La Sentencia del Tribunal Supremo nº 512/2009, de 30 de junio establece lo elementos que deben concurrir en el ejercicio de la acción de responsabilidad extracontractual del art. 1902 del Código Civil en el ámbito familiar.
1.- La existencia de una obligación de
responder de acuerdo con lo dispuesto en el art 1902 CC. Requisitos:
El primero de ellos lo constituye la
concurrencia de una acción u omisión en la que haya intervenido culpa o
negligencia. En el caso examinado en dicha resolución, la madre se trasladó a
vivir a los Estados Unidos, llevándose consigo al hijo común y privando de
forma unilateral e injustificada al padre, pese a que se le había atribuido
posteriormente la guardia y custodia, del ejercicio desde entonces de los
derechos y deberes inherentes a la patria potestad. El Tribunal Supremo
considera que esta actuación de la demandada constituye un acto contrario a
derecho en un doble sentido, en primer lugar, impidiendo que el menor pudiera
relacionarse con el padre, vulnerando así el art. 160 CC, y, en segundo lugar,
oponiéndose a la ejecución de la sentencia que otorgaba la custodia al padre.
En este sentido, conviene recordar que
el art. 160 CC dispone que los hijos menores tienen derecho a relacionarse con
sus progenitores, aunque éstos no ejerzan la patria potestad, salvo que se
disponga otra cosa por resolución judicial o por la Entidad Pública en los
casos establecidos en el artículo 161. Tampoco podrá (apartado nº 2) impedirse
sin justa causa las relaciones personales del menor con sus hermanos, abuelos y
otros parientes y allegados.
2.- La existencia del daño:
"El problema de las relaciones
entre los progenitores separados en orden a la facilitación de los tratos de
quien no convive con los hijos cuya guarda y custodia ha sido atribuida al otro
progenitor presenta problemas complejos, hasta el punto de que en diversas
reuniones internacionales se ha venido manteniendo el principio de sanción al
progenitor incumplidor para proteger no solo el interés del menor, sino el de
quien no convive con el hijo.
El daño existe en este caso y no
consiste únicamente en la imposibilidad de ejercicio de la patria potestad y
del derecho de guarda y custodia, porque en este caso sólo podría ser reclamado
por el menor afectado por el alejamiento impuesto por el progenitor que impide
las relaciones con el otro, sino que consiste en la imposibilidad de un
progenitor de tener relaciones con el hijo por impedirlo quien se encuentra de
hecho a cargo del menor. Debe tenerse en cuenta además un nuevo elemento y es
que el moderno derecho de familia rechaza la imposición coactiva de
obligaciones que puedan limitar la personalidad de los individuos, por lo que
aun cuando sea posible sancionar el incumplimiento de las obligaciones entre
padres e hijos, se imponen modulaciones en interés de los propios hijos.
Este tipo de daños ha empezado a ser
considerado en diferentes Tribunales como fuente de la indemnización. El
Tribunal de Roma, en sentencia de 13 junio 2000, en un caso de incumplimiento
reiterado del derecho de visitas, condenó a la madre a indemnizar al padre por
haberlo impedido y consideró que el derecho de visita del padre no guardador
constituye para él también un verdadero deber hacia el hijo. Entendió que la
madre debía satisfacerle los daños morales porque el padre no puede cumplir
estos importantes deberes hacia el hijo, ni satisfacer su derecho a conocerlo,
a frecuentarlo y educarlo, en razón y en proporción de su propio sentido de la
responsabilidad, y del prolongado pero vano empeño puesto en ser satisfecho en
dicho derecho.
La Comisión europea de Derechos Humanos,
sin embargo, no condenó a Dinamarca en la resolución de 20 octubre 1998, por
entender que no había habido violación de la Convención europea de Derecho
humanos en el caso que las autoridades de un Estado suspenden el derecho de
visita atendiendo al interés del menor. Pero el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos (Gran Sala) condenó a Alemania (caso Elholz vs Alemania, sentencia de
13 julio 2000) por violación de los artículos 6.1 y 8 del Convenio Europeo, en
un caso en el que los tribunales alemanes habían denegado al padre no
matrimonial el derecho de visitas, sobre la base de la negativa de un hijo de
cinco años, que sufría el DIRECCION001. Se dice en esta sentencia que "El
Tribunal recuerda que el concepto de familia con arreglo a este artículo no se
limita únicamente a las relaciones basadas en el matrimonio y puede englobar
otras relaciones «familiares» factibles cuando las partes cohabitan fuera del
matrimonio. Un niño nacido de tal relación se inserta de pleno derecho en esta
célula «familiar» desde su nacimiento y por el hecho mismo de éste. Por tanto,
existe entre el niño y sus padres una relación constitutiva de una vida
familiar (Sentencia Keegan contra Irlanda de 26 mayo 1994, serie A núm. 290,
pgs. 18-19, ap. 44)". Además, el Tribunal recuerda que, para un padre y su
hijo, estar juntos representa un elemento fundamental de la vida familiar,
aunque la relación entre los padres se haya roto, y que las medidas internas
que lo impidan constituyen una injerencia en el derecho protegido por el
artículo 8 del Convenio (ver, entre otras, Sentencias Johansen contra Noruega
de 7 agosto 1996, y Bronda contra Italia de 9 junio 1998 ); de donde concluye
el Tribunal que "el demandante ha sufrido un daño moral cierto, que no
queda suficientemente indemnizado con la constatación de violación al
Convenio". Hay que poner de relieve que, en realidad, el Tribunal Europeo
no condenó al otro progenitor sino al Estado alemán. Pero de estas sentencias
se debe extraer la doctrina según la cual constituye una violación del derecho
a la vida familiar reconocida en el Convenio, el impedir que los padres se
relacionen con sus hijos habidos dentro o fuera del matrimonio (sentencia
coincidente con la STEDH de Estrasburgo, Sala 1ª, de 11 julio 2000, caso Ciliz
vs Países Bajos).
En consecuencia, de lo dicho, hay que
concluir que el daño a indemnizar en este caso es exclusivamente el daño moral
ocasionado por quien impide el ejercicio de la guarda y custodia atribuida al
otro en una decisión judicial e impide las relaciones con el otro progenitor y
ello con independencia de que se pueda, al mismo tiempo y de forma
independiente, ejercitar las acciones penales por desobediencia".
3.- La relación de causalidad.
Entendida en este caso no tanto como
causalidad física, sino en el sentido de causalidad jurídica, con la
utilización de los criterios de imputación objetiva, que esta Sala ha venido
utilizando. Así, "la causalidad jurídica, en cuya virtud cabe atribuir
jurídicamente - imputar- a una persona un resultado dañoso como consecuencia de
la conducta observada por la misma, sin perjuicio, en su caso, de la valoración
de la culpabilidad -juicio de reproche subjetivo- para poder apreciar la
responsabilidad civil, que en el caso pertenece al campo
extracontractual".
...Para sentar la existencia de la
causalidad jurídica, que visualizamos como segunda secuencia configuradora de
la relación de causalidad, tiene carácter decisivo la ponderación del conjunto
de circunstancias que integran el supuesto fáctico y que son de interés en
dicha perspectiva del nexo causal" (ver, entre otras, la STS de 16 octubre
2007)".
En el caso enjuiciado en dicha
resolución, debe señalarse que el daño debe imputarse jurídicamente a la madre,
por impedir de manera efectiva las relaciones con el padre del menor, a pesar
de que le había sido atribuida a éste la guarda y custodia en la sentencia
citada. "No existe, pues, ninguna incertidumbre sobre el origen del daño,
de modo que los criterios de probabilidad entre los diversos antecedentes que
podrían haber concurrido a su producción, sólo puede ser atribuida a la madre,
por ser la persona que tenía la obligación legal de colaborar para que las
facultades del padre como titular de la potestad y guarda y custodia del menor,
pudieran ser ejercidas por éste de forma efectiva y al impedirlo, deviene
responsable por el daño moral causado al padre".
4.- La valoración del daño.
Resulta absolutamente indeterminado al
carecer de parámetros objetivos.
No obstante, la reciente sentencia del
TS de fecha 23 de febrero de 224, nº 238/2024, si bien en un supuesto
ocultación de la verdadera paternidad pero en el que se había declarado la
responsabilidad civil de la madre frente al padre por haber sido "privado
de la presencia o de la convivencia" con la niña, precisa que como hizo la
sentencia del pleno 629/2018, en línea con la mejor doctrina, la función de
"acotamiento" propia de las reglas generales de responsabilidad
civil: "Que nuestro sistema de responsabilidad extracontractual sea de
cláusula abierta, general, significa que todo daño puede ser indemnizable si es
digno de protección. Pero por eso precisamente no se excluye, antes al
contrario, que en la apreciación de si debe dispensarse la tutela aquiliana a
un concreto interés deban valorarse todos los intereses concurrentes".
5.- La intervención de terceros.
La sentencia del Tribunal Supremo la
descarta porque no puede serles atribuida ninguna acción u omisión dirigida a
impedir las relaciones entre padre e hijo, básicamente, porque no concurre en
ellos la necesaria imputación objetiva, que únicamente concurre en el
progenitor que impide al otro el ejercicio del derecho a relacionarse con sus
hijos.
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