La sentencia de la Sala de lo Social del
Tribunal Supremo, sec. 1ª, de 9 de septiembre de 2026, nº 686/2026, rec.
5275/2024, en
unificación de doctrina revoca la sentencia de instancia para afirmar que el
Juzgado debe entregar la cuantía indemnizatoria a la actora por daños y
perjuicios derivados de reincorporación tardía tras excedencia voluntaria, pero
en ese cálculo debe descontar de los salarios brutos dejados de percibir en el
período en que no se reincorporó, las correspondientes retenciones a cuenta del
IRPF y las cotizaciones a la Seguridad Social.
El Juzgado de lo Social no debe entregar
a la demandante las cantidades reconocidas en su cuantía bruta, sino en el
importe neto resultante de aplicar los descuentes pertinentes por retenciones
IRPF y cotización a la Seguridad Social.
La indemnización reconocida a una
trabajadora por los salarios dejados de percibir debido a su reincorporación
tardía tras una excedencia voluntaria debe abonarse en su importe neto, una vez
practicadas las retenciones fiscales y las cotizaciones a la Seguridad Social
legalmente exigibles.
Cuando una indemnización se calcula
sobre salarios dejados de percibir por retraso en la reincorporación tras una
excedencia voluntaria, la cantidad reconocida debe entregarse al trabajador en
su importe neto, descontando las retenciones fiscales y cotizaciones a la
Seguridad Social correspondientes, puesto que dichas retenciones son
obligaciones legales que debe cumplir el órgano que efectúa el pago.
El Tribunal Supremo estima el recurso de
casación para unificación de doctrina presentado por la empresa, casando y
anulando la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Se
concluye que la indemnización, aunque calculada en base a los salarios dejados
de percibir, debe entregarse descontando las retenciones legales
correspondientes por IRPF y cotizaciones a la Seguridad Social, conforme a la
doctrina consolidada en sentencias previas de la Sala IV del Tribunal Supremo.
Se rechaza que la indemnización deba
abonarse en su importe bruto, ya que hacerlo supondría un incumplimiento de las
obligaciones tributarias y de Seguridad Social del órgano que realiza el pago y
generaría un perjuicio al deudor (la empresa). Así, se modifica parcialmente la
sentencia de instancia en cuanto al importe a abonar, fijando la cantidad neta
de 33.899,20 euros que corresponde tras aplicar los descuentos legales.
En esta resolución se establece un
cambio en la doctrina aplicable, unificando criterios jurisprudenciales
relativos a la naturaleza de la indemnización y al tratamiento fiscal y de
Seguridad Social en estos supuestos. No se imponen costas en suplicación ni en
casación.
La sentencia clarifica y unifica la
doctrina respecto a que las indemnizaciones por salarios dejados de percibir
derivadas de excedencias voluntarias deben sujetarse a las retenciones fiscales
y cotizaciones a la Seguridad Social, estableciendo que el importe a abonar al
trabajador es el neto resultante tras aplicar dichas deducciones, corrigiendo
interpretaciones anteriores que permitían su abono en importe bruto e
incorporando el pago fiduciario de las obligaciones tributarias y de Seguridad
Social correspondientes.
A) Introducción.
1º) Un trabajador en excedencia voluntaria debía
reincorporarse a Iberia Líneas Aéreas de España, S.A., el 9 de junio de 2021,
pero la reincorporación se realizó el 1 de noviembre de 2022, por lo que
reclamó el pago de los salarios dejados de percibir durante ese período.
¿Debe la indemnización por salarios
dejados de percibir abonarse en su importe bruto o debe descontarse la
retención fiscal y la cotización a la Seguridad Social?.
Se determina por el Tribunal Supremo que
la indemnización debe abonarse neta, es decir, con la aplicación de las
retenciones a cuenta del IRPF y de las cotizaciones a la Seguridad Social,
estableciendo unificación de doctrina en ese sentido.
Según la jurisprudencia consolidada de
la Sala IV del Tribunal Supremo, especialmente la STS 1097/2024 y la STS 24 de
noviembre de 2009, la ejecución judicial que abona salarios dejados de percibir
debe practicar las retenciones fiscales y de cotización, ya que el órgano
judicial sustituye al deudor y debe respetar las obligaciones tributarias y de
Seguridad Social, evitando así que el pago sea más gravoso para el ejecutado y
que el trabajador se beneficie indebidamente sin cumplir la normativa fiscal y
de Seguridad Social.
2º) El Tribunal Supremo determina que el
Juzgado de lo Social no debe entregar las cantidades brutas a la demandante. La
empresa (u órgano judicial que actúe en sustitución del deudor) tiene la
obligación legal de calcular y aplicar los descuentos correspondientes por retenciones
a cuenta del IRPF y cotizaciones a la Seguridad Social.
La Sala de lo Social del Supremo
fundamenta esta unificación de doctrina en tres argumentos principales:
- Sustitución Fiduciaria del Deudor:
Cuando un órgano judicial ejecuta un pago en sustitución de la empresa, debe
actuar respetando la normativa vigente. Esto implica cumplir con las
obligaciones tributarias y de Seguridad Social que le corresponderían al
pagador original.
- Evitar el Enriquecimiento Injusto:
Abonar la cantidad en bruto permitiría al trabajador percibir ingresos sin
cumplir de forma inmediata con sus cargas fiscales, generando un beneficio
indebido.
- Protección del Ejecutado: Entregar
el importe bruto generaría un perjuicio económico a la empresa deudora,
haciendo el pago de la condena más gravoso de lo legalmente exigible.
B) Cuestión planteada y la sentencia
recurrida.
1. La actora disfrutó de excedencia
voluntaria debiéndose haber reincorporado a la empresa el 9 de junio de 2021;
sin embargo dicha reincorporación tuvo lugar el 1 noviembre de 2022. Y lo que
tenemos que resolver es si la cantidad que reclama la trabajadora, calculada en
base a los salarios dejados de percibir en ese periodo (salario bruto diario de
99,70 euros), debe ser recibida por ella de forma íntegra o bruta (50.747,30
euros) o, por el contrario, descontando la retención fiscal y la cotización a la
Seguridad Social, de manera que la cantidad concreta a entregar a la actora
sería de 33.899,20 euros.
2. La actora estuvo en situación de
excedencia voluntaria y debió de haberse reincorporado el 9 de junio de 2021,
pero dicha reincorporación tuvo realmente lugar el 1 noviembre de 2022.
La trabajadora interpuso demanda de
reconocimiento de derecho y de reclamación de cantidad, siendo objeto de debate
en el juicio únicamente dicha reclamación de cantidad, que se calculó en base
al salario bruto diario de la actora (99,70 euros) y por un total de 50.747,30
euros.
Consta en los hechos probados que «en
caso de estimarse la demanda el importe bruto de los salarios a percibir por el
período desde el 09/06/21 hasta el 01/11/22 sería la de 50.747,30 euros y el
importe neto , tras descuentos del 33,2% (IRPF, cotizaciones, formación y
FOGASA), 33.899,20 euros.»
3. La sentencia del Juzgado de lo Social
núm. 29 de Barcelona 141/2023, de 1 de mayo (autos 700/2022), estimó la demanda
y condenó a la empresa a abonar a la actora la cantidad de 50.747,30 euros en
concepto de indemnización y, además, en virtud del artículo 66.3 LRJS (no
comparecencia al acto de conciliación), a 600 euros en concepto de costas.
La sentencia del juzgado de lo social
cita la STS 989/2020, de 11 de noviembre (rcud 2405/2018), que declara que en
estos casos le corresponde recibir a la persona afectada «en concepto de
indemnización por la no reincorporación, los salarios que hubiera debido
percibir desde dicha fecha.»
El juzgado de lo social entiende que
debe compensarse a la actora con la cantidad bruta, argumentando que los daños
no fueron solo por la retribución no percibida, «que sí sería en cantidad neta
» -afirma el órgano judicial-, sino porque la empresa tampoco abonó durante ese
periodo la cotización a la Seguridad Social ni practicó la retención por IRPF,
«lo que también se traduce en perjuicios.»
4. La empresa recurrió en suplicación la
sentencia del juzgado de lo social, solicitando que la indemnización se
redujera al importe neto de los salarios (33.989,20 euros) o, alternativamente,
que por el juzgado de lo social se procediera a la liquidación a la liquidación
y posterior retención para su ingreso a la TGSS y a la Hacienda Pública.
La sentencia de la Sala de lo Social del
TSJ de Catalunya 2180/2024, de 12 de abril (rec. 4895/2023), desestimó el
recurso y confirmó la sentencia del juzgado de lo social.
El TSJ parte de que la cantidad objeto
de condena es una indemnización (artículo 1.101 CC), que no tributaría por IRPF
ni cotizaría a la Seguridad Social, lo que se proyecta igualmente sobre la
pretensión alternativa -que la sentencia del TSJ califica de subsidiaria- de la
parte recurrente.
La sentencia del TSJ cita la STS 4 de
febrero de 2015 (rcud 148/2014). Y argumenta que limitar la indemnización al
importe neto supone excluir la plena reparación del perjuicio derivado de la
antijurídica conducta empresarial, que no se contrae estricta y exclusivamente
a una pérdida patrimonial, pues también existe la búsqueda o mantenimiento de
otra actividad que proporcione ingresos y se genera la zozobra personal
inherente a una situación de incertidumbre cuya solución incluso precisa de un
procedimiento judicial. Reproduciendo una sentencia de otro TSJ, la sentencia
recurrida afirma que la persona afectada tiene «un perjuicio económico directo
que deriva de la falta de cotización a la Seguridad Social durante el periodo,
que redundaría en la actora al serle computado a efectos de carencia en las
diversas prestaciones de la acción protectora de dicha institución, lucrándose
directamente la empresa demandada al no realizar tales cotizaciones.»
C) El recurso de casación para la
unificación de doctrina, su impugnación, el informe del Ministerio Fiscal y el
examen de la contradicción.
1. La empresa ha recurrido en casación
para la unificación la sentencia de la Sala de lo Social del TSJ de Catalunya
2180/2024, de 12 de abril (rec. 4895/2023).
El recurso invoca de contraste la
sentencia de la Sala de lo Social del TSJ de Madrid 963/2020, de 4 de noviembre
(rec. 449/2020), y denuncia la infracción de los artículos 1.101, 1.103 y 1.106
CC y de los artículos 7 de la Ley 35/2006, del IRPF, y 15 LGSS.
El recurso solicita que se revoque
parcialmente la sentencia del juzgado de lo social a fin de que la cantidad
objeto de condena sea la neta de 33.899,20 euros. O, alternativamente, que por
el juzgado se proceda a la liquidación y retención de las correspondientes
liquidaciones para su ingreso a la TGSS y a la Hacienda Pública, lo que resulta
acorde -afirma el recurso- con la STS 24 de noviembre de 2009 (rcud 2757/2008).
El recurso menciona la cifra de 33.894,4 (no de 33.899,20) euros; pero sea esa
primera cifra fruto o no de un error, el caso es que en los hechos probados
constan 33.899,20 euros.
2. El recurso ha sido impugnado por la
trabajadora, solicitando su inadmisión, por ausencia de contradicción, y,
subsidiariamente, su desestimación y la declaración de firmeza de la sentencia
recurrida.
3. Partiendo de la existencia de
contradicción entre las sentencias comparadas, el Ministerio Fiscal interesa en
su informe la estimación del recurso.
4. Apreciamos, en coincidencia con lo
informado por el Ministerio Fiscal y en contra de lo que sostiene la
impugnación del recurso, que entre la sentencia recurrida y la de contraste (la
sentencia de la Sala de lo Social del TSJ de Madrid 963/2020, de 4 de
noviembre, rec. 449/2020), concurren la identidad y la contradicción que exige
el artículo 219.1 LRJS.
Ya en un supuesto sustancialmente igual
al que ahora afrontamos la STS 1097/2024, de 12 de septiembre (rcud 1787/2022),
ha declarado la existencia de contradicción entre la sentencia allí recurrida y
la sentencia de contraste que igualmente se invoca en el presente recurso: la
sentencia de la Sala de lo Social del TSJ de Madrid 963/2020, de 4 de noviembre
(rec. 449/2020). Lo mismo debemos hacer ahora.
En la sentencia referencial, en un
procedimiento en el que la empresa debía abonar una suma igual a los salarios
dejados de percibir, la sentencia examinó si la cantidad debía abonarse íntegra
o con retenciones, llegando a la conclusión de que cuando una indemnización se
concreta y calcula sobre los salarios dejados de percibir, la empresa debe
hacer las retenciones de impuestos y de cotizaciones a la Seguridad Social, de
modo que han de descontarse las retenciones legales y obligatorias, declarando
que en el caso debía abonarse al trabajador la suma neta resultante de
descontar los descuentos por IRPF y por cotizaciones.
De lo expuesto se desprende que, a los
efectos que aquí importan, existe contradicción porque las sentencias
comparadas parten de un mismo presupuesto -una indemnización fijada por
equivalencia con salarios dejados de percibir- y resuelven de forma divergente
la cuestión de si procede o no practicar las retenciones fiscales y las
cotizaciones sociales cuando la cuantía indemnizatoria se calcula sobre
parámetros salariales. La sentencia recurrida declara que la indemnización no
tributa y no cotiza, mientras que, por el contrario, la sentencia de contraste
sostiene que, al concretarse la cuantía a percibir sobre los salarios dejados
de percibir, sí debe aplicarse la retención de IRPF y las cotizaciones
correspondientes.
En consecuencia, la doctrina debe ser
unificada, lo que como se verá en el siguiente fundamento de derecho, ya ha
hecho la STS 1097/2024, de 12 de septiembre (rcud 1787/2022), que afirma que la
doctrina correcta es la de la sentencia referencial.
D) La procedencia de practicar las
retenciones a cuenta del IRPF y la cotización a la Seguridad Social.
1. Esta Sala IV tiene ya una consolidada
doctrina sobre lo que tenemos que resolver.
Baste con señalar que, reiterando
doctrina anterior y en un caso en el que se condenó igualmente a los salarios
dejados de percibir por excedencia , la STS 1097/2024, de 12 de septiembre
(rcud 1787/2022), en la que ya hemos dicho que se invocaba la misma sentencia
de contraste que ahora se esgrime, ha declarado que procede el descuento de lo
que corresponda por IRPF y por cuotas a la Seguridad Social.
Según hemos anticipado, la STS 1097/2024
afirma expresamente que «es la sentencia de contraste la que contiene la
doctrina correcta.»
2. La primera resolución que debemos
mencionar es la STS de 24 de noviembre de 2009 (rcud 2757/2008), dictada por la
entonces denominada Sala General y que expresamente invoca el recurso de
casación unificadora.
En lo que aquí interesa referir, la STS
24 de noviembre de 2009 (rcud 2757/2008), afirma, en primer lugar, que «bien se actúe contra la cantidad
consignada para recurrir, bien contra la depositada para pagar, habrán de
practicarse las retenciones establecidas legal y reglamentariamente», toda vez
que «el juzgado, al pagar al acreedor, sustituye al deudor y debe hacer el pago
en las mismas condiciones que este, esto es respetando las obligaciones que a
todo pagador imponen las leyes», teniendo las resoluciones dictadas al respecto
«carácter prejudicial» por lo que no impedirán que «al liquidarse el impuesto sobre
la renta de las personas físicas, el trabajador realice las compensaciones
oportunas y pida la devolución correspondiente en su caso.»
La STS 24 de noviembre de 2009 (rcud
2757/2008), argumenta, en segundo lugar, que la ejecución de las sentencias «no puede hacer más gravosa
la situación del ejecutado, quien no puede ser obligado a pagar más que aquello
a lo que fue condenado», por lo que «deben practicarse las retenciones legales
y reglamentarias a la hora de realizar el pago (por) el juzgado que ejecuta el
fallo condenatorio, por cuanto en otro caso se beneficiaría al acreedor en
perjuicio del deudor que vería agravada su situación con relación a lo
ejecutoriado». La sentencia recuerda que debe descontarse la cotización a la
Seguridad Social por los salarios para su posterior ingreso en la TGSS y si la
empresa no lo hace en su momento «no podrá hacerlo después y será a su cargo,
exclusivamente, el pago de la cotización.» Y respecto a las retenciones a
cuenta del IRPF, la STS 24 de noviembre de 2009 razona que «la falta de esa
retención conlleva para el pagador responsabilidades importantes porque, aparte
de las sanciones que se le puedan imponer, resulta que el retenedor sigue
obligado a ingresar en Hacienda las cantidades que debió retener y, además,
adeuda intereses de demora tributarios por la falta de ingreso.»
Finalmente, la sentencia del TS de 24 de
noviembre de 2009 afirma que
«la falta de práctica de las retenciones tributarias y por cuota obrera
perjudica al empresario deudor que, aparte las sanciones, sigue obligado a
pagar lo que no retuvo más los intereses, y redunda en beneficio del deudor, lo
que es contrario a las normas fiscales, al artículo 26.4 (ET) ...» Como se
sabe, el artículo 26.4 ET establece que «todas las cargas fiscales y de
Seguridad Social a cargo del trabajador serán satisfechas por el mismo, siendo
nulo todo pacto en contrario.»
3. La doctrina de la STS 24 de noviembre
de 2009 (rcud 2757/2008) ha sido reiterada por las posteriores SSTS 550/2022,
de 15 de junio (rcud 1052/2019); STS nº 118/2023, de 8 de febrero (rcud
603/2020); STS nº 1097/2024, de 12 de septiembre (rcud 1787/2022), que ya hemos
mencionado y que a su vez reproduce la STS nº 118/2023; y STS nº 467/2026, de 6
de mayo (rcud 3744/2024), que cita las STS nº 550/2022, STS nº 118/2023 y STS
nº1097/2024.
Por su parte, la STS 4 de febrero de
2015 (rcud 148/2014), mencionada por la sentencia recurrida y que se dictó
igualmente en un supuesto de excedencia voluntaria y hace referencia a los
artículos 1.101 a 1.106 CC, resume así la jurisprudencia previa de esta Sala
IV:
«1) se presume que la reincorporación tardía del trabajador excedente da lugar a una indemnización de daños y perjuicios ; 2) la cuantía de la indemnización se cifra en principio en los salarios dejados de percibir a causa de la conducta de incumplimiento de la empresa ...; 3) corresponde al trabajador la acreditación de daños y perjuicios superiores que considere se han producido.»
4. En fin, la citada STS 118/2023, de 8
de febrero (rcud 603/2020), entiende que:
«Debemos reiterar la conclusión ya alcanzada en 2009 por el Pleno de esta Sala: es en el momento de la ejecución judicial, bien se actúe contra la cantidad consignada para recurrir, bien contra la depositada para pagar, cuando deben practicarse las retenciones a cuenta del IRPF o por cotización a la Seguridad Social. El órgano judicial (aquí Juzgado de lo Social), al pagar al acreedor, sustituye al deudor y debe realizarlo en las mismas condiciones que este, esto es, respetando las obligaciones que a todo pagador imponen las leyes tributarias o de Seguridad Social.»
La STS 118/2023 añade que:
«No cabe exigir a la empresa que
acredite haber practicado las oportunas retenciones cuando lo que ha hecho es
poner a disposición del Juzgado las cantidades brutas correspondientes a los
salarios adeudados. La falta de acreditación documental del cumplimiento de tal
obligación es consustancial al modo en que se ha llevado a cabo el pago por
parte del empleador.
Quien abona los salarios (empresa,
órgano judicial) debe practicar las oportunas retenciones, sin que pueda
pretenderse el cobro de las cantidades brutas, por estar a disposición del
Juzgado, al tiempo que exigirle a quien las satisfizo (la empresa) que lleva a
cabo pagos (a la TGSS y a la AEAT) con fondos que ya han salido de su
patrimonio, ni siquiera con la posibilidad de posterior reclamación a quienes
cobraron las cantidades brutas sin retención.»
Recuérdese que la sentencia recurrida,
reproduciendo una sentencia de otro TSJ, afirma que la actora tiene «un
perjuicio económico directo que deriva de la falta de cotización a la Seguridad
Social durante el periodo, que redundaría en la actora al serle computado a
efectos de carencia en las diversas prestaciones de la acción protectora de
dicha institución, lucrándose directamente la empresa demandada al no realizar
tales cotizaciones.»
Ya la sentencia del juzgado de lo social
había argumentado que los daños no fueron solo por la retribución no percibida,
«que sí sería en cantidad neta », sino porque la empresa tampoco abonó durante
ese periodo la cotización a la Seguridad Social ni practicó la retención por
IRPF, «lo que también se traduce en perjuicios.»
La STS nº 118/2023 concluye que «el Juzgado de lo Social no debe
entregar a los demandantes las cantidades reconocidas sino el importe neto
resultante de aplicar los descuentos pertinentes por retenciones a cuenta del
IRPF y de cotización a Seguridad Social.»
5. Lo mismo debemos concluir en el
presente procedimiento.
En efecto, tampoco en el actual caso el
juzgado de lo social debe entregar a la actora las cantidades reconocidas en su
cuantía bruta (50.747,30 euros), sino en el importe neto (33.899,20 euros)
resultante de aplicar los descuentos pertinentes por retenciones a cuenta del
IRPF y de cotización a Seguridad Social.
Haciéndolo así, que es como nuestra
jurisprudencia establece que debe hacerse, deja de existir, por cierto, ese
daño adicional que en el presente asunto apreciaba la sentencia recurrida (y
antes la sentencia de instancia) de falta de cotización a la Seguridad Social
por el periodo en el que no se percibieron los salarios que se debían haber
percibido al haberse producido el reingreso tras la excedencia voluntaria en
una fecha posterior a la que se tendría que haber producido.
Y lo mismo sucede con las retenciones a
cuenta del IRPF con la consecuencia que ya hemos mencionado y advertía la STS
24 de noviembre de 2009 (rcud 2757/2008), de que la actora, al liquidar aquel
impuesto, podrá realizar las compensaciones oportunas y pedir la devolución
correspondiente, por ejemplo, por sostener que las cantidades percibidas son
rentas exentas de tributación.
De conformidad con las ya referidas SSTS
4 de febrero de 2015 (rcud 148/2014), citada por la sentencia recurrida, y STS
nº 989/2020, de 11 de noviembre (rcud 2405/2018), citada por la sentencia de
instancia, dictadas ambas en supuestos de no reincorporación del trabajador
excedente, la indemnización se corresponde con «los salarios dejados de
percibir» por el incumplimiento empresarial. Y, como señala la STS de 4 de
febrero de 2015 recae sobre la persona trabajadora «la acreditación de daños y
perjuicios superiores que considere se han producido.»
En el presente supuesto, la demanda de
la actora solicitaba exclusivamente la percepción de los salarios dejados de
percibir por el periodo 9 de junio de 2021 al 1 de noviembre de 2022, cuyo
importe «bruto», según consta en los hechos probados, era de 50.747,30 euros.
Nada se alegaba ni se decía en la demanda, ni en general a lo largo del
procedimiento, de daños y perjuicios superiores a esa cifra, como, por ejemplo,
la situación de incertidumbre de la actora o la necesidad de mantener otra
actividad como fuente de ingresos a las que alude la sentencia recurrida; y
ello con independencia de que, si se hubieran percibido salarios por cuenta de
otras empresas, tales salarios, de conformidad con la propia STS de 4 de
febrero de 2015 (rcud 148/2014), deberían en principio descontarse de la
indemnización a percibir.
Sea como fuere, en el presente caso la
actora fijó su reclamación de cantidad en 50.747,30 euros, cifra que se
corresponde exactamente con los salarios que dejó de percibir en el periodo
referido. Y esa es la cifra que, en efecto, le reconoció la sentencia
recurrida, confirmando lo que ya había declarado la sentencia de instancia.
Lo que sucede es que, de conformidad con
nuestra jurisprudencia, y en los términos que volvemos a reproducir de la STS nº
118/2023, «el Juzgado de lo Social no debe entregar a los demandantes las
cantidades reconocidas sino el importe neto resultante de aplicar los
descuentos pertinentes por retenciones a cuenta del IRPF y de cotización a
Seguridad Social.»
Y recuérdese que, según hemos
adelantado, reiterando doctrina anterior y en un caso en el que se condenó
igualmente a los salarios dejados de percibir por excedencia, la STS nº 1097/2024,
de 12 de septiembre (rcud 1787/2022), en la que como sabemos se invocaba la
misma sentencia de contraste que ahora se esgrime (y que es «la que contiene la
doctrina correcta»), ha declarado igualmente que procede el descuento de lo que
corresponda por IRPF y por cuotas a la Seguridad Social.
E) La estimación del recurso de casación
de unificación de doctrina.
1. De acuerdo con lo expuesto, y de
conformidad con lo informado por el Ministerio Fiscal, procede estimar el
recurso de casación para la unificación de doctrina; casar y anular la
sentencia recurrida; y resolver el debate de suplicación, en el sentido de
estimar el recurso de tal clase interpuesto por la empresa y revocar
parcialmente la sentencia de juzgado de lo social, en el sentido de que el
juzgado debe entregar a la actora la cantidad de 33.899,20 (no de 50.747,30)
euros y proceder a practicar las correspondientes retenciones a cuenta del IRPF
y las cotizaciones a la Seguridad Social, manteniendo el resto de sus
pronunciamientos.
2. Sin costas ni en suplicación ni en
casación unificadora y con devolución de los depósitos constituidos para
recurrir (artículos 228.2 y 235.1 LRJS).
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