A) La sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, sec. 1ª, de 25
de abril de 2019, nº 245/2019, rec. 3425/2018, sostiene que el
cumplimiento de la normativa que regula la protección de datos de carácter
personal es determinante para decidir si, en el caso de inclusión de datos de
una persona física en un registro de morosos, la afectación del derecho al
honor constituye o no una intromisión ilegítima.
Por ello, no es correcto afirmar que la
vulneración del derecho al honor se produce exclusivamente cuando se comunican
al registro de morosos los datos relativos a una deuda inexistente, por cuanto
que, como ha manifestado reiteradamente la jurisprudencia del TS, los ficheros
automatizados del art. 29 LOPD no son meros registros de deudas.
El TS
manifiesta que para incluir en estos ficheros de morosos los datos de
carácter personal determinantes para enjuiciar la solvencia económica del
afectado, es preciso que previamente se haya requerido de pago al deudor y se
le haya informado que, de no producirse el pago, los datos relativos al impago
podrán ser comunicados al registro de morosos.
Porque Tribunal
Supremo ha declarado que el requisito del requerimiento de pago previo no es
simplemente un requisito "formal". Con la práctica de este
requerimiento se impide que sean incluidas en estos registros personas que, por
un simple descuido, por un error bancario al que son ajenas, o por cualquier
otra circunstancia de similar naturaleza, han dejado de hacer frente a una
obligación dineraria vencida y exigible sin que ese dato sea pertinente para
enjuiciar su solvencia. Además, les permite ejercitar sus derechos de acceso,
rectificación, oposición y cancelación.
B) HECHOS OBJETO DE LA LITIS: Caixabank S.A. (en lo sucesivo,
Caixabank) comunicó a un fichero relativo al incumplimiento de obligaciones
dinerarias (lo que habitualmente se conoce como un "registro de
morosos") los datos personales del demandante, como consecuencia del
impago, a su vencimiento, del préstamo hipotecario concedido a una sociedad de
la que el deudor era administrador, en el que este era fiador a título
personal. Tal comunicación se realizó sin que previamente se le hubiera
requerido de pago ni advertido de que, caso de no hacerlo, se comunicarían los
datos relativos al impago a ficheros relativos al incumplimiento de
obligaciones dinerarias. El demandante mantenía negociaciones con Caixabank
para cancelar el préstamo mediante la dación en pago de la finca hipotecada.
1º) Los datos personales del demandante estuvieron incluidos en el registro de
morosos desde el 11 de diciembre de 2012 al 22 de febrero de 2016, periodo en
el que fueron consultados por entidades con las que el demandante mantenía
relaciones profesionales o del sector en el que el demandante había
desarrollado su actividad.
El fiador demandante, interpuso una
demanda de protección del honor contra Caixabank en la que reclamó una
indemnización de 200.000 euros, 160.000 por daños materiales y 40.000 por los
daños morales provocados por la intromisión ilegítima en su honor que supuso la
inclusión de sus datos personales en el registro de morosos.
2º) El Juzgado de Primera Instancia estimó en parte la demanda. Consideró que
concurría el requisito de la existencia de la deuda cierta, líquida y vencida,
puesto que la iliquidez alegada por el demandante, con base en el acuerdo a que
habría llegado con Caixabank para cancelar el préstamo mediante la dación en
pago de la finca hipotecada, no estaba probada, pues las pruebas practicadas
mostraban que no se había pasado de los tratos preliminares. Pero al no
haberse cumplido el requisito del requerimiento previo de pago exigido en los
arts. 38.c y 39 del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de protección de datos de carácter personal (en lo sucesivo,
LOPD), aprobado por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre) (en lo
sucesivo, el Reglamento), se había infringido la normativa sobre protección de
datos de carácter personal, lo que suponía que la comunicación de los datos al
registro de morosos constituía una intromisión ilegítima del derecho al honor.
El juzgado valoró las circunstancias concurrentes (fundamentalmente, el tiempo
que los datos estuvieron incluidos en el registro de morosos, que dijo era de
cuatro años, las consultas que calculaba se hicieron de dichos datos y el hecho
de que las entidades que accedieron a esos datos tenían relación con el
demandante, lo que indicaba un alto grado de afectación de su reputación en
tales entornos) y fijó una indemnización de 40.000 euros.
3º) Caixabank apeló la sentencia. Como pretensión principal del recurso,
solicitó la desestimación de la demanda pues negó que se hubiera producido la
intromisión ilegítima dado que concurría el requisito de la existencia de una
deuda cierta, líquida y exigible y, en contra de lo afirmado por el juzgado, se
había producido el requerimiento de pago. Como pretensión subsidiaria, impugnó
la indemnización por excesiva.
La Audiencia Provincial rechazó la
impugnación relativa a la existencia de requerimiento previo, pues confirmó que
no existía prueba de que se hubiera practicado tal requerimiento. Pero declaró
que no hubo intromisión ilegítima en el honor del demandante pues existía una
deuda líquida, vencida y exigible, por lo cual, solo por la falta de práctica
del requerimiento previo, "sin perjuicio de las acciones a que ello
pudiera dar lugar al amparo de lo previsto en su artículo 19 [de la Ley
Orgánica de Protección de Datos ], no
puede prosperar una acción tendente a proteger el derecho al honor del
demandante, que tiene por fin reparar el menoscabo a su dignidad por la
divulgación de datos inveraces, al ser ciertos los datos incluidos en el
fichero".
C) Para el Tribunal Supremo es totalmente trascendente el requisito del
previo requerimiento de pago con advertencia de inclusión en un registro de
morosos.
1º) La atribución a una persona de la condición de "moroso", y la
comunicación de esta circunstancia a terceras personas, afecta al honor de
la persona a la que se realiza la imputación, porque existe una valoración
social negativa de las personas incluidas en estos registros y porque la
imputación de ser "moroso" lesiona la dignidad de la persona,
menoscaba su fama y atenta a su propia estimación. Así lo viene afirmando el
Tribunal Supremo desde la STS nº 284/2009, de 24 de abril, del pleno de la Sala
de lo Civil.
2º) El art. 2.2 de la Ley Orgánica 1/1982, sobre protección civil del
derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen (en lo sucesivo, Ley
Orgánica 1/1982), prevé que "no se apreciará la existencia de intromisión
ilegítima en el ámbito protegido cuando estuviere expresamente autorizada por
Ley...". De ahí que la actuación "autorizada por la ley" excluya
la ilegitimidad de la afectación del derecho al honor provocada por la
comunicación de los datos personales del supuesto "moroso" a un
fichero sobre incumplimiento de obligaciones dinerarias.
3º) El cumplimiento de la normativa que regula la protección de datos de
carácter personal es, por tanto, determinante para decidir si, en el caso de
inclusión de los datos de una persona física en un registro de morosos, la
afectación del derecho al honor constituye o no una intromisión ilegítima. Si el tratamiento de
los datos ha sido acorde con las exigencias de dicha legislación (es decir, si
el afectado ha sido incluido correctamente en el registro de morosos), no puede
considerarse que se haya producido una intromisión ilegítima porque la
afectación del honor estaría "expresamente autorizada por la Ley".
4º) La normativa que debe servir para enjuiciar la legitimidad de la
afectación del derecho al honor provocada por la inclusión de los datos en un
registro de morosos es, por la fecha en que sucedieron los hechos, la
constituida por el art. 18.4 de la Constitución , el Convenio núm. 108 del
Consejo de Europa, el art. 8 de la Carta de Derechos Fundamentales, la
Directiva 1995/46/CE , la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de
diciembre, que aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre de 1999, de protección de datos de carácter personal.
5º) En la sentencia del TS nº 267/2014, de 21 de mayo, se declara que el
tratamiento de los datos referidos al incumplimiento de obligaciones dinerarias
merece una regulación específica en la ley, por las especiales características
que presenta.
Conforme al art. 29 LOPD , podrán
tratarse no solo los datos de carácter personal obtenidos de los registros y
las fuentes accesibles al público establecidos al efecto o procedentes de
informaciones facilitadas por el interesado o con su consentimiento (apartado
primero del precepto), sino también los relativos al cumplimiento o
incumplimiento de obligaciones dinerarias facilitados por el acreedor o por
quien actúe por su cuenta o interés, notificándoselo a los interesados cuyos
datos se hayan registrado en ficheros (apartado segundo).
6º) Como regla general, el tratamiento de los datos de carácter personal
requiere el consentimiento inequívoco del afectado (art. 6.1 LOPD, 7.a
de la Directiva y 8.2 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión
Europea). Como excepción, dicho tratamiento puede realizarse sin el
consentimiento del afectado cuando ello sea necesario para la satisfacción del
interés legítimo perseguido por el responsable del tratamiento o por el tercero
o terceros a los que se comuniquen los datos, siempre que la ley lo disponga
( art. 6.1 LOPD ) y no prevalezca el interés o los derechos y libertades
fundamentales del interesado (art. 7.f de la Directiva), lo que encaja en el
"otro fundamento legítimo previsto por la ley", como justificación
del tratamiento de los datos, alternativa al consentimiento de la persona
afectada, previsto en el art. 8.2 de la Carta de Derechos Fundamentales de la
Unión Europea.
La previsión en el art. 29.2 LOPD de que
pueden tratarse los datos personales relativos al cumplimiento o incumplimiento
de obligaciones dinerarias facilitados por el acreedor sin el consentimiento
del afectado se acoge a esta excepción.
7º) Si, como es el caso de los "registros de morosos", la
inclusión de datos personales en el fichero se hace excepcionalmente sin el
consentimiento del afectado y si, además, por la naturaleza del fichero, la
inclusión en él de los datos personales del afectado puede vulnerar, junto con
el derecho del art. 18.4 de la Constitución, otros derechos fundamentales y
causar graves daños morales y patrimoniales a los afectados, no pueden
rebajarse las exigencias en cuanto a calidad de los datos ni establecerse
restricciones u obstáculos adicionales de los derechos de información,
oposición, cancelación y rectificación que le reconocen con carácter general el
Convenio, la Directiva y la LOPD, por cuanto que ello supondría restringir de
un modo injustificado el derecho de control sobre los propios datos personales
que los citados preceptos constitucionales, convencionales internacionales y
comunitarios, reconocen a todo ciudadano.
8º) No es, por tanto, correcta la falta de trascendencia que, respecto de
la acción de protección del honor ejercitada, la sentencia recurrida de la AP
ha atribuido al incumplimiento del requisito establecido en los arts. 38.1.c y
39 del Reglamento, consistente en que, para incluir en estos ficheros de morosos los datos de
carácter personal determinantes para enjuiciar la solvencia económica del
afectado, es preciso que previamente se haya requerido de pago al deudor y se
le haya informado que, de no producirse el pago, los datos relativos al impago
podrán ser comunicados al registro de morosos. Ni es correcto afirmar que la
vulneración del derecho al honor se produce exclusivamente cuando se comunican
al registro de morosos los datos relativos a una deuda inexistente, por cuanto
que, como hemos declarado reiteradamente, los ficheros automatizados del art.
29 LOPD no son meros registros de deudas.
9º) En la sentencia 740/2015, de 22 diciembre , el Tribunal Supremo ha declarado
que el requisito del requerimiento de pago previo no es simplemente un
requisito "formal", de modo que su incumplimiento solo pueda dar
lugar a una sanción administrativa. El requerimiento de pago previo es un
requisito que responde a la finalidad del fichero automatizado sobre
incumplimiento de obligaciones dinerarias, que no es simplemente un registro
sobre deudas, sino sobre personas que incumplen sus obligaciones de pago porque
no pueden afrontarlas o porque no quieren hacerlo de modo injustificado. Con
la práctica de este requerimiento se impide que sean incluidas en estos
registros personas que, por un simple descuido, por un error bancario al que
son ajenas, o por cualquier otra circunstancia de similar naturaleza, han
dejado de hacer frente a una obligación dineraria vencida y exigible sin que
ese dato sea pertinente para enjuiciar su solvencia. Además, les permite
ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación.
10º) En el presente caso, consta que el demandante había mantenido
negociaciones con la entidad demandada para cancelar el préstamo mediante la
dación en pago de la finca hipotecada. Por tal razón, cobraba todo su
sentido el requisito del requerimiento previo de pago con advertencia de
inclusión en uno de estos ficheros, de modo que el demandante tuviera plena
certeza de que no era posible llegar a una solución como la que había ofrecido
a Caixabank (la dación en pago), pudiera explorar otras vías para solucionar la
situación de impago del préstamo, tuviera plena consciencia de que sus datos
iban a figurar en un registro de morosos y pudiera comprobar, al menos, que los
datos incluidos en el registro eran correctos.
11º) Por estas razones, tampoco puede aceptarse
que el incumplimiento de este requisito solo pueda servir de base a acciones
distintas de las de protección del derecho al honor, como parece indicar la
Audiencia Provincial al referirse a las acciones que el incumplimiento del
requisito del previo requerimiento de pago pudiera dar lugar conforme al art.
19 LOPD.
D) DERECHO A UNA INDEMNIZACION: La indemnización fijada en la sentencia
del Juzgado de Primera Instancia lo ha sido, exclusivamente, por el daño moral
sufrido por el demandante. El daño moral es aquel que no afecta a los bienes
materiales que integran el patrimonio de una persona, sino que supone un
menoscabo de la persona en sí misma, de los bienes ligados a la personalidad,
por cuanto que afectan a alguna de las características que integran el núcleo
de la personalidad, como son la integridad, física y moral, la autonomía y la
dignidad.
1º) La jurisprudencia, reconociendo que el daño moral constituye una
"noción dificultosa", le ha dado una orientación cada vez más amplia,
con clara superación de los criterios restrictivos que limitaban su aplicación
a la concepción clásica del pretium doloris. Ha considerado incluidos en él las
intromisiones en el honor e intimidad y los ataques al prestigio profesional, y
ha sentado como situación básica para que pueda existir un daño moral
indemnizable la consistente en un sufrimiento o padecimiento psíquico, que
considera concurre en diversas situaciones como el impacto o sufrimiento
psíquico o espiritual, impotencia, zozobra (como sensación anímica de
inquietud, pesadumbre, temor o presagio de incertidumbre), ansiedad, angustia,
incertidumbre, impacto, quebranto y otras situaciones similares.
En lo que se refiere a la cuantía de la indemnización de los daños morales,
el Tribunal Supremo ha declarado que su valoración no puede obtenerse de una
prueba objetiva, pero ello no imposibilita legalmente para fijar su cuantificación,
a cuyo efecto han de ponderarse las circunstancias concurrentes en cada caso. Se trata, por tanto,
de una valoración estimativa, que en el caso de daños morales derivados de la
vulneración de un derecho fundamental del art. 18.1 de la Constitución, ha de
atender a los parámetros previstos en el art. 9.3 de la Ley Orgánica 1/1982, de
acuerdo con la incidencia que en cada caso tengan las circunstancias relevantes
para la aplicación de tales parámetros, utilizando criterios de prudente
arbitrio.
Son elementos a tomar en consideración para fijar la indemnización el tiempo que el
demandante ha permanecido incluido como moroso en el fichero, la difusión que
han tenido estos datos mediante su comunicación a quienes lo han consultado, y
el quebranto y la angustia producida por el proceso más o menos complicado que
haya tenido que seguir el afectado para la rectificación o cancelación de los
datos incorrectamente tratados.
2º) En el caso objeto del recurso, el tiempo durante el que los datos del
demandante estuvieron incluidos en el registro de morosos no fue de cuatro
años, como se dice en la sentencia de primera instancia, sino de algo más de
tres años y dos meses, por lo que el cálculo de las consultas que pudieron
hacerse a tales datos ha de ser inferior al hecho en dicha sentencia. Además,
según se afirma en la propia demanda, Caixabank canceló dichos datos en cuanto
tuvo conocimiento de la personación del demandante en el proceso de ejecución
hipotecaria, por lo que el demandante no tuvo que soportar un proceso
complicado para obtener la cancelación de tales datos. Teniendo en cuenta esos
datos, que se indemniza exclusivamente el daño moral, que el demandante era un
profesional en el sector en el que operan varias de las empresas que
consultaron los datos, y tomando en consideración las indemnizaciones medias
que este tribunal ha fijado en otros supuestos similares, procede reducir
sensiblemente la indemnización, hasta fijarla en la cantidad de 10.000 euros.
3º) Esta cantidad devengará el interés legal, incrementado en dos puntos,
desde la fecha de la sentencia de primera instancia, por entender que el
incumplimiento de los requisitos impuestos por la normativa de protección de
datos para la comunicación de los datos personales del demandante al registro
de morosos justificaba que ya desde la sentencia del Juzgado de Primera
Instancia se hubiera fijado una indemnización a su favor.
Autor: Pedro Torres Romero
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