A) La sentencia del Pleno de la Sala de
lo Social del Tribunal Supremo (Pleno), de 21 de febrero de 2020, nº 166/2020,
rec. 3229/2017, declara que el alquiler de la vivienda constituye salario, tanto si la
empresa incluye dicha cantidad en la retribución mensual destinada a ese
concepto, como si abona directamente la renta arrendaticia de la vivienda que
ocupa el trabajador.
De igual forma, el abono del seguro en
beneficio del trabajador por parte de la empresa también constituye salario ya
que el mismo se deriva de la existencia de la relación laboral entre las
partes, por lo que ambos conceptos deben ser incluidos por la empresa en el
salario regulador, para la determinación de la indemnización que corresponde al
trabajador en caso de despido.
B) En el presente recurso de casación
para la unificación de la doctrina se plantean dos cuestiones: la primera,
determinar si constituyen salario y, por tanto, integran el salario regulador a
efectos de calcular la indemnización por despido, el importe del alquiler de
vivienda y las primas del seguro de salud y accidente, abonados por la empresa.
La segunda, determinar si el finiquito suscrito por el trabajador tiene valor
liberatorio.
1º) El trabajador recurre en casación para
unificación de doctrina la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 6 de junio de 2017, Rec.
731/2017, que confirmó la de instancia por la que se había desestimado su
demanda de despido.
Estamos ante un trabajador que prestaba
servicios en situación de movilidad internacional hallándose destinado en Lima
(Perú) y, además del salario base y los pluses denominados
"actividad" y "complementario" y de una gratificación de
expatriación (hecho probado primero), la empresa asumía el importe del alquiler
de la vivienda (1156 €/ mes) y un seguro médico (3094 €/año) -lo que se
constata en la fundamentación jurídica de la sentencia del Juzgado con valor
netamente fáctico, siendo un hecho que no se ha negado en momento alguno por la
empresa-.
El recurso se centra en dos motivos de
impugnación: de un lado, se reitera la pretensión de que el despido se
califique de improcedente por la insuficiencia de la indemnización puesta a
disposición; de otro, se plantea la cuestión del valor liberatorio del recibo
de saldo y finiquito.
2º) La sentencia recurrida niega que los
abonos de la empresa por alquiler de vivienda y póliza de seguro se integren en
el concepto de salario y, por ello, rechaza la pretensión que en ese sentido
hacía el trabajador en el recurso de suplicación.
Por otro lado, la Sala de suplicación ha
otorgado, al igual que hizo la sentencia de instancia, valor liberatorio a la
suscripción de la conformidad con la carta en los términos que se plasman en el
hecho probado segundo.
C) El artículo 26.1 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,
establece:
“Se considerará salario la totalidad de las percepciones económicas de los
trabajadores, en dinero o en especie, por la prestación profesional de los
servicios laborales por cuenta ajena, ya retribuyan el trabajo efectivo,
cualquiera que sea la forma de remuneración, o los periodos de descanso
computables como de trabajo.
En ningún caso, incluidas las relaciones laborales de carácter especial a
que se refiere el artículo 2, el salario en especie podrá superar el treinta
por ciento de las percepciones salariales del trabajador, ni dar lugar a la
minoración de la cuantía íntegra en dinero del salario mínimo interprofesional”.
D) Es doctrina de la Sala de lo Social
del Tribunal Supremo la que sostiene que el concepto de salario que se consagra
en el art. 26.1 ET es congruente con el
del art. 1 del Convenio 95 OIT, según el cual: "...el término
salario significa la remuneración o ganancia, sea cual fuere su denominación o
método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en efectivo, fijada por acuerdo
o por la legislación nacional, y debida por un empleador a un trabajador en
virtud de un contrato de trabajo, escrito o verbal, por el trabajo que este
último haya efectuado o deba efectuar o por servicios que haya prestado o deba
prestar".
De esa definición se derivan las
siguientes notas configuradoras: 1º) La calificación jurídica
de salario no va a depender en ningún caso de la denominación que se dé a la
concreta partida económica, puesto que el art. 26.1 ET constituye una norma
imperativa, de derecho necesario, por lo que será salario toda prestación
económica que retribuye el trabajo del empleado (STS/4ª de 16 abril 2010 -rcud.
70/2009-). 2º) Rige una presunción iuris tantum en favor de entender
que es salario todo aquello que percibe el trabajador, salvo que se pruebe
que obedece a gastos ocasionados a éste con motivo de la actividad laboral (STS/4ª
de 4 mayo 2010 -rcud. 2528/2009-, entre otras). En suma, el salario se integra
por todas aquellas percepciones económicas que el trabajador obtiene de su
empleador, salvo que pueda quedar constatado que obedecen al concepto del
apartado 2 del art. 26 ET, en el que se define lo que no integraría el salario
(indemnizaciones o suplidos por gastos, prestaciones e indemnizaciones de
Seguridad Social, e indemnizaciones por traslado, suspensiones o despido). 3º)
El salario tiene carácter totalizador, ya que reviste cualidad salarial todo
lo que el trabajador recibe por la prestación de servicios con
independencia, no sólo de su denominación formal, sino también de su
composición, procedimiento de fijación, periodo de cálculo o la cualidad del
tiempo al que se refiera (STS/4ª de 3 mayo 2017 -rcud. 385/2015- y 6 mayo 2018
-rec. 99/2017-).
Por el contrario, tienen naturaleza
extrasalarial (ex art. 26.2 ET) las cantidades con las que se pretende
compensar por gastos ocasionados al trabajador fuera de las condiciones
ordinarias de su prestación de servicio, como ocurre con las dietas por comidas,
pernoctación o similares abonadas, precisamente, en atención a que el
trabajador no pueda comer o dormir en su domicilio o residencia habitual u
ordinaria y se ve en la necesidad de llevar a cabo ciertos desembolsos (STS/4ª
de 3 febrero 2016 -rcud. 143/2015-). Por ello, es un suplido que no tiene
naturaleza salarial un plus por el transporte que solo se abona los días
que se acude al trabajo (STS/4ª de 27 septiembre 2017 -rcud. 2139/2015-); como
también está fuera del concepto de salario el vale para la adquisición de ropa
de trabajo que compensa tal gasto soportado previamente por el trabajador (STS/4ª
de 26 septiembre 2017 -rec. 220/2016-).
E) El Tribunal Supremo ha tenido ya
ocasión de pronunciarse respecto de la misma cuestión que ahora se plantea, con relación al
coste del alquiler de la vivienda, en supuestos de trabajadores de la misma
empresa demandada, en las STS/4ª de 16 abril (rcud. 24/2017) y 19 julio 2018
(rcud. 472/2018), cuya doctrina debemos de aplicar nuevamente.
En ellas poníamos de relieve que no
estamos ante supuestos de movilidad geográfica del art. 40 ET, sino pactos
contractuales suscritos con la finalidad específica de que la prestación de
servicios se desarrolle en una determinada ubicación en país extranjero. Y recordábamos que,
cuando se trata de la celebración del contrato para la prestación de servicios
en el lugar que constituía su objeto, "es claro que lo abonado por ese
concepto tenía carácter salarial y no compensatorio de gastos por
desplazamientos a los que no obligaba el contrato. Es precisamente la
inexistencia del deber de desplazarse de un centro de trabajo a otro por
imposición empresarial el dato que sirve para calificar la naturaleza jurídica
de las indemnizaciones pagadas..." (STS/4ª de 16 febrero 2015 -rcud.
3056/2013- y 7 abril 2015 -rcud. 1187/2014-).
De ahí que, aun cuando en la STS/4ª de 5
febrero 2014 (rcud. 1136/2013) habíamos indicado que, en ocasiones, la
cuestión de la percepción de importes por vivienda puede tener difícil
calificación, sostuvimos también que, para ser un concepto extrasalarial,
debería suponer la compensación de un gasto relacionado como consecuencia de la
actividad laboral. Mas, en casos como el presente es remarcable que la
empresa esté asumiendo un concepto de gasto que, con independencia del lugar en
que se desarrollara el trabajo, correría lógicamente a cargo del trabajador;
ya que, sea cual sea el lugar en que la prestación de servicio se desenvuelva,
es éste el que tendrá que soportar el coste de su vivienda sin repercusión
alguna sobre la relación laboral. Por consiguiente, si el trabajador ve
cubierta esa necesidad vital por parte de la empresa, es obvio que su
retribución global por razón del contrato de trabajo resulta incrementada.
Negamos que estemos ante un suplido por
un desembolso extraordinario efectuado por el trabajador debido a su trabajo. Por el contrario, se
trata de un gasto que se incluye en el coste de vida habitual de todo
ciudadano. La empresa ha pasado a retribuir una suma dedicada a vivienda del
trabajador no limitándose a suplir un gasto adicional soportado por éste, ya
que el trabajador no se halla temporalmente desplazado por razón del contrato,
sino que necesariamente reside en la localización de destino fijada en el
mismo.
En definitiva, el alquiler de la
vivienda constituye salario, tanto si la empresa incluye una cantidad en la
retribución mensual destinada a ese concepto, como si abona directamente la
renta arrendaticia de la vivienda que ocupa el trabajador (salario en especie). Así lo sostuvimos
también en nuestra STS/4ª de 13 noviembre 2001 (rcud. 858/2001), en la que,
recordando las STS/4ª de 31 de octubre de 1983 y de 11 de febrero de 1997,
indicábamos que la retribución por vivienda mediante el pago o reembolso de
gastos de alquiler y la cesión del uso de la misma son modalidades retributivas
que tienen en la jurisprudencia la misma consideración de retribución salarial.
F) Tampoco cabe ninguna duda respecto
del abono del seguro en beneficio del trabajador por parte de la empresa, ya
que el mismo se deriva de la existencia de la relación laboral entre las partes
y es, por tanto, una contrapartida a las obligaciones del trabajador.
En la STS/4ª de 27 de junio de 2007
(rcud. 1008/2006) declarábamos que el seguro de vida forma parte de la
estructura del salario, como una partida más. Y en la STS/4ª de 2
octubre 2013 (rcud. 1297/2012) sostuvimos que los seguros adicionales abonados
por la empresa no pueden considerarse como supuestos de exclusión del citado art.
26.2 ET y ello aun cuando se llegara a aceptar su naturaleza de mejora de la
Seguridad Social -para lo cual habría de analizarse si, efectivamente, mediante
el indicado seguro se estaría mejorando directamente prestaciones del Régimen General
de la Seguridad Social con arreglo a los arts. 238 y ss. de la Ley General de
la Seguridad Social (LGSS)-. "En tal hipotético caso, lo que podría quedar
excluido del concepto de salario sería, con arreglo a la norma legal, la obtención
de las ulteriores prestaciones o indemnizaciones derivadas de aquel beneficio
de origen contractual, pues es a éstas a las que expresamente se refiere el
mencionado precepto".
G) CONCLUSION: Todo ello nos lleva a
afirmar la naturaleza salarial de los dos conceptos controvertidos y, en
consecuencia, la imperatividad de que se computaran e incluyeran en la
indemnización puesta a disposición por la empresa al comunicar el despido al
demandante.
667 227 741
No hay comentarios:
Publicar un comentario