La sentencia de la Sala de lo Social del
Tribunal Supremo, sec. 1ª, de 26 de enero de 2024, nº 154/2024, rec. 2349/2021, considera que la validez del pacto de
no competencia postcontractual requiere que exista un efectivo interés
industrial o comercial de la empresa y que abone al trabajador una compensación
económica adecuada.
La Sala entiende que en el supuesto
examinado el pacto de no competencia postcontractual tenía la máxima duración
legal, por lo que conllevaba una importante repercusión en la libertad de
trabajar de la actora; y la compensación económica mensual prevista en el pacto
de no competencia ascendía a una pequeña cantidad mensual, sin que la empresa
haya abonado la citada cantidad, por lo que concluye que la citada compensación
económica no era adecuada, lo que obliga a declarar la nulidad de esa cláusula
penal.
A) Objeto de la litis.
1.- En este pleito se discute la validez
de un pacto de no competencia postcontractual. Las circunstancias esenciales
son las siguientes:
a) La trabajadora era coordinadora del
departamento de calidad de la empresa demandante. Presta servicios desde el 18
de septiembre de 2013.
b) En fecha 1 de mayo de 2016 la actora
suscribió con la empresa un pacto de no competencia que le prohibía trabajar o
prestar servicios para ninguna persona física o jurídica que pudiera
considerarse competencia directa o indirecta de la empresa. La duración era de
dos años. A cambio del compromiso de no competencia, el empleador se obligaba a
satisfacer una compensación económica mensual (12 pagas al año) por importe de
400 euros netos. En caso de incumplimiento del pacto, la trabajadora debería
indemnizar a la empresa en concepto de daños y perjuicios "en una suma no
inferior al doble de las totales recibidas por la trabajadora en concepto de
pacto no competencia desde la firma del acuerdo hasta la extinción de la
relación laboral".
c) La empresa solamente le abonó una
compensación de 200 euros netos mensuales desde mayo de 2016 hasta la extinción
del contrato de trabajo el 4 de septiembre de 2018. Su salario bruto era de
1.714,65 euros en abril de 2016. Por esos mismos conceptos en mayo de 2016 la
cuantía bruta era de 1.588,67 euros. En abril de 2016 percibía 1.400 euros
líquidos mensuales y desde mayo de 2016 le abonaban 1.600 euros líquidos
mensuales. La cantidad total abonada en concepto de compensación económica por
el pacto de no competencia ascendió a 5.653,33 euros.
d) El 21 de agosto de 2018 esta
trabajadora comunicó a la empresa su decisión de causar baja voluntaria, la
cual se produjo el 4 de septiembre de 2018. El 6 de noviembre de 2018 causó
alta en otra empresa dedicada a la misma actividad comercial.
2.- La sentencia dictada por el TSJ de
Galicia en fecha 20 de mayo de 2021, recurso 3648/2020, confirmó la de
instancia, que había condenado a la trabajadora a abonar a la empresa demandada
el doble de la cantidad pagada por la empresa a la trabajadora por este
concepto: 11.306,66 euros.
3.- La trabajadora formuló recurso de
casación para la unificación de doctrina en el que denuncia la infracción del
art. 1167 del Código Civil y de la doctrina jurisprudencial contenida en la
sentencia del TS de 30 de noviembre de 2009, recurso 4161/2008.
Argumenta que la compensación económica
abonada por la empresa por el pacto de no competencia postcontractual no fue
adecuada, por lo que solicita que se deje sin efecto la condena a la
trabajadora.
4.- La empresa presentó escrito de
impugnación del recurso en el que niega que concurra el requisito de
contradicción y alega que la sentencia recurrida es conforme a derecho.
El Ministerio Fiscal informó a favor de
la estimación del recurso.
B) Sentencia de contraste.
Se invoca como sentencia de contraste la
del TSJ de Madrid 295/2020, de 30 de abril (recurso 850/2019). En ella, el
trabajador había suscrito un pacto de no competencia. En caso de incumplimiento
del pacto, el empleado debía abonar una indemnización consistente en el doble
de la cantidad percibida en concepto de compensación, sin perjuicio de la
devolución de ésta. El demandado cesó voluntariamente, pasando a prestar servicios
para otra sociedad.
El Juzgado de lo Social desestimó la
demanda de la empresa en la que reclamaba 13.650 euros en concepto de
indemnización por incumplimiento del pacto de no competencia postcontractual.
El TSJ confirmó la sentencia de
instancia, argumentando que el pacto de no competencia era nulo por incumplir
uno de los requisitos de validez: que se satisfaga al trabajador una
compensación económica adecuada, pues la misma suponía un 12,5% del salario
(6.825 euros), porcentaje insuficiente al no alcanzar al menos una cuarta parte
del salario.
C) El pacto de no competencia.
1º) El art. 21.2 del Estatuto de los
Trabajadores dispone:
"El pacto de no competencia para después de extinguido el contrato de trabajo, que no podrá tener una duración superior a dos años para los técnicos y de seis meses para los demás trabajadores, solo será válido si concurren los requisitos siguientes:
a) Que el empresario tenga un efectivo interés industrial o comercial en ello.
b) Que se satisfaga al trabajador una compensación económica adecuada".
2º) Doctrina jurisprudencial sobre el pacto de no competencia post contractual.
El pacto de no competencia
post contractual supone una restricción de la libertad en el trabajo consagrada
por el art. 35.1 de la Constitución (sentencias del TS de 5 de abril de 2004,
recurso 2468/2003; 20 de abril de 2010, recurso 2629/2009; y 8 de noviembre de
2011, recurso 409/2011, entre otras) porque limita las posibilidades del
trabajador de acceder a un nuevo empleo o de iniciar una nueva actividad
profesional.
Las mencionadas sentencias del TS de 5
de abril de 2004, recurso 2468/2003; 20 de abril de 2010, recurso 2629/2009; y
8 de noviembre de 2011, recurso 409/2011, explican que existe "un doble
interés: para el empleador la no utilización de los conocimientos adquiridos en
otras empresas; para el trabajador asegurarse una estabilidad económica
extinguido el contrato, evitando la necesidad urgente de encontrar un nuevo
puesto de trabajo; estamos pues, ante obligaciones bilaterales, recíprocas,
cuyo cumplimiento por imperativo del art.1256 del C. Civil no puede quedar al
arbitrio de sólo una de las partes".
Los requisitos para la validez del pacto
de no competencia postcontractual son que exista un efectivo interés industrial
o comercial de la empresa y que abone al trabajador una compensación económica
adecuada:
A) Efectivo interés industrial o
comercial.
El empleador debe probar que tiene un
interés empresarial real en evitar la competencia del trabajador con
posterioridad a la finalización del contrato laboral.
El TS ha considerado que concurría un
efectivo interés comercial o industrial en la empresa demandante que
justificaba la suscripción de un pacto de no competencia postcontractual cuando
"la otra empresa a la que el trabajador recurrido pasó a prestar servicios
pertenece al propio sector de aquélla y se dedica al tráfico de análogas
mercancías" (sentencia del TS de 24 de julio de 1990).
Esta Sala sostuvo que se había
perjudicado el interés del antiguo empresario (el Banco Español de Crédito SA)
"por el nuevo trabajo de su antiguo empleado si se tiene en cuenta hasta
el 30-9-1998 había sido Responsable Regional de Empresas en la Unidad Regional
de Castilla-La Mancha de Banesto en Toledo, y a los pocos días pasaba a
detentar la Dirección de una sucursal del Banco Atlántico" (sentencia del
TS de 21 de marzo de 2001, recurso 1004/2000).
B) Compensación económica adecuada.
El trabajador tiene derecho a percibir
una cantidad cuya finalidad es compensar la renuncia que le supone el pacto de
no competencia postcontractual, que limita sus posibilidades de acceder a un
nuevo empleo o de iniciar una nueva actividad profesional. Debe ser
proporcional a dicho perjuicio.
a) La citada sentencia del TS de 21 de
marzo de 2001, recurso 1004/2000, declaró la validez de un pacto de no
competencia postcontractual en el que el trabajador había percibido nueve
millones de pesetas en concepto de compensación económica adecuada.
b) La sentencia del TS de 9 de febrero
de 2009, recurso 1264/2008, consideró válido un pacto de no competencia en el
que el trabajador había percibido una compensación total de 19.593,25 euros y,
si lo incumplía, debía abonar a la empresa en concepto de indemnización el
doble de la cantidad abonada por la empresa por este concepto. Esta Sala
argumentó que la cláusula penal pactada no suponía ninguna renuncia anticipada
de derechos legales o convencionales indisponibles.
c) La sentencia del TS 893/2016, de 26
de octubre (rcud 1032/2015), examinó un supuesto en el que, en el pacto de no
competencia postcontractual de 18 meses de duración, se había acordado de que
el trabajador percibiría como compensación 6.000 euros anuales con un mínimo de
18.000 euros. En caso de incumplimiento de la obligación, el trabajador debería
abonar a la empresa una anualidad (59.000 euros). El TS estimó el recurso de
casación del trabajador, revocó la sentencia del TSJ y declaró la firmeza de la
sentencia de instancia, que había condenado al trabajador a abonar 18.000 euros.
d) La sentencia del TS 1018/2021, de 18
de octubre (rcud 3769/2018) negó validez a un pacto de no competencia
postcontractual. Esta Sala consideró que el amplio periodo del pacto de no
competencia (dos años), la exigua cantidad abonada al trabajador como
compensación por la obligación impuesta (35 euros mensuales: el 1,76% de su
salario de 1.985 euros mensuales con prorrata de pagas extras) y la
desproporción entre esta cantidad y la que debía abonar el trabajador a la
empresa en caso de incumplimiento (seis meses de salario), determinaba que no
se cumpliera el requisito consistente en satisfacer al trabajador una
compensación económica adecuada, por lo que el pacto no era válido y la empresa
no tenía derecho a la indemnización reclamada al trabajador por incumplimiento
del pacto de no competencia.
En la sentencia de contraste, la
cantidad mensual abonada en concepto de compensación económica por el pacto de
no competencia postcontractual era la misma que en este pleito: Era de 200
euros mensuales.
e) La sentencia del TS nº 1178/2021, de
1 diciembre (rcud 894/2019) confirmó la sentencia recurrida, que había
declarado nula una cláusula penal acordada en un pacto de no competencia
postcontractual consistente en que, en caso de incumplimiento, el trabajador
debería abonar el doble de lo percibido por este concepto, lo que se traducía
en 52.000 euros. La sentencia del TSJ había reducido la cantidad a devolver por
el trabajador a 26.000 euros, que era la cantidad que había sido abonada por la
empresa en concepto de compensación económica por el pacto de no competencia.
El TS argumentó que la sentencia recurrida había valorado las circunstancias
concurrentes en el caso y había llegado a la conclusión de que, a la vista de
tales circunstancias, la cantidad a reintegrar por el trabajador era
desproporcionada respecto de la compensación percibida por el empleado, por lo
que aquella cantidad no era "adecuada".
Esta Sala distinguió el supuesto
enjuiciado de otros en los que el trabajador haya constituido una sociedad que
ofreciera los mismos servicios a sus clientes y contactos, o bien cuando se
produzca una vulneración paralela del secreto empresarial.
D) Nulidad del pacto de no competencia.
1º) En este pleito, en el pacto de no
competencia se acordó que la empresa abonaría a la trabajadora por este
concepto 400 euros netos mensuales en 12 pagas anuales. La sentencia de
instancia explica que, "si se tiene en cuenta que la retribución líquida
en abril de 2016 era de 1400 euros y desde mayo de 2016 ascendía a 1600 euros,
es lógico concluir que son esos 200 euros netos de diferencia los que la
empresa ha venido retribuyendo en concepto de pacto de no competencia y no los
400 euros pactados".
Por consiguiente, la propia empresa
incumplió el pacto de no competencia y no abonó los 400 euros netos mensuales
pactados sino solamente la mitad.
2º) El pacto de no competencia
postcontractual tenía la máxima duración legal (dos años), por lo que
conllevaba una importante repercusión en la libertad de trabajar de la actora;
y la compensación económica mensual prevista en el pacto de no competencia ascendía
solamente a 400 euros netos mensuales (la trabajadora cobraba 1.714,65 euros
brutos mensuales en abril de 2016), sin que la empresa haya abonado la citada
cantidad (solo pagó la mitad: 200 euros netos mensuales, en total: 5.653,33
euros) por lo que debemos concluir, de conformidad con el Ministerio Fiscal,
que la citada compensación económica no era adecuada, lo que obliga a declarar
la nulidad de esa cláusula penal.
3º) Los anteriores argumentos obligan a
estimar el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por
Dª María Virtudes, casar y anular la sentencia recurrida y resolver el debate
de suplicación en el sentido de estimar el recurso interpuesto por la demandada
contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social, revocar la sentencia
de instancia y desestimar la demanda interpuesta por Seijas y Otero SL contra
Dª María Virtudes, absolviendo a la parte demandada de las pretensiones formuladas
en su contra. Sin condena al pago de costas (art. 235 de la LRJS).
www.gonzaleztorresabogados.com
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