EXISTEN DILACIONES
INDEBIDAS EN UN PROCEDIMIENTO JUDICIAL SEGÚN LA DOCTRINA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, CUANDO SE SEÑALA LA
VISTA A DOS AÑOS O MAS.
1º) La sentencia del
Tribunal Constitucional nº 74/2015, de 27 de abrilde 2015, dictada en el recurso de amparo 9400-2009, declara que existe vulneración
del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas: al existir una demora
superior a dos años en la celebración de la vista del juicio en un
procedimiento abreviado contencioso-administrativo (STC 142/2010).
2º) El Tribunal Constitucional ha tenido
ocasión de pronunciarse, en diferentes ocasiones, sobre la vulneración del
derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, con motivo del señalamiento de
la vista. Concretamente, la STC 93/2008 contempló un supuesto en que dicho
señalamiento se fijó para el 23 de octubre de 2008, mientras que el recurso en
sede judicial, contra una denegación de permiso de residencia y trabajo, había
sido presentado el 6 de abril de 2006; en el caso enjuiciado en la STC
141/2010, de 21 de diciembre, la vista fue establecida para el 9 de marzo de
2010 y el recurso, contra un decreto de expulsión del territorio nacional, se
interpuso el 30 de julio de 2008; en el supuesto analizado en la STC 142/2010,
las fechas de la vista y de interposición del recurso, frente a una denegación
de asilo, fueron el 15 de febrero de 2011 y 28 de julio de 2009; y, por
último, para terminar con los ejemplos, en la STC 54/2014, de 10 de abril, la
fecha del señalamiento y celebración de la vista fueron, respectivamente, el 27
de febrero de 2009 y 17 de mayo de 2011. Cabe advertir, por tanto, que el
presente caso se inscribe también en lo que nuestra doctrina ha calificado como
demora constitutiva de una dilación indebida.
3º) El fundamento jurídico 4 de la STC 54/2014, declaró:
«Para
determinar si nos encontramos o no ante una vulneración del derecho a un
proceso sin dilaciones indebidas (art. 24.2 CE), hemos de acudir a las pautas
que nos ofrece nuestra doctrina, conforme a la cual este derecho está
configurado como un concepto jurídico indeterminado que, por su imprecisión,
exige examinar cada supuesto a la luz de aquellos criterios que permitan
verificar si ha existido efectiva dilación y, en su caso, si ésta puede
considerarse justificada, por cuanto «no toda infracción de los plazos procesales
o toda excesiva duración temporal de las actuaciones judiciales supone una
vulneración del derecho fundamental que estamos comentando» (STC 153/2005, de 6
de junio, FJ 2). En la STC 178/2007, de 23 de julio, FJ 2, recogiendo
jurisprudencia anterior, subrayábamos que la prohibición de retrasos
injustificados en la marcha de los procesos judiciales impone a Jueces y
Tribunales el deber de obrar con la celeridad que les permita la duración
normal o acostumbrada de litigios de la misma naturaleza y con la diligencia
debida en el impulso de las distintas fases por las que atraviesa el proceso.
Asimismo, en coincidencia con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos sobre el art. 6.1 del Convenio de Roma (derecho a que la causa
sea oída en «un tiempo razonable»), que ha sido tomada como el estándar mínimo
garantizado en el art. 24.2 CE, afirmábamos que el juicio sobre el contenido
concreto de las dilaciones, y sobre si son o no indebidas, debe ser el
resultado de la aplicación a las circunstancias específicas de cada caso de los
criterios objetivos que a lo largo de nuestra jurisprudencia se han ido
precisando, y que son la complejidad del litigio, los márgenes ordinarios de
duración de los litigios del mismo tipo, el interés que arriesga el demandante
de amparo, su conducta procesal y la conducta de las autoridades (En los mismos
términos, las SSTC 38/2008, de 25 de febrero, FJ 2; 93/2008, FJ 2; 94/2008, FJ
2, y 142/2010, FJ 3, entre otras).».
4º) El hecho de que la demora denunciada se deba a motivos
estructurales, no imputables directamente al órgano judicial (como se deduce
claramente de su respuesta al resolver el recurso de súplica contra la
providencia del señalamiento, cuyo tenor se ha reflejado con anterioridad) no
impide apreciar la vulneración del derecho del recurrente a un proceso sin
dilaciones indebidas, pues esta situación no altera la naturaleza injustificada
de dichas dilaciones, según reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional
y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en tanto que el ciudadano es ajeno
a esas circunstancias.
Así, en
la ya citada STC 54/2014, en su fundamento 6, por referencia a la doctrina
contenida en la STC 142/2010, de 21 de diciembre, el TC ha afirmado:
«Como ha señalado este Tribunal, entre otras, en las SSTC
160/2004, de 4 de octubre, FJ 5, y 153/2005, de 6 de junio, FJ 6, por más que
los retrasos experimentados en el procedimiento hubiesen sido consecuencia de
deficiencias estructurales u organizativas de los órganos judiciales o del
abrumador trabajo que sobre ellos pesa, esta hipotética situación orgánica, si
bien pudiera excluir de responsabilidad a las personas intervinientes en el
procedimiento, de ningún modo altera el carácter injustificado del retraso. Y
es que el elevado número de asuntos de que conozca el órgano jurisdiccional
ante el que se tramitaba el pleito no legitima el retraso en resolver, ni todo
ello limita el derecho fundamental de los ciudadanos para reaccionar frente a
tal retraso, puesto que no es posible restringir el alcance y contenido de ese
derecho (dado el lugar que la recta y eficaz Administración de Justicia ocupa
en una sociedad democrática) en función de circunstancias ajenas a los
afectados por las dilaciones. Por el contrario es exigible que Jueces y
Tribunales cumplan su función jurisdiccional, garantizando la libertad, la
justicia y la seguridad, con la rapidez que permita la duración normal de los
procesos, lo que lleva implícita la necesidad de que el Estado provea la
dotación a los órganos judiciales de los medios personales y materiales precisos
para el correcto desarrollo de las funciones que el ordenamiento les
encomienda.»
5º) Este también es el criterio del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos cuando en su Sentencia caso Unión Alimentaria Sanders c. España,
de 7 de julio de 1989, afirmó el carácter estructural de las dilaciones
sufridas por la sociedad demandante, concluyendo que esta situación no puede
privar a los ciudadanos de su derecho al respeto del plazo razonable (§§ 38 y
42) o cuando en su Sentencia caso Lenaerts
contra Bélgica (§ 18),
de 11 de marzo de 2004, razonó que el art. 6.1 del Convenio europeo para la
protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales obliga a
los Estados contratantes a organizar su sistema judicial de tal forma que sus
Tribunales puedan cumplir cada una de sus exigencias, en particular la del
derecho a obtener una decisión definitiva dentro de un plazo razonable.
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