La sentencia de la Audiencia Provincial
de Cádiz, sec. 8ª, de 17 de julio de 2026, nº 255/2026, rec. 80/2026, declara que la publicación de detalles
íntimos y fotografías obtenidas sin consentimiento de las redes sociales,
relativos a una persona con relevancia pública sobrevenida limitada, no está
justificada por el interés público cuando dicha información va más allá del hecho
noticiable y afecta a la esfera de la intimidad y a la propia imagen, siendo
requerida una diligencia activa y profesional para evitar la difusión de
rumores o informaciones sin contrastar.
El tribunal da razón a los demandantes,
confirmando que aunque la cancelación de la boda y la relevancia social del
torero justifican la difusión de la noticia, la extensión y el contenido de las
publicaciones excedieron el interés público al incluir datos íntimos y
fotografías sin consentimiento. Se concluye que la demandada hizo una
reelaboración y amplificación de informaciones sin suficiente diligencia para
evitar la propagación de rumores, infringiendo así los derechos a la intimidad
y propia imagen.
Se confirma la condena a indemnizar por
daño moral, debiendo aplicarse el interés legal desde la sentencia de primera
instancia, modificando parcialmente la condena únicamente respecto al cómputo
de intereses.
El fallo corresponde a una estimación
parcial del recurso de apelación, manteniendo en esencia la doctrina anterior y
reforzando la necesidad de un equilibrio riguroso entre libertad informativa y
derechos fundamentales.
La sentencia destaca el control
restrictivo sobre la difusión de información relativa a personas con relevancia
pública sobrevenida, delimitando el alcance de la libertad informativa respecto
a la intimidad y la propia imagen, especialmente cuando se utilizan imágenes
tomadas sin consentimiento de redes sociales y se transmiten rumores o datos no
contrastados, estableciendo un criterio claro sobre la obligación de diligencia
y respeto en los medios de comunicación en la era digital y de redes sociales.
A) Introducción.
1º) Semana S.L. publicó durante más de dos meses informaciones
sobre la cancelación de la boda de una persona con notoriedad pública e incluyó
detalles privados sobre ella y su padre, además de fotografías de la novia
obtenidas de su perfil de Facebook sin su consentimiento.
La sentencia confirma que las
publicaciones vulneraron la intimidad de ambos demandantes y la propia imagen
de la novia, y se mantiene la orden de retirada de los contenidos.
Se confirman las indemnizaciones de
80.000 euros para la novia y 10.000 euros para su padre.
Los intereses se devengan desde la
sentencia de primera instancia, no desde la presentación de la demanda; por
ello, el recurso se estima parcialmente solo en este extremo. No se establece
un cambio de doctrina.
Conforme al artículo 20.4 de la
Constitución y a la Ley Orgánica 1/1982, el interés público en la cancelación
de la boda no justificaba difundir detalles íntimos irrelevantes ni fotografías
extraídas de una red social sin consentimiento, y no era aplicable el reportaje
neutral porque Semana S.L. reelaboró informaciones y difundió rumores; el
artículo 9.3 de dicha ley sustenta la indemnización por daño moral atendiendo a
la gravedad y difusión de la intromisión, mientras que los intereses se
devengan desde que la indemnización queda fijada judicialmente, con arreglo al
artículo 576 de la LEC.
2º) La sentencia de la Audiencia
Provincial de Cádiz (Sección 8.ª), n.º 255/2026, de 17 de julio de 2026, resuelve
el recurso de apelación interpuesto por la editorial Semana S.L. en un
procedimiento sobre vulneración de derechos fundamentales, declarando:
- Vulneración de derechos (Intimidad y Propia Imagen): Aunque la cancelación de la boda con un torero de notoriedad pública otorgó a la novia (y, de forma colateral, a su padre) una relevancia pública sobrevenida, esta tiene un alcance limitado. La Audiencia confirma que el interés informativo del suceso no ampara la publicación durante más de dos meses de datos íntimos innecesarios ni de cinco fotografías extraídas de su perfil de Facebook sin autorización.
- Exclusión del reportaje neutral y deber de diligencia: El tribunal rechaza aplicar la doctrina del reportaje neutral porque el medio no se limitó a reproducir declaraciones ajenas, sino que reelaboró, amplificó y difundió rumores sin el contraste y la diligencia profesional exigibles.
- Indemnizaciones y medidas: Se confirma la obligación de retirar los contenidos y el pago por daño moral (art. 9.3 de la Ley Orgánica 1/1982) fijado en primera instancia: 80.000 euros para la novia y 10.000 euros para su padre (frente a los 500.000 y 40.000 euros solicitados inicialmente en la demanda).
- Estimación parcial (Cómputo de intereses): El recurso de Semana S.L. solo prospera en un aspecto técnico: los intereses no se devengan desde la interposición de la demanda, sino desde la fecha de la sentencia de primera instancia, momento en que se cuantifica judicialmente la indemnización (art. 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).
B) Antecedentes.
Por la representación procesal de doña
Rosario y don Julio se interpuso demanda de juicio ordinario contra la
mercantil Semana S.L, en la que, en lo que ahora interesa, solicitaba se
dictara sentencia por la que se declarara la vulneración del derecho a la
intimidad personal de ambos demandantes y a la propia imagen de Doña Rosario
por parte de la demandada y se la condenara al pago de una indemnización de
500.000 euros en el caso de Doña Rosario y de 40.000 euros en el caso de Don
Julio, tanto por las cinco imágenes de doña Rosario publicadas en la revista
Semana en su versión física, en su versión digital (www.semana.es) y en su
cuenta de Facebook, como por las publicaciones a través de los mismos medios
relativas al hecho ocurrido el 2 de diciembre de 2023 consistente en la ruptura
de la relación sentimental de Doña Rosario con el torero Florencio, quien
decidió en el último momento no acudir a su boda programada para ese día,
publicándose datos relativos a la intimidad de ambos demandantes innecesarios
para informar sobre dicho suceso.
Tras seguirse los trámites
correspondientes, la Magistrado Juez del antiguo Juzgado de Primera Instancia
n.º 1 de Jerez de la Frontera estimó sustancialmente la demanda y, entre otros
pronunciamientos, condenó a la demandada a abonar a Doña Rosario la suma de
80.000 euros y a Don Julio la cantidad de 10.000 euros por daño moral, en ambos
casos con los intereses legales desde la interpelación judicial, así como los
procesales del artículo 576 LEC.
En la sentencia de instancia se razona
que desde el 3 de diciembre de 2023 al 7 de febrero de 2024 la demandada
realizó diversas publicaciones en la revista Semana relativas a la cancelación
de la boda, tanto en su versión física (la n.º 4375 de 13 de diciembre de 2023,
la n.º 4376 de 20 de diciembre de 2023 y la n.º 4384 de 7 de febrero de 2024)
como en su versión digital en la página web "www.semana.es (en fechas 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 21 y 23 de diciembre de 2023, y 24 y 25
de enero de 2024) y en la cuenta de la demandada en Facebook (entre los días 3
de diciembre de 2023 y 25 de enero de 2024) en las que se dan detalles de la
boda (preboda, invitados, detalles de la ceremonia que se iba a celebrar,
banquete, menú, gastos, cuándo, cómo y quién comunicó la decisión del torero de
no casarse, destino del vestido de novia ); detalles de la novia (profesión,
lugar de trabajo, su relación de convivencia durante dos años con el torero);
reacciones de la novia , que incluyen desde su estado emocional (destrozada, se
refugia en casa de sus padres) hasta sus planes de futuro (viaje de novios ,
lugar al que fue tras la ruptura, su incorporación al trabajo, destino del
traje nupcial, nulas posibilidades de reconciliación de la pareja); causas de
la ruptura (se especula con la posible infidelidad de uno u otro miembro de la
pareja, con la mala relación del padre de la novia con el torero o con el
consejo del sacerdote que iba a oficiar la boda y, en concreto, en un reportaje
del 5 de diciembre de 2023 que se titula "la monumental bronca de
Florencio y el padre de su novia que propició la cancelación de la boda"
se hace referencia a una agria discusión entre suegro y yerno que habría sido
detonante de la decisión del diestro -lo que éste desmintió posteriormente en
una entrevista con Gabriel- y en otras publicaciones se hace alusión a la
influencia de las respectivas familias y a las presiones que pudo sufrir el
torero para contraer un matrimonio que no deseaba). La mayor parte de los
reportajes se ilustran con una o varias fotografías de Doña Rosario (cinco
imágenes diferentes que se reproducen retocadas (con imágenes del torero y de
la iglesia) o sin retocar y que se obtuvieron del perfil de Rosario en la red
social Facebook (como se indica al pie de la primera fotografía publicada y
como se infiere de la referencia en las demás fotografías a las redes sociales
y del interrogatorio de la actora y de la testifical depuesta en juicio). Se
razona que Doña Rosario no tenía notoriedad pública (joven cardióloga) y su
padre gozaba tan solo de reconocimiento en su entorno profesional como ingeniero
agrónomo y circunscrito a la localidad de Jerez de la Frontera y ni uno ni otro
demandante habían hecho públicos datos de su vida privada.
Se admite como hecho noticiable la boda
de Doña Rosario con el torero y la cancelación del compromiso nupcial pocas
horas antes de la boda, dada la cierta fama del novio como torero y la
invitación a la boda de algunos personajes famosos. Pero se considera de escaso
o nulo interés en relación con la formación de la opinión pública tanto la
reiterada incidencia en aspectos de la vida personal de Doña Rosario (preboda y
comportamiento de los novios en esa fiesta, estado emocional de la novia tras
la ruptura y sus reacciones, decisiones o planes) ilustrando las publicaciones
con imágenes privadas de la misma, como la conversación que Don Julio habría
mantenido con el torero poco antes de la boda y su conexión con las causas de
la ruptura matrimonial.
Se concluye que la injerencia en la
intimidad de ambos demandantes por parte de la entidad demandada fue clara ya
que, de una parte, se revelaron aspectos de Doña Rosario que pertenecen a lo
íntimo, como su estado emocional o reacciones de Doña Rosario al conocer la
noticia de la anulación de la boda, la fiesta preboda o sus planes de futuro
(aprovechar el viaje de novios con sus amigas, irse a la playa con su madre o
si pensaba reconciliarse con Florencio) y, de otra, en relación con Don Julio
pertenece también a la esfera de lo íntimo la relación que pudiera tener con su
futuro yerno y las conversaciones privadas que pudiera haber mantenido con él.
Igualmente se considera que las fotografías de Doña Rosario fueron extraídas de
su red social en Facebook, sin que constara el permiso de la actora, lo que se
considera también una intromisión por parte de la demandada en el derecho de la
actora a su propia imagen.
Frente a dicha sentencia ha interpuesto
recurso de apelación la entidad Semana, S.L alegando que los protagonistas de
un hecho relevante públicamente, como lo fue la cancelación de la boda del
diestro, ostentan una relevancia pública sobrevenida que justifica la
publicación de informaciones sobre dichos protagonistas, como lo eran
indudablemente la novia y el padre de la novia y, en concreto, la posible mala
relación del padre de la novia con el torero como detonante de la ruptura; las
informaciones publicadas formaban parte del núcleo esencial del hecho
informativo noticiable; la boda ya gozaba de relevancia pública (estuvo
presente la agencia de noticias Gtres y otras televisiones) y cuánto más su
cancelación, prevaleciendo por ello la libertad de información al derecho a la
intimidad de sus protagonistas; el carácter proporcional e inocuo para los
derechos concernidos de la información divulgada; la aplicación al caso de la
doctrina del reportaje neutral al haber actuado la demandada como mero transmisor
de información previamente publicada por otros medios de comunicación; las
fotografías de Doña Rosario eran de dominio público y no fueron extraídas de
redes sociales, resultando accesorias a la información. Subsidiariamente,
impugna el importe de las indemnizaciones a cuyo pago se le condena y que
considera desproporcionado atendidos los estándares judiciales en asuntos
similares, la errónea valoración de la difusión e impacto mediático de su
revista "de prensa", la difusión de las noticias durante escasos dos
meses, la circunstancia de que las imágenes y las noticias ya habían sido
difundidas en otros medios de comunicación, el carácter no denigrante de la
información y la inocuidad de los datos publicados y la ausencia total de
acreditación de un perjuicio real y tangible. Igualmente se alega por la
demandada la improcedencia en el caso del pago de intereses legales desde la
interposición de la demanda, al no hallarnos ante una deuda previa entre las
partes.
La representación de los demandantes y
el Ministerio Fiscal se han opuesto al recurso y han solicitado la confirmación
de la sentencia de instancia.
C) La resolución del recurso exige
partir, en primer lugar, del hecho de que la mercantil Semana S.L no cuestiona
ni en la instancia ni en su recurso el contenido de las publicaciones que
realizó en su revista, tanto en su versión física, como en su versión digital,
en la página web www.semana.es, y en su
cuenta de la red social Facebook.
Tampoco discute ni el número de dichas publicaciones ni su extensión en el
tiempo desde el 3 de diciembre de 2023 al 7 de febrero de 2024. Lo que plantea
la demandada es, en esencia, la relevancia pública sobrevenida de los
demandantes, la de ser una mera transmisora de información previamente
publicada, la obtención de las fotografías del dominio público informativo y,
en su caso, el importe de la indemnización. Ello nos conduce al examen de si
concurrió en el caso la intromisión ilegítima que se imputa a la demandada y a
analizar, en su caso, las consecuencias económicas de la lesión de los citados
derechos fundamentales.
La demandada fue condenada por atentar
al derecho a la intimidad de ambos demandados por el contenido de las
publicaciones vertidas en su revista durante dos meses con motivo de la
cancelación por el diestro, Florencio, de su boda con Doña Rosario pocas horas
antes de su celebración y por atentar al derecho a la imagen de Doña Rosario
por las fotografías publicadas en dichas publicaciones y extraídas sin su
consentimiento de su red social en Facebook.
En la sentencia se considera probado que
en las referidas publicaciones se hizo mención a aspectos de la vida íntima y
privada de Doña Rosario y de su padre que resultaban innecesarios para informar
sobre el hecho noticiable, como lo fue efectivamente la cancelación de la boda
poco antes de su celebración, tales como los datos profesionales de la novia ,
su reacción, estado de ánimo y planes tras la ruptura, la preboda, gastos de la
boda o causas de la ruptura con expresa mención a una conversación entre Don
Julio, padre de la novia , y el torero como detonante. Igualmente se considera
acreditada la ilustración de dichos reportajes con cinco fotografías de Doña
Rosario extraídas de su red social en Facebook.
Sentado lo anterior, la recurrente, sin
negar el contenido de las publicaciones ni su ilustración con fotografías de
Doña Rosario, alega de nuevo en la alzada la condición de los demandantes como
personas con relevancia pública sobrevenida, alegato que no fue acogido por la
Magistrada Juez a quo con la repercusión pretendida y que tampoco podemos
acoger ahora.
Hemos de recordar que el art.20.4 CE establece
que las libertades de expresión e información "tienen su límite en el
respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las
leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la
intimidad, a la propia imagen [y a la protección de la juventud y de la
infancia]".
Y como se afirma en la STS, 1617/2023, de 21 de noviembre:
"Para que pueda considerarse justificada una intromisión en los citados derechos fundamentales (honor, intimidad y propia imagen) es preciso que la información o la expresión se refiera a asuntos de relevancia pública o interés general, ya por la propia materia a la que aluda la noticia o el juicio de valor, o por razón de las personas, esto es, porque se proyecte sobre personas que ejerzan un cargo público o una profesión de notoriedad o proyección pública (STC 68/2008; STS de 6 de julio de 2009)......La "proyección pública" se reconoce en general por razones diversas: por la actividad política, por la profesión, por la relación con un importante suceso, por la trascendencia económica y por la relación social, entre otras circunstancias (STS 17 de diciembre de 1997)."
El TS en supuestos en los que el derecho
a la intimidad entra en conflicto con las libertades de información y expresión
considera que el elemento legitimador es la relevancia pública del hecho
divulgado y, también, se ha de comprobar que el afectado no haya adoptado
pautas de comportamiento que permitan entender que consiente expresamente el
público conocimiento de determinados aspectos privados, dado que corresponde a
cada persona acotar el ámbito de intimidad personal y familiar que reserva al
conocimiento ajeno.
En este sentido, el Tribunal Supremo y
el Tribunal Constitucional recogen y definen la figura de "personaje
público con publicidad sobrevenida", en la que encajaría Doña Rosario,
como novia cuyo compromiso matrimonial fue cancelado, e incluso, aunque de
forma muy tangencial y momentánea, Don Julio, como padre de la novia. Pero tal
circunstancia no justifica cualquier difusión de su imagen pública ni la
publicación de datos privados intrascendentes para informar sobre el hecho
noticiable. La función que la libertad de información desempeña en una sociedad
democrática justifica que se informe sobre el hecho noticiable (la cancelación
de la boda de un torero) y que en esa información se incluya información
gráfica relacionada con tal hecho, como pueden ser las imágenes de los
invitados o de la iglesia, pero no justifica que pueda utilizarse cualquier
imagen de la afectada, y en concreto, imágenes de la novia que carezcan de
cualquier conexión con los hechos noticiables y cuya difusión no haya
consentido expresamente. Y, en concreto, la libertad de información no
justifica la difusión pública de la imagen de una persona obtenida de las
fotografías obrantes en las cuentas de las redes sociales, puesto que la
formación de una opinión pública libre no exige ni justifica que se afecte al
derecho fundamental a la propia imagen con esa gravedad y de un modo que no
guarda la necesaria conexión con los hechos de relevancia pública objeto de la
información (así, STS Pleno de 19-12-2019, n.º 697/2019, rec.4528/2018).
Los razonamientos contenidos en la
sentencia y en el recurso sobre el interés público en los hechos objeto de la
información son correctos en lo concerniente a cancelación en si de la boda
poco antes de celebrarse habida cuenta del hecho en sí y de la cierta fama de
uno de los contrayentes como torero y al carácter de los invitados, algunos de
ellos famosos. Pero no por ello pueden considerarse protegidos por la libertad
de información cualesquiera noticias o reportajes que se elaboren sobre este
hecho. Así la demandada no se limita a informar sobre tan inhabitual suceso
sino que realiza afirmaciones tajantes sobre la reacción y estado de ánimo de
la novia y sobre las decisiones que tomó tras conocer la anulación de su boda y
sostiene determinadas hipótesis sobre la causa de la ruptura como la
infidelidad de uno u otro novio , el consejo del sacerdote e incluso una
conversación entre el padre de la novia y el torero y refiere las presiones de
ambas familias sobre el torero para decidirse a contraer un matrimonio que no
deseaba.
La sentencia considera probado y no se
discute que los demandantes nunca quisieron revelar ningún aspecto de su vida
íntima y privada, incluida la relación sentimental entre Doña Rosario y el
torero y el hecho de que se cancelara la boda, más allá de la noticia de la
anulación del compromiso matrimonial, no dota a los demandantes, por el solo
hecho de ser la novia y su padre, de una mayor trascendencia pública en orden a
divulgar conversaciones privadas entre el torero y su futuro suegro ni para
difundir imágenes de la novia extraídas de su red social y sin conexión con el
enlace matrimonial ni para publicar detalles íntimos sobre la reacción de la
novia o sobre sus planes posteriores a la ruptura del compromiso.
Por otra parte, cuando de intimidad se
trata, el elemento para determinar que la información vertida o las expresiones
empleadas son legítimas no es su veracidad, entendida como diligencia del
profesional de la información, sino el interés público del asunto que, como se
ha dicho, no alcanza en el caso a circunstancias ajenas a la cancelación del
compromiso y pertenecientes en todo caso al ámbito de la intimidad de los
demandantes.
De todo ello se concluye que la libertad
de información no puede en este caso prevalecer sobre los derechos a la
intimidad y a la propia imagen de uno y otro demandante. El hecho de que las
publicaciones realizadas no tengan carácter denigrante carece de relevancia en
el caso al no propugnarse en la demanda ningún atentado contra el honor de los
actores y el carácter inocuo de las publicaciones no puede defenderse cuanto
afectan a la intimidad de las personas concernidas.
D) Alega también la recurrente la
infracción de la doctrina jurisprudencial sobre el reportaje neutral al haberse
limitado la demandada a reproducir lo publicado en otros medios, lo que habría
supuesto una transmisión neutra de las manifestaciones de otro, sin
reelaboración de la noticia.
La STC 76/2002, de 8 de abril (FJ 4), a
la que se remite la más reciente STC 24/2019, de 25 de febrero, como expresión
de la jurisprudencia constitucional al respecto, señala los requisitos del
reportaje neutral en los siguientes términos:
"a) El objeto de la noticia ha de hallarse constituido por declaraciones que imputan hechos lesivos del honor o de la intimidad, pero que han de ser por sí mismas, esto es, como tales declaraciones, noticia y han de ponerse en boca de personas determinadas responsables de ellas (SSTC 41/1994, de 15 de febrero, FJ 4 y 52/1996, de 26 de marzo, FJ 5). De modo que se excluye el reportaje neutral cuando no se determina quién hizo tales declaraciones (STC 190/1996, de 25 de noviembre, FJ 4b).
"b) El medio informativo ha de ser mero transmisor de tales declaraciones, limitándose a narrarlas sin alterar la importancia que tengan en el conjunto de la noticia (STC 41/1994,de 15 de febrero, FJ4), de modo que si se reelabora la noticia no hay reportaje neutral (STC 144/1988, de 30 de junio, FJ 5) y tampoco lo hay cuando es el medio el que provoca la noticia, esto es, en el llamado periodismo de investigación (STC 6/1996, de 16 de enero), sino que ha de limitarse a reproducir algo que ya sea, de algún modo, conocido.
"c) En los casos de reportaje neutral propio la veracidad exigible se limita a la verdad objetiva de la existencia de la declaración, quedando el medio exonerado de responsabilidad respecto de su contenido (STC 232/1993, de 12 de julio, FJ 3). Consecuentemente la mayor o menor proximidad al reportaje neutral propio modula la responsabilidad por el contenido de las declaraciones (SSTC 240/1992, FJ7 y 144/1998, FJ5)".
Por su parte, en las SSTS 76/2020, de 4
de febrero, 270/2022, de 30 de marzo y 653/2022, de 11 de octubre se dispone
que:
"[...] no debe confundirse que la información obtenida y comunicada públicamente haya sido contrastada conforme a pautas profesionales y adecuadas a las circunstancias concurrentes con la institución del "reportaje neutral", que consiste en que el objeto de la noticia esté constituido por declaraciones ajenas que imputan hechos lesivos para el honor, que sean noticia por sí mismas. Como tales declaraciones, han de ponerse en boca de personas determinadas, responsables de ellas. El medio informativo ha de ser mero transmisor de tales declaraciones, limitándose a narrarlas sin alterar la importancia que tengan en el conjunto de la noticia pues si se reelabora la noticia no hay reportaje neutral. De darse estos presupuestos, la veracidad exigible se limita a la verdad objetiva de la existencia de la declaración".
Además, el Alto Tribunal ha tenido
ocasión de señalar que el reportaje neutral o información neutral exige la
ausencia de indicios racionales de falsedad evidente de lo difundido, a fin de
evitar que el reportaje neutro sirva indebidamente a la divulgación de simples
rumores o insidias, pues resultaría absurdo que, con el pretexto de tratarse de
un reportaje neutral, se pudiera difundir -reproduciéndola- una información
sobre la que existe constancia de que supone una intromisión ilegítima en el
ámbito de protección de un derecho fundamental (por todas, sentencias del TS nº
748/2022, de 3 de noviembre; STS nº 617/2016, de 10 de octubre; STS nº 378/2015,
de 7 de julio y STS nº 472/2014, de 12 de enero).
Pues bien, en este caso, en las
publicaciones litigiosas se informa sobre un hecho noticioso publicado por vez
primera el 2 de diciembre de 2023 por el diario ABC en su cuenta de red social
X. Pero, como se afirma
en la sentencia apelada y no se contradice por la apelante, la versión de los
hechos no se reproduce sin más sino que es reelaborada por la revista Semana.
Así en el diario ABC se hace una breve reseña de la cancelación de la boda de
la que se hicieron eco otros medios de comunicación nacionales y extranjeros.
Pero en la primera noticia de la demandada, de 3 de diciembre de 2023, en su
página web y en su cuenta en Facebook, se amplía la información dada por ABC y
así se dice que la novia estaba destrozada y que se refugió en casa de sus
padres; que los invitados estaban desconcertados; que el matador asumiría por
completo los gastos de la boda; que se celebró una preboda el día anterior con
una fiesta en la que se veía a los novios enamorados; que la boda iba a ser de
"cuento de hadas" y que la novia estaba a punto de dejar prendados a
todos los presentes con su look nupcial.
En algunas las siguientes publicaciones
y como también se detalla en la sentencia apelada se hace mención a la fuente,
en concreto a la cadena Telecinco y al programa "TardeAr" y a otros
programas del sector de la prensa de sociedad o prensa rosa, esto es, a
programas bajo el formato de noticias comentadas por tertulianos. Pero no se
menciona a la concreta persona interviniente en el programa fuente de la
información, la cual no ésta, por tanto, identificada, asumiendo la demandada y
haciendo propio lo que pueden considerarse en muchos casos como meros rumores
sin contraste profesional alguno y sin que el mero hecho de reproducir noticias
de otros medios permita considerar legítimas técnicas que invadan derechos
protegidos.
Por tanto la revista Semana, en uno
casos, reelaboró las noticias de otros medios y, en casi todas sus
publicaciones, transmitió como hechos verdaderos simples rumores carentes de
toda constatación o meras insinuaciones sin comprobar su realidad mediante las
oportunas averiguaciones propias de un profesional diligente.
En consecuencia, esta Sala comparte las
conclusiones de la sentencia recurrida de que no existió una transmisión
objetiva y neutral de la información de terceros, de modo que la diligencia del
informador no podía en este caso limitarse a la verdad objetiva de lo dicho por
aquellos y que, asumiendo una conducta activa y no pasiva, la recurrente debió
desplegar la mínima diligencia a su alcance para cerciorarse de que no estaba
divulgando como ciertos meros rumores que afectaban a la esfera de la intimidad
de los actores.
Tampoco desde el ángulo del posible
carácter desproporcionado puede ser revertido el juicio de ponderación
realizado por la Magistrada Juez a quo.
En este sentido, y con respecto a la persona de Doña Rosario, la sentencia
recurrida alude a que la información divulgada, por la forma en que esta es
presentada, no tiene cabida en el ámbito de protección constitucional otorgado
a la libertad de información, pues de forma continuada en el tiempo, durante
más de dos meses, el medio editado y dirigido por la recurrente siguió
divulgando informaciones y publicando imágenes sobre la demandante en las que
hizo alusiones innecesarias a su vida privada y a la esfera de su intimidad que
no cabe justificar por razón del interés informativo de la materia. Y lo mismo
cabe argüir respecto de Don Julio al hacer también mención innecesaria a sus
relaciones personales con el torero y a la hipotética incidencia de una conversación
que mantuvo con el novio como causa de la cancelación de la boda.
E) Indemnización.
La demandada impugna, con carácter
subsidiario, el pronunciamiento relativo al quantum indemnizatorio, que
considera desproporcionado.
Ante todo recordar que el artículo 9 de
la Ley Orgánica 1/1982, sobre protección civil del derecho al honor, a la
intimidad personal y familiar y a la propia imagen, determina que la tutela
judicial frente a intromisiones ilegítimas en tales derechos comprenderá la
adopción de todas las medidas necesarias para poner fin a la intromisión
ilegítima, y así en particular, entre otras, "el restablecimiento del
perjudicado en el pleno disfrute de sus derechos, con la declaración de la
intromisión sufrida, el cese inmediato de la misma y la reposición del estado
anterior"; así como "la indemnización de los daños y perjuicios
causados". La norma también establece expresamente que "La existencia
de perjuicio se presumirá siempre que se acredite la intromisión ilegítima. La
indemnización se extenderá al daño moral, que se valorará atendiendo a las
circunstancias del caso y a la gravedad de la lesión efectivamente producida,
para lo que se tendrá en cuenta, en su caso, la difusión o audiencia del medio
a través del que se haya producido".
En cuanto al resarcimiento indemnizatorio por los daños morales causados, afirma el TS que:
"Como hemos recordado en la sentencia 53/2017, de 27 de enero, la doctrina jurisprudencial reiterada del TC y del TS, insiste en que las bases para la ponderación de los daños morales irrogados por vulneración del derecho al honor, intimidad y propia imagen, están fijados en el art. 9.3 de la LO 1/1982, determinándose que la valoración del daño moral debe atenderse a las circunstancias del caso y a la gravedad de la lesión efectivamente producida, para lo que se tendrán en cuenta, en su caso, la difusión o audiencia del medio a través del que se haya producido. En tal sentido, en la ponderación de la lesión moral habrá que atender a cuestiones como (i) el grado de difusión alcanzada; (ii) la gravedad de los calificativos; (iii) la aportación de imágenes a la noticia; (iv) el lugar que ocupe la noticia en el conjunto de la publicación o programa; (v) la posibilidad de difusión digital; y (vi) la falta de beneficio económico para el medio a resultas de la publicación, lo que, en su caso, aminoraría la indemnización" (entre otras, STS 551/17, de 11 de octubre).
Además, la jurisprudencia del TS también indica expresamente que no cabe fijar una indemnización meramente simbólica en estos supuestos:
"Como declaran las sentencias de esta sala 386/2011, de 12 de diciembre, STS nº 696/2014, de 4 de diciembre, y STS nº 261/2017, de 26 de abril (con cita de otras muchas), en estos casos de intromisión en el derecho al honor no es admisible que se fijen indemnizaciones de carácter simbólico, pues al tratarse de derechos protegidos por la Constitución como derechos reales y efectivos, una indemnización de tal naturaleza convertiría la garantía jurisdiccional en un acto meramente ritual, incompatible con el contenido de los artículos 9.1, 1.1 y 53.2 CE y la correlativa exigencia de una reparación acorde con el relieve de los valores e intereses en juego" (misma STS nº 551/17).
En el presente caso, ponderando
razonablemente la cuantía de la indemnización por daño moral, no se aprecia, a
juicio de esta Sala, una desproporción por cuanto es obvia la inquietud y
desasosiego derivado de la persistencia en aspectos atinentes a la intimidad de
Doña Rosario y relativos fundamentalmente a su reacción y estado emocional tras
la cancelación de su boda con el diestro y es obvio también el malestar por la
innecesaria atención de la que fue objeto su padre al apuntarle como detonante
de dicha cancelación y que, en ambos casos, tuvo una innegable perspectiva,
social, familiar y personal.
Es cierto que no consta la concreta
difusión de todas las publicaciones en las que se realizaron los comentarios
lesivos ni documental de la que resulte un sufrimiento psicológico de los
demandantes concreto y tangible. Pero es obvio que los reportajes se emitieron
en una revista de difusión nacional, cuya audiencia, si fuera escasa o distinta
de la señalada por la Magistrada a quo habría sido evidenciada por la propia
recurrente, y que tales publicaciones se realizaron tanto en la revista física
(respecto de la que la sentencia de instancia tiene por probado que se
vendieron 42.681 ejemplares en relación con el número publicado el 13 de
diciembre de 2023, 38.962 ejemplares del número de 20 de diciembre de 2023 y
40.325 en el caso del número publicado el 7 de febrero de 2024; lo que la
demandada no ha negado), como en la edición digital a través de su página web
que cuenta con tres millones de usuarios y en su red social de Facebook que
cuenta con 953.192 seguidores (lo que tampoco ha desvirtuado la demandada
limitándose a decir que lo importante sería conocer la cifra de usuarios únicos
de la noticia web, que no aporta, o el número de interacciones de las
publicaciones en su cuenta de Facebook sin aportar tampoco el número de
entradas que tuvo cada noticia) y que las publicaciones se prolongaron dos
meses en el tiempo. La sensación anímica de inquietud, impotencia y angustia
que tuvieron que padecer los demandantes resulta evidente. Debemos recordar,
además, que la intromisión ilegítima en el caso de Doña Rosario tuvo lugar no
solo en el derecho a su intimidad personal sino también en el derecho a su
propia imagen y que las publicaciones que le afectan fueron muy superiores en
número a las que aludían a su padre.
No existen, por tanto, razones objetivas
para discrepar de la cantidad fijada por la Magistrada Juez de instancia, que
ha de confirmarse.
F) Se fijan los intereses desde la fecha
de la sentencia.
La entidad demandada muestra también su
disconformidad con el día inicial del cómputo de los intereses moratorios,
fijado en la sentencia a partir de la fecha de presentación de la demanda, y
que considera la recurrente que debería de fijarse desde la fecha de la
sentencia al no tratarse de una cantidad líquida.
Dicho motivo debe ser estimado.
En efecto, el artículo 1.108 CC fija
como criterio indemnizatorio, cuando se condena al pago de una cantidad de
dinero, la condena al pago de los intereses convencionales, o en su defecto del
interés legal. El cómputo, conforme señala el artículo 1.109 CC se devengará
desde que son judicialmente reclamados. Ahora bien, para ello es preciso que
exista una cantidad líquida que no se da en los casos de reclamaciones por
derecho al honor que no puede tener el mismo tratamiento que el incumplimiento
de una obligación que es el ámbito específico de aplicación del citado artículo
1.109 CC. En este caso, el derecho a la indemnización sólo surge desde el
momento en el que se declara judicialmente la vulneración del derecho al honor
de la parte actora y su importe pues, con independencia de lo que se reclame en
la demanda, sólo se puede fijar en la sentencia condenatoria tras el
reconocimiento de la vulneración del derecho fundamental. En consecuencia, la
cantidad sólo será liquida desde que se fija judicialmente, lo que implica que
sólo a partir de dicho momento se inicia el cómputo de los intereses de la
indemnización judicialmente reconocida, pues sólo desde dicho momento se puede
considerar en mora la parte condenada al pago de dicha cantidad.
De forma expresa se indica en la STS nº 245/19, de 25 de abril cuando señala que:
"Esta cantidad devengará el interés legal, incrementado en dos puntos, desde la fecha de la sentencia de primera instancia, por entender que el incumplimiento de los requisitos impuestos por la normativa de protección de datos para la comunicación de los datos personales del demandante al registro de morosos justificaba que ya desde la sentencia del Juzgado de Primera Instancia se hubiera fijado una indemnización a su favor".
En consecuencia, el único interés legal
aplicable en el caso será el del artículo 576 LEC, esto es, desde que se
declara la vulneración del derecho y se fija judicialmente el importe de la
indemnización, en este caso, desde la sentencia de primera instancia al haberse
confirmado la cantidad fijada en la misma.
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