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martes, 30 de noviembre de 2010

FELIZ NAVIDAD Y PROSPERO AÑO 2011 DESDE GONZALEZ TORRES ABOGADOS SL



GONZALEZ TORRESABOGADOS SL en nombre de todos sus socios, abogados, personal administrativo y colaboradores, saludan a todos sus clientes y amigos y le hace llegar sus mejores deseos de una Feliz Navidad, augurándoles asimismo un feliz comienzo y desarrollo del próximo año 2011.



Que en estas fiestas, la magia sea tu mejor traje,
tu sonrisa el mejor regalo, tus ojos el mejor destino
y tu felicidad nuestro mejor deseo.
¡Feliz Navidad!
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http://www.gonzaleztorresabogados.com/

jueves, 18 de noviembre de 2010

LOS ABUSOS SEXUALES DEL ARTICULO 181 DEL CODIGO PENAL



Castiga dicho art. 181 del CP al que "sin violencia e intimidación y sin que medie consentimiento, realizare actos que atenten contra la libertad o indemnidad sexual de otra persona" considerándose, según se dispone en el mismo artículo que "a los efectos del apartado anterior, se consideran abusos sexuales no consentidos los que se ejecuten sobre menores de trece años, sobre personas que se hallen privadas de sentido o de cuyo trastorno mental se abusare".

La edad de consentimiento en España para poder tener relaciones sexuales, por tanto es la de 13 años, tal y como lo especifica el art. 182 del Código Penal, en relación con el art. 183, por lo que a partir de los 13 años se puede tener relaciones sexuales en España. Sin embargo si se recurre al engaño para obtener el consentimiento de un menor de 16 años, pueden levantarse cargos bajo el Artículo 183.1 si existe una denuncia de los padres (estupro).

Señala, entre otras, la sentencia del Tribunal Supremo de 28 de octubre de 2002, que constituyen elementos integrantes del referido delito los traducidos en: "a) un requisito objetivo, que estriba en una acción lúbrica proyectada en el cuerpo de otra persona; b) un elemento intencional o psicológico, representado por la finalidad lasciva; y c) el elemento consistente en la vulneración de la libertad sexual o indemnidad sexual de la víctima, sin emplearse violencia e intimidación contra ella y sin que medie consentimiento, considerándose abusos sexuales no consentidos los que se ejecuten sobre menores de trece años o por estar enajenada o privada de razón o sentido la víctima de los mismos, no siendo tampoco válido el consentimiento cuando se obtenga prevaliéndose el culpable de una situación de superioridad manifiesta que coarte la libertad de la víctima".

Es suficiente prueba para el TS, la declaración de la propia víctima del delito. Dicha prueba, con matices diferenciadores de la del testimonio del ajeno a los hechos, no obstante es sin duda existente, en este supuesto, y plenamente válida para constituir auténtico acervo probatorio objeto de valoración, al haberse obtenido sin tacha alguna de ilicitud y practicado con estricto cumplimiento de los principios de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción, rectores de nuestro sistema de enjuiciamiento penal, siendo, así mismo, considerada suficiente en multitud de sentencias del TS para enervar el derecho a la presunción de inocencia del acusado, máxime en el enjuiciamiento de conductas como la que es objeto de estas actuaciones, caracterizadas, en la práctica totalidad de los casos, por la clandestinidad de su producción y, por ende, por la dificultad de su probanza a través de medios externos a los propios implicados directamente en los hechos.

Los criterios o requisitos, que exige reiteradamente el TS, son:
a) ausencia de incredibilidad subjetiva, derivada de las relaciones entre el declarante y el acusado, que pudieran conducir a la existencia de un móvil de resentimiento, enemistad, venganza, enfrentamiento, interés o de cualquier otra índole semejante, que prive a esa declaración de la aptitud necesaria para generar certidumbre;
b) verosimilitud, es decir constatación de la concurrencia de algunas corroboraciones periféricas de carácter objetivo, que avalen lo que no es propiamente un testimonio (declaración de conocimiento prestada por una persona ajena al proceso) sino una declaración de parte, en cuanto que la víctima puede personarse como parte acusadora particular o perjudicada civilmente en el procedimiento (arts. 109 y 110 LECr) o, cuando menos, la inexistencia de datos de tal carácter objetivo, que contradigan la veracidad de la versión de la víctima;
y c) persistencia en la incriminación, que debe ser prolongada en el tiempo, plural, sin ambigüedades ni contradicciones, ya que la única posibilidad de evitar la situación de indefensión del acusado que proclama su inocencia, es la de permitirle que cuestione eficazmente la declaración que le incrimina, poniendo de relieve aquellas contradicciones que, valoradas, permitan alcanzar la conclusión de inveracidad.

Como señala el Tribunal Supremo "pertenecen a la órbita de la tentativa punible los supuestos en los que la renuncia a continuar la iniciada ejecución del delito responde a la objetiva imposibilidad sobrevenida de continuar con la acción, o la creencia de que ya no es objetivamente posible consumarla (tentativa fracasada), o cuando el sujeto pudiendo culminar la acción típica se abstiene de hacerlo al percibir que de ello se seguirían para él consecuencias tan gravemente perjudiciales que racionalmente no podría aceptarlas. Y pertenecen al ámbito del desistimiento voluntario los supuestos en que, siendo posible objetivamente continuar la acción iniciada, decide el sujeto abandonar el proyecto criminal bien por motivos autónomos e independientes de las circunstancias concurrentes -sean o no esos motivos éticamente valiosos- o bien por la percepción de un riesgo que sería razonablemente asumible o aceptable en comparación con las ventajas que obtendría de la prosecución de la acción, pues tal proceder "irrazonable" desde la perspectiva de la lógica criminal justifica que el orden jurídico recompense la desviación de las normas de la lógica (la razón) del delincuente. De ahí que se haya dicho que el criterio de valoración decisivo radica en que el desistimiento sea expresión de una voluntad -sea cual fuere su origen - de retorno a la legalidad o que sea solamente una conducta útil según las normas del comportamiento criminal".
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jueves, 4 de noviembre de 2010

EL ARRENDATARIO TIENE LA FACULTAD DE RENOVAR EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO POR TRES AÑOS MAS



Dice el art. 10 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos respecto a la prórroga de los contratos que:

“Si llegada la fecha de vencimiento del contrato, una vez transcurridos como mínimo cinco años de duración de aquél, ninguna de las partes hubiese notificado a la otra, al menos con un mes de antelación a aquella fecha, su voluntad de no renovarlo, el contrato se prorrogará obligatoriamente por plazos anuales hasta un máximo de tres años más, salvo que el arrendatario manifieste al arrendador con un mes de antelación a la fecha de terminación de cualquiera de las anualidades, su voluntad de no renovar el contrato.
Al contrato prorrogado, le seguirá siendo de aplicación el régimen legal y convencional al que estuviera sometido”.

El arrendador puede notificar al arrendatario su voluntad de no renovar el contrato, una vez transcurridos como mínimo cinco años, con un mes de antelación a la llegada del vencimiento del contrato de arrendamiento. Es decir, el arrendador puede decidir si el contrato entra o no en fase de prórroga, bien preavisando con un mes su voluntad de no renovar el contrato una vez extinguido, bien guardando silencio, que será interpretado como sinónimo de su voluntad de prorrogarlo.

Pero si llegado el vencimiento del contrato de arrendamiento a los cinco años, si el arrendador opta por prorrogar el contrato, ya no puede volver a intervenir en la duración del contrato durante el período de prórroga de tres años; es decir no puede ni marcar la duración de las prórrogas, que por ley es anual, ni el número de ellas, que puede llegar a ser de tres, pero que queda al arbitrio del arrendatario decidir si quiere prorrogar el contrato, por un año, por dos o por tres años.
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Este plazo trianual: 1º) Es obligatorio para el arrendador, mientras que el arrendatario está facultado para apartarse unilateralmente del arrendamiento en cada anualidad, al ser aplicable la facultad de no renovación prevista en el artículo.9 LAU para la prórroga obligatoria del contrato durante los cinco primeros años, periodo en el que el arrendatario puede desistir del contrato manifestándole su voluntad de renovación al arrendador con treinta días de antelación como mínimo a la fecha de terminación del contrato o de cualquiera de las prórrogas. 2º) El arrendador, por el contrario, no podrá ejercitar esta opción anual de desistimiento del contrato; es decir, una vez que se produce la prórroga de los cinco años, consentida por el arrendador, también para el arrendador los 3 años son obligatorios.
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