La sentencia de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Granada, sec.
1ª, de 14 de julio de 2026, nº 1704/2026, rec. 2135/2023, desestima la apelación y adhesión
interpuesta, pues el baremo aplicable es meramente orientativo y no vinculante,
correspondiendo a los jueces concretar la indemnización en función de las
circunstancias personales y pruebas; además, se respeta la doctrina
constitucional que reconoce la potestad jurisdiccional plena sin limitación en
la valoración y cuantificación del daño.
En procedimientos de responsabilidad
patrimonial por mala praxis médica, los tribunales no están vinculados por
baremos de indemnización específicos, pudiendo fijar el quantum indemnizatorio
conforme a la valoración concreta de las secuelas, incapacidades y perjuicios
acreditados, respetando los criterios de razonabilidad y proporcionalidad.
El tribunal desestima el recurso de
apelación interpuesto por el Servicio Andaluz de Salud y confirma la sentencia
de instancia que estimó parcialmente la reclamación de responsabilidad
patrimonial y fijó la indemnización en 106.827,46 euros (actualizable). Se
considera adecuada la valoración de las secuelas, incapacidades y perjuicios
indemnizatorios realizada por el juzgador de primera instancia y rechaza la
apelación por falta de acreditación de error en valoración probatoria o
irracionalidad.
Asimismo, se confirma que la utilización
del baremo es meramente orientativa, no vinculante ni limitativa para fijar la
cuantía indemnizatoria, primando la compensación real y proporcional de los
daños.
Destaca la reafirmación de la facultad
jurisdiccional para fijar indemnizaciones en responsabilidad patrimonial según
criterios de valoración concreta no vinculados estrictamente a baremos
orientativos, enfatizando la importancia de la compensación ajustada a la
realidad del daño individualizado. Además, se subraya la exclusión de la
aplicación automática de la doctrina de pérdida de oportunidad cuando se
reconoce nexo causal directo en mala praxis.
A) Introducción.
La parte actora sufrió una presunta mala
praxis durante el tratamiento de estenosis lumbar, con daños derivados de una
caída por manipulación incorrecta durante una radiografía, que causó aumento de
lesiones y múltiples intervenciones quirúrgicas, resultando en secuelas
significativas como vejiga e intestino neurógenos y paraparesia, que motivaron
una reclamación por responsabilidad patrimonial contra el Servicio Andaluz de
Salud, quien inicialmente reconoció parcialmente dicha responsabilidad y fijó
una indemnización, cuestionada judicialmente.
Tras la intervención lumbar y una
posterior movilización durante una radiografía, la paciente sufrió
complicaciones y secuelas permanentes; el Servicio Andaluz de Salud reconoció
responsabilidad patrimonial e indemnizó con 93.851,51 euros, y el juzgado elevó
la suma a 106.827,46 euros.
¿Procedía modificar la indemnización
fijada por el juzgado a raíz del recurso del Servicio Andaluz de Salud y de la
adhesión de la paciente a la apelación?.
Se desestimaron tanto el recurso del
Servicio Andaluz de Salud como la adhesión de la paciente y se confirmó la
indemnización de 106.827,46 euros, sin que se establezca un cambio de doctrina
ni una nueva fijación doctrinal.
Conforme al artículo 106.2 de la
Constitución y a los artículos 32 y 34 de la Ley 40/2015, la indemnización debe
reparar el daño antijurídico; el baremo de tráfico es solo orientativo y el
tribunal confirmó la cuantía por considerarla ponderada, sin apreciar error,
arbitrariedad ni valoración probatoria irracional, y no impuso costas en
apelación conforme al artículo 139.2 de la LJCA.
B) Antecedentes.
1º) Es objeto de impugnación en el
presente recurso de apelación la sentencia de fecha 31 de julio de 2023 dictada
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de los de Granada, por la que se estimó parcialmente el
recurso contencioso-administrativo interpuesto por el recurrente, hoy apelante,
frente a la Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
de fecha 15 de septiembre de 2022, que estima parcialmente la reclamación por
responsabilidad patrimonial presentada frente al Servicio Andaluz de Salud en
la cantidad de 93.851,51 €, y la sentencia de instancia fija la
indemnización en la suma de 106.827,46 euros.
Por auto de fecha 5 de octubre de 2023,
el Juez a quo hizo complemento de la sentencia acordando que el fallo de la
sentencia debía quedar redactado del siguiente modo:
"Estimar parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por D.ª Bernarda, representada por la procuradora D.ª Luisa Soraya Toro Vílchez, contra la resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, de 15 de septiembre de 2022, que estima parcialmente la reclamación de responsabilidad patrimonial solicitada al Servicio Andaluz de Salud, acordando una indemnización de 93.851,51 euros, condenando a dicha parte a indemnizar a la actora con 106,827,46 euros, sin intereses, de conformidad con el fundamento jurídico cuarto in fine. Dicha cantidad deberá de actualizarse a la fecha de la sentencia con arreglo al Índice de Garantía de la Competitividad, fijado por el Instituto Nacional de Estadística, en los términos previstos en el art. 34.3 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, resolviéndose en el correspondiente incidente la eventual discrepancia sobre la cantidad resultante".
2º) En el fundamento jurídico segundo de
la sentencia apelada se explica la causa de la solicitud por responsabilidad
patrimonial en los siguientes términos:
"SEGUNDO.- Se reclama como consecuencia de la presunta mala praxis en el tratamiento y abordaje de una estenosis de canal lumbar desde L3 a S1, siendo intervenida el 22 de diciembre de 20214 (sic). En ese sentido, se dice que, con ocasión de la realización de una radiografía de control, sufre mala manipulación por parte de los celadores, resbala y presenta un agudo cuadro de dolor a nivel lumbar irradiado hacia miembro inferior derecho con incapacidad para la flexión dorsal del pie (sic) derecho, provocada por la movilización del tornillo L5 derecho, lo que hace necesario una segunda intervención. Se refiere que, a partir de ahí, se hicieron necesarias un rosario de sucesivas intervenciones los días 26 de diciembre de 2014, 9 de enero de 2015 y 10 de abril de 2015. Como consecuencia de ello le ha quedado como secuela, "vejiga neurógena, intestino neurógeno y paraparesia del miembro inferior derecho con dolor neuropático constante a nivel lumbar irradiado a ambos miembros inferiores", que suponen una incapacidad permanente total para su actividad de ama de casa ya que precisa la asistencia de una tercera persona de manera constante. Se dice que ello lo corrobora el hecho de que la propia Junta de Andalucía le ha otorgado un grado de discapacidad del 76%. Además de denunciar el retraso en dictarse la resolución expresa, se indica que la estimación parcial de la reclamación conlleva la aceptación de la existencia de funcionamiento anormal del servicio sanitario de la aplicación del baremo de tráfico para el cálculo de la indemnización , centrando el debate por la lesión incompleta de cola de caballo (síndrome de cola de caballo), señalándose que nos encontramos ante unas secuelas derivadas directa y exclusivamente de una lesión medular incompleta provocada única y exclusivamente por una mala praxis médica. Se invoca al efecto el informe de D. Guillermo, que niega que las secuelas tengan que ver con la fibromialgia ni con la artrosis de columna, señalando que el problema en la función de los esfínteres trae causa del síndrome de cola de caballo producida por el resbalón o recalcón como consecuencia de la mala manipulación. En cuanto a los motivos de discrepancia en el cálculo de la indemnización , se reclaman 50 puntos frente a los 40 que concede el SAS. En lo que se refiere al factor de corrección, el SAS aprecia incapacidad parcial para la actividad habitual de ama de casa con un valor máximo de 19.172,54 euros, cuando se entiende que concurre la total, con secuelas permanentes que impiden totalmente la realización de las tareas de ocupación o actividad habitual de la incapacitada, solicitando indemnización fijada en una cantidad situada en la zona media de la horquilla (50.000 euros). En lo que se refiere al concepto de personas afectadas con secuelas permanentes que requieren la ayuda de otras personas para realizar las actividades más esenciales de la vida, el SAS no otorga cantidad alguna, reclamándose 383.345,65 euros teniendo en cuenta tres turnos de 8 horas de cuidador un y una esperanza de vida de 20 años. Finalmente, en cuanto a los perjuicios morales de familiares, considera ajustado la cantidad de 70.000 euros por este concepto.
En cuanto a las discrepancias por las secuelas, se reiteran los 50 puntos por el síndrome de cola de caballo incompleto. Se muestra igualmente discrepancia sobre factores de corrección ya que, la incapacidad permanente total, con secuelas permanentes, impiden la total realización de las tareas de la ocupación o actividad habitual, invocando el problema de control de esfínteres (heces y orinas), justificando los 50.000 euros reclamados por este concepto y los 383.345,65 euros por la ayuda de otras personas para realizar las actividades más esenciales de la vida, así como los 70.000 euros los perjuicios morales de familiares, resumiendo su reclamación de 494.842,31 euros, en relación con la responsabilidad reconocida, en los siguientes términos:
- 10.564,20 euros por diferencias en cuanto al alcance de las lesiones.
- 30.827,46 euros por la incapacidad permanente total, con secuelas permanentes que impiden totalmente la realización de las tareas de la ocupación o actividad habitual.
- 383.345,65 euros por la ayuda de otras personas para realizar las actividades más esenciales de la vida.
- 70.000 euros los perjuicios morales de familiares.
Por su parte, la letrada del SAS se opone a la demanda y recuerda la historia clínica de la actora, mujer de 67 años con antecedentes de artrosis de columna, poliartrosis, gonoartrosis bilateral y fibromialgia, dando cuenta del diagnóstico de espondilolisis lumbosacra congénita. Se invoca al efecto el dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía de 26 de abril de 2022, que informa favorablemente la propuesta de resolución por la que se acuerda indemnizar a la actora la cantidad de 93.851,51 euros".
3º) Indemnización.
La sentencia de instancia concede, como
indemnización , la cantidad de 106.827,46 euros, que desglosa así: 30.827,46 euros, por la
incapacidad permanente total, con secuelas importantes que impiden totalmente
la realización de las tareas de la ocupación o actividad habitual; 6.000 euros,
por la ayuda de otras personas para realizar las actividades más esenciales de
la vida; y 70.000 euros, por los perjuicios morales de familiares.
Por otra parte, no concede los
intereses legales de la cantidad concedida porque considera que la cantidad
no era líquida y determinada (in illiquidis non fit mora).
C) La Administración Sanitaria funda su recurso
de apelación en dos motivos, a saber: 1) Infracción del artículo 106.2 de la CE
y de los artículos 32 y 34 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público; 2) Error en la valoración de la prueba documental.
El primer motivo lo desarrolla afirmando
que no procedería el abono de 76.000 euros, en aplicación de la doctrina de la
pérdida de oportunidad, una vez reconocido por el SAS la existencia de nexo
causal entre la asistencia sanitaria prestada y unos concretos daños generados
a la Sra. Bernarda, dado que, como la misma sentencia de instancia recoge, la
doctrina sobre la pérdida de oportunidad se ha configurado como una figura
alternativa a la quiebra de la lex artis que permite una respuesta
indemnizatoria en los casos en que tal quiebra no se ha producido y, no
obstante, concurre un daño antijurídico del funcionamiento del servicio.
En relación con la cuantificación de la
indemnización abonada por el SAS, la resolución de 15 de septiembre de 2022, en
defecto de una normativa específica en materia de daños físicos por
responsabilidad patrimonial de la Administración, aplicó, por resultar
orientativo, el Baremo del Real Decreto 8/2004, de 29 de octubre, que aprueba
el Texto Refundido de la Ley por responsabilidad civil y seguro en la
circulación de vehículos de motor, y, según el Baremo establecido en la
resolución de 5 de marzo de 2014, de la Dirección General de Seguros y Fondos
de Pensiones, por la que se da publicidad a las cuantías de las indemnizaciones
de aplicación durante 2014, actualizando dicha cuantificación al IPC acumulado
desde diciembre de 2014, y señala los conceptos de esta cuantificación
distinguiendo los conceptos de SECUELAS, INCAPACIDAD TEMPORAL Y FACTORES DE
CORRECCIÓN.
El segundo motivo señala que, atendiendo
de una parte a la doctrina sobre la no aplicación de la doctrina sobre pérdida
de oportunidad en aquellos casos, como el presente en el que se ha abonado
indemnización por entender que existe relación causal entre la asistencia
sanitaria y el daño causado a la parte reclamante, y de otra parte a la
doctrina jurisprudencial que estima que procede una reducción o moderación de
las cantidades indemnizatorias en atención a la edad, estado y patologías
previas padecidas por la paciente, solicita la estimación (sic) del presente
recurso.
D) Pues bien, el recurso de apelación
del Servicio Andaluz de Salud no puede prosperar.
En relación con la determinación del
quantum indemnizatorio, la Sala tiene que advertir que no está vinculada por
ningún baremo en punto a la fijación de la indemnización que, en cada caso,
corresponda, y solamente, si se tratara de un siniestro derivado de la
circulación rodada o de tráfico, serviría como criterio orientativo, como
declarara la sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional 181/2000, de 29 de
junio de 2000, que resolvió diversas cuestiones de inconstitucionalidad contra
la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro de Circulación de Vehículos a
Motor, según la redacción dada por la Disposición Adicional Octava de la Ley
30/1995, de 8 noviembre, de Ordenación y supervisión de Seguros Privados, al
Texto Refundido en su día aprobado por el Decreto 632/1968, por supuesta
vulneración de los artículos 9.3, 14, 15 24.1 y 117.3 de la Constitución.
Esta sentencia es citada en la de la
Sala Segunda del Tribunal Constitucional 21/2001, de 29 de enero de 2001
(recurso de amparo 2296/1998), en cuyo fundamento jurídico 4 dejó dicho:
"(...) Queda por examinar la queja por la que se aduce la vulneración del art. 24.1 CE . Debe señalarse en primer lugar que, como sostuvimos en la STC 181/2000 , F. 19, el sistema de valoración de daños previsto en el anexo de la Ley 30/1995, «en modo alguno interfiere en el adecuado ejercicio de la potestad jurisdiccional, puesto que corresponde a cada Juez o Tribunal verificar, con arreglo a lo alegado por las partes y lo que hubiese resultado de la prueba practicada, la realidad del hecho dañoso y la conducta e imputación del agente causante del daño, determinando su incidencia en relación con los daños producidos; así como subsumir los hechos en las normas, seleccionado e interpretando el Derecho de aplicación al caso, lo que supone, cuando fuese pertinente, concretar los diversos índices y reglas tabulares que utilizar para el cálculo de las indemnizaciones a que hubiese lugar». Por ello entendimos que de la mayor o menor densidad de los contenidos normativos que, en lo que atañe a la valoración y cuantificación de los daños personales, presenta el régimen legal introducido por la Ley 30/1995, no se deriva restricción alguna de las facultades pertenecientes a Jueces y Tribunales para el ejercicio exclusivo «de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado», y por esta razón no apreciamos la vulneración del art. 117.3 CE alegada, y por los mismos motivos debemos desestimar ahora también la queja por la que se aduce que la aplicación del baremo ha limitado las funciones del órgano judicial, vulnerando el art. 24.1 CE (...)".
Reiterando lo anterior, la sentencia de
esta Sección 2437/2018, de 19 de diciembre de 2018 (recurso de apelación
587/2017), señaló en su fundamento jurídico cuarto, entre otras cosas, lo
siguiente:
"(...) Todo ello al margen de que conviene resaltar que la utilización del baremo tiene un carácter meramente orientativo, que sirve como guía para juzgador al objeto de introducir parámetros de objetividad; pero en ningún se puede pretender que el baremo contenga criterios vinculantes que limiten las facultades de concreción de la indemnización , de tal manera que no es contrario al ordenamiento jurídico que se ajuste o fije el importe apartándose del mismo al objeto de procurar una compensación plenamente ajustada a las circunstancias personales, económicas, o de cualquier otro tipo que así lo aconsejen. Como indica la STS Sala 3ª de 14 octubre 2016 "en relación con la posible aplicación del baremo al ámbito de la responsabilidad patrimonial, éste tiene un carácter meramente orientativo, no vinculante, ni obligatorio, con la única finalidad de introducir criterios de objetividad en la determinación del "quantum" indemnizatorio, pero no puede citarse como de obligado, exacto y puntual cumplimiento, sin que limite las facultades de la Sala en orden a la concreción de la indemnización que estime procedente para procurar la indemnidad del perjudicado en atención a las concretas circunstancias que concurran. Así, en nuestra sentencia de 28 de septiembre de 2015 (casación 3088/13), decíamos que esta Sala ha proclamado, de forma reiterada, en las sentencias del TS de 10 de abril de 2008 (recurso 7045/2003 ), STS de 9 de junio de 2009 (recurso 1822/2005 ), STS de 17 de julio de 2014 (recurso 3724/2012 ), y en las allí citadas, que la determinación del "quantum" indemnizatorio es un juicio de valor que está reservado a los Tribunales de instancia y ha de ser respetado en casación, en tanto no se demuestre el error, su irracionalidad o la infracción de las normas que regulen la valoración de los medios probatorios, o se trate de una valoración absurda o arbitraria, circunstancias que no se invocan, y menos aún se justifican en este motivo por la parte recurrente"".
La Sala, aun aceptando la dificultad de
mensurar en una cantidad concreta la indemnización en supuestos como el
sometido ahora a nuestro enjuiciamiento, considera justa y ponderada la suma de
106.827,46 euros determinada por la sentencia de instancia, lo que comporta, también, la
desestimación de la adhesión al recurso de apelación formulada por el apelante,
en la que solicitaba una indemnización de 388.014,85 euros, y la desestimación
del segundo motivo del recurso de apelación sustentado en el error en la
valoración de la prueba documental por resultar incompatible con lo que hemos
razonado anteriormente.
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