La
sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, Sec. 1ª, de 27 de
octubre de 2026, nº 1652/2026, rec. 8206/2025, declara la nulidad de la sentencia
recurrida y ordena devolver las actuaciones a la Audiencia para que escuche a
las menores y les ofrezca la oportunidad de expresar su voluntad.
Tras
ello el tribunal de apelación resolverá motivadamente si procede el cambio de
guarda y custodia, y la fijación de un régimen de visitas siempre atendiendo al
superior interés de las menores.
En
procedimientos de modificación de medidas de guarda y custodia de menores,
cuando se pretende un cambio radical que afecta el régimen de custodia y
visitas, es indispensable garantizar el derecho de los menores a ser oídos
conforme a su edad y madurez antes de dictar resolución definitiva, asegurando
una motivación reforzada que evidencie la ponderación del interés superior del
menor frente a otros derechos en juego.
El
Tribunal Supremo estima parcialmente el recurso de casación interpuesto por la
madre, declarando nula la sentencia que modificó la custodia sin oír a las
menores, dado que ambas tenían edad y madurez suficientes para ser escuchadas.
El Tribunal resalta que la falta de audiencia vulnera el derecho fundamental a
la tutela judicial efectiva y el derecho del menor a participar en las
decisiones que le afectan personalmente. Asimismo, destaca que la sentencia
apelada sí contenía una motivación adecuada para el cambio de custodia basado
en interferencias maternas y riesgo para el bienestar de las menores, pero que
la ausencia de audiencias y la omisión de una completa valoración integral de
las circunstancias actuales obliga a la anulación y devolución para nueva
resolución.
El
fallo ordena que la Audiencia Provincial realice la audiencia de las menores y,
en su caso, recabe prueba complementaria, para valorar nuevamente las medidas
conforme al interés superior del menor. Así, se estima parcialmente el recurso,
anulando la sentencia apelada y fijando doctrina relevante sobre la necesidad
imperativa de oír a menores en estos casos para decisiones que impliquen
modificación grave de su régimen de guarda y custodia.
La
sentencia enfatiza la vinculación entre el principio del interés superior del
menor, el derecho del menor a ser oído y la exigencia de motivación reforzada
en decisiones judiciales que impliquen cambio sustancial en la guarda y
custodia, estableciendo que sin la audiencia previa de los menores con
suficiente juicio las resoluciones son nulas, incluso en contextos de alta
conflictividad familiar y presuntas interferencias parentales.
A)
Introducción.
1º) Tras años de conflicto familiar y de
deterioro de la relación entre las hijas y su padre, la Audiencia Provincial
cambió la custodia materna por la paterna y suspendió las visitas de la madre
sin escuchar previamente a las menores, pese a su edad y a la trascendencia de
las medidas.
¿Podía
la Audiencia Provincial modificar radicalmente la guarda y custodia y suspender
las visitas maternas sin oír a las menores ni justificar esa omisión?.
No,
el Tribunal Supremo estima el recurso, anula la sentencia y devuelve las
actuaciones para que se oiga a las menores y se dicte una nueva resolución
motivada, sin decidir por sí mismo qué régimen de custodia procede; reitera la
doctrina existente, sin fijar un cambio doctrinal.
El
interés superior de las menores, reconocido en los artículos 39 de la
Constitución, 2 y 9 de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor y 12 de
la Convención sobre los Derechos del Niño, exige que sean oídas cuando tienen
suficiente juicio (y, en todo caso, si han cumplido doce años) y que las
decisiones que les afectan incorporen una ponderación y motivación reforzadas,
en conexión con el artículo 24.1 de la Constitución.
2º)
Fundamentos Jurídicos y Doctrina
Aplicada:
-
Marco normativo: El fallo se apoya en el principio del interés superior
del menor y su derecho a ser oído, recogidos en el artículo 39 de la
Constitución Española, los artículos 2 y 9 de la Ley Orgánica de Protección
Jurídica del Menor (LOPJM) y el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos
del Niño, en directa conexión con el derecho a la tutela judicial efectiva
(art. 24.1 CE).
-
Imperatividad de la exploración: Cuando los menores tienen suficiente
juicio (y, en todo caso, a partir de los 12 años), su audiencia es obligatoria
antes de adoptar cambios graves en su entorno familiar, incluso en escenarios
de alta conflictividad o presuntas interferencias parentales.
-
Motivación reforzada y valoración integral: Aunque la sentencia
recurrida justificaba el cambio de custodia en las interferencias maternas y el
riesgo para las hijas, el Supremo subraya que la falta de escucha y la ausencia
de una valoración actualizada e integral impiden dar por válida la resolución.
-
Continuidad jurisprudencial: El Alto Tribunal no introduce un giro
doctrinal, sino que reitera y consolida su jurisprudencia previa sobre la
nulidad de las resoluciones que prescinden del derecho del menor a participar
en decisiones que le afectan personalmente.
B)
Resumen de antecedentes relevantes.
1.-
Son antecedentes fácticos de interés para la resolución del recurso, no
contradichos por las partes o acreditados por la prueba practicada, los
siguientes:
(i)
D.ª Verónica y D. Artemio contrajeron matrimonio el 29 de octubre de 2011.
Fruto de esta relación tuvieron dos hijas, Rosaura y Caridad, nacidas en 2012 y
en 2014, respectivamente. La unidad familiar fijó su residencia en la
DIRECCION000 de la ciudad de Granada.
(ii)
Hacia el mes de septiembre de 2013, cuando Rosaura tenía diez meses y Caridad
aún no había nacido, los cónyuges pusieron fin a la relación y D. Artemio
presentó demanda de divorcio y adopción de medidas en materia de guardia y
custodia y alimentos de hijos menores. La demanda se turnó al Juzgado de
Primera Instancia núm. 10 de Granada que, con fecha 3 de diciembre de 2013,
acordó su admisión a trámite e incoó el correspondiente proceso de divorcio, en
el que se emplazó a la demandada y al Ministerio Fiscal, que evacuaron el
trámite en los términos que consta en las actuaciones.
(iii)
Por auto de 21 de julio de 2014, ante la denuncia por violencia de género
formulada por la demandada contra su esposo, el Juzgado se inhibió en favor del
Juzgado de Violencia sobre la Mujer núm. 2 de Granada, que incoó el proceso de
divorcio núm. 142/2014, en el que, con fecha 27 de mayo de 2015, se dictó
sentencia en la que, asumiendo el acuerdo alcanzado por las partes en el
juicio, se declaró la disolución por causa de divorcio del matrimonio contraído
entre las partes y se acordó, entre otras medidas, (i) la atribución a la madre
de la guarda y custodia de las hijas menores, con ejercicio compartido de la
patria potestad; (ii) la fijación de un régimen de visitas , estancias y
comunicaciones estructurado en fases sucesivas, a saber, la primera, en la que
se realizarán las intervenciones del PEF con la madre y Rosaura durante las
sesiones que el PEF estime necesario -mínimo de dos días a la semana- y con
asistencia de la otra hija menor, la segunda, consistente en visitas
intersemanales todos los martes y jueves de 16 a 20 h y los sábados de 12 a 20
h, la tercera, transcurridos tres meses, fines de semana alternos desde el
sábado a las 12 h al domingo a las 20 h, y la cuarta, transcurridos seis meses,
fines de semana alternos desde el viernes a las 17 h al domingo a las 20 h,
incluyendo los períodos vacacionales a favor del progenitor no custodio, por
mitad, desde que comience el régimen de visitas con pernocta ; (iii) la
atribución a D. Artemio del uso y disfrute del que fuera domicilio familiar, al
residir la madre con las menores en otro diferente; y (iv) el establecimiento
de una pensión alimenticia a cargo del padre por importe de 100 €/mes para cada
hija.
(iv)
La situación de tensión y enfrentamiento entre los progenitores se ha agravado
con el paso del tiempo, con denuncias cruzadas y diversos procedimientos
judiciales en los que las menores se han visto implicadas, con un
posicionamiento radical a favor de la madre y un rechazo explícito y completo
hacia la figura del padre, lo que se ha ido traduciendo en una drástica
reducción de la relación paternofilial. En concreto, según expone el Ministerio
Fiscal, en los informes psicológico y social aparecen los siguientes
antecedentes judiciales:
«Así,
aparece que el padre sufrió una agresión tras asistir a un juicio por parte de
cinco personas de la parte contraria, tras lo cual la madre denunció al padre
por violencia de género (JVM nº 2 de Granada, 331/14) sin que el informe
forense de la UVIVG de 17 de febrero de 2014 detectara un proceso de violencia.
También consta en junio de 2015 una condena a la madre como autora de una falta
de injurias y otra de amenazas hacia su expareja y una denuncia del padre
contra un excuñado (Juzgado de Instrucción 4) por recibir puñetazos en cara,
cráneo yendo con sus dos hijas en octubre de 2017.
»En
el año 2018 el padre denuncia a la madre por incumplimiento del régimen de
visitas y es condenada por desobediencia en el año 2020. Ese mismo año se
inicia un procedimiento, luego archivado, por denuncia de la madre por abuso
sexual a las hijas por parte de un tío paterno en el que no se detectó
sintomatología compatible con una vivencia de violencia sexual que requiera
intervención especializada y se dejaba constancia de la alta conflictividad
Inter parental y de las alusiones negativas, irrespetuosas y vejatorias de las
menores hacia el padre y familia paterna.»
2.-
En el procedimiento que nos ocupa, con fecha 8 de marzo de 2022, se presenta
por D.ª Verónica demanda de modificación de medidas definitivas frente a D.
Artemio, en la que solicita que se incremente el importe de la pensión
alimenticia a 200 €/mes para cada hija y se acuerde la entrega y recogida de
las menores en la vivienda de la progenitora custodia, con eliminación de las
visitas de las tardes intersemanales.
En
síntesis, alega que, desde que se dictó la sentencia de divorcio, han variado
sustancialmente las circunstancias que se tuvieron en cuenta como del régimen
de visitas . En el primer caso, la variación obedece a que se ha producido «de
un lado, el incremento de los gastos de las menores y la mayor edad de las
mismas, de otro, la mejora en las condiciones laborales y económicas del
progenitor alimentante»; y, en el segundo, porque «la actitud pasiva y de
desidia sobre sus menores hijas del demandado el cual en numerosas ocasiones no
aparece para recoger a las menores hijas en el Punto de Encuentro Familiar y el
perjuicio que supone para mi mandante y las menores hijas tener que ir y venir
del Punto de Encuentro familiar, ya más de cinco años», aconseja que se dejen
sin efecto las entregas y recogidas en el PEF, así como que se supriman las
tardes intersemanales «por el perjuicio que se les ocasiona por no poder tener
actividades extraescolares».
3.-
El demandado se opone a la demanda y solicita su desestimación, al no haber
variado las circunstancias en los términos afirmados por la actora.
Sucintamente,
con relación a la pensión alimenticia, señala que, por una parte, no se aporta
prueba alguna de cuáles son esas necesidades que han aumentado y de los gastos
que conllevan las mismas, y, por otra, las condiciones laborales y económicas
del alimentante, lejos de aumentar, han sufrido un empeoramiento considerable,
ya que no solo no ha conseguido un trabajo, pese a figurar como demandante de
empleo, sino que el subsidio de desempleo finaliza el día 29 de julio de 2022,
mientras que, por el contrario, las de la demandante sí que han mejorado, ya
que continúa con un trabajo fijo y cuenta con más ingresos, lo que le ha
permitido incluso acceder a la compra de una vivienda en copropiedad.
Y,
respecto a las visitas, niega la supuesta desidia e incumplimientos invocados
por la demandante, con independencia de que, durante el tiempo de pandemia y en
los momentos más álgidos de la misma, el régimen de visitas se haya adaptado a
las circunstancias personales y familiares del momento, por lo que no existe
motivo alguno para que se supriman las visitas intersemanales, sin que tampoco
se precisen ni acrediten cuáles son esas actividades extraescolares a las que
no pueden acudir las menores debido a las visitas intersemanales.
Asimismo,
el demandado formula demanda reconvencional, en la que interesa la modificación
de las medidas definitivas en el sentido de que (i) se le atribuya la guarda y
custodia de las menores Rosaura y Caridad, con ejercicio compartido de la
patria potestad; (ii) se mantenga el mismo régimen de visitas , días
intersemanales y periodos vacacionales, y comunicaciones establecido en la
sentencia de divorcio, a favor de la madre; y (iii) se fije una pensión de
alimentos por importe mensual de 200 € a favor de cada una de las hijas
menores, actualizable conforme al IPC, siendo los gastos extraordinarios por
mitad.
Apoya
su pretensión en que, desde hace bastante tiempo y a causa de la negativa
influencia de la familia materna y de la propia madre, se viene produciendo una
actitud de rechazo de las menores hacia su progenitor y, en general, la familia
paterna, actitud que se ha recrudecido hasta el punto de que las menores en
varias ocasiones se han negado a cumplir las visitas, alegando que no quieren
estar con él ni con sus tíos, faltándoles al respeto tanto a estos como a su
progenitor y haciendo que la convivencia paternofilial se vaya deteriorando
cada día, a lo que se añaden las reiteradas faltas injustificadas de asistencia
de las menores al centro escolar en el que cursan sus estudios, por lo que, en
aplicación del principio de favor filii, se ve en la obligación de solicitar el
cambio de guarda y custodia.
4.-
La demandante reconvenida se opone a la pretensión reconvencional y postula su
íntegra desestimación.
5.-
El Ministerio Fiscal interesa el mantenimiento de las medidas en su día
acordadas en la sentencia de divorcio por entender que ninguna de las pruebas
practicadas justifica la modificación de dichas medidas.
6.-
La sentencia de primera instancia estima parcialmente tanto la demanda como la
reconvención, y acuerda el mantenimiento de las medidas definitivas fijadas en
la sentencia de divorcio, con la única salvedad de añadir al régimen de visitas
del progenitor que se recabe la intervención del Equipo de Tratamiento familiar
en la unidad familiar, para que trabajen en aquellos aspectos que entren dentro
de sus competencias.
La
sentencia se fundamenta esencialmente en el informe elaborado por las
profesionales del Equipo Psicosocial (en realidad, un informe psicológico y
otro informe social), cuyas conclusiones entiende que no han sido desvirtuadas
por las demás pruebas practicadas y en el que se hace constar:
«PRIMERA:
Grave interferencia materna en las relaciones paterno filiales con
consecuencias de rechazo de las menores a la relación con el padre y familia
extensa paterna. Además de la afectación en la figura paterna con
sintomatología de la esfera ansiosa y en lo que podría ser el inicio de un
trastorno depresivo por la manifiesta indefensión del padre en todo este
proceso. A tener en cuenta las agresiones físicas sufridas por parte del padre,
concretamente una de ellas, que se tenga constancia, en presencia de las
menores, generando en el mismo un estado de miedo y alerta.
»SEGUNDA:
Formulamos nuestra propuesta en varias fases, preservando en la medida de lo
posible la vinculación afectiva de las menores con la figura materna:
»Primera
Fase: por la alta conflictividad intrafamiliar y afectación en las menores y en
el padre, consideramos necesaria la intervención de los Equipos de Tratamiento
Familiar que posibiliten la reinstalación de régimen de visitas a favor del
padre lo antes posible.
»Segunda
Fase: Ampliación de dicho régimen a criterio de los técnicos de dichos Equipos,
hasta llegar a la tercera fase.
»Tercera
fase: custodia compartida, esto sería posible si la conflictividad planteada
básicamente por la madre desapareciera, así como el cese de la grave
interferencia materna detectada en las relaciones paternofiliales, en caso de
que esto no fuera posible, nuestra propuesta es un cambio de guarda y custodia
a favor del padre.
»A
partir de esta tercera fase, y en caso de que la guarda y custodia sea paterna,
para hacer alguna propuesta de relación de las menores con la madre, sería
necesaria una nueva valoración en este servicio de todo el grupo familiar para
poder pronunciarnos respecto a la posibilidad de un régimen de visitas y cómo
éste se pudiera desarrollar.»
Conclusiones
y propuestas que la perito del Equipo ratificó en el acto del juicio, indicando
la sentencia que:
«existe
mucha mediatización de la madre y que las vivencias relatadas por la Sra.
Verónica y las menores resultaban inconsistentes. También rechazaron
rotundamente como solución al conflicto la suspensión del régimen de visitas ,
entendiendo que debía mantenerse la relación paternofilial como condición
necesaria para su reparación. Además, consideraban adecuada la intervención del
Equipo de tratamiento Familiar dada esa grave interferencia materna y teniendo
en cuenta que los servicios que han intervenido hasta ahora no habrían sido
suficientes. Pese a lo expuesto, no consideraban en absoluto conveniente por el
momento el cambio de custodia y su atribución exclusiva al progenitor.»
Con
estas premisas, la sentencia considera que sigue siendo conveniente que, de una
parte, la madre sea quien continúe ejerciendo la guarda y custodia de las
menores y, de otra parte, se mantenga el régimen de visitas establecido a favor
del padre en los términos que se acordaron en su día, sin que haya lugar a la
modificación postulada por la actora ya que ni se ha acreditado la necesidad de
que las entregas y recogidas dejen de hacerse en el PEF, ni qué actividades
extraescolares son las afectadas por las visitas intersemanales ni consta que
el progenitor no esté capacitado para llevar a sus hijas a dichas actividades
cuando coincidan con sus días intersemanales.
No
obstante, dadas las referencias que hace el Equipo Psicosocial a la
interferencia materna, que califica como una modalidad de maltrato infantil, la
sentencia estima que procede añadir al régimen de visitas del progenitor «que
se recabe la intervención del Equipo de Tratamiento Familiar en la unidad
familiar que nos ocupa para que trabajen en aquellos aspectos que entren dentro
de sus competencias».
Asimismo,
la sentencia descarta la modificación de la pensión alimenticia al no haberse
acreditado el cambio de circunstancias alegado, antes bien, de la prueba
practicada se desprende que los últimos ingresos del demandado son el subsidio
por desempleo y actualmente el Ingreso Mínimo Vital por importe de 4.023,51 €,
habiendo incluso aumentado en cierta medida sus cargas al incrementarse la
cuota hipotecaria que debe satisfacer.
7.-
El demandado reconviniente formula recurso de apelación contra la mencionada
sentencia. Tanto la demandante como el Ministerio Fiscal se oponen al recurso.
8.-
La Audiencia estima el recurso de apelación mediante sentencia de fecha 2 de
junio de 2025, que acuerda modificar las medidas definitivas fijadas en la
sentencia de divorcio en el sentido de: (i) atribuir al padre la guarda y custodia de las menores,
Rosaura y Caridad, sin que haya lugar, por el momento, a reconocer derecho de
visitas a favor de la madre; (ii) imponer a la progenitora la obligación de
contribuir en la cantidad de 200€/mes en concepto de pensión de alimentos para
cada una de sus hijas, siendo los gastos extraordinarios por mitad; y (iii)
comunicar a la Entidad Pública competente la situación en que se encuentran las
niñas a fin de que, de conformidad con los arts. 14 y 14 bis LOPJM y en
atención a su interés superior, se valore si procede que asuma la guarda
provisional de las menores, con vistas a la normalización de la guarda y
custodia exclusiva paterna y sin perjuicio de cuantas medidas de protección se
considerasen pertinentes.
La
sentencia de apelación, partiendo del informe psicosocial, en el que se alude a
la grave interferencia materna en las relaciones paterno-filiales, con
consecuencias de rechazo de las menores a la relación con el padre y familia
extensa paterna, así como a la afectación en la figura paterna, que ha sido
víctima de agresiones físicas, una de ellas en presencia de las menores, se
plantea si lo procedente es, bien el cambio de custodia, extrayendo a las
menores de su entorno en el que están plenamente integradas pero beneficiando
con ello la relación con su padre, con las ventajas que ello puede conllevar y
también con los perjuicios que les puede suponer un cambio radical de vida,
máxime cuando los padres cesaron en la convivencia cuando la hija mayor tenía
diez meses y la menor aún no había nacido, habiéndose enturbiado con los años
la relación hasta el punto de que las menores no quieren relacionarse con su
padre, ni con la familia paterna, o bien, mantener la custodia materna, en el
entorno social, escolar y familiar en el que están integradas, aun con el
riesgo de que continúe la situación de falta de relación con su padre, con el
perjuicio que ello les puede suponer para su desarrollo integral por la pérdida
del referente paterno.
Sobre
esta base, la sentencia considera que, para salvar esta dualidad, «en una
situación tan crispada como la presente en las (sic) que incluso se han cruzado
denuncias y condenas en el ámbito penal (sobre todo por la actitud de la madre
que traslada o parece trasladar los problemas derivados de su ruptura a las
hijas, las cuales han de seguir, para su propio beneficio, relacionándose con
su padre y su familia paterna, teniendo derecho a su propia vida)», ha de
acudirse al interés superior de las menores, que debe prevalecer sobre
cualquier otro, incluido el de sus progenitores, y que lleva a estimar que lo
más adecuado para ellas, en este momento, no es continuar bajo la custodia
cotidiana de su madre, sino atribuirla al padre, sin perjuicio de las cautelas
que deben adoptarse, máxime si atendemos a la edad de las menores, 9 y 11 años
(sic).
Asimismo,
al amparo del art. 94 del Código Civil, el art. 65 LO 1/2004, de 28 de
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, y
el art. 2 LO 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección
a la infancia y a la adolescencia, en relación con el principio del superior
interés del menor consagrado en el art. 3 del Convenio de Naciones Unidas sobre
Derechos del Niño, la Carta Europea de Derechos del Niño de 1992 y la citada LO
8/2015, la Audiencia descarta la posibilidad de fijar un régimen de visitas en
favor de la madre , con el siguiente razonamiento:
«[...]
en razón al objetivo perjuicio que para el desarrollo de las menores está
ocasionando la conducta de la progenitora, de clara interferencia en la
percepción de la figura paterna por parte de las hijas, con el consiguiente
riesgo que ello conlleva para su desarrollo del marco de la custodia exclusiva
paterna entendemos que debe ser suspendida por los siguientes motivos. En los
diferentes informes del PEF se deja de manifiesto claramente la perturbación
que han ido produciendo en el ánimo de las menores las constantes injerencias
(sic) de la madre en su relación con el progenitor, manteniendo o mostrando
éstas un claro rechazo hacia la figura paterna hasta el punto de recomendar su
suspensión. Todo ello, con la consiguiente victimización de las menores por
exposición deliberada a episodios de sobrecarga emocional que, incluso para
caso de veracidad de las pretendidas e infundadas causas, deberían serle
evitados.»
Empero,
ponderando la situación de precariedad de aptitudes y disponibilidades del
progenitor para hacerse cargo con normalidad de las funciones de la guarda y
custodia, en aras de propiciar la más amplia tutela del interés superior de los
menores, y por considerar, de conformidad con los arts. 14 y 14 bis LOPJM, que
concurre una situación de urgencia que precisa de la atención inmediata de la
Entidad Pública, la sentencia acuerda poner la mencionada situación en su
conocimiento a los fines de que, si así se apreciara en el ámbito de su
competencia, se asuma la guarda provisional de las menores.
Finalmente,
teniendo en cuenta que la principal obligación del progenitor ejerciente de la
patria potestad consiste en proporcionar una manutención integral a sus hijos,
ajustada a sus posibilidades, considera que, «habiendo establecido ya
inicialmente una cuantía de la pensión de alimentos dentro de los márgenes de
lo que se considera el mínimo vital», procede fijar la pensión de alimentos en
200 € por hija a cargo de la progenitora no custodia.
C)
El interés superior del menor y el deber de motivación. El derecho del menor a
ser oído como presupuesto para valorar y adoptar las medidas que personalmente
le afecten conforme a su interés superior.
1.-
En la sentencia de esta sala de lo Civil del TS nº 234/2024, de 21 de febrero,
cuya doctrina se reitera en las posteriores sentencias del TS nº 915/2024, de
26 de junio, STS nº 1695/2024, de 17 de diciembre, STS nº 729/2025, de 12 de
mayo, y STS nº 59/2026, de 22 de enero, destacamos la trascendencia de la
protección que es preciso dispensar a los menores por los poderes públicos,
apartándoles de cualquier fuente de eventual daño en el desarrollo futuro de su
personalidad en formación:
«La
infancia es un periodo decisivo del desarrollo de las personas, que debe ser
protegido para evitar eventuales perjuicios en la integración posterior en el
mundo de los adultos, de manera tal que sucesos vividos no se proyecten
negativamente sobre quien los experimente, incluso mediante el padecimiento de
trastornos psicológicos por traumas sufridos. Consecuentemente, el beneficio de
los menores exige apartarlos de situaciones de riesgo, brindarles frente a
ellas, con la finalidad de preservar ese interés superior que cuenta con raíces
en el mandato de rango constitucional, dirigido a los poderes públicos, de
asegurar la protección integral de los hijos, así como, en general, de los
niños y de las niñas según las previsiones de los acuerdos internacionales que
garantizan sus derechos ( art. 39.2 y 4 CE)».
El
interés superior del menor se configura así como la regla decisoria en los
casos en los que se encuentre comprometido su bienestar.
En
la sentencia del TS nº 1251/2025, de 16 de septiembre, recordábamos las pautas que han de
tenerse en cuenta a la hora de proceder a la determinación del interés superior
del menor en los procesos que versan sobre las medidas personales y/o
patrimoniales en que dicho interés resulte comprometido:
«1.La
importancia que ostenta la infancia en el desarrollo ulterior de la
personalidad de los menores, y la protección que es preciso dispensarles con la
finalidad de preservarlos de eventuales perjuicios en la integración posterior
en el mundo de los adultos, de manera tal que sucesos vividos no se proyecten
negativamente sobre sus personas, incluso mediante el padecimiento de
trastornos psicológicos (SSTS 234/2024, de 21 de febrero; STS nº 915/2024, de
26 de junio y STS nº 1695/2024, de 17 de
diciembre.
»2.También,
señalamos que la consustancial falta de madurez y competencia de los menores,
la ausencia de recursos con los que cuentan para solventar situaciones
desfavorables en las que pueden verse inmersos, los colocan, en no pocas
ocasiones, en una posición de especial vulnerabilidad, que constituye campo
abonado para sufrir abusos, maltratos y lesiones en sus derechos fundamentales,
o, incluso, para ser instrumentalizados en los conflictos intersubjetivos entre
los adultos, dentro de los cuales alcanzan especial significación aquellos en
los que se encuentran inmersos sus progenitores (STS 625/2022, de 26 de
septiembre; 129/2024, de 5 de febrero y STS nº 379/2024, de 14 de marzo).
»3.Consecuencia
de lo anteriormente expuesto, es que el menor, como individuo en formación,
precisa de una protección especial, en tanto en cuanto tiene una personalidad
en desarrollo que es necesario preservar. En este sentido, el art. 2.2,
apartados d) y e) de la LO 1/1996, de protección jurídica del menor, establece,
como manifestaciones de dicho interés, «promover la efectiva integración y
desarrollo del menor en la sociedad»; «minimizar los riesgos que cualquier
cambio de situación material o emocional pueda ocasionar en su personalidad y
desarrollo futuro»; así como la «preparación del tránsito a la edad adulta e
independiente».
»En
definitiva, quien no puede, por su edad, defenderse por sí mismo, ni velar por
sus intereses, transfiere tal función a las instituciones públicas y privadas,
para garantizar que aquellos sean debidamente respetados, y siempre, además,
previa audiencia de los menores con suficiente juicio, para no ser postergados
de las decisiones que más directamente les afectan.
»Manifestación
de lo expuesto la constituye la intervención preceptiva del Ministerio Fiscal
en los procedimientos judiciales y administrativos para cuidar de dichos
intereses (art. 749 LEC); o la posibilidad de la fijación de medidas de oficio
por parte de los tribunales de justicia, como excepción a los principios
dispositivo y de aportación de parte, conformadores de los pilares esenciales
sobre los que se sustenta el edificio del proceso civil (arts. 158 CC y 752
LEC).
»4.En
el sentido expuesto, el Tribunal Constitucional insiste, de forma reiterada, en
la necesidad de que: «todos los poderes públicos cumplan el mandato dirigido a
ellos por el art. 39 CE y atiendan de un modo preferente a la situación del
menor de edad, observando y haciendo observar el estatuto del menor como norma
de orden público» (STC 178/2020, de 14 de diciembre, FJ 3, y STC nº 81/2021, de 19
de abril, FJ 2 ).
»5.Este
estatuto del menor está regido por su interés superior, que es «la
consideración primordial a la que deben atender todas las medidas concernientes
a los menores que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar
social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos
legislativos», según lo previsto en el art. 3.1 de la Convención sobre los
derechos del niño (por todas, SSTC 64/2019, de 9 de mayo, FJ 4; STC nº 131/2023,
de 23 de octubre, FJ 3; STC nº 148/2023,
de 6 de noviembre, FJ 4; STC nº 28/2024, de 27 de febrero, FJ 5 y STC 82/2024,
de 3 de junio, FJ 2 ).
»6.Nosotros
hemos precisado, en numerosas ocasiones, en qué consiste dicho interés superior
y su trascendencia en la decisión de los procesos en que se adoptan medidas
referentes a los niños y a las niñas; por ejemplo, en las SSTS 129/2024, de 5
de febrero; 234/2024, de 21 de febrero; 1695/2024, de 17 de diciembre y
242/2025, de 12 de febrero, entre otras muchas, al considerarlo: (i) como un
principio axiológico preferente en la interpretación y aplicación de las
normas; (ii) un concepto jurídico indeterminado de necesaria integración con
respecto a las concretas circunstancias concurrentes; (iii) una regla de orden
público de obligada aplicación; (iv) un límite indisponible a la autonomía de
la voluntad de los progenitores; (v) un principio de aplicación preferente en
casos de imposibilidad de armonizarlo con los otros intereses convergentes que
concurran; (vi) sometido a una motivación reforzada sobre la ordinaria de toda
resolución judicial a la hora de apreciarlo en cada supuesto concreto sometido
a consideración de los tribunales; (vii) un instrumento de flexibilización del
rigor procesal; (viii) susceptible de apreciación mediante el auxilio de
ciencias extrajurídicas como la psicología, y (ix) fiscalizable a través del
recurso de casación.
»7.Ahora
bien, la determinación del interés del menor no puede llevarse a efecto «Mediante
una simple especulación intelectual que prescinda del concreto examen del
contexto en que se manifiesta. O, dicho de otro modo, no puede fijarse a priori
para cualquier menor, sino que debe ser apreciado con relación a un menor
determinado en unas concretas circunstancias» ( SSTS 281/2023, de 21 de febrero;
981/2024, de 10 de julio; STS nº 1149/2024, de 18 de septiembre y STS nº 237/2025,
de 12 de febrero).»
2.-
Precisamente, la materialización en el caso concreto del principio del superior
interés del menor es lo que fundamenta y hace necesaria una motivación
reforzada a la hora de valorar y adoptar las medidas que puedan afectarle.
La
sentencia del Tribunal Constitucional 54/2025, de 10 de marzo -cuya doctrina,
aunque centrada en un supuesto de violencia de género, es extrapolable a
cualesquiera supuestos en que se acrediten riesgos para la integridad física o
moral del menor-, señala con relación al deber de motivación judicial reforzada
por afectación del interés superior del menor en los regímenes de guarda,
custodia y visitas:
«Como
hemos recordado en nuestra STC 53/2024, de 8 de abril, FJ 3, es doctrina
consolidada de este tribunal el deber de todos los poderes públicos de atender
"de un modo preferente la situación del menor de edad, observando y
haciendo observar el estatuto del menor como norma de orden público [...]
incluso si ello significa atemperar la rigidez de algunas normas procesales o
sacrificar los legítimos intereses y perspectivas de terceros". El interés
superior del menor es, "considerado en abstracto, un bien constitucional
suficientemente relevante para motivar la adopción de medidas legales que
restrinjan derechos y principios constitucionales". Pero la decisión de lo
que sea en cada caso más beneficioso para el interés general del menor
"corresponde tomarla a los jueces y tribunales ordinarios".
»El
"interés superior del menor es la consideración primordial a la que deben
atender todas las medidas concernientes a los menores que tomen las
instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las
autoridades administrativas o los órganos legislativos" (por todas, STC
126/2024, de 21 de octubre, FJ 2). Y aunque compete a este tribunal examinar si
la motivación ofrecida "para adoptar cuantas medidas conciernen a los
menores, está sustentada en su mayor beneficio y así comprobar que no se han
lesionado sus derechos fundamentales", es a los órganos judiciales a
quienes corresponde delimitar el contenido del interés superior del menor en
cada caso ofreciendo para ello, dada la afectación de un principio superior de
nuestro ordenamiento, una motivación reforzada ( SSTC 141/2000, de 29 de mayo, FJ
5; 217/2009, de 14 de diciembre, FJ 5; STC nº 127/2013, de 3 de junio, FJ 6, y
STC nº 138/2014, de 8 de septiembre, FJ
2, entre otras).
»Motivar
"debidamente las resoluciones en las que están concernidos los intereses y
derechos de los menores (art. 39 CE), significa explicitar el juicio de
ponderación entre los valores y derechos en liza para hacer así efectiva la
exigencia de proporcionalidad inherente a la justicia" (entre otras, SSTC
178/2020, de 14 de diciembre, FJ 3; 2/2024, de 15 de enero, FJ 2, y 53/2024, de
8 de abril, FJ 3), encontrándonos en estos casos "ante un juicio de
ponderación que debe constar expresamente en la resolución judicial,
identificando los bienes y derechos en juego que pugnan de cada lado, a fin de
poder calibrar la necesidad y proporcionalidad de la medida adoptada" (
STC 176/2008, de 22 de diciembre, FJ 6). Una pluralidad de bienes y derechos
que siempre habrán de tener presentes los órganos judiciales en sus decisiones
sobre los regímenes de guarda y custodia, en las que el interés superior del
menor ha de operar como contrapeso de los derechos de cada progenitor (STC
106/2022, de 13 de septiembre, FJ 2, y STC nº 176/2008, de 22 de diciembre, FJ 6).
»Es
doctrina constitucional consolidada que, cuando está en juego el interés de los
menores, sus derechos exceden del ámbito estrictamente privado y pasan a tener
una consideración más cercana a los elementos de ius cogens (STC 106/2022, de
13 de septiembre, FJ 2, y STC nº 185/2012, de 17 de octubre, FJ 4). Es en este sentido
que hemos afirmado que en la atribución y ejecución de los regímenes de guarda,
custodia y visitas el interés superior del menor ha de operar como contrapeso
de los derechos de cada progenitor (STC 106/2022, de 13 de septiembre, FJ 2, y STC nº 176/2008, de 22 de diciembre, FJ 6). Y ello se predica tanto de la toma de
decisiones provisionales, en el marco de la adopción de medidas cautelares,
como en la adopción de decisiones definitivas.
»En
otros términos, el deber de motivación reforzada que impone el art. 24.1 CE a
aquellas decisiones que afectan o inciden en el interés superior del menor se
proyecta, lógicamente, sobre las resoluciones judiciales, provisionales o
definitivas, de atribución y ejecución de los regímenes de guarda, custodia y
visitas. En estos casos, los jueces y tribunales deben hacer constar
expresamente en sus resoluciones la ponderación de todos los bienes y derechos
en juego, teniendo siempre presente el interés superior del menor, en cuya
identificación habrán de tener en cuenta, entre otros aspectos, su deber de
prevenir y protegerle contra la violencia sea el o la menor víctima presencial
o instrumental. Así lo impone el art. 2 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de
enero, de protección jurídica del menor, en virtud de cuyo apartado 2 c), a
efectos de la interpretación y aplicación en cada caso del interés superior del
menor, nuestros órganos jurisdiccionales han de tener presente la conveniencia
de que la vida y desarrollo de los y las menores "tenga lugar en un
entorno familiar adecuado y libre de violencia". Deber de protección y
prevención que se predica frente a los contextos de violencia de género.
»[...]
Concluyendo, en las decisiones sobre los regímenes de guarda, custodia y
visitas, provisionales o definitivas, los órganos judiciales tienen un deber de
motivación reforzada para cuyo cumplimiento habrán de tener en cuenta los
indicios de violencia de género. Nuestros jueces y tribunales no pueden así
asumir que el interés superior del menor es equivalente a mantener relaciones
con ambos progenitores...».
Y
en nuestra sentencia del TC nº 1135/2026, de 23 de julio, concretamos en qué consiste ese
deber de motivación reforzada:
«Motivar
debidamente las resoluciones en las que están concernidos los intereses y
derechos de los menores ( art. 39 CE), significa explicitar el juicio de
ponderación entre los valores y derechos en liza para hacer así efectiva la
exigencia de proporcionalidad inherente a la justicia (entre otras, SSTC
178/2020, de 14 de diciembre, FJ 3; 2/2024, de 15 de enero, FJ 2, y 53/2024, de
8 de abril, FJ 3). Es preciso realizar un juicio de ponderación que debe
constar expresamente en la resolución judicial, identificando los bienes y
derechos en juego que pugnan de cada lado, a fin de poder calibrar la necesidad
y proporcionalidad de la medida adoptada (STC 176/2008, de 22 de diciembre, FJ
6). En las decisiones judiciales sobre los regímenes de guarda y custodia, el
interés superior del menor siempre ha de operar como contrapeso de los derechos
de cada progenitor ( SSTC 106/2022, de 13 de septiembre, FJ 2, y 176/2008, de
22 de diciembre, FJ 6).»
3.-
Ese deber de motivación reforzada está íntimamente ligado con el derecho del
menor a ser oído, en función de la edad y madurez.
En
efecto, el derecho del menor a ser oído y escuchado, reconocido en el art. 9
LOPJM, se conecta con lo dispuesto en el apartado 2º, letra b), del art. 2 del
mismo texto legal, que, en orden a determinar su interés superior, obliga a
tener en cuenta «los deseos, sentimientos y opiniones del menor, así como su
derecho a participar progresivamente, en función de su edad, madurez,
desarrollo y evolución personal, en el proceso de determinación de su interés
superior», y en el apartado 5 del mismo art. 2, con arreglo al cual «toda
medida en el interés superior del menor deberá ser adoptada respetando las
debidas garantías del proceso y, en particular: a) Los derechos del menor a ser
informado, oído y escuchado, y a participar en el proceso de acuerdo con la normativa
vigente.»
En
la sentencia del TC nº 268/2025, de 19 de febrero, con cita de las sentencias del TC nº 1709/2024,
de 18 de diciembre, y STC nº 1695/2024, de 17 de diciembre, que a su vez sintetizan la
doctrina de la sala sobre la audiencia del menor como derecho que ha de ser
garantizado para apreciar las medidas que personalmente le afecten conforme a
su interés superior, hemos declarado:
«Para
apreciar cuál es ese interés superior prevalente, es necesario dar a los
menores, que cuenten con suficiente juicio, la oportunidad de ser oídos.
»Esta
audiencia se configura como un derecho que corresponde a los niños y niñas de
ser escuchados antes de tomar cualquier decisión sobre aspectos que
personalmente les afecten, y que es reconocido en distintas disposiciones
normativas como son los arts. 92.6 y 159 CC; 9 de la Ley Orgánica 1/1996, de
protección jurídica al menor; 12.2 de la Convención sobre Derechos del Niño de
la ONU de 1989; 3 del Convenio Europeo sobre el ejercicio de los Derechos de
los Niños; apartado 15 de la Carta Europea de Derechos del Niño; art. 6 del
Convenio Europeo sobre el ejercicio de los derechos del niño, hecho en
Estrasburgo, el 5 de diciembre de 1997, ratificado por España el 11 de
noviembre de 2014 y en vigor desde el 1 de abril de 2015; así como el art. 24.1
de la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea, entre otros
textos legales.
»Por
su parte, la Observación n.º 12 de la Convención sobre Derechos del Niño
(2009), señala que: "1. Los Estados Parte garantizarán al niño, que esté
en condiciones de formarse un juicio propio, el derecho de expresar su opinión
libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en
cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño. 2. Con
tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado en todo
procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente
o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con
las normas de procedimiento de la ley nacional".
»La
STC 64/2019, de 9 de mayo, explica la transcendencia del derecho del menor a
ser oído, y su relación con el derecho fundamental a la tutela judicial
efectiva, y nos enseña al respecto que: "El derecho del menor a ser 'oído
y escuchado' forma así parte del estatuto jurídico indisponible de los menores
de edad, como norma de orden público, de inexcusable observancia para todos los
poderes públicos (STC 141/2000, de 29 de mayo, FJ 5). Su relevancia
constitucional está recogida en diversas resoluciones de este Tribunal, que han
estimado vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva ( art. 24.1 CE) de
los menores en supuestos de procesos judiciales en que no habían sido oídos o
explorados por el órgano judicial en la adopción de medidas que afectaban a su
esfera personal ( SSTC 221/2002, de 25 de noviembre, FJ 5; en el mismo sentido,
SSTC 71/2004, de 19 de abril, FJ 7; 152/2005, de 6 de junio, FFJJ 3 y 4, y
17/2006, de 30 de enero, FJ 5)".
»Más
recientemente, tal doctrina es reproducida en la STC 5/2023, de 20 de febrero,
FJ 3.»Esta sala se ha ocupado igualmente de la importancia y trascendencia que
encierra tal derecho, siendo manifestación al respecto la contenida en las
sentencias 413/2014, de 20 de octubre; 157/2017, de 7 de marzo; 578/2017, de 25
de octubre; 18/2018, de 15 de enero; 648/2020, de 30 de noviembre; 548/2021, de
19 de julio; 577/2021, de 27 de julio, o más recientemente 984/2023, de 20 de
junio, entre otras, de las que cabe extraer, en lo que ahora nos interesa, a
modo de líneas directrices, las dos siguientes: (i) La audiencia del menor
tiene por objeto indagar sobre su interés con la finalidad de garantizar su
debida y mejor protección, por lo que, en su caso, debe ser acordada de oficio
por el tribunal. (ii) No se puede decir que los tribunales estén obligados a
oír siempre al menor en el seno de los procedimientos judiciales, pues eso
dependerá de las circunstancias particulares de cada supuesto en función de la
edad, madurez e interés de los menores. Precisamente en atención a dichos
factores y siempre que el menor tenga menos de 12 años, es posible que se
prescinda de su audiencia, o que se considere más adecuado que se lleve a cabo
a través de un experto, o estar a la practicada por este medio. Ahora bien,
para que el tribunal pueda decidir no practicarla será necesario que lo
resuelva de forma motivada.
»No
es de extrañar, entonces, que en sentencias 548/2021, de 19 de julio, 577/2021,
de 27 de julio y 308/2022, de 19 de abril, se decretase la nulidad de
actuaciones para dar audiencia a los menores sobre las medidas que les
afectaban personalmente.
»En
la STEDH, sección 3.ª, de 11 de octubre de 2016, contra España, se señaló que:
"[s]ería ir demasiado lejos afirmar que los tribunales internos tienen
siempre la obligación de oír a los hijos en audiencia cuando está en juego el
derecho de visita del progenitor no custodio. En efecto, esto depende de
circunstancias particulares de cada causa y en todo caso se ha de tener en
cuenta la edad y madurez del hijo afectado". Y añade, en particular por lo
que hace al Derecho español: "[e]n los procedimientos de divorcio
contencioso, los hijos menores deben ser oídos si se estima necesario y tienen
capacidad de discernimiento y en todo caso si son mayores de doce años. En todo
caso, el rechazo de audiencia debe ser motivado".
»La
STC 53/2024, de 8 de abril, FJ 4, anuda el deber de motivación con la necesidad
de dar audiencia a los menores, y así señala: "La falta de audiencia al
menor está indisolublemente unida al deber de motivación reforzada, y viene a
reforzar la insuficiencia de justificación de la decisión sobre el régimen de
visitas en que incurren las sentencias impugnadas. Escuchar a la persona menor
permite al órgano judicial conocer sus deseos, sentimientos y opiniones, que el
art. 2 de la Ley Orgánica 1/1996 incluye entre los criterios y elementos
generales que han de tenerse en cuenta en la ponderación de qué deba
entenderse, en cada caso, como interés superior del menor, y que han de ser
valorados conjuntamente, al desarrollar el juicio de proporcionalidad estricta,
de forma que la medida que se adopte en favor de dicho interés superior no
sacrifique con mayor intensidad el derecho fundamental concernido que el
beneficio que se obtenga con la restricción. El apartado 5 d) de este art. 2
señala expresamente que la decisión debe incluir en su motivación 'los
criterios utilizados, los elementos aplicados al ponderar los criterios entre
sí y con otros intereses presentes y futuros, y las garantías procesales
respetadas'. Entre dichos criterios se encuentran '[l]a consideración de los
deseos, sentimientos y opiniones del menor' [art. 2.2 b)], '[l]a edad y madurez
del menor' [art. 2.3 a)], '[e]l irreversible efecto del transcurso del tiempo
en su desarrollo' [art. 2.3 c)], (...)».
Por
otra parte, la sala otorga gran relevancia al resultado de la audiencia a los
menores cuando se cumplen determinados estándares. En particular, se considera
relevante una opinión libremente emitida, no mediatizada o interferida por la
conducta o la influencia de alguno de los padres, cuando las razones del menor
sean atendibles porque no están inspiradas en criterios de comodidad o
bienestar a corto plazo, y seguir su opinión no esté desaconsejado por la
especial incidencia de otros criterios con los que, según la norma, debe ser
ponderada conjuntamente la opinión de los menores (Sentencias del TC
1637/2025, de 19 de noviembre, STC 124/2025, de 23 de enero, y STC nº 705/2021,
de 19 de octubre, entre otras).
En
suma, el derecho del menor a ser oído y escuchado forma parte del estatuto
jurídico indisponible de los menores de edad, como norma de orden público, de
inexcusable observancia, y, cuando este derecho debe ejercitarse en el seno de
un proceso, se conecta con el derecho a la tutela judicial efectiva, lo que ha
llevado a la sala, de acuerdo con la doctrina sentada por el Tribunal
Constitucional, entre otras, en sus sentencias TC nº 152/2005, de 6 de junio, y
71/2004, de 19 de abril, a entender que el incumplimiento de este derecho y
consiguiente omisión de la preceptiva audiencia del menor, bien porque se haya
denegado sin motivarlo adecuadamente o, simplemente, porque no se haya
practicado cuando era obligatoria, determina la declaración de nulidad, con
retroacción de actuaciones, para posibilitar su materialización, de forma que
se respete y garantice el ejercicio del derecho y, al mismo tiempo, su
resultado pueda contribuir al mejor conocimiento y más completa valoración de
las circunstancias concurrentes, y, en definitiva, a la adopción y debida
motivación de la decisión más correcta.
Pueden
citarse en esta línea las sentencias del TC 1677/2025, de 19 de noviembre; 1709/2024,
de 18 de diciembre; 371/2024, de 27 de mayo; 1147/2023, de 13 de julio;
577/2021, de 27 de julio; 308/2022, de 19 de abril; 648/2020, de 30 de
noviembre; 18/2018, de 15 de enero; y 157/2017, de 7 de marzo, entre otras.
D)
Decisión de la sala. Estimación parcial del recurso de casación.
1.-
En el caso enjuiciado, como pone de manifiesto el Ministerio Fiscal, las
menores Rosaura y Caridad no han sido oídas y escuchadas, a pesar de que cuando
se dicta la sentencia de segunda instancia, en fecha 2 de junio de 2025, ya
tenían doce años y seis meses y once años y cinco meses, respectivamente. El tribunal de apelación tampoco ha
justificado el motivo por el que no pudiera realizarse la audiencia ni ha
mencionado que pudiera entrañar algún perjuicio para las menores.
De
este modo, sin haberlas escuchado, la Audiencia decide revocar un sistema de
custodia que formalmente estaba en vigor desde que se pronunció la sentencia de
divorcio, el 27 de mayo de 2015, y, de facto, desde que se produjo la ruptura
de la relación y el cese de la convivencia, hacia el mes de septiembre de 2013.
Obsérvese
que, en el caso Rosaura, había cumplido la edad que determina ex lege el
derecho del menor a ser oído, además de que, según el informe pericial emitido
por el Equipo Psicosocial y los informes del PEF, era quien mostraba más
rechazo no solo a la realización de las visitas, sino en general a cualquier
contacto con el padre. Con relación a Caridad, su edad y madurez, plasmada en
los referidos informes, lleva a presumir una capacidad de discernimiento que
justificaba igualmente su derecho a ser escuchada.
La
Audiencia desatendió el derecho de ambas menores, vinculado a su derecho
fundamental a la tutela judicial efectiva, a expresar su voluntad, deseos,
sentimientos y opiniones, así como a transmitir su percepción de la
problemática familiar y de las relaciones paternofiliales. Si a ello se añade
que no nos encontramos ante una medida tangencial o de escasa entidad, sino que
se cambia radicalmente un sistema de guarda y custodia materna que llevaba doce
años funcionando, esto es, prácticamente, durante toda la vida de ambas
menores, al que se une la suspensión del régimen de visitas de la madre, y, por
ende, la ruptura de todo contacto personal con su progenitora que, a lo largo
de todo este tiempo, aunque de manera sesgada o negativa según las sentencias de
primera y segunda instancia, había asumido su atención y cuidado, lo que
imponía un especial deber de valorar las ideas de las menores y el impacto
emocional que podía entrañar, que a su vez exigía darles la oportunidad de
expresarse ante el tribunal, entendemos que la infracción denunciada debe dar
lugar a declarar la nulidad de la sentencia, a fin de que se subsane la omisión
y se lleve a cabo la audiencia de las menores.
Nótese
que la vulneración de este derecho, al margen de la denuncia formulada por el
Ministerio Fiscal, puede y debe ser apreciada de oficio, como afirmamos en la
sentencia 157/2017, de 7 de marzo, con cita de otras anteriores:
«En
relación a la falta de exploración de la hija, esta sala se ha pronunciado con
reiteración respecto a la necesidad de ser oído el menor en los procedimientos
que directamente les afectan. La sentencia de 20 de octubre de 2014 establece
lo siguiente: "La aparente contradicción entre el Código Civil y la Ley de
Enjuiciamiento Civil, viene a ser aclarada por la Ley del Menor y por el
Convenio sobre Derechos del Niño, en el sentido de que cuando la edad y madurez
del menor hagan presumir que tiene suficiente juicio y, en todo caso, los
mayores de 12 años, habrán de ser oídos en los procedimientos judiciales en los
que se resuelva sobre su guarda y custodia, sin que la parte pueda renunciar a
la proposición de dicha prueba, debiendo acordarla, en su caso, el juez de
oficio". En este mismo sentido la sentencia del Tribunal Constitucional de
6 de junio de 2005».
Y,
más recientemente, en la sentencia del TC nº 1709/2024, de 18 de diciembre, cuya doctrina
reproduce la sentencia del TC nº 1677/2025, de 29 de noviembre, se insiste en que:
«el
tribunal, con independencia del cumplimiento o no por la parte de los
requisitos procesales, estaba obligado de oficio a garantizar la audiencia del
menor».
2.-
Aunque la declaración de nulidad priva de efecto útil a los dos motivos del
recurso de casación, para evitar cualquier confusión cumple hacer unas
precisiones acerca del primero, relativo al deber de motivación, y al que se
adhiere en parte el Ministerio Fiscal.
La
lectura de la sentencia revela que el tribunal explica de forma extensa los
motivos que justifican las decisiones adoptadas en relación con la guarda y
custodia de las menores y el régimen de visitas . Así, sobre la base de la
situación del maltrato detectada por el Equipo Psicosocial y la constatación, a
través de los informes del PEF posteriores a la sentencia apelada, de
incumplimientos reiterados, que entiende solo pueden deberse a la conducta de
la madre, el tribunal se plantea si está justificado o no extraer a las menores
de un entorno en el que están integradas y, en interés de las mismas, opta por
la separación al concluir de manera indubitada y debidamente razonada que
resulta absolutamente perniciosa la continuidad de la guarda y custodia materna
ante la gravedad de los hechos que relata en el fundamento quinto de la
sentencia.
Frente
a lo que sostiene la recurrente, la decisión de la Audiencia no se limita
simplemente a mencionar o a remitirse a la existencia del informe pericial,
sino que realiza una detenida valoración de todas las circunstancias
concurrentes a la luz de la prueba practicada, incluida la documental y el
informe de la psicóloga emitido a instancia de la madre, y acuerda el cambio de
custodia ante el convencimiento de que las conductas de la madre no cesarán
(vistos los informes del PEF) y de que éstas suponen una forma de maltrato
hacia las hijas.
Y
lo mismo sucede respecto a la decisión de no fijar un régimen de visitas , que
se argumenta «ante la gravedad de las conductas violentas contra el padre que,
como se desprende de los informes aludidos y de las sentencias condenatorias
obrantes en autos, viene ejerciendo sobre el padre; así como ante la gravedad
de la abierta obstrucción de la normal percepción para los menores de la figura
paterna que, como claramente se infiere de los informes emitidos por el PEF, ha
conducido a la ausencia de contacto con las hijas prácticamente durante unos
cuatro años». De esta manera, según infiere del informe pericial y los informes
del PEF, la Audiencia considera nos hallamos ante una «clara conducta
continuada y persistente de atentado contra la integridad física del progenitor
y moral de los hijos», que en aplicación del art. 94 párrafo cuarto del Código
Civil, excluiría la posibilidad de establecerlas.
La
recurrente alega que no se ha acreditado una situación de desprotección,
maltrato, negligencia o abandono de las menores que le sea imputable. Mas esta
afirmación se aparta de uno de los presupuestos fácticos que constituyen la
razón decisoria de la sentencia, sin que se haya cuestionado a través del cauce
legalmente establecido la apreciación de la prueba realizada en la sentencia de
apelación, en la que, por otra parte, no se observa error patente o valoración
ilógica o irracional de ninguna clase.
En
definitiva, una cosa es que la parte pueda discrepar de la valoración de la
prueba realizada por la Audiencia y de las decisiones adoptadas para tratar de
recuperar la relación paternofilial y normalizar la situación interfamiliar, y
otra muy distinta que exista un déficit de motivación, antes al contrario, la
sentencia expone detenidamente las razones por las que, a partir del
presupuesto fáctico que considera acreditado a la luz de la prueba practicada,
adopta las medidas que considera adecuadas sobre la guarda y custodia y el
régimen de visitas .
Asimismo,
tras acordar el cambio de la guarda y custodia a favor del padre y la
suspensión provisional del régimen de visitas para la madre , la sentencia de
apelación alude a la situación de precariedad de aptitudes y disponibilidades
del progenitor -no por falta de capacidad y habilidades, sino por la presión a
la que se siente sometido- para hacerse cargo con normalidad de las funciones
de la guarda y custodia que, en atención a la prueba practicada, atribuye a su
favor. Y, a continuación, al apreciar que «concurre situación de urgencia que
precisa de la atención inmediata de la Entidad Pública», dispone que se le
comunique la sentencia a fin de que «si así se apreciara en el ámbito de su
competencia, se asuma la guarda provisional».
Esta
decisión no incurre en falta de motivación, pues se toma sobre la base de que
existe una situación de urgencia a la que debe darse respuesta. Situación de
urgencia que viene dada, según la Audiencia, por la necesidad de cambiar de
forma inmediata el sistema de guarda y custodia «ante la gravedad de las
conductas violentas contra el padre...; así como ante la gravedad de la abierta
obstrucción de la normal percepción para los menores de la figura paterna que,
como claramente se infiere de los informes emitidos por el PEF, ha conducido a
la ausencia de contacto con las hijas prácticamente durante unos cuatro años» y
«la situación de precariedad de aptitudes y disponibilidades del progenitor
para hacerse cargo con normalidad de las funciones de la guarda y custodia».
Cuestión
distinta es que la intervención de la Entidad Pública a que se refieren los
arts. 14 y 14 bis LOPJM encuentra su razón de ser en la obligación de prestar
la atención inmediata que precise cualquier menor, incluida la guarda
provisional, en ausencia de una resolución judicial, actuación que será
inmediata cuando la urgencia del caso lo requiera. Como se deduce del tenor del
citado art. 14, se trata de actuaciones ante una realidad fáctica que exige una
determinada respuesta en interés del menor. Pero esas actuaciones son previas a
la eventual existencia de un procedimiento judicial, de forma que, de
apreciarse por el tribunal que conoce de un determinado asunto una posible
situación de desamparo deberá adoptar las medidas de protección que estime pertinentes,
con traslado al Ministerio Fiscal, sin que proceda limitarse a comunicar a la
Entidad Pública la posible situación de urgencia para que sea ésta la que
adopte medidas que afectan o pueden dejar sin efecto las ya decididas por el
juez o tribunal o que en paralelo se decidan en un procedimiento ya
judicializado.
3.-
El Ministerio Fiscal considera que hubiera resultado precisa, no solo la
exploración de las menores, sino una serie de informes especializados
adicionales que confirmaran el diagnóstico y en los que poder apoyarse para que
el cambio se produjera sin las cautelas que el informe pericial recomendaba o
que, incluso, pudieran proponer otro sistema transitorio que compatibilizara
mejor el bienestar de los menores con la necesidad ineludible de apartarlos de
la desprotección detectada.
El
art. 92 apartado 9 CC, tras la reforma operada por la Ley 15/2005, de 8 de
julio, dispone que «[e]l Juez, antes de adoptar alguna de las decisiones a que
se refieren los apartados anteriores, de oficio o a instancia de parte, del
Fiscal o miembros del Equipo Técnico Judicial, o del propio menor, podrá
recabar dictamen de especialistas debidamente cualificados, relativo a la
idoneidad del modo de ejercicio de la patria potestad y del régimen de custodia
de las personas menores de edad para asegurar su interés superior».
Como
es sabido, el dictamen o informe psicosocial tiene por objeto evaluar la
situación familiar, la capacidad y distintos grados de competencia de los
progenitores para ejercer su responsabilidad parental, los proyectos de
parentalidad del padre y la madre, los vínculos afectivos y la relación paterno
y materno filial, los factores de riesgo que puedan entrañar las distintas
opciones, y, en general, cuantos elementos ayuden a valorar en el caso concreto
cuál es el interés superior del menor y qué medida o medidas resultan más
adecuadas o pueden contribuir de manera más efectiva a su consecución.
No
obstante, en el presente caso ya se realizó un informe pericial por el Equipo
Psicosocial (febrero de 2024), que incluye un informe psicológico y otro
social, y un segundo informe por la psicóloga propuesta por la demandante, a lo
que se unen los informes del PEF emitidos después de la sentencia de primera
instancia y hasta el mes de julio de 2024.
En
estas condiciones, ponderando el exhaustivo estudio contenido en el informe del
Equipo Psicosocial y la información proporcionada por los sucesivos informes
del PEF, consideramos que no procede ordenar la práctica de nuevos informes
adicionales. Ello sin perjuicio de que lo que la Audiencia pueda acordar, con
plena libertad, de estimarlo preciso o conveniente a la vista del resultado de
la audiencia de las menores y de las concretas circunstancias concurrentes al
tiempo de adoptar la decisión, a fin de resolver disponiendo de todos los
elementos de juicio posibles y, por tanto, con las mayores garantías para
asegurar que la decisión es conforme al superior interés de las menores.
4.-
Por lo expuesto, procede estimar el recurso de casación y, en consecuencia,
anular la sentencia recurrida y devolver las actuaciones a la Audiencia para
que escuche a las menores y les ofrezca la oportunidad de expresar su voluntad,
su sentir y su parecer, para con su resultado y, en su caso, la práctica de la
prueba complementaria que estime pertinente recabar, valore el contenido de aquélla
-siquiera sea para descartarlo- y el conjunto de circunstancias concurrentes en
la actualidad, el tribunal de apelación resuelva motivadamente sobre si procede
el cambio de guarda y custodia, y, en su caso, la fijación de un régimen de
visitas y demás medidas necesarias para su efectividad, o cualesquiera otras
alternativas que se consideren oportunas, siempre atendiendo al superior
interés de las menores.
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