación".
"E) Es decir, que la separación duradera mutuamente consentida a la
que se refiere la doctrina de la sala para rechazar pretensiones abusivas de un
cónyuge, matizando el tenor del art. 1393.3.º CC, no es la que deriva de la
situación que se crea tras la admisión de la demanda de divorcio (art. 102 CC)
ni con el dictado de las consiguientes medidas provisionales (arts. 103 CC y
773 LEC).
"La duración del proceso judicial desde que se admite la demanda o se
dictan las medidas provisionales hasta que se dicta la sentencia es ajena a la
voluntad de las partes. Esa dilación no puede ser la razón por la que se amplíe
la doctrina jurisprudencial sobre la separación de hecho, basada en el rechazo
del ejercicio de un derecho contrario a la buena fe, con manifiesto abuso de
derecho".
Con cita de la anterior, la sentencia del Tribunal Supremo nº 501/2019, de 27
de septiembre, considera que no puede atenderse a la petición de la
esposa de fijar como momento de la
disolución de la sociedad de gananciales la fecha en que ella abandonó el
hogar, al no haberse justificado que el esposo actuara faltando a las
exigencias de la buena fe al pedir que se tuvieran en cuenta los bienes
adquiridos después.
A su vez, la sentencia del TS nº 136/2020, de 2 de
marzo, con cita de las anteriores, casa la sentencia que atribuye a la
separación de hecho, que identifica a partir del momento de un auto que otorga
la orden de protección a la esposa, el efecto automático de disolver el régimen
de gananciales con el argumento de que ya no existe "razón de ser y
fundamento de la comunidad ganancial". Advierte la sala en la citada sentencia del TS nº 136/2020 que en esa
ocasión la Audiencia Provincial prescindió de lo dispuesto en los arts. 95 y
1392 CC y no tuvo en cuenta que la doctrina jurisprudencial que admite que no
se integren en la comunidad bienes que, conforme al régimen económico serían
comunes, se dirige a evitar el ejercicio abusivo de un derecho contrario a la
buena fe conforme al art. 7 CC, que impera en todo el ordenamiento.
Aplicando la anterior doctrina, la sentencia del TS nº
287/2022, de 5 de abril, partiendo de las circunstancias del caso, llega a la conclusión de que la sentencia
recurrida, que no incluyó en el inventario de la liquidación los bienes
adquiridos por el esposo después de la separación de hecho, no era contraria a
la doctrina de la sala, puesto que la voluntad de separación personal y
económica que resultaba del comportamiento de ambos cónyuges permitía apreciar
que una previa y significativa separación fáctica con desvinculación personal y
patrimonial hacía de difícil justificación con arreglo a criterios éticos y de
buena fe la reclamación por parte de la esposa de derechos sobre bienes a cuya
adquisición no había contribuido.
Finalmente, la sentencia del TS nº 464/2022, de 6 de
junio, sintetizando la doctrina de la sala, afirma:
"Por tanto, no deben equipararse a las situaciones de separación que
permiten rechazar pretensiones abusivas de un cónyuge la mera admisión a
trámite de la demanda de divorcio ni el dictado del auto de medidas
provisionales (Sentencia del TS 297/2019, de 28 de mayo), ni la salida del
domicilio familiar de uno de los esposos seguida de la presentación de la
demanda de divorcio (sentencia del TS nº 501/2019, de 27 de septiembre), ni el
dictado de un auto que acuerda la orden de protección (sentencia del TS nº
136/2020, de 2 de marzo).
"Aunque sí es posible rechazar las pretensiones de un cónyuge
dirigidas a reclamar derechos sobre bienes a cuya adquisición no ha contribuido
cuando, en atención a las circunstancias del caso, se trate de un ejercicio
abusivo del derecho contrario al principio de buena fe proclamado en el art. 7
CC (Sentencias del TS nº 226/2015, de 6 de mayo, y las anteriores que en ellas
se citan; STS nº 297/2019, de 28 de mayo; 501/2019, de 27 de septiembre;
136/2020, de 2 de marzo, y STS nº 287/2022, de 5 de abril)".
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