La sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal
Supremo, sec. 1ª, de 29 de octubre de 2025, nº 1513/2025, rec. 5701/2021, declara la responsabilidad solidaria de
los administradores, por deudas sociales derivadas de la resolución
contractual, cuando la sociedad estaba incursa en causa legal de disolución,
por pérdidas cualificadas, con anterioridad al nacimiento de la deuda
reclamada, pues es aplicable la presunción iuris tantum del art. 367.2 LSC, al
no ser desvirtuada por los administradores.
En contratos de obra con resolución, la
obligación restitutoria de las prestaciones nace en el momento del ejercicio
válido de la facultad resolutoria y no en la fecha de celebración del contrato.
A) Introducción.
Una empresa demandante reclama la
responsabilidad solidaria de los administradores de una sociedad limitada por
deudas derivadas de la resolución de un contrato de obra, en un contexto de
pérdidas patrimoniales cualificadas y cierre de hecho de la sociedad deudora.
¿Son responsables solidarios los
administradores de la sociedad limitada por las deudas sociales posteriores a
la concurrencia de pérdidas cualificadas, aplicándose la presunción legal sobre
la posterioridad de la obligación social reclamada respecto a la causa de
disolución?.
Se considera responsable a los
administradores solidariamente por las deudas sociales posteriores a la
concurrencia de pérdidas cualificadas, confirmando la aplicación de la
presunción iuris tantum del artículo 367.2 de la Ley de Sociedades de Capital;
no se produce un cambio doctrinal sino la reafirmación de la jurisprudencia
existente.
La responsabilidad se fundamenta en el
artículo 367 de la Ley de Sociedades de Capital, que impone a los
administradores responder solidariamente por las obligaciones sociales
posteriores a la causa legal de disolución, aplicando la presunción iuris tantum
del artículo 367.2 LSC sobre la posterioridad de la deuda reclamada, la cual no
fue desvirtuada por los administradores, en cumplimiento del deber de llevar
una contabilidad ordenada y facilitar la prueba conforme al artículo 217.7 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil.
B) Cuestión debatida y resumen de
antecedentes.
1. La presente controversia jurídica se
plantea en un caso de responsabilidad de administradores de sociedad limitada
por las deudas sociales (art. 367 LSC), ante la concurrencia de pérdidas
cualificadas. En esencia, el problema consiste en determinar si las deudas
sociales cuya responsabilidad pretende imputarse al administrador son de fecha
posterior o no a la concurrencia de la situación de pérdidas cualificadas,
cuando la deuda social se refiere a la obligación de restitución de
prestaciones (cantidades anticipadas e intereses) por la resolución de un
contrato de obra. Por tanto, se trata de la aplicación de la presunción iuris
tantum del art. 367.2 LSC, sobre la posterioridad de la obligación social
reclamada respecto al acaecimiento de la causa de disolución.
2. Para la resolución de los presentes
recursos extraordinario por infracción procesal y de casación interpuestos por
la parte demandada, debemos partir de la relación de hechos relevantes
acreditados en la sentencia recurrida, o no discutidos por las partes o
admitidos por ellas.
(i) Inmuebles Mapar S.L. (en adelante,
«Mapar») y Aurex Renovables S.L. (en lo sucesivo, «Aurex») celebraron el 27 de
octubre de 2009 un contrato de obra para la construcción de una instalación de
energía solar fotovoltaica en la cubierta de una nave industrial («llave en
mano»).
Ante el incumplimiento de sus
obligaciones por parte de Aurex, el 10 de enero de 2011 Mapar ejercitó la
facultad resolutoria contemplada en el contrato. A resultas de ello, el Juzgado
de Primera Instancia de Madrid n.º 7 dictó sentencia el 30 de junio de 2014,
por la que declaró que la deuda derivada de la resolución contractual ascendía
a 754.461 € por cantidades anticipadas, más 31.448 € por intereses. Esta
sentencia es firme.
(ii) D. Claudio (en adelante, el «Sr.
Claudio», quien también era el socio único de Aurex) fue administrador de esta
sociedad hasta el 8 de junio de 2011, fecha en la que se acordó su cese en el
cargo.
En esa misma fecha se acordó también el
nombramiento de D. Obdulio (en lo sucesivo, el «Sr. Obdulio») como nuevo
administrador de Aurex (acuerdo que se elevó a público el 9 de junio y se
inscribió el 15 de junio de 2011).
(iii) La cifra del capital social de
Aurex es de 3.006 €. Según las cuentas anuales de Aurex correspondientes a los
ejercicios 2007 a 2011, aportadas en la contestación del Sr. Claudio (documento
7), los importes del patrimonio neto en los ejercicios 2007 a 2011 eran los
siguientes. En el ejercicio 2007, el patrimonio neto era de 2.580 € (doc. 7.1).
En el ejercicio 2008, descendió a 401,60 € (doc. 7.2). En el ejercicio 2009, el
patrimonio neto era negativo: -57.151,40 € (doc. 7.3). En el ejercicio 2010,
tenía signo positivo: 3.036,61 € (doc. 7.4). En el ejercicio 2011, volvió a
tener signo negativo, por importe de -133.027,82 euros.
Además, la sentencia recurrida señala
que en la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente a los ejercicios 2015
y 2016 no existe cifra alguna de negocios. También indica que en el balance del
ejercicio 2016 constan unos derechos de crédito contra deudores comerciales
(cuentas a cobrar) por 2.360 €, efectivos y otros activos líquidos por 31.393
€, y activos por impuestos diferidos por 1.077 euros.
Desde entonces Aurex no presenta cuentas
anuales, y ya no dispone de recursos patrimoniales, según la investigación
desarrollada por el Juzgado de Primera Instancia de Madrid n.º 7 en marzo de
2017. La última actuación conocida de Aurex fue la interposición del recurso de
apelación contra la sentencia de dicho Juzgado de Primera Instancia el año
2014.
3. El 12 de julio de 2018 Mapar
interpuso la demanda de responsabilidad contra los administradores sucesivos de
Aurex (Sr. Claudio y Sr. Obdulio), que ha dado lugar al presente procedimiento
ordinario (n.º 907/2018), seguido ante el Juzgado Mercantil de Madrid n.º 11.
En esta demanda se ejercita la acción de
responsabilidad por deudas (art. 367 LSC), en atención a la concurrencia de
diversas causas de disolución carentes de eficacia constitutiva, señaladamente:
(i) el cese en el ejercicio de la actividad social por un periodo superior a un
año [ art. 363.1.a) LSC]; y (ii) la pérdida patrimonial grave o pérdidas
cualificadas [ art. 363.1.e) LSC]. Asimismo, el acreedor social Mapar también
ejercita la acción individual de responsabilidad de los administradores (art.
241 LSC) por el cierre de hecho de la sociedad deudora. En esta demanda Mapar
solicita la condena solidaria de los administradores al pago de las cantidades
adeudadas por Aurex a Mapar, junto con los intereses y la condena en costas.
4. El Juzgado Mercantil de Madrid n.º 11
dictó la sentencia n.º 323/2019, de 23 de julio, en la que desestima
íntegramente la demanda del acreedor social Mapar, al entender que: (1) ésta no
ha concretado cuándo apareció la causa de disolución consistente en el cese en
el ejercicio de la actividad social [ art. 363.1.a) LSC (EDL 2010/112805)]; y
(ii) tampoco ha probado que la sociedad deudora Aurex haya cerrado de facto,
puesto que presentó cuentas hasta el año 2016.
5. La sociedad acreedora Mapar recurrió
en apelación. La Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28.ª) en su sentencia
n.º 198/2021, de 17 de mayo, estimó el recurso de Mapar, por lo que revocó la
sentencia del juzgado mercantil, con la consiguiente estimación de la demanda
de Mapar contra los administradores de Aurex (Sr. Claudio y Sr. Obdulio), a
quienes condenó al pago solidariamente de 785.909,24 €, más los intereses y los
de la mora procesal, y a quienes impuso las costas de la primera instancia, sin
expreso pronunciamiento sobre las costas de la apelación.
Como fundamento de su resolución, la
audiencia provincial entiende que el juzgado mercantil no enjuició la
concurrencia de la situación de pérdida patrimonial grave o pérdidas
cualificadas [art. 363.1.e) LSC], a pesar de que este hecho se contiene
expresamente en la demanda del acreedor social Mapar y debe considerarse como
sustrato fáctico de la pretensión ejercitada (la responsabilidad de los
administradores del art. 367 LSC). Así pues, la audiencia provincial analiza la
concurrencia de esta alegada causa de disolución carente de eficacia
constitutiva (las pérdidas cualificadas) y concluye que ya en el año donde se
genera la deuda (2011) Aurex estaba incursa en dicha causa disolución. Y
respecto de la posterioridad de la deuda social reclamada respecto del
acaecimiento de esta causa de disolución, la audiencia provincial afirma que
debe operar la presunción legal del art. 367.2 LSC, cuya aplicación ha sido
olvidada por el juzgado mercantil. La audiencia provincial sostiene que los
administradores demandados no han alegado, ni propuesto ni aportado prueba
alguna que enerve dicha presunción legal sobre la posterioridad de la deuda social
reclamada (cuya fecha de nacimiento es el día del válido ejercicio de la
facultad resolutoria: el 10 de enero de 2011) respecto del momento de aparición
de la pérdida patrimonial grave. En este sentido, la audiencia provincial
indica que queda acreditada la existencia de dicha causa de disolución ya en el
año 2011, y los administradores demandados se limitaron a negar su concurrencia
en ese año.
Por ende, puesto que el Sr. Claudio
incumplió el deber legal de promover oportunamente la disolución social
(convocar junta general en el plazo de dos meses para que adoptase el acuerdo
de disolución o la remoción de la causa disolutoria: art. 365 LSC), ha de
responder de las obligaciones sociales posteriores al acaecimiento de la causa
legal de disolución, según determina el art. 367 LSC.
Por otra parte, la audiencia provincial
rechaza que el Sr. Claudio pueda ser considerado también administrador de
hecho.
Y respecto de la acción individual de
responsabilidad (art. 241 LSC) por el cierre de facto de Aurex, en relación con
el otro administrador (Sr. Obdulio), que fue nombrado el 8 de junio de 2011, la
audiencia provincial considera que concurren los requisitos para estimar dicha
acción por la desaparición de facto de la sociedad. Además, desestima la
prescripción alegada por este administrador (art. 241 bis LSC), en atención al
primer momento en que consta la presencia de indicios del cierre de hecho (en
marzo de 2017, durante la ejecución de la sentencia del Juzgado de Primera
Instancia de Madrid n.º 7).
C) Recurso extraordinario por infracción procesal.
1º) El recurrente indica que la
sentencia recurrida aplica la presunción del art. 367.2 LSC, no al nacimiento de la deuda reclamada
por Mapar, sino a la concurrencia de la causa de disolución de Aurex. Por esto,
entiende el recurrente que la sentencia recurrida yerra al hacer recaer en los
administradores la carga de acreditar cuándo acaeció la situación de pérdidas
cualificadas. Y ello ha llevado a la sentencia recurrida a concluir que «desde
enero de 2011, Aurex estaba ya incursa en causa legal de disolución, sin que se
haya propuesto prueba alguna para desvirtuar esa conclusión lógica y coherente
con la presunción legal.»
2º) Resolución de tribunal. Este motivo
ha de ser desestimado por las siguientes razones.
El art. 367.2 LSC (en la redacción
aplicable ratione temporis) determina:
«2. En estos casos las obligaciones sociales reclamadas se presumirán de fecha posterior al acaecimiento de la causa legal de disolución de la sociedad, salvo que los administradores acrediten que son de fecha anterior».
Habida cuenta de que el ámbito objetivo
de la responsabilidad solidaria de los administradores abarca sólo las
obligaciones sociales posteriores al acaecimiento de la causa de disolución (art.
367.1 LSC), la finalidad de esta presunción legal iuris tantum contenida en el
art. 367.2 LSC es facilitar la pretensión del acreedor social. Por ello se
presume que la obligación social cuyo cumplimiento reclama el acreedor legítimo
es de fecha posterior al acaecimiento de la causa de disolución, salvo que los
administradores prueben que la obligación es de fecha anterior.
Y puesto que dicho ámbito objetivo de la
responsabilidad de los administradores se ciñe a las obligaciones sociales
posteriores al acaecimiento de la causa de disolución, la determinación de
dicho ámbito objetivo (y la presunción iuris tantum de su concurrencia)
consiste en una sencilla operación de contraste entre dos fechas: la del
acaecimiento de la causa de disolución, y la fecha del nacimiento de la
obligación social. Y ello a fin de determinar que esta última (la del
nacimiento de la obligación social) es posterior a aquélla (la del acaecimiento
de la causa de disolución).
En el presente caso, la causa de
disolución de cuya concurrencia se trata es la situación de pérdida patrimonial
grave en que está incursa la sociedad [art. 363.1.e) LSC]. Así pues, en
aplicación de la regla de la disponibilidad y facilidad probatoria del art.
217.7 LEC, la presunción iuris tantum del art. 367.2 LSC (sobre la
posterioridad de la obligación social reclamada respecto del acaecimiento de la
causa de disolución) pivota sobre la fecha en que acaeció la pérdida
patrimonial grave. Ello se explica en atención al deber legal de «llevar una
contabilidad ordenada, adecuada a la actividad de la empresa que permita un
seguimiento cronológico de todas sus operaciones» (art. 25.1 CCom). Como indica
nuestra mejor doctrina, el deber público de contabilidad en las sociedades
mercantiles recae sobre la persona jurídica y sobre sus administradores. A este
respecto, conviene recordar que el art. 37.1. 3.º CCom impone a los
administradores el deber de firmar las cuentas anuales, de cuya veracidad
responden.
Por tanto, para exonerarse de esta
responsabilidad del art. 367.1 LSC, los administradores sociales han de
desvirtuar la presunción iuris tantum del art. 367.2 LSC, referida a la
posterioridad de la obligación social cuyo pago se reclama respecto de la fecha
del acaecimiento de la situación de pérdidas cualificadas. Esto comporta que
los administradores han de acreditar que, cuando nació dicha obligación social,
la sociedad no estaba incursa en situación de pérdida patrimonial grave. Y
ello, como ya se ha indicado, por mor de la regla de la disponibilidad y
facilidad probatoria que determina el art. 217.7 LEC.
A este respecto, esta sala ha indicado
en la sentencia n.º 212/2020, de 29 de mayo, en un supuesto en el que al cierre
del ejercicio el patrimonio neto era negativo:
«En ese momento, la causa de disolución era muy clara, pero, obviamente, debía haber surgido antes, en el momento en que el patrimonio neto contable devino inferior a la mitad de la cifra del capital social. Algo que es seguro que ocurrió antes del 31 de diciembre de 2008. Ante la duda de si fue antes o después del 31 de julio de 2008 (fecha de la deuda social), procede aplicar la presunción contenida en el apartado segundo del artículo 367 LSC».
Por tanto, la sentencia presume que la
obligación social fue posterior al acaecimiento de la causa de disolución, por
lo que los administradores responden solidariamente del cumplimiento de las
mismas.
En el presente caso, es un hecho
acreditado por el propio recurrente Sr. Claudio en su contestación a la demanda
que, al cierre del ejercicio 2011, la sociedad Aurex estaba incursa en causa de
disolución por pérdidas cualificadas [art. 363.1.e) LSC], ya que el patrimonio
neto era negativo (-133.027,82 €). De otro lado, la deuda reclamada por Mapar
es de 10 de enero de 2011 (fecha en que ejercitó la facultad resolutoria
contenida en el contrato). A partir de estos dos hechos probados, la sentencia recurrida
aplica la presunción legal de que dicha deuda social es de fecha posterior al
acaecimiento de la causa de disolución. Y esta presunción iuris tantum no ha
sido rebatida en forma alguna por los administradores demandados.
En efecto, la sentencia recurrida
concluye que «desde enero de 2011, Aurex estaba ya incursa en causa legal de
disolución». Y a continuación añade: «sin que se haya propuesto prueba alguna
para desvirtuar esa conclusión lógica y coherente con la presunción legal»
(inciso que el recurrente no transcribe).
Por tanto, la sentencia recurrida aplica
correctamente esta presunción legal y la doctrina de esta sala.
D) El recurso de casación se articula en
un solo motivo, que denuncia la infracción de los arts. 363 y 367 LSC.
En la justificación de este motivo el
recurrente sostiene que dicha infracción proviene de haber considerado la
sentencia recurrida que la obligación social reclamada por Mapar nació en la
fecha en que dicho acreedor ejercitó la acción resolutoria del contrato,
mientras que el recurrente entiende que el nacimiento de la obligación se
produce en la fecha de la celebración del contrato.
A tal fin, el recurrente alega que la
sentencia recurrida considera que la fecha del nacimiento de la deuda es la del
día del válido ejercicio de la facultad resolutoria (el 10 de enero de 2011),
en aplicación de la doctrina contenida en la sentencia del TS de esta sala n.º
151/2016, de 10 de marzo.
Sin embargo, el recurrente alega la
sentencia de esta sala del TS n.º 291/2021, de 11 de mayo, que señala que la
doctrina de la anterior sentencia «no es extrapolable al ejercicio de la acción
resolutoria por incumplimiento del contrato, como sucede en el presente caso,
por cuanto que se trata de supuestos diferentes», y añade que «a los efectos
del art. 367 LSC, la obligación debe entenderse nacida cuando se suscribió el
contrato».
2. Resolución de tribunal. Este motivo
ha de ser desestimado por las siguientes razones.
2.1. En el presente caso no se discute
que el administrador recurrente incumplió el deber de promover oportunamente la
disolución social (art. 365 LSC) ante la concurrencia de esta causa de
disolución consistente en la pérdida patrimonial grave [ art. 363.1.e) LSC].
Y al resolver los motivos del recurso
extraordinario por infracción procesal, se ha analizado la aplicación de la
presunción iuris tantum sobre la posterioridad de la obligación social
reclamada respecto del acaecimiento de dicha causa de disolución (art. 367.2 LSC).
2.2. Ahora, en este motivo único del
recurso de casación el recurrente denuncia que la sentencia recurrida ha
infringido los arts. 363 y 367 LSC en relación con la fecha del nacimiento de
la obligación social cuyo cumplimiento se reclama.
Esta sala se ha ocupado en diversas
sentencias sobre la fecha de nacimiento de la obligación de restitución
derivada del ejercicio de facultades resolutorias, a los efectos de la
aplicación de la presunción del art. 367.2 LSC.
Así, en la sentencia n.º 151/2016, de 10
de marzo, referida a la obligación derivada del ejercicio de una facultad
resolutoria, esta sala ha sostenido:
«En el caso de una obligación restitutoria derivada del ejercicio de una facultad resolutoria, tal obligación no nace cuando se celebra el negocio que se pretende resolver, por más que tenga una relación directa con el mismo, sino del acaecimiento del hecho restitutorio y del ejercicio por el interesado de la facultad resolutoria derivada del mismo. Es ese el momento temporal que debe tomarse en consideración para determinar si la obligación es o no posterior al acaecimiento de la causa legal de disolución.»
Por otra parte, la sentencia del TS n.º
291/2021, de 11 de mayo (en la que se apoya este motivo único del recurso de
casación), se refiere a la fecha del nacimiento de la obligación derivada del
ejercicio de una acción resolutoria por incumplimiento del contrato, y señala
que la doctrina de la sentencia del TS nº 151/2016, de 10 de marzo, «no es
extrapolable al ejercicio de la acción resolutoria por incumplimiento del
contrato, por cuanto que se trata de supuestos diferentes, teniendo en cuenta
la ratio del art. 367 LSC». Y la sentencia del TS nº 291/2021 concluye:
«La fecha de nacimiento de la obligación
del contratante incumplidor no puede depender de que el contratante cumplidor
opte por uno u otro remedio de los previstos en el art. 1124 CC (se refiere a
exigir el cumplimiento de la obligación, o exigir la resolución con la
consiguiente restitución de prestaciones). En ambos casos, a efectos del art.
367 LSC, hemos de entender que la obligación ha nacido cuando se suscribió el
contrato».
2.3. Como señala la doctrina de los
autores, en el sistema español las consecuencias de la resolución contractual
(como remedio frente al incumplimiento) se han configurado siguiendo el modelo
de la condición resolutoria, con sus tres característicos efectos. Por una
parte, la ineficacia contractual (o, si se prefiere, la eficacia liberatoria:
art. 1124 CC en relación con el art. 1114 CC), ya que las partes quedan
desvinculadas del contrato. En segundo lugar, la eficacia restitutoria, pues
las partes quedan obligadas a restituirse las prestaciones (art. 1123.I CC). Y
en tercer lugar, la indemnización de los daños y perjuicios causados por la
parte incumplidora a la parte que resuelve (art. 1124.II CC).
En cuanto a la retroactividad o no
(eficacia ex tunc o ex nunc) de la restitución de prestaciones, nuestra mejor
doctrina señala que la regla general es la retroactividad (eficacia ex tunc:
arts. 1120, 1123.I.III CC), cuando se trata de relaciones obligatorias de
cambio con efectos instantáneos. Sin embargo, esta regla general de la
retroactividad no se aplica (o, si se prefiere, se excepciona) cuando se trata
de la resolución de contratos de ejecución continuada o periódica, esto es,
cuando afecta a relaciones duraderas, que estén total o parcialmente
consumadas. En estos casos, los efectos restitutorios de prestaciones de la
resolución operan ex nunc (y no ex tunc), con los consiguientes deberes de
liquidación de la situación.
2.4. A diferencia del supuesto
enjuiciado en la sentencia del TS nº 291/2021, de 11 de mayo, en el presente
caso es un hecho incontrovertido que el contrato celebrado por Aurex y Mapar el
27 de octubre de 2009, del que deriva la obligación social restitutoria, es un
contrato de obra, referido a la construcción de una instalación de energía
solar fotovoltaica en la cubierta de una nave industrial. También ha quedado
acreditado que el acreedor social Mapar ejercitó el 10 de enero de 2011 la
facultad resolutoria contemplada en el contrato, y que la deuda resultante de
ello (por cantidades anticipadas más intereses) ha sido declarada por sentencia
firme.
En consecuencia, puesto que se trata de
un contrato de ejecución continuada o una relación duradera, los efectos
restitutorios de las prestaciones operan ex nunc, esto es, en el momento de
ejercicio de la acción resolutoria (el 10 de enero de 2011), y no ex tunc, de
manera retroactiva a la fecha de celebración del contrato (el 27 de octubre de
2009).
2.5. Además, cabe añadir que este motivo
único del recurso de casación del Sr. Claudio carece de efecto útil y no le
beneficia en absoluto. Aunque pudiera admitirse, a efectos meramente
dialécticos, que la deuda social cuyo pago reclama Mapar nació en la fecha de
celebración del contrato (el 27 de octubre de 2009), resulta acreditado (doc.
7.3 de la contestación del Sr. Claudio) que el patrimonio neto de Aurex al
cierre del ejercicio 2009 era también negativo y se cifraba en -57.151,40 €.
Asimismo, al cierre del ejercicio anterior Aurex se encontraba en situación de
pérdidas cualificadas (doc. 7.2 de la misma contestación). Puesto que los
administradores de Aurex no han acreditado, en modo alguno, que en la fecha de
celebración del contrato (el 27 de octubre de 2009) la sociedad no estaba
incursa en pérdidas cualificadas, no han desvirtuado la presunción iuris tantum
del art. 367.2 LSC. Como tampoco han realizado ningún esfuerzo probatorio sobre
este punto crucial, en relación con la fecha del 10 de enero de 2011 (en la
cual el acreedor ejercitó la facultad resolutoria).
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