A) El
Tribunal Supremo en la sentencia del fecha 23 de junio de 2014, recurso nº 1257/2013 determina que, a efectos
indemnizatorios, ha de añadirse el importe de la deducción por lucro cesante
efectuada, respecto del factor corrector de IP para la «ocupación habitual». Se
cambia la doctrina de la Sala 1ª en la interpretación de la Tabla IV y el
factor corrector “ocupación habitual” del anexo TRLRCYCVM en relación a la IP.
Sobre el importe indemnizatorio que corresponde percibir por el factor de
corrección de “incapacidad para la ocupación o actividad habitual de la
víctima” se determina que se refiere exclusivamente al daño moral, siendo así
que no puede deducirse de su importe cantidad alguna por imputación a la
incapacidad laboral ya compensada por las prestaciones de la seguridad social
(FJ 6). Entiende preferible no distorsionar el elemento corrector,
atribuyéndole, como hasta ahora, una doble significación -lucro cesante y resarcimiento
moral-, según se trate de trabajadores o no trabajadores, sino que en ambos
casos la indemnización ha de apuntar a la misma finalidad de compensar el daño
moral que comporta el déficit para la actividad habitual.
Por tanto, por un lado para el resarcimiento
del daño moral en caso de incapacidad temporal se indemnizan los
días de estancia hospitalaria, los días impeditivos para el trabajo y los días
de baja no impeditivos, en las cuantías previstas anualmente.
Y para el resarcimiento del daño moral por incapacidad permanente se aplica el
factor de corrección de la tabla IV del baremo sin
deducción alguna por compensación por las prestaciones, y en su caso posible
mejoras, de Seguridad Social.
B) La Sala de lo Social del TS es plenamente
consciente -tras los múltiples recursos que en la materia se han interpuesto- que
con las dos SSTS de 17/07/07 (recursos nº 4367/05 y 513/06) por las que pretendimos
unificar criterios en orden a determinar el importe de la indemnización por
daños y perjuicios derivables de contingencias profesionales (particularmente IT e IP), no se
consiguió plenamente el objetivo perseguido y que la materia en manera alguna
está clarificada para gran parte de los órganos judiciales y restantes
operadores jurídicos.
La novedad de aquella doctrina, intentando
ofrecer unas pautas de aplicación analógica que superasen la inseguridad
jurídica que suponía la tradicional discrecionalidad aplicada en la cuestión;
la profusión argumental utilizada para justificar cada una de nuestras
soluciones en los complejos temas a tratar; la dificultad de extrapolar
soluciones desde un campo de pura responsabilidad objetiva como el accidente de
circulación a otro con exigencia de una cierta culpa como es la responsabilidad
civil complementaria en accidentes de trabajo; la redacción simultánea de dos
sentencias con textos no siempre coincidentes; y las sucesivas correcciones que
con el tiempo nos vimos obligados a hacer, todas estas razones hacen del todo
comprensible que la finalidad perseguida -unificación de criterios- no se
hubiese alcanzado debidamente, por lo que nos parece aconsejable resumir
nuestra doctrina, prescindiendo de argumentaciones cuya prolijidad no hizo sino
-parece- restar claridad al mensaje.
C) Reglas
generales en la determinación del importe indemnizatorio:
1.- Justificación vertebrada: La
indemnización debe fijarse de una forma estructurada que permita conocer los
diferentes daños y perjuicios que se compensan y la cuantía indemnizatoria que
se reconoce por cada uno de ellos, razonándose los motivos que justifican esa
decisión.
2.- Fuente a utilizar para calcular las
respectivas indemnizaciones:
a).-
Daño emergente.- En lo que al daño emergente se refiere, la determinación de su
importe indemnizatorio habrá de realizarse atendiendo exclusivamente a lo
oportunamente pedido y a la prueba practicada, tanto respecto de su existencia
como de su importe.
b).-
Lucro cesante.- Tratándose de lucro cesante, tanto por IT como por IP, la
responsabilidad civil adicional tiene en su caso carácter complementario de las
prestaciones de Seguridad Social y de las posibles mejoras voluntarias, si el
importe de aquél supera a la suma de unas y otras, que en todo caso habrán de
ser tenidas en cuenta al fijar la indemnización (en los términos que se
precisarán), porque hay un solo daño que indemnizar y el mismo puede alcanzarse
por las diversas vías, «que han de ser estimadas formando parte de un total
indemnizatorio».Pero muy contrariamente -como razonaremos- no se deducirá del
monto indemnizatorio por el concepto de que tratamos -lucro cesante- el posible
recargo por infracción de medidas de seguridad.
c).-
Daño corporal/daño moral.- Para el resarcimiento de estos dos conceptos, el
juzgador puede valerse el Baremo que figura como Anexo al TR de la LRCSCVM, que
facilita aquella -necesaria- exposición vertebrada, teniendo en cuenta:
a).- Se trata de una aplicación facultativa, pero si el juzgador decide
apartarse del Baremo en algún punto -tal como esta Sala lo interpreta y aplica-
deberá razonarlo, para que la sentencia sea congruente con las bases que acepta.
b).- También revisten carácter orientativo y no han de seguirse
necesariamente los importes máximos previstos en el Baremo, los que pueden
incrementarse en atención a factores concretos del caso y a los genéricos de la
ya referida -y singular- exigencia culpabilística en la materia (inexistente en
los riesgos «circulatorios») y de los principios de acción preventiva.
3.- No incidencia del recargo por infracción
de medidas de seguridad.- Del referido cómputo de las prestaciones - en el
cálculo del lucro cesante- ha de excluirse el recargo por infracción de medidas
de seguridad, dada su naturaleza esencialmente sancionadoray finalidad
preventiva, y porque en caso contrario se desvirtuaría la finalidad pretendida
por el art. 123 LGSS.
D) La
concreta fijación (también general) de los daños y perjuicios. Limitándonos al supuesto de accidente de
trabajo con resultado discapacitante (objeto de la presente Litis),
con carácter previo es conveniente destacar que si bien el Baremo trata de
manera singular las indemnizaciones por Incapacidad Temporal, en cambio no
regula de forma autónoma -como tal- la Incapacidad Permanente, sino que lo hace
en la Tabla IV tan sólo como uno de los «factores de corrección para las
indemnizaciones básicas por lesiones permanentes» (las de la Tabla III), e
incluso con una terminología más amplia que la utilizada en el ámbito de
Seguridad Social (se refiere a la «ocupación habitual» y no al trabajo, porque
la norma afecta a toda persona, trabajadores o no).
En otro orden de cosas, para facilitar la
exposición de cómo determinar el importe indemnizatorio de cada categoría
básica a indemnizar (daño corporal; daño moral; lucro cesante), parece
conveniente tratar la materia distinguiendo los tres grandes apartados de
secuelas que acto continuo referiremos, y remitir a la prueba lo relativo al
posible daño emergente (hasta la fecha inédito en la casuística de la Sala).
1.-
Por las secuelas físicas (Tabla III):
a).- Aplicación del Baremo: Como las
«indemnizaciones básicas por lesiones permanentes» (secuelas físicas) se
determinan ya con inclusión de los daños morales, en este apartado la
utilización del Baremo -en su Tabla III- se presenta de manifiesta utilidad, en
su simplificada atribución de puntos por concreta secuela y de valor por punto
en función de la edad del damnificado. Conviene precisar que su importe no
puede ser objeto de compensación alguna con las prestaciones de Seguridad
Social ya percibidas ni con mejoras voluntarias y/o recargo de prestaciones,
puesto que con su pago se compensa el lucro cesante, mientras que con aquél se
repara el daño físico causado por las secuelas y el daño moral consiguiente.
b).- Régimen jurídico aplicable: Como se trata de una deuda de valor, el
régimen jurídico de secuelas y número de puntos atribuibles por aquéllas son
-en principio- los de la fecha de consolidación, si bien los importes del punto
han de actualizarse a la fecha de la sentencia, con arreglo a las cuantías
fijadas anualmente en forma reglamentaria; aunque también resulta admisible
-frente a la referida regla general de actualización y sólo cuando así se
solicite en la demanda- aplicar intereses moratorios no sólo desde la
interpelación judicial, sino desde la fijación definitiva de las secuelas (alta
por curación), si bien es claro que ambos sistemas - intereses/actualización-
son de imposible utilización simultánea y que los intereses que median entre la
consolidación de secuelas y la reclamación en vía judicial no son propiamente
moratorios, sino más bien indemnizatorios.
2.-
Por la Incapacidad Temporal (Tabla V):
a).- El lucro cesante: En la aplicación de la
Tabla V del Anexo se ha de tener en cuenta: 1º) el lucro cesante ha de cifrarse
-generalmente- en la diferencia entre salario real que se hubiera percibido de
permanecer el trabajador en activo y las cantidades satisfechas por prestación;
2º) también ha de computarse -si es alegado y acreditado por la empresa para su
descuento- el complemento de subsidio de IT establecido como mejora voluntaria;
3º) igualmente ha de considerarse -a efectos de determinar el lucro cesante- el
incremento salarial que pueda establecerse por nuevo Convenio Colectivo que
resultara aplicable durante el periodo de IT, aunque en este caso la prueba del
incremento salarial pactado incumbe al accidentado; 4º) no procede aplicar a
efectos de incremento los que en el Anexo figuran como «factores de corrección»
por perjuicios económicos en atención a los ingresos netos anuales de la
víctima por trabajo personal, pues ya se ha partido -a efectos del lucro
cesante- del 100 por 100 de los salarios reales dejados de percibir; 5º) la
cifra así obtenida no puede compensarse con lo reconocido por otros conceptos,
como daño emergente o moral.
b) El daño moral: La determinación del daño
moral para la situación de IT ha de hacerse -tras corrección del criterio
inicialmente seguido por la Sala- conforme a las previsiones contenidas en la
Tabla V, y justo en las cantidades respectivamente establecidas para los días
de estancia hospitalaria, los impeditivos para el trabajo y los días de baja no
impeditivos (el alta laboral no necesariamente ha de implicar la sanidad
absoluta).
3.-
Por la Incapacidad Permanente (Tabla IV):
a).-
El lucro cesante.-En este punto los criterios pueden
resumirse del siguiente modo: 1º) Al cuantificar la indemnización por el lucro
cesante que comporta la IP, deben descontarse las prestaciones de la Seguridad
Social, que resarcen la pérdida de ingresos que genera la disminución de la
capacidad de ganancia y que se han financiado con cargo al empresario, así como
las mejoras voluntarias, pero no el posible recargo de prestaciones, que tiene
finalidad disuasorio/preventiva; 2º) La regla general a seguir es, salvo prueba
en contrario de perjuicios superiores, de equivalencia entre la prestación
reconocida -a la que añadir en su caso la mejora voluntaria- y el lucro cesante,
pero se excepcionan, entre otros, los casos de acreditada insuficiencia, tales
como -entre otros- (a) IP fronteriza con el grado inmediatamente superior, (b)
dificultades de rehabilitación laboral por edad u otras singularidades que
lleven a excluir posibilidades de trabajo meramente teóricas, y (c) los
supuestos de pérdida de expectativas laborales constatables; 3º) En estos
supuestos de acreditado lucro cesante en cuantía superior (por no estar
plenamente satisfecho con prestaciones y mejoras), el déficit de ingresos que
por tal concepto sea atribuible a la IP necesariamente ha de capitalizarse,
para así resarcir la pérdida económica vitalicia que la discapacidad comporta;
y 4º) Si se presentan capitalizadas las prestaciones de Seguridad Social (con las
mejoras, en su caso), también ha de capitalizarse la pérdida de ingresos
(teniendo en cuenta futuras posibilidades -reales- por nuevo empleo), caso en
el que el lucro cesante, de existir, será la diferencia entre ambas
capitalizaciones.
b).-
El daño moral (cambio de doctrina): Este
es el aspecto primordial en este debate y sobre el que nuestro usual criterio
ha sido objeto de reconsideración en las presentes actuaciones, llevándonos a
entender -como se razonará en los dos siguientes fundamentos- que la doctrina
ha de ser rectificada y que el factor corrector de la Tabla IV («incapacidad
permanente para la ocupación habitual») exclusivamente atiende al daño moral
que supone -tratándose de un trabajador- la propia situación de IP, por lo que
la indemnización que en tal apartado se fija ha de destinarse íntegramente -en
la cuantía que el Tribunal determine, de entre el máximo y mínimo que al efecto
se establece en ese apartado el Baremo- a reparar el indicado daño moral.
E) Doctrina hasta ahora vigente sobre la IP como
factor corrector:
Hasta la fecha hemos entendido que a las
indemnizaciones básicas por lesiones permanentes fijadas en la Tabla III (con
inclusión de los daños morales), ha de añadirse como factor corrector
(indemnización añadida) el previsto en la Tabla IV por Incapacidad Permanente,
con el que se persigue reparar los daños y perjuicios que se derivan de la IP
del perjudicado «para la ocupación o actividad habitual de la víctima». Y se ha
considerado hasta la actualidad que este concepto de IP no puede identificarse
con el de IP que establece nuestro sistema de Seguridad Social (pese a que
trate sucesivamente de la IPP, IPT, IPA y GI), sino que supone valorar lo que
la doctrina francesa -creadora de la figura en torno a 1950- denomina
«préjudiced agreément»; concepto que comprende los derivados de la privación de
los disfrutes y satisfacciones que la víctima podía esperar de la vida y de los
que se ha visto privada por causa del daño) (así, las SSTS 17/07/07 -rcud
4367/05-; y 02/10/07 - rcud 3945/06-. Pero
como la Sala tampoco ha excluido -hasta la fecha- que el citado factor
corrector tenga finalidad resarcitoria del perjuicio económico, ese doble
objetivo que aprecia determina que se haga la afirmación -también recordada- de
que «quedará al prudente arbitrio del juzgador de la instancia» la ponderación
de las circunstancias concurrentes, para determinar qué parte de la cantidad
reconocida por el concepto de factor corrector de la citada IP (para la
ocupación habitual) se imputa a la incapacidad laboral (básicamente ya
satisfecha -con excepciones- por las prestaciones de seguridad social) y qué
parte se imputa al impedimento para otras actividades y ocupaciones de la
víctima.
F) Solución del presente debate conforme a nuestra habitual doctrina:
La aplicación de la precedente doctrina al
caso de autos comportaría la parcial estimación del recurso, en el que se
solicita mantener en su integridad el máximo legal -88.063,51 Eur.- establecido
en la fecha aplicable por la Tabla IV del Baremo como factor de corrección por
la situación de IPT (Resolución DG Seguros y Fondos de Pensiones de 31/01/10),
habida cuenta de que: a) no se ha cuestionado formalmente que la Sala de
Suplicación hubiese incurrido en infracción alguna al rebajar el importe
teórico del factor de corrección (pasando del máximo fijado en instancia al
medio en que la Sala considera más adecuado); b) con independencia de ello,
tampoco puede censurarse esa corrección del importe teórico efectuada en autos
(del máximo al medio), siendo así que obedeció a la ya aludida revisión de los
HDP y más en concreto a la apreciada rectificación en la discapacidad del actor
-no sólo para su concreta actividad laboral, sino para todas las de la vida-,
en los términos que más arriba se han relatado; y c) inmodificado en este
trámite por la Sala el importe teórico -44.000 Eur.- del factor corrector, la
determinación del importe real vendría dada -conforme a nuestra doctrina, antes
referida- por mantener la deducción del 60% de aquella cantidad a incapacidad
para el trabajo (26.400 Eur.), de forma que la cantidad a percibir por el
referido concepto de incapacidad para las actividades de la vida habría de ser
17.600 Eur., a la que sumar los 16.379,04 Eur. por daños morales de IT
(conforme a nuestra doctrina no es posible reducir porcentaje alguno por
perjuicios económicos inexistentes) y 8.648,53 Eur. por puntos atribuibles a
las secuelas, lo que comporta los 42.627,57 Eur. que son los que esta sentencia
en principio habría de reconocer en aplicación de nuestra tradicional doctrina
(frente a los 57.796,21 Eur. solicitados en el recurso).
G) Posibilidad de una solución diversa a la mantenida por las sentencias
contrastadas:
Ahora bien, en justificación del modo
condicional utilizado en el precedente apartado («comportaría la parcial
estimación... »; y «la determinación del importe real vendría dada...»), hemos
de decir que en la resolución a dictar en
unificación de doctrina el TS no necesariamente ha de resolver conforme a una
de las dos tesis contrastadas, sino que - superado el requisito de la
contradicción- debe pronunciarse sobre la solución más ajustada a derecho para
el caso controvertido, y que a partir de ese momento establece como doctrina
unificada. Criterio éste que ha sido ratificado por el Tribunal Constitucional,
al destacar que tal proceder en manera alguna supone incongruencia, dada la
naturaleza peculiar del recurso de casación para la unificación de doctrina,
pues «pese a que las pretensiones impugnatorias sólo pueden respaldarse en la
apreciación de discrepancias entre distintas sentencias, resulta claro que el
Tribunal Supremo no tiene la carga de tener que optar por una de las dos
opciones contrarias, pudiendo recrear una doctrina propia totalmente
diferente», siempre que resuelva «el debate planteado en suplicación», tal como impone -en la
actualidad- el art. 228.2 LRJS.
Esta
posibilidad no desaparece por el hecho de que la sentencia invocada de
contraste sea de la propia Sala, siempre que este Tribunal entienda -en su
obligada misión de depurar la doctrina- que una reconsideración de la materia
aconseja rectificar algún precedentes criterio y a tal efecto lo razone. Esto
es lo que sucede en el presente caso, tal como acto continuo pasamos a
justificar.
H) Objeciones
a la doble imputación -lucro cesante/dolor moral- del factor corrector de que
tratamos: Como hemos adelantado, la posición que hasta
ahora ha mantenido la Sala 4ª del TS, con la doble imputación a lucro cesante y
a dolor moral de la indemnización con la Tabla IV al referirse a la IP para la
«ocupación habitual», ofrece ciertas objeciones:
1ª) Como la propia redacción del Baremo se
refiere la incapacidad para la «ocupación o actividad» habitual, sin elemento
literal o sistemático que apunte a una dimensión de lucro cesante, más bien
parece que lo relevante es que el perjudicado quede impedido de forma
permanente -en el grado que sea- para el ejercicio de su actividad habitual,
con independencia de que perciba ingresos o no de dicha actividad; y así no se presentaría oportuno entender que una misma
una misma indemnización pueda tener una finalidad diversa en función del
destinatario: a) compensar
exclusivamente el daño moral para quienes esa ocupación habitual no es
remunerada (se les satisfaría el íntegro factor corrector); y b) resarcir
también el lucro cesante para quien su actividad esté retribuida (se les
descontaría el porcentaje «ya indemnizado» por las prestaciones de Seguridad
Social).
2ª) Tampoco se presenta
aconsejable que -refiriéndose a trabajadores- la indemnización cubra los dos
objetivos en la proporción que discrecionalmente fije el Juez, pues esa
misma distribución -discrecional- de finalidades (resarcitoria del lucro
cesante y compensatoria del daño moral), se suma a la también discrecional
fijación del importe que corresponde -entre el mínimo y el máximo que
legalmente se fija- a la correspondiente incapacidad para la «ocupación
habitual», por lo que comporta una mayor inseguridad en el cálculo, que se
añade a las muchas dificultades para fijar el adecuado importe indemnizatorio y
que incluso es contraria a uno de los objetivos -la seguridad jurídica-
perseguidos por esta Sala al aplicar el Baremo Anexo al TR LRCSCVM en
las reclamaciones por secuelas derivadas de AT.
3ª) Finalmente, la tesis hasta
la fecha mantenida en cierto modo significaba que las prestaciones de la
Seguridad Social serían computadas -minorando la indemnización- en dos
ocasiones sucesivas: en primer término cuando se valora el lucro cesante
determinado por la IP que se haya declarado; y en segundo lugar para determinar
la indemnización por el daño fisiológico («lesiones permanentes»), que es de lo
que ahora tratamos.
I) La
incapacidad para la «ocupación habitual» como dolor moral: Por otra parte, incluso la independencia del
«préjudiced agreément» como partida indemnizable está siendo cuestionada
últimamente, porque entendido como queda dicho, el concepto no diverge del daño
moral que es consecuencia de la lesión fisiológica, pues la serie de
actividades de las que se ve privado el perjudicado no son más que las
limitaciones inherentes a una determinada discapacidad.
Es más, que esa
incapacidad «para la ocupación o actividad habitual» no debiera identificarse
con el citado «préjudiced agreément», se muestra por el hecho de que en muchos
supuestos -de fácil imaginación- la IP para una determinada profesión no supone
privación alguna para los disfrutes de la vida.
Por
todo ello entendemos preferible (lo afirmamos tras reconsiderar la cuestión) no
distorsionar el elemento corrector, atribuyéndole como hasta ahora una doble
significación (lucro cesante y resarcimiento moral), según se trate de
trabajadores o no trabajadores, sino que en ambos casos la indemnización ha de
apuntar a la misma finalidad de compensar el daño moral que comporta el déficit
para la actividad habitual (profesión remunerada; o actividades deportivas,
estudios...). Y que esta indemnización ha de sumarse a la que es propia de las
secuelas individualmente consideradas; e incluso también podría añadirse el
singular factor de corrección «daños morales complementarios» (si la entidad de
las secuelas lo consintiese, porque se requiere que una sola de ellas exceda de
75 puntos, o las concurrentes supere los 90 puntos)».
J) Justificada
diversidad de solución respecto de la Sala Primera del TS:
1.- En manera alguna podemos ignorar que
desde la STS -Pleno- 25/03/10 (rec. 1741/04), la Sala I ha acogido expresamente el
criterio mostrado por esta Sala IV tras la sentencia 17/07/07 (rcud 4367/05), en orden a considerar que el factor
corrector de IP (Tabla IV) atiende sustancialmente a resarcir el daño moral,
pero también puede alcanzar finalidad indemnizatoria del lucro cesante; como
tampoco desconocemos -antes al contrario, lo tenemos siempre muy presente- que
la referida Sala es genuino intérprete en materia civil (así lo indicábamos,
por ejemplo, en nuestras sentencias de 30/01/08 -rcud 414/07- FJ 7.2; 10/11/10 -rcud 3693/09- FJ 4.2; y 23/01/13 -rcud 1119/12).
2.- Ahora bien, en primer término nos parece
oportuno destacar que aunque las posteriores decisiones de la Sala I vuelven a
recordar la doctrina (SSTS 19/05/11 -rec. 1783/11-; 23/11/11 -rec. 1631/08; y 30/09/13 -rec. 1606/10-), lo cierto es que tales
pronunciamientos insisten en que la función primordial del citado factor
corrector es resarcitoria del daño moral y, más en concreto, que ninguna indemnización
han vuelto a conferir -que nos conste- por el concepto de lucro cesante.
En segundo lugar ha de señalarse que la
divergencia -formal- de tal doctrina con la que por esta sentencia mantenemos
está plenamente justificada, porque la parcial utilización -tan sólo
orientativa- que hacemos del Baremo Anexo al TR LRCSCVM está
destinada a proporcionar una cierta seguridad jurídica en el cálculo de las
indemnizaciones propias de nuestra jurisdicción, siendo del todo ajeno a
nuestro propósito -sería, además, del todo inviable- trasladar automáticamente
al AT conceptos y categorías que normativamente corresponden a los accidentes
de tráfico, porque en definitiva nuestro designio es llevar a cabo una
adaptación interpretativa que -aun pudiendo disentir de la genuina civil en
algún punto- sea la más adecuada para conseguir el satisfactorio resarcimiento
de los daños producidos por los accidentes de trabajo en cuya producción el
empleador no haya actuado con la diligencia laboralmente exigible.
3.- La justificación de esta
formal diferencia entre la doctrina de ambas Salas -aunque con el mismo objetivo
material de resarcir íntegramente los daños- se evidencia cuando se observa que
la interpretación que al presente abandonamos (atribuyendo doble finalidad al
factor corrector por IP), al ser utilizada por la Sala I no hace sino
traducirse en un incremento de la indemnización; mientras que la aplicación
hasta ahora efectuada por la Sala IV, en la práctica comportaba la poco
deseable consecuencia de reducir el montante resarcitorio. Lo que tiene
una sencilla explicación: la Sala I contempla las indemnizaciones por Baremo
como algo por completo independiente de la posible existencia de prestaciones
por IT e IP (cuando el damnificado sea trabajador en alta en la Seguridad
Social), por lo que las mismas nunca se tienen en cuenta -no se deducen- a la
hora de aplicar el tan referido Baremo, declarando además expresamente la
citada Sala -una y otra vez- que todos los factores de corrección son
compatibles, cualesquiera que sean, de forma que ese imputado porcentaje de
«lucro cesante» en el factor corrector de IP (Tabla IV) es del todo compatible
con una posible prestación de la Seguridad Social por la misma IP
(compatibilidad absoluta); mientras que en la Sala IV aplicamos el Baremo, ciertamente de
manera orientativa, pero en todo caso teniendo siempre presentes -como si se
tratase de vasos comunicantes- las prestaciones de Seguridad Social
(compatibilidad relativa), de manera que todos los factores del Anexo que hagan
referencia al lucro cesante no pueden computarse a efectos de la indemnización
adicional a fijar, porque se sobreentiende que ya están satisfechos por las
prestaciones (IT; IP), o que lo están por tales prestaciones y por la
diferencia que declaremos entre esas prestaciones y lo que se deja de percibir
por salario. Y por ello se había venido
entendiendo hasta la fecha que el importe porcentual que se atribuyese al lucro
cesante -dentro del factor corrector por IP de la Tabla IV-, por fuerza debía
deducirse de la cantidad -total- que el Juez hubiese acordado de entre la
mínima y máxima previstas en el Baremo por la citada IP; doctrina ésta que es
la que precisamente el presente Pleno rectifica.
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