La sentencia de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, sec. 2ª, de 29 de septiembre de
2026, nº 379/2026, rec. 4101/2026, declara que procede la nulidad de pleno
derecho de la ocupación sin título de parte de una finca privada por obras
públicas municipales del saneamiento que invadió ilegalmente la finca, la
reposición de la finca a su estado anterior y la indemnización por la ocupación
temporal, aun cuando la obra está construida y funcionando.
El TSJ desestima la apelación
interpuesta, pues se comparte la motivación de la sentencia apelada cuando
considera acreditado que la superficie ocupada, en base a la prueba practicada,
es de 112,00 m2. Y partiendo de la acreditación de la ocupación de parte de la
finca de la parte demandante (aquí apelada) sin título, y no pudiéndose
considerar probada la imposibilidad de reposición de la misma a su estado
anterior, retirando la conducción, procede confirmar la sentencia en tal
extremo, sin perjuicio de la procedencia de la indemnización por la ocupación
temporal, al ser compatibles.
Cuando una administración municipal
ocupa sin título un terreno privado mediante la desviación de un proyecto de
obras públicas, y no acredita la imposibilidad de restitución del terreno a su
estado previo sin causar un perjuicio al interés público, procede la anulación
de dicha ocupación, la restitución in natura y la indemnización por ocupación
temporal desde la ejecución hasta el reconocimiento de la vía de hecho.
El tribunal estima que existe vía de
hecho al haberse producido una desviación sustancial y no autorizada del
trazado del proyecto público, que produjo la ocupación ilícita de una parte de
la finca del particular sin título alguno ni procedimiento expropiatorio
previo.
Se considera acreditado que la ocupación
afecta una superficie de 112 m2 y que la restitución del terreno a su estado
previo es técnicamente posible, sin que se haya demostrado un perjuicio al
interés público que justifique la conservación de la obra. Además, se toma en
cuenta que el retraso en reconocer la vía de hecho y la responsabilidad por
ello corresponde al Concello, debido a errores en informes y falta de
diligencia.
En consecuencia, el tribunal confirma la
anulación de la ocupación administrativa y ordena la reposición in natura del
terreno mediante la retirada de la conducción subterránea ilícita, así como la
indemnización por ocupación temporal correspondiente desde 2010 hasta 2024 por
un importe de 2.560,32 euros.
Se aclara la aplicación estricta del
régimen jurídico ante la vía de hecho en materia de ocupación municipal de
terrenos privados, reconociendo la compatibilidad entre la reposición in natura
y la indemnización por ocupación temporal y limitando la alegación de interés
público para justificar la conservación de obras realizadas sin procedimiento
previo, siempre que no se demuestre perjuicio efectivo a la comunidad.
A) Introducción.
1º) El Concello de Vilalba ejecutó una obra pública de
canalización del saneamiento que invadió ilegalmente 112 m2 de una finca
privada, sin procedimiento administrativo previo y manteniendo dicha ocupación
durante más de ocho años, pese a múltiples denuncias y un error inicial en el
informe de la empresa concesionaria Espina y Delfín.
¿Procede la nulidad de pleno derecho de
la ocupación sin título de parte de una finca privada por obras públicas
municipales, la reposición de la finca a su estado anterior y la indemnización
por la ocupación temporal, aun cuando la obra está construida y funcionando?.
Se confirma la nulidad de la ocupación
ilegal, la obligación de restituir la finca a su estado previo mediante la
retirada de la conducciones subterráneas y el pago de una indemnización por
ocupación temporal, desestimándose la excepción basada en la imposibilidad o
desproporcionalidad de la restitución.
En aplicación del artículo 32.2 y 31.2
de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA
29/1998), la ocupación sin título y desviación del proyecto original configura
una vía de hecho contraria a derecho, que debe ser reparada mediante el cese de
la actuación y la restitución completa, salvo imposibilidad acreditada, lo cual
no ocurrió; además, la prolongada tolerancia no extinguió el derecho de la
propiedad ni impidió la reclamación, siendo aplicable la valoración adecuada
del suelo conforme a su naturaleza real, sin reconocer expectativas
urbanísticas.
2º) Procede la nulidad de pleno derecho
de la ocupación, la reposición de la finca a su estado anterior y la
indemnización por ocupación temporal, tal como dictamina la sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de Galicia referida. La jurisprudencia contencioso-administrativa
determina que la existencia de una obra pública construida y en funcionamiento
no convalida una vía de hecho ni exime a la Administración de su obligación de
restituir el bien, salvo que se acredite una imposibilidad material o un perjuicio
grave e irreversible al interés público.
Razones jurídicas y fundamentos de la sentencia:
- Configuración de la vía de hecho: La desviación sustancial del proyecto
original y la ocupación de 112 m² de terreno privado sin tramitar el preceptivo
expediente expropiatorio ni ostentar título habilitante vulnera de forma
radical el ordenamiento jurídico (arts. 31.2 y 32.2 de la LJCA 29/1998).
- Carga de la prueba sobre la
imposibilidad de restitución:
Corresponde al Concello demostrar que la retirada de la conducción subterránea
genera un perjuicio efectivo e inasumible para la comunidad. Al no haberse
probado dicha imposibilidad técnica o afectación irreversible al servicio de
saneamiento, prevalece el derecho a la restitución in natura.
- Compatibilidad de acciones: La obligación de devolver el terreno a
su estado original mediante la retirada de las tuberías es plenamente
compatible con la indemnización de 2.560,32 euros por la ocupación temporal
sufrida entre los años 2010 y 2024. La indemnización resarcimiento el daño
pasado, mientras que la reposición cesa la vulneración actual.
- Inactividad y diligencia
administrativa: El
retraso prolongado en la resolución del conflicto debido a errores en los
informes técnicos de la concesionaria (Espina y Delfín) y a la falta de
diligencia municipal no puede penalizar al propietario afectado ni extingue su
derecho dominical sobre la finca.
B) Sobre la oposición a la apelación.
La recurrente reitera los mismos
argumentos esgrimidos en instancia y que fueron objeto de acertada valoración
en la Sentencia impugnada. Solamente pueden tomarse en consideración las
alegaciones que se dirijan a acreditar el error en que se haya podido incurrir
en la sentencia, la falta de valoración debida de la prueba practicada o el
defecto en la aplicación de la norma jurídica que resulte aplicable. Las
alegaciones y razonamientos jurídicos deben tratar de desvirtuar los
Fundamentos de Derecho impugnados.
Ciertamente y como refiere la parte
apelante, es un hecho evidente e incontrovertido la existencia de una vía de
hecho, y así señalamos que ya fue denunciada como tal por esta parte en el año
2018, producida en su día por la Administración recurrida al ejecutar las obras
de canalización del saneamiento que invadieron de manera injusta y
absolutamente arbitraria la propiedad de mi mandante que nunca con anterioridad
había estado gravada con servidumbre alguna.
Mi representado y su madre tomaron
conocimiento de la existencia de tales canalizaciones atravesando el subsuelo
de su parcela en el año 2017 al recibir una certificación urbanística
solicitada con carácter previo a la venta concertada de esa finca (suelo urbano
no consolidado, parcialmente urbanizado y edificable en dos plantas con una
superficie mínima de 1.000 m. de parcela y ubicada a escasos 20 m. del casco
urbano de la localidad de Vilalba) pues en ese momento existía un comprador
interesado en construir una vivienda en esa ubicación y cuya venta se vio
frustrada al tener conocimiento de que por el subsuelo de la parcela discurría
la citada infraestructura municipal. Dicha certificación de fecha 5 de
diciembre de 2017 lleva la firma del Arquitecto Municipal D. Jose María, a la
sazón, perito de parte interviniente en la presente litis.
La obra fue desviada en dicho punto
(desvío totalmente injustificado en ejecución de una obra de estas
características en la que el margen de error puede oscilar entre los 0,15-0,30
cm atendiendo a los medios técnicos y de obra actuales), el cual afectó tan
sólo a la parcela de mis mandantes, es decir, a unos pocos metros del total de
la obra ejecutada.
Dicha circunstancia fáctica fundamental
en la presente litis ya había sido acreditada también por esta parte en el año
2019 en el recurso de reposición interpuesto contra el acuerdo injusto y
confiscatorio de la Junta de Gobierno Local del Concello de fecha 23 de
septiembre de 2019 (Expediente n.º NUM001) (Documentos 2 a 5 del E.A.) mediante
un Informe-Planos elaborado por el arquitecto técnico D. Paulino en fecha 20 de
octubre del mismo año (Fundamento Jurídico Primero "Sobre los hechos de
interés", Punto 8, párrafo segundo):
"Acompaña informe técnico emitido
por el arquitecto técnico D. Paulino de fecha 20 de octubre de 2019 que analiza
y traspone sobre la planimetría catastral la planimetría municipal del proyecto
de ejecución de obras de saneamiento suscrito por el arquitecto municipal D.
Pascual (planos nº. 1 a 6 ) en marzo de 2010, en el que constata la no
afectación del trazado o pozos del viejo alcantarillado de As Pedreiras sobre
la parcela propiedad del interesado".
Por consiguiente, el Concello demandado
fue también el único responsable o causante del evidente retraso en resolver la
vía de hecho en su condición de solicitante del citado informe a la
concesionaria y que ahora califica como "erróneo", pero que sin
embargo no fue capaz de reconocer por evidente falta de comprobación y
diligencia desde el año 2018 (denuncia de los hechos) hasta el año 2024, fecha
en la que el actual Secretario municipal mediante Informe jurídico de fecha 8
de marzo de 2024 reconoce por primera vez la inexactitud e incorrección del
citado informe de fecha 13 de junio de 2019, y en consecuencia con dicho
"error" el reconocimiento también de la de la vía de hecho denunciada
por esta parte 6 años antes.
C) Fondo del recurso: Sobre la
procedencia de la restitución e indemnización.
El objeto de recurso sobre que se
pronuncia la sentencia apelada, viene constituido por la Resolución dictada por
el Concelleiro de Urbanismo del Concello de Vilaba con fecha 15 de abril de
2024 por la que se reconoce la existencia de una vía de hecho expropiatoria
llevada a cabo en la propiedad del interesado, desestima la solicitud de
nulidad de pleno derecho interesada y acuerda el pago del justo precio en la
cantidad de 348,38 euros.
En la sentencia apelada se toma en
consideración el informe técnico emitido por el arquitecto técnico D. Paulino,
de fecha 20 de octubre de 2019, que analiza y transpone sobre la planimetría
catastral la planimetría municipal del proyecto de ejecución de obras de
saneamiento suscrito por el arquitecto municipal D. Pascual (planos nº. 1 a 6)
en marzo de 2010, en el que constata la no afectación del trazado o pozos del
viejo alcantarillado de As Pedreiras sobre la parcela propiedad del interesado.
Previendo en la memoria del proyecto de ejecución, el respeto de todos los
pozos de registro y/o salto.
Del simple examen de las alegaciones de
ambas partes ya se deduce que no se pone en duda la existencia de una vía de
hecho, por cuanto existió una desviación del trazado del proyecto, invadiendo
en un pequeño espacio la parcela de la parte apelante con la construcción de
dos pozos en la misma, siendo una ocupación subterránea. El propio Concello de
Villalba así lo reconoce, pero tan sólo acuerda una indemnización a favor de la
perjudicada en un importe de 348,38 euros conforme al informe del arquitecto municipal.
La sentencia estima la demanda en el
sentido de considerar que procede estimar la pretensión de reposición de la
finca de la demandante (parte apelada) a su estado previo, mediante la retirada
de la conducción de aguas subterránea ilícitamente instalada; así como una
indemnización a su favor por los daños y perjuicios causados.
Se pone de manifiesto esa variación
sustancial en el trazado a través del propio informe técnico topográfico de
julio de 2020 suscrito por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos D. Ángel,
a solicitud del Concello de Vilalba se evidencia, que evidencia que el trazado
de los colectores supone una variación sustancial del trazado establecido en el
plano n.º 5 del Proyecto de Ejecución de Obras de Saneamiento suscrito por el
arquitecto D. Pascual en marzo de 2010 y constata que invaden y penetran varios
metros en la parcela propiedad de la Sra. Inocencia con dos pozos de registro
construidos dentro de su parcela; si bien inicialmente no se había reconocido
así. Ello tiene su relevancia a efectos de que se comparta la motivación de la
sentencia recurrida cuando se considera en la misma que no se puede considerar
se hubiera producido la prescripción de la posibilidad de reclamar, cuando es
el propio Concello el que, inicialmente, y al amparo del informe emitido por la
concesionaria, rechaza la desviación. En todo caso, además, la parte demandada
no ha apelado contra la sentencia. Y el retraso igualmente es causado por el
Concello atendida la tardanza en reconocer la existencia del desvío y, por
consecuencia, de la vía de hecho.
En conclusión, y partiendo de la
ocupación sin título y sin previo procedimiento administrativo, así como de la
existencia reconocida por ambas partes de desvío en la ejecución de las obras
de las canalizaciones municipales, sin respetar las previsiones del proyecto;
la ausencia de acreditación de la imposibilidad de reposición de la finca a su
estado anterior, que no se presenta como complicada desde un punto de vista
técnico y respecto de la que no se ha acreditado que suponga un daño para la
población ni una privación del servicio; es por lo que procede confirmar la
sentencia apelada.
Ello es así partiendo de que, con
relación a la superficie ocupada, se comparte la motivación de la sentencia
apelada cuando considera acreditado que la superficie ocupada, en base a la
prueba practicada, es de 112,00 m2. Y partiendo de la acreditación de la
ocupación de parte de la finca de la parte demandante (aquí apelada) sin
título, y no pudiéndose considerar probada la imposibilidad de reposición de la
misma a su estado anterior, retirando la conducción, procede confirmar la
sentencia en tal extremo, sin perjuicio de la procedencia de la indemnización
por la ocupación temporal , al ser compatibles.
Ha de considerarse que las sentencias
citadas, tratan de supuestos muy puntuales y de que hay que analizar cada caso
concreto y sus circunstancias. Y de que procede la aplicación del art. 32.2 de
la LJCA 29/1998:
"Si el recurso tiene por objeto una actuación material constitutiva de vía de hecho, el demandante podrá pretender que se declare contraria a Derecho, que se ordene el cese de dicha actuación y que se adopten, en su caso, las demás medidas previstas en el artículo 31.2".
Y el art. 31.2 prevé:
"También podrá pretender el reconocimiento de una situación jurídica individualizada y la adopción de las medidas adecuadas para el pleno restablecimiento de la misma, entre ellas la indemnización de los daños y perjuicios, cuando proceda."
Por lo que, en aplicación de la
normativa transcrita, procede confirmar la procedencia de la reposición de la
finca titularidad de la actora a su estado previo a la ilegítima ocupación,
mediante la retirada de la conducción de aguas subterráneas ilícitamente
instalada, así como la indemnización por su ocupación temporal desde el año
2010 al año 2024, en la cantidad de 2560,32 euros.
En cuanto a la referida valoración,
tampoco se aprecia error al considerar adecuada la que parte de la referida
superficie; de la adecuada calificación del suelo; de la valoración de la finca
aplicando el método comparativo, empleado por ambos peritos, si bien limitando
los valores de referencia, en el sentido de considerar más acordes los de
concellos cercanos, excluyendo el de Lugo; excluyendo la valoración de
afecciones no acreditadas, en concreto de pérdida objetiva de valor o
funcionalidad de la finca durante los 14 años; así como tampoco de la afección
moral.
Consecuencia de lo expuesto es que
procede la desestimación del recurso de apelación.
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