La sentencia de la Sala de lo Social del
Tribunal Supremo, sec. 1ª, de 20 de octubre de 2026, nº 832/2026, rec. 332/2025,
declara que las cotizaciones
por jubilación que el SEPE ingresa en la Tesorería General de la Seguridad
Social durante el subsidio para mayores de 52 años no se computan como renta de
la persona beneficiaria ni de su unidad económica de convivencia al calcular
una pensión no contributiva, porque no se incorporan a su patrimonio ni
sustituyen ingresos de trabajo.
El Tribunal Supremo da la razón a la
beneficiaria y reitera la doctrina que ya había establecido en resoluciones
anteriores. Considera que las cotizaciones efectuadas por el SEPE no
constituyen una renta computable: no se entregan a la persona perceptora del
subsidio, sino que se ingresan en la Tesorería General de la Seguridad Social;
por ello, no representan una atribución patrimonial ni un ingreso sustitutivo
de rentas del trabajo.
La solución también es coherente con el
sistema de reparto, en el que las cotizaciones no generan un fondo individual
de titularidad del cotizante. Computarlas como renta podría, además, llevar a
una doble imputación económica, al considerar primero las cotizaciones y
después la pensión contributiva que pudiera derivarse de ellas, desvirtuando la
finalidad asistencial de las pensiones no contributivas.
En consecuencia, estima el recurso de
casación para la unificación de doctrina, anula la sentencia del Tribunal
Superior de Justicia y confirma la del juzgado, que reconoció a la demandante
la pensión en las cuantías reglamentarias indicadas.
La sentencia precisa que la amplitud del
concepto de rentas computables en las pensiones no contributivas no permite
incluir automáticamente cualquier importe asociado a una prestación. Distingue
entre las cantidades efectivamente percibidas o que sustituyen rentas de
trabajo y las cotizaciones ingresadas directamente en la Seguridad Social, que
no constituyen ingresos patrimoniales de la unidad de convivencia. Asimismo,
confirma la aplicación de la misma doctrina tanto a las pensiones no
contributivas de invalidez como a las de jubilación.
A) Introducción.
1º) La demandante, con una discapacidad reconocida del 69 %,
percibía una pensión de invalidez no contributiva de cuantía reducida y pidió
que se incrementara. En su unidad de convivencia, formada por ella y su esposo,
este percibía el subsidio por desempleo para mayores de 52 años, con ingresos
anuales de 5.558,52 euros; además, el SEPE ingresaba cotizaciones por
jubilación en la Tesorería General de la Seguridad Social. La Administración
incluyó esas cotizaciones en el cómputo de los recursos familiares y denegó el
incremento.
Una perceptora de pensión no
contributiva de invalidez reclamó su incremento porque la Xunta de Galicia
computó como ingresos familiares, además del subsidio por desempleo de su
cónyuge, las cotizaciones por jubilación abonadas por el SEPE; el juzgado estimó
la demanda, pero el Tribunal Superior de Justicia de Galicia la desestimó.
¿Deben computarse como rentas de la
unidad económica de convivencia, para calcular una pensión no contributiva, las
cotizaciones por jubilación que el SEPE abona durante el subsidio por desempleo
para mayores de 52 años?.
No deben computarse esas cotizaciones
como rentas, por lo que el Tribunal Supremo estimó el recurso, restableció la
sentencia favorable a la perceptora y reiteró la doctrina ya establecida sobre
esta cuestión.
Conforme al artículo 363.5 de la LGSS y
al artículo 12 del Real Decreto 357/1991, solo son computables ingresos o
derechos efectivamente atribuidos al beneficiario, y las cotizaciones previstas
en los artículos 265 y 280 de la LGSS se ingresan en la Tesorería General de la
Seguridad Social, sin incorporarse a su patrimonio ni sustituir rentas de
trabajo; computarlas supondría además una doble imputación económica.
2º) Las cotizaciones por jubilación que
el SEPE ingresa en la Tesorería General de la Seguridad Social durante el
subsidio para mayores de 52 años no se computan como renta para calcular una
pensión no contributiva. Así lo establece la Sala de lo Social del Tribunal
Supremo en su sentencia n.º 832/2026, de 20 de octubre de 2026 (rec. 332/2025).
Fundamentos jurídicos de la sentencia:
- Ausencia de incremento patrimonial.
Según el artículo 363.5 de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS) y el
artículo 12 del Real Decreto 357/1991, solo computan los ingresos atribuidos al
beneficiario o que sustituyan rentas de trabajo, algo que no ocurre con
cotizaciones ingresadas directamente en la Tesorería General.
- Coherencia con el sistema de
reparto. Las aportaciones reguladas en los artículos 265 y 280 de la LGSS
no generan un fondo individual de titularidad del cotizante, sino que financian
el sistema público general.
- Prohibición de doble imputación.
Computar estas cuotas desvirtuaría el fin asistencial de la pensión no
contributiva y provocaría una doble valoración económica (primero por la
cotización y después por la futura pensión contributiva).
- Alcance de la doctrina. El
Tribunal Supremo confirma que este criterio se aplica por igual tanto a las
pensiones no contributivas de invalidez como a las de jubilación.
B) Antecedentes.
1.- La cuestión suscitada en el presente
recurso de casación para la unificación de doctrina es si, a los efectos del
cálculo de una pensión no contributiva (invalidez), deben o no computarse como
rentas de la unidad familiar las cotizaciones efectuadas por el SEPE al abonar
al cónyuge de la actora el subsidio de desempleo para mayores de 52 años. En
definitiva, si los ingresos por tal subsidio deben computarse en su importe
bruto, sin deducciones por cotizaciones a la Seguridad Social.
2.- La actora formuló demanda postulando
el derecho al incremento de la pensión no contributiva puesto que entendía que
no podían tenerse en cuenta las cotizaciones efectuadas por el SEPE en el
subsidio por desempleo, de tal suerte que solicitaba que se reconociera que el
total de los recursos de la unidad económica de convivencia durante el año 2022
ascendió a la cantidad de 5.558,52 euros, solicitando la condena de la entidad
gestora a que le abonase la pensión de invalidez no contributiva en la cuantía
reglamentaria, que ascendería a 319,34 euros mensuales con efectos del 1-1-2022
y 426,680 euros mensuales desde el 1-7-2022. Por el Juzgado de lo Social 4 de
Orense se estimó la demanda en sentencia núm. 75/2023 de 13 de febrero de 2023
(Autos 569/2022), sentencia que fue aclarada por auto de fecha 18 de abril de
2023 con el fin de incluir en su fallo la afirmación de que «el importe de la
cotización efectuada por el SEPE por el subsidio de desempleo para mayores de
52 años no se compute como ingreso de la unidad económica de convivencia».
3.- Recurrida en suplicación dicha
sentencia por la Xunta de Galicia, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia,
en su sentencia núm. 5851/2024 de fecha 13 de diciembre (r. suplicación
3832/2023) estimó el recurso y revocó la de instancia al considerar que sí
debían computarse esas cotizaciones para el cálculo de las rentas de la unidad
familiar, desestimando la demanda.
4.- Recurre ahora la actora en
unificación de doctrina invocando de contraste la sentencia del TSJ de Galicia
de 10 de abril de 2024 (R. 4310/2023) .
5.- Por la Xunta se impugnó el recurso
al considerar correcta la doctrina fijada por la sentencia recurrida.
6.- El Ministerio Fiscal interesó en su
informe la estimación del recurso.
C) Doctrina del Tribunal Supremo.
1.- Procede el análisis de la cuestión
de fondo, sobre la que, hemos ya de advertirlo, esta sala ha fijado doctrina
que expondremos a continuación para reiterarla.
La recurrente sostiene que no pueden
computarse las cotizaciones porque en realidad ese importe no se incorpora al
patrimonio de la unidad económica de convivencia, lo que a su juicio implica
una infracción del artículo 363.5 LGSS, pues entiende que cotizaciones
efectuadas por el SEPE no son cantidades realmente percibidas por el
beneficiario ni constituyen rentas sustitutivas del trabajo, sino aportaciones
destinadas exclusivamente a proteger futuras contingencias de jubilación,
insistiendo en que tales cotizaciones no tienen la consideración de salario en
especie ni aparecen reflejadas como rendimientos en la información fiscal
correspondiente.
Frente a su posición, la Xunta argumenta
que a la luz del propio art. 363 de la LGSS, 12 del Real Decreto 357/1991 y la
Orden PRE/3113/2009 se deduce que son computables las rentas derivadas del
trabajo, las prestaciones de naturaleza social y cualesquiera ingresos
sustitutivos de aquellas. Entiende que el subsidio para mayores de 52 años
comprende no solo la cantidad percibida mensualmente por el beneficiario, sino
también las cotizaciones por jubilación satisfechas por la entidad gestora,
pues tales cotizaciones poseen contenido económico cierto y constituyen una
ventaja patrimonial directamente vinculada al beneficiario de la prestación.
Afirma también que las rentas computables deben valorarse por su importe
íntegro o bruto, por lo que resulta procedente incluir las cotizaciones asumidas
por el SEPE en el cálculo de los recursos familiares. Y finalmente argumenta
que excluir dichas cotizaciones generaría un tratamiento diferenciado
injustificado respecto de los trabajadores por cuenta ajena, cuyos ingresos se
computan en términos brutos, lo que refuta la actora argumentando que a los
trabajadores se le computan los ingresos brutos incluyendo su parte de
cotización a la seguridad social, pero no la de la empresa, que es lo que
ocurre en el caso de las cotizaciones del SEPE, que actúa como empresa pagadora
y hace su aportación a la cotización a la Seguridad Social.
2.- Como dijimos antes, esta Sala ya ha
abordado y resuelto el debate que ahora se nos plantea en STS nº 184/2026 de 24
de febrero (rcud 2671/2024) y STS nº 828/2025 de 24 de septiembre (rcud
1749/2024) y a su doctrina hemos de estar.
En la primera de ellas se advertía del
contenido concreto de las normas de aplicación, destacando que sobre el
concepto de carencia de rentas el « artículo 363 LGSS, referido a la
incapacidad, es el precepto crucial en la materia que nos ocupa y reza así en
su apartado 5:
A efectos de lo establecido en los
apartados anteriores, se considerarán como ingresos o rentas computables,
cualesquiera bienes y derechos, derivados tanto del trabajo como del capital,
así como los de naturaleza prestacional.
Cuando el solicitante o los miembros de
la unidad de convivencia en que esté inserto dispongan de bienes muebles o
inmuebles, se tendrán en cuenta sus rendimientos efectivos. Si no existen
rendimientos efectivos, se valorarán según las normas establecidas para el
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con la excepción, en todo
caso, de la vivienda habitualmente ocupada por el beneficiario. Tampoco se
computarán las asignaciones periódicas por hijos a cargo.»
Posteriormente hicimos alusión a las
normas reglamentarias aplicables, y así se señalaba que:
«Mediante Real Decreto 357/1991, de 15 de marzo, se desarrolló, en materia de pensiones no contributivas, la Ley 26/1990, de 20 de diciembre, por la que se establecen en la Seguridad Social prestaciones no contributivas. La norma reglamentaria ha sufrido diversas modificaciones posteriores.
Lógicamente respetando las previsiones legales, debemos tener en cuenta lo previsto por su artículo 12 (redactado por el Real Decreto 615/2007), que especifica las rentas o ingresos computables en los términos siguientes:
1. A efectos de lo establecido en el artículo anterior se consideran rentas o ingresos computables. los bienes y derechos de que dispongan anualmente el beneficiario o la unidad económica de convivencia, derivados tanto del trabajo como del capital, así como cualesquiera otros sustitutivos de aquellos.
2. Se entenderá por rentas de trabajo las retribuciones, tanto dinerarias como en especie, derivadas del ejercicio de actividades por cuenta propia o ajena.
Se equiparan a rentas de trabajo, las prestaciones reconocidas por cualquiera de los regímenes de previsión social, financiados con cargo a recursos públicos o privados.
Asimismo, tendrán la consideración de ingresos sustitutivos de las rentas de trabajo, cualesquiera otras percepciones supletorias de éstas, a cargo de fondos públicos o privados.
3. Como rentas de capital se computarán la totalidad de los ingresos que provengan de elementos patrimoniales, tanto de bienes como de derechos, considerándose según sus rendimientos efectivos. De no existir, éstos se valorarán conforme a las normas establecidas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, a excepción de la vivienda habitualmente ocupada.
4. En todo caso se computarán las rentas o ingresos, de cualquier naturaleza, que se tenga derecho a percibir o disfrutar, salvo las asignaciones económicas por hijo a cargo, tenga o no la condición de persona con discapacidad, en sus distintas modalidades, otorgadas por el sistema de la Seguridad Social, el subsidio de movilidad y compensación para gastos de transporte, previsto en la Ley de integración social de los minusválidos, los premios o recompensas otorgados a personas con discapacidad en los centros ocupacionales, así como las prestaciones económicas y en especie otorgadas en aplicación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.»
El repaso normativo terminaba con la
mención de las previsiones legales sobre el subsidio por desempleo, destacando
que:
«A) En la versión aplicable al caso, el artículo 265 LGSS regula la acción protectora en materia de desempleo y establece lo siguiente:
1. La protección por desempleo comprenderá las prestaciones siguientes:
a) En el nivel contributivo:
1.º Prestación por desempleo total o parcial.
2.º Abono de la aportación de la empresa correspondiente a las cotizaciones a la Seguridad Social durante la percepción de las prestaciones por desempleo, salvo en los supuestos previstos en el artículo 273.2.
b) En el nivel asistencial:
1.º Subsidio por desempleo.
2.º Abono, en su caso, de la cotización a la Seguridad Social correspondiente a la contingencia de jubilación durante la percepción del subsidio por desempleo, en los supuestos que se establecen en el artículo 280.
3.º Derecho a las prestaciones de asistencia sanitaria y, en su caso, a las prestaciones familiares, en las mismas condiciones que los trabajadores incluidos en algún régimen de Seguridad Social.
2. La acción protectora comprenderá, además, acciones específicas de formación, perfeccionamiento, orientación, reconversión e inserción profesional en favor de los trabajadores desempleados y aquellas otras que tengan por objeto el fomento del empleo estable. Todo ello sin perjuicio, en su caso, de las competencias de gestión de las políticas activas de empleo que se desarrollarán por la Administración General del Estado o por la Administración Autonómica correspondiente, de acuerdo con la normativa de aplicación.
B) Por razones cronológicas, debemos estar a lo previsto en el artículo 380 LGSS (actual art. 389) sobre la cotización durante el tiempo en que se percibe el subsidio por desempleo para mayores de cincuenta y dos (cincuenta y cinco) años. Su texto era el siguiente:
1. La entidad gestora cotizará por la contingencia de jubilación durante la percepción del subsidio por desempleo para trabajadores mayores de cincuenta y dos años.
Las cotizaciones efectuadas conforme a lo previsto en el párrafo anterior tendrán efecto para el cálculo de la base reguladora de la pensión de jubilación y porcentaje aplicable a aquella en cualquiera de sus modalidades, así como para completar el tiempo necesario para el acceso a la jubilación anticipada.
[...]
3. A efectos de determinar la cotización en el supuesto señalado en el apartado 2.a) anterior se tomará como base de cotización el tope mínimo de cotización vigente en cada momento y en los supuestos señalados en los apartados 1 y 2.b) anteriores se tomará como base de cotización el 125 por ciento del citado tope mínimo.»
3.- A la vista de los preceptos
reseñados, las sentencias ya referidas de esta sala concluyeron que no son
computables como rentas del beneficiario o de la unidad económica las
cotizaciones por la contingencia de jubilación realizadas por la entidad gestora
del subsidio de desempleo de mayores de 52/55 años a efectos de causar derecho
a la prestación no contributiva de incapacidad o de jubilación.
En esencia, los argumentos esgrimidos en
nuestras sentencias fueron los siguientes:
a).- La mera naturaleza prestacional de esas cotizaciones, derivada del art. 265 LGSS, no resulta decisiva: para que exista renta debe producirse una verdadera atribución de bienes o derechos al beneficiario y, además, tratándose de prestaciones públicas, estas deben operar como sustitutivas de rentas del trabajo. Las cotizaciones no cumplen ninguno de esos requisitos.
b).- También subrayamos allí que la cotización no supone una atribución patrimonial al trabajador, sino un ingreso efectuado a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social. Del mismo modo que las cuotas empresariales satisfechas durante una relación laboral nunca se consideran renta del trabajador, tampoco pueden recibir esa calificación las abonadas por la entidad gestora durante el subsidio de desempleo. Esta conclusión resulta además coherente con el sistema financiero de reparto consagrado en el art. 110.1 LGSS: las cotizaciones actuales financian las prestaciones del sistema y no generan para el cotizante un fondo individual, derechos consolidados o una titularidad patrimonial sobre las cantidades ingresadas.
Por ello, la relación entre cotizaciones y futuras prestaciones deriva exclusivamente de lo que establezca la ley respecto de los requisitos de carencia y cálculo de las prestaciones, y no de una relación actuarial o patrimonial entre unas y otras.
c).- Finalmente, se argumentó que considerar ahora las cotizaciones como renta conduciría a una inaceptable doble imputación económica, pues posteriormente también habría de computarse como renta la pensión contributiva generada conforme a ellas. Tal solución desnaturaliza la finalidad asistencial de las pensiones no contributivas, destinadas a cubrir una situación presente de insuficiencia de recursos. En consecuencia, las cotizaciones efectuadas durante el subsidio no son renta ni del beneficiario ni de su unidad económica de convivencia.
4.- Visto cuanto antecede, de acuerdo
con el Ministerio Fiscal, procede la estimación del recurso de casación para
unificación de doctrina planteado por la actora, con la consiguiente revocación
de la sentencia del TSJ, y, resolviendo el debate de suplicación, debemos
desestimar del recurso de esa clase y proceder a la confirmación de la
sentencia de instancia. Todo ello con condena en costas de suplicación a la
Xunta -al serle desestimado su recurso (doctrina de esta Sala, por todas STS
Pleno 347/2024, de 23 de febrero, rcud 1901/2021)- en importe de 800 euros y
sin pronunciamiento en cuanto a las costas de casación (art. 235 LRJS).
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