La sentencia de la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, sec. 1ª, de 16 de octubre de 2026,
nº 5457/2026, rec. 4183/2025, declara
que en el caso de una pensión no contributiva, la convivencia física entre
cónyuges separados judicialmente no implica la existencia de una unidad
económica de convivencia a efectos del cómputo de ingresos para mantener la
pensión si no existe una reconciliación legal notificada al juez, por lo que no
deben computarse los ingresos del cónyuge separado judicialmente que convive en
el mismo domicilio.
En el caso de una pensión no
contributiva no deben computarse los ingresos del cónyuge separado
judicialmente por el mero hecho de convivir en el mismo domicilio.
La Sala de lo Social del Supremo da la
razón al prestatario (actor), confirmando que la mera convivencia física en el
mismo domicilio con el cónyuge separado judicialmente no configura una unidad
económica de convivencia para efectos del cómputo de ingresos que condicionan
la prestación de la pensión no contributiva. Se fundamenta en la doctrina del
Tribunal Supremo que establece que la vida en común matrimonial queda
suspendida con la sentencia de separación y la reanudación de la convivencia
debe ser notificada judicialmente para surtir efectos legales.
La administración no acreditó la
existencia de dependencia económica ni manipulación fraudulenta, por lo que no
se justificaba el cómputo de los ingresos del excónyuge. Por ello, se estima la
demanda, se revoca la resolución administrativa que extinguió la pensión y se
declara el derecho del actor a percibir dicha pensión durante el período
cuestionado.
El fallo implica la confirmación de la
doctrina previa y no supone un cambio o fijación doctrinal novedoso, sino la
correcta aplicación de la jurisprudencia existente.
La sentencia destaca la aplicación del
criterio jurisprudencial de que la convivencia de hecho entre cónyuges
separados judicialmente no constituye unidad económica a efectos de
prestaciones sociales salvo que exista una reconciliación formal y notificada,
aclarando los efectos jurídicos de la convivencia en el mismo domicilio en
supuestos de separación legal en el ámbito de pensiones no contributivas.
A) Introducción.
1º) A una persona beneficiaria de una pensión de jubilación no
contributiva se le extinguió la prestación y se le reclamaron cantidades por
considerar que los ingresos de su cónyuge, del que estaba judicialmente
separada pero con quien compartía domicilio, excedían el límite de recursos.
El actor, beneficiario de una pensión de
jubilación no contributiva desde 2007, estuvo separado judicialmente de su
cónyuge desde 2007 sin pensión alimenticia establecida y ambos mantuvieron
domicilio común desde 2013, con el actor siendo usufructuario del 50% del
inmueble y la excónyuge titular del resto; la administración extinguió la
pensión a partir de 2022 por superar los recursos económicos de la unidad
económica que se determinó incluyendo los ingresos de la excónyuge,
considerando la convivencia en el mismo domicilio como una unidad; el actor
impugnó dicha decisión alegando que, por separación judicial y ausencia de reconciliación formal, no existía
unidad económica de convivencia conforme al artículo 369.1 del TRLGSS.
¿Deben computarse los ingresos del
cónyuge judicialmente separado que reside en el mismo domicilio para determinar
la existencia de una unidad económica de convivencia y el derecho a la pensión
no contributiva?.
No deben computarse esos ingresos por la
sola convivencia en el mismo domicilio; se desestima el recurso de la
Generalitat de Catalunya y se confirma la sentencia, aplicando la doctrina
existente sin fijar un cambio doctrinal.
Conforme a los artículos 363.4 de la
LGSS y 13 del Real Decreto 357/1991, la separación judicial suspende la vida en
común con relevancia jurídica y compartir domicilio no acredita por sí solo una
unidad económica, criterio respaldado por la jurisprudencia del Tribunal
Supremo y del TSJ de Cataluña.
2º) Para que la reanudación de la
convivencia entre cónyuges separados legalmente tenga efectos jurídicos y
constituya una unidad económica a efectos de prestaciones sociales, es
imprescindible que exista una reconciliación formal notificada al juzgado.
Compartir techo por razones prácticas o
patrimoniales no acredita por sí solo la existencia de una unidad económica de
convivencia. Dado que la Administración no demostró dependencia económica real
ni ánimo fraudulento, la inclusión de los ingresos del excónyuge carecía de
base legal.
B) Antecedentes.
Se ha formalizado por el Departamento de
Drets Socials i Inclusión de la Generalitat de Catalunya recurso de suplicación
contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº. 3 de los de
Sabadell en fecha 24/3/2025. Sentencia en la que, y como se ha visto, se estima
la demanda presentada por don Juan Pedro y se acuerda "...revocar la
resolución de 13.5.2024, por la que se extingue la pensión de jubilación no
contributiva con efectos de 1.1.2022 y se reclama la cantidad de 13.679,91.-€
por cobro indebido de PNC, reconociendo el derecho del actor a percibir prestación,
dejando sin efecto la reclamación de cantidad por cobro indebido y condenando
al demandado a estar y pasar por los efectos legales de esta declaración"
(v. fallo de la sentencia). Registra el Juzgado en la relación de hechos
probados de la sentencia recurrida cómo al Sr. Juan Pedro "...le fue
reconocida prestación de jubilación no contributiva por resolución de 7 de
agosto de 2007 constando como domicilio la Calle Torres nº 10. En expediente
administrativo consta aportada Sentencia de dictada el 26.2.2007 por Juzgado 1ª
Instancia nº 3 de Hospitalet de Llobregat en procedimiento 107/2007, en la que
se declara la separación de los cónyuges - Tatiana y Juan Pedro- aprobando
convenio regulador en el que no se establece pensión alimenticia a favor de
ninguno de los cónyuges y que la esposa reside en domicilio sito en
DIRECCION002, DIRECCION003 y el actor en DIRECCION002, DIRECCION004..."
(apartado primero); que "el actor consta de alta en padrón municipal de
Palau de Plegamans desde el 7.4.2009 en el domicilio sito en DIRECCION005,
donde también consta domiciliada la Sra. Tatiana desde 1.7.2013. El actor es
titular de derecho de usufructo de 50% sobre el inmueble sito en DIRECCION005 de
Palau de Plegamans y Tatiana es titular del 50% de la propiedad y del 50% de la
nuda propiedad. En fecha 24.5.2023 el actor comunicó a Departamento de Drets
Socials un cambio de domicilio, fijando el sito en DIRECCION005 de Palau de
Plegamans..." (apartado segundo); que "en fecha 13.5.2024 se dictó
resolución por la que, revisados los requisitos por los cuales se le reconoció
pensión no contributiva, se acuerda extinguir el derecho a pensión de
jubilación no contributiva con efectos 1/2022 por igualar o superar los
recursos económicos de la unidad económica de convivencia de que usted forma
parte el límite de acumulación establecido en art. 369.1 TRLGSS. A partir de
1.2024 determinar nuevamente el pago de la pensión de invalidez no contributiva
en la cuantía y con efectos económicos reconocidos en la resolución. Se indica
que los datos que comportan la pérdida de pensión son: Año 2022: recursos de la
unidad económica de convivencia: 11.368,80.-€ (Cónyuge. Pensión: 6568,80.-€,
inmueble: 4.800.-€ siendo el límite de acumulación de recurso de 10.029,32.-€);
Año 2023: Recursos de la unidad económica de convivencia: 11.821.-€ (Cónyuge.
Pensión: 7021.-€, inmueble: 4.800.-€, siendo el límite de acumulación de
recurso de .10.029,32.-€; Año 2024: Recursos de la unidad económica de
convivencia: 12.199.-€ (Cónyuge. Pensión: 7399.-€, inmueble: 4.800.-€, siendo
el límite de acumulación de recurso de .12.326.-€. Se comunica que se ha
producido un cobro indebido de 13.679,91.-€ correspondiente a periodo de
1.1.2022 a 1.4.2024 por importe de 13.679,91.-€..." (apartado tercero);
que "el actor presentó reclamación previa el 12.7.2024 en la que alegaba
que no procedía computar los ingresos de la Sra. Rosana al estar separado
legalmente desde 2007 y convivir en el mismo domicilio al ser titular del 50%
de usufructo del inmueble, sin que exista unidad económica que define art. 369
TRLGSS. Siendo así, cumple los requisitos para ser beneficiario de la pensión
no contributiva al no obtener otros ingresos que la citada pensión...."
(apartado cuarto); que "por resolución de 20.9.2024 se desestimó la
reclamación previa ratificando la resolución de 9.5.2024 por la que: Se
extinguía la pensión de jubilación no contributiva en periodo de 1.1.2022 a
31.12.2023 por igualar o superar los recursos económicos de la unidad de
convivencia el límite de acumulación previstos legalmente. A partir de 1.1.2024
determinar nuevamente el derecho a percibo de pensión de jubilación no
contributiva en cuantía de 362,53.-€..." (apartado quinto). Se referirá
por el Juzgado a continuación, ya en la relación de fundamentos jurídicos y
dicho sea en resumen de sus consideraciones, que "...el objeto de este
procedimiento es resolver sobre si el actor reúne el requisito de límite de
ingresos para ser perceptor de pensión de jubilación no contributiva en periodo
de 1.1.2022 a 1.1.2024, cuando consta que no obtuvo ingresos, o bien, procede
computar los ingresos obtenidos por su esposa en el periodo de 2022 a 2024, con
quien consta que convivía desde 2013 a pesar de tener sentencia del año 2007
por la que se declaraba la separación del matrimonio....." (apartado
segundo); que "....los efectos de reanudación de convivencia de cónyuges
tras resolución judicial que declara la separación matrimonial ha sido
analizada por el Tribunal Supremo a efectos de acceso a pensión de viudedad y
se ha establecido doctrina jurisprudencial por la que se niega efectos legales
a la reanudación de convivencia que no haya sido notificada al juez civil....
(y) en conclusión, la "vida en común" que se presume por el
matrimonio ( art. 69 CC) se suspende con la sentencia de separación ( art. 83
CC), lo que, por cierto, no es incompatible con la reanudación temporal de la
"vida en el mismo domicilio" (argumento a sensu contrario de la
previsión del art. 87 CC) porque se trata de una situación distinta
-precisamente porque no hay reconciliación- de la "vida en común" que
es propia de la convivencia conyugal....y para que la reanudación de esa
convivencia pueda dejar "sin efecto ulterior lo resuelto en el
procedimiento de separación" (art. 84, párrafo primero) es necesario que
"los cónyuges", es decir los dos de consuno y no uno solo, la pongan
en conocimiento del juez civil que entendió de la separación....mientras tanto
no es posible hablar de convivencia con relevancia jurídica a los efectos que
se discuten....".... (y que) si bien la doctrina que se cita se ha
establecido a efectos de acceso a pensión de viudedad, nada impide su
aplicación al presente caso, en el que procede interpretar si la mera convivencia
entre cónyuges separados judicialmente comporta la existencia de unidad
económica a efectos de límite de ingresos para acceder a pensión no
contributiva, según dispone el art. 363.4 TRLGSS .... (y) siendo así,
considerando que el Tribunal Supremo ha estimado que en estos casos no cabe
estimar la restitución de "la vida en común" que se presume en el
matrimonio, es por lo que consideramos que no procede computar los ingresos
obtenidos por quien fue esposa del actor al no constar convivencia con
relevancia jurídica.... (y) además, cabe señalar que la doctrina judicial ha
resuelto la cuestión objeto de debate en Sentencias de TSJ Catalunya de
2.5.2017 (rec. 7543/16) y de TSJ Galicia de 14.3.2019 (rec. 4305/18) en las que se cita la jurisprudencia dictada
en interpretación de art. 13 RD 357/1991 en relación a supuestos en que los
cónyuges constaban separados de hecho, y no de derecho, estableciendo, a sensu
contrario, los efectos de convivencia cuando estamos ante separación
judicial... (y) como argumento de cierre, la interpretación efectuada, dadas
las circunstancias concurrentes, se estima acorde con la doctrina de la Sala
Cuarta del Tribunal Supremo contenida en la sentencia de 27 de enero de 2.009
(recurso 1354/2008 ), al recordar , con cita de las sentencias de 27 de
diciembre de 1.988 y 3 de junio de 1.975 , que "es imperativo que las
normas de la Seguridad Social en cuanto partícipes del mejoramiento y progreso
constitutivo de la Justicia como fundamento de todo Derecho, deben
interpretarse de forma y modo que su aplicación no frene su dinamismo
progresivo, acorde con las garantías de asistencia y prestaciones sociales que
postula la Constitución, en cuanto inherentes al Estado Social y de Derecho....
(por lo que) procede estimar la demanda presentada y revocar la resolución
impugnada, por la que se extingue el derecho de la actora al percibo de pensión
de jubilación no contributiva con efectos de 1.1.2017..." (apartados
cuarto y quinto de la relación de fundamentos jurídicos).
C) Valoración jurídica.
Articula la recurrente su recurso a través de un único «motivo», formulado por el cauce procesal previsto en el art. 193.c de la L.R.J.S., interesando de la Sala la revocación de la sentencia recurrida y la absolución de las peticiones contenidas en la demanda, con confirmación de la resolución administrativa impugnada en el procedimiento de 13/5/2024.
Considera que, con la sentencia recurrida, «…se está efectuando una
analogía con un supuesto de hecho que en realidad es diferente… no solo por la
naturaleza de la prestación, sino porque, según se desprende de los
antecedentes, en el momento de dictarse la resolución no consta que existiera
una disolución del vínculo matrimonial, sino una sentencia de separación
judicial, no de divorcio… (cuando), según se establece en el artículo 86 del
Código Civil, el matrimonio se disuelve por divorcio… (y), en este sentido, la
gestión administrativa del Departamento de Derechos Sociales e Inclusión está
amparada en la aplicación del artículo 363.4 de la LGSS y del artículo 13 del
Real Decreto 357/1991, que determinan que en todos los casos estarán integradas
en la unidad económica de convivencia las personas que convivan con el
pensionista/solicitante en el mismo domicilio y estén unidas a él por
matrimonio o vínculos de parentesco por consanguinidad hasta el segundo grado…
(que) la instrucción de gestión delegada del IMSERSO de fecha 27/02/2022,
A/I.133, de obligado cumplimiento para el órgano gestor a fin de garantizar la
gestión unificada de las PNC en todas las comunidades autónomas del territorio
nacional, establece la composición de la unidad económica de convivencia en los
casos de cónyuges separados legalmente que conviven en el mismo domicilio… (y),
de acuerdo con esta instrucción, la separación legal produce la suspensión de
la vida en común de los cónyuges, pero no disuelve el vínculo matrimonial, cuya
disolución únicamente se produce con el divorcio, tal y como se recoge en el
Código Civil… (y que), por tanto, en este caso, teniendo en cuenta que no
existe sentencia de divorcio y que se ha acreditado que los cónyuges viven
juntos, debe considerarse que el cónyuge forma parte de la unidad económica de
convivencia a efectos de determinar el derecho y la cuantía de la pensión no
contributiva…».
D) Conclusión.
Una petición que, ya podemos adelantar,
no ha de ser estimada por la Sala.
Como recuerda el tribunal de instancia esta Sala ha analizado y resuelto la
cuestión que aquí se reproduce para concluir en un sentido distinto y contrario
al postulado por el Departamento recurrente haciéndolo además con un preciso
apoyo en la doctrina unificada (así STSJ de Cataluña de 2/5/2017 RS 7543/2016
que remite a STS 29/4/2015 Rcud 921/2010). Indicábamos al efecto que:
"....existiendo separación legal entre la actora y el Sr....en el momento en que fue extinguida la prestación, estimamos que no concurrían los requisitos para considerar que integraban una unidad económica, en los términos exigidos legalmente, por lo que no procedía computar los ingresos del primero para determinar la concurrencia del requisito de carencia de rentas de la segunda..... (aunque) desde la fecha de su separación judicial (insistimos, no mera separación de hecho), ambos vivían en diferentes habitaciones, no obstante compartir domicilio.... (y que) dado que existía separación familiar, la convivencia entre los excónyuges fuera de carácter matrimonial o conyugal, en la forma exigida por la Jurisprudencia, no obstante producirse en idéntico espacio físico.... (y que) pese a afirmarse en el recurso que nos encontramos ante un supuesto de dependencia económica e interdependencia de patrimonios, y que se trataría de una maniobra ficticia para obtener la pensión, ello no resulta constatado en el relato de hechos probados de la sentencia de instancia (pacífico en esta sede), lo que impide que por esta Sala sea considerado un dato acreditado..." (STSJ de Cataluña de 2/5/2017 cit).
Consideraciones que, tenemos por evidente, resultan de
aplicación al supuesto mencionado para el que, y negando como negábamos, que
puedan considerarse concurrentes los requisitos para para identificar una
unidad económica integrada por el Sr. Juan Pedro y la Sª. Tatiana, no podemos
sino descartar que, y con la sentencia recurrida, hayan resultado infringidos
los citados arts. 363.4 de la L.G.S.S. y 13 del R.D. 357/1991, debiendo
confirmarse la misma en todos sus términos.
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