La
sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas, sec. 3ª, de 1 de diciembre
de 2025, nº 662/2025, rec. 537/2022, declara
que en las acciones reivindicatorias relacionadas con la titularidad de
animales, la inscripción en un registro administrativo no es prueba concluyente
de dominio, siendo necesario acreditar mediante prueba lógica, documental o
testimonial el título de propiedad, identificación del objeto y desposesión, y
en caso de contradicción probatoria, el tribunal debe valorar la totalidad del
conjunto probatorio para determinar la titularidad.
El
tribunal desestima el recurso de apelación porque la parte actora no logró
acreditar fehacientemente su propiedad exclusiva sobre el perro Pelirrojo. La
sentencia del juzgado de instancia se fundamenta en una valoración lógica y
racional de la prueba practicada, que incluyó documentos, mensajes de WhatsApp
y testimonios, que demostraron que la negociación y compra la realizó el
demandado y no la actora, a pesar de que esta última recogió al animal. La
inscripción en registros administrativos y la cartilla veterinaria no son
prueba definitiva de propiedad exclusiva, especialmente cuando existen
inscripciones contradictorias y falta de un título jurídico específico. Los
argumentos de la parte actora no superaron la carga de la prueba ni desmontaron
las alegaciones de la parte demandada.
En
consecuencia, se confirma la sentencia inicial que desestimó la demanda y se
imponen las costas a la parte actora por ausencia de dudas relevantes en la
primera instancia y por la presentación de un recurso infundado. No se
establece un cambio doctrinal en la interpretación del artículo 348 del Código Civil, sino que se reafirma la
importancia de una valoración integral y equilibrada de la prueba para la
determinación de la propiedad.
La
sentencia destaca la importancia de no considerar como determinante la
inscripción en registros administrativos para la acreditación del dominio en la
propiedad de animales y otros bienes muebles, insistiendo en la necesidad de
valorar integralmente las pruebas, la relación contractual, la posesión y las
circunstancias fácticas del caso para resolver la titularidad, lo que refuerza
el criterio jurídico respecto a la prueba en controversias sobre propiedad de
animales.
A)
Introducción.
1º) Tras la ruptura de una pareja, ambas
partes reclamaron la propiedad de un perro adquirido en Tenerife, cuya posesión
tenía una de ellas y que figuraba inscrito a nombre de ambas, en momentos
distintos, en el registro Zoocan.
La
parte actora ejercita una acción reivindicatoria y declarativa de dominio sobre
un perro llamado Pelirrojo, alegando poseer la propiedad basada en documentos
como la cartilla de vacunación y la inscripción en el registro Zoocan a su
nombre; por su parte, el demandado alega que adquirió el animal mediante compra
previa, aportando mensajes y documentos contradictorios. Ambos poseen
inscripciones en el registro con dos microchips distintos. El perro fue
recogido en Tenerife por la actora aunque la negociación se realizó por el
demandado. La sentencia de instancia desestima la demanda por falta de
acreditación del dominio exclusivo por parte de la actora.
¿Acreditó
la demandante ser propietaria exclusiva del perro y, por tanto, tener derecho a
reivindicar su posesión?.
No;
se desestimó la apelación y se confirmó que la demandante no había probado la
titularidad exclusiva del animal, sin que se estableciera un cambio doctrinal.
Conforme
al artículo 348 del Código Civil, la acción reivindicatoria exige acreditar el
dominio, identificar el bien y demostrar su posesión por el demandado, y, según
las reglas de carga de la prueba del artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, la inscripción administrativa en Zoocan y las atenciones veterinarias no
bastaron para probar la propiedad exclusiva frente a los mensajes que
vinculaban al demandado con la adquisición y la existencia de inscripciones
contradictorias.
2º) Fundamentos de Derecho y Doctrina
Aplicada:
- Valor probatorio de los registros administrativos: La inscripción en registros administrativos (como Zoocan) y la cartilla veterinaria no constituyen prueba concluyente ni definitiva del dominio, especialmente cuando existen inscripciones duplicadas/contradictorias y ausencia de un título jurídico de adquisición.
- Requisitos de la acción reivindicatoria (art. 348 CC): Exige probar cumulativamente el título de propiedad, la plena identificación del bien y la posesión indebida por el demandado. Sin alteración doctrinal, la Sala reafirma que estos requisitos deben acreditarse mediante una valoración integral y lógica de todo el conjunto probatorio.
- Carga de la prueba (art. 217 LEC): La demandante no logró superar la carga probatoria ni desvirtuar la prueba documental, testifical y los mensajes de WhatsApp que demostraban que la negociación y compra del animal fueron realizadas por el demandado (siendo irrelevante a efectos traslativos que ella lo recogiera físicamente).
B)
Antecedentes.
Por
la parte actora se formuló demanda de juicio ordinario en ejercicio de una
acción reivindicatoria (y declarativa de dominio) en relación al perro de
nombre Pelirrojo, solicitándose que se condenara al demandado a entregar a la
actora la posesión pacífica y el disfrute del mencionado perro, que se
reconociera el derecho de titularidad de la demandante de dicho animal y se
condenara en costas al demandado.
Tras
la oposición de la parte demandada, que se considera propietario del animal, la
sentencia apelada desestimó la demanda al considerar en esencia y en síntesis
reductora que la parte actora no había acreditado el derecho de propiedad sobre
el perro Pelirrojo.
Frente
a dicha resolución se alza la parte actora, quien viene a sustentar su recurso
de apelación en una errónea valoración de la prueba, pues habría sido la parte
apelante quien contactó con los propietarios originales del perro Pelirrojo,
que fue ella la que se trasladó a Tenerife a por el perro en Mayo del 2017, que
fue a ella a quien se lo entregaron, que fue ella la que lo trajo a Lanzarote
con su cartilla original y que fue el veterinario Don Bruno quien lo trató
desde cachorro, poniéndole todas las vacunas y solicitando el Alta en el
Registro Canario de Identificación Animal (ZOOCAN) del animal a nombre de la
demandante apelante, documento que acreditaría que ella es la titular y
responsable del animal frente a dicha registro, pues el alta en dicha entidad a
nombre del demandado es posterior así como la nueva cartilla que no contiene
ninguna nueva vacuna.
Así
mismo se alega en el recurso de apelación que dicho veterinario manifestó en la
vista no conocer al demandado y que dio de alta al microchip que puso al perro
en el referido registro, siendo una negligencia administrativa que el perro
tenga dos microchips, siendo necesario para que haya un cambio de titularidad
que se firme un documento privado entre el anterior propietario y el nuevo,
documento que no existe. Así mismo la parte apelante valora el resto de
declaraciones testificales, en especial el de la veterinaria que le habría
puesto otro microchip.
Finalmente
se alude en el recurso de apelación a la infracción por la sentencia apelada
del artículo 348 del CC pues sí que se habría acreditado en autos todos los
requisitos legales y jurisprudenciales para el éxito de la acción
reivindicatoria entablada en la demanda.
Subsidiariamente
solicita la parte apelante que no se le impongan las costas de la instancia por
las dudas de hecho existentes.
La
parte apelada se opuso expresamente al recurso de apelación.
C)
Requisitos de la acción reivindicatoria.
Como
antes se señaló por la representación procesal de la parte actora, ahora
apelante se promovió demanda ejercitando una acción reivindicatoria en relación
al perro que decía ser de su propiedad, de nombre Pelirrojo, y cuya posesión
ostentaba sin su autorización el demandado, quien había sido en otro tiempo su
pareja sentimental.
A
tal efecto procede señalar los requisitos según la doctrina y la jurisprudencia
en todos los supuestos de las acciones otorgadas por el artículo 348 del C.
Civil, que son los siguientes:
a) Justificación de un título dominical que no es preciso consista en la presentación de un título inscrito que demuestre por sí solo que el accionante ostente el dominio, pues basta que lo demuestre por los demás medio de prueba que la ley admite (Sentencias del Tribunal Supremo de 3 de octubre de 1972, STS de 23 de enero de 1989 y STS de 18 de julio de 1989), incumbiendo la prueba del título de dominio al reivindicante o peticionario de la acción de mera.
b) Identificación del objeto de la acción.
c) El hecho de la desposesión por el demandado (Sentencias del Tribunal Supremo de 9 de diciembre de 1980, STS de 3 de julio de 1981, STS de 4 de diciembre de 1984 y STS de 18 de julio de 1989), negativa del alegado derecho o de cualquier otro acto que haga precisa la defensa que con la acción se pretende, sin que en la acción meramente declarativa sea menester que el demandado sea poseedor, siendo suficiente que contravierta el derecho de propiedad, bastando la no acreditación de cualquiera de estos requisitos para que la acción pueda ser desestimada.
D)
Valoración jurídica.
En
el supuesto enjuiciado el debate planteado en el recurso afecta esencialmente a
la valoración de la prueba y a la aplicación de las normas sobre la carga de la
prueba, extremo este último donde -con carácter general- opera el artículo 217
de la Ley de Enjuiciamiento Civil
y, al respecto, este Tribunal comparte
la valoración dela prueba llevada a cabo por el Juez de instancia en la
sentencia recurrida ya que descansa en una valoración lógica y racional de las
pruebas practicadas en el procedimiento llegando a una decisión absolutamente
correcta que objetivamente se corresponde con los resultados de las pruebas
practicadas y con las reglas generales sobre la carga de la prueba.
Y
no discutiéndose que en el supuesto enjuiciado concurren los requisitos de
identificación del animal Pelirrojo reivindicado y de su posesión por el
demandado, lo que no acredita la actora apelante es que sea propietaria del
mismo.
Y
de entrada la parte actora no identifica en la demanda el acto o negocio
jurídico por el que adquirió la titularidad exclusiva de Pelirrojo, limitándose
a indicar que es propietaria del perro por los documentos 3 y 4 adjuntos a la
demanda, que serían la cartilla de vacunación del perro y el documento
administrativo de inscripción con microchip en el registro canario de
identificación (Zoocan) a solicitud del veterinario Don Bruno y a nombre de la
actora, y ello a diferencia del demandado, quien en su contestación a la
demanda señala ser propietario al comprar al Pelirrojo y pagar el precio por
él.
Y
es que en relación a la inscripción de los perros en los registros de animales
de compañía, la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid , Sección 9ª, nº
582/2016, de 17 de noviembre, señala:
"Sobre esta cuestión no puede entenderse que el hecho de que el animal este inscrito a su nombre en el Registro Informatizado de Animales de Compañía, pueda deducirse sin más el dominio sobre el bien, pues si en relación a los bienes inmuebles su inscripción solo es una presunción iuris tantum del dominio a favor de la persona a cuyo favor está inscrita la finca, el hecho de que el animal este inscrito a nombre del actor en un registro administrativo, puede ser un dato a tener en cuenta a fin de resolver sobre el dominio del animal, pero en modo alguno de un dato esencial a tal fin . ".
Pues
bien, en el supuesto enjuiciado, dicha inscripción no puede ser definitiva para
declarar a la actora propietaria exclusiva del animal, pues tal y como consta
en la cartilla de vacunación de Pelirrojo, el mismo procede de Tenerife, no
apareciendo rellenada la parte relativa a su dueño y poniéndosele su primera
vacuna en dicha isla el día 19 de mayo del 2017 y si se leen los mensajes de
wasaps admitidos como prueba documental en la instancia y en la alzada, unidos de un lado a los folios 89 a 93
(aportados por la parte demandada) y de otro lado a los folios 130 y 131(
aportados por la parte actora), se constata que quien negoció la adquisición
del perro con "Golen Tenerife Juan", consiguiendo incluso una rebaja
del precio porque se tenía que viajar desde Lanzarote a Tenerife para ir a
recoger el animal, fue el demandado y no la actora (ver el mensaje donde el
vendedor dice al demandado, "Sí, venga te bajo algo para el
billete"). Cierto es que quien fue a recoger finalmente el animal a
Tenerife fue la actora, pero ya había avisado de ello el demandado al vendedor
diciendo "Va la novia mía al final", exnovia y actora, que no
acredita que entrara en contacto con el vendedor de Pelirrojo, hasta el mismo
día del viaje a Tenerife para ir a recoger el animal el 22 de mayo del 2017.
El
hecho de que las asistencias al veterinario Sr, Bruno, para poner las vacunas
al animal en mayo, junio y julio del 2017, las realizara la actora, no le
atribuye la titularidad dominical exclusiva del animal pues en esa época las
partes eran pareja. Tampoco atribuye una titularidad exclusiva del animal a la
actora el hecho de que la vacuna de la rabia puesta a Pelirrojo por ese mismo
veterinario el 7 mayo del 2019 y el microchip puesto ese mismo día con alta en
Zoocan, fuera a instancia de la actora, en una época en la que ya había crisis
en la pareja, sin que el veterinario diera una explicación razonable en la
vista de la tardanza desde el 2017 al 2019, en dicha alta, aludiendo al coste
de unos 50 euros que no es excesivo, por lo que dicho hecho tampoco puede ser
definitivo para declarar propietaria exclusiva del perro a la actora, máxime
cuando el demandado también ha aportado documentación administrativa de que Pelirrojo
también está a su nombre y con microchip con numeración diferente en Zoocan,
por mucho que su inscripción fuera posterior a la de la actora, pues insistimos
ambas inscripciones contradictorias del animal en Zoocan datan del año 2019,
cuando la pareja ya estaba en crisis, no correspondiendo determinar a este
Tribunal, si el animal tiene puesto en la actualidad uno o dos microchips, al
no aportarse prueba al respecto al no bastar la documental aportada, o si la
segunda veterinaria, D ª Paulina a cuya clínica llevó el demandado el perro en
octubre del 2019, y que manifestó haber puesto un microchip a Pelirrojo en esa
fecha, tras haber comprobado como siempre hacía con un lector, que el animal no
tuviera ya puesto un microchip, ha incurrido o no en negligencia profesional.
En
definitiva, que con la prueba obrante en autos ha de confirmarse la sentencia
apelada y consiguiente desestimación de la demanda, al no haber acreditado la
parte actora la propiedad o titularidad exclusiva de Pelirrojo.
Por
lo expuesto procede la desestimación del recurso de apelación analizado.
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