A) La sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía (Sevilla), Sec. 1ª, de 3 de marzo de 2009, nº 956/2009, rec.
2062/2008, declara que un contrato temporal por obra y servicio determinado deberá
especificar e identificar suficientemente, con precisión y claridad, la obra o
servicio que constituya su objeto y si falta esta concreción es forzoso deducir
el carácter indefinido de la relación laboral correspondiente, lo que sucede en
el supuesto enjuiciado, pues nada se acredita por parte de la empresa
constructora demandada, ni sobre la obra teóricamente ejecutada, ni sobre la
finalización de la misma, ni se aportó el certificado de final de obra.
El Tribunal Supremo siempre ha considerado decisivo que quedara acreditada la causa de la temporalidad, de ahí que se impone la obligación de identificar en el contrato, con toda claridad y precisión, cual es la obra concreta o el servicio determinado que lo justifican (STS de 26 de marzo de 1996).
B) Como estableció la sentencia del Juzgado
de lo Social
nº 2, de Murcia, de 20 de marzo de 2018, nº 94/2018, nº autos 575/2017: El artículo 105 de la
Ley de la Jurisdicción Social impone a la empresa demandada la carga de probar
los hechos del despido y, en el presente caso, tal prueba no se ha producido.
No ha sido así porque la mera indicación ante la TGSS de que la baja es por fin
de obra o, incluso, el hecho de que se cese a ocho trabajadores más al mismo
tiempo que al actor no acredita en modo alguno que la obra hubiera finalizado.
Ha de observarse que la empresa demandada no aporta ningún medio probatorio en
este sentido, ni documental a través de un certificado de fin de obra , ni
pericial por un técnico en la materia, ni siquiera una simple testifical de
cualquiera de los trabajadores cesados.
En consecuencia, no
acreditándose por la empresa demandada que la obra había terminado cuando el
actor fue cesado, tal cese debe ser declarado o calificado como un despido
improcedente por aplicación de los artículos 54 y siguientes del Estatuto de
los Trabajadores y de los artículos 108 y 110 de la Ley de
la Jurisdicción Social.
C) Existe infracción de
lo dispuesto en el art. 15.1. a) y 3 del Estatuto de los Trabajadores,
entendiendo que ni se acreditó las causas válidas de contratación, ni se
acreditó, en su caso, el final de la obra, porque aunque se pidió como prueba
el certificado de final de obra que no aportó la demandada, debiendo por ello,
haber sido declarado el despido improcedente, motivo que debemos acoger.
Dice
el artículo 15.1.a) y 3 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores:
1. El contrato de trabajo podrá concertarse por tiempo
indefinido o por una duración determinada.
Podrán celebrarse contratos de duración determinada en
los siguientes supuestos:
a) Cuando se contrate al trabajador para la
realización de una obra o servicio determinados, con autonomía y sustantividad
propia dentro de la actividad de la empresa y cuya ejecución, aunque limitada
en el tiempo, sea en principio de duración incierta. Estos contratos no podrán
tener una duración superior a tres años ampliable hasta doce meses más por
convenio colectivo de ámbito sectorial estatal o, en su defecto, por convenio
colectivo sectorial de ámbito inferior. Transcurridos estos plazos, los
trabajadores adquirirán la condición de trabajadores fijos de la empresa.
Los convenios colectivos sectoriales estatales y de
ámbito inferior, incluidos los convenios de empresa, podrán identificar
aquellos trabajos o tareas con sustantividad propia dentro de la actividad
normal de la empresa que puedan cubrirse con contratos de esta naturaleza.
3. Se presumirán por tiempo indefinido los contratos
temporales celebrados en fraude de ley”.
D) La sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias (Santa Cruz de Tenerife), sec. 1ª, de 25 de julio
de 2017, nº 742/2017, rec. 1198/2016, considera
fraudulento un contrato de trabajo temporal por obra o servicio determinado cuando
su objeto no es realizar una tarea específica concreta y limitada en el tiempo,
sino cubrir una necesidad cotidiana habitual y permanente del empleador.
Estando ante un
contrato por obra o servicio que no reúne los requisitos legales exigidos, el
cese por terminación del contrato es constitutivo de un despido improcedente.
La parte apelante alega la vulneración del artículo
15.1 del ET y doctrina jurisprudencial establecida en STS de 22 de abril de
2002 y 30 de octubre de 2007. Indica que cuando
se comunica a la actora la finalización del contrato la obra o servicio no
había finalizado, y el trabajador fue objeto de un despido, señalando que
continuaron prestando servicios otros trabajadores contratados bajo la misma
modalidad contractual que pasó a realizar las funciones que venía desempeñando
el reclamante. Igualmente indica que nos encontramos ante un contrato de trabajo
suscrito en fraude de ley, y así con invocación de la doctrina establecida en
STS de 22 de abril de 2002 no cabe
acudir a la modalidad de obra o servicio para ejecutar tareas de carácter
permanente y de duración indefinida, solo pude acudirse a este tipo de
contrato cuando la obra o servicio tenga autonomía o sustantividad propia
dentro de la actividad de la empresa, pero no cuando se trate de la realización
habitual y ordinaria de las tareas que constituyan la actividad empresarial. Por
su parte indica el recurso de conformidad con la STS de 30 de octubre de 2007
es obligado que se produzca una segunda exigencia que esa actividad que tiene
autonomía y sustantividad propia sea de duración temporal es decir sea de
duración limitada en el tiempo.
La demandada se ha opuesto indica que
las partes suscribieron un contrato por obra o servicio determinado siendo la
causa de temporalidad consignada en el mismo la realización de una obra. Indica
que en el contrato se preveía una duración concreta por un periodo de 6 meses
no estando vinculada la duración del mismo a la finalización de la obra o
servicio por lo que no cabe exigir que la comunicación de terminación del
contrato justifique la finalización de la obra o servicio para la que fue
contratado. Señala que las contratación de otros trabajadores no fue para el
mismo servicio, y en todo caso ello no determinaría la existencia de despido
improcedente pues el contrato no estaba vinculado en lo que a su duración
respecto a la finalización de la obra o servicio para la que fue contratación,
sino que tenía un plazo de duración determinada.
E) REQUISITOS PARA LA VALIDEZ DEL CONTRATO DE OBRA O SERVICIO DETERMINADO: Conforme a la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo los requisitos para la validez del contrato de obra o servicio determinado son los siguientes: a) que la obra o
servicio que constituya su objeto, presente autonomía y sustantividad propia
dentro de lo que es la actividad laboral de la empresa; b) que su ejecución,
aunque limitada en el tiempo, sea en principio de duración incierta; c) que se
especifique e identifique en el contrato, con precisión y claridad, la obra o
el servicio que constituye su objeto; y d) que en el desarrollo de la relación
laboral, el trabajador sea normalmente ocupado en la ejecución de aquella o en
el cumplimiento de éste y no en tareas distintas.
Para que la contratación temporal por
obra o servicio determinado pueda considerarse ajustada a derecho estos
requisitos han de concurrir conjuntamente.
El Tribunal Supremo siempre se ha considerado decisivo que quedara acreditada la causa de la
temporalidad, de ahí que se impone la obligación de identificar en el contrato,
con toda claridad y precisión, cual es la obra concreta o el servicio
determinado que lo justifican. Así pone de relieve la STS de 26 de
marzo de 1996: "(...) este requisito es fundamental o esencial pues, si
no quedan debidamente identificados la obra o servicio al que el contrato se
refiere, no puede hablarse de obra o servicio determinados; mal puede existir
una obra o servicio de esta clase, o al menos mal puede saberse cuales son, si
los mismos no se han "determinado" previamente en el contrato
concertado entre las partes; y si falta esta concreción o determinación es
forzoso deducir el carácter indefinido de la relación laboral correspondiente,
por cuanto que, o bien no existe realmente obra o servicio concretos sobre los
que opere el contrato, o bien se desconoce cuáles son, con lo que se llega al
mismo resultado".
Igualmente el Tribunal Supremo en
sentencia de 21 de enero de 2009 y 14 de julio de 2009 reiterando doctrina
establecida en sentencias de 11 de mayo de 200 y 10 de octubre de 2005
establece la necesidad de que concurran conjuntamente todos los requisitos
enumerados, para que la contratación temporal por obra o servicio determinado
pueda considerarse ajustada a derecho. Así en los supuestos en los que la
Administración pública empleadora mantenía que estaba justificada la causa de
temporalidad del contrato afirmando que el servicio contratado presentaba
autonomía y sustantividad propia dentro de la actividad de la empresa, la
exigencia de identificar, con precisión y claridad, la obra o servicio que
constituye su objeto no podía entenderse satisfecha con la mera alusión al
"Proyecto subvencionado" pues es un simple instrumento de gestión
económica que no cabe confundir con un programa o proyecto para desarrollar una
actividad concreta y específica, ni menos aún, con una obra o servicio determinado,
ni del carácter anual de la subvención puede deducirse la temporalidad de la
obra o servicio que aquel subvenciona, pues se trata de una concreción temporal
que afecta exclusivamente a las subvenciones, no a los servicios básicos que
las mismas financian.
928 244 935
667 227 741
No hay comentarios:
Publicar un comentario