A) El artículo 15 de la
Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, establece para los casos de separación, divorcio o nulidad del matrimonio
del arrendatario:
1.
En los casos de nulidad del matrimonio, separación judicial o divorcio del
arrendatario, el cónyuge no arrendatario podrá continuar en el uso de la
vivienda arrendada cuando le sea atribuida de acuerdo con lo dispuesto en la
legislación civil que resulte de aplicación. El cónyuge a quien se haya
atribuido el uso de la vivienda arrendada de forma permanente o en un plazo
superior al plazo que reste por cumplir del contrato de arrendamiento, pasará a
ser el titular del contrato.
2.
La voluntad del cónyuge de continuar en el uso de la vivienda deberá ser
comunicada al arrendador en el plazo de dos meses desde que fue notificada la
resolución judicial correspondiente, acompañando copia de dicha resolución
judicial o de la parte de la misma que afecte al uso de la vivienda.
B) Como recoge la
sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, sec. 21ª, de 11 de octubre de
2016, nº 382/2016, rec. 627/2015, el cónyuge no suscriptor
del contrato de arrendamiento no tiene la condición de arrendatario. El
arrendatario que viene obligado al pago de la renta frente al arrendador es el
cónyuge contratante. Otra cosa es que el pago de la renta de la vivienda
familiar sea una carga de la sociedad de gananciales.
El
Tribunal Supremo tiene repetidamente declarado que cuando se ejercitan acciones
personales o derivadas de obligaciones o contratos en que se postula la
eficacia o ineficacia de una relación negocial o contractual, basta dirigir la
pretención contra aquél de los cónyuges que haya sido parte en el contrato, sin
necesidad de demandar también al otro cónyuge que no intervino en el mismo; y
aunque la sentencia del Tribunal Constitucional 135/1986 de 31 de octubre pueda
arrojar alguna duda sobre el tema, resultan esclarecedoras las precisiones que
a la citada resolución introduce la sentencia del mismo Tribunal 289/1993, de 4
de octubre.
A
la misma conclusión llegan las más recientes sentencias del Tribunal Supremo de
3 de abril de 2009 y 26 de octubre de 2015. La primera para un supuesto de
subrogación "mortis causa", y la segunda para un caso de atribución
del uso de la vivienda en proceso matrimonial, declarando la primera de ellas
que "los contratos producen efectos entre las partes contratantes y sus
herederos y por ello, las posiciones contractuales de cada uno de los cónyuges
en los contratos de arrendamiento que hayan concluido no forman parte de la
sociedad de gananciales, porque, además, se trata de derechos personales",
fijando como doctrina jurisprudencial que el contrato de arrendamiento
concluido por uno de los cónyuges constante matrimonio no forma parte de los
bienes gananciales y se rige por lo dispuesto en la Ley de Arrendamientos
urbanos en lo relativo a la subrogación por causa de muerte del cónyuge titular
del arrendamiento.
Cuestión
bien distinta es que el pago de la renta de la vivienda familiar sea una carga
de la sociedad de gananciales lo que podrá tener su relevancia ante la
ejecución sobre bienes gananciales (artículo 541 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil) pero el arrendatario que viene obligado al pago de la renta frente al
arrendadador es el cónyuge contratante.
C) La sentencia de la
Audiencia Provincial de Alava, Sec. 1ª, de 23 de marzo de 2017, nº 164/2017,
rec. 75/2017 declara que: Ha sido objeto de discusión doctrinal y
jurisprudencial, dando lugar a sentencias de las Audiencias Provinciales en uno
y otro sentido, si la atribución del uso de la vivienda familiar, consecuencia
de la resolución judicial recaída en los casos de nulidad del matrimonio, separación
o divorcio del arrendatario a favor del otro cónyuge, supone una subrogación ex
lege de la titularidad arrendaticia o, por el contrario, se trata de la
concesión de un simple derecho de uso al cónyuge adjudicatario.
La
respuesta es relevante, como se desprende del recurso que enjuiciamos, pues
según se acoja una u otra tesis en orden a quién de los cónyuges ostenta la
cualidad de arrendatario, se concretaría quién se encuentra, de entre ambos,
obligado al pago de la rentay, en su caso, será beneficiario de los beneficios
que concede la legislación arrendaticia a aquél.
La
Sala en la sentencia de 18 enero de 2010, Rc. 1994/2005, contiene una serie de
consideraciones relevantes para el debate.
El
artículo 96 del Código Civil se limita a resolver a quién se atribuye el uso de
la vivienda familiar, estableciendo la preferencia de los hijos comunes y del
progenitor a quien se atribuya la guarda y custodia, o a aquel de los cónyuges
cuyo interés resulte más digno de protección, sin pronunciarse sobre la
naturaleza de dicho derecho. Se trata de una situación en la que uno de los
cohabitantes en el mismo domicilio es preferido al otro por razones que el
ordenamiento jurídico considera protegibles y ello con independencia del título
que ostente el titular de la vivienda, ya sea arrendamiento, exclusiva del
titular o copropiedad con el cónyuge usuario.
La
falta de calificación jurídica del derecho de uso establecido en el artículo 96
CC empezó a generar problemas interpretativos cuando el titular del
arrendamiento era el cónyuge que había perdido la posesión, por lo que después
de algunas sentencias del Tribunal Constitucional (SSTC 135/ 1986, 159/1989 y
126/1989), el artículo 15.2 de la LAU (Ley 29/1994, de 24 noviembre),
estableció que en el caso de atribución del uso al cónyuge en virtud de lo
dispuesto en el artículo 96 CC , éste debe notificarlo al arrendador, a los
efectos de la subrogación. "En estrecha relación con este motivo concluye
más adelante, al detenerse sobre la posición de terceros adquirentes de la
vivienda familiar, que: "(...) 2.ª Puede ocurrir que el tercero sea el
propietario y haya cedido el uso de la vivienda a uno de los cónyuges mediante
un contrato, que puede ser anterior al matrimonio o durante el mismo. En este
caso, atribuida la vivienda al cónyuge no contratante, éste no se subroga en la
misma relación que ligaba al cónyuge contratante con el propietario, porque el
juez no puede crear un título que altere las relaciones contractuales
existentes entre las partes (art. 96 CC. La relación contractual no continúa
con el cónyuge no contratante, con lo que se confirma de esta manera la
doctrina sentada en nuestra sentencia de 3 de abril 2009 (recurso 1200/2004). Por ello matizando nuestra anterior
jurisprudencia, (contenida en las sentencias de 2 diciembre 1992 y 17 de julio
1994 y 14 de abril 2009 entre otras), debe señalarse que aunque el título que
permitió al cónyuge el uso de la vivienda perteneciente al tercero tenga
naturaleza contractual, no se mantiene esta relación con el otro cónyuge, que
sea atributario del uso por sentencia dictada en pleito matrimonial. El
ejemplo del contrato de arrendamiento es significativo, puesto que el artículo
15 LAU permite que se produzca subrogación, pero siempre que se cumplan los
requisitos establecidos en el párrafo segundo.
Por tanto, la Sala
considera que el artículo 15 LAU prevé y permite que se produzca la
subrogación, pero siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el
párrafo segundo".
Esta
consideración tiene relevancia en el caso que nos ocupa a los efectos de
determinar que será la recurrente, la que subrogada en el contrato de
arrendamiento en el que aparece como arrendatario su esposo, una vez cumpla con
los requisitos de comunicación al arrendador, deba pagar en su totalidad la
cantidad señalada en concepto de renta, sin que el demandado deba contribuir al
pago de dicha cantidad en el 50% interesado tanto en el escrito de demanda como
en el recurso de apelación, siendo otros los medios por los cuales el demandado
deba contribuir a los gastos de habitación de los hijos comunes.
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